20260921

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La guipuzcoana Nerea Garmendia se ha convertido en la primera mujer que preside Mutualia en los 126 años de historia de la principal mutua de Euskadi y ejerce, a su vez, de directora financiera de Plastigaur, la empresa dedicada a los envases de plástico fundada por su padre y su tío. «Me toca ser abanderada del plástico y de las mutuas, ambas injustamente demonizadas», bromea. Es la primera entrevista que da en su vida y habla con espontaneidad tanto del problema del absentismo como de la empresa familiar, en la que recientemente tomó el control el fondo Espiga Capital. "...Entre los retos más importantes de Mutualia figura la construcción de dos hospitales en Bilbao y San Sebastián. Para este último, ubicado en el Parque Tecnológico de Miramón, ya está previsto que las excavadoras entren a finales de año. En Bilbao, donde tenemos al Obispado de compañero de viaje, seguimos con los trámites. Otro objetivo es la implantación de la Inteligencia Artificial de manera responsable y ética...No hay un motivo concreto para el absentismo, sino que son múltiples los factores que influyen: el peso de la industria, el envejecimiento de la población, a mayor nivel de renta mayor absentismo... Desde Mutualia lo que estamos haciendo es fomentar grupos de trabajo, participar en foros y hemos elaborado una guía de ausencias para ayudar a las empresas a gestionar este gran problema. Se trata de implicar a los mandos intermedios para que se preocupen por los trabajadores que están de baja y les ofrezcan los servicios de la mutua. En las estadísticas se ve que el absentismo en las empresas grandes es mayor que en las pequeñas por esa desconexión con el trabajador...En Plastigaur estamos un poco por debajo del 10% de media que tiene Euskadi. Pero es un gran problema. En oficina es más fácil gestionarlo porque nos cubrimos unos a otros, pero en taller es mucho más difícil sustituir a las personas. De hecho, alguna vez hemos llegado a parar máquinas por falta de gente. Todas las empresas están igual. Es una amenaza para la competitividad. – Su antecesor decía que los complementos a las prestaciones por IT que se recogen en la mayoría de convenios son una de las causas del alto absentismo. ¿Cree que hay que recortarlos? – Puede ser uno de los factores que influyen y que habría que abordar...– ¿Cómo compiten con Osakidetza ante la falta de médicos?– Con salarios no, porque en Osakidetza pagan más. Competimos con formación, con más conciliación y además la mutua es una entidad muy participativa e innovadora..."

La Universidad del País Vasco pondrá en marcha dentro de dos cursos un nuevo grado en Ingeniería Aeroespacial con el objetivo de satisfacer un sector considerado «estratégico» para la industria por su creciente peso en el PIB, su alto valor añadido y las previsiones de crecimiento global. Euskadi cuenta con empresas punteras como ITP, Aernnova, Senner, AVS, Satlantis o Idom, que participan en iniciativas de primer nivel internacional. Aquí se han diseñado piezas de robots y de aeronaves que han llegado a Marte y la Luna como parte de misiones de la NASA o la Agencia Espacial Europea y se ha suministrado tecnología crítica para misiones interplanetarias, telescopios orbitales, el desarrollo de motores de aviación...Estas empresas operan en Euskadi respaldadas por centros tecnológicos como Cidetec, Tekniker, Tecnalia y el CFAA (Centro de Fabricación Avanzada Aeronáutica) de Zamudio. El ecosistema se completa con el Clúster Aeroespacial, en el que participan decenas de compañías del territorio en diferentes proyectos estratégicos. En definitiva, el aeroespacial y aeronáutico es un sector puntero y clave en el futuro inmediato. Da empleo directo a más de 6.000 personas en Euskadi y representa el 1,6% del PIB de la comunidad. El nuevo grado contará de entrada con 40 plazas: 20 se ofertarán en castellano y otras 20 en euskera. Aunque aún no es definitivo, la idea es que los primeros dos cursos se impartan en estos idiomas, mientras que en tercero y cuarto la lengua de enseñanza será el inglés. Además, el grado tendrá dos menciones, una en aeronaves y otra en aeromotores. Estas especialidades «se ajustan bien a las aplicaciones de las empresas del entorno»

Según detalla el Clúster Aeroespacial vasco, con sede en el parque tecnológico de Zamudio, en 2025 este sector daba empleo directo a 6.259 personas en Euskadi, lo que supone un incremento del 8,6% respecto al año anterior. Además, la actividad en el territorio derivó en un «retorno» de 1.687 millones de euros, un 13,5% más que en 2024. La mayoría de las empresas que participan en el clúster –entre las que se encuentran ITP, Aernnova, Satlantis o Ingeteam– concentran su actividad en el País Vasco. De hecho, los puestos laborales generados en el territorio, los mencionados 6.259, suponen el 41% del total. Las empresas del clúster aportan el 1,6% del PIB de Euskadi y el 8% del PIB si se tiene en cuenta sólo el sector industrial, donde concentran el 3,1% del empleo total. En cuanto a las exportaciones, las empresas vascas del sector aeroespacial venden el 30% del volumen de su negocio a Reino Unido, lo que sitúa el país como el principal mercado. A continuación se sitúa Estados Unidos, que recibe el 22% de las exportaciones, seguido de cerca por Alemania (21%). Brasil (8%) y Francia (5%) también son mercados importantes.

El anuncio del grupo Volkswagen de reducir 50.000 puestos de trabajo extra hasta 2030 (ya había informado de otros 50.000 desde finales de 2024) y recortar su cartera de productos a la mitad ha sido un terremoto que se ha sentido en todo el consorcio alemán. “Audi es parte integral del grupo Volkswagen y tendrá que hacer lo suyo. Desde hace tres años, cuando me incorporé, ya empezamos a hacer la mayor transformación de la historia de Audi”, señala Gernot Döllner, presidente del consejo de administración de la marca de los cuatro aros. La palabra que mejor explica el momento del consorcio alemán en su conjunto, y que también impacta en la actualidad de Audi, es China, tanto por la pérdida de ventas como por la competencia con las marcas de ese país, que se están comiendo el mercado de coches eléctricos tanto en China como fuera de ella. La situación del gigante asiático es desafiante no solo por la cantidad de marcas locales, sino por la propia caída de su mercado interno. El directivo explica que ya bajó el año pasado a los 24 millones de matriculaciones y se espera que para este quede por debajo de los 20 millones. “Además, el descenso del mercado de combustión ha sido mucho mayor por los precios de la energía. El coste del combustible es más de diez veces superior al de cargar un vehículo eléctrico”. En cuanto a la llegada de enseñas chinas a Europa, Döllner no sabe cuántas más pueden desembarcar en un mercado que ya es más pequeño que antes de la pandemia. “En Europa, en general, tenemos que hacer los deberes. Como empresas, ya hemos iniciado nuestra transformación; sin embargo, debemos trabajar para lograr un marco y unas condiciones que permitan el crecimiento de nuestras compañías. Necesitamos menos burocracia, una toma de decisiones más ágil y menores costes energéticos (...). A nivel político, la Comisión Europea ha iniciado un proceso de diálogo constructivo. Confío en que encuentre las soluciones adecuadas para lograr un escenario más equilibrado entre China y Europa”, señala el empresario. Habla del Industrial Accelerator Act y del concepto de made in Europe incluido en él, con el que Europa quiere proteger a sus fabricantes locales. Por si la competencia china no fuese suficiente, la guerra arancelaria iniciada por el presidente estadounidense Donald Trump durante su segundo mandato supuso un golpe de 1.300 millones de euros para Audi solo en 2025.

Las tensiones geopolíticas desatadas desde el inicio de la guerra en Irán, el pasado 28 de febrero, han disparado el precio del gasóleo. El diésel antes de impuestos se ha encarecido un 68%, al pasar de 0,82 a 1,378 euros por litro, según los últimos datos de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). En las estaciones de servicio, el aumento ha sido menor gracias a las rebajas fiscales aplicadas durante estos meses: el precio final ha subido un 29%, de 1,45 a 1,87 euros por litro. Pero la situación ha vuelto a cambiar. Los últimos datos de la CNMC sitúan el precio del diésel antes de impuestos en 1,378 euros por litro, frente a los 0,82 euros del comienzo de la guerra. Son 55,8 céntimos más por litro, un incremento del 68%. En el surtidor, la diferencia es de 42 céntimos, hasta los 1,87 euros, un 29% más.  El diésel continúa siendo, además, un combustible esencial para buena parte del parque móvil español. El 57% de los turismos, comerciales ligeros, vehículos industriales y autobuses utiliza gasóleo, más de 18 millones de vehículos, según Anfac e Ideauto. Esta subida ha provocado una respuesta de las organizaciones agrarias. ASAJA, COAG y UPA han anunciado movilizaciones en todo el Estado contra lo que consideran un aumento "inasumible" del precio del combustible y ante el final de las ayudas al gasóleo agrícola, previsto para el 30 de septiembre.

Francia afronta un otoño extremadamente complicado que amenaza con inflamar las protestas sociales a solo siete meses de las elecciones presidenciales. La crisis energética provocada por los conflictos en Ucrania e Irán ha comenzado a liquidar la paciencia de los ciudadanos: en la calle, en el campo, en los muelles de pescadores y en los aparcamientos de camiones de las autopistas, donde observan cómo el litro de diésel se ha disparado en las últimas semanas. El primer ministro, Sébastien Lecornu, ha presentado el esqueleto de un presupuesto que incluye 54.000 millones de euros en recortes y que ninguna fuerza política querrá hacer suyo en un clima de precampaña electoral. Una situación crítica que podría terminar con una moción de censura a su Ejecutivo y con el retorno de la cólera a la calle. La inquietud en los pasillos del Elíseo y Matignon, donde hoy se celebrará una reunión de urgencia para hacer frente a la crisis, crece ante la posibilidad de una nueva ola de protesta social justo cuando arranca un año clave para todos los partidos. Una petición lanzada el 11 de septiembre reclama una movilización nacional de chalecos amarillos para el 17 de octubre, con ocupación de rotondas y plazas por todo el país. 

Artículo de Ricardo T Lucas: "El aumento sostenido del coste de la vida es una de las principales preocupaciones de las familias. Detrás de ello no sólo está la inflación por la guerra, también políticas que a la larga salen caras...Achacar el deterioro de la capacidad de compra de los consumidores sólo a la inflación derivada de la guerra en Oriente Próximo, que es la causa principal, sería reduccionista. La energía explica el más de dos tercios de la reciente subida de la inflación en España, pero hay otros factores que contribuyen a tensar los precios más que en otros países de nuestro entorno. La inflación registrada el pasado agosto, del 4,6%, fue la tercera mayor entre los Veintisiete y 1,4 puntos superior a la media de la zona euro. Desde luego el encarecimiento de la vivienda es otro gran condicionante, sobre todo de la ofertada en alquiler, lo cual responde directamente a la escasez de pisos disponibles provocado por las medidas intervencionistas del Gobierno de PSOE y Sumar. A lo que se suma el gran incremento de la demanda derivado de la alta inmigración y del crecimiento sostenido de nuevos hogares, generando así el caldo de cultivo perfecto para una fuerte subida de los precios inmobiliarios. El otro gran condicionante de la mayor inflación respecto a las demás economías de la zona euro es la repercusión, más progresiva, menos evidente, pero con efectos persistentes, de las decisiones populistas adoptadas por PSOE y Sumar. Entre otras, el inédito aumento del salario mínimo en un 66% desde 2018 sin vincularlo a mejoras de productividad o de rendimiento, el fuerte aumento de las cargas laborales que obliga a la mayoría de las empresas –especialmente las pymes– a repercutirlas en sus precios finales, la gran subida de impuestos puesta en marcha por el Ejecutivo para financiar el mal llamado gasto social y, por supuesto, la multiplicación de los subsidios ligados al consumo de ciertos colectivos (como los jóvenes) que incentivan el alza de sus precios. Se trata de un impacto más silencioso del que producen, por ejemplo, las subidas del precio de los carburantes, pero igualmente dañino para las economías particulares..."

"...Endeudarse para invertir –una fábrica, una universidad, una red eléctrica– es apalancamiento sano: el mañana paga lo que hoy se siembra. Endeudarse para sostener el gasto corriente –nóminas, pensiones, subvenciones sin retorno– es harina distinta: se hipoteca el futuro sin construir nada que lo sostenga. Entre ambos extremos cabe todo un espectro, del apalancamiento razonable al excesivo, y de este al explosivo, ese punto en que la bola rueda sola y ya nadie la controla...No toda la deuda pesa igual. Japón sostiene un endeudamiento que roza el 235% de su PIB y, sin embargo, duerme tranquilo: cerca del 90% está en manos de sus propios residentes. España, en cambio, ronda el 100% del PIB con casi la mitad de esa deuda en manos extranjeras: es la diferencia entre deberle dinero a un familiar o debérselo a un banco que puede llamar a la puerta sin previo aviso. A esa exposición se suma una tentación silenciosa: financiar con deuda el gasto corriente...Llegamos así a la gran paradoja, al escándalo silencioso: la deuda pública, en la práctica, rara vez se amortiza de forma neta. Se refinancia, se diluye, se relativiza como porcentaje de un PIB que, cuando crece más rápido que ella, hace parecer la carga más liviana, aunque el saldo sea el mismo. Y esa es, al final, la pregunta que de verdad importa: ¿qué mundo les dejamos a quienes vienen después? Uno hipotecado antes de nacer..."

Una de las grandes reivindicaciones de los jubilados anticipados (de forma voluntaria e involuntaria) con largas carreras de cotización, eliminar los coeficientes reductores que merman las cuantías de sus pensiones, pasará por el examen del Congreso este martes con la votación de una proposición de ley de Podemos. La medida permitiría que las personas con 40 o más años cotizados se puedan prejubilar sin sufrir coeficientes reductores o penalizaciones en la cuantía de la pensión. Además de pedir eliminar los coeficientes reductores para ese colectivo, la formación morada también reclama que la medida tenga carácter retroactivo. De esta manera, la ley propuesta permitiría a las personas ya jubiladas con 40 o más años cotizados solicitar a la Seguridad Social que se recalcule su pensión de acuerdo a las normas contenidas en la ley. Aunque no ha llegado a vetar su tramitación por motivos presupuestarios, el Ejecutivo viene justificando su rechazo a esta propuesta en el coste que supone para el erario público que, según los cálculos de Hacienda, son unos 3.358 millones de euros. 

El Ministerio de Economía prepara una sustancial modificación del sistema de control de las inversiones extranjeras “para aclarar conceptos, mejorar procedimientos y, en general, adaptar la norma a las necesidades y al contexto internacional actual”, reforma que en la práctica va a suponer un endurecimiento del llamado escudo anti-opas. Desde 2020, cualquier adquisición extranjera significativa en un sector estratégico español debe ser autorizada por el Gobierno. Este blindaje, por ejemplo, ha servido al Ejecutivo de Pedro Sánchez para vetar la oferta pública de adquisición (opa) del grupo húngaro Magyar Vagon sobre Talgo o para condicionar la entrada de Saudi Telecom Company en Telefónica. En 2025, hasta 144 operaciones pasaron por ese escrutinio. Pese a que ya se trata de un mecanismo de muy amplio alcance, como demuestra el número de inversores que pasan por esa ventanilla del Gobierno, el vicepresidente económico, Carlos Cuerpo, plantea tres grandes novedades. La primera es convertir el control actual a los inversores europeos, que es transitorio, en “permanente”, como el que existe para los compradores del resto del mundo...El segundo gran cambio es la concreción y ampliación de los sectores “estratégicos” que protege el escudo. Economía propone incluir en esa lista a los centros de datos y, en paralelo, se va a extender el control –centrado ahora en la adquisición de participaciones en empresas en funcionamiento– a las inversiones greenfield, es decir, a los proyectos de construcción de nuevas infraestructuras, tanto tecnológicas como energéticas...La tercera modificación afecta al procedimiento de autorización...

Los sindicatos han puesto a su disposición una potente munición: un macrofondo de «resistencia» de ocho millones de euros para que puedan soportar las huelgas allá donde el conflicto escale. En un contexto de tensión creciente por el bloqueo de la patronal a subidas salariales que eviten la pérdida de poder adquisitivo con la inflación, algunos sectores ya se están organizando en todo el país. A principios del verano, CCOO y UGT anunciaron una novedosa iniciativa: el lanzamiento de un fondo económico similar a las llamadas «cajas de resistencia», que son herramientas con las que cuentan los sindicatos a nivel internacional para financiar los procesos de movilización, pero que, por primera vez en la historia del sindicalismo contemporáneo en España, sería gestionado de manera coordinada por las organizaciones. En total, cada sindicato va a aportar dos millones de euros en 2026 y otros dos millones en 2027. Es decir, ocho millones procedentes de las cuotas de sus afiliados, con el objetivo de cubrir la pérdida salarial de los trabajadores que vayan a huelga y que estén inscritos en alguna de las dos organizaciones. El importe cubrirá la parte proporcional del salario mínimo interprofesional (SMI) diario cuando el motivo de la huelga sea el convenio colectivo o la mejora salarial. El objetivo es fortalecer la posición negociadora de los trabajadores que no puedan permitirse varios días de huelga.

En medio de una crisis de precios en el mercado residencial que afecta de forma especial a los más jóvenes, y ante las amenazas del Ministerio de Hacienda de trabar las exenciones y amplias rebajas fiscales que algunas comunidades autónomas aplican en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD), el número de donaciones sigue disparándose este año, registrando un alza del 12,4% en el primer semestre respecto al mismo periodo de 2025. Así lo reflejan los últimos datos del Consejo General del Notariado (CGN), donde se aprecia un incremento del 164% en las donaciones registradas entre 2015 y el año pasado. Un dato que responde, según explican diversas fuentes, a dos factores principales. Por un lado, la creciente dificultad de los jóvenes para acceder a una vivienda tras el alza de precios registrada en los últimos años –según el índice de precios de la vivienda que elabora el INE, del 51,7% desde 2018, cuando Pedro Sánchez llego a la Moncloa– ha propiciado un trasvase generacional de ahorros para ayudar a las nuevas generaciones a pagar siquiera la entrada de un piso. En paralelo, la insistencia con la que desde el Ministerio de Hacienda que lidera Arcadi España vienen deslizando la posibilidad de aprobar medidas que armonicen los impuestos a las donaciones –en manos de las comunidades autónomas– podría estar provocando un acelerón preventivo en este tipo de cesiones, sobre todo en aquellas regiones que han aprobado rebajas.

Los inversores españoles se preparan para una nueva oleada de pagos al accionista este otoño, con los grandes pesos pesados del Ibex-35 llamados a poner sobre la mesa cerca de 10.000 millones de euros entre dividendos previstos y otros pagos que aún están pendientes de aprobación. Septiembre y octubre serán meses relativamente tranquilos, pero noviembre concentrará buena parte del dinero, con Inditex y la gran banca como principales protagonistas. Este tipo de remuneración al accionista mantiene su posición como el gran imán de la Bolsa española. En 2026 las cifras confirman la regla: el Ibex Top Dividendo –que engloba los dividendos más atractivos del índice– vuelve a batir al Ibex-35 en prácticamente cualquier horizonte temporal. Ni siquiera la inestabilidad geopolítica en Oriente Medio ha frenado esta brecha. Mientras el selectivo patrio se anota más de un 14% desde enero, la versión centrada en sus rentas escala hasta el 17%.

La irrupción de Mythos, el modelo de IA de Anthropic, provocó un seísmo global que activó las alarmas del sector financiero en Europa y en España. Aquel episodio, que provocó la llamada a filas de los bancos regionales por parte del BCE, podría quedar en una anécdota ante las alertas que están lanzando en los últimos días los grandes líderes de la inteligencia artificial y que han desatado una oleada de pánico global. Si el desarrollo de la nueva tecnología podría acabar con la humanidad, ¿qué no podría hacer en las entidades? Por lo pronto, la crisis de confianza desatada por los mensajes de Dario Amodei, Sam Altman o Elon Musk pone en jaque los planes estratégicos de las principales entidades españolas, que han situado a la inteligencia artificial en el centro de sus modelos de funcionamiento y que se encuentran en pleno proceso de implantación de la tecnología en sus estructuras y en sus modelos de negocio. Todas están siguiendo con atención el cruce de versiones entre quienes apuestan por frenar el ritmo de los avances y quienes, como el presidente estadounidense Donald Trump o el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, rechazan esa idea. Desde una de las entidades cotizadas en España admiten que en el sector hay preocupación por el impacto de esta crisis, no tanto porque los bancos de aquí tengan exposición directa, sino por su financiación a otras empresas del Ibex 35 que ya han pedido capital para desarrollar hubs de centros de datos en Estados Unidos. «Si hubiera una crisis de apoyo a las inversiones de IA en Estados Unidos, eso sí nos preocuparía», reconocen.

La presidencia irlandesa de la UE propondrá a los Estados miembros que el uso de los datos “en el contexto de la inteligencia artificial (IA)” sea automáticamente legal. Eso permitiría a las desarrolladoras de IA, como OpenAI, Anthropic, Google o Meta, usar toda la información que hayan recopilado en los últimos años (o décadas, en el caso de Google y Meta) para entrenar sus modelos. Eso se desprende de un documento oficial de Dublín, conseguido por la organización Noyb, en el que se recoge la propuesta de modificación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la norma que defiende el derecho fundamental a la privacidad de los ciudadanos europeos. La UE está preparando una reformulación y simplificación de todas sus normativas digitales, la conocida como ley ómnibus digital, cuyo objetivo declarado es reducir el papeleo para las empresas manteniendo “un alto nivel de protección” de los ciudadanos. La propuesta de regulación incorpora un nuevo artículo, el 88 bis, en el que se establece que “el procesamiento de datos personales en el contexto del desarrollo u operación de un sistema o modelo de IA se llevará a cabo por un interés legítimo”. Al considerarse interés legítimo, el operador no necesita pedirle al usuario consentimiento expreso para tratar sus datos. De aprobarse el texto así redactado, las tecnológicas tendrían derecho a hacer un uso ilimitado de esos datos, incluidos los de quienes nunca han sido sus clientes (pero son contactos o han sido mencionados por sus usuarios). También entrarían por esta puerta datos recogidos hace años o décadas, por ejemplo, a través de chats o redes sociales.

Nada más aparecieron los datos de los sondeos a pie de urna de las elecciones regionales en Berlín (victoria de la extrema izquierda de Die Linke) y Mecklemburgo-Pomerania Occidental (triunfo de AfD, formación de extrema derecha), el canciller alemán, Friedrich Merz, compareció en el recibidor de la Casa Konrad Adenauer de Berlín para dejar claro que ni dimite ni se plantea cambios de guion en su legislatura de reformas estructurales. El dirigente conservador hizo balance del conjunto del año electoral 2026, con cinco comicios regionales y dos comunales, pero no ocultó la gravedad del resultado de ayer, que calificó de «desastre» en Pomerania. «Hemos luchado, pero con un gran viento en contra», dijo al referirse a la resistencia que están suscitando las reformas, y agradeció el compromiso de «todos los que han remado en esta difícil situación». «Paciencia, firmeza y perseverancia», reclamó a su partido, la Unión Cristianodemócrata (CDU), desde el que se ha cuestionado reiteradamente su continuidad en las últimas semanas. «Las reformas suponen cargas e inseguridades, pero no podemos prescindir de ellas. Asumimos la responsabilidad, yo la asumo, porque son necesarias para nuestra economía y para nuestro lugar en el mundo, son el medio para desactivar la fascinación que ejerce el autoritarismo desde la extrema derecha y la extrema izquierda». «La respuesta –agregó– no es volver a los viejos buenos tiempos. Quiero devolver a nuestro país su fuerza, también para los jóvenes, garantizar el bienestar para las siguientes generaciones, porque el bienestar debe serlo para todos».