20260907

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La mitad de los trabajadores asalariados de Euskadi dependen de una negociación que afectará a 45 convenios colectivos. El contexto es complejo. La inflación se sitúa en el 4,3%, más de un punto por encima de los incrementos salariales pactados para este año. El metal de Álava y Bizkaia está entre los grandes frentes abiertos, y en 2027 el de Gipuzkoa. Solo la mitad de la población asalariada llegó al verano con sus convenios actualizados en el País Vasco, un 49,7% frente al 56,9% marcado el año pasado. En total, 310.000 trabajadores tenían en junio sus acuerdos prorrogados y casi 30.000 los arrastran decaídos desde hace años. En los próximos meses se pondrán en juego miles de delegados, entre ellos los de las dos mayores factorías vascas, Mercedes y Michelin, que juntas suman cerca de 8.500 trabajadores y que el próximo año deberán abordar sus convenios de empresa. La patronal Cebek ve en estos procesos la necesidad de «evolucionar en la forma de negociar» con acuerdos que no se vean encorsetados por «marcos construidos hace décadas». «Frente a una visión sindical fundamentalmente centrada en la incorporación y ampliación de derechos de los trabajadores, desde la parte empresarial se viene reclamando desde hace muchos años que el convenio sea también un instrumento capaz de atender necesidades empresariales relacionadas con la organización del trabajo, la productividad, la flexibilidad, el absentismo, la clasificación profesional o la adaptación a los cambios económicos y productivos», explican. En el otro lado de la mesa, los sindicatos advierten ya donde van a marcar sus fronteras. La responsable de sindicalización en ELA, Ane Miren Zelaia, advierte que no aceptarán subidas salariales por debajo del IPC y fijan este índice «como una referencia mínima para la firma de los convenios». 

En los próximos meses se abre el llamado periodo de concentración de elecciones sindicales que solo entre septiembre y finales del 2027 llevará a las urnas a los trabajadores de 747 empresas vascas. En estas elecciones sindicales se elegirán unos 5.800 delegados vascos que pasarán a representar las plantillas de firmas como Tubos Reunidos en Álava, Ibermática en Bizkaia, Aceros Inoxidables Olarra, Bridgestone, Prosegur, Euskotren o Arcelormittal España, entre otras. Destaca especialmente el caso de las gigantescas Mercedes y Michelin Vitoria, que el próximo año deberán renovar también sus convenios. La primera lo hace con el recuerdo todavía fresco de un proceso en 2022 que tardó 19 meses en gestarse y en el que este año jugarán mucho más los más de 1.400 trabajadores procedentes de una ETT que arrastra la plantilla, y a los que los sindicatos quieren atraer. La segunda afrontará por primera vez un acuerdo propio para la planta alavesa, lo que dará un especial peso a sus delegados tras un acuerdo alcanzado hace tres años que salió adelante con el consenso de las plantas españolas, pero en contra de la mayoría vasca. Este proceso podría alterar los porcentajes de representación de las centrales vascas que encabezan ELA (40,3%), LAB (20,9%), CC OO (17,4%) y UGT (10,2%).

Las importaciones de Gipuzkoa desde China podrían alcanzar este año una cifra récord y superar los 694 millones de euros registrados en 2022. El gigante asiático ha acelerado sus ventas al territorio, con 365 millones de euros hasta junio, un 12,4% más que en el mismo periodo del año pasado, y se ha situado ya a solo 42 millones de Francia, segundo proveedor de las empresas guipuzcoanas. Si mantiene este ritmo, China podría adelantar al país vecino y escalar por primera vez a la segunda posición. La automoción es uno de los sectores económicos donde más claramente se percibe el cambio de escenario. Una parte importante de las compras corresponde a maquinaria, componentes, material eléctrico y productos metálicos que entran de forma directa en las cadenas industriales.

Gipuzkoa ha recibido hasta marzo de este año un total de 1.226 millones de euros procedentes de los fondos Next que instauró la Unión Europea para hacer frente a las fuertes consecuencias de la pandemia de covid, que paralizó la actividad económica. Articuladas a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia MRR y gestionadas por el Gobierno Vasco, estas ayudas extraordinarias han beneficiado a 9.039 empresas, centros tecnológicos y entidades sociales que conforman una lista encabezada por Irizar, CAF y Ayesa Ibermática, ahora Ayesa Digital. Si bien la industria manufacturera es la actividad con mayor financiación, el sector de la construcción también recibe un importante porcentaje de estos 1.266 millones. las más beneficiadas Entre las que han tenido mayores desembolsos en Gipuzkoa destacan Construcciones Sukia, con algo más de 35 millones de euros; Construcciones Moyua, que ha recibido 34 millones; Altuna y Uria, perceptora de algo más de 23 millones de euros, y la UTE Dragados y Construcciones Moyua, muy cercana con poco menos de la misma cantidad, 22,8 millones de euros. La larga lista incorpora reconocidas empresas guipuzcoanas con proyección internacional como las tecnológicas Multiverse Computing de Donostia, que recibe 31,5 millones de euros, y CounterCraft también de la capital guipuzcoana con 1,5 millones; Sapa de Andoain con 19,5 millones; las papeleras Papresa de Errenteria y Papelera del Oria de Zizurkil, beneficiarias de algo más de un millón de euros; Bidasoa Metal 78 de Irun, cuyo proyecto en Zumarraga es financiado con cinco millones de euros, o la innovadora AVS, cuyas propuestas son merecedoras de 6,3 millones de euros de estos fondos europeos.

"... Funcas y Afi estiman que los fondos europeos explicaron entre el 10% y el 14% del crecimiento medio anual del PIB español entre 2021 y 2025. No es poco. Pero su efecto verdaderamente transformador sigue siendo limitado. BBVA Research añade un dato más incómodo: pese a la magnitud de los recursos movilizados, la productividad por trabajador apenas muestra hasta ahora una mejora apreciable y buena parte del crecimiento se concentra en servicios no directamente afectados por el programa. Y sin alzas de productividad resulta difícil hablar de transformación duradera. Existe además una cuestión menos visible: la adicionalidad. La inversión pública alcanza su máxima utilidad cuando añade capital que de otro modo no habría existido. El Banco de España aporta aquí un dato favorable: alrededor del 45% de las empresas beneficiarias declara que no habría acometido los proyectos sin las ayudas y otro 31% los habría realizado solo parcialmente. Pero BBVA estima también que parte de la inversión financiada habría tenido lugar de todas formas, aunque reconoce que, sin los fondos, la inversión en construcción no residencial sería un 8% inferior a la actualmente observada. Luces y sombras que aconsejan evaluación antes que propaganda..."

La organización, que recibe tras cada edición un informe realizado por Fifty5Blue (la antes denominada Kantar Media), cifra el impacto económico de la cita en «más de 84 millones de euros», según los datos que maneja de 2025. Esta vez está previsto que el evento crezca aún más porque va a aumentar su presencia en la ciudad, con la consiguiente posibilidad de acoger a más público. Y es que a la sede del Palacio Europa, donde se organizan los estrenos exclusivos de series, programas y documentales por las obras del Teatro Principal, se va a sumar Arkabia, la ‘casa’ de la Fundación Vital en la calle Postas. Una expansión de las antenas del certamen catódico que también dejará huella en los bares y restaurantes del centro. En este sentido, según destacan los hosteleros, la mayoría de las estrellas que se pasean estos días por la ciudad no realiza reservas previas, excepto cuando se trata de los encuentros con la prensa y fiestas privadas que organizan las cadenas en diferentes establecimientos. En la misma teoría conviene Juan Carlos Antolín, al frente de SEA Hostelería. «En el entorno del Europa y Sancho El Sabio se genera mucho ambiente. Por ejemplo, en Kotarro (local del que es propietario) este año una cadena incluso nos ha reservado todo el comedor un día porque saben que no cerramos cocina». El resto «es esporádico, pero la gente se mueve al centro y hay que tener en cuentaalos‘staff’,quesonequipos muy grandes y también consumen por aquí».

“Si Sánchez pierde el Gobierno no será por la economía. Le pasará como a Biden, será por todo lo demás”. Una fuente del Gobierno resume así el sentir de muchos de los ministros del área económica, que cada vez encuentran más dificultades en arañar margen de mejora en sus carteras. En ocho años de Gobierno socialista el salario mínimo ha subido un 66% y la tasa de paro ha caído a mínimos desde 2007. Pero la inflación se ha incrementado un 26% y el esfuerzo para comprar una vivienda se lleva más del 36% de los ingresos de un hogar, cuando en 2018 estaba en el 30%, lo que los economistas consideran el límite de lo razonable. El coste de la vida y la dificultad por acceder a una vivienda han empañado los logros objetivos en estabilidad y creación de empleo, un desafío global de las economías desarrolladas que los Ejecutivos cada vez tienen más problemas en atender y que marcará la agenda económica del otoño. El calendario político hace coincidir en España el inicio del curso con los estertores de la segunda legislatura del Gobierno de coalición progresista. Lo que se apruebe en los próximos meses dejará el sabor de la campaña electoral.

Los estudios superiores pesan cada vez más en el presupuesto de las familias y en la necesidad de financiación cuando empieza la vida universitaria. Los préstamos destinados a pagar los gastos representan ya el 14,2% del crédito al consumo dispuesto por los hogares, mientras la inflación acumulada ha ido reduciendo el margen para afrontar estos gastos con recursos propios. El porcentaje de familias que recurre al crédito está experimentando un repunte en los últimos años y los préstamos se han cuadruplicado en la última década, según el balance histórico analizado por la Asociación de Consumidores (Asufin). La matrícula representa entre el 7% y el 11% del gasto anual de un estudiante desplazado. Un curso de 60 créditos en una universidad pública en España ronda los 929 euros, un 25,5% menos que hace diez años. Pero la cuantía se incrementa en el caso de una universidad privada, donde el coste de los estudios presenciales oscila entre los 4.700 y 20.000 euros, según los datos aportados por HelpMyCash. Pero el gasto que marca la diferencia se produce cuando el estudiante tiene que trasladarse a vivir fuera del domicilio familiar. 

La mejora de los salarios con unas bases de cotización más elevadas, la revalorización de la cuantía máxima fijada por ley y el impacto de los fijos discontinuos inactivos están impulsando el gasto en prestaciones por desempleo paradójicamente en un contexto de reducción del paro. La factura acumulada entre los meses de enero y julio –último dato disponible– asciende a 14.695 millones de euros, lo que supone un gasto medio mensual que supera ligeramente los 2.000 millones. De este modo, en los siete primeros meses del año el Estado ha destinado a prestaciones a parados un 3,8% más que el mismo periodo del pasado ejercicio y un 22% más que hace cuatro años (12.051 millones entre enero y julio de 2022). Sin embargo, las listas del SEPE registraron a cierre de julio 2,31 millones de parados, 93.107 personas menos que en el mismo mes del pasado ejercicio (una caída de casi el 4%) y el nivel más bajo para este periodo de 2007. Es decir, la estadística dibuja un escenario de caída del número de parados mientras aumenta la factura de las prestaciones. De hecho, este nivel de desembolso en los primeros siete meses de 2026 es no solo el más elevado desde los exagerados niveles de pandemia, cuando el gasto estuvo altamente afectado por los ERTE especiales por covid –donde los trabajadores afectados tenían derecho a prestación sin consumir paro– llegando a alcanzar los 23.064 millones entre enero y julio de 2020, sino que hay que retroceder a 2014 para observar un nivel de gasto superior (15.406 millones en el periodo observado) si descontamos los episodios extraordinarios de la crisis sanitaria.

En las principales ciudades de España cabe mucha más ciudad. Los nuevos barrios que están proyectándose, con edificios de poca altura, grandes y anchas avenidas y suelo sin desarrollar, suponen un coste de oportunidad en un contexto de escasez de vivienda marcado por un fuerte desacople entre la creación de nuevos hogares y la disponibilidad de casas. Al menos así lo cree el Banco de España, que ante esta tesitura apunta a una mayor densificación de las grandes localidades como fórmula que ayude a aliviar parcialmente la situación. Las ciudades y el sector inmobiliario llevan ya un tiempo hablando de ello. Y el supervisor pone cifras al fenómeno en su último informe anual: ha calculado que un uso más intensivo del suelo urbanizable permitiría construir entre 500.000 y 1,2 millones de viviendas adicionales en las seis principales áreas urbanas de España, un potencial que se concentraría principalmente en Madrid y Barcelona. Tanto arquitectos como promotores inmobiliarios coinciden en que ese margen de crecimiento debe interpretarse como un escenario teórico y advierten de que, sin una profunda reforma de los procesos urbanísticos y sin nuevas inversiones en infraestructuras y servicios públicos, la densificación difícilmente tendría efectos a corto plazo sobre la crisis habitacional.

Los bancos están rejuveneciendo sus plantillas y nutriéndolas a toda velocidad con perfiles muy concretos. Necesitan especialistas en IA, en analítica de datos, computación en la nube y ciberseguridad. La presión es elevada porque compiten con las grandes compañías tecnológicas por fichar a los mejores matemáticos, físicos e ingenieros. Pero también están recurriendo a estudiantes recién salidos de grados superiores de Formación Profesional (FP) para puestos tecnológicos más técnicos. El sector se enfrenta a un cambio de paradigma a raíz de la irrupción de la inteligencia artificial generativa, que tiene el poder de mecanizar muchas tareas de bajo nivel intelectual y multiplicar la productividad. No todas las posiciones tienen que cubrirse forzosamente con los llamados científicos de datos, muy bien pagados en todas las entidades y muy buscados. Muchas de estas tareas pueden ser ejecutadas por perfiles procedentes de grados superiores de FP y la banca les está haciendo hueco, tanto en la red de sucursales como en servicios generales. Son estudiantes de ciclos de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Desarrollo de Aplicaciones Web y Administración de Sistemas Informáticos en Red, entre otros. La banca también utiliza la cantera de la FP para funciones de gestión administrativa, ventas, márketing y publicidad. Es decir, para casi todo lo que no está directamente relacionado con asesoramiento a clientes en productos de inversión. 

La Comisión Europea se ha comprometido a rebajar los costes de la burocracia en un 25% para 2029 y ha lanzado ya 12 paquetes ómnibus de simplificación normativa. La intención es clara: aprovechar la agenda de simplificación regulatoria de la Comisión Europea para dar un fuerte impulso a su competitividad. Las citas multiplican por cinco, de media, los encuentros mantenidos en el comienzo de la pasada legislatura. Se trata de un incremento que refleja el renovado interés de las empresas españolas por estar cerca de las decisiones regulatorias. Los delegados en Bruselas de las grandes compañías son conscientes de que, en plena revolución legislativa, las normas que se aprueben impactarán en su negocio en los próximos años. Al margen de ArcelorMittal, emplazado en Luxemburgo, tres gigantes españoles se colocan a la cabeza en lo que se refiere al incremento de la actividad de lobby en la capital europea: Telefónica, Santander y Repsol. La compañía de telecomunicaciones lidera el ránking de encuentros de alto nivel con representantes de las instituciones europeas al sumar nada menos que 105 en los 20 meses de la segunda legislatura que acumula Von der Leyen al frente de la Comisión. En su caso, el debate europeo está al rojo vivo, pues en estos momentos se está gestando un cambio en las normas sobre las exigencias en materia de competencia de las fusiones y adquisiciones, un elemento considerado clave para que el sector recupere la rentabilidad. Las empresas de menor tamaño se apoyan más en las asociaciones y optan por intermediarios. 

El Plan Futuro 2030 pretende adaptar al gigante automovilístico a una nueva realidad en la que los fabricantes chinos dominan de cabo a rabo la cadena de valor del vehículo eléctrico y se han lanzado a exportar sus productos a casi todo el mundo. Dicho plan busca aumentar de forma sensible los márgenes de ganancia por cada venta del grupo hasta el 9%, más del doble que el 3,8% que registró en el primer semestre de este año. Para ello, Volkswagen aligerará su estructura de costes: pasará de una capacidad productiva de 12 millones de coches anuales a nueve millones. Conllevará el cierre de plantas, cuatro de ellas en Alemania (el consorcio ha asegurado que se le están buscando usos alternativos) y una reducción adicional de empleo a la ya anunciada previamente de 50.000 trabajadores hasta 2030 —desde 2024 acumula un ajuste ya de 100.000 empleos—. Si bien se trata de un severo recorte, es menor al esperado, después de que en junio se filtrara a la prensa alemana que este ajuste extra sería de 100.000 puestos de trabajo, algo que finalmente se ha reducido a la mitad. “Parece más bien un acuerdo de mínimos que una reestructuración de mayor calado”, apuntaban fuentes internas de la compañía. 

Si algo evidencian las cifras es un desplome de las llegadas de gas natural licuado (GNL) por barco. En concreto, en las terminales de regasificación españolas se descargó casi un 23% menos de GNL que en el mismo periodo de 2025. La causa principal está en los buques metaneros que cambian de rumbo en busca del mejor postor para unos cargamentos que siguen estando muy cotizados por el bloqueo en Ormuz. A estas alturas del año, fuentes del sector descartan riesgo de desabastecimiento en España este invierno. Los almacenes subterráneos cerraron agosto al 74% de llenado, nueve puntos porcentuales por encima de la media de la UE (65%). Si bien, la capacidad física de nuestro subsuelo también es significativamente menor a la de Alemania o Francia, por lo que el mismo porcentaje de llenado aquí se traduce en menos toneladas de combustible guardado. Con todo, España es mucho menos dependiente de esas reservas bajo tierra que la mayoría de los Estados miembros. Y es que el verdadero escudo energético del país para los meses de frío son sus terminales de regasificación, estructuras portuarias gigantescas donde el GNL que llega por vía marítima se almacena y se vuelve a transformar a su estado gaseoso original.

Navegar por Ormuz es cada vez más arriesgado y más caro y, sin fecha prevista para la vuelta a la normalidad, poseer un buque petrolero es la llave para dar salida a una mercancía que el mundo reclama con avidez. La alternativa de tener barcos en propiedad, en lugar de alquilarlos, despierta cada vez más interés entre los países productores de crudo, y ha desatado una competencia feroz por su adquisición. Para los países productores de petróleo, la posesión de un buque se ha convertido en una cuestión estratégica, aunque su adquisición sea difícil por los elevados precios y por la escasez de oferta en un mercado muy concentrado en unos pocos operadores. De hecho, la actividad de los petroleros está dejando enormes beneficios a armadores y navieras, que ven revalorizarse por las nubes el valor de sus buques al tiempo que se dispara el precio de los fletes. El consejero delegado de la petrolera francesa TotalEnergies cifró a finales de agosto en 20 millones de dólares (unos 17 millones de euros) el coste de transportar petróleo por Ormuz. Navieras y armadores deben asumir riesgos mucho mayores si desean navegar por la zona, lo que se traduce de forma directa en fletes y seguros marítimos más caros y está disparando el precio de los buques petroleros. 

"...Los iraníes sufren cada vez más las consecuencias económicas del bloqueo. Dos semanas atrás, se formaron largas colas frente a las gasolineras de Teherán debido a la escasez de petróleo que sufre la República. La inflación galopante, en particular el aumento vertiginoso de los precios de los alimentos, se ha convertido en el tema principal de conversación en la capital. Los estantes de los supermercados están bien surtidos, pero el precio de los productos sube casi a diario. No obstante, los analistas no esperan que el régimen, que durante décadas ha trabajado para sortear y resistir las sanciones occidentales, capitule...A pesar de las afirmaciones de Estados Unidos sobre el aumento del flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, el presidente Donald Trump ha tenido hasta ahora poco éxito a la hora de conseguir rebajar los precios del combustible antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre. El crudo Brent ronda los 97 dólares el barril, mientras que el precio promedio del diésel en las gasolineras estadounidenses alcanzó los 5,78 dólares el galón el miércoles, superando el máximo de la guerra registrado en abril, según la Asociación Estadounidense del Automóvil. Ya no hay conversaciones entre Estados Unidos e Irán...“Nos encontramos en un prolongado punto muerto”, explica Sanam Vakil, de Chatham House, añadiendo que ninguna de las partes está dispuesta a ceder su influencia a menos que puedan reclamar una victoria sobre la otra. “El equipo de Trump cree ahora que puede usar la presión económica para estrangular lentamente a Irán y que haga concesiones”, afirma Vakil. “Pero no entienden que existe un margen de tiempo muy estrecho para que ambas partes lleguen a un acuerdo. De lo contrario, volveremos a una mayor escalada”.

Los partidos que sostienen la coalición de Merz, CDU y SPD, sufren un duro revés que pone en cuestión sus políticas. En el número 6 de la calle Alter Mark de Magdeburgo, donde tiene su sede regional el partido Alternativa para Alemania (AfD), no se brindaba anoche con champán, sino con Weissburgunder blanco. Haciendo gala de sus principios proteccionistas, no era posible beber otra cosa que no fuese este vino de la denominación Saale Unstrut, el viñedo más septentrional de Europa. Se alzaban las copas, eso sí, con entusiasmo, celebrando el resultado del 44,2% –aún sin escrutar todo el voto– en las elecciones regionales del Estado de Sajonia-Anhalt, lo que supone un aumento del 23,4% y un hito en la historia de la República Federal. La formación democristiana (CDU) del canciller Friedrich Merz se desploma y pasaría de 40 a 16 diputados. A pesar del arrollador porcentaje, que acaricia la mayoría absoluta, no parece que vaya a ser suficiente para un gobierno en solitario de los ultras. Si se mantiene el estricto «cortafuegos» al que el resto de fuerzas políticas somete a este grupo de extrema derecha, la central del partido desde Berlín aboga por un gabinete en minoría. Ayer mismo ya comenzó la búsqueda de tránsfugas.

Los resultados de una encuesta para El País y la SER revelan que las opiniones negativas sobre el Gobierno se extienden a todos los aspectos de la gestión examinados: cohesión —ha habido públicas discrepancias entre los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Defensa, Margarita Robles—, transparencia, eficacia y rapidez. En los cuatro casos, los porcentajes de quienes creen que el Ejecutivo lo hizo “mal” o “muy mal” superan con holgura a quienes lo ven de la forma contraria.revelan una pobre estima por la acción del Gobierno durante la crisis. Cerca de un 63% cree que Pedro Sánchez lo ha hecho “mal” (12,8%) o “muy mal” (49,9%). Solo un 14,2% juzga que la tarea del presidente merece ser valorada “bien” o “muy bien”, números incluso peores que los del conjunto de su Gobierno, que también recibe una muy extendida reprobación.