20260909

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

“La competitividad ya no puede entenderse únicamente como un objetivo empresarial. Constituye una condición imprescindible para preservar nuestro tejido empresarial y, en consecuencia, nuestro bienestar colectivo, empleos de calidad, servicios públicos excelentes y oportunidades para las próximas generaciones”. De esta manera respondía la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, a la pregunta sobre retos y amenazas de las empresas vascas en una mesa redonda organizada por El Correo bajo el título ‘Competitividad y talento en Euskadi’.  “Quizá el reto mayor – continúa Tamara Yagüe- sea que toda la sociedad ‘tome conciencia’ de la situación en la que nos encontramos para poder construir todos juntos un pacto de país en torno a esta cuestión”. En relación a los retos concretos para las empresas y la competitividad de Euskadi, la presidenta de Confebask ha enumerado tres: “primero, talento y demografía; segundo, energía, descarbonización y tecnología; y tercero, absentismo, costes y clima laboral. En definitiva, necesitamos personas, necesitamos invertir para transformar nuestra industria y necesitamos recuperar productividad y margen para poder seguir invirtiendo”. En cuanto al absentismo como un factor que resta competitividad, Tamara Yagüe ha insistido en que "debatir sobre la necesaria revisión de los complementos por incapacidad temporal no es recortar derechos, es adecuar esos complementos a una realidad muy diferente a cuando se acordaron hace 30 años. No se trata de dejar a nadie sin cobertura, sino de analizar cómo hacerlos sostenibles en un momento en el que el absentismo está disparado”. Ver más en Confebask. 

Con una población cada vez más envejecida y una competencia feroz por los currículums más demandados, captar talento supone uno de los principales retos para las empresas vascas. Tanto es así que nueve de cada diez firmas aseguran tener dificultades para contratar los perfiles que buscan. La solución para reforzar las plantillas no se consigue solo a golpe de talonario. Así lo advirtieron ayer los participantes del ‘Foro Competitividad y Talento’ organizado por EL CORREO y KPMG, donde advirtieron que «el problema es más complejo que los salarios». Lo dejó claro la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, quien reivindicó la necesidad de «superar ese discurso». «Las personas cualificadas no solo miran la nómina. Miran un proyecto de vida que incluye la vivienda, la infraestructura, homologar los títulos, la educación de los hijos...», explicó en un debate en el que también participaron el presidente de Velatia, Javier Ormazabal; la responsable de KPMG en Euskadi, María Lacarra, y el presidente de Sener, Andrés Sendagorta. Sin quitar importancia a las retribuciones y a mejoras laborales como los horarios flexibles, los expertos destacaron la importancia de impulsar iniciativas atractivas para captar profesionales en una Europa en la que faltan más de 200.000 ingenieros. Tamara Yagüe Presidenta de Confebask; «Es necesario entender que la competitividad no es una cuestión empresarial, es un tema de país». Javier Ormazabal Presidente de Velatia: «Con nuestro nivel de negociación y agresividad sindical, es difícil generar proyectos a largo plazo». María Lacarra, Responsable de KPMG en Euskadi: «Tienen que ver en Euskadi no solo un buen contexto para vivir, sino también para traer a sus familias». Andrés Sendagorta Presidente de Sener: «La sociedad está un poco paralizada. Necesitamos empresas más grandes y arrimar todos el hombro»

El vicepresidente de la FVEM, Iñigo Guinea, ha destacado que la falta de talento sigue siendo «una de las mayores preocupaciones del sector». El diagnóstico del sector industrial vizcaíno es claro: miles y miles de trabajadores se van a jubilar en los próximos años y se necesitan jóvenes que cubran esos puestos para blindar la supervivencia de las empresas. Con el objetivo de acercar la realidad del sector a los centros educativos vizcaínos, la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) ha dado este martes el pistoletazo de salida a la octava edición de 'Industria Erronka', el programa nacido en 2018 y que tiene varios objetivos: animar a los estudiantes a elegir un futuro laboral en este sector, desmitificar estereotipos sobre la industria y despertar entre los alumnos un interés por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. La incertidumbre sobre el futuro profesional entre la juventud ha pasado del 13% al 18% en tan solo un año. Además de ello, casi la mitad (el 48%) del alumnado encuestado muestra interés por desarrollar su futuro profesional en ámbitos científico-tecnológicos e industriales. Dentro del interés STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) existe una brecha de género significativa: el interés por estos ámbitos alcanza un 59% entre los chicos, frente a solamente un 22% en el caso de las chicas.

Después de meses marcados por la caída de los pedidos, las tensiones de liquidez, una larga huelga indefinida y, finalmente, la entrada en concurso de acreedores, Tubos Reunidos empieza a encontrar algunos ligeros motivos para el optimismo. Y es que la compañía afronta el proceso para encontrar nuevo propietario con un repunte de la actividad durante el verano y un creciente interés inversor. Ya son 14 las empresas, tanto nacionales como internacionales y todas ellas de marcado perfil industrial, que han solicitado información para presentar una oferta por el grupo, que arrastra una deuda cercana a los 260 millones de euros. Así se lo trasladó ayer el administrador concursal a los sindicatos en las reuniones celebradas primero en la planta de Trapagaran y después en la de Amurrio. Entre los interesados que han firmado el acuerdo de confidencialidad para acceder al ‘data room’ de Tubos Reunidos se encuentran, Tubacex y el presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga. En las últimas semanas, en todo caso, también ha emergido el interés de un importante grupo inversor indio. A día de hoy únicamente está garantizado el pago de la nómina de septiembre, ya que en la caja apenas quedan 21 millones de euros en la caja. La situación, en todo caso, es menos alarmante de lo que podría sugerir. La liquidez disponible es inferior a la de comienzos de año, pero superior a la que tenía la compañía cuando entró en concurso en junio. Además, la cartera de pedidos ha aumentado durante el verano un 40% respecto al mismo periodo del año anterior, con un repunte del 52% en la planta de Trapagaran y del 39% en la de Amurrio.

Ya hay fecha para el juicio por el ERTE de Tubacex. Será el 26 y 27 de noviembre. Como es sabido, los sindicatos impugnaron el expediente de regulación temporal que puso en marcha la compañía el pasado julio debido a las afecciones que está sufriendo por el bloqueo logístico provocado por el conflicto en Oriente Medio. Se trata de un ajuste que afecta a 450 trabajadores en sus plantas de Llodio y Amurrio, que suman una plantilla de más de 600. Su aplicación está prevista hasta febrero de 2027, con lo que tiene una duración de ocho meses. La empresa ha justificado el ERTE por causas objetivas relacionadas con la guerra contra Irán. No hay que olvidar que una gran parte del negocio de Tubacex es la fabricación de tubos OCGT –destinados a la extracción de petróleo y gas–, una división que comparte al 49% con el fondo soberano de Emiratos Árabes Unidos. De hecho, la compañía tiene una planta en Abu Dabi para proveer a Adnoc de un pedido de mil millones. El colapso en el estrecho de Ormuz está afectando al suministro de las instalación.

Sacyr y CAF vuelven a apostar fuerte por Colombia al presentar juntos una oferta para construir y operar la segunda línea del metro de Bogotá, un contrato con un presupuesto de inversión de 4.000 millones de euros. En un gesto de confianza con el nuevo presidente del país, Abelardo de la Espriella, los dos contratistas españoles pujarán sin el apoyo de Acciona, su anterior socio, que abandonó el proyecto a comienzos de este año y que fue una de las razones de que Colombia tuviese que declarar desierto este concurso internacional multimillonario, el más grande de Latinoamérica. “CAF es un socio clave para el Metro de Medellín”, asegura María Clara Córdoba, secretaria general de Metro de Medellín.

Iberdrola ha adjudicado nuevos pedidos a Ingeteam y Ormazabal por un importe conjunto de unos 30 millones de euros, vinculados al desarrollo de almacenamiento energético y al refuerzo de la capacidad operativa de las redes eléctricas. En concreto, Iberdrola ha adjudicado a Ingeteam contratos por 25 millones de euros para actuaciones relacionadas con sistemas de almacenamiento energético con baterías, conocidos como BESS por sus siglas en inglés, asociados a instalaciones renovables en España. Por otra parte, el grupo ha encargado a Ormazabal el diseño, fabricación y suministro de dos subestaciones móviles destinadas a reforzar la capacidad operativa de la red eléctrica, por un valor cercano a cinco millones de euros. Estos equipos servirán de apoyo temporal para la operación de la red ante trabajos de mantenimiento, incidencias operativas o necesidades extraordinarias de demanda. Ver nota Iberdrola aquí. 

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el nombramiento de Sara Buesa como nueva viceconsejera de Empleo e Inclusión en sustitución de Alfonso Gurpegui, que deja el Ejecutivo vasco para jubilarse a los 64 años. Hasta ahora directora del área de Inclusión, Buesa asciende así dentro del departamento que dirige el socialista Mikel Torres, al que llegó en 2021 –entonces encabezado por Idoia Mendia– tras desarrollar buena parte de su trayectoria profesional en el ámbito de los servicios sociales.

Un suspenso rotundo, sin paliativos y, sobre todo, muy preocupante. La publicación ayer de los resultados de la prestigiosa evaluación internacional de PISA 2025 ha reflejado una caída notable y generalizada en el rendimiento del alumnado a nivel europeo y estatal que, para más inri, se ha acentuado más aún en el caso de Euskadi, que no levanta cabeza. El País Vasco firma unos registros terribles en la competencia de lectura, donde solo supera a Ceuta y Melilla, las dos ciudades autónomas que tienen los índices de pobreza y exclusión social disparados. En la competencia científica la debacle del sistema educativo vasco es también de grandes dimensiones, pero algo más leve que en la comprensión lectora, donde el topetazo ha sido tan exagerado que copó ayer titulares en medios de amplia cobertura estatal e internacional, donde tildaron de «salvaje» el descenso en el rendimiento de esta materia. La vertiginosa caída de los resultados obtenidos por los 2.310 estudiantes vascos se atenúa algo en matemáticas, donde Euskadi, al menos, supera ligeramente la media de puntos obtenida por España. Con todo, también en esta competencia se registra un descenso significativo en la puntuación respecto a 2022 en el caso vasco, al igual que en el conjunto del Estado. 

La consejera de Educación del Gobierno Vasco, Begoña Pedrosa, elude explicar por qué la bajada es más acusada que en otros lugares y convoca a su foro de expertos en evaluación. El argumento es que existen factores comunes en todos los sistemas educativos del mundo que están afectando al aprendizaje, como los cambios en los hábitos de lectura y atención, la transformación digital y las nuevas realidades en las aulas. No ha querido abordar, en cambio, cuáles son las particularidades del sistema vasco que han provocado que el descenso sea aún más pronunciado que a nivel nacional e internacional. En el conjunto del Estado, los resultados, que miden el rendimiento de los alumnos de 15 años en más de 90 países, situó a España por debajo de la media con las notas más bajas registradas hasta la fecha en las tres materias analizadas: matemática, lectura y ciencias. Y dentro del Estado, Euskadi se sitúa en los últimos puestos. 

Desde la falta de interés hasta el deterioro en la atención por los smartphones, los alumnos vascos cosechan sus peores datos en un contexto de caída generalizada del nivel en Occidente. El retroceso de los resultados en Euskadi supera el español en las tres competencias analizadas: Comprensión lectora, Ciencias y Matemáticas. La más grave se da en la primera; solo Ceuta y Melilla obtienen peores datos que los estudiantes vascos. Euskadi está en este apartado al mismo nivel que Costa Rica...La OCDE no tiene ninguna duda: la irrupción de los smartphones ha tenido un impacto negativo directo en la capacidad de concentración y en la comprensión lectora del alumnado de los países más avanzados. Sostiene que ha alterado los hábitos hacia lecturas más fragmentadas vinculadas a la inmediatez. En cambio, la lectura pausada y comprensiva retrocede...Por primera vez en un cuarto de siglo, los alumnos ubicados en el cuartil más elevado en cuanto a índice socioeconómico y cultural son los que más han empeorado sus resultados. El Ministerio de Educación aún no tiene una explicación, pero distintas fuentes apuntan al impacto de la IA. El 90% de los alumnos españoles -estos datos no están desagregados por comunidades- utilizan chatbots de IA para resumir y elaborar textos, no para pensar o investigar...El informe ha introducido una novedad este año para medir la «actitud del alumnado hacia el aprendizaje», compuesto por dos indicadores: la «curiosidad» de los estudiantes para aprender cosas nuevas (sólo se ha medido en el ámbito de las Ciencias) y la «perseverancia» ante la frustración. Los alumnos vascos registran los peores datos en el primer apartado y los segundos peores en el segundo...Euskadi apenas tiene un 2% de estudiantes en los niveles más avanzados de rendimiento en Ciencias (la única competencia donde se ha analizado este factor). Sólo Ceuta y Melilla tienen menos...

El informe PISA constata las crecientes dificultades que tienen los alumnos para mantener la atención y el esfuerzo y relaciona la caída con una pérdida de estas capacidades. En Lectura, el rendimiento ha bajado, sobre todo, en los ejercicios que utilizaban textos largos. «Vemos un incremento en la lectura apresurada, con estudiantes que leen muy rápido, demasiado, y como consecuencia de eso no consiguen captar todo el contenido», señaló Tue Halgreen, analista senior de la OCDE y responsable de la coordinación del estudio, durante una rueda de prensa en el Ministerio de Educación español. «Las tareas específicas que dan problemas tienen que ver con la lectura de textos más largos: si tienen más de 400 palabras, que es lo que cabe en una pantalla, vemos más problemas».

No se han pronunciado oficialmente pero los empresarios manifiestan su malestar y ven con preocupación la nueva norma que aprobó ayer el Gobierno impulsada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que impone nuevas obligaciones en los contratos de trabajo –además de endurecer los periodos de prueba– y supondrá otro «palo en la rueda» para las compañías y, sobre todo, para los autónomos. «Burocracia, burocracia y más burocracia», lamenta a este periódico una fuente de la patronal, que estudiará con exhaustividad el real decreto –que el Ejecutivo no le había enviado– y sopesará si recurrirlo a los tribunales –como ya ha asegurado que hará con el registro horario si finalmente llega a ver la luz– por invadir competencias del Estatuto de los Trabajadores al utilizar un real decreto para modificar contenido que debería hacerse a través de una ley que pase por el Congreso.

Asociaciones de autónomos denuncian el peaje económico de las trabas normativas que en Gipuzkoa afectan a 66.000 profesionales. Las nuevas obligaciones contractuales aprobadas por el Gobierno central aterrizan en un contexto de extrema saturación administrativa para los profesionales por cuenta propia. Según denuncia la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), el colectivo soporta una carga burocrática «insoportable», viéndose obligado a destinar una media de 226 horas anuales exclusivamente a resolver trámites con las diferentes administraciones y a cumplir con sus obligaciones fiscales, laborales y de Seguridad Social. Esta montaña de papeleo no solo merma la capacidad operativa del trabajador, sino que se traduce en un duro golpe a la rentabilidad de los negocios. Tomando como referencia un coste medio de 15 euros por hora, el tiempo invertido en gestiones representa una pérdida de 3.390 euros anuales por cada autónomo. 

En un entorno donde los centros de datos y el edge computing prometen reconfigurar el mapa de la economía digital –como advirtió hace ya más de dos años el expresidente italiano Mario Draghi en su famoso informe–, los países europeos se lanzan a la carrera por atraer inversiones milmillonarias. Una competición donde España se encuentra bien posicionada para captar hasta 67.000 millones hasta 2030, según los datos de la patronal del sector de los data center, Spain DC. Sin embargo, este potencial para convertirse en uno de los epicentros europeos de las infraestructuras digitales choca con la falta de capacidad eléctrica en el país. Así lo pone de manifiesto un informe elaborado por la Cámara de Comercio de España, y donde se apunta que, pese a contar con una posición privilegiada para competir por los miles de millones de euros de inversión que regarán Europa en el próximo lustro, las distribuidoras eléctricas se están viendo obligadas a rechazar las solicitudes de capacidad para nuevos proyectos.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado un polémico proyecto de Real Decreto para regular los centros de datos que ha provocado un tsunami en el sector, donde se considera que sus restrictivas exigencias pueden provocar el éxodo de muchísimos proyectos a otros países. Una de las voces más críticas es la de Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, el territorio que acumula más inversión de centros de datos en España. "Los CPD son la piedra angular de toda la economía digital y un factor de crecimiento en el mundo tecnológico porque atraen mucha inversión de proximidad. Si se ataca frontalmente su instalación poniendo este tipo de requisitos, que hay que cumplir en un tiempo récord, y que son retroactivos para aquellos que todavía no están funcionando, lo que se hace es espantar la inversión..."

Navarra, Andalucía y Asturias, las más beneficiadas.  Apenas unos días después de que Hacienda lograse salvar el modelo de reforma de la financiación autonómica con los únicos votos a favor de Cataluña y Canarias en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), el Consejo de Ministros aprobó ayer una nueva concesión de 4.000 millones de euros adicionales para que ocho comunidades autónomas acometan inversiones en áreas como vivienda social, infraestructuras de transporte, medioambiente o transición energética. En concreto, el Gobierno dio luz verde ayer a un real decreto-ley que flexibiliza las reglas fiscales para permitir que las comunidades autónomas que cerraron el año pasado con superávit puedan emplear este remanente para acometer inversiones financieramente sostenibles durante los ejercicios 2026 y 2027. Por esta vía, ocho regiones podrán emplear los 1.435 millones de euros sobrantes de sus presupuestos de 2025.

Altos directivos del sector alertan de que la fuerte demanda, sumada a la destrucción de oferta, seguirá empujando al alza los costes del diésel y el queroseno. “La situación es preocupante. Si las circunstancias en Oriente Próximo no cambian, Europa se enfrenta a un invierno muy complicado por el elevado coste que puede alcanzar el diésel y los combustibles de aviación”. Este es el sentir mayoritario entre la industria del refino de petróleo en Europa, asegura un alto ejecutivo con responsabilidades en la producción de carburantes, que explica que desde hace semanas es el principal tema de conversación dentro de la asociación donde están presentes las principales empresas de la industria del refino en el Viejo Continente. Ya en abril, otro alto ejecutivo de una de las mayores petroleras europeas advertía a las autoridades en España de que venía un escenario muy complicado para el queroseno. Mientras,  el precio del brent subió ayer a 93,4 dólares y las previsiones apuntan a que no se relajará mientras se mantenga la violencia en la región y, con ello, el bloqueo del estrecho de Ormuz y también las dificultades de navegación por el mar Rojo.

La autoridad monetaria europea recibirá el nuevo curso con una subida de los tipos de interés, un movimiento que llevará el precio del dinero al 2,5%. Una vez que se confirme esta decisión el jueves, sobre la que no existen apenas dudas, el BCE habrá afrontado la segunda subida de las tasas de este nuevo ciclo de presión inflacionaria. Con ello, los tipos de interés alcanzarán niveles desconocidos desde marzo del pasado ejercicio. No existe un solo miembro del Consejo de Gobierno de la institución que preside Christine Lagarde que se haya pronunciado públicamente en contra de una subida del precio del dinero que ya fue prácticamente telegrafiada en la cumbre monetaria de julio. El regreso de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, con el impacto sobre el estrecho de Ormuz y su derivada sobre los precios de la energía, apuntalan una decisión que el mercado descuenta prácticamente al 100%.

«El negocio está en el espacio», señalaba un directivo del sector de las telecomunicaciones a este periódico en los pasillos del 40º Encuentro de la Economía Digital y las Comunicaciones, organizado por Ametic en Santander. Las grandes telecos europeas parecen haber tomado nota. Deutsche Telekom, Orange, Vodafone y Telefónica mantienen conversaciones preliminares para formar un consorcio con el que pujar por parte del espectro satelital que Bruselas quiere reservar a operadores europeos y ofrecer conectividad directa al móvil desde el espacio. La operación, adelantada por Bloomberg y confirmada por Reuters, se encuentra todavía en una fase inicial y permitiría, según estas fuentes, a los cuatro grupos plantar cara a Starlink, la compañía de Elon Musk que lidera el despliegue de este tipo de servicios, y reforzar al mismo tiempo la autonomía europea en una infraestructura que Bruselas considera cada vez más estratégica.

La plantilla de Airbus España decidió ayer mantener la huelga indefinida con un escaso margen de 67 votos a favor de seguir con el paro. La balanza la decantó la planta de San Pablo (Sevilla), que el lunes no pudo concretar la votación por problemas técnicos, ayer con un 76% de los votos a favor. Este último resultado se sumó al total de las votaciones que se efectuaron en el resto de plantas españolas de la empresa, donde debían decidir si mantener o no la huelga hasta que se someta a referéndum el preacuerdo alcanzado el viernes entre la dirección de la empresa y algunos sindicatos mayoritarios, una cita prevista para septiembre, pero para la que aún no hay una fecha concreta. Ante un resultado general tan ajustado, el comité de huelga –organizado en torno a los sindicatos UGT, CGT y ÚTIL– decidió mantener el parón indefinido, pero retirará los piquetes en las puertas de los centros a partir de este miércoles y “pausará el conflicto”, según informó en un comunicado.

Revolut se ha consolidado como uno de los mayores casos de éxito de la banca digital a nivel global. Lo que nació como una app financiera útil para el público joven y viajero, es hoy una entidad rentable con una oferta integral que compite con la banca tradicional en determinados segmentos. El neobanco originario de Reino Unido ha logrado más 6,5 millones de clientes en España en apenas una década. Pero quiere más. Y para lograr los objetivos del nuevo ciclo estratégico, la dirección global ha confiado en Santiago Pérez Olano (Barcelona, 1985). "Diría que hay cuatro patas. La primera, continuar con el crecimiento acelerado. Nuestro objetivo es tener 8 millones de clientes a finales de 2026. Es decir, añadir 2 millones de clientes nuevos en solo un año. La segunda estrategia es de penetración. Tenemos muchos productos, y varios de nuestros clientes usan uno o una combinación de varios, pero conseguir afianzar todos los productos con esa clientela tan larga es otra prioridad. La tercera es la localización de los productos. Tenemos un modelo de suscripciones que funciona muy bien, pero que queremos seguir impulsando. Y la última es la innovación: seguir ofreciendo soluciones innovadoras..."

España, Japón o Eslovaquia blindan sus sistemas de reparto mientras que Alemania, Luxemburgo o Bélgica alivian la presión fiscal para quienes trabajan más allá de la jubilación. El envejecimiento de la población preocupa a los países de la OCDE. La inminente avalancha de jubilaciones de la generación del 'baby boom' pone en jaque la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y obliga a tomar medidas que fomenten la prolongación de la vida laboral de la población o aumenten las cotizaciones. De este modo, los países miembros de la organización pretenden blindar los sistemas de reparto y asegurar su viabilidad financiera en el futuro. Cada vez son más los trabajadores en el entorno de la OCDE que reciben incentivos para trabajar más allá de la edad de jubilación. Los países más ricos de la organización trataron de fomentar también en 2025 una práctica que es muy habitual en las naciones más desfavorecidas y cuyas pensiones públicas no están lo suficientemente blindadas. 

Máxima expectación entre las grandes corporaciones industriales europeas cuyo presupuesto depende, en gran medida, del sistema de compra de bienes y servicios públicos. El colegio de comisarios tiene previsto reunirse hoy para lanzar la primera propuesta de lo que será el reglamento de contratación pública de la UE, la base que determinará la capacidad de los Estados miembros para elegir a sus proveedores. Entre las principales novedades del texto legal, los abogados consultados destacan el principio de “preferencia europea” por el que España y el resto de socios dispondrán de una nueva herramienta para imponer barreras de entrada a compañías de terceros país. “Es una norma hecha para combatir el déficit de reciprocidad de China, cuyas empresas invaden el mercado comunitario sin dar en su territorio el mismo trato a los industriales europeos”, indican las fuentes consultadas.