20260829

Por segundo mes consecutivo, la inflación repunta y sube un 4,3% en la comparativa interanual debido principalmente al encarecimiento de los carburantes, según el dato del Índice de Precios al Consumo (IPC) del INE. Aunque en menor medida, los alimentos también han influido en el repunte al haber registrado una bajada menor que la del año pasado. Pese a ello, el aumento del IPC parece no pasarle factura a la tasa de inflación subyacente –la que excluye energía y alimentos no elaborados– que no se ha visto contagiada y desciende una décima este mes, hasta el 2,9% interanual. Con estos datos el Gobierno central mantendrá el calendario de ayudas puesto en marcha en el decreto de medidas para responder al conflicto en Oriente Medio. Esto se notará especialmente en el gasóleo, ya que a partir del próximo martes 1 de septiembre la rebaja fiscal se elevará a 20 céntimos por litro y no los 5 inicialmente programados. El dato de inflación publicado ayer superó las estimaciones de analistas como BBVA Research, que apuntaba a que los precios escalarían este agosto hasta el 4%. UGT pide una revisión inmediata del SMI ante un avance de los precios «muy preocupante». Por otro lado, los hipotecados que revisen su préstamo variable en las próximas semanas deberán contener la respiración. El euríbor se ha acercado en agosto a la barrera del 3% debido a la persistencia del conflicto en Oriente Medio. 

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) acordó el cierre y archivo de los procedimientos administrativos iniciados el mes de julio contra la compañía eléctrica Holaluz, según detalló la propia compañía en un comunicado. En la resolución recibida y comunicada por la empresa, el Ministerio encabezado por Sara Aagesen, dejó sin efecto las medidas provisionales que planteaban la extinción de su habilitación como comercializadora de energía eléctrica y anuló el traspaso de su cartera de clientes que al cierre de 2025 arrojó un volumen cercano a los 221.650 contratos. Según el documento, el Ministerio determinó que los hechos examinados no constituyen causa legal para revocar la licencia de la empresa ni para despojarla de sus usuarios. El origen del expediente se remonta al 16 de julio, cuando el Ministerio abrió el procedimiento tras reclamaciones vinculadas a la exigibilidad de facturas con tres distribuidoras. El importe disputado ascendía a 4,4 millones euros. Holaluz sostuvo que la situación obedecía a una discrepancia puntual en su sistema de gestión de tesorería y que las cuantías contaban con un plan de pagos.