20230413

La secretaria general de CCOO Euskadi, Loli García, ha denunciado el "encasillamiento" de la patronal Confebask al negarse a participar en un proyecto piloto para implantar en algunas empresas una jornada laboral de cuatro días. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, Loli García cree que se pueden dar "esos cimientos para que esto salga adelante", porque las experiencias que se están llevando a cabo en otros países y ámbitos están dando "resultados muy positivos". A su juicio, es necesario en Euskadi "abordar de una vez por todas" la reducción del tiempo de trabajo para conciliar la vida familiar, también la personal y para facilitar que la gente "pueda desarrollar proyectos de vida de forma diferente". Loli García ha señalado que se han mostrado favorables desde que la vicelehendakari, Idoia Mendia, planteó abordar en la mesa de diálogo social un proyecto piloto para esa jornada de cuatro días pero "ha habido una negativa de Confebask. Una negativa tardía porque, cuando empezamos a trabajar el plan de trabajo de la mesa para este año, Confebask no mostró un rechazo a esta propuesta, sino que ha sido después cuando lo han planteado, sin dar explicaciones tampoco de mucho contenido", ha criticado. "No entendemos esa negativa, salvo en este encasillamiento que tienen los empresarios en este país de no mover absolutamente nada, de estar todo el día llorando como están cuando están en los niveles más altos de beneficios", ha manifestado. Respecto a ELA y a la denuncia de LAB de que este sindicato mantiene un pacto de paz social con Adegi, ha asegurado que es algo que lo vienen diciendo "desde hace mucho tiempo" y ha afirmado que la "coalición" entre ELA y Adegi es "muy evidente. Si te fijas en el desarrollo de los procesos de movilización en Euskadi, donde menor proceso de movilización hay es en Gipuzkoa, que es donde ELA tiene una mayoría más alta y donde tienen este acuerdo con Adegi". Por último, y sobre absentismo, ha negado, como apunta la patronal, que haya "bajas injustificadas" y cree que "lo que están queriendo es meter a los sistemas privados a controlar los derechos de salud de los trabajadores", a lo que se van a negar.

El Gobierno de España ha preparado una convocatoria de ayudas a pequeñas y medianas empresas que reduzcan la jornada laboral de sus empleados sin bajar los sueldos, y que publicará hoy el BOE. El Ministerio de Industria destinará 9,6 millones de euros a subvenciones para compañías que recorten al menos un 10% la jornada laboral y mantengan el salario durante dos años. El plan piloto se dirige a empresas industriales que no superen los 250 trabajadores ni los 50 millones de euros de facturación. Según la convocatoria, el proyecto se dirige a empresas industriales como las dedicadas al procesado y conservación de alimentos, a la fabricación de prendas de vestir y calzado, a las artes gráficas o a productos farmacéuticos. Desde la publicación en el BOE, las empresas tienen un mes para presentar su candidatura. Entre los criterios de evaluación están la viabilidad económica y financiera del solicitante, la justificación de la viabilidad del proyecto y su impacto esperado. Tendrán más puntos aquellas empresas que apliquen la reducción a una mayor proporción de su plantilla y también las que fomenten una mayor reducción de la jornada. El mínimo es el 10% (cuatro horas menos para jornadas de 40), pero tendrán más opciones de obtener las ayudas las que implanten un recorte mayor. La resolución se publicará, como tarde, en seis meses. Las empresas tendrán que mantener durante dos años la reducción de jornada, de la que solo podrán beneficiarse aquellos empleados con contrato indefinido a tiempo completo. Además, el proyecto debe afectar, como mínimo, al 30% de la plantilla en empresas de hasta 20 trabajadores, y al menos a un 25% en las pymes con más trabajadores. Se aspira a una subvención máxima de 200.00 euros por empresa. 

Francia sigue mirando hacia otro lado. El embajador galo evitó ayer comprometerse a fijar una fecha para la llegada del TAV a Hendaia-Irun, tal y como quedó de manifiesto en la reunión mantenida entre el lehendakari Iñigo Urkullu y Jean-Michel Casa en la sede diplomática francesa en Madrid. Así que la ofensiva que está desarrollando el lehendakari para que Euskadi no se descuelgue de las decisiones estratégicas que se adoptan en Europa escaló un peldaño más con la reunión con el embajador de Francia –también con el de Portugal– aunque con poca receptividad por parte del primero. La operación de sumar a otros territorios es clara. Urkullu, consciente del limitado poder de influencia de Euskadi si juega en solitario, quiere alinear a cuantos más actores mejor con sus objetivo de que las regiones de la periferia no queden aisladas, y ahí el TAV es esencial. En la reunión con el embajador galo, según fuentes de lehendakaritza, Urkullu le trasladó la necesidad de «acelerar» la construcción del TAV, «en cumplimiento del compromiso con la Red Básica Transeuropea del Transporte». Jean-Michel Casa, sin embargo, evitó fijar ninguna fecha. A lo más que llegó fue a mostrar su disposición a facilitar un encuentro con el ministro de Transportes para que el lehendakari le pueda plantear directamente sus propuestas.

«Ante la previsión de que en 2023 y 2024 se mantengan o incluso incrementen los tipos de interés es previsible que aumente el número de familias que van a tener que afrontar un esfuerzo financiero para el pago de la hipoteca que sobrepase las cotas tolerables». Esas cotas tolerables se sitúan «en torno al 30% de los ingresos». Con semejante panorama desde el Área de Vivienda comienzan a poner el foco sobre la banca. Así, recuerdan que las entidades financieras «tienen la posibilidad de flexibilizar los esfuerzos requeridos a sus clientes de una manera temporal». Apelan en el departamento de Iñaki Arriola a las declaraciones de responsabilidad social corporativa de la banca «con compromisos hacia la sociedad y sus clientes», y lanzan una invitación: «Es buen momento para ponerlos en práctica». El análisis, la previsión y la petición a las entidades financieras están en el estudio del Observatorio Vasco de la Vivienda llamado ‘Informe sobre el impacto social de la subida de tipos de interés en Euskadi’. Ese impacto ha sido «progresivo» durante el pasado ejercicio para «decenas de miles de hogares en Euskadi» que tienen sus hipotecas a tipo variable. Hace una simulación: en un préstamo medio de 160.000 euros a 30 años la subida del 0,5% al 3,5% «supondría cerca de 250 euros mensuales de incremento del coste financiero».

Nuevo varapalo de la justicia a las pretensiones de la autodenominada Plataforma de Afectados por Geroa. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha rechazado esta semana un recurso de suplicación de once personas de ese colectivo contra una sentencia emitida el pasado 20 de septiembre por un juzgado de Eibar, que a su vez tumbaba sus pretensiones al entender que la EPSV actuó siempre de forma correcta. El TSJPV confirma el fallo de primera instancia que sentenciaba que Geroa informó bien de las condiciones de rescate del dinero a los demandantes, cuya reclamación de fondo es poder cobrar su dinero una vez jubilados de una sola vez y no en forma de renta mensual, como señalan los estatutos como regla general. De este modo, el alto tribunal repone el fallo de la primera instancia (sin condenar en costas a los recurrentes) y, sin entrar al fondo del asunto, reafirma la tesis del juzgado eibarrés en cuanto a la actuación de la EPSV de empleo. En esa primera instancia, los demandantes (con capitales acumulados en Geroa que van de los 49.715,67 euros a los 64.539,22) invocaron una supuesta falta de información a los socios por parte de la EPSV en dos momentos clave de la historia de la institución. Momentos en los que se aprobaron sendos cambios tanto en la forma de cobro de las prestaciones como en los límites aplicados a esos pagos a la hora de determinar si el cobro se haría en forma de renta o en forma de capital. Sin embargo, el juzgado de Eibar, en virtud de una serie de pruebas documentales y periciales, dejó claro en su fallo que sí se informó en tiempo y forma a los socios de Geroa. El TSJPV ha tumbado ya en dos ocasiones un recurso de la citada plataforma.

Mientras que la página web permite cerrar un encuentro en el plazo de una semana para realizar trámites en Álava, y casi en un mes para Gipuzkoa, –e incluso en el mismo día cuando se solicita en Cantabria–, lograrlo en Bizkaia resulta misión imposible. Tampoco acudir al teléfono aporta una solución, ya que las líneas habitualmente se encuentran saturadas, por lo que los usuarios se acercan a la desesperada a las oficinas para intentar ser atendidos. Sin embargo, allí se encuentran con un guarda de seguridad que les insta a cerrar primero la preceptiva cita. La escena es habitual en la oficina de la Gran Vía bilbaína, la principal de las diez que tiene el servicio en Bizkaia. En ella atienden de manera habitual 70 citas diarias. Las otras dependencias están en el barrio de Deusto, en Barakaldo, Basauri, Balmaseda, Durango, Gernika, Getxo, Portugalete y Sestao, y en todas es necesario llevar a cabo primero el mismo trámite para poder ser atendidos por uno de los técnicos a la hora de realizar gestiones que van desde cuestiones relacionadas con la pensión hasta las bajas por maternidad.

Los usuarios del servicio también han denunciado la falta de fiabilidad del simulador de jubilaciones que ofrece la sede electrónica de la Seguridad Social. La herramienta genera problemas en diferentes situaciones que impiden tener un cálculo real, como cuando la vida laboral cuenta con muchos tiempos parciales o en situaciones especiales de ERTE. «Se trata de una simulación. Permite hacer un cálculo para tener una primera imagen orientativa de cómo podría quedar la pensión», defienden en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Subrayan que la herramienta forma parte de los esfuerzos que se vienen realizando para dotar de herramientas directas que ayuden a los distintos profesionales, como a los autónomos, a relacionarse directamente con la Administración «sin tener que depender de nadie». «Lo normal es que tengan un asesor que les realicen los cálculos», plantean. También hay otras gestiones que requieren de trámites adicionales, como aquellos casos en los que el profesional ha ejercido su labor durante un tiempo en el extranjero. «Hay casos en los que tendrán que llamar por teléfono para que les realicen un cálculo», recalcan.

Nuevo frente de batalla entre el Gobierno y los empresarios en un momento de relaciones tensas entre ambos. El anuncio de la creación de un observatorio para vigilar los márgenes empresariales y su evolución no ha sentado nada bien a la patronal CEOE, que lo ve como una nueva injerencia del Ejecutivo en la esfera privada. Por su parte, los sindicatos alaban la iniciativa. El presidente del empresariado español, Antonio Garamendi, mostró ayer su oposición al proyecto avanzado desde Washington por la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, de que el Gobierno pondrá en marcha un organismo para supervisar la competencia efectiva en los mercados de bienes y servicios y una distribución «adecuada» de las rentas. Dos elementos que según recalcó Calviño son «muy importantes preservar». El dirigente de la CEOE avanzó que no apoyarán este observatorio si lo que supone es «más intervencionismo» en las empresas y criticó que se hayan enterado de esta iniciativa por la prensa, ya que el Ejecutivo «en ningún caso» se lo ha planteado a la patronal. Garamendi se preguntó quién formará parte de este observatorio y cómo y de qué manera se van a medir los márgenes empresariales. «Si lo que estamos es entrando en una política intervencionista con respecto a lo que es el trabajo de una empresa, que nos lo expliquen», exigió. Además defendió con ahínco que las empresas «tienen que ganar dinero» para poder invertir y para que la economía funcione, crezca y gane tamaño. «Se está diciendo que el sistema financiero tiene que ser robusto y tiene poco sentido que te metan un impuesto a la carta precisamente que va en contra de esa robustez financiera», criticó el presidente de la patronal, que recalcó que si la economía funciona es porque funcionan las empresas.

ArcelorMittal y los sindicatos UGT, CC OO y USO han acordado un nuevo Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor debido al incendio sufrido hace tres semanas en el horno alto ‘A’ de la factoría de Veriña (Gijón), que ha quedado inutilizado y cuya reparación aún no se ha podido evaluar. La medida tendrá una duración de seis meses y afectará a los trabajadores del denominado ‘Clúster Asturias’, del que forma también parte la planta vizcaína de Etxebarri, además de la navarra de Lesaka junto a las asturianas de Gijón y Avilés, y la valenciana de Sagunto. La extensión del ERTE a las fábricas de fuera de Asturias se debe a que reciben su acero de las plantas del Principado para luego darle un acabado diferenciado en función de los diferentes sectores a los que va dirigido. Las cinco instalaciones afectadas agrupan a un total de 7.000 trabajadores de los algo más de 8.000 que la multinacional angloindia tiene en España. El grueso se concentra en Asturias, con alrededor de 5.000, mientras que en Etxebarri trabajan 360 personas. No obstante, el ERTE no implica que la totalidad del personal de estas factorías vaya a verse afectado por la regulación. ArcelorMittal se ha comprometido a emplearlo lo menos posible y la afectación estará ligada a la reparación del horno incendiado. El problema es que aún no se sabe ni cuánto durarán esos trabajos ni cuánto costarán. 

El comportamiento del sector exterior en 2022 no fue tan halagüeño. Prácticamente todo el incremento de las ventas se debe a la inflación y una parte muy escasa al volumen de mercancías. La segunda, que las importaciones han crecido con bastante más fuerza que las exportaciones, debido fundamentalmente al sobrecoste de los productos energéticos. Pero a eso hay que añadir un nuevo elemento: la sustitución de los bienes industriales de producción nacional por las importaciones extranjeras, a raíz de la pérdida de competitividad derivada del aumento de los costes energéticos. Tal como señaló ayer el Banco de España, este fenómeno habría afectado especialmente a la industria de la madera y el corcho, la química, otros minerales no metálicos, metalurgia y fabricación de productos metálicos. Las importaciones en España se han disparado en los dos últimos años, con un incremento del 5,5% en términos reales en 2022, que sigue al repunte del 13,8% del año anterior, y la cifra es bastante más elevada si computa también la fuerte subida de los precios, especialmente entre los productos energéticos, las materias primas y los insumos industriales. Un “elevado dinamismo que se vio apoyado por el aumento de la demanda final, en un contexto de recuperación de la producción industrial y mejora paulatina de los cuellos de botella en las cadenas de suministros”, señala el Banco de España en su informe La evolución reciente de las importaciones de bienes a la luz de algunos condicionantes, publicado ayer. Sin embargo, al mismo tiempo han surgido otros elementos que han dado un impulso a las importaciones en precios corrientes, intensificando el desequilibrio de la balanza comercial, como es el caso de la subida del coste de los productos energéticos, la mayor importación de bienes intensivos en energía por la pérdida de competitividad de la producción nacional y la orientación de la industria hacia ramas con mayor contenido importado, como fármacos o productos informáticos. Todo ello habría provocado que el déficit exterior se triplicara el año pasado.

El grupo alemán Mercedes-Benz Cars cerró un primer trimestre positivo, con un aumento del 3% en sus matriculaciones mundiales, mientras que las ventas de sus modelos eléctricos casi se duplicaron en el período, al subir un 89%. La firma de la estrella superó la barrera de las 500.000 unidades en lo que va de 2023 (503.500), en comparación con las 487.000 unidades contabilizadas en dichos meses de 2022, mientras que sus entregas de coches eléctricos alcanzaron las 51.600 unidades hasta marzo. Con este volumen, los modelos eléctricos pasaron a representar el 10% de la cifra global de matriculaciones de Mercedes-Benz en el primer trimestre, casi duplicando el registro de un año antes (5,6%). Mercedes-Benz Vans, por su parte, mejoró un 12% sus ventas trimestrales, hasta las 98.900 furgonetas.

Ferrovial afronta este jueves su junta más decisiva de las últimas décadas en la que sus accionistas decidirán si avalan el cambio de sede social de España a Países Bajos. Lejos de la tranquilidad con la que la constructora solía cumplir con este encuentro anual, el de este año viene condicionado por varios giros inesperados que se han sucedidos en apenas 72 horas. Las que han transcurrido desde que este lunes el Ministerio de Economía remitiera una carta al grupo apuntando que no existen razones para su traslado; hasta que ayer mismo el fondo noruego Norges (propietario de un 1,5% de la constructora) cambiara repentinamente de opinión al anunciar su ‘sí’ al cambio de sede, un día después de indicar que se negaría a hacerlo en la junta. El giro del fondo soberano no es crucial para que el consejo de administración de Ferrovial consiga que una mayoría de los accionistas (sobre el quórum que hoy acuda a la junta) avale el traslado de sede de Madrid a Amsterdam. Pero sí supone un apoyo más que el presidente del grupo, Rafael del Pino, se asegura junto al resto de grandes propietarios proclives a la operación planteada a principios de marzo. Ferrovial llega a la junta sintiendo la respiración del Gobierno en su nuca, como no lo había notado durante todo este proceso desde que anunció sus intenciones. A la misiva del Secretario de Estado de Economía se ha unido una avalancha de declaraciones de los ministros advirtiendo, en algunos casos, e indicando, en otros, sobre las consecuencias de la operación para la imagen de España y para el futuro fiscal de la propia empresa.

Mercadona anunció ayer su decisión de adelantarse a la bajada de costes que vislumbra en el horizonte con una rebaja de precios desde este mes de abril en 500 productos de consumo diario y hasta final de año. La medida tendrá, según el grupo presidido por Juan Roig, un impacto en términos de ahorro de hasta 150 euros al mes en el ticket medio de sus clientes y supondrá un esfuerzo de 200 millones para la empresa, que ha estimado un impacto de 0,6 puntos en su margen por la rebaja. Los descuentos se identificarán en tienda y afectan a todo tipo de productos como conservas, lácteos, frutos secos, aceites, limpieza y mantenimiento del hogar, alimentación para mascotas, bollería, bodega, perfumería...“En el caso de los productos frescos, la compañía aprovechará las oportunidades de mercado para bajar precios”, ha añadido Mercadona, que se ha comprometido a no reducir la calidad de los productos promocionados. El cambio de estrategia del grupo valenciano se produce como respuesta a los movimientos de sus principales rivales y con un claro objetivo de no perder su puesto como uno de los grupos más asociados a los buenos precios en la mente de los consumidores. El propio Juan Roig reconoció hace un mes que Mercadona había tenido que subir los precios “una burrada” –un 10%– en 2022 como respuesta al incremento de sus costes, pero ese movimiento, que fue generalizado en el sector, no dañó su posición competitiva.

Los supervisores bancarios hacen su parte pero para evitar nuevos episodios de crisis financieras como las sucedidas con Silicon Valley Bank o Credit Suisse es necesaria una mayor implicación de Gobiernos, banqueros y accionistas. Ese es el mensaje que lanzó ayer Pablo Hernández de Cos en su intervención en Washington en calidad de presidente del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, la máxima autoridad mundial en lo que a regulación financiera se refiere. Según Cos, los riesgos que plantean una inflación elevada, un menor crecimiento y las tensiones geopolíticas van a seguir ahí, siendo “tan relevantes hoy como a principios de marzo”, lo que hace necesaria “la aplicación plena y coherente de las normas pendientes de Basilea III”, fundamental para salvaguardar la resistencia del sistema bancario. La intervención de ayer de Cos en una mesa redonda organizada por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) ha sido hasta el momento la declaración más amplia por parte del BIS sobre las turbulencias financieras de las últimas semanas, que han sido en palabras de Cos, el primer test de estrés “real” para el sistema financiero global desde la Gran Crisis Financiera. La primera reflexión de Cos apunta a por qué algunos bancos han fallado en ofrecer unos parámetros básicos en la gestión de riesgos y el gobierno corporativo. Y en este sentido lanzó una crítica por las malas prácticas bancarias de las entidades que han acabado en la quiebra. 

Warren Buffett cree que a la crisis de los bancos todavía le queda recorrido. El que es uno de los inversores más reconocidos del mundo asegura que “las quiebras bancarias no han terminado” en Estados Unidos y descarta tajantemente la situación actual del sector como una oportunidad para invertir en bancos en Bolsa. Preguntado en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense CNBC por la crisis de confianza que planea sobre las entidades regionales en Estados Unidos, tras la caída de Silicon Valley Bank y Signature Bank hace unas semanas, el inversor relacionó las quiebras con “decisiones tontas de algunos directivos”. Según dice, los bancos han “administrado mal” los activos y pasivos durante mucho tiempo, y “de vez en cuando les afecta de manera importante”. La tormenta sobre el sector en las últimas semanas ha arrojado descuentos considerables en las valoraciones de los bancos golpeados por la crisis, como First Republic, pero Buffett descarta que las acciones bancarias sean una “ganga”. En opinión del multimillonario, las acciones de los bancos en dificultades no son inversiones value, porque lo probable es que los accionistas pierdan su dinero si se producen nuevas quiebras: “El Gobierno no va a salvar a los accionistas”.

Es lo que un contribuyente madrileño medio, con una renta de 30.000 euros, paga de menos por IRPF respecto a lo que se abona en Cataluña. Madrid está entre las CCAA que menos gravan en todos los tramos. Aquí entran en juego dos factores. Primero, que, tradicionalmente, la región que preside Isabel Díaz Ayuso ha aplicado a los contribuyentes un tipo inferior al que existe en Cataluña. Y, segundo, que el gobierno catalán rechazó deflactar el IRPF, algo que sí hizo Madrid. Además de la comunidad en la que se ubica la capital de España, otras seis regiones decidieron también deflactar la tarifa: Andalucía, Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana, Canarias, País Vasco. Aragón, Baleares y Castilla y León, por su parte, aplicaron algún tipo de rebaja. Todo ello se deja notar en las diferentes simulaciones que ha realizado el REAF del Consejo General de Economistas. Más ejemplos. En caso de que la renta del contribuyente sea de 45.000 euros, la diferencia entre las provincias vascas y Extremadura asciende a 947 euros. Si se observa sólo las regiones de régimen común, Madrid vuelve a ser en la que menos se paga con un total de 8.740 euros, lo que supone 830 euros menos que en la comunidad extremeña.

Artículo de Jose Ángel Mardones, en representación del Equipo de FP de Grado Básico de Hetel. "...Debatir sobre nuestro sistema educativo y/ o compararlo con el de otros países no es el objetivo del presente artículo, sino el de invitar a realizar una serie de reflexiones sobre el ámbito educativo de los Grados Básicos. Y, para ello, lo primero es fijarnos en los chicos y chicas que forman parte de esta etapa educativa, adolescentes con una experiencia de problemática personal, social, cultural, emocional, que en numerosos casos se han visto incrementadas tras el periodo pandémico. Jóvenes a los que esa experiencia de fracaso les ha llevado a tener una muy baja autoestima, a creer que no pueden, que no sirven, que no valen…La experiencia, sin embargo, nos dice que hay esperanza, que hay un porcentaje alto de chicos y chicas que triunfan a través de los CFGB, que vuelven a creer en sí mismos y que retoman sus estudios a través de un Ciclo Formativo de Grado Medio y posteriormente de un Grado Superior… de las numerosas especialidades existentes y que actualmente están muy demandadas por gran parte del sector empresarial...Si entendemos que el fracaso escolar es multifactorial, debemos responder desde equipos multidisciplinares con figuras profesionales de orientación, pedagogía, psicología, estableciendo tiempos y espacios para proporcionar los apoyos necesarios a los equipos docentes y para apoyar la atención de manera personal e integral a las dificultades que presenta el alumnado de los Grados Básicos, generando vínculos de confianza, de ayuda, de apoyo, de aprecio e ilusión donde el alumnado pueda apoyarse en una etapa de la vida en la que todo, tanto lo bueno como lo malo, se percibe con una enorme intensidad, y donde la respuesta a dichas problemáticas debe ser eficaz; donde el alumnado pueda conectarse con su enorme potencial, reorientando en numerosos casos sus trayectorias vitales. Va siendo hora de realizar una seria reflexión al respecto y de atender como se merece a un sector educativo que demuestra cada día lo imprescindible que es para este país..."

Marine Le Pen, líder del Reagrupamiento Nacional (RN), está capitalizando el malestar social en Francia por la reforma de las pensiones que impuso por decreto Emmanuel Macron. En una entrevista con EL PAÍS y otros medios europeos, asegura: “Nunca hemos sido de extrema derecha. Diría que somos nacionales”. Ese nacionalismo le lleva a enfrentarse a la UE. “Yo sigo siendo euroescéptica y cada día que pasa lo soy más”. Y aclara: “No escéptica respecto a Europa, sino a la organización política de Europa”. Le Pen niega haber sido cercana a Vladímir Putin. Y, sobre la guerra en Ucrania, asegura: “Si Rusia gana la guerra, es catastrófico; si gana Ucrania, se habrá desatado la tercera guerra mundial”. El descontento en Francia por la reforma de las pensiones ha reforzado las opciones electorales de la líder del Reagrupamiento Nacional (RN), heredero del partido de extrema derecha que hace medio siglo fundó su padre, JeanMarie Le Pen. Si hoy Marine Le Pen se enfrentase a Emmanuel Macron en la segunda vuelta de las presidenciales, ganaría con un 55% de los votos frente al 45% del actual mandatario, según un sondeo del instituto Elabe. En las últimas presidenciales, en 2022, Macron se impuso con un 58% de apoyos frente al 42% de Le Pen. Desde junio, el RN es el primer grupo opositor en la Asamblea Nacional, con 89 diputados.

Si todo sale según lo planeado, antes de que termine este año el sector pesquero guipuzcoano experimentará una gran novedad. La pesca de atún rojo con cebo vivo, la tradicional desde principios del siglo XX, habrá dado paso al arte de cerco. Y si se sigue cumpliendo con lo previsto, a partir de 2025 la producción de atún rojo en el Cantábrico con este sistema rondará las 500 toneladas anuales. Estas son al menos las previsiones de Itsas Balfegó, una compañía creada por la catalana Balfegó y el centro de investigación AZTI. La empresa ha presentado al Gobierno Vasco un proyecto para iniciar la actividad de engorde de atún rojo vivo con la instalación de dos jaulas sumergibles a unas 3,688 millas náuticas del puerto de Getaria. El proyecto tiene como objetivo «iniciar la actividad de engorde de atún rojo vivo en Euskadi procedente de capturas realizadas por barcos de pesca en el Cantábrico». Para ello, plantea transferir las capturas en vivo realizadas por pesqueros de cerco «haciendo pasar los ejemplares vivos desde la red de cerco hasta una jaula de transporte flotante en alta mar» para ser trasladados hasta la instalación de engorde, dos jaulas de 50 metros de diámetro. En su interior, los atunes serán alimentados exclusivamente con pescado azul y «en ningún caso se les administrará alimento compuesto procedente de harinas o aceite de pescado, ni ningún tipo de aditivo o medicamento». Tras unos meses de engorde, se llevará a cabo la extracción de los atunes a cargo de la flota vasca «mediante el sacrificio individualizado de cada ejemplar».