20260918

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Deberes a la patronal. Sobre los problemas estructurales de la economía vasca el lehendakari se ha fijado lograr de una vez avances en el problema del absentismo antes de final de año: «Euskadi no puede seguir en los primeros puestos de ese ranking. Estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado». Así, el Gobierno presentará en el próximo trimestre los resultados del estudio realizado sobre la cuestión para sentar a sindicatos y empresas y lograr un «acuerdo de país». Es una cuestión reclamada por las centrales y que Confebask ha rechazado tratar de modo monográfico en una disputa que los sindicatos han llevado incluso a los tribunales. Pradales ha insistido en que «es imprescindible que ambas partes se sienten en la misma mesa: sindicatos y patronal. Sin líneas rojas, con voluntad sincera de llegar a un acuerdo y dejando a un lado las excusas». Los jóvenes han sido la otra cuestión en la que el lehendakari ha elevado el tono con la patronal, y no es la primera vez. Ha pedido a las empresas que aborden sus condiciones laborales. «Me preocupan –aclaró– porque en muchos casos no son justas». Y ha recordado que «en más de una ocasión les he trasladado este mensaje a los representantes de las empresas: cuidemos nuestra cantera. Cuidemos a nuestra juventud». En esta parte de su discurso ha dado un giro más al advertir de que se trata de una cuestión que «llevaremos a primera línea y pediremos la implicación directa del mundo empresarial». Sobre la atracción del talento, Pradales ha reconocido la necesidad de coordinar las alternativas lanzadas por distintas administraciones y entidades vascas, para lo que ha anunciado el lanzamiento de una estrategia conjunta. Por otra parte, Pradales reivindica la solidez económica de Euskadi para resistir, aunque reconoció que las turbulencias de la geopolítica con los aranceles de Estados Unidos y después la guerra de Irán han pasado ya una factura de más mil de millones a la industria vasca. Una situación que se hace complicada y que reconoció que «preocupa y genera incertidumbre y malestar en la gente».

La subida de los costes laborales sigue impactando sobre las empresas vascas que en el último año han visto crecer un 4,5% el gasto que deben realizar en sus plantillas. Así lo recogen los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el segundo trimestre del ejercicio, que recogen un desembolso medio de 3.743 euros mensuales por trabajador incluyendo salarios, cotizaciones sociales y otros gastos asociados. Se trata del segundo incremento más alto para este periodo de la serie histórica (por detrás del 6,9% alcanzado en 2023, y si se elimina el efecto de la pandemia), con un incremento de 160 euros en los últimos 12 meses. Euskadi se mantiene de esta manera como la segunda comunidad autónoma con los costes laborales más altos, solo por detrás de Madrid (allí el gasto alcanza los 4.045 euros). La subida de los costes laborales se justifica principalmente por el incremento de los salarios vascos que han aumentado un 5% en el último año: se han incrementado de media en 130 euros más cada mes, mientras que las cotizaciones sociales aumentaron un 3,3% (cuestan ahora 31 euros más, hasta alcanzar de media los 920). La industria registra los costes laborales totales más altos (tras Cataluña y Madrid) alcanzando en Euskadi los 4.369 euros, seguidos de la construcción donde suponen los 4.101 liderando la lista en toda España (el que más se le aproxima es Madrid con un gasto para las empresas de 3.925 euros por trabajador y mes) y los servicios, que se fijan en 3.559 euros (de nuevo por detrás de Madrid y Cataluña).

La dirección de Gestamp en Abadiño planteó hace meses al comité de empresa la salida de entre 250 y 280 trabajadores fijos hasta 2030. Un ajuste derivado de la pérdida de la mitad de la carga de trabajo prevista para ese año, ya que Mercedes ha decidido reducir el peso del grupo presidido por Francisco Riberas en los componentes para la plataforma VAN.EA (destinada a las furgonetas eléctricas que se fabrican en Vitoria) y producir en Alemania gran parte de las piezas, así como derivar parte de la producción al proveedor vitoriano Rubi. Frente a esta situación, la dirección de la fábrica vizcaína planteó la vía de las salidas voluntarias y, tras vencer antes de agosto el plazo para acogerse a este programa, la adscripción ha sido testimonial: según aseguran fuentes sindicales de toda solvencia, tan solo se han sumado 33 trabajadores. Dentro de este grupo, 15 serían bajas incentivadas y otras 18 serían las personas a las que este año les correspondía el contrato de relevo contemplado en el convenio. La cuestión es que la mayoría sindical y la dirección llegaron a un acuerdo para dar salida a estas personas en condiciones similares a las que se contemplan en esta modalidad, aunque sin relevista, para no dar así entrada a 18 personas con contrato fijo. Las bajas voluntarias consisten en una indemnización mediante un despido improcedente (33 días de salario por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades) y 30.000 euros adicionales, aunque con un tope de 80.000 euros.

Maite Etxarri, Elena Pinedo y Marta García, directoras financieras de Sidenor, Satlantis y Multiverse Computing, respectivamente, fueron ayer protagonistas del primer Premio a la Mejor Dirección Financiera de Elkargi. Vinculada a Sidenor desde 2012, Maite Etxarri reivindicó durante el acto el carácter transversal de su profesión, en el ámbito industrial. «La dirección financiera, especialmente en empresas industriales, es apasionante y muy variada», señaló. Distinguida en la categoría de Empresa Emprendedora, Marta García, la CFO de Multiverse Computing, una empresa que ha evolucionado en pocos años desde el ámbito de las tecnologías emergentes hasta situarse entre las firmas españolas con mayor proyección en este campo, agradeció el acompañamiento de Elkargi en diferentes operaciones, así como la creación de estos premios. «Es un honor formar parte de esta primera edición», afirmó. Por último, Elena Pinedo, directora financiera de Satlantis, recibió el premio correspondiente a la categoría de Pyme. Desde su posición como CFO, Pinedo participa en la planificación estratégica, el control de gestión y los procesos financieros de la empresa tecnológica vizcaína, cuyos proyectos requieren inversión, planificación a largo plazo y capacidad para gestionar el crecimiento en un sector altamente especializado.

El tramo de alta velocidad ferroviaria entre Vitoria y Burgos, esencial para que Euskadi quede conectado con Madrid y el resto de la red AVE, va a dar un nuevo paso adelante este mes dentro del objetivo de que estos 93 kilómetros puedan entrar en servicio en los primeros años de la próxima década, poco después de que lo haga la Y vasca. El secretario de Estado de Transportes, el guipuzcoano José Antonio Santano, anunció ayer que Adif Alta Velocidad –la empresa pública estatal gestora de las infraestructuras ferroviarias vinculadas a las líneas AVE– prevé adjudicar ya este mes las obras del subtramo Manzanos-La Puebla de Arganzón, de 7 kilómetros y con una inversión prevista de 225,1 millones de euros. Será el tercer segmento en ver arrancados los trabajos sobre el terreno, de los siete en que se divide el trazado entre la capital vasca y la antaño ciudad principal del Reino de Castilla. 

La demora del Gobierno, de entre uno y tres años, lleva a miles de titulados, sobre todo mujeres, a aceptar empleos menos cualificados. Se ha convertido en un paréntesis marcado por la incertidumbre. Más de 15.000 personas inmigrantes esperan en Euskadi el reconocimiento de sus títulos universitarios extranjeros para poder ejercer su profesión. Es la estimación que maneja Bidez Bide, asociación de referencia en Gipuzkoa en el acompañamiento a personas migradas que necesitan homologar, convalidar o acreditar los estudios realizados en sus países de origen. No existe un registro público que permita determinar con exactitud cuántas de estas personas residen en el territorio, pero la entidad advierte de la dimensión de un problema que puede mantener durante años a profesionales cualificados alejados de su ámbito laboral. La desesperante espera comienza cuando aquellas que han cursado una carrera universitaria en el extranjero necesitan que su titulación sea reconocida en España para ejercer determinadas profesiones o acreditar oficialmente su formación. El procedimiento requiere aportar documentación académica y, según el caso, «traducciones oficiales, legalizaciones y otros requisitos».

El precio de la vivienda en Euskadi subió en el segundo trimestre del año un 11,1% en comparación en el mismo periodo de 2025, hasta alcanzar los 3.102 euros por metro cuadrado, según la estadística de valor tasado que ha publicado este jueves el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. En términos generales, Euskadi es la tercera comunidad autónoma con la vivienda más cara, solo por detrás de Madrid, con un precio medio de 4.089,6 euros (un 12,6% más) y de Baleares con 3.980 euros (un 13,1% más). En el conjunto del Estado, el coste habitacional subió en el segundo trimestre del año un 12,5%, hasta los 2.355 euros por metro cuadrado, un nuevo récord histórico, según la estadística del Ministerio.

El lehendakari Imanol Pradales ha puesto ya entre las principales prioridades del Ejecutivo el revisar una estrategia educativa que «no está logrando los resultados esperados». De ahí que Pradales haya puesto sobre la mesa medidas para mejorar los resultados, entre las que destaca la lucha contra las pantallas. «Tenemos dos años para revertir la tendencia», advirtió ayer. «Lo digo sin paños calientes: los resultados del Informe PISA son malos, sin paliativos. No son los que queremos para Euskadi. Y no nos lo podemos permitir», expresó el lehendakari. «Este Gobierno da la cara. Asumimos nuestra responsabilidad en la parte que nos corresponde. La autocrítica es obligada para mejorar». El lehendakari destacó como receta aumentar la exigencia del rendimiento de lectura y medir de manera específica la competencia de todo el alumnado en tres momentos clave: segundo y quinto de primaria, y primero de la ESO. En segundo. También plantea que «los alumnos leerán todos los días de manera pausada en todas y cada una de las etapas». El lehendakari recuerda a su gobierno, a instituciones, colegios, padres y alumnos, como aviso, que «en Euskadi no tenemos recursos naturales. Nuestro principal activo son las personas, con sus conocimientos, preparación y educación».

El Gobierno y los agentes sociales se reunieron ayer para analizar la coyuntura y debatir qué medidas tomar cuando, a finales de este mes, deje de estar en vigor el escudo anticrisis implementado para mitigar el impacto económico de la guerra en Oriente Próximo. Como era de esperar, ante un escenario que se ha deteriorado, el Ejecutivo se mostró favorable a extender las medidas de apoyo más allá del 30 de septiembre, aunque no concretó si se tratará de una prórroga del paquete vigente o de un esquema distinto, ni si tendrá mayor alcance o serán iniciativas más quirúrgicas. Así lo avanzó durante el encuentro el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que aseguró que “el Gobierno trabajará en las medidas del Plan de Respuesta para continuar acompañando y apoyando a las familias ante las subidas de los precios”. El también vicepresidente primero añadió que se atenderá “especialmente a los sectores profesionales más afectados, como son el transporte y el agroalimentario”, según trasladan fuentes de su departamento. La situación no es nada halagüeña. El precio del petróleo coquetea con los 100 euros. La inflación ha repuntado en agosto al 4,3%, el nivel más alto desde 2023, impulsada por los carburantes, a la vez que la cotización del gas se ha disparado y empieza a trasladarse a la electricidad, que desde la ola de calor de julio está en cotas superiores a los 100 euros el megavatio-hora en el mercado mayorista.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprovechó su presencia ayer en el arranque de la construcción del proyecto Onuba, que desarrolla la planta de hidrógeno de Moeve junto a su refinería de Huelva, para cargar contra los grandes magnates mundiales que han provocado las guerras en Ucrania o Irán y que están impactando a Europa y a España por los elevados precios de la energía. “No podemos dejar nuestro suministro a merced de guerras injustificadas ni pagar los platos rotos de quienes convierten la energía en una pieza más de sus juegos de poder”, aseguró, en una referencia velada a líderes como el presidente de Rusia, Vladímir Putin, o el presidente de EE UU, Donald Trump. “Durante décadas, Europa y España han dependido en exceso de la energía exterior. Las crisis internacionales y los conflictos, como los de Irán o Ucrania, recuerdan el enorme precio que pagamos por esa dependencia geopolítica y el riesgo para nuestra economía. Producir energía aquí no es solo una meta climática, sino una cuestión de autonomía y soberanía de seguridad”, añadió Sánchez.

Pedro Sánchez publicó ayer una tribuna en la agencia Bloomberg, con el título Cómo evitar que los centros de datos consuman demasiada energía, en la que recuerda que, “aunque a menudo se percibe la economía digital como algo inmaterial, cada servicio en la nube y cada aplicación de IA dependen de una infraestructura física masiva que ocupa suelo, consume energía, utiliza agua y exige inversiones cada vez mayores”. Según Sánchez, la rápida expansión de los centros de datos se ha convertido en una de las expresiones más tangibles de la revolución de la inteligencia artificial. El Ejecutivo tramita desde finales de agosto un proyecto de real decreto en el que establece restricciones a su desarrollo que han levantado en armas a la industria. La intención de Transición Ecológica es que los data centers tengan que darse a sí mismos el 80% del consumo con renovables y que lo acrediten hora a hora, lo que les impediría únicamente tirar de fotovoltaica, que no funciona durante la noche. El presidente del Gobierno explicó que la experiencia internacional sugiere que, a medida que la industria de los centros de datos crece, surgen tensiones.

CC OO amenaza con un otoño caliente en la banca española. El sindicato puso de largo ayer sus reivindicaciones de cara a la renovación del convenio del sector, que expira en diciembre de este año y se abordará en 2027. Aspira, entre otras medidas, a una reducción de jornada, que abra la puerta a fines de semana de tres días una vez al mes por trabajador. También a una sustancial mejora salarial, de entre el 4% y el 7% para los próximos cuatro años. El sindicato ha acompañado estas reclamaciones con la presentación de un informe sobre la situación del sector financiero. Y ha hecho especial hincapié en los récords de beneficios que acumulan los grandes bancos españoles, que cifra en 36.000 millones el año pasado y más de 20.000 millones en el primer semestre de este ejercicio. Plantea, por tanto, que estas ganancias se repartan también entre los empleados y no solo a los accionistas, a través de pagos de dividendos y recompras de acciones. También ha puesto de manifiesto las reducciones de plantilla que han acometido las entidades desde la crisis, que calculan en 180.000 empleados desde los máximos del bum financiero.

Desde el pico de la recesión económica, el sector financiero nacional lidera los recortes más agresivos de toda la Unión Europea con reducciones drásticas de plantilla y cierre masivo de sucursales bancarias, según un informe de CC OO publicado ayer. En concreto, el conjunto de entidades de crédito ha reducido sus trabajadores en casi un 40%, lo que implica la destrucción de 108.000 empleos directos, 105.000 de los cuales se produjeron en entidades de depósito. Al mismo tiempo, la banca española ha cerrado más del 63% de su red de sucursales físicas, que se vieron reducidas de 45.000 a 17.000 oficinas. Esto son 28.000 oficinas menos a las que pueden acceder ahora los ciudadanos en comparación con la época anterior a la crisis. Como resultado directo de estos recortes, el índice de atención se ha disparado a 300 habitantes por empleado, el doble que en 2008. El informe atribuye esta merma a la consolidación posterior a la crisis financiera de 2008 –la absorción de cajas de ahorro– y a la posterior aceleración de la transformación digital y la banca móvil para sostener márgenes de eficiencia.

Santander va a acometer un proceso de reestructuración en sus filiales tecnológicas con reducción de puestos de trabajo. El banco inició ayer los contactos con las organizaciones sindicales para la negociación del expediente de regulación de empleo (ERE), que se apoyará en causas técnicas y organizativas. La entidad también ha comunicado ya al conjunto de la plantilla la apertura del proceso.  Santander ve necesario el expediente de regulación ante “la rápida evolución tecnológica” y el despliegue del nuevo modelo operativo (One Transformation), que el grupo ha acelerado especialmente desde el año 2023. Banco Santander quiere convertirse, como gran objetivo de fondo, en un banco más simple, eficiente y global, que se estructure en torno a plataformas comunes. Para ello y entre otros, está apostando por la simplificación organizativa, la automatización y el desarrollo de capacidades tecnológicas compartidas. La reorganización afectará a las filiales Santander Global Technology and Operations, que opera con la marca comercial Santander Digital Services, y a Gravity Cloud, sociedad que viene desarrollando la infraestructura tecnológica interna del grupo (back-end). Por el momento, no han trascendido cifras sobre el número de empleados afectados, las condiciones de salida y el plazo en el que se podría alcanzar el acuerdo sobre el ERE con los sindicatos. Digital Services y Gravity Cloud tienen, en conjunto y a nivel global, en torno a 13.000 empleados. Entre sus perfiles profesionales destacan los analistas de datos, desarrolladores y expertos en ciberseguridad.

Simón y Recasens, que será el brazo ejecutor del nuevo plan, quieren rodearse ahora de directivos de máxima confianza que lleven a la compañía a alcanzar los objetivos del plan que se desvelará en noviembre y con el que se dará por finalizada la etapa previa en Indra. A falta de dos semanas para el 29 de septiembre, no se han desvelado los detalles de los nuevos nombramientos en el comité de dirección, pero las fuentes consultadas afirman que serán numerosos y que se harán en dos oleadas. Algunos miembros del consejo conocerán los cambios propuestos en la reunión de la comisión de nombramientos y retribuciones que está previsto que se celebre la semana que viene. La primera andanada de nombramientos llegará a final de mes y previsiblemente conllevará la salida de ejecutivos históricos, mientras que la segunda fase de la remodelación del comité de dirección tendrá lugar a finales de año.

Una alianza como ninguna otra. Eso es lo que aparece en el horizonte para la Unión Europea y Canadá, aunque para ello antes se deberá aterrizar técnica y jurídicamente las enormes expectativas generadas. En el pleno celebrado esta semana en Estrasburgo, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, propuso que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea. Y ayer Mark Carney recogió ese guante ante el Parlamento Europeo. En una rueda de prensa junto a la presidenta de la institución, Roberta Metsola, el primer ministro canadiense abrazó la idea de que ambas regiones estrechen lazos como nunca antes. “Una alianza entre Canadá y la UE crearía un faro para otras democracias. Una alianza definida no por aquello a lo que nos oponemos, sino por aquello que defendemos: libertad, solidaridad, prosperidad y sostenibilidad”, expresó Carney. Por su parte, Donald Trump parece decidido a no hacer prisioneros en su guerra comercial contra Canadá. El presidente de Estados Unidos ha amenazado con imponer nuevos aranceles a la Unión Europea, o incluso con romper relaciones comerciales con ella, si acaba convirtiendo a su vecino del norte en un miembro asociado. De materializarse el acuerdo, advirtió, podría ser leído por Estados Unidos como un “acto hostil” contra ellos, considerando que “Canadá ha sido un pésimo socio comercial”.

Las ocupaciones con mayor exposición potencial a la inteligencia artificial (IA) generativa han registrado desde 2022 un crecimiento del empleo por encima del promedio en España, sin que se observe por el momento una relación negativa entre el grado de exposición a esta tecnología y la evolución agregada de la ocupación, según el último Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo elaborado por BBVA Research y Fedea. El informe revela que las ocupaciones con alta exposición a la IA representan algo más del 30% del empleo total en España. Sin embargo, esta exposición presenta una brecha acusada según la cualificación, la edad, el territorio y la nacionalidad. Por nivel educativo, más del 40% de los ocupados con estudios superiores trabaja en puestos de alta exposición a la IA, frente al 15% de quienes cuentan con educación secundaria obligatoria o menos. En sentido inverso, casi la mitad de las personas con menor nivel educativo se concentra en ocupaciones de baja exposición, proporción que no alcanza el 10% entre los profesionales cualificados.

La start up de inteligencia artificial OpenAI desveló el pasado miércoles seis nuevos incidentes que suponen “un comportamiento preocupante” de sus modelos de IA, que no se ajustaron a lo previsto o ignoraron las reglas de sus creadores. En pleno debate global en el sector sobre los peligros potenciales de la IA, en el que algunas empresas como OpenAI o Anthropic piden ralentizar el desarrollo de los modelos más avanzados para evitar o limitar los riesgos de esta tecnología, la empresa dirigida por Sam Altman ha revelado nuevos incidentes de seguridad con modelos que aún no ha lanzado, como GPT-5.6 Sol, durante los últimos seis meses. La compañía estadounidense aprovechó el anuncio de estos casos, en el que sus modelos de IA desarrollaron fórmulas para ignorar “limitaciones normales”, fabricaron o tergiversaron datos y ocultaron errores mientras realizaban tareas, para dar a conocer su nuevo protocolo de actuación ante la aparición de estos incidentes con el objetivo de ofrecer mayor transparencia.

En China, hasta la IA debe aprender dónde están las líneas rojas. Y el hombre encargado de trazarlas es un ingeniero de 65 años que nunca se aparta del rígido vocabulario del Partido Comunista. Zhuang Rongwen no diseña chips ni programa modelos de lenguaje. Su poder es otro: decide qué puede hacer un algoritmo antes de salir al mercado y vigila que, una vez en manos de los usuarios, no se desvíe del carril marcado por Pekín. Zhuang está al frente de la Administración del Ciberespacio de China (CAC), el organismo que ha extendido la vieja arquitectura de censura y vigilancia al territorio mucho más imprevisible de la inteligencia artificial generativa. Bajo su supervisión, los chatbots deben aprender a responder, pero también a callar; a producir contenido, pero sin cuestionar la versión oficial; a innovar, siempre que la innovación no abra un espacio que el PCCh no pueda controlar. En la segunda potencia mundial no existe un único zar de la IA. El mando se reparte entre la cúpula del Partido, el Consejo de Estado, varios ministerios, los servicios de seguridad y los gobiernos locales. En ese engranaje, Zhuang custodia una de las puertas principales. La CAC registra los algoritmos capaces de influir en la opinión pública, examina los grandes modelos antes de su lanzamiento, dicta las reglas que deben cumplir las plataformas y conserva la facultad de sancionarlas después.