20260915

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

En los primeros seis meses de este año, Lanbide ha emitido de media 222 reclamaciones al día para que titulares de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) devuelvan dinero que la Administración les había ingresado sin que cumplieran las condiciones para ello. Les exige nada menos que 29,5 millones de euros de cuantías abonadas por error este ejercicio o en otros anteriores. El de los pagos indebidos es un grave problema para el Servicio Vasco de Empleo y también para los perceptores, personas vulnerables que se ven en la obligación de restituir esos importes –a veces años después– incluso cuando el fallo es imputable a la Administración. Pero no siempre se pueden cobrar. En muchos casos los mecanismos de control llegan tarde y ese dinero no se devolverá al erario público. Desde 2022, el Gobierno vasco ha dado por perdidos 38 millones tras declarar prescritos hasta 18.601 expedientes de reintegro. Esta situación se debe, según recoge un informe del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo remitido al Parlamento vasco, a «la imposibilidad» de recuperar el dinero «en los plazos que marca la normativa». Antes, el tiempo tras el que Lanbide no tendría derecho a demandar se situaba en cuatro años. Desde la entrada en vigor en marzo de 2023 de la nueva ley de la RGI, se ha limitado (salvo en algunas circunstancias) a dos años.

Ni siquiera el descenso de contrataciones en agosto frena el ascenso de cotizantes entre la población extranjera, que alcanza un nuevo récord en Euskadi con 120.186. El proceso de regularización extraordinario, que recibió cerca de 50.000 solicitudes en el País Vasco, ha dado alas a la cifra de afiliados que ha crecido más de un 17% en el último año; hay 17.763 más que en agosto de 2025, por lo que el colectivo representa ya siete de cada diez trabajadores ganados en este periodo (son el 72,5% de los 24.487 que se han incorporado en el País Vasco). Los resultados suponen además el primer agosto de los últimos tres ejercicios en el que su cifra no va a la baja en la evolución mensual (sólo 2022, cuando ganó 71, y durante el verano de la pandemia se rompió esta tendencia) y refleja su mayor incremento según los registros del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. Frente a los ligeros descensos de 2024 y 2025 –entonces su número se redujo en unas 200 personas–, el pasado mes el dato en el País Vasco aumentó en 1.500 personas (un 1,25% más).

Return Energy, inversor holandés especializado en el desarrollo de proyectos de energía renovable, ha puesto el foco en Bizkaia y ha comenzado a construir tres baterías de almacenamiento energético, que tendrán una capacidad conjunta de 55 MW/ 220 MWh. Estos sistemas, conocidos como ‘BESS’ por sus siglas en inglés (Battery Energy Storage System), están ubicados en Güeñes, Barakaldo y Lezama y reforzarán la red eléctrica en el entorno de Bilbao. Al mismo tiempo, serán de utilidad para que la región absorba y utilice una mayor cantidad de energía renovable. La puesta en marcha de las infraestructuras llega después de que Return haya alcanzado el cierre financiero para la operación. El banco neerlandés Rabobank ha aportado 50 millones de euros para su construcción y otras garantías crediticias. La gigante china CATL (líder mundial en sistemas de almacenamiento de energía) suministra la tecnología de las baterías y los servicios de mantenimiento a largo plazo y, por último, el contratista español Everland es la entidad encargada de ejecutar el proyecto sobre el terreno.

El sistema vasco de Formación Profesional sigue ganando prestigio y, en consecuencia, alumnado, atraído en gran medida por los elevados índices de empleabilidad. Según recordó ayer el lehendakari, Imanol Pradales, el 90% del alumnado encuentra trabajo en el plazo de seis meses después de haber finalizado sus estudios, aunque hay varias ramas del conocimiento en las que el acceso al mundo laboral se produce incluso antes. En términos globales, el 41,5% del alumnado estudia en ámbitos industriales, el 56% en servicios y el 2,5%, en el sector agrario-marítimo-pesquero. Además, más de 20.000 empresas colaboran de manera estable con el sistema vasco de FP. El lehendakari presidió ayer la apertura de curso de FP, una de las joyas de la corona de la educación vasca y donde estudian más de 51.000 alumnos. En su intervención aprovechó para asumir el varapalo del informe PISA y pedir «autocrítica».

Nerea Garmendia se ha convertido en la primera mujer en presidir Mutualia en los 126 años de historia de la entidad. La hasta ahora vicepresidenta primera ha sido elegida por la Junta Directiva de la mutua para tomar el relevo de Urtsa Errazti, que deja el cargo después de 25 años al frente de la organización. Garmendia formaba parte de la Junta Directiva de Mutualia desde enero de 2020, cuando asumió también la vicepresidencia primera. Desde entonces ha participado en la gestión de la entidad a través de su comisión ejecuti- va. En la actualidad repre- senta en el órgano de direc- ción a Plastigaur, empresa familiar guipuzcoana en la que ejerce como directora financiera. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto, la nueva presidenta ha completado su formación con distintos cursos en comercio internacional, prevención de riesgos laborales y dirección financiera. Su nombramiento supone además un cambio significativo en la dirección de Mutualia, ya que a falta de cubrir la vicepresidencia, la Comisión Ejecutiva estará integrada únicamente por mujeres.

En su intervención durante la apertura del curso, el rector José Ramón Bengoetxea pidió «garantizar» una financiación «suficiente» para la universidad, en un contexto internacional en el que China y Estados Unidos se perfilan como las grandes potencias que tratar de imponerse a Europa no sólo en el ámbito económico, sino también en el investigador y en tecnologías como la Inteligencia Artificial. Bengoetxea insistió en que su intención no es «demonizar» la IA pero sí mostró su «preocupación» con «nuestra absoluta dependencia de ella». Reconoció que su impacto en la docencia es «enorme», por lo que llamó a «explorar sus oportunidades» sin «confiarle todo el conocimiento». El rector no profundizó en la falta estructural de financiación de la institución académica y que le ha valido varios encontronazos con el Gobierno vasco. Tampoco hizo mención a la ausencia del lehendakari, que estuvo un par de horas antes en el acto de apertura del curso de Formación Profesional en un centro situado apenas a un kilómetro de distancia. 

ELA y LAB criticaron ayer los primeros dos años de la legislatura de Imanol Pradales, al que los primeros reprocharon su «inacción» mientras los segundos «suspendieron» sus políticas en favor de los trabajadores. Durante la ronda de contactos que el lehendakari abrió la semana pasada con los agentes sociales –hoy será el último encuentro con la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe–, ambas centrales criticaron el deterioro que sufren los servicios públicos, su falta de compromiso con un salario mínimo propio y le pidieron anular la Ley vasca de Participación Institucional que pretenden llevar al parlamento. El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, reclamó al lehendakari que «interpele directamente a la patronal» para que se siente a negociar con los sindicatos un salario mínimo propio de 1.500 euros para este año. También fue crítico con la reforma fiscal propuesta por ambos partidos del gobierno, que tachan de «insulto a las familias que peor lo están pasando», mientras se dota de «privilegios fiscales» a las empresas aprobando en las diputaciones que paguen un 9% sobre su beneficio contable, frente al 25% con el que «al menos deben contribuir».

Los trabajadores de la empresa Divipa –una compañía ubicada en Derio dedicada a la fabricación y distribución de materiales autoadhesivos, principalmente para etiquetas– empezaron ayer una huelga indefinida en protesta por el cierre de la planta «y la deslocalización de su actividad a Girona». La decisión, planteada por el grupo italiano Fedrigoni, propietario de la compañía desde 2022, amenaza los 56 puestos de trabajo que mantiene actualmente la fábrica vizcaína. De estos, 27 serían despedidos, a otros 13 dependientes de ETT se les rescindiría el contrato y otros 16 serían trasladados a Girona. El comité, formado por tres delegados de ELA, cuestiona además la forma en la que se ha planteado el cierre. El sindicato sostiene que el expediente presentado por la compañía contiene «irregularidades y contradicciones» y apunta a posibles incumplimientos de las garantías recogidas en el Convenio de Artes Gráficas de Bizkaia. También pone en duda cuándo se tomó realmente la decisión de abandonar Derio, ya que asegura que la inversión necesaria para llevar la producción a Girona habría sido acordada antes de iniciarse el actual procedimiento.

Solo hay un fabricante de trenes con una velocidad de circulación comercial homologada de 350 kilómetros por hora y solo uno tiene una distancia de 1.080 milímetros entre vagones. Es el japonés Hitachi y, según denunció el Partido Popular ayer en Bilbao, es para quien parece diseñada la mayor compra de trenes de alta velocidad de Renfe. Un contrato de 4.140 millones de euros que está actualmente en el proceso de valoración de las ofertas presentadas hasta el pasado 23 de junio. Esos detalles, como la velocidad, la distancia entre vagones o el número de asientos, son elementos recogidos en el pliego para contratar la fabricación y el mantenimiento de entre 30 y 40 trenes de alta velocidad que el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha lanzado con el objetivo de reforzar los servicios de Renfe y bajo la exigencia de unos plazos de entrega para las primeras cinco unidades que no excedan de los 40 meses. Las condiciones dejan fuera a los fabricantes vascos como Talgo y CAF, pero también a otras firmas europeas como Alstom, Stadler o Siemens. El propio presidente de Talgo, José Antonio Jainaga, criticó esta situación el pasado junio cuando señaló que «los ciudadanos no entenderían que el operador, y en última instancia el Gobierno, no consideren las soluciones de Talgo como las mejor adaptadas a las prioridades». Un mensaje que apoyó señalando que la licitación de Renfe no priorizaba el peso más ligero de los trenes o su consumo energético más sostenible.

Si el gasto en pensiones está agravando año tras año el déficit contributivo de la Seguridad Social, que según Fedea rebasa los 60.000 millones de euros –si se tienen en cuenta las clases pasivas del Estado–, el aumento exponencial del desembolso destinado a cubrir las prestaciones por incapacidad temporal (las bajas laborales) hace inútil cualquier refuerzo de ingresos del sistema como los implantados en la última reforma de pensiones para poder cubrir los compromisos de pago. Precisamente, el peso creciente del gasto en incapacidad temporal sobre el total de los ingresos anuales por cotizaciones da cuenta de cómo la presión sobre la Seguridad Social no estriba únicamente en la cobertura de las pensiones de los 9,4 millones de beneficiarios sino en que las bajas se han convertido en un elemento que estrecha aún más el margen financiero del sistema. Una medida de esta situación la ofrece el estudio publicado ayer por Fedea sobre La Seguridad Social, algo más que la pensión de jubilación en el que se observa cómo el peso del gasto en prestaciones por incapacidad temporal crece en términos absolutos (en 2025 se destinaron 18.413 millones) pero también en términos relativos respecto a los ingresos por cotizaciones sociales. El pasado año, esta factura supuso el 10,4% del total de la recaudación de cuotas a empresarios y trabajadores, lo que supone el volumen más elevado de la serie histórica. Respecto a 2020, este porcentaje se ha incrementado en 0,5 puntos y en 4 puntos si se compara con hace tres lustros.

El Gobierno tiene ya listo el texto definitivo que regula el llamado comité de inversiones estratégicas, un órgano innovador que permitirá a determinadas empresas estratégicas conseguir una vía rápida para operar en España en el plazo de un mes. Este órgano, copresidido por La Moncloa y el Ministerio de Economía, permitirá a esas compañías pasar por delante de otros proyectos en la tramitación de permisos como el acceso a la conexión eléctrica, muy reñido en estos momentos. El órgano era una promesa de inicio de esta legislatura del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los inversores extranjeros, que se quejaban de las largas esperas para culminar el rosario de autorizaciones que necesitan para arrancar la actividad en España. Y llega en un momento crucial en el que acceder de forma prioritaria a la red eléctrica, saturada y sobrecargada, es una ventaja clara, sobre todo porque los grandes proyectos que necesita la nueva economía (baterías y centros de datos entre ellos) son muy demandantes de energía. El texto dice que la etiqueta forma parte de “una gobernanza reforzada” en un momento en el que no hay energía para todos. El Gobierno, que tiene previsto dar el visto bueno definitivo a la iniciativa en el Consejo de Ministros de hoy, asegura que hay “lista de espera” para conseguir la etiqueta, una demanda que confirman representantes de inversores extranjeros en España. 

La gran industria española irrumpe en el pulso de los centros de datos. Del metal al motor pasando por la química y el azulejo, las fábricas han presentado alegaciones al proyecto de real decreto de Moncloa para limitar los data center. Entre las propuestas, a las que ha tenido acceso EL MUNDO, se incluye una auditoría de costes a los centros de datos para evitar subidas de la luz, también reclaman prioridad frente a la IA a la hora de acceder al agua y las redes eléctricas, recursos cada vez más tensionados por la irrupción de infraestructuras digitales. Las fábricas españolas han puesto sus barbas a remojar ante el impacto que la entrada masiva de data center está provocando en otros países. Estados Unidos, Irlanda, Países Bajos... muchos de los gobiernos que han ido por delante en el despliegue de hubs de procesamiento de datos se encuentran ahora limitándolos a contrarreloj, aplicando moratorias o buscando soluciones a su enorme demanda energética y su efecto sobre los precios finales y la estabilidad de la red. Un reciente estudio en el que participaron cuatro universidades (tres estadounidense y una de Canadá) estimó que la infraestructura digital absorberá hasta un 20% del consumo eléctrico total de Estados Unidos en 2030, lo que disparará los precios de la luz un 57% en regiones saturadas –como Virginia del Norte– y encarecerá la factura media entre un 6% y un 29%. El ejemplo resuena en la industria española.

El empleo extranjero no parece tener techo en nuestro país. La tendencia de crecimiento de la afiliación de inmigrantes que viene consolidándose en los últimos años ha terminado de despegar con la regularización masiva del Gobierno de Pedro Sánchez. Hasta el punto de que los trabajadores de otros países aumentan ya en las estadísticas a un ritmo cinco veces superior a la media nacional. Si antes de la regularización el empleo entre los extranjeros multiplicaba por cuatro el avance total de afiliados a la Seguridad Social, con el proceso administrativo en marcha la velocidad ha aumentado hasta multiplicar por cinco la media nacional. En concreto, según los datos de cierre del pasado mes de agosto, la afiliación extranjera está creciendo un 15,72% en términos interanuales, frente al 3,1% del conjunto del sistema. En afiliados contantes y sonantes, la Seguridad Social incorporó en agosto 39.535 extranjeros respecto a julio y alcanzó un nuevo récord de 3.551.759 cotizantes de otros países, 482.490 más que un año antes. Esto significa que los inmigrantes ocuparon siete de cada diez nuevos puestos creados en el último año, ya que la afiliación total sumó 679.023 personas.

El Gobierno afronta un verdadero atasco en la normativa financiera en esta recta final de la legislatura. En los diez meses que le restan si se llevan al límite los plazos, el Ejecutivo tiene pendiente sacar adelante media docena de leyes que modificarían diversos aspectos de la normativa del sector, muchas de ellas trasposiciones de directivas europeas que, de no adaptarse a la legislación nacional en tiempo y forma, podrían suponer una multa de la Comisión Europea a España. Están pendientes la creación de la Autoridad en Defensa del Cliente Financiero, la Ley de Digitalización del Sector Financiero, la de Crédito al Consumo, la de Entidades de Banca Ética, la de Antiblanqueo y la puesta en marcha de la última directiva de capital.

Nueva tormenta en los mercados de deuda, además de en las bolsas internacionales. El bono de EEUU a diez años supera el 5% por primera vez en el segundo mandato de Donald Trump; y la sacudida se deja notar también en la deuda europea que, aunque más protegida que la estadounidense por el escudo del Banco Central Europeo, también sufre un alza de rentabilidades. El bono español a diez años rebasa el 4% por primera vez desde 2013 y entra en el peligroso grupo que supera ese listón psicológico en el que ya estaban Grecia, Italia y Francia. Portugal mantiene un tipo de interés y una prima de riesgo más baja que España. Otro síntoma es que el bono alemán supera el 3,5%, un nivel insólito también en la primera y más saneada economía del euro. El mayor indicador del momento en el mercado internacional es que rendimiento del bono de deuda del Tesoro de Estados Unidos a diez años alcanzó este lunes el 5,004 % en plena guerra de Irán y en vísperas de posibles subidas de tipos de la Reserva Federal. El rendimiento de este bono, de referencia para préstamos e hipotecas fijas, solo había superado esta barrera brevemente en octubre de 2023 y anteriormente en 2007. Su escalada es un revés para Trump al igual que la espiral del precio de la gasolina.

El suministro mundial de petróleo se encuentra atenazado en sus dos puntos más críticos. Al cierre del estrecho de Ormuz, bloqueado por la guerra entre Estados Unidos e Irán, se ha sumado en los últimos días el control por parte de los rebeldes hutíes de Yemen del estrecho de Bab el-Mandeb, que había sido la gran válvula de escape para el crudo saudí en los últimos meses. Todo ello ha provocado que los precios del petróleo se dispararan hasta un 4% ayer (aunque finalmente se moderaran sustancialmente, a los 105 dólares al cierre de esta edición) y acumulen un alza del 20% en lo que va del mes de septiembre. Los rebeldes hutíes de Yemen tomaron ayer las estratégicas islas de Hanish, en el centro de la boca de entrada por el sur al mar Rojo, aumentando así su control sobre el estrecho de Bab el-Mandeb, después de que la semana pasada se hicieran con el puerto de Moca y la isla de Perim. Además, los hutíes también lograron ayer más avances en el interior del país, lo que aleja la posibilidad de una recuperación de posiciones por parte de las fuerzas gubernamentales. Con ello, los hutíes, aliados de Irán amenazan el paso de los buques saudíes hacia los mercados asiáticos, algo que ha obligado a Riad a cerrar el oleoducto que cruza el desierto hacia el puerto de Yanbu en el mar Rojo como “medida de precaución” después de que esta infraestructura fuera atacada el día anterior mediante drones. Aunque Arabia Saudí no precisó quién había llevado a cabo los ataques, es muy probable que los hutíes estuvieran detrás de ellos, ya que Riad respalda al gobierno de Saná frente a los rebeldes.

Los mercados encaran una semana de máxima tensión, atrapados entre dos frentes capaces de alterar por completo el horizonte de inversión. Por un lado, la escalada del conflicto en Oriente Medio, que ha vuelto a disparar los precios de la energía. Por otro, las primeras dudas sobre la sostenibilidad del gigantesco ciclo de inversión en inteligencia artificial (IA). Estos dos focos de incertidumbre llegan, además, en un momento en el que los grandes bancos centrales deben decidir hasta dónde están dispuestos a llegar con los tipos de interés para contener una inflación que vuelve a amenazar con tensionar el bolsillo de los consumidores. Las primeras señales de cautela ya se dejaron sentir en los parqués este lunes. Las Bolsas más expuestas al ciclo de inversión en IA iniciaron la semana en terreno negativo después de que Sam Altman, consejero delegado de OpenAI, afirmara el domingo que la compañía no tiene previsto salir a Bolsa este año. La preocupación en torno al sector también se ha intensificado después de que Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic, pidiera a las empresas tecnológicas que ralentizaran el desarrollo de los modelos de IA más avanzados por motivos de seguridad. Estas declaraciones están llevando a los inversores a replantearse una de las grandes apuestas de los mercados en los últimos años. 

OpenAI-Hugging Face’. Este caso fue el que desató todas las alarmas. Tuvo lugar entre el 22 y el 26 de julio, cuando OpenAI estaba realizando pruebas para entrenar sus modelos más avanzados. Una plataforma especializada en el entrenamiento de la IA denunció que estaba siendo atacada por ‘hackers’. Cuando investigó la intrusión, se descubrió que el origen se encontraba en la compañía de Sam Altman y en las pruebas que estaba realizando con sus modelos más avanzados. Dos de estos sistemas se encontraban en un entorno aislado y sin acceso a la web, mientras los profesionales les sometían a diversos exámenes para comprobar su funcionalidad. Según la empresa, la IA rompió los controles de seguridad y entró en internet para buscar las respuestas a las pruebas a las que estaba siendo sometida. Estos datos se encontraban en Hugging Face, una plataforma digital. Los informes de la intrusión dan una idea de la dimensión de la brecha de seguridad. Entre 700 y 1.200 agentes de IA crearon un foro donde intercambiaron más de 70.000 mensajes para coordinar trucos de evasión y atajos. Según los expertos, la mentalidad de ganar a toda costa hizo que la IA tomara decisiones sin tener en cuenta cuestiones éticas o morales. El 4 de agosto se conoció otro ataque de dimensiones inesperadas. El AISI (el instituto británico para la seguridad de la IA, por sus siglas en inglés) desveló un ataque sin precedentes, en el que diferentes inteligencias artificiales se coordinaron y llegaron a crear cuentas falsas de correo electrónico para intentar manipular a humanos. Esta era la primera vez en la que se producía un caso de este tipo.

La competencia entre Estados Unidos y China por el liderazgo en inteligencia artificial amplía el enfrentamiento geopolítico entre ambas potencias. La IA se ha convertido en un ámbito estratégico junto al comercio, el espacio y el armamento por su impacto económico y tecnológico. Donald Trump ha defendido mantener la ventaja estadounidense frente a China y rechaza ralentizar el desarrollo de la tecnología pese a las advertencias sobre sus posibles riesgos. Pekín, por su parte, ha acusado a Washington de recurrir a una retórica propia de la Guerra Fría. La próxima semana Trump y el líder chino, Xi Jinping, se verán en la Casa Blanca con el telón de fondo del futuro de la IA. La seguridad de la tecnología se ha incorporado en las últimas semanas al conflicto como uno de sus principales frentes entre los dos países. El consejero delegado de Anthtropic, Dario Amodei, ha defendido mantener las restricciones estadounidenses a la exportación de chips avanzados a China.