20230921

De las complicaciones logísticas, del exceso de estocaje en los mercados o del cuello de botella en los suministros a un ritmo de producción que puede arrojar saldo histórico. Mercedes Vitoria sale del bache en el que llevaba atascada meses –como todo el sector de la automoción– para plantearse seriamente que este 2023 sí, que podrá sacar de sus líneas de montaje más de 152.000 furgonetas. Lo intentó ya el pasado año. Pero la concatenación de los problemas citados, una negociación de convenio más que convulsa y las elecciones que dieron un vuelco al reparto de poder en el comité acabaron con el reto. En 2022 se marcó 158.210 unidades. Tuvo que realizar dos recortes. El primero, de 11.000 furgonetas y el segundo, anunciado en diciembre, de otras 5.000 unidades más. Finalmente se cerró el año con 134.561 unidades. Ayer responsables de la compañía compartieron con los trabajadores que el objetivo de las 152.809 unidades, el que se fijó para este ejercicio, es ahora factible. Y no se trata de un dato más. Rompería el que hasta la fecha ha sido récord de fabricación, las 150.000 furgonetas Vito y Clase V que se anotaron en 2017. La mayor factoría de Euskadi, con más de 4.800 empleados, confirma así el cambio de tendencia. Muy evidente desde junio, el último mes en el que se anunció la suspensión de turnos de trabajo o los reajustes a la baja en la reorganización del calendario de producción.

El reto al que se enfrenta la automoción vasca es de los que marcan época. El Gobierno Vasco no quiere quedarse descolgado de esta carrera de largo fondo y ayer presentó en sociedad (en colaboración público-privada con las tres Diputaciones) el Centro Vasco de Movilidad Conectada y Autónoma (BasqueCCAM) en el Parque Científico y Tecnológico de Miramon, que tiene fijado como meta impulsar la actividad industrial, de servicios y nueva movilidad en Euskadi para situar «a la vanguardia» al País Vasco en un entorno clave e internacionalmente reconocido en la movilidad del futuro. La apertura institucional de este nuevo centro corrió a cargo de la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, que puso en valor la relevancia económica de la automoción en Euskadi y cómo el Basque CCAM puede marcar una «acción diferenciada» en este campo, con la creación de un ecosistema I+D en el que puedan implementarse estas tecnologías para desarrollar vehículos conectados, cooperativos y autónomos. Para alcanzar este objetivo y adaptarse a los nuevos retos de la movilidad exigidos por la Comisión Europea, la asociación BasqueCCAM cuenta una terna de socios, entre los que destaca el centro tecnológico donostiarra Vicomtech, que ya trabaja en su laboratorio en vehículos conectados y automatizados (sin conductor). El gigante tecnológico austriaco AVL, y Gertek, empresa vizcaína dedicada a la gestión del tráfico urbano e interurbano, completan el trío de socios del BasqueCCAM.

Cataluña volvió a liderar en el primer semestre de este año la pérdida de tejido empresarial. Entre enero y junio, un total de 489 empresas abandonaron la región frente a las 440 que desembarcaron en ella, lo que arroja un saldo negativo de 49, el mayor entre el conjunto de las CCAA. De esa cifra, que se añade a las más de 6.300 compañías huidas de Cataluña desde 2017, 33 traslados corresponden al segundo trimestre frente a los 16 del primero. Después de Cataluña, País Vasco es la segunda comunidad que mayor pérdida empresarial acumula en el primer semestre, en el que emigraron 151 compañías frente a las 114 que llegaron, mostrando un balance negativo de 37 empresas. Madrid sigue siendo el destino preferente de muchas compañías que deciden peregrinar a otra región. De hecho, de las 246 que se fueron de Cataluña solo en el segundo trimestre, 102 eligieron Madrid, mientras que de las 147 que abandonaron Andalucía, 77 fueron a parar a la comunidad madrileña. En este caso, sin embargo, Madrid arrojó en el segundo trimestre un saldo negativo de 18 empresas (por primera vez desde 2017), frente a las 81 que sumó en el mismo periodo del año pasado. Este giro se produce coincidiendo con el nuevo impuesto a las grandes fortunas del Gobierno, que penaliza esencialmente a Madrid y que ha dejado a la región sin uno de sus elementos diferenciales (hasta el año pasado, en el que se sumó Andalucía, Madrid era la única región que bonificaba al 100% Patrimonio). Andalucía va ganando poco a poco atractivo entre las empresas que deciden emprender mudanza.

La inversión productiva extranjera bruta (descontadas las entidades de tenencia de valores extranjeros o ETVE) ascendió en Euskadi a 310 millones de euros en el primer semestre de 2023, un 42,3 % menos que en el mismo periodo del año anterior. En el conjunto del Estado, subió a 11.996 millones de euros en el primer semestre de 2023, un 26,6 % menos que en el mismo periodo del año anterior, después de que en el primer trimestre aumentara un 20,3 % interanual. Según los datos actualizados este miércoles por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Madrid y la Comunidad Valenciana acapararon el 82 % del total de la inversión exterior bruta del primer semestre. La Comunidad de Madrid se situó a la cabeza con 7.579 millones, lo que supone una caída del 23,2 % respecto a un año antes (9.870 millones). Por detrás, la Comunidad Valenciana, con 2.268 millones, que suponen más que duplicar (129 %) la inversión del mismo periodo del año anterior (990 millones).

La inversión extranjera se hunde en la primera mitad del año, con un fuerte desplome en Cataluña, que queda relegada a la tercera posición, por detrás de la Comunidad Valenciana, y registra cifras que no se habían visto en casi una década. Las empresas españolas lograron captar 11.996 millones de euros en inversiones en el primer semestre del año, de acuerdo con las cifras que publicó ayer el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, lo que supone un descenso del 26,6% respecto a las cifras del mismo periodo del año pasado, cuando se alcanzaron 16.352,1 millones. Esto pone en un aprieto la continuidad de la recuperación económica en los meses posteriores. Sin embargo, la situación no es nada homogénea, ya que la Comunidad de Madrid copa el grueso de la inversión, captando 7.579,3 millones de euros, el 63,2% del total, casi tres puntos más que entre enero y junio del año anterior, seguida a mucha distancia de la Comunidad Valenciana (2.268,2 millones, si bien esta cifra duplica con creces la del primer semestre de 2022) y de Cataluña (824,7 millones, menos de la mitad que el año anterior). Y el resto de las regiones quedan todavía por debajo de estas cifras, con los 371,5 millones de Murcia, los 310,7 millones de País Vasco, los 155,7 millones de Andalucía, los 119,1 millones de Aragón o los 104,3 millones de Baleares.

La patronal CEOE recurrirá la decisión del Ministerio de Trabajo de obligar a las empresas a comunicar a la administración, con seis meses de antelación, como mínimo, un expediente de regulación de empleo (ERE) cuando éste suponga el cierre de la empresa y el despido de cincuenta o más personas.  La Junta Directiva de la CEOE acordó ayer recurrir ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el Real Decreto 608/2023, que desarrolla el Mecanismo RED. Es la nueva fórmula de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que reguló la reforma laboral. La norma entró en vigor en julio. Sin informar previamente a los empresarios y a los sindicatos, y, por lo tanto, sin su acuerdo, Trabajo incluyó en el citado Real Decreto esta obligación de las empresas de comunicar el despido colectivo, con al menos seis meses de antelación, al Ministerio de Trabajo o, en su caso, a la Consejería correspondiente de la comunidad autónoma, cuando el expediente afecte a más de 50 trabajadores y suponga el cierre de la empresa o de uno o varios centros de trabajo. La norma continúa diciendo que, “en el caso de que no sea posible observar esa antelación mínima [ de 6 meses] la empresa deberá hacer la notificación tan pronto como sea posible y justificando las razones por las que no se pudo respetar el plazo establecido”. Además, la disposición exige que “dichas empresas remitan copia de la notificación a la que se refiere el apartado anterior a las organizaciones sindicales más representativas y a las representativas del sector al que pertenezca la empresa. Tanto en el ámbito nacional como de la comunidad autónoma donde se ubiquen el centro o centros de trabajo que la compañía pretende cerrar”.

Las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME acordaron ayer reclamar al Ministerio de Trabajo y Economía Social “el mantenimiento del sistema de bonificaciones de las cotizaciones sociales a la formación obligatoria”. Los empresarios protestaron así por la nueva estrategia de la Inspección de Trabajo respecto de las ayudas que, desde 2004 y hasta ahora, recibían las empresas por la formación obligatoria de los trabajadores en la prevención de riesgos laborales. La Inspección está reclamando a las empresas estas subvenciones porque estima que la ley le autoriza y también una sentencia de la Audiencia Nacional de marzo de 2022, que dio la razón a la Administración. Los empresarios recordaron ayer al Ministerio que “la bonificación de la formación obligatoria para las empresas ha sido admitida [hasta ahora] por el Ministerio de Trabajo, el SEPE, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae) y el Tribunal Supremo, desde que el sistema fue implantado en 2004”. Los empresarios sostienen que “estas ayudas estaban plenamente incluidas en el modelo de formación para el empleo y reconocidas como tales en los informes jurídicos del Ministerio y de la Fundación”. Es más, CEOE y Cepyme recalcaron que “el cambio de criterio que, en algunos casos, [la Inspección de Trabajo] pretende aplicar con efecto retroactivo y exigencia, incluso, de intereses y sanciones, afecta gravemente a la seguridad jurídica de las empresas”. Y, en especial, a las pymes y a aquellas de menor tamaño. Ver nota CEOE

Los hoteles de Bilbao viven una época de oro con cifras de ocupación históricas. Se felicitan por superar las cifras previas a la pandemia y por encarrilar «un buen otoño» gracias al Euskalduna y el BEC. El sector vive una época dorada por el tirón de los congresos y el impacto del turismo internacional, que ha sobrepresado con creces al nacional en los últimos meses, en lo que definitivamente el Gobierno vasco interpreta como «un cambio de tendencia». Un asunto que, de momento, no parece inquietar en exceso al gremio, aunque Iñaki Etxeguren, director del Ercilla, urja la necesidad de «lograr un mayor equilibrio» para compensar el retroceso «del turismo corporativo». «Hace falta mucha leña para esta hoguera. Puede que a finales de año suframos caídas importantes», alerta. Por su parte, Gipuzkoa marcó en agosto el mejor mes turístico de su historia, lo que le deja a las puertas de confirmar el mejor verano jamás registrado, ya que los dos meses precedentes han sido los mejores desde que hay registros y este septiembre –el verano acaba el sábado– la entrada de visitantes se está manteniendo en valores muy altos. Si el año 2022 ya se cerró con récord histórico en la llegada de turistas al territorio (con 1.374.157 entradas), todo apunta a que esa marca quedará pulverizada de nuevo al cierre del presente ejercicio, después de que Gipuzkoa haya superado ya el millón de visitantes para agosto, con un 10% de incremento respecto al mismo periodo de 2022.- Y en Araba, las entradas de visitantes crecieron en Álava un 5,2% respecto al mismo periodo de 2022, la cifra más alta de las tres provincias vascas. 

La venta de viviendas inició el otoño del año pasado un parón que se confirma mes a mes. Ayer los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejaron que en julio la compraventa de viviendas en Euskadi sufrió otro retroceso del 2,5% respecto al mismo mes del año pasado, con un total de 1.843 operaciones. Aunque la caída fue muy inferior a la del conjunto de España, que firmó una caída del 10,5%, ancla al sector en una deriva que aleja la dinámica de 2022, el año con más hipotecas firmadas en Euskadi desde la crisis inmobiliaria de 2008 con más de 22.000 créditos. En el conjunto de España, la compraventa de viviendas registró en julio un total de 48.303 operaciones, ese 10,5% menos que en el mismo mes del año pasado, y su cifra más baja desde 2020. Supone el retroceso interanual más pronunciado desde enero de este año. Los precios, en cambio, resisten y, según el INE, subieron un 3% entre los meses de abril a junio de este año. El País Vasco acumuló una nueva subida en el segundo trimestre de este año que es más acusada en la vivienda nueva, un 5,1% más que en el mismo periodo del pasado año, mientras que en el caso de los pisos de segunda mano se quedó en un 2,6%.

La Inteligencia Artificial es uno de los grandes retos a los que se enfrentan las sociedades actuales. Aplicaciones con un potencial inmenso que aún debe someterse a regulación, como ha puesto de manifiesto la publicación de imágenes, manipuladas, de menores desnudas en un pueblo de Extremadura. A ello se suman programas como Chat GPT, que ya está alterando el mundo de la educación. En este contexto, la Universidad de Deusto quiere aportar su granito de arena con un objetivo claro: «Poner la inteligencia artificial al servicio de las personas». Así lo expresó ayer el rector de la institución académica, Juan José Etxeberria, durante su intervención con motivo del acto de apertura del curso académico, el primero desde que accedió al cargo. El máximo representante de la universidad se centró en el debate sobre el desarrollo tecnológico, que tiene sus pros (la Inteligencia Artificial «promueve una educación más personalizada, eficiente y accesible») y sus contras (por ejemplo, sus «sesgos discriminatorios»). El desafío, dijo Etxeberria, «no es salvar procesos o estructuras tradicionales, ni tampoco someternos a lógicas de mercado sin control ni valores o subordinar a las personas a algoritmos inhumanos». Es «poner la Inteligencia Artificial al servicio de las personas». En este marco, el rector subrayó que la universidad ya está dando pasos. El pasado curso se constituyó un grupo de trabajo multidisciplinar para abordar el desafío de la Inteligencia Artificial. Y este año se va a lanzar el primer curso para ofrecer formación sobre los retos éticos de la inteligencia artificial a las empresas.

El presidente de CAF, Andrés Arizkorreta, fue ayer nombrado oficialmente en Donostia como nuevo presidente del Círculo de Empresarios Vascos. Así lo ratificó la junta directiva de esta entidad en su reunión en la capital guipuzcoana. El presidente de la firma beasaindarra de construcción de ferrocarriles sustituirá a José Galíndez, fundador de Solarpack y en la actualidad presidente del grupo inversor Beraunberri, que ha estado al frente de este organismo en los últimos dos años, periodo tras el que se produce el relevo. Por último, la junta aprobó también el nombramiento como vicepresidente del Círculo de Luis Rodríguez Llopis, doctor-ingeniero industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Bilbao. El Círculo es una asociación privada a la que pertenecen casi 80 presidentes, consejeros delegados y directores generales de las principales compañías vascas. Está considerado como el órgano de reflexión y expresión de la élite empresarial de Euskadi. Andrés Arizkorreta es licenciado en Empresariales por la Universidad de Deusto y ha desarrollado toda su carrera profesional en la fabricante guipuzcoana de trenes y autobuses, en la que ha ocupado varios puestos de responsabilidad. 

El arquitecto naval Juan Moya es el coordinador del grupo de Energías Renovables de Origen Marino (ENERMAR) en la asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos, que celebra desde ayer la decimotercera edición de sus jornadas técnicas en Bizkaia. El destino no es casual, pues acuden atraídos por el aerogenerador flotante de Armintza inaugurado el pasado lunes. "En zonas como Asturias o Galicia sí que tienen posibilidades de desarrollo, pero en el Golfo de Bizkaia no se genera el viento suficiente para que sean rentables. En esta zona lo importante es el oleaje, por eso BIMEP se instaló en Armintza. La industria vasca puede ser clave en la cadena de suministro, pero no reúne las características para poder instalar parques, más allá de los precomerciales de desarrollo como el que se inauguró el lunes en Armintza. Con el tejido industrial que ha tenido históricamente Euskadi, la transición hacia energías verdes es más fácil. Al final, la base de la tecnología es la misma, aunque se genere otro tipo de energía... A nadie le apetece que construyan un molino en la puerta de su casa, pero lo mismo puede decir alguien a quien le han expropiado terrenos para que pase una carretera. Al final hay que priorizar el bien común y ese es que la energía sea sostenible...Uno de los objetivos de plataformas como la de Armintza es estudiar qué impacto tienen. Además, la perturbación que puede generar la eólica flotante no es la misma que la de los molinos fijos del mar del Norte..."

El Gobierno vasco solicitó en marzo a distintas instituciones y colectivos informes sobre «la conformidad, oposición o reparos» al parque eólico en Cantoblanco antes de que sus técnicos redacten la declaración de impacto ambiental que determinará la viabilidad de este proyecto. El análisis que les ha remitido el Departamento de Medio Ambiente de la Diputación de Álava no es vinculante, pero sí es contundente y considera «no asumibles» los efectos sobre las aves y murciélagos que generaría la instalación de ocho aerogeneradores en esta cima situada entre Añana y Ribera Alta. «El parque eólico ocasionaría sobre las aves necrófagas, rapaces rupícolas y forestales catalogadas como amenazadas unos efectos negativos y permanentes e irreversibles de magnitud crítica al rebasarse el umbral aceptable. Se estima que la adopción de medidas protectoras o correctoras no permite la minimización de los impactos hasta niveles admisibles», opinan los técnicos forales sobre estos molinos de 200 metros de altura, aunque no está en sus manos la decisión. A partir de ahora corresponde al Ejecutivo autonómico permitir, o no, el desarrollo del proyecto impulsado por la socieda privada Euskal Haizie.

PNV, EH Bildu, PSE, PP y Podemos acuerdan fijar antes de que acabe el año el calendario para acometer los cambios en el sistema tributario. La reforma fiscal vasca se debería haber puesto en marcha la pasada legislatura, después de haberse aplazado en diversas ocasiones. De hecho, el lehendakari abrió en junio de 2019 la puerta a emprender una reforma fiscal a partir de 2020, con el fin de «mejorar» el modelo tributario, una vez evaluados los últimos cambios introducidos. Por diversas circunstancias y pandemia mediante, esa reforma se ha atascado, mientras en otras comunidades autónomas se han ido tomando decisiones de calado. Tras el 28-M el escenario se ha complicado porque tanto en Gipuzkoa como en Araba el bipartito PNV-PSE ya no disponen de mayoría absoluta. Sin embargo, las Juntas guipuzcoanas dieron ayer un primer paso que supone establecer un calendario para comenzar a negociar la reforma. Este primer acuerdo por unanimidad no presupone que el camino vaya a ser fácil, todo lo contrario. Cuando toque negociar el cogollo de la reforma –IRPF y los impuestos de Patrimonio o Sociedades– será objeto de duras controversias en los próximos meses. En la Diputación, además, se ha abierto una reflexión que pasa por reclamar al Gobierno español que el territorio guipuzcoano tenga «capacidad de decisión en la normativa» de uno de los impuestos más importantes, el del IVA. A ello se añade el hecho de que el territorio, al igual que Bizkaia, Álava y Navarra, tenga Hacienda propia, sería otra razón suficientes para abrir «un debate interesante» con el Estado y tener voz en decisiones de gestión como la reciente rebaja del IVA de los alimentos básicos decretada por el Gobierno central a principios de este año. 

El comité de empresa de Michelin Vitoria ya ha fijado la fecha para celebrar el referéndum en el que se votará seguir en el Comité Intercentros. Según fuentes sindicales, la votación que decidirá si Vitoria abandona este órgano o no tendrá lugar, salvo sorpresa, los días 6 y 9 de octubre. Los sindicatos ya han solicitado a la empresa que facilite los medios para que esas sean las fechas en las que los trabajadores puedan emitir sus sufragios, aunque Michelin aún no ha respondido a esa solicitud de la parte social. El Comité Intercentros es un órgano que aúna a la representación sindical de todas las fábricas españolas de Michelin a excepción de la de Lasarte. Este foro es el que negocia directamente con el grupo francés los convenios que se aplican a todas las plantas del país si se obvia la guipuzcoana. Vitoria ha estado ya en alguna ocasión fuera de esta entidad, pero tampoco ha conseguido grandes diferencias en los pactos laborales alcanzados. Sin embargo, en la votación del último convenio, Vitoria fue la única fábrica donde la plantilla rechazó el pacto laboral. Tras varias jornadas con las urnas abiertas, el 16 de junio se escrutaron los votos de todas los centros productivos de la multinacional y el resultado global fue de un 56% de apoyos al sí frente a un 43% de ‘noes’. En Vitoria, en cambio, la negativa al convenio recabó el respaldo del 65% de los empleados, pero fue en vano. La planta alavesa se vio obligada a aplicar el nuevo marco laboral precisamente por formar parte del Comité Intercentros.

Tras salvar las reticencias de Alemania, la UE aprobó en marzo el polémico veto a la venta de coches de combustión a partir de 2035 y el mercado está avanzando en esa dirección. La estadística de matriculaciones europeas publicada ayer así lo demuestra. En agosto, las ventas de eléctricos puros traspasaron por primera vez la cota del 20% y volvieron a superar a los diésel, que siguen en caída libre y apenas representaron un 12,5%. España, sin embargo, acumula un importante retraso en esa tendencia, ya que en su caso el peso de los motores de baterías apenas superó el 6%. Los datos, difundidos por la patronal europea ACEA, se refieren solo a los eléctricos puros. Si se suman los híbridos enchufables la cuota conjunta en las matriculaciones rebasa el 28% en la UE. Con todo, la gasolina aguanta como líder, con casi el 33%, mientras los híbridos no enchufables representan un 24%. Una media europea que esconde grandes diferencias por países. A la cabeza está Suecia, donde un 60% de los coches que se venden ya son electrificados (eléctricos puros más híbridos enchufables), seguida de Finlandia, Bélgica, Dinamarca y Países Bajos. No muy atrás está Alemania, referente del motor de combustión, donde los de batería ya alcanzan el 37%, mientras que en Francia rondan el 26%. El retraso en España es llamativo. La suma de eléctricos puros y enchufables apenas supera el 12% –en Euskadi es muy similar–. Y eso que justo en agosto hubo un ‘boom’ de matriculaciones de Tesla, que arrasa en todo el mercado europeo. «España no avanza al ritmo necesario para cumplir con los objetivos. Es necesario mejorar la eficiencia del ‘plan Moves’, simplificar los trámites para la instalación de puntos de recarga y adoptar incentivos fiscales», decía este mismo lunes la patronal de fabricantes Anfac en un informe.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, se presentó ayer como el más firme defensor de la lucha contra el cambio climático, pero no a cualquier precio y, sobre todo, subrayando la necesidad de que otros países con mayor responsabilidad –el que más, China– se pongan las pilas. Aunque el objetivo final no ha cambiado –neutralidad en emisiones de dióxido de carbono en 2050–, varias metas volantes sí, en lo que se interpreta como un giro que permita a los conservadores recortar la distancia de 20 puntos que, según los sondeos, le sacan los laboristas para los comicios previstos en 2024. El primer ministro cree que ha faltado debate. “Si continuamos por este camino, existe el riesgo de perder el consentimiento del pueblo y no alcanzaríamos el objetivo global”, justificó en un discurso en el que dijo que Reino Unido se “alinea” ahora con “Alemania, Francia, España, Italia, Australia, Canadá, Suecia y EEUU”. Sunak esgrimió que Reino Unido genera el 1% de las emisiones globales y que desde 1990 las ha recortado en un 50%, frente al 22% de Francia, el estancamiento de EEUU y el alza del 300% de China. La principal medida anunciada ayer se refiere a la prohibición de la venta de vehículos propulsados con diésel o gasolina, que pasará de 2030 a 2035. Aquí Reino Unido seguirá el calendario de la UE, incluida España. Es una modificación con un doble efecto: da oxígeno a las plantas de fabricación de vehículos con motor de combustión que tiene el país, pero no creará demanda para impulsar la industria del vehículo eléctrico. Tata, Nissan y Mini (BMW) han anunciado recientemente inversiones por 6.000 millones de libras (7.000 millones de euros) en este segmento.

La Comisión Europea ha admitido la propuesta del Gobierno español en funciones de retirar del Plan de Recuperación la polémica propuesta de introducir un pago por el uso de las autovías, que ahora son gratuitas, según confirmaron fuentes conocedoras de la negociación. La supresión de los peajes proyectados para 2024 se incluyó en la adenda al Plan de Recuperación remitida el pasado junio a Bruselas, que ha pasado varios meses estudiando la petición. Aunque quedan algunos flecos en las conversaciones, el aval definitivo a la modificación se espera de forma inminente. España había previsto anteriormente crear “un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado” que funcionaría a partir de 2024. La idea levantó un gran revuelo político, que se intensificó durante la campaña de las elecciones generales del 23 de julio. Alberto Núñez Feijóo acusó a Pedro Sánchez, durante su único cara a cara, de mentir por negar que la medida fuera a ser aplicada. La modificación en el plan español incluirá otras medidas compensatorias en el terreno de la movilidad sostenible, dirigidas sobre todo a incentivar el transporte de mercancías por tren. Entre ellas figura impulsar un programa de “autopistas ferroviarias” en aquellos corredores donde sea viable.

Ya no hay duda de que el autoconsumo no es una moda pasajera. Este verano, líderes energéticos como Naturgy o Endesa han dado una señal clara al mercado al sumarse a Iberdrola en la comercialización de un producto que aspira a revolucionar el negocio eléctrico tradicional. Se trata de las baterías virtuales, un tipo de tarifa por el que las comercializadoras compensan a sus clientes por todo el excedente de energía generado en sus domicilios, una fórmula que en menos de un año se ha convertido en un superventas en España y en una estrategia de win-win, que beneficia tanto a la empresa como al cliente. «Está arrasando», coinciden desde varias de las mayores compañías del sector. Iberdrola, que empezó a comercializar el producto a finales de 2022, ha visto cómo sólo en lo que va de año el 90% de sus clientes de autoconsumo ya se han adherido a él. Naturgy, que lanzó su batería virtual el pasado 30 de agosto, acumula más de 7.500 contrataciones. La última de las grandes en estrenarse en este mercado ha sido Endesa, hace unos días, mientras que gigantes como Repsol o EDP y comercializadoras independientes como Octopus y Holaluz, han incluido esta modalidad en sus catálogos. La revolución en los tejados españoles se ha acelerado desde 2021.

La presidenta de la Asociación Española de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), Marina Serrano, pidió ayer incrementar la inversión en redes que recoge el borrador del nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) al considerar que “no es la adecuada” en el contexto actual. Aelec aglutina a tres de las mayores eléctricas: Iberdrola, Endesa y EDP. Con motivo de la celebración del V Congreso de Aelec, Serrano defendió ayer la necesidad de realizar inversiones “anticipatorias” en las redes de distribución y transporte, para que estén preparadas para integrar la conexión masiva de renovables que se espera en los próximos años. “Nosotros hemos señalado la importancia que tienen las redes en el nuevo Pniec, se habla de elemento facilitador, pero creemos que la inversión que se prevé no es la adecuada, debe incrementarse y ser consciente de la importancia que supone tanta integración de renovables”, ha explicado. En este sentido, la presidenta de la patronal cree que la “mirada” del borrador del nuevo Pniec elaborado por el Gobierno es acertada, pero hace falta concretar el detalle de las medidas que permitirán alcanzar las metas fijadas para 2030. Por ello, han presentado alegaciones al borrador que el Gobierno ya está analizando, aunque recuerda que el Pniec no se aprobará hasta que se forme un nuevo Gobierno.

El Gobierno está ultimando el macroplán de pensiones de empleo con el que pretende que los trabajadores del país –incluidos los autónomos– hagan un ahorro para complementar su pensión pública con ayuda de sus empresas, pero los trámites pendientes parecen apuntar a que no estará del todo operativo hasta 2024. Su objetivo es claro: conseguir un ahorro acumulado por esta vía de 2.500 millones de euros en sólo tres años, pero algunas de las gestoras que se ocuparán de la inversión lo ven demasiado ambicioso. Desde que en julio el Gobierno aprobó el reglamento y en agosto publicó la lista de entidades adjudicatarias –VidaCaixa, Santander, BBVA, Ibercaja y Caser–, los procesos se han acelerado para que este instrumento esté listo cuanto antes. «Ha habido varias reuniones, no parece que el Ejecutivo esté en funciones», señalan fuentes del sector, pero aún así todavía quedan flecos. Las cinco entidades elegidas se ocuparán de la gestión de tres fondos cada una –uno que invierta solamente en renta variable (bolsa) pensado para los trabajadores más jóvenes, otro sólo de renta fija (deuda) para los que tienen más cercana la jubilación y uno mixto para los de franjas intermedias–, de modo que en total habrá 15 fondos de pensiones. Para que estén accesibles es preciso que primero se constituyan legalmente, un proceso que está muy avanzando y podría concluirse próximamente. «Sólo falta la firma ante notario, que se quiere hacer con todas las gestoras a la vez, y que esperamos que tenga lugar los próximos días», señalan fuentes del Ministerio que dirige José Luis Escrivá. Después, esos fondos deben inscribirse en el Registro, proceso que esperan que también se resuelva pronto aunque dependerá de los propios plazos del Registro.

Parece que los intentos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para conseguir que los planes de pensiones de empleo cuajen en España, por el momento, no han dado resultado. Eso es lo que dan a entender los datos que ayer hizo públicos el Observatorio Caser sobre planes de pensiones de empleo: más del 70% de las empresas y autónomos españoles desconoce la existencias de los planes de pensiones de empleo o de los planes simplificados y solo un 8% ha contratado algún producto para la jubilación. La tercera edición de este estudio se ha centrado en los planes simplificados, productos que nacen con el objetivo de reducir los trámites de creación para las empresas e impulsar el ahorro entre colectivos que hasta ahora no utilizaban este tipo de instrumentos, como los empleados de pymes o los autónomos. Sin embargo, parece que estos sectores son los que menos conocimiento tienen de los planes. Durante la presentación de los resultados del estudio, la directora del observatorio, Eva Valero, indicó que el 58% de las grandes empresas sabe algo de estos productos, mientras que en los autónomos sin empleados ese porcentaje se reduce al 11%. Además, el porcentaje de empleados que ha preguntado a su empresa si dispone de un producto o servicio para ahorrar para la jubilación es del 3%. “No podemos hablar de culpables, me preocupa que tengamos una educación financiera tan baja”, apuntó la directora del Observatorio Caser.

Mercadona refuerza su posición de liderazgo absoluto en el sector de la distribución en España. La compañía que preside Juan Roig ha alcanzado una cuota de mercado récord en un complejo contexto en el que el consumo se ha visto altamente tensionado por la escalada de la inflación de los alimentos. Nada menos que el 27% de cuota llegó a tocar en agosto, una proporción inédita, cerrando la media de los ocho primeros meses del año en el 26,1%, tres décimas más que el año anterior. Son datos de la consultora Kantar que reflejan cómo la primera estrategia promocional de la historia de la compañía valenciana ha dado sus frutos. No en vano, Mercadona vivió un arranque de año «titubeante», pero logró darle la vuelta a la situación a partir del mes de abril, coincidiendo con el lanzamiento de la promoción de ajuste de precio de 500 productos por la que prometió a sus clientes un ahorro de 150 euros anuales en la cesta de la compra. La decisión, que pilló por sorpresa al mercado al ir en la dirección contraria de la filosofía de una empresa que ha seguido una política de «precios siempre bajos» totalmente desvinculada de este tipo de estrategias promocionales puntuales, le permitió ganar cuota no sólo en las categorías afectadas por la bajada de precios, sino que supuso un cambio transversal en seis de cada diez productos, según Kantar.

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos hizo ayer un alto en el endurecimiento de la política monetaria y mantuvo los tipos en la franja comprendida entre el 5,25% y el 5,5%, el nivel más alto de los últimos 22 años. “Debemos movernos con prudencia”, explicó ayer su presidente, Jerome Powell, que insistió en que el banco central apuesta por ganar tiempo y analizar los últimos datos macro. Aun así, y aunque Powell insistió en que todo dependerá de la evolución de las estadísticas, las previsiones que ayer publicó la Fed sugieren que los miembros del comité de política monetaria se inclinan mayoritariamente por una última subida más antes de que termine 2023, de un cuarto de punto adicional, llevando los tipos hasta un máximo del 5,75%. Aun así, habrá que esperar hasta la reunión de noviembre o diciembre para saber si se materializa, porque de momento los gobernadores de la Fed han preferido mantener la hoja de ruta fijada que ya adelantaba el mercado y hacer una pausa. Aun así, en los últimos días habían surgido dudas sobre qué paso daría finalmente, ya que la inflación tanto en julio como en agosto sorprendió a los analistas elevándose más de lo previsto y poniendo fin así a la tendencia a la moderación que se había vivido en los últimos meses. Luces y sombras en el mensaje de la Fed que en el mercado se tradujeron en una caída del 1,5% en el Nasdaq, el más sensible a un ciclo más largo de tipos altos, así como del 0,94% y del 0,22%, en el S&P 500 y en el Dow Jones, respectivamente.

Pedro Sánchez va allanando el camino a la aprobación de una ley de amnistía para los encausados del ‘procés’, aunque aún se siga resistiendo a pronunciar el conflictivo término. En su primera rueda de prensa tras un mes de silencio, el presidente del Gobierno en funciones dio a entender ayer en Nueva York que, en contra de lo afirmado por el líder de ERC, Oriol Junqueras, la medida no formó parte como tal del acuerdo ya alcanzado en agosto para la Mesa del Congreso, pero también defendió que su intención es «devolver a la política lo que nunca debió salir de la política». Afirmó, en este sentido, que nunca compartió la judicialización del conflicto catalán y añadió que su intención es apostar por «el diálogo, la convivencia y la concordia». Un día después de haber afirmado –en una conversación informal con periodistas– que no contempla más escenario que volver a formar Gobierno y de haber argumentado, además, que ya advirtió en campaña de que buscaría apoyo «hasta debajo de las piedras» para continuar con su labor, como razón de peso para dar ahora estatus de legítimo interlocutor político a quien prometió llevar ante la justicia, el expresidente catalán Carles Puigdemont, Sánchez desdeñó las críticas del primer partido de la oposición, compartidas por históricos de su partido, contra un borrón y cuenta nueva como moneda de cambio para la investidura.

Los históricos dirigentes socialistas tachan de «desleal» al presidente en funciones y rechazan la «humillación» y «chantaje» de la amnistía. «Primero dijeron que con Podemos no podían dormir, lo defendí y luego se habló con Podemos. Primero dijeron que aquello era una rebelión, luego resultó que no. Yo no he sido desleal, más bien el disidente ha sido el otro», afirmó Guerra refiriéndose a Sánchez. Sobre la amnistía, el exvicepresidente del Gobierno señaló que «es una humillación a toda una generación» y pidió a Sánchez que no conceda la amnistía que reclaman Junts y ERC. «Yo pido como socialista que no se otorgue una amnistía que falsificaría la historia y que convertiría en represores a los demócratas y presentaría como demócratas a los felones que atentaron contra la libertad», reclamó. Además, desde su punto de vista, con esta ley se pretende «borrar» un pasado democrático para pasar a un futuro «execrable». González también cargó contra la inconstitucionalidad de la amnistía.