20211019

Jarro de agua fría a las expectativas del Gobierno vasco sobre el crecimiento de la economía. El incremento del PIB se ralentizó hasta 3,8% interanual en el tercer trimestre, una tasa que se sitúa muy por debajo de la previsión del Ejecutivo de Urkullu para ese periodo, situada en el 5,5%. El dato lo publicó ayer el Eustat, pero al ser un primer avance de las cuentas trimestrales no incluye explicación alguna sobre los motivos de la desaceleración. No obstante, los últimos indicadores coyunturales apuntan a que la pérdida de pulso viene de la industria por los problemas derivados de la escasez de suministros como los chips, la subida de los fletes y las materias primas y la escalada de la factura energética, que ha terminado causando paradas de plantas ahora en octubre. Pese a esas dificultades, el Gobierno vasco revisó en septiembre su previsión de crecimiento al alza para 2022, hasta situarla en el 6,4%, y mantuvo sin cambios la de este año en el 6,7%. Para llegar a esa tasa en el conjunto del ejercicio, el departamento de Economía y Hacienda, liderado por Pedro Azpiazu, contemplaba llegar al 5,5% interanual en el tercer trimestre y al 7,4% en el cuarto. Pero el dato del Eustat pone en duda que se vayan a cumplir las previsiones, que constituyen la base para el Proyecto de Presupuestos vascos para 2022 y que el Ejecutivo autonómico quiere aprobar el próximo martes 26 de octubre.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, fue tajante ayer: “La crisis está lejos de terminar y su impacto final en el sector bancario y la estabilidad financiera se materializará previsiblemente a medida que se eliminen las medidas de apoyo”. A partir de marzo empezarán a concluir las moratorias en el pago de créditos a las empresas y autónomos y es ahí cuándo el sector teme que se eleve la morosidad. Para Hernández de Cos, la actual crisis ha propiciado la adopción de “amplias y extraordinarias medidas de apoyo monetario y fiscal”, que en gran medida han limitado el impacto en el sector bancario. De no ser por ellas, los bancos habrían reducido su capacidad de financiar la economía real. Un año y medio después del comienzo de la pandemia, se puede constatar que, si bien algunos bancos experimentaron “tensiones financieras”, ningún banco internacionalmente activo “ha quebrado o ha requerido una financiación significativa del sector público”.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró ayer que Iberdrola ha paralizado la revisión de los contratos de suministro eléctrico con la industria, tras haber enviado cartas a sus clientes de medio y largo plazo. Ribera, que participó en una jornada sobre ciencia e innovación en Bilbao, precisamente a muy pocos metros de la sede corporativa de Iberdrola, pidió de nuevo a las compañías eléctricas que asuman una parte del impacto «coyuntural» en los precios. Un aumento desmedido que tiene su principal razón en el alza de los precios del gas y también en las tasas de emisión de CO2. Ribera advirtió de que, previsiblemente, los precios de la electricidad se van a mantener por las nubes hasta el mes de marzo o abril. Pese a ello aclaró que es algo sobre lo que no se pueden hacer muchas estimaciones, «porque va a depender de factores como las temperaturas que tengamos en el invierno o la posibilidad de tener o no gas en Europa a través de gasoducto de Rusia». Iberdrola remitió a principios de mes una carta a los clientes industriales con contratos de largo plazo en la que les indicaba la necesidad de renegociar las condiciones. Buena parte de estos contratos se concertaron con precios de 60 euros por megavatio hora (MWh) o incluso inferiores, que ahora se han convertido en ruinosos. El decreto convalidado la pasada semana por el Congreso impone penalizaciones de entre 80 y 90 euros MWh para la generación renovable. La vicepresidenta resaltó que «ha sido sólo una empresa la que había puesto en marcha este mecanismo –en una referencia directa a los anuncios de revisión de los contratos de Iberdrola– y de momento lo han paralizado».

Tras la ronda de contactos con los ejecutivos de las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Acciona) y las principales asociaciones industriales, el Ministerio para la Transición Ecológica ya tiene perfilados los cambios que va a introducir en el polémico real decreto ley (RDL) del 14 de septiembre que incluye un importante recorte de los ingresos de las tecnologías que no emitan CO2 (nuclear, hidroeléctrica y renovables que van a mercado) y hayan internalizado el precio marginal del gas (beneficio llovido del cielo o windfall profit) en el pool eléctrico. Tal como adelantó el jueves pasado de manera sumaria la titular del ministerio, Teresa Ribera, en el debate para la convalidación del RDL en el Congreso, a las eléctricas que ofrezcan un precio “razonable” a la industria se les suavizará el recorte. Más concretamente, según fuentes conocedoras del proceso, se librarán de la minoración los contratos bilaterales pasados (anteriores al 14 de septiembre) y futuros (desde esa fecha) firmados por las generadoras con cualquier tipo de cliente (no solo industrial) a un precio que no recoja la escalada del mercado mayorista. Las modificaciones en la norma se incluirán en un próximo nuevo real decreto ley, que servirá de “desarrollo” del que está ahora en vigor. Muy probablemente, según las mismas fuentes, este precio “razonable” rondará los 60 euros MW/h, teniendo en cuenta que el inframarginal de la nuclear es de 57 euros/MWh, esto es, el que incluye sus costes fijos y variables y le proporciona una cierta rentabilidad.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advirtió ayer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que no encontrará a la patronal en la derogación de la reforma laboral, tras las declaraciones realizadas en este sentido por el jefe del Ejecutivo durante el Congreso Federal del PSOE. En un encuentro empresarial en Burgos, Garamendi señaló que, por contra, sí encontrará a su organización en propuestas de mejora de la norma laboral, «pero nunca en la derogación». «Hay que sentarse a trabajar fuera de la política, si lo que se va a hacer es derogar la reforma laboral, que no cuente con nosotros», aseveró. Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, celebró ayer la promesa de Sánchez a la militancia del PSOE, pero subrayó que para ella lo importante pasa por «cumplir la palabra» y no quedarse «con lo que se dice».

El pasado jueves, la Cámara de de Comercio de España presentó una encuesta en la que las empresas se mostraban optimistas sobre las perspectivas de la economía y la evolución de sus negocios. Sin embargo, advertían sobre los precios de la energía, las tensiones inflacionistas y el aumento de los costes laborales. Ante eso, el presidente de la institución, José Luis Bonet, afirmó que “cualquier política que se haga debe tener especial prudencia”. El sentimiento reflejado en la encuesta es una constante entre la decena de empresarios del Ibex y responsables de las patronales consultados, muchos de los cuales prefieren mantener el anonimato. La recuperación se nota, opinan, pero la energía se ha convertido en el foco principal de sus preocupaciones. A ella se suma la sensación de inseguridad jurídica que producen casos como el del sector eléctrico, con las medidas del Gobierno para minorar parte de sus beneficios para abaratar la luz; el reparto de los fondos europeos; la necesaria colaboración público-privada y la incapacidad política para alcanzar acuerdos de envergadura. La falta de consenso político entre los dos grandes partidos genera una sensación de división, abandono y falta de liderazgo, según un alto ejecutivo, que cree que “la política se antepone a la discusión y adopción de medidas económicas calibradas, sin importar su impacto a medio y largo plazo”.

En el primer semestre del año, las nuevas operaciones de crédito a empresas sumaron 146.860 millones un 32% menos que en 2020, según un análisis publicado ayer por Cepyme a partir de datos del Banco de España. Si bien la comparativa con la primera mitad del año pasado está condicionada por el manguerazo de créditos avalados por el ICO, que elevó la financiación entonces por encima de los 215.000 millones, lo cierto es que es la cifra de crédito nuevo más baja para un primer semestre desde que existen registros; esto es, desde al menos una década. Es más, las nuevas operaciones de crédito registradas entre enero y junio pasado fueron un 11,8% inferiores a las del mismo periodo de 2019, antes de la pandemia, cuando superaron los 166.589 millones. En este contexto, Cepyme alerta de que las empresas españolas afrontan “un escenario de restricción crediticia preocupante para los próximos meses” que dificultará su recuperación. “La restricción del crédito en este momento afectará sobre todo a las empresas que arrastran secuelas de estos meses de pandemia, por ejemplo las sobreendeudadas que no han logrado aún recuperar toda su actividad, señala Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, quien alerta de que el menor flujo de financiación “acentuará en mayor medida la mortalidad empresarial”. Ese frenazo en el flujo crediticio no tiene una sola causa. Esto es, no se debe solo a un aumento de la aversión al riesgo por parte de la banca, que las entidades financieras prefieren considerar “responsabilidad” ante la incertidumbre que aún envuelve la recuperación, sino a que la demanda de crédito por parte de las propias empresas se ha reducido por un entorno altamente volátil. 

De nuevo el territorio alavés aparece en el foco de los proyectos de plantas solares que impulsa la iniciativa privada. En esta ocasión no para acoger las miles de placas necesarias en cada instalación, sino dentro de un plan que lidera la compañía Forestalia para levantar dos parques fotovoltaicos en Aragón. Y para ello precisa crear una línea aérea de alta tensión a lo largo de 185 kilómetros de longitud, que partirá de la localidad aragonesa de Fréscano y llegará hasta el polígono de Júndiz. Esta línea electrificada tendrá una capacidad máxima de hasta 400 kV y discurrirá, en gran parte, de manera paralela a la ya existente, también de alta capacidad y propiedad de la empresa pública Red Eléctrica Española (REE). Forestalia, uno de los mayores operadores de energías renovables en España, ha presentado su propuesta para construir estos dos parques y la resolución es competencia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ya que la potencia conjunta supera los 50 megavatios. Con este proyecto, que ahora está sometido a información pública para su autorización administrativa y declaración de impacto ambiental, la compañía persigue «el complemento territorial y el desarrollo socioeconómico, siempre buscando que el recurso natural sea óptimo», en este caso, el sol.

¿Hay que elegir entre el crecimiento del PIB o la lucha contra el cambio climático? La cuestión la puso encima de la mesa la pasada semana el Nobel de Física, Giorgio Parisi, y ayer fue uno de los temas que se abordó en los ‘Diálogos sobre el Futuro. Ciencia e Innovación’ que hoy finalizan en Bilbao. Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, fue la primera que respondió a esta pregunta. Y lo hizo apoyándose en dos conceptos. El primero, la situación medioambiental: «Sabemos que estamos jugando con fuego con la capacidad de resistencia del planeta. Desde un punto de vista climático estamos en una situación dramática. Tenemos que cambiar nuestra manera de producir y de consumir». Su segundo argumento fue el de la economía. «No hay que analizar estas cuestiones solo desde el prisma del PIB, también desde el de la prosperidad para el ser humano. Ya nos ha pasado que el PIB vaya bien y la economía de las familias esté fatal», reflexionó. Ribera realizó estas valoraciones en Bilbao a dos semanas de la Cumbre del Clima en Glasgow.

Apesar de que la mayoría de los jóvenes elige ir a la universidad como vía para formarse y encontrar una salida profesional, también son muchos, seis de cada diez, los que creen que su paso por estas instituciones no les prepara para enfrentarse con éxito al mercado laboral. Así lo han reconocido en una encuesta realizada por el grupo Adecco, en la que han participado más de 4.700 jóvenes españoles, para conocer cuáles son sus perspectivas de futuro. Lo tienen claro: el 60,6% está en desacuerdo con la idea de que las facultades preparan adecuadamente para dar el salto profesional, un 30,6% asegura que los prepara solo en parte y tan solo el 8,8% considera que el paso por una universidad es una preparación exitosa para el mundo laboral. En este sentido, los jóvenes creen que la universidad debería fomentar la realización de prácticas en empresas durante la etapa universitaria –así lo expresan tres de cada cuatro–, incrementar el asesoramiento en materia de búsqueda de empleo y orientación laboral, el 49,2%, e impartir un mayor número de formaciones relacionadas con las denominadas habilidades blandas, el 48,7%, que hacen referencia a la combinación de habilidades sociales, habilidades de comunicación, rasgos de personalidad, actitudes, inteligencia social y emocional. Ver estudio Adecco. 

La Asociación de centros Abantean de FP de iniciativa social de Euskadi (Hetel), que aglutina a 27 centros y 10.000 alumnos, quiere que los jóvenes que no logran acabar la ESO encuentren en la FP Básica una «tabla de salvación» y centrará sus esfuerzos en apoyar a chicos y chicas con problemas educativos o a migrantes, como «escuela de oportunidades» que es, según Julen Elgeta, presidente de Hetel. Para ello, este curso ha puesto en marcha cuatro iniciativas de FP Básica a tres años, un planteamiento pensado para quienes puedan necesitar itinerarios más largos para alcanzar las cualificaciones profesionales y las competencias personales necesarias para iniciar su andadura laboral o para continuar su formación en los ciclos medios. Cada año se matriculan en la FP Básica 5.000 personas. En el caso de Hetel, un 26% no ha estado escolarizado antes en la ESO, un 24% no domina las lenguas de la comunidad autónoma, el 13,1% son estudiantes con necesidades educativas especiales y el 11% están acompañados por servicios sociales. Además, el 32% del alumnado es inmigrante que proviene de 40 países. «Suele ser gente con necesidades específicas, bien por temas académicos, sociales u otros». De ellos, siete de cada diez optan por proseguir sus estudios en un Ciclo Formativo de Grado Medio para tener más opciones en el mercado laboral.

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, que accedió al cargo en abril de 2019, comparecerá por primera vez ante el Congreso Confederal del sindicato –cónclave que se convoca cada cuatro años y que tendrá lugar los días 24 y 25 de noviembre– con el éxito de haber recuperado la base de los 100.000 afiliados (exactamente 100.925). Esto supone haber sumado 2.000 trabajadores a los que ELA tenía en 2018. Además, la dirección del sindicato cree que los resultados podían haber sido mejores si no llegara a ser por la caída provocada por el Covid, que en el último año ha provocado 672 bajas, porque la labor sindical «es algo de cercanía y del día a día». Por otra parte, el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, volvió a reclamar a la patronal vasca Confebask un «mínimo respeto» y que clarifique sus palabras, ya que considera que no se puede equiparar la lucha sindical con la violencia de ETA, para añadir que «cómo nos vamos a reunir con alguien que se dirige así al sindicato». Tampoco ahorro críticas al lehendakari Urkullu, porque es el «único» que no les recibe. 

El sindicato CC OO celebra entre el jueves y el sábado de esta semana su 12º Congreso Confederal, en el que el actual secretario general, Unai Sordo, será reelegido para un segundo mandato. Sordo, nacido en octubre de 1972 en Barakaldo y diplomado en Graduado Social por la Universidad del País Vasco, es el único candidato a la Secretaría General en este congreso, como lo fue también en el anterior de junio de 2017, en sustitución entonces de Ignacio Fernández Toxo y tras recibir el apoyo del 88,8% de los delegados asistentes a aquel congreso. Sordo tendrá por delante en este nuevo mandato diversos asuntos de calado que discutir con Gobierno y patronal y el primero de ellos será los cambios en la reforma laboral del PP, que el Ejecutivo quiere tener lista antes de final de año.

El anteproyecto de ley elaborado por el Ministerio de Seguridad Social para impulsar los fondos de pensiones de las empresas prevé que la comisión máxima que se cobrará no podrá rebasar el 0,5%, muy por debajo de los límites vigentes, de entre el 1,05% y el 1,7%. La cantidad máxima desgravable será de 8.500 euros y podrán entrar los autónomos.

La recuperación económica de China tras la pandemia se frena, lastrada por los problemas en el sector inmobiliario, los cortes y racionamientos eléctricos y varios brotes de covid-19 en diversas provincias. El PIB de la segunda potencia mundial creció un 4,9% interanual entre julio y septiembre de este año, muy por debajo del 7,9% del trimestre anterior y del consenso de los analistas, que anticipaban un alza de en torno al 5,2%. Es el crecimiento más bajo desde el tercer trimestre de 2020. China, donde se detectaron los primeros casos del virus, fue la primera gran economía en recuperarse tras los estragos de la crisis sanitaria, pero la mejoría comienza a dar señales de estancamiento, lastrada por la preocupación en el sector de la vivienda, un consumo que no termina de despegar, los altos precios de las materias primas y la debilidad en la producción manufacturera. También pasa factura el incierto futuro de la promotora Evergrande, la segunda del país y la más endeudada del mundo, con unas cargas de más de 300.000 millones de dólares, entre dudas acerca de cómo va a afectar su situación al conjunto del sector inmobiliario y al financiero.

El pulso por la reforma de las reglas fiscales ya está aquí. La Comisión Europea relanza hoy el espinoso y difícil debate sobre la actualización del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que amenaza con elevar la tensión entre los 27 en los próximos meses, a medida que la economía va consolidando su recuperación y el crecimiento obliga al regreso a la disciplina fiscal, previsto para 2023. Las reglas fiscales llevan suspendidas desde el estallido de la pandemia en marzo de 2020. Ante el golpe sin precedentes del Covid-19, la Comisión adoptó la decisión histórica de permitir barra libre de gasto público a los países para que no tuvieran ataduras presupuestarias a la hora de apoyar la economía ante la mayor crisis sanitaria en un siglo. Estas normas, que se aplican desde hace tres décadas, exigen a los países mantener un déficit fiscal inferior al 3% y un nivel de deuda pública sobre el PIB en torno al 60%. La pandemia no sólo obligó a tener que suspender las normas fiscales sino que puso en el congelador el debate de la reforma del Pacto de Estabilidad, que la Comisión había lanzado apenas unas semanas antes de que el Covid-19 lo cambiara todo. Ahora, diecinueve meses después, la Comisión retoma la discusión para volver a abrir el melón de una reforma que llega con la posición fiscal de los países europeos mucho más precaria que antes del Covid.

La izquierda abertzale aprovechó ayer el décimo aniversario del fin del terrorismo de ETA para trasladar a las víctimas de la banda que «siente su dolor», que «nunca debió haberse producido» y que «a nadie puede satisfacer que todo aquello sucediera ni que se hubiera prolongado tanto en el tiempo». Fue a través de una comparecencia pública de Arnaldo Otegi y Arkaitz Rodríguez a la que se le quiso dar la solemnidad de las grandes ocasiones. La denominada ‘Declaración del 18 de octubre’ supone un gesto simbólico por parte de EH Bildu y Sortu, aunque aporta escasos matices de fondo sobre lo que han venido diciendo la coalición soberanista y la propia ETA en la última década. Fue acogida con diversidad de opiniones por parte de las víctimas, el PSOE lo vio como un paso positivo, Unidas Podemos lo recibió con entusiasmo, el PP con durísimas críticas y el PNV con escepticismo.