20260818

Es una reivindicación que la patronal lleva años planteando, al advertir de que la falta de una norma similar a las que ya existen en comunidades vecinas como Aragón está retrasando la llegada de nuevos proyectos a Euskadi. El texto deberá terminar de tomar forma a través de las enmiendas de los grupos, que tendrán sobre la mesa las posiciones que los sectores afectados han comenzado a trasladar mediante comparecencias y escritos remitidos a la comisión de Industria, Transición Ecológica y Sostenibilidad. Entre ellas está la de las patronales de la construcción, que han cerrado filas en torno al objetivo de la reforma y reclaman avanzar en la reducción de las trabas administrativas. Ascobi-Bieba, Ascongi y Sea-Uneca sostienen que el sector lleva años soportando «procedimientos excesivamente complejos», por lo que respaldan la integración de procedimientos y el recurso a declaraciones responsables, al mismo tiempo que insisten en que «una Administración ágil y coordinada no supone una menor garantía para el interés general». Esta posición choca, sin embargo, con la de quienes consideran que algunas de las trabas que se pretenden eliminar actúan también como mecanismos de protección. Euskal Herria Bizirik, una plataforma que agrupa a colectivos locales críticos con la proliferación de grandes proyectos energéticos, rechaza la reforma al entender que supone un intento de «desmantelar garantías ambientales» y «limitar la participación de la sociedad» para facilitar iniciativas con un elevado impacto territorial. Los recelos se extienden al sector agrario.