20260919

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Lastrada durante meses por la debilidad europea y las tensiones internacionales, la industria dejó atrás los números rojos y repuntó un 0,7% entre abril y junio, después de caer un 0,2% al inicio del año y de cerrar 2025 con un exiguo avance del 0,3%. Este cambio de tendencia contribuyó a elevar el crecimiento del PIB hasta el 2,3% interanual, una décima más que en el periodo anterior, dos por encima de la estimación inicial publicada por el Eustat en julio y tres sobre la previsión del Gobierno vasco. Esta sorprendente recuperación industrial coincide con las primeras señales de mejora en sus principales mercados europeos. Alemania y Francia, los dos grandes destinos de las exportaciones vascas, comienzan a levantar el vuelo. El PMI manufacturero, el indicador que mide el pulso de las fábricas, situó en mayo a Alemania en terreno expansivo, con 50,1 puntos, tras cerca de dos años de debilidad. Francia había cruzado esa barrera un mes antes, aunque después volvió a zona de contracción. Si la mejoría se consolida, podría traducirse en más pedidos para las empresas vascas en los próximos meses. Pese a que son unos datos que invitan al optimismo, el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, llama a hacer una lectura «prudente» de la situación y prefiere hablar de «estabilización» antes que de una recuperación industrial sólida. La cuestión es que buena parte de las fuerzas externas que han lastrado al sector durante los últimos meses siguen presentes. 

Gipuzkoa es una de las provincias españolas que tiene su red eléctrica saturada al 100%, un colapso que comparte con los territorios de Álava y Bizkaia, y que deja al conjunto del País Vasco con cero megavatios (MW) de capacidad disponible para nuevas conexiones. Este déficit absoluto representa un severo freno para el tejido empresarial, ya que actúa como un cuello de botella que imposibilita la implantación de nuevos proyectos industriales, impide la ampliación de instalaciones de las empresas ya consolidadas y paraliza sus planes de electrificación y descarbonización, amenazando la competitividad y el desarrollo económico del territorio. La situación guipuzcoana se enmarca en un problema estructural a nivel estatal, donde el 86,5% de las subestaciones eléctricas (5.301 de las 6.127 operativas) se encuentran completamente saturadas a cierre de septiembre, según los datos del Foro Industria y Energía y Opina 360 hechos públicos ayer.

35 empresas vascas de la movilidad acudieron ayer con más de un centenar de oportunidades laborales a la séptima edición del Mobility Job & Talent Day, una feria de empleo organizada por ACICAE-Cluster de Automoción de Euskadi. Buscaban ingenieros, técnicos de producción, especialistas en automatización, digitalización, logística o gestión de proyectos. Y, sobre todo, trabajadores capaces de adaptarse a una industria que está cambiando. «Al margen de todo lo que está ocurriendo y de los desafíos que afronta el sector, en Euskadi hay mucha actividad y muy diversificada», resume Mikel Lorente, director técnico de AIC y ACICAE. Y esa transformación también está modificando los perfiles que necesitan las compañías. El nuevo trabajador de la automoción no es necesariamente el mismo de hace una década. «Ya no solo se necesitan ingenieros: se buscan conocimientos de electrónica, programación, automatización, análisis de datos e inteligencia artificial», explica Lorente. En Loramendi-Aurrenak, esa combinación de formación técnica y nuevas competencias encaja con una necesidad urgente: incorporar jóvenes mientras se produce el relevo de una plantilla con décadas de experiencia. Buscan ingenieros para diseño, programación, compras y puestos técnicos, pero también perfiles de FP de mecanizado, mecatrónica o electrónica. «Para garantizar que el conocimiento se quede en la empresa, hacemos el cambio generacional antes de que se vaya la persona», explican. 

El Gobierno vasco, a través de su sociedad pública Indartuz del Instituto Vasco de Finanzas (IVF), ha resuelto la primera convocatoria del Programa de Inversión en Escalabilidad, una iniciativa «clave» que se enmarca en el Plan Euskadi Eraldatuz 2030 que presentó el lehendakari, Imanol Pradales, en octubre y que busca reforzar el crecimiento, la consolidación y el arraigo empresarial de Euskadi. Tras un proceso de evaluación, el consejo de administración del IVF ha seleccionado cuatro fondos de inversión que movilizarán un volumen de relevante de capital público y privado para acompañar a startups y pymes vascas en sus procesos de crecimiento y expansión. En concreto, Indartuz prevé comprometer hasta 60 millones en esta primera fase que se canalizarán a través de cuatro instrumentos. Estos son Gálate Deeptech I, Talde Capital Crecimiento III, Stellum Food&Tech II y Easo Ventures III. El programa, señalaron desde el Ejecutivo autonómico, «supone un cambio relevante en la política financiera pública, al introducir por primera vez un modelo sistemático de inversión indirecta a través de vehículos de gestoras privadas seleccionadas en concurrencia competitiva».

El Gobierno Vasco ultima las ayudas extraordinarias para hacer frente a los efectos de la sequía en el primer sector y prevé concederlas «este año» y «de oficio, directas». Así lo anunció ayer la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo, quien explicó en una entrevista radiofónica que el Ejecutivo trabaja con las diputaciones para concretar los subsectores y las primas que corresponderán a cada uno. Barredo señaló que existen reuniones «todos los días prácticamente» para cerrar los detalles de estas ayudas. «Hay que esperar poco ya», afirmó la consejera, que apuntó que las cosechas de prácticamente todos los cultivos se encuentran ya muy avanzadas por las condiciones climáticas.

ELA se ha marcado como objetivo dar mayor presencia al euskera en el ámbito laboral. Para hacerlo, impulsará el aprendizaje de la lengua entre los trabajadores vascos a través de una norma que quieren plasmar en un acuerdo interprofesional, y que recoja el derecho a estudiar el idioma, «especialmente en horario laboral», adecuando las jornadas para hacerlas compatibles con los euskaltegis cuando los cursos no se puedan impartir en los propios centros de trabajo. Para facilitar la iniciativa, demandan también al Gobierno vasco su implicación ayudando a afrontar los gastos que pueda suponer este aprendizaje entre las plantillas, «especialmente en las pequeñas empresas que disponen de escasos recursos». El responsable de euskera en ELA, Pello Igeregi, y la representante del sindicato para el sector del metal en Bizkaia, Arrate Elkoro, recordaron ayer que la central ha comenzado a utilizar exclusivamente el euskera en 27 negociaciones colectivas que se desarrollan en el País Vasco, una medida que anunciaron antes del verano y que ha llevado al Consejo de Relaciones Laborales (CRL) a preparar un servicio de traducción simultánea. 

Entrevista con François Provost, CEO mundial de Renault. El primer ejecutivo del grupo automovilístico francés pide “congelar toda nueva regulación durante 10 años” para evitar que los precios de los automóviles sigan subiendo. "“Es urgente que Europa apruebe el paquete de automoción dentro de su iniciativa del Industrial Accelerator Act". El mencionado paquete incluirá medidas que priorizarán la producción europea de vehículos y la posible imposición de nuevos aranceles a los híbridos enchufables que vengan desde China, ampliando así el escudo frente al gigante asiático que a día de hoy se limita a los eléctricos puros. Provost se muestra “más optimista” de llegar a un acuerdo, “sobre todo tras el cambio de postura de Alemania”, que ahora es proclive a poner tasas extra a los híbridos enchufables made in China, un agujero por el que fabricantes como BYD han logrado crecer rápidamente en ventas en Europa. Renault espera que en diciembre se publique el paquete de medidas para el sector, aunque Provost confía en que “haya algún tipo de publicación o anuncio previo”. A pesar de la contundencia con la que Renault pide imponer un muro de contención más robusto frente a China, la propia automovilística ha tejido una alianza con uno de los mayores fabricantes de ese país, Geely, con la que va totalmente de la mano en mercados como Brasil. 

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) advirtió el viernes de que España no alcanzará los objetivos de descarbonización europeos para vehículos industriales hasta 2075. El director general de la patronal, José López-Tafall, explicó que la cuota de camiones electrificados se situó en un 1,6% en 2025, muy lejos del 25% que establecen los objetivos de la Unión Europea para 2030. Las expectativas de Anfac revelan que al final de la década la cuota estará en torno al 3,6%, según ha destacado López-Tafall durante la presentación de la actualización de la Hoja de Ruta de Vehículo Industrial y Autobús hasta 2030. Los datos de 2025 están por debajo de la media europea, que cerró el año con una cuota del 4,2%, y señalan que la situación es más preocupante en lo que respecta a los camiones más pesados (los que exceden las 16 toneladas): la penetración en 2025 fue del 0,5%, frente al 2% de la Unión Europea. Anfac también ha puesto sobre la mesa la necesidad de renovar todo el sector.

Volkswagen (VW) ha concluido la transformación de su fábrica de Navarra para la producción de coches eléctricos tras una inversión de más de 1.000 millones. El viernes inauguró la producción del modelo ID. Cross, el primero de la marca Volkswagen impulsado por baterías. Con un motor de 155 kW, se venderá en 34 países. En junio pasado también comenzó en el centro de Pamplona el ensamblaje de otro coche eléctrico, el Skoda Epiq, con lo que la planta de la multinacional alemana ha concluido el citado proceso de electrificación. En medio de una crisis que le obliga a una profunda reconversión, la corporación de Wolfsburgo sitúa a la península Ibérica como uno de sus ejes de futuro. A corto plazo aspira a producir más de un millón de unidades en España y Portugal. En la actualidad fabrica nueve millones de unidades en sus 114 plantas repartidas por el mundo. La apuesta por la península Ibérica está apoyada en los refuerzos de capacidad de las instalaciones de Pamplona y de Martorell, en Cataluña. Con la aportación del centro luso de Palmela, que en 2027 acogerá la producción de un nuevo vehículo eléctrico. Michael Hobusch, presidente de Volkswagen Navarra, destacó en el lanzamiento del ID.Cross que la planta de Pamplona entra en una nueva era que asegura el empleo del centro y le convierte en un referente de la industria de automoción.

La fotovoltaica corre el riesgo de morir de éxito en España. Mientras el país instala más placas que nunca, más de 12.000 puestos de trabajo vinculados a la energía solar han desaparecido en un año en nuestro país, según datos del cierre de 2025 actualizados esta semana por la patronal Unef. La cifra –incluye puestos directos, indirectos e inducidos– es el síntoma de un pinchazo. El sector ha empezado a agrietarse por el empleo, pero las raíces de la crisis son mucho más profundas, lo suficiente para llevar a la patronal a pedir un rescate estatal en forma de créditos avalados por el ICO. El sector alcanzó en 2022 su récord de empleo en más de 10 años, con 152.418 ocupados totales, al calor de la subida de precios eléctricos por la invasión rusa de Ucrania. Esto disparó la demanda de autoconsumo y ensanchó los márgenes de las renovables que operaban en mercado. El pico avivó el apetito de los inversores, que apoyaban con entusiasmo una ronda de financiación tras otra, y también las expectativas de unas empresas que redimensionaron sus plantillas y planes estratégicos. Pero la factura se moderó y la demanda volvió a su cauce. En apenas dos años, a muchas empresas se les quedó grande su propio traje. En 2025, el empleo total se situó en 134.708 personas, más de 17.700 ocupados por debajo del punto álgido de 2022. Se trata del peor retroceso en, al menos, una década. Pero sobre todo es el primero que no puede achacarse a factores externos, como el recorte de primas a las renovables o el impuesto al sol, sino que responde a las condiciones del mercado y a las propias reglas del juego eléctrico.

El español Francisco Blanch está en lo más alto del organigrama de Bank of America, una de las mayores entidades globales, donde monitoriza las materias primas del mundo, en un momento crítico para el gas y el petróleo europeo en un contexto de guerra. Blanch, director general y responsable global de commodities del banco, reconoce que Europa se enfrenta a meses muy complicados, con inventarios de gas en mínimos de 2021 y la fuerte competencia en precios de Asia, que ha entrado en la puja por nuestra energía. "...Los iraníes atacaron dos unidades de licuefacción en Catar en una planta que se llama Ras Laffan, uno de los mayores complejos industriales y energéticos del mundo. Es como un Manhattan, pero todo lleno hierros y tuberías. Yo creo que esta fue una de las razones por las cuales la guerra rápidamente empezó a pararse y a buscar una solución porque obviamente los ataques a infraestructura energética pueden tener un impacto enorme. De hecho, Catar dijo que en los siguientes 3 a 5 años no esperaban exportar nada de esas dos unidades. Esta situación nos ha dejado muy dependientes del gas de EEUU, sobre todo porque antes mucho del gas venía de Rusia. Europa tiene un agujero enorme en términos de necesidad de gas y para que ese gas venga necesitas un precio, por encima del precio asiático...Los inventarios de gas están a niveles de 2021, con mucho del gas que tenía que llegar al Atlántico yéndose al Pacífico y eso ha dejado al Atlántico muy seco de gas...Si fuerzas la inyección de gas corres el riesgo de que haya un salto en los precios que te genere más inflación y que presione al banco central a subir tipos de interés. Estás atrapado entre la espada y la pared porque si fuerzas la inyección de gas, generas inflación y tienes que subir tipos cuando la economía ya está débil de entrada. Pero si encima el invierno es templado, das otro golpe adicional a la industria y al consumidor..."

España no podrá hacer uso esta vez del mecanismo que le permitió contener el impacto del gas sobre el precio de la electricidad y rebajar una factura disparada. La Comisión Europea se lo impide: no se dan las condiciones y el Gobierno no podrá reactivar la ‘excepción ibérica’ como sí sucedió cuando estalló la guerra en Ucrania. Así lo han confirmado a este periódico fuentes cercanas a la negociación que mantiene el Ejecutivo con los sindicatos y la patronal para extender el escudo de medidas con el que hacer frente a la crisis de precios provocada por el conflicto en Oriente Medio. Fue la principal demanda de los sindicatos y también de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz: recuperar el mecanismo excepcional que permitió a España y Portugal limitar el impacto del precio del gas sobre el mercado eléctrico. Incluso la CEOE no lo ve con malos ojos. Sin embargo, el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, les rebajó las expectativas pese a reconocer que, aunque se habla mucho más de la escalada del petróleo, el gas se está encareciendo en mucha mayor medida. «La Comisión no tiene apetito», les avanzó. Una frase que incluso se queda corta porque, según otras fuentes, en Bruselas son totalmente reacios a recuperar la medida.

“El campo no puede esperar más: la subida de los combustibles, imprescindibles para producir alimentos, ha llevado a las explotaciones a una situación límite”, advirtieron ayer las principales organizaciones agrarias del país, Asaja, COAG y UPA, en un comunicado conjunto en el que anunciaron la convocatoria “urgente” de protestas en toda España por “la subida inasumible del combustible” y también de los fertilizantes, que “han disparado los costes de producción y hundido la rentabilidad de agricultores y ganaderos de todos los territorios y sectores”. Las fechas y lugares de esas movilizaciones están aún por desvelar. El campo español denuncia que el gasóleo agrícola es hoy alrededor de un 50% más caro que hace un año (su precio medio ronda los 1,65 euros por litro cuando en septiembre del año pasado era de 1,1 euros) y que la subvención gubernamental de 20 céntimos por litro, amén de insuficiente porque no refleja el diferencial real de precios, expira el próximo 30 de septiembre sin que por parte de las Administraciones haya “respuesta ni alternativa sobre la mesa”.

La industria de la construcción está en el centro del debate de la crisis de la vivienda, que alcanzó el segundo trimestre del año un precio récord de 2.355 euros por metro cuadrado. Si no se construyen más residencias para una población que crece, los compradores seguirán estancados con las mismas que ya circulan en el mercado. Los últimos datos de actividad en el sector no alivian las preocupaciones. El índice de producción actualizado ayer por Eurostat, que recoge el valor de los contratos facturados por las constructoras, revela una caída interanual de un 9,7% en la construcción en julio respecto al mismo mes de 2025. La cifra es muy superior a la disminución promedio de la UE, que fue de un 1,8% en el mismo periodo. La valoración del presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alén, es que la tendencia negativa “pone de manifiesto las dificultades que afronta el sector”. Argumenta que las empresas absorben el incremento de los costes de producción, algo que considera “preocupante” porque “afecta a la rentabilidad”. Además, la caída en las ganancias lleva a que determinadas obras se retrasen o se abandonen, según explica. Las cifras de Eurostat revelan que a las constructoras les costó un 3,3% más construir viviendas en julio comparado con ese mismo mes en 2025. 

Pedro Sánchez anunció ayer un nuevo real decreto que supone un nuevo freno a las universidades privadas, especialmente las que imparten carreras a distancia. El proyecto va a «reforzar las exigencias» en los grados y en los másteres. La idea es aumentar la presencialidad, especialmente en el «ámbito sanitario». También se obligará a que el 50% de los profesores sean doctores, y el 40% deberá tener un contrato a tiempo completo. La Ley de Universidades, la LOSU, ya obliga a las universidades a tener la mitad de profesores doctores. Y eso se ha concretado en otro real decreto que el Gobierno aprobó en octubre de 2025. La diferencia es que, mientras en éste se obligaba a que la mitad del total del profesorado fuera doctor, en genérico, ahora se exige este porcentaje en cada una de las titulaciones, para que no se concentre, por ejemplo, en las carreras de letras, como ocurre ahora. Se trata de la tercera norma de este Ejecutivo que declara la guerra a la privada. El real decreto de octubre pasado, contra lo que Sánchez denominó «chiringuitos universitarios», ponía más exigencias para aprobar nuevos campus y este decreto de ahora aborda los requisitos para aprobar nuevos títulos de grados y máster.

Masorange, el segundo operador de telecomunicaciones del mercado español por ingresos y primero por número de clientes, ha enviado en las últimas semanas invitaciones a cuatro fabricantes de equipos de radio para su red de telefonía móvil para que participen en una licitación que tendrá lugar a partir de octubre para seleccionar a los proveedores futuros de la red y que espera resolver a mediados de diciembre. Los cuatro suministradores que ha seleccionado Masorange –controlada al 100% por la teleco gala Orange– son la sueca Ericsson y la china Huawei, que son los proveedores actuales de la red de Masorange, así como la finlandesa Nokia y la surcoreana Samsung. Fuentes oficiales de Masorange declinaron hacer comentarios sobre esta información. La invitación a Nokia y a Samsung supondría, en el caso de prosperar, la entrada de un nuevo proveedor de red de radio en Masorange, que nunca ha trabajado con ninguno de los dos fabricantes.

Esta semana Financial Times informó que los gobiernos de la eurozona se preparan para una de las mayores remodelaciones de la cúpula directiva en los 28 años de historia del Banco Central Europeo (BCE). Está previsto que se acuerde un pacto de consenso para sus tres puestos principales a finales de diciembre. La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, deja abierta la posibilidad de abandonar su cargo antes de que concluya su mandato en octubre de 2027, al responder ayer con un “ya veremos” a ese escenario. Lagarde efectuó esas declaraciones en una entrevista con la cadena pública irlandesa RTE en Dublín, en el marco de la reunión del Eurogrupo y del consejo informal de los ministros de Finanzas de la Unión Europea (UE). “Me voy en 2027”, respondió Lagarde a la cuestión de una hipotética salida anticipada y ante los rumores que circulan en los medios desde hace varios meses. Fue menos enfática al ser preguntada si situaba esa fecha en octubre del próximo año, cuando está previsto el fin de su mandato al frente del BCE: “Ya veremos”, respondió. “Lo que puedo decir en este momento es que, sea cual sea el momento, se gestionará de la manera más profesional, como debe ser”, subrayó Lagarde. En la rueda de prensa posterior a la reunión de ayer del Eurogrupo, la presidenta del BCE aseguró que no ha tratado este asunto con los ministros de Finanzas de la zona euro y que tampoco le han preguntado al respecto.

El repunte de las rentabilidades de la deuda soberana ante una inflación que se prevé siga elevada durante más tiempo del previsto está trastocando las cuentas públicas de los estados. Es el caso de Francia, cuya prima de riesgo (el sobrecoste que el mercado le exige frente a Alemania) ha superado por primera vez en 14 años los 100 puntos básicos ante las crecientes dudas sobre su elevado déficit público después de que el Gobierno galo haya elevado su estimación de déficit público para este año por encima de lo previsto anteriormente. El contexto es complicado para todos los mercados de deuda, con el bono español a 10 años en el nivel más alto desde 2013, después de haber tocado el 4%, el estadounidense en máximo desde 2007 (por encima del 5%) y el japonés en cifras del siglo XX. A la escalada de los precios energéticos, con un barril de petróleo por encima de los 100 dólares, se añade la determinación mostrada por los países para contener los déficits. La perspectiva de las próximas elecciones presidenciales está agravando el castigo para la deuda francesa, que desde 2024 ya paga más que España para colocar en el mercado sus bonos.

El Banco de Japón dio el viernes un nuevo paso para dejar atrás décadas de política monetaria ultralaxa. La autoridad monetaria nipona elevó en un cuarto de punto, hasta el 1,25%, su tipo de interés de referencia, que alcanza así su nivel más alto desde 1995. La medida, que los mercados ya daban por descontada, refleja la creciente inquietud de Tokio por el encarecimiento de la energía, la debilidad del yen y la progresiva transmisión de los aumentos salariales a los precios. El endurecimiento japonés coincide con un giro global provocado por el repunte del petróleo y las renovadas presiones inflacionistas. La Reserva Federal estadounidense elevó esta semana los tipos por primera vez en tres años, hasta un rango del 3,75% al 4%, y señaló que podría volver a hacerlo antes de terminar el año. Por su parte, el Banco Central Europeo también subió los tipos la semana pasada, hasta el 2,5%. Es la primera vez que los tres toman medidas similares en el mismo mes, según Bloomberg.

Antes de la guerra, más del 80% del comercio bilateral de Irán, que asciende a unos 180 millones de toneladas anuales, se transportaba por mar desde su costa sur en el Golfo Pérsico. Pero con el bloqueo naval estadounidense y las interrupciones del transporte marítimo en el estrecho de Ormuz, Irán ha tratado ahora de desviar ese comercio por rutas terrestres. Irán se vale de décadas de experiencia evadiendo sanciones y de sus fronteras terrestres con siete países, en particular Turquía, para seguir importando bienes de consumo, piensos e ingredientes farmacéuticos, al tiempo que exporta productos como aluminio, betún, materiales de construcción y detergentes. En cierta medida, la estrategia ha funcionado: en el primer semestre del año, el comercio bilateral con Turquía aumentó un 19%, hasta los 3.200 millones de dólares (2.800 millones de euros), según datos de Turquía. Solo en Gürbulak, las importaciones a Irán aumentaron un 250% en los cinco meses previos al 12 de agosto, según la aduana iraní. Sin embargo, la deficiente infraestructura, los largos controles aduaneros y otros cuellos de botella han provocado retrasos, elevando los precios para unos consumidores iraníes que ya sufren una inflación del 90%. Los expertos afirman que aunque Irán duplicase sus importaciones y exportaciones terrestres y a través del mar Caspio no compensaría el comercio marítimo perdido.

Entrevista con Nuria Oliver. Ingeniera de telecomunicaciones, con un doctorado en inteligencia artificial por el MIT Media Lab, es probablemente la especialista española más reputada (y, desde luego, la más citada) a nivel internacional. La revista científica ‘AI Magazine’ la distingue, de hecho, entre los diez líderes de la IA en Europa, un ranking que encabeza Demis Hassabis, director ejecutivo de Google DeepMind y uno de los protagonistas del culebrón, con tintes apocalípticos, desatado en los últimos días del que opinan desde Trump y Obama hasta el gobierno chino y todos y cada uno de los gurús tecnológicos. "El detonante es la dimisión del ingeniero de Anthropic Jacob Coxon, que, después de hacerse viral, inició un efecto dominó sobre lo que la IA puede representar para la humanidad. Eso, sumado al comportamiento no deseado e impredecible de los agentes de IA de las diferentes compañías y las expectativas sobre las salidas a Bolsa de algunas de ellas, ha dado lugar a una reacción de las tecnológicas, que han decidido defender la autorregulación, que ya sabemos que no existe, y una cierta apertura a las auditorías externas, aunque con matices... Creo que su objetivo es intentar eximirse de sus responsabilidades tanto económicas como legales o, incluso, potencialmente penales. No podemos olvidar que el incidente en el que los agentes de OpenAI atacaron y penetraron en los servidores de Hugging Face es, en realidad, un cibercrimen. Igual ha llegado el momento de empezar a llamar a cada cosa por su nombre, ¿no? Igual tienen que reconocer que han desarrollado una tecnología que puede cometer delitos graves...Si tienes una tecnología sobre la que no puedes garantizar un funcionamiento correcto, no la despliegues. Es lo que hemos hecho con todos los otros sectores y con todas las otras tecnologías de la historia que tienen un impacto significativo en la vida de las personas. Es lo que pasa en la aviación, la automoción, la industria farmacéutica, la alimentación... Todos los productos que consumimos son evaluados y pasan un montón de pruebas y protocolos de seguridad. Y lo mismo tenemos que exigirle a la tecnología... Europa no ha perdido el tren de la IA, pero sí debe cambiar de estrategia. No se trata de replicar el modelo estadounidense de monopolios privados, sino de invertir decididamente en talento, infraestructuras públicas de supercomputación y ecosistemas de investigación abiertos como ELLIS..."

La Policía trasladó ayer a 1.700 inmigrantes asentados en la playa Benítez, al lado del Trampolín, hasta los campamentos instalados en el puerto de Ceuta, después de que la Audiencia Nacional permitiera su uso. El operativo comenzó a primera hora de la mañana y hubo unos minutos de caos y tensión. Los agentes tuvieron que disparar al aire para controlar la estampida. No todos pudieron ser realojados en el puerto y unos 3.000 volvieron a la playa. Con la apertura de la ubicación del puerto, se han alcanzado las 6.000 plazas de acogimiento temporal. A esto hay que añadir los 2.140 menores que ya han sido filiados en la ciudad autónoma. Si se suman los que han regresado a la playa, la cifra de inmigrantes que se encuentran en Ceuta se sitúa por encima de los 10.000. Esta estimación se aproxima a la que defiende el presidente de la ciudad autónoma, el popular Juan Jesús Vivas. El Gobierno consideró que el operativo salió muy bien dada la dificultad porque nunca antes se había trasladado a tal número de inmigrantes. Además llamó “irresponsable” al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que acusó al Ejecutivo de no ser “capaz de mantener el orden público en una ciudad española”.