20220621

Los resultados palpables del mecanismo ibérico que busca rebajar la factura de la luz siguen sin llegar después de casi una semana en funcionamiento. Y no parece que, al menos a corto plazo, los precios puedan sostener una caída como para lograr una reducción media de entre el 15% y el 20% estimada por el Gobierno con la excepcionalidad acordada con Portugal y avalada por Bruselas. La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec), donde se encuentran integradas las grandes compañías del sector (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP), señala que es «muy complicado» estimar que el tope al gas vaya a lograr ese objetivo del Ministerio para la Transición Ecológica a un año vista: «Habrá que ir viendo su evolución en las próximas semanas», indica el director de regulación de la organización, Pedro González. Desde Aelec apuntan algunas de las distorsiones que está provocado el mecanismo. Unas, esperadas; otras, sobrevenidas; y algunas, superadas por el contexto a pesar de las advertencias del sector durante su tramitación. Sobre todo en lo relativo a la demanda de luz que exige Francia. Las exportaciones a ese país desde España se han disparado al máximo posible (la conexión entre ambos territorios se encuentra muy limitada por la falta de infraestructuras) desde la entrada en vigor de la ‘excepcionalidad ibérica’. Esta situación provoca no solo la saturación del cable internacional, sino que también reduce considerablemente el efecto de la medida al elevar el precio de la electricidad.

Pese al descenso de facturación hasta marzo, el empleo crece, pero Euskomer pide regular de nuevo las rebajas para recuperar su «efecto llamada». Tras dos años de pandemia en que comercio minorista ha sufrido al igual que otras actividades, y después de un primer trimestre que tampoco ha acompañado en lo que respecta a las ventas, el sector prevé recuperar a partir del verano gran parte de lo perdido y situarse a corto plazo en niveles previos al Covid-19. Este es el mensaje que trasladaron ayer los responsables de Euskomer, la Confederación Vasca del Comercio, que aglutina a la Federación Mercantil de Gipuzkoa, a la Confederación Empresarial del Comercio de Bizkaia y a Enkomer (Empresarios de Comercio y Servicios de Álava). Euskomer integra a 101 asociaciones sectoriales y zonales y representa aproximadamente a 18.000 puntos de venta en Euskadi. Un sector, el del pequeño comercio, que supone el 11% del PIB y el 14% del empleo del País Vasco, lo que da una idea de su importancia. La presidenta de Euskomer, Estíbaliz Tello, indicó que espera que «una vez finalizada la temporada estival puedan hablar en términos de recuperación y volver a corto plazo al escenario prepandemia».

La alta inflación está afectando a los comerciantes y también al bolsillo de los consumidores. Así, el 95,1% de los comercios ha sufrido, según el Informe de Coyuntura del Comercio elaborado por el Gobierno Vasco, un incremento de costes durante los últimos meses, principalmente en la compra de mercancías (85,8%) y en costes energéticos (85,2%). Tan solo una pequeña parte de los que han experimentado ese incremento de costes (22%) señala que no lo va a repercutir en su precios finales, mientras que el 39,4% afirma que ha aplicado o va a aplicar próximamente un aumento de entre el 5 y el 10% de subida. Una cifra que se eleva al 52,8% cuando no se especifica el incremento que pretenden trasladar al cliente. El comercio no especializado es más inflacionista que el especializado. Por territorios, el comercio vizcaíno es el que en mayor medida afirma haber incrementado los precios (54,3%), seguido por el alavés (52,8%) y el guipuzcoano (50,6%). La presidenta de Euskomer indicó que la alta inflación está redundando en la bajada del número de ventas y del ticket medio.

La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, reconoció ayer que «las noticias más recientes de los mercados de la energía no son positivas», indicando que el escenario con el que se trabaja ahora es el de una inflación «más alta durante más tiempo a nivel internacional». En este punto, el objetivo a corto plazo es conseguir que la escalada de precios en España se mantenga por debajo de la media en la zona euro, actualmente en el 8,1%. Durante su intervención en la primera jornada de los cursos de la APIE en Santander, Calviño defendió las medidas aprobadas por el Ejecutivo que, según indicó, «ya están bajando la inflación entre dos y tres puntos» y a las que ahora se sumará el tope al precio del gas en el mercado eléctrico. La vicepresidenta económica también valoró el papel que el Banco Central Europeo (BCE) ha adoptado para calmar el miedo del mercado a que el inicio de las subidas de los tipos de interés entorpezcan la recuperación. Un temor que en las últimas jornadas se ha reflejado en fuertes tensiones en los mercados de deuda, reactivando el fantasma de una nueva crisis soberana. «Es muy positivo que el BCE haya actuado de forma tan decidida para frenar la especulación», indicó.

Acuerdo para renovar el convenio del transporte de Bizkaia, que afecta a 4.000 trabajadores y cuya vigencia acabó el 31 de diciembre de 2020. El pacto lo han sellado UGT y CC OO con la patronal Asetravi y recoge un incremento salarial del 9,25% para los años 2021 a 2024. En caso de que la inflación supere ese aumento, habrá una revisión al final del periodo con un límite del 3%.

A las movilizaciones anunciadas por los sindicatos de la planta de Mercedes en Vitoria por el bloqueo en la negociación del convenio se sumarán en este final de junio las convocadas en el sector del metal en Álava. ELA, CC OO, LAB, USO, ESK y CGT anunciaron ayer cuatro nuevas jornadas de paro empezando por el 30 de junio y siguiendo por tres días consecutivos en septiembre, del 21 al 23. Quieren ejercer presión sobre la patronal SEA para que mueva ficha en la negociación del convenio, del que en este caso dependen más de 20.000 trabajadores metalúrgicos del territorio. Tras las tres «exitosas jornadas» de huelga en mayo –aunque fuentes empresariales cifraron el seguimiento en apenas un 8% en el día de mayor respaldo–, SEA Empresas Alavesas «parece que se ha dado cuenta de que tiene que mover su postura y reconocer que los planteamientos que hace son insuficientes y no responden a las necesidades del sector ni son acordes a la riqueza generada por las plantillas», opinan los sindicatos. Consideran que «hay que seguir con la dinámica de movilizaciones y huelgas» para llegar a un acuerdo digno. «Es necesario recoger subidas salariales ligadas al IPC tanto en tablas como en sueldos reales, bajar la jornada de manera notoria, mejorar los complementos de las bajas médicas, recoger una subrogación amplia o limitar la flexibilidad»

El presidente de la patronal empresarial CEOE, Antonio Garamendi, reiteró ayer la negativa de la organización a alcanzar un acuerdo nacional de convenios en el que se establezca la indexación de los salarios a la inflación, porque provoca desajustes en la economía al introducir efectos de segunda ronda en la evolución de precios, que es lo que se pretende evitar. Durante su intervención en el curso organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Garamendi reconoció que la situación actual es complicada porque el Banco Central Europeo va a dejar de comprar deuda española al tiempo que elevará los tipos de interés y que lo va a hacer en unos momentos en los que el déficit público “está en el 7%” y el nivel de deuda pública supera el 117% del PIB. El BCE seguirá ayudando, dijo, y en Europa “nos dejan una cierta relajación fiscal, pero como los mercados son más anglófilos que latinos hay que tener en cuenta que nos impondrán alguna condicionalidad”. Garamendi dijo que “no podemos hacer políticas populistas con el dinero comunitario; no nos han dicho cómo va a cambiar la situación pero esta no va a seguir igual que hasta ahora”.

Díaz reactivó ayer una batería de promesas, entre ellas un cheque de 300 euros para las personas “más golpeadas por la crisis”, siguiendo la estela de Francia. “Ante la subida de los precios por la inflación, toca proteger a las familias y su poder adquisitivo”, afirmó la vicepresidenta segunda, quien añadió que aunque el Gobierno actuó en su momento “con rapidez y determinación”, “ahora no es suficiente”. Díaz, que la semana pasada ya tuvo un encontronazo con las ministras socialistas por el impuesto a las eléctricas, volvió a insistir ayer en elevar la tasa de Sociedades en diez puntos a las “grandes empresas energéticas” para elevar la recaudación entre 1.500 y 2.000 millones. Recupera así la propuesta que ya planteó Podemos en febrero y que supondría elevar del 25% al 35% este tributo para las eléctricas. Esos recursos se utilizarían no solo para sufragar el anunciado cheque de 300 euros, sino también para reducir en un 50% los precios del abono de transportes con el argumento de incentivar el uso del transporte público ante el aumento de precios de los carburantes. “Además, proponemos establecer un mecanismo que permita graduar la bonificación al precio de la gasolina y del gasóleo no profesional según el nivel de renta de las personas beneficiadas”. 

Euskadi recibirá otros 19 millones de euros para ampliar el plan Moves III, un programa que contempla ayudas de hasta 7.000 euros para la compra de coches eléctricos y también subvenciona la instalación de puntos de recarga. La nueva partida dobla la que se recibió inicialmente, con lo que ya son 37,6 millones los obtenidos en esta tercera edición. Son fondos que vienen de Europa, distribuye el Gobierno central y gestionan las comunidades autónomas. En el caso de Euskadi se encarga el Ente Vasco de la Energía (EVE). El Moves III nació con una dotación de 400 millones de euros, pero ampliable hasta los 800 millones. El ministerio va aumentando la asignación conforme las comunidades autónomas van consumiendo la primera ronda de subvenciones. Eso es lo que ha ocurrido en el País Vasco que, tras abrir el plan en septiembre, para mayo ya tenía más solicitudes que recursos. Así, recibió 18,7 millones y tenía peticiones de casi 22 millones. A la vista de ello, el Gobierno vasco solicitó la ampliación y la semana pasada le fue concedida. Una vez se concluyan los trámites pertinentes, el EVE tendrá otros 18,9 millones a su disposición.

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) puede presumir de haber ganado dos órdagos a Alstom, su gran rival europeo, en menos de año y medio. Tras hacerse a comienzos del pasado ejercicio con la adjudicación de un megacontrato para la construcción de 146 trenes de cercanías en la región de París, lo que le reportó 1.000 millones de euros y levantó sonoras ampollas en el fabricante galo, el grupo pilotado por Javier Martínez Ojinaga volvió ayer a desbaratar el mercado al otro lado de la muga al ganar un importante encargo en Montpellier. Y es que la beasaindarra se ha hecho con el mayor pedido de tranvías lanzado nunca en el país vecino, venciendo nuevamente a Alstom, lo que le supondrá una inyección de hasta 223,67 millones de euros. Un contrato que algunos medios franceses han llegado a anunciar como «Alstom pierde...» en lugar de «CAF gana...», lo que da idea del terremoto provocado en el sector ferroviario de Francia. Ayer, fuentes de CAF aseguraban desconocer si su rival (solo competían ellos dos) recurrirá la adjudicación, aunque fuentes del mercado dan por hecho que así será. Ver nota CAF. 

Las semanas pasan y la situación en Rusia para las empresas vascas, lejos de aclararse, se estanca en las dificultades. Mientras el Gobierno de Vladímir Putin aumenta las restricciones de sus exportaciones de gas a Europa, el bloqueo comercial a Rusia sigue complicando el día a día de muchas compañías en sectores como el de la automoción, una de las áreas más afectadas en Euskadi por el embargo. Gestamp mantiene cuatro plantas en Rusia, con 459 trabajadores, que hasta la invasión de Ucrania abastecían a las fábricas de Volkswagen y Renault en el gigante exsoviético. Con el estallido del conflicto bélico, Volkswagen paralizó la producción, que todavía no ha retomado, y Renault vendió sus activos el pasado 16 de mayo a su socio local, AvtoVAZ, la marca rusa heredera de la histórica Lada. El constructor francés mantenía un 69% de las instalaciones de la localidad de Togliatti, que representan la mayor fábrica de vehículos de Europa del Este. Renault se deshizo de su participación salvaguardándose el derecho de recompra en los próximos seis años. El caso es que los gestores rusos de la fábrica están analizando ahora los proveedores que necesitan, así como la gestión de las patentes de fabricación para Renault y Dacia en Rusia. Un proceso que se puede prolongar, pero que podría afectar a la cartera de pedidos de fabricantes como Gestamp o la también vasca CIE Automotive.

Enagás comunicó ayer la remodelación de su equipo directivo y entre los ceses ha incluido el del director general adjunto, Juan Andrés Díez de Ulzurrun. Las condiciones de su salida se han negociado a lo largo de la última semana, pero según ha podido saber El Correo, su cese le fue comunicado el lunes 13. Esto es, apenas tres días después de que el ya exdirectivo de Enagás pronunciase una conferencia en la Cámara de Comercio de Bilbao que resultó polémica. Fuentes de Enagás aseguraron ayer que Díez de Ulzurrun permanecerá ligado a la compañía como presidente de su participada Bahía de Bizkaia, así como vocal del consejo de Enagás Transporte. En su conferencia en Bilbao, el director general adjunto de Enagás anunció que la compañía estaba llenando el almacenamiento La Gaviota, frente a la costa del País Vasco, para garantizar el suministro de combustible el próximo invierno. En la parte polémica de su intervención, el directivo se mostró partidario de explorar los recursos que puedan existir en el subsuelo del País Vasco, especialmente en Álava. «Hay quien dice –señaló en su intervención– que hay que recuperar el debate sobre este tema. No perdamos el tiempo. Lo que hay que hacer es explorarlo cuanto antes, arrancando con pequeñas inversiones. Con los precios actuales del gas tenemos un tesoro que no lo aprovechamos». 

Los accionistas del grupo IMQ, un total de 1.170 médicos en activo o jubilados, han sido convocados hoy a una nueva junta que será el último paso antes de que se abra el periodo de venta voluntaria de acciones a SegurCaixa Adeslas. La operación ya recibió un respaldo mayoritario el pasado mes de marzo, con el voto afirmativo del 63,5% de los accionistas, pero eran necesarios cambios en los estatutos para afrontar la nueva época que se abre en la principal aseguradora de salud del País Vasco. Fuentes de la compañía han apuntado su convicción de que todos los puntos del orden del día serán aprobados sin problemas. Es la recta final de un proceso que ha estado plagado de enfrentamientos en el seno de la aseguradora, después de que hubiesen colisionado los intereses de los médicos en activo –interesados en impedir la entrada de accionistas ajenos al colectivo–, frente a los jubilados y muchos de los que están a punto de llegar a esa situación. Fue precisamente un movimiento colectivo de accionistas, que se agruparon en torno a la asociación PAI, lo que desató una corriente favorable a la venta de acciones y también a la fijación de un esquema que pueda servir para abandonar la sociedad en el futuro, a un precio de mercado.

Las grandes cadenas hoteleras subirán precios con incrementos de hasta doble dígito frente a los niveles pre-Covid, en un verano que se prevé con récord de ocupaciones. Tras dos años turbulentos y marcados por el Covid, el sector turístico resurge como el ave fénix y da alas a las grandes cadenas hoteleras que se preparan para cerrar un año récord en ocupación y, sobre todo, en tarifas, con una mejora sustancial frente a 2019, que fue ya un año histórico para la industria. Meliá, NH, Barceló, RIU, Iberostar, Hotusa, Paradores, Palladium, Hesperia, Vincci, Piñero y Sercotel, con más de 800 hoteles en España y casi 900 fuera del territorio nacional, prevén una ocupación media muy similar a la de 2019, superando el 85% en algunos destinos, y tarifas con alzas de hasta doble dígito, lo que les permite atenuar la subida escalofriante de los costes energéticos y de suministros. Esta mejora viene apoyada por la demanda doméstica y, sobre todo, por la vuelta del turista europeo e, incluso, estadounidense en el largo radio.

Algunas cadenas coinciden en que la demanda embalsada de estos últimos años puede provocar cierto efecto champán, si bien esperan que la campaña estival se alargue este año y que los viajeros de negocios, grupos de empresas, congresos y convenciones tiren del turismo urbano en el cuarto trimestre. “En principio todo apunta a que la situación continúe estabilizándose y se recupere el segmento MICE (turismo de reuniones, incentivos, congresos y exposiciones)”, indican en Barceló. La cadena señala que los viajes de negocios se han ido reactivando gradualmente a medida que las empresas han ido recuperando su actividad económica y en los últimos meses se ha producido un incremento “significativo” de las peticiones para la organización de reuniones y eventos debido a la demanda contenida durante el Covid y a la progresiva eliminación de las restricciones a la movilidad. En Palladium reconocen que la “importante” capacidad de ahorro generada durante 2020 y 2021, y la “ilusión y ganas embolsadas de viajar” durante la pandemia, no serán las mismas en 2023 y años sucesivos. “Habrá una ligera compresión de la demanda respecto a 2022”, señalan. Para Carlos Calero, director general de Vincci, aunque se mantiene la tendencia de peticiones de grupos e incentivos para septiembre y octubre, “hay muchos fantasmas de crisis y recesión”.

El fuerte repunte que está registrando la rentabilidad de la deuda soberana española, consecuencia directa de la paulatina subida de tipos y el proceso de normalización monetaria que ha iniciado el Banco Central Europeo (BCE), va a suponer una fuerte carga adicional para las cuentas públicas. Y por un volumen, además, que crece por momentos. Hace poco más de un mes, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estimó que ese sobrecoste adicional sería de 20.000 millones de euros para el periodo 2022-2025. Lo hizo cuando publicó su informe sobre la actualización del Programa de Estabilidad que abarca ese mismo espacio temporal, pero desde entonces las condiciones se han complicado todavía más. El bono a 10 años, por ejemplo, cotiza ya cerca del 3% cuando en el momento de la redacción del dato estaba cerca del 2%. Y el conjunto de la curva de tipos se ha tensado de tal manera que, aplicando los mismos supuestos de la AIReF y actualizando los intereses, el resultado es un encarecimiento adicional de unos 10.000 millones. Esto es, que el coste adicional acumulado para ese periodo 2022-2025 ronda ya los 30.000 millones. Para contextualizar lo abultado de esta cantidad que deberán financiar las cuentas públicas se puede acudir, por ejemplo, al coste del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Según los datos de Seguridad Social, el desembolso destinado a esta partida en 2022 será de algo menos de 3.000 millones, y si se toman todas las prestaciones de protección familiar el coste total es de 4.400 millones.

El final de Abengoa se aproxima. Parte de los trabajadores de la firma se reunirán hoy con la SEPI y el Ministerio de Industria para tratar cómo blindar el grupo andaluz de infraestructuras, del que dependen 5.000 empleos. Previsiblemente, el Gobierno rechazará la petición de rescate que ha solicitado la compañía –de 249 millones, de los que depende la refinanciación del grupo y la entrada de un nuevo dueño, el fondo californiano Terramar–, pero planteará una alternativa, que pasará por que la compañía pase a estar participada por el holding público, según indican fuentes financieras. El tiempo apremia para Abengoa. En 10 días expira el plazo para que la SEPI disponga del fondo de rescate empresarial para paliar las consecuencias del Covid-19, al que la empresa andaluza ha solicitado 249 millones. El apoyo público –así como el de las entidades financieras, con la concesión de 300 millones en avales con respaldo público, y la refinanciación de la deuda por los acreedores– es una condición sine qua non para que el fondo californiano Terramar inyecte los 200 millones que ha prometido para reflotar la empresa. Este fondo, que realiza su primera operación en España, ha prometido un préstamo de 140 millones y otros 60 millones en una ampliación de capital, que le darán el 70% de la empresa. Las fuentes consultadas coinciden en prever que la SEPI se dispone a rechazar este rescate.

El Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Gobierno en materia económica y laboral, estimó que las ofertas de trabajo que España no fue capaz de cubrir en 2021 rozaron las 110.000, cifra de vacantes que el INE elevó a casi 134.000 en el primer trimestre de este año, lo que no deja de ser paradójico en un país que casi aglutina uno de cada cuatro parados en la UE. Aunque el sector hostelero ha sido uno de los que más alto ha clamado por la falta de mano de obra ante la reactivación de la demanda y el turismo tras la pandemia, existen otros perfiles laborales de mucha más difícil cobertura. En concreto, en España faltan mecánicos y ajustadores de maquinaría, así como trabajadores especializados en electricidad y electrotecnología. Están en la industria y son los puestos más difíciles de cubrir. Así lo refleja la encuesta sobre las necesidades del mercado de trabajo realizada por Adecco Group Institute entre más de 27.000 empresas representativas del mercado laboral español, que citan estos perfiles en un 29% de los casos. A continuación se sitúan soldadores, chapistas, montadores de estructuras metálicas, herreros y elaboradores de herramientas, profesionales mencionados por el 26% de las empresas, el mismo porcentaje que denuncia dificultades para encontrar técnicos especialistas y profesionales científicos en el ámbito de las ciencias físicas, químicas, matemáticas e ingenierías.

Un volumen récord de petróleo ruso sigue llegando a China mientras Occidente continúa restringiendo las importaciones del crudo de los Urales. En mayo, el gigante asiático disparó sus importaciones de petróleo desde Rusia un 55% respecto al año anterior. Las refinerías chinas, sobre todo las estatales Sinopec y Zhenhua Oi, están aprovechando los grandes descuentos de Moscú ante la lluvia de sanciones occidentales, llegando a desplazar el pasado mes a Arabia Saudita como su principal proveedor. La Administración General de Aduanas de China informó ayer de que las importaciones de crudo ruso, incluidos los suministros bombeados a través del oleoducto de Siberia Oriental y los envíos marítimos desde los puertos europeos y del Lejano Oriente de Rusia, sumaron un total de casi 8,42 millones de toneladas. Eso equivaldría a casi dos millones de barriles por día, un cuarto más que los 1,59 millones que llegaban en abril. Las compras se elevaron el pasado mes a 7.470 millones de dólares –desde los 7.000 millones en abril– en crudo ruso, el doble de la cantidad de hace un año. Además, India ha abierto más aún los brazos que su vecina China a comprar a lo grande al país de Putin. Las importaciones de crudo desde Rusia aumentaron de 100.000 barriles por día en febrero, a 370.000 en abril y 870.000 en mayo.

El PSOE se niega a ver en los resultados electorales de Andalucía un aviso a navegantes. En la ejecutiva federal se respiraba ayer, según varios de sus asistentes, «tristeza» e incluso un cierto ambiente de «luto», especialmente entre los dirigentes andaluces. El propio Pedro Sánchez, poco dado al abatimiento, se mostró, afirmaron fuentes presentes en la reunión, «afectado» por la derrota sin paliativos de un candidato, Juan Espadas, que él mismo ayudó a impulsar hace un año frente a Susana Díaz en el histórico bastión socialista. Pero nadie reconoce que los sentimientos vayan acompañados de «preocupación» por el futuro electoral más próximo. Los socialistas se apresuraron ayer a encapsular dentro del territorio andaluz una debacle con un enorme simbolismo. Cuando en 2018, tras 37 años de Gobierno, perdieron la Junta a manos de una coalición de PP y Cs con el apoyo externo de Vox lo hicieron con su hasta entonces peor resultado –algo más de un millón de votos, un 27,9% del total y 33 escaños– pero conservando aún la primera posición. Su esperanza era entonces que conseguirían lo que antes habían logrado Guillermo Fernández Vara en Extremadura o Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha: convertir el ejecutivo popular en un mero paréntesis en la historia de la comunidad. Lejos de lograrlo, el suelo de la federación sobre la que el PSOE ha cimentado tradicionalmente sus victorias en las generales se desplomó el domingo hasta los 883.707 votos, un 24% del total y 30 escaños. 

Los centros concertados que reciban dinero público deberán acreditar cómo emplean esa financiación a través de auditorías, que serán las que garanticen que cumplen con los parámetros a los que se hayan comprometido para poder recibir esa ayuda económica. Así lo anunció en su comparecencia, a petición propia, en el Parlamento Vasco el consejero Jokin Bildarratz, quien afirmó que «un centro privado que recibe dinero público deberá cumplir con los requisitos que se le pidan». Entre otros aspectos, Educación obligará a lared concertada a reservar plazas a alumnos «vulnerables» para evitar la segregación. Así, según Bildarratz se acabará con «toda práctica abierta o encubierta de cobro» a través de las cuotas. Esta será una las primeras 43 medidas que se pondrán en marcha de cara a garantizar el desarrollo del pacto educativo suscrito en el Parlamento Vasco el pasado 7 de abril. Bildarratz aseguró que las primeras auditorías se prevé que se pongan en marcha «para el último cuatrimestre del 2022». Precisamente esa fecha es la primera de revisión del programa de refuerzo educativo Hedatze que Educación abrió la semana pasada a la red concertada y que permite, además de acogerse a la jornada continua, la realización de actividades extraescolares gratuitas. Ese control del dinero se irá poco a poco extendiendo a otros ámbitos subvencionados en los colegios concertados.