20220902

Artículo para el quincenal Estrategia Empresarial de Asier Aloria, director de Formación, Talento y Empleo de Confebask. "Con el objetivo de poder cuantificar las necesidades de empleo y cualificación de las empresas vascas, Confebask y sus Organizaciones Miembro (Adegi, Cebek y Sea) realizamos cada dos años una encuesta entre nuestras empresas asociadas para tratar de aportar un mejor conocimiento del mercado de trabajo y sus necesidades, tomando el pulso directamente a quienes contratan: las empresas. Este año hemos publicado los resultados de una cuarta encuesta. No hay una ‘foto’ tan detallada y con tanto recorrido en Euskadi sobre este tema como la que presentamos desde Confebask. Así que con la amplitud que nos proporciona este bagaje, vemos algunos mensajes especialmente destacables. En primer lugar, todavía es mayoritario el número de estudiantes que escogen antes la universidad que la FP, 6 de cada 10, si bien la matrícula de FP gana peso cada año...En segundo lugar, y en cuanto al perfil concreto de estudios que pide la empresa vasca, vemos que cerca de 2 de cada 3 se dirigen a personas con estudios STEM...y en tercer lugar, la dificultad para encontrar personas con la cualificación que requieren. Hoy en día 3 de cada 4 manifiestan esa dificultad. Las empresas nos están diciendo que necesitan urgentemente personas para atender su actividad y nuestra curva de natalidad no garantiza ese relevo. Desde Confebask hemos introducido una nueva variable en la ecuación de la que nos vamos a preocupar en insistir y socializar lo máximo posible: la necesidad de planificar una ‘inmigración para el empleo’...Debemos entender que demografía y talento son dos cuestiones prioritarias para el futuro y el bienestar de nuestro país, sus empresas y sus personas". 

El coste del gas no parece que vaya a dar tregua en los próximos meses tras varias semanas marcando récord este verano, precisamente cuando su consumo es mínimo frente al resto del año. Varias semanas antes de que la realidad meteorológica y económica llegue, Sánchez anunció ayer una actuación sobre la factura del gas: el IVA (Impuesto de Valor Añadido) bajará del 21% actual al 5%. Así será desde octubre hasta diciembre, ante la evolución que han tomado los precios gasistas en los mercados internacionales. El presidente realizó el anuncio a cinco días del debate que va a mantener con el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, en un cara a cara en el Senado a cuenta del último plan de ahorro energético. La rebaja del IVA del gas era, precisamente, una de las propuestas enumeradas por el líder popular esta semana de cara a ese encuentro parlamentario. Sin embargo, 24 horas antes del anuncio de Sánchez, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, la desdeñaba e insistía en la necesidad de reducir el consumo, más que recortar impuestos. La evolución del precio gasista, que superó los 300 euros/Mwh en agosto, y sobre todo las perspectivas nada halagüeñas para los próximos meses han llevado al Ejecutivo a tomar esta decisión a las puertas de un invierno en el que las facturas de gas pueden sufrir un peligroso ascenso. 

Una factura media de gas de 100 euros al mes de un hogar acogido a la tarifa regulada (TUR) pasará a ser de unos 86,80 euros cuando se aplique la medida a partir de octubre y al menos hasta diciembre. Es decir, implicará un ahorro medio de menos de 14 euros al mes. No obstante, esta rebaja del IVA corre el mismo riesgo que ha sufrido la misma medida en la factura de la luz: que los consumidores dejen de notarla si el precio de la materia prima se incrementa como ha ocurrido en los últimos meses. En el caso del recibo eléctrico, el IVA pasó del 21% al 10% desde junio del año pasado, y desde la primavera se encuentra en el 5%, el mínimo legal permitido por la UE. El coste de generar electricidad ha aumentado en los últimos meses y prácticamente se ha comido la rebaja que suponía la reducción del IVA. En el caso del gas, las estimaciones apuntan que su precio seguirá siendo alto en los próximos meses. Los primeros recibos del gas que notarán la rebaja del IVA serán los que se emitan en noviembre. Justo un año después de la primera medida aprobada por el Ejecutivo para limitar el alza del precio del gas en el mercado internacional. Entonces impuso un tope a las subidas en la tarifa regulada (TUR) para evitar que absorbiera el incremento del 130% en el coste de esa materia prima registrado el pasado verano. Por lo demás, 200 millones es lo que Hacienda calcula que dejará de recaudar por la rebaja del IVA del gas durante los tres meses que estará en vigor.

La gasista estatal rusa Gazprom ha cortado el suministro de gas a la energética y distribuidora francesa Engie desde ayer, justificando su decisión en que la compañía no ha abonado las cantidades debidas por el suministro de julio. Gazprom ya había reducido esta semana el flujo de gas hacia la empresa. La propia Engie aseguró que el motivo era un «desacuerdo entre las partes sobre la aplicación de algunos contratos». «Al finalizar el 30 de agosto, Gazprom Export no ha recibido la totalidad de los pagos por el gas suministrado a la francesa Engie en julio bajo los actuales contratos», indicó la empresa rusa. Debido a la actual normativa de su país, Gazprom aseguró que debía cortar cualquier suministro desde el 1 de septiembre hasta que recibiera los pagos pendientes al completo. Entretanto, el Gobierno galo ha aumentado desde ayer el descuento que aplica en el precio de los combustibles hasta los 30 céntimos por litro, 12 céntimos más que la rebaja de 18 céntimos establecida hasta ahora.

Bruselas empieza a trazar la ruta para poner en marcha una “intervención de emergencia” en el mercado eléctrico para controlar la factura de la luz como había adelantado esta semana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen. El plan pasaría por limitar lo que cobran las compañías de las tecnologías más baratas, las denominadas “inframarginales”, como las energías renovables, que contribuyen al precio final del kilovatio hora, según un documento de los técnicos de la Comisión Europea. A ello se uniría una “reducción coordinada de la demanda” de electricidad que se buscaría impulsar tanto entre las empresas como a nivel del consumidor privado. Los funcionarios del departamento de Energía están trabajando en una solución urgente que contenga la factura de la luz, que está disparando la inflación. Se barajan varias opciones y aparecen pros y contras de todas. La excepción ibérica, el mecanismo que entró en vigor en España y Portugal y que ha contribuido a reducir la factura de la luz con un tope parcial sobre el gas, ha sido sopesada también, pero no estaría entre las recomendadas porque, explican, subsidiaría la generación de electricidad con combustibles fósiles y “obstaculizaría los esfuerzos para reducir su uso”.

El precio del futuro de electricidad de referencia en Europa ha bajado un 50% en tres días, desde su máximo histórico, gracias a los esfuerzos concertados de los responsables políticos para aliviar la creciente crisis energética. Sobre el récord de 1.000 euros el lunes, los futuros a un año vista del precio del megavatio en Alemania cayeron hasta un 54%, después de que la Unión Europea anunciara que reformará el mercado eléctrico y tomará medidas de emergencia para paliar el impacto de los disparados costes de la energía. La UE, de hecho, ya está trabajando sobre posibles propuestas, tal y como indicó ayer Mechthild Woersdoerfer, directora general de Energía de la Comisión. Estas pueden contemplar el rediseño del mercado eléctrico para aplicar en toda la UE la llamada excepción ibérica, establecer topes al precio del gas, impuestos sobre beneficios o planes de ahorro de energía eléctrica, apuntó. “Una vez que tenemos el plan de ahorro de gas en marcha, por supuesto la electricidad es otra área que potencialmente podríamos considerar”, señaló. España y Alemania ya han activado planes de ahorro eléctrico, decisión que aplaudió la alta funcionaria europea. La Comisión, así, va a presentar un plan concreto a finales de este mes. 

Euskadi presentó ayer su Plan de Contingencia de Energía tras las aportaciones recibidas por los clústeres, las patronales, cámaras de comercio y partidos políticos. Un documento que, además de fijar las directrices con las que reducir el consumo de gas al menos un 7%, va más allá planteando al Gobierno de España una serie de medidas que traten de garantizar la llegada de gas o mecanismos de compensación ante un corte en el suministro. Preguntada por la cuestión, la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, reconoció que «si se produce un corte absoluto del gas ruso la situación puede ser compleja», aunque a día de hoy no prevé que se dé un desabastecimiento, sí matizó que era una afirmación «con toda cautela». Tapia participará la semana que viene en la reunión de la Conferencia Sectorial de Energía con el resto de comunidades autónomas y con la vicepresidenta tercera, Trasladará la petición de establecer garantías para que se asegure la llegada del gas. Por una parte, implantando un régimen de sanciones a las compañías que habiendo contratado una descarga de un buque en una regasificadora, cambien de destino en último momento por una oferta más sustanciosa. Es algo que ya ha ocurrido en el primer trimestre de este año con barcos que venían a Bilbao y terminaron enfilando rumbo a China. Además, la otra garantía para el suministro vendría de la mano de la recuperación del ‘Régimen de Interrumpibilidad’ que Euskadi pide al Gobierno central que recupere para las empresas electrointensivas y que, además lo extienda al gas.

La economía europea amenaza con entrar en una nueva recesión este tercer trimestre, habida cuenta del desplome de la industria y el cada vez menor tirón del sector servicios. Y lo peor, no es solo que la producción y las ventas hayan caído, sino que los nuevos pedidos se han hundido con tanta fuerza que las existencias se acumulan a un ritmo inédito en los almacenes, lo que hace que el sector no se plantee nuevas contrataciones en un futuro próximo sino, quizá, todo lo contrario. En concreto, el Índice de Gestores de Compras del sector manufacturero (PMI, por sus siglas en inglés) cayó en agosto a 49,6 puntos, dos décimas menos que en julio y el peor dato en dos años, de acuerdo con las cifras publicadas ayer por Standard & Poor’s. Un dato por encima de 50 puntos indica crecimiento económico y por debajo, contracción, por lo que el último registro, el tercero consecutivo por debajo de este umbral, “aumenta la posibilidad de que el PIB caiga en el tercer trimestre”, según Chris Williamson, economista jefe de Negocios de S&P Global Market Intelligence. El frenazo industrial ha sido generalizado en todos los países de Europa, con las excepciones de Países Bajos e Irlanda. Los datos españoles no son nada halagüeños, ya que el aumento de la producción contrasta con la caída de los nuevos pedidos, lo que ha llevado a un descenso del empleo, debido a las menores necesidades de personal en el futuro. El PMI industrial de España es más elevado que la media de la eurozona, pero eso no significa que España esté a salvo de una posible recesión este tercer trimestre. De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) actualizó ayer sus previsiones de PIB para el tercer trimestre, anticipando un retroceso económico del 0,8% entre julio y septiembre. Y, aunque apenas cuenta con una cuarta parte de toda la información relevante del trimestre, es muy significativo que los pronósticos no hayan dejado de empeorar desde principios de agosto.

La oficialización de la venta de la división de promoción de parques eólicos de Siemens Gamesa a la británica SSE Renewables International (SSER) dejará fuera de la compañía vasco-germana a unos 50 profesionales en el desarrollo de estas instalaciones, de los que una treintena están en las oficinas de la empresa en Zamudio (Bizkaia). Y es que la operación por la que el constructor de aerogeneradores percibirá 613 millones de euros supone la venta de derechos para desarrollar 3,8 GW de potencia en España, Francia, Grecia e Italia y liquida el área de negocio de la promoción eólica por la que se habían interesado numerosas empresas desde que se pusiera a la venta a finales del pasado invierno. La operación supone un paso más en el ajuste que está sufriendo Siemens Gamesa para hacer frente a las pérdidas que sufre y es, además, un nuevo hito simbólico en la descapitalización vasca, en este caso de talento. Con la salida de estos 50 profesionales, se pierde un conocimiento importante en el desarrollo de parque eólicos, una línea crítica en plena crisis energética. De todos modos, según han confirmado a este medio fuentes conocedoras de la operación esta plantilla será integrada por el comprador, SEE Renewables International, que los seguirá manteniendo en sus localidades geográficas actuales. 

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió ayer a los agentes sociales, y «singularmente a la patronal», que alcancen acuerdos en los convenios colectivos para dar certeza tanto a los trabajadores como a las empresas. «Desde el Gobierno tenemos que animar a que ese acuerdo que representó la reforma laboral, donde situábamos en el centro de las relaciones laborales a la negociación colectiva, sea ejercido con rotundidad y con claridad por parte de las partes, sindicatos y empresarios». El jefe del Ejecutivo también trató de encauzar las relaciones con la patronal, tras las declaraciones de los últimos días de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que se mostró claramente a favor de las movilizaciones sindicales contra los empresarios. «Los agentes sociales han estado a la altura toda esta legislatura, hay que reivindicarlo y reconocerlo. Hemos llegado a 15 acuerdos tan importantes como la reforma laboral», recordó el presidente, quien no obstante expresó su «respeto» al «derecho de manifestación de cualquier colectivo», como «no podía ser de otra manera en una sociedad democrática». Para zanjar cualquier discrepancia entre el PSOE y su socio en el Gobierno, Unidas Podemos, Sánchez garantizó que Díaz «está siendo leal con la línea argumentaria» y se siente «cómodo con su trabajo», además de reconocer «su valía». Por su parte, la ministra de Trabajo reiteró ayer su petición a la patronal CEOE de «volver a sentarse a la mesa» de la negociación de los convenios colectivos, asegurando además que los sindicatos «tienen razón» y que su posición es «la correcta». «Cuando ha tenido razón la patronal se la he dado, y ahora la tienen los sindicatos», aseguró.

El sindicato LAB advirtió ayer de que «no alimentará ni apoyará» ningún pacto de rentas que no avance «en un reparto más justo y equitativo de la riqueza» y mejore los salarios. Por ello, exigió incrementos salariales en función del IPC, el establecimiento del salario mínimo en 1.400 euros y una reforma fiscal «integral». La coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, y el secretario de Acción Social, Endika Pérez, comparecieron en Bilbao para abordar los «principales retos» del sindicato para el nuevo curso y advirtieron de la «precarización y empobrecimiento de la vida de la clase trabajadora», que «no es coyuntural ni un fenómeno meteorológico», y de que el encarecimiento de la vida no se puede justificar únicamente por el conflicto bélico en Ucrania. «Esa explicación, además de simplista, es una burla a la gente», afirmaron. Los sindicalistas se mostraron convencidos de que «con el objetivo de concentrar la riqueza cada vez en menos manos, se están tomando decisiones políticas y económicas que atacan las vidas de la clase trabajadora y especialmente de las mujeres y personas migradas y racializadas». Para LAB, se están viviendo «múltiples crisis sistémicas que se cruzan entre sí», y «los tratamientos diseñados por las élites económicas, financieras y políticas» son «erróneas y en la misma dirección». En este punto, Aranburu citó a quienes «han tomado decisiones para mantener hasta el último momento un modelo productivo basado en combustibles fósiles y están desarrollando medidas contra la clase trabajadora».

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones perfila ya la reforma clave de este segundo semestre del año dentro de los compromisos para seguir recibiendo los fondos europeos: la segunda parte de los cambios en el sistema de pensiones. El objetivo es mejorar la sostenibilidad del sistema tras los cambios introducidos en la primera parte y el pilar va a ser el destope gradual de las cotizaciones en las bases máximas. Se trata de aumentar las cotizaciones de las bases máximas, que son las de los trabajadores que ganan más de 48.000 euros actualmente. Pero, según la versión recabada por este diario, de forma gradual en un largo período de 25 años y sin empezar aún en 2023, para no sobrecargar más a las empresas y trabajadores afectados con un aumento de las cotizaciones en la actual delicada situación económica. Escrivá defiende no alterar la contributividad del sistema, de modo que ese destope de cotizaciones deberá ir acompañado de destope también de la pensión máxima para los afectados. Pero al hacerlo de forma gradual con subidas moderadas en los próximos 25 años, el Ministerio espera alcanzar dos objetivos: el primero, que no suponga una sobrecarga traumática para empresas y trabajadores afectados; el segundo, dotar de más ingresos estructurales al sistema de pensiones durante el próximo cuarto de siglo que es el considerado por sus estimaciones más delicado para la sostenibilidad. A partir de 2050 y superada la jubilación de la llamada generación del baby boom, el Ministerio cree que las tensiones de gasto en el sistema serán más manejables aunque suban las pensiones máximas.

Un nuevo programa de inserción laboral ofrecerá una salida a los desempleados de larga duración que sean receptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o del Ingreso Mínimo Vital (IMV). La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, Idoia Mendia, presentó ayer en Sestao este plan, que calificó de pionero, y que echa a andar ahora con 216 beneficiarios en 15 municipios de Euskadi, gracias a una subvención de 4,3 millones de euros. El proyecto será un anticipo de la nueva Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión, que recogerá tanto el acompañamiento, como la tutoría y programas personalizados. La iniciativa presentada ayer junto a la alcaldesa de Sestao, Ainhoa Basabe, arrancará en esta localidad fabril con 15 personas que llevarán a cabo labores de acompañamiento a los mayores. La oficina de Lanbide del municipio será la sede de referencia de este programa para Bizkaia, entre otros motivos, ya que la localidad tiene uno de los índices más altos de perceptores de estas ayudas: 1.153 beneficiados (un 4,22%). En Euskadi la cifra de quienes tienen acceso a la RGI, el IMV o ambas prestaciones alcanza las 60.000, de las que más de 26.000 superan el año en paro. Los usuarios del programa comenzarán con 12 meses de formación en los que seguirán percibiendo sus ayudas habituales, junto con una beca de transporte o conciliación que rondará los nueve euros diarios. Tras este periodo pasarán a ser contratadas por un plazo de 10 meses, en un contrato de formación en alternancia. «Un 65% de la jornada laboral será para trabajar, y el 35% restante se dedicará a la formación especializada», detalló la alcaldesa de Sestao, quien apuntó que durante todo el proceso permanecerán tuteladas.

Agosto dio un respiro a los vendedores de automóviles en España. Después de haber encadenado cinco meses de profundas caídas, el número de matriculaciones creció un 9,1% frente al dato de agosto de 2021. Eso sí, la clave hay que buscarla en las adquisiciones realizadas por las empresas, ya que aumentaron un 23%, y en un 37% en el caso de las compañías de alquiler. No obstante, la patronal de fabricantes Anfac subrayó ayer que las ventas a particulares continuaron cayendo –un 4,3%– y que los 51.907 turismos nuevos matriculados en el conjunto del país el mes pasado son aún un 30,3% menos de los que se colocaron en el mismo mes de 2019, el último año sin el elemento distorsionador de la pandemia. Además recalcaron que el dato positivo de agosto no marcará un cambio de tendencia «dado el actual contexto económico con la inflación en el 10,4% y grandes tensiones geopolíticas». En Euskadi, el dato de agosto ni siquiera logró teñirse de negro y se mantiene en el rojo que domina el año. Las ventas cayeron un 3,63% en tasa interanual y quedaron en 1.326, lo cual reduce aún más la cuota que el País Vasco representa en las matriculaciones nacionales a solo el 2,55%. No obstante, el retroceso fue mucho más leve que en meses anteriores y es muy inferior al registrado en otras comunidades autónomas, como Extremadura (un 25,7% menos) o Aragón (pierde el 18%). Las patronales del sector recalcan que el ‘chispazo’ de agosto puede ser «engañoso» y prevén que la situación no mejore.

El Gobierno mantiene “conversaciones serias”, que “van por el buen camino”, con “algo más” de media docena de empresas internacionales relacionadas con la fabricación de chips para la ejecución del Perte de microelectrónica y de microchips, que contempla una inversión pública de más de 12.000 millones de euros. Así lo anunció ayer en Santander el secretario de Estado de Digitalización e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, quien participó en el 36 encuentro organizado por la patronal de la industria digital Ametic. En este sentido, desveló en el marco de estas conversaciones que también mantienen encuentros con empresas nacionales, asociaciones y Administraciones públicas que han mostrado interés en el Perte de los chips. Sánchez eludió desvelar el nombre de estas empresas porque “están sujetas a cláusulas de confidencialidad bastante importantes”. Según reconoció, la puesta en marcha de este proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) no llega a tiempo para resolver los problemas que actualmente sufre la industria a nivel mundial, pero que sí es oportuno para solventarlos de cara al futuro. También se refirió a las empresas nacionales que fabrican semiconductores, que tienen las capacidades tecnológicas para desarrollarse y que si se les inyectan recursos adicionales pueden tener una oportunidad de crecimiento.

La secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, aseguró ayer que el Gobierno ha asignado ya a las comunidades autónomas más de 15.500 millones de euros de los fondos europeos Next Generation, a un ritmo de 2.000 millones al mes a través de convocatorias, subvenciones y licitaciones. Artigas, que intervino con un mensaje en vídeo en el 36º Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones organizado por Ametic, subrayó que el ritmo de ejecución de los fondos europeos es “histórico”. Solo en digitalización, se han transferido más de 2.000 millones de euros para los objetivos de la estrategia España Digital 2026. La secretaria de Estado apuntó que la ley de startups se aprobará finalmente antes de que termine el año. Con este proyecto se cerrará el marco de reformas que Artigas considera que permitirá a España situarse como el país más atractivo para emprender y atraer talento. Artigas anunció el lanzamiento hoy mismo del nuevo tramo del Kit Digital, destinado a las empresas de entre tres y nueve empleados, después de que 68.000 pymes de entre 10 y 49 empleados ya hayan solicitado la ayuda y se hayan movilizado 250 millones de euros, según los últimos datos de julio.

El cuarto operador, tradicional ganador de la portabilidad, pierde 8.000 usuarios más de los que gana, al ceder más de 15.000 a su gran rival en el mercado de bajo coste, la rumana Digi. El mercado de las portabilidades de líneas de telecomunicaciones ha experimentado en agosto la sorpresa de contemplar a MásMóvil, el ganador tradicional del robo de clientes entre operadores desde 2017, cerrando el mes con un saldo neto –la diferencia entre las líneas ganadas a otros operadores y las pérdidas frente a sus rivales– en negativo, por primera vez en muchos trimestres y habiendo perdido más de 8.000 líneas en telefonía móvil. Con todo, es cierto que este resultado negativo de MásMóvil se debe, sobre todo, a su comportamiento en el mercado de las líneas de tarjeta prepago, la parte del mercado menos importante, puesto que si se contabilizan sólo los clientes de contrato, que constituyen el grueso del mercado –aproximadamente el 85% de las líneas totales y el 92% de los ingresos globalesdel sector – el saldo para MásMóvil sería positivo con la ganancia de unas 15.000 líneas en agosto. El rendimiento de MásMóvil –que ha sido el tradicional ganador del mercado de la portabilidad– en el último mes, tiene que ver con el hecho de que el grupo está alcanzando una madurez comercial. Cuanto más grande es la base de clientes más fácil es perder usuarios. Además, aunque MásMóvil ha sido durante años el rey del segmento del bajo coste, hace ya tiempo que ha sido sustituido en ese sector por Digi, que tiene unas tarifas aún más bajas. Por eso, MásMóvil es más vulnerable a Digi que a cualquier otro operador, ya que los clientes más sensibles al precio son los que ya han cambiado en el pasado debido al factor precio. 

Año aciago para Lukoil, una de las pocas compañías rusas que se pronunció abiertamente contra la ofensiva sobre Ucrania. El presidente de la junta directiva de una de las mayores petroleras del país, Ravil Magánov (Almetyevsk, 1954), falleció ayer tras precipitarse desde el sexto piso del Hospital Clínico Central de Moscú, según las autoridades rusas. Su muerte se produce pocos meses después de que renunciasen los cofundadores del gigante petrolero, uno de ellos tras ser incluido en las listas de sanciones por la guerra desatada sobre Ucrania. La muerte de Magánov se une a los supuestos suicidios de al menos cinco directivos de Gazprom desde que comenzó la guerra. Los medios de comunicación rusos apuntan también en esta dirección con testimonios de diversas fuentes. El diario Kommersant revela que a la víctima le habían diagnosticado una dolencia cardiaca grave, aunque no especifica si esa era la causa de su presencia en el centro médico. Otros medios y canales como Mash y Moskvá 24 agregaron que también padecía depresión. “Lamentamos profundamente tener que anunciar que Ravil Magánov, presidente del consejo directivo de Lukoil, ha fallecido tras una larga enfermedad”, recogía el comunicado público de la petrolera. Además, la presión sobre los directivos es enorme ahora. Lukoil, como el resto de compañías de hidrocarburos rusas, está siendo golpeada en sus cuentas por el impacto de las sanciones occidentales. La Unión Europea aprobó en mayo recortar en un 90% a finales de año sus importaciones de petróleo, alrededor de 79.000 millones de euros.