20230111

Las empresas vascas están resistiendo –en términos generales– con bastante fortaleza el incremento de los tipos de interés en sus pasivos, consecuencia de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), que trata de luchar como puede contra una inflación que no deja de crecer. Así lo aseguran varios expertos consultados por DV, que explican que por ahora el tejido productivo de Euskadi mantiene el pulso, gracias sobre todo a una histórica cultura de prudencia y un limitado recurso a la deuda. «La subida de los tipos no debería condicionar ninguna realidad empresarial sana», dicen Zenón Vázquez, director general de Elkargi, y Bruno Ruiz Arrúe, socio director de Norgestión en San Sebastián. Un mensaje en línea con lo que expresaban también a este periódico recientemente, tanto la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, como el diputado de Promoción Económica, Jabier Larrañaga. Sin embargo, eso no significa que en el futuro más inmediato el escenario no pueda cambiar. De hecho, es previsible que cambie. Y mucho. Y es que, según el último Informe de Estabilidad Financiera del Banco de España, conforme se sigan endureciendo las condiciones monetarias (nuevas subidas de tipos) y avance la amortización de los créditos vivos de empresas y hogares, es «esperable» que el traslado del euríbor al coste financiero de esos préstamos sea bastante mayor que hasta ahora.

Los concursos de acreedores de empresas sumaron 321 en Euskadi el año pasado, una cifra que supone un incremento muy moderado del 3%, que contrasta con el 24% del conjunto de España. En la comunidad autónoma no se produjo la explosión de procesos que se auguraba, después de que el pasado 30 de junio terminase la moratoria aprobada en el Covid, que eximía a las compañías en situación de insolvencia de la obligación de presentar concurso. Tras un repunte de procesos en el verano, el aumento se fue moderando e incluso hubo una caída en diciembre, cuando solo se presentaron 17 expedientes, un 23% menos que en el mismo mes de 2021. En esta evolución ha influido la entrada en vigor a finales de septiembre de la nueva Ley Concursal, que endurece los denominados concursos ‘exprés’, una modalidad que ha decaído en la recta final del ejercicio. El incremento del 3% registrado en los concursos sitúa a Euskadi entre las comunidades con mejor comportamiento, solo por detrás de Baleares Canarias, La Rioja y Navarra.

Las empresas de Gipuzkoa salvaron con nota el ejercicio 2022, un año marcado por la guerra de Ucrania, la inflación y los elevados costes energéticos. Según el tradicional informe mensual del departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y con datos de noviembre (lo que da bastante idea del conjunto del ejercicio), el tejido productivo del territorio mejoró un 14,2% sus ventas respecto a 2021 (con un alza del 17,4 en las exportaciones y del 27,1% en las importaciones) y un 16,6% sobre los datos de 2019, cuando aún no existía la pandemia. Es precisamente en esa última comparación, la que se hace con un año ‘normal’, en la que hace énfasis el gabinete de Jokin Perona para poner en valor el comportamiento de las empresas el pasado año. La portavoz foral, Eider Mendoza, que presentó los datos, señaló que, como en todo 2022, los resultados de noviembre siguen siendo buenos. «La subida de precios tiene su influencia en estos resultados, pero sobre todo lo que estamos viendo es que se está manteniendo la actividad económica. Salvo sorpresas, cerraremos el año con muy buenos datos», afirmó. En el mercado laboral, en los once primeros meses de 2022 el número de personas perceptoras de rendimientos de trabajo aumentó un 2% en términos interanuales. También aquí se producen incrementos con respecto al mismo periodo de 2019 y 2020 (un 1,8% y un 4,8%, respectivamente). En los salarios abonados se observa la misma tendencia, con un incremento del 6,5% respecto a los once primeros meses de 2021, un 9,0% respecto al mismo periodo de 2019 y un 13,4% sobre 2020.

El Gobierno aprobó ayer subvencionar con 74 millones de euros los cuatro proyectos españoles elegidos por Bruselas en una convocatoria europea para promover el hidrógeno verde, presentados por Sener, Nordex, Iveco y H2B2. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, explicó que estas subvenciones permitirán cubrir el 100% del coste de esos proyectos, ya que aportarán la parte que las ayudas europeas no cubran. Los cuatro proyectos son el promovido por Sener en País Vasco para la instalación de una fábrica de electrolizadores (10 millones), el de H2B2, establecido en Sevilla y enfocado a los electrolizadores, con una ayuda de 24,9 millones de euros; el de Nordex, que tiene dos plantas en Asturias y Navarra y también se orienta al electrolizador (11,6 millones); y el de Iveco, con plantas en Madrid, Valladolid y Barcelona, que plantea la producción de vehículos comerciales de transporte pesado propulsados por hidrógeno (27,05 millones). Los cuatro se enmarcan en el Proyecto Importante de Interés Común Europeo Hy2Tech para apoyar la cadena de valor del hidrógeno renovable.

La fundación bancaria BBK celebró los Reyes con la compra de más acciones de Iberdrola. El pasado día 5, se hizo con medio millón de títulos de la compañía eléctrica por 5,5 millones de euros. Con esta operación, la excaja eleva a 20 millones su inversión total en Iberdrola, y controla el 0,03% de su capital, según la entidad vizcaína, que es el accionista mayoritario de Kutxabank, con el 57%. Hace 15 meses, BBK invirtió otros 6 millones para adquirir 620.000 títulos de Iberdrola. Con todo, la presencia de la fundación bancaria en el grupo que preside Ignacio Galán está hoy muy lejos del 10% que llegó a controlar en 2007, cuando fue su principal accionista. BBK explica la apuesta por la eléctrica por su encaje en su política inversora, que pone el foco en compañías vizcaínas o con fuertes vínculos con Euskadi. Además, la ex caja busca diversificar sus fuentes de ingresos, hasta ahora dependientes casi en exclusiva de los dividendos de Kutxabank. Hace cuatro años, BBK –presidida por Xabier Sagredo, que ocupa un asiento como independiente en el consejo de administración de Iberdrola– anunció el lanzamiento de un fondo de estabilización para diversificar sus ingresos adquiriendo participaciones en empresas. Sin embargo, hasta el momento este nuevo instrumento ha estado casi inactivo, y la fundación sólo ha comprado acciones en Iberdrola, Vidrala y Arteche.

Portugal ha avanzado en la licitación de su mayor pedido de trenes para los servicios regionales y de cercanías del país. A través de Combois de Portugal (CP) el país vecino quiere encargar 117 trenes por un valor estimado de más de 800 millones de euros. A comienzos de este año, las autoridades locales dieron los nombres de los participantes de la segunda fase del concurso. Han pasado el corte las ofertas presentadas por la vasca CAF, el fabricante suizo Stadler y la francesa Alstom. Los tres disponen de plantas de producción en España. Han quedado fuera de la puja la española Talgo que acudió al concurso de la mano de la alemana Siemens. Previamente fue excluida la china CRRC y también la japonesa Hitachi. Por presupuesto, se trata de un pedido histórico para Portugal, por lo que la adjudicación representa un paso clave para los grandes fabricantes europeos en el país, en un momento en el que el ferrocarril se está convirtiendo en el medio de transporte estrella gracias al proceso de liberalización abierto en la UE y a su valor añadido medioambiental frente a la carretera y el avión. La exclusión de Talgo supone un jarro de agua fría para la estrategia del fabricante español de entrar en el segmento de cercanías y regionales, un nicho de negocio donde sus competidores disponen de más tecnología y experiencia. El último gran pedido de Talgo fue en 2019 al ganar en Alemania un encargo de la DB para fabricar 23 trenes intercity por 550 millones de euros.

Tras una inversión de casi un millón de euros y más de diez años de abandono, el túnel del viento de Euskadi, aquel que nació con el fallido de proyecto de la Fórmula 1 vasca de Epsilon, está ya plenamente recuperado. El Parque Tecnológico de Álava tiene en funcionamiento la segunda instalación de este tipo que hay en España, además de la del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) en Madrid. Entre los primeros usuarios, y que ha servido de catalizador, está uno de los dos grandes fabricantes de aviones del mundo: Airbus. Según han confirmado fuentes del entorno del Parque Tecnológico, Airbus participa en uno de los proyectos que emplea la infraestructura que ya está en condiciones para operar. No se trata de un acuerdo de gran envergadura en lo económico, pero sí de calado simbólico, ya que el contrato fue suficiente para que el Gobierno vasco destinara 600.000 euros a recuperar el software y los componentes de la instalación. Cantidad que añadió a los 300.000 euros que sirvieron para acondicionar las oficinas del edificio y en las que se instaló también la compañía aeroespacial AVS. Las obras finalizaron el pasado noviembre bajo la dirección de la Fundación CTA (Centro de Tecnologías Aeronáuticas), un organismo compuesto por las principales empresas vascas del sector: ITP, Aernnova y Sener, además del Gobierno vasco y de las diputaciones de Bizkaia y Álava.

El aeropuerto de Loiu duplicó su tráfico en 2022 y alcanzó los 5,13 millones de pasajeros. El aeródromo vizcaíno  encara un 2023 «muy halagüeño», ya que es posible que bata su récord de mayor número de rutas con la apertura de 16 nuevos enlaces. Por su parte, Foronda firma sus mejores datos en 30 años. Cierra un curso histórico con 235.000 pasajeros y récord de carga tras mover 73.620 toneladas. En 2023 afrontará el reto de superar esas marcas. Y Hondarribia, cierra 2022 con la mejor cifra de pasajeros de los últimos 15 años y un crecimiento del 19,7% de viajeros respecto a 2019. Por lo demás, Loiu sigue ocupando el puesto decimocuarto entre los aeropuertos más importantes de España, a cierta distancia de ciudades con las que compitió estrechamente en el pasado, como Valencia (8,1 millones de viajeros) o Sevilla (6,8). Sacando de la ecuación a Madrid y Barcelona, es cierto que ‘La Paloma’ es el aeropuerto español de la élite más rezagado a la hora de recuperar el nivel de tráfico prepandemia (está todavía a 13 puntos de distancia), pero también es verdad que Loiu sigue siendo la referencia indiscutible del norte peninsular, muy por delante de Santiago, Asturias, Santander o Vigo.

España ha saltado de los 119 millones de viajeros en la red de aeropuertos de Aena en 2021 a algo más del doble en 2022: 243 millones de usuarios en un ejercicio en que la tasa de recuperación respecto al récord de 2019 es del 88,5%. Y buena parte de la explosión del tráfico se debe a los servicios punto a punto que prestan las aerolíneas de bajo coste (low cost en el argot de la aviación). Estas han esquivado los efectos de la guerra en Ucrania; se han nutrido del boom de la demanda pese a la inflación desbocada, y soportan una mayor producción en un contexto de costes laborales y de combustible al alza. De las diez primeras compañías dependen más de 143 millones de viajeros, con un incremento del 123% respecto a la suma de sus tráficos de 2021 (64,2 millones), lo que sirve para quedarse a siete puntos porcentuales de la cota de 2019 (154,3 millones). Ryanair refuerza su reinado en los cielos españoles, y resaltan la fuerte vuelta de la británica Easyjet, la consolidación de Jet2 y TUI como alimentadores del turismo, y el buen comportamiento de Vueling, Iberia y Air Europa, estas dos últimas gracias a la recuperación de las conexiones de largo radio. La propia Ryanair, junto a Jet2, Eurowings y Transavia (del grupo Air France), son las únicas entre las diez primeras que superan ya sus números conseguidos en 2019 en el mercado español. 

El año nuevo ha traído cambios de calado a Angulas Aguinaga, propiedad del fondo de inversión francés PAI Partners (que controla el 51% del accionariado) y del español Portobello, que ayer dio a conocer el nombramiento de Óscar Vicente-Hernández como nuevo CEO. El ejecutivo bilbaíno, con un marcado perfil internacional y amplia experiencia en el área de márketing, sustituye en el puesto a Ignacio Muñoz, que ha liderado la compañía de Irura durante los últimos seis años. Vicente-Hernández, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Deusto, llega a Angulas Aguinaga con el reto de, entre otras muchas cosas, potenciar el crecimiento internacional de la compañía, sobre todo en Francia e Italia. El nuevo primer ejecutivo ha sido durante los últimos tres años el director general del grupo italiano Bolton Food (dueño de la vizcaína Conservas Garavilla, propietaria de marcas tan conocidas como Isabelo Cuca) en España y Portugal. Anteriormente, Óscar Vicente Hernández trabajó en la multinacional Unilever, donde desarrolló una prolífica carrera durante 17 años, que le llevó a ser director márketing. «Mi incorporación a Angulas Aguinaga supone un reto a nivel profesional que afronto con mucha pasión. Es un orgullo poder liderar la compañía en estos momentos para impulsar su crecimiento y expansión de la mano de los grandes profesionales que forman parte de ella», afirmó Vicente-Hernández.

Eroski ha ofrecido a los socios que integran la plantilla de su filial Viajes Eroski la posibilidad de una excedencia de cuatro años para que decidan si siguen con su carrera profesional dentro de Iberostar, que ha comprado la operadora de viajes del grupo de Elorrio (Bizkaia), o se quedan en la cooperativa. Viajes Eroski cuenta con una plantilla de 300 trabajadores, la mayor parte de ellos socios de la empresa de economía social que lidera la división de distribución de Corporación Mondragón. El plazo de aceptación o no de la oferta de excedencia concluirá el mes próximo. Es un planteamiento inédito en el ámbito de las operaciones corporativas. Los cooperativistas que sigan en Eroski se integrarán en la estructura del negocio de alimentación, reforzando los equipos que cubren el día a día de las tiendas de la marca vasca. Iberostar se ha comprometido a mantener todos los puestos de trabajo de una filial con 132 oficinas. Están por definir varios aspectos relacionados con las excedencias. Uno de ellos es aclarar cómo quedaría la relación de los excooperativistas con Lagun Aro, la sociedad de Corporación Mondragón que cubre las prestaciones sanitarias y de empleo del centenar de empresas que integran el grupo, del que han salido recientemente Orona y Ulma, dos de las más destacadas del área industrial.

Los trabajadores españoles despidieron 2022 con una fuerte pérdida de poder adquisitivo que erosiona su economía doméstica. Así, mientras los salarios de los más de nueve millones de empleados cubiertos por un convenio colectivo crecieron el pasado año un 2,78% de media –según los datos de diciembre publicados ayer por el Ministerio de Trabajo–, los precios se dispararon tres veces más, hasta el 8,4%, según la inflación media del último año que recoge el Instituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, si se tienen en cuenta solo los convenios colectivos firmados a lo largo de 2022, el incremento salarial medio ascendió por encima del 3,2%. E incluso desde UGT indican que la subida supera el 3,5% si se incluyen los aumentos de retribuciones no solo de las tablas salariales, sino también del resto de conceptos como bonos u otros pagos extraordinarios. En el caso de Euskadi, la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores fue algo menor, ya que los salarios de los empleados vascos con convenio en vigor el pasado año habían subido hasta octubre –último mes con datos disponibles– una media del 3,77%, según el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) vasco. Asimismo, los convenios firmados a lo largo de 2022 en la comunidad autónoma, al menos en sus diez primeros meses, registraron un alza salarial algo mayor, en concreto, del 3,84%.

Desde que estalló la guerra en Ucrania los precios de los alimentos se han ido encareciendo para los consumidores tanto que el Gobierno central ha rebajado la fiscalidad de los alimentos básicos (0% para huevos, verduras, frutas, legumbres, pan, queso o leche; y 5% para pasta y aceite) para bajar los precios, pero el encarecimiento de dichos productos hace que no tenga gran efecto en el bolsillo de los españoles. Productos tan elementales como la leche, el aceite, la fruta o la carne han subido tanto en solo un año que la cesta de la compra seguirá siendo mucho más cara que hace un año, pese a que los supermercados trasladen la rebaja fiscal correctamente a los precios de los productos, algo que además está en duda según señalan asociaciones de consumidores como Facua, que ya han denunciado a siete cadenas por infracciones de este tipo. El análisis de alimentos básicos llevado a cabo por DataMarket y consultado por este periódico indica que la leche se ha encarecido hasta un 146% desde el 8 de enero de 2022. El aceite es otro de los productos que más ha sufrido. Según este análisis de tres grandes cadenas de supermercados (Mercadona, Carrefour y Dia, que conforman el 40% de la cuota de mercado), el que más ha subido (82%) es el aceite de oliva de Hacendado (Mercadona). En las frutas y verduras, lo que más ha subido es la malla de cebollas de 2 kilos de Carrefour, un 102% desde enero de 2022. También destaca el encarecimiento (77%) de la malla de naranja para zumo de 4 kilos de Dia, así como la bolsa de 1 kilo de zanahorias de la misma marca, que ha subido un 75% en un año.

El comité de Petronor ha convocado una huelga de tres horas para hoy, cuando anunciará un calendario de movilizaciones para presionar en la negociación del convenio colectivo, caducado a finales de 2019. Los sindicatos exigen una subida salarial vinculada al IPC real de cada año, mientras que la oferta de la empresa consolida el 75% de la inflación de cada año y el resto se abona en una paga, en función de unos parámetros. Además de ese incremento, que ronda el 11% de 2020 a 2024, propone una remuneración variable si se alcanzan unos determinados objetivos. La propuesta de la empresa es similar al acuerdo marco alcanzado hace unos meses para el grupo Repsol. Pero la refinería de Muskiz, en la que trabajan un millar de personas, tiene su propio convenio colectivo. Aunque expiró a finales de 2019, la pandemia interrumpió unas negociaciones que se han intensificado después de que Repsol llegara a un pacto. Fuentes del comité de Petronor –integrado por TU, ELA, CC OO y UGT– se quejan de que la propuesta de la empresa no asegura el poder adquisitivo y denuncian también que se han amortizado puestos de trabajo. La empresa, por su parte, asegura que la plantilla ha crecido en 56 personas desde mediados de 2019 pese a las dificultades surgidas por la pandemia. De hecho, la refinería perdió 140 millones de euros en 2020, aunque en 2021 ganó 61 millones.

El Tribunal Supremo ha enmendado la plana a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que en una sentencia dictada el pasado mes de marzo obligaba a la aseguradora vasca IMQ a hacerse cargo e integrar en su plantilla a 79 trabajadoras de servicios de limpieza. El Supremo –por unanimidad del pleno– ha aceptado el recurso interpuesto por la aseguradora y aunque mantiene que el despido de esas trabajadoras fue nulo, hace recaer sobre la empresa contratista la responsabilidad de su mantenimiento en plantilla. El caso tiene sus orígenes en la decisión del IMQ de rescindir a finales de 2021 el contrato que le había unido durante tres años a la empresa de servicios Gizatzen, filial del grupo OHL. Esa empresa y las 79 trabajadoras ligadas a la sentencia, prestaban servicios de limpieza en las dos clínicas propiedad de la aseguradora: Virgen Blanca y Zorrozaurre. El IMQ argumentó su deseo de asumir esos trabajos con personal propio, de ahí su decisión de rescindir el contrato con la empresa de servicios. La aseguradora también defendió que no estaba obligada a asumir a las empleadas de la contrata al no estar vinculado el IMQ con el convenio de limpieza ni ser una empresa pública. En este convenio existen compromisos de mantenimiento de los trabajadores cuando cambia la empresa contratista, en especial cuando se trata de un contrato ligado a la administración pública. El sindicato ELA lideró el recurso judicial que encontró respaldo en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. El Superior admitió la reclamación de las empleadas –que su despido se declarase nulo y que se obligase al IMQ a incorporarlas a su plantilla de trabajadores fijos–, al entender que se habían vulnerado sus derechos fundamentales. En concreto su derecho a la libertad sindical. 

La primera subasta del Tesoro de 2023, que se celebró ayer, se saldó con una extraordinaria subida de las rentabilidades de las Letras a seis y a doce meses. En ambos casos, los rendimientos de los títulos del Estado saltan hasta los niveles más altos de la última década, con una fuerte demanda en ambos plazos. El Tesoro colocó 4.893 millones de euros, cerca de la parte baja de la horquilla fijada inicialmente (entre 4.500 y 5.500 millones). La demanda fue elevada, de 9.793 millones de euros, lo que significa que duplicó la oferta final. En Letras a 12 meses, el Tesoro colocó 3.923 millones de euros, por debajo de los 7.077 millones solicitados por los inversores, con un tipo de interés marginal del 2,998% y un tipo de interés medio del 2,98%, porcentaje muy superior este último (ver gráfico adjunto) al 2,44% previo. De esta forma, el rendimiento de los títulos a un año vuelve a los niveles más altos desde agosto de 2012. En letras a 6 meses, el tipo de interés medio fue del 2,584%, por encima del 2,04% de la subasta anterior, alcanzando su nivel más alto desde julio de 2012. Estas rentabilidades de las Letras del Tesoro, que son deuda de la máxima seguridad, amplían la brecha con la oferta de los depósitos a plazo, que pueden ser considerados como sus grandes competidores. Con los últimos datos oficiales del Banco de España en la mano correspondientes al pasado noviembre, la rentabilidad media de los depósitos hasta 12 meses se situaba en el 0,41%.

Las empresas que trasladen la producción fuera de la Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo, deberán devolver todas las bonificaciones de cotizaciones sociales y todas las subvenciones que hayan recibido durante los cuatro años inmediatamente anteriores a la deslocalización. Además, también tendrán que devolver las subvenciones recibidas por el empleo estable las empresas que, en los tres años siguientes, despidan de forma improcedente a los trabajadores que sean objeto de estas ayudas. Así se regula en el Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral estable, que aprobó ayer el Consejo de Ministros. Además de la Unión Europea, también forman parte del Espacio Económico Islandia, Liechtenstein y Noruega. Con el castigo a la deslocalización, el Gobierno trata de evitar que las empresas aprovechen las ayudas públicas para obtener ventajas competitivas, y después se vayan de España sin devolver un solo euro, para trasladar la producción a países, fuera de la UE, con costes laborales mucho más bajos. Actualmente, las empresas tampoco pueden despedir a los trabajadores por los que reciban ayudas dentro de un Mecanismo RED, que sucedió al ERTE, tras la crisis de la pandemia del coronavirus. Las firmas no pueden despedir a los trabajadores con subvención en la cotización, y con suspensión de empleo, hasta que no transcurran seis meses de la finalización del Mecanismo.

La recaudación tributaria en España durante 2022 ha superado todos los registros históricos pese a que la actividad económica aún tardará un año más en recuperar los niveles prepandemia, lo que ha terminado por disparar la presión fiscal por encima del 42% del PIB, marcando su récord. Desde el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el servicio de estudios de la patronal CEOE, alertan de que alcanzar semejante cota sitúa ya a España por encima del promedio de presión tributaria de la Unión Europea y lastra la competitividad del país frente a terceros. Estas son algunas de las principales conclusiones transmitidas ayer por el presidente del IEE, Íñigo Fernández de Mesa, y su director general, Gregorio Izquierdo, durante la presentación del informe Competitividad Fiscal 2022, y que resume el subtítulo del documento: “España sigue perdiendo competitividad en el ámbito fiscal”. En concreto, según los cálculos del IEE, la presión fiscal española culminó el pasado año en el 42,1%, superando el 41,7% de media de la Unión Europea en 2021. El fenómeno se produce como consecuencia de una concatenación de factores: de un lado el incremento de la recaudación española, alimentada por la inflación, la mejora del empleo y el afloramiento de parte de la economía sumergida durante la pandemia, así como por algunas de las subidas fiscales aprobadas durante los últimos años, subrayan desde el IEE, frente a la decisión de algunos de los países vecinos de apostar por combatir la nueva crisis económica con rebajas de impuestos más decididas que las aplicadas por el Gobierno sobre la factura energética. Como consecuencia, argumentan en el IEE, España ha perdido posiciones en el Índice de Competitividad Fiscal (ICF) elaborado por la Tax Foundation en Estados Unidos para medir el atractivo de los sistemas tributarios a la actividad empresarial, situándose ya en el “furgón de cola” de la OCDE.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció ayer que el Gobierno español va a plantear a Bruselas una reforma casi total del funcionamiento del mercado eléctrico, con la introducción de mecanismos para abaratarlo y amortiguar la volatilidad de los precios de la luz. El Gobierno planteará tres grandes cambios: introducción masiva de los denominados contratos a plazo por diferencias para eólicas y fotovoltaicas, precios regulados para las nucleares e hidráulicas, y los denominados contratos por capacidad para las centrales de gas. El Ejecutivo, además, plantea que se otorguen amplios poderes al organismo regulador que se designe para vigilar el funcionamiento de estos mecanismos. En España podría ser la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que preside Cani Fernández, o Red Eléctrica (REE), integrada en la actualidad dentro del grupo Redeia, que preside Beatriz Corredor. La CNMC ya vigila numerosos ámbitos energéticos pero no los precios finales. REE es la compañía que gestiona la red de alta tensión en España y los flujos eléctricos de todo el sistema, para que no haya apagones, pero no opina sobre si los precios del megavatio son o no los correctos. En la práctica, dar relevancia al regulador –sea el que sea– en la gestión de los precios es lo que supone un cambio radical con respecto al modelo actual, de libre mercado.

Este martes tanto Goldman Sachs como Deutsche Bank expresaron su optimismo de cara a una mejora de las previsiones económicas. Para Goldman la economía de la eurozona se librará de la recesión a experimentar un crecimiento del 0,1%, con un aumento del PIB para este año del 0,6% y todo ello pese a que el crecimiento seguirá débil durante el invierno como consecuencia de la crisis energética. La entidad alemana considera que teniendo en cuenta los últimos datos de índices de confianza empresarial, la zona euro no entrará en recesión “ni siquiera este invierno”, por el fuerte descenso de los precios del gas, al tiempo que será positiva para Europa la reapertura de China. El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, señaló en el Fórum Europa que “2023 quizás no sea tan malo como algunos están presagiando” en cuanto a situación económica. El comisario aprovechó para elogiar que España “no lo ha hecho nada mal dadas las circunstancias” por su crecimiento económico “bastante impresionante”. En su intervención destacó la evolución de la inflación española, menor que la de otros países comunitarios. La inflación podría repuntar a final de mes pero no será un efecto ni intenso ni duradero. 

La economía global es hoy una habitación regada de combustible: si nadie la toca, resistirá, pero solo hace falta una cerilla para desatar el incendio de la recesión. Así lo cree el Banco Mundial, que ha rebajado del 3% al 1,7% sus previsiones de crecimiento global para 2023, su ritmo más débil en casi tres décadas si se excluyen los periodos de recesión. A esas predicciones añade una llamada de atención: dadas las “frágiles condiciones económicas”, cualquier acontecimiento adverso, ya sea una inflación superior a la esperada, aumentos bruscos de los tipos de interés, un resurgimiento de la pandemia o una escalada de las tensiones geopolíticas, podría ser esa llama que empujara a la recesión. Aun cuando esta no se produjese finalmente, los augurios de la entidad en el informe de perspectivas presentado ayer no son halagüeños. Revisan a la baja el crecimiento del 95% de las economías avanzadas y casi el 70% de las emergentes y en desarrollo. Para las primeras vaticina que el crecimiento desacelere del 2,5% de 2022 al 0,5% en 2023, con los tres grandes bloques flaqueando. En EE UU, donde el mercado laboral sigue muy fuerte —el paro es del 3,5%— pero las subidas de tipos están siendo agresivas, el crecimiento será de medio punto este año, es decir, 1,9 puntos por debajo de la anterior previsión. Ese mismo recorte augura para la zona euro, la más damnificada por la guerra en Ucrania y la crisis energética, cuya economía en 2023 se quedaría estancada en un 0%. 

El grupo BMW consiguió ser en 2022 el mayor vendedor de vehículos prémium del mundo, tras entregar 2,4 millones de coches, según informó ayer la empresa, lo que supone un descenso del 4,8% respecto a 2021. Por segundo año consecutivo, la compañía alemana, que aglutina a las marcas BMW, Mini y Rolls-Royce, relegó al segundo puesto a Mercedes-Benz (también alemana), que entregó 2,04 millones de turismos, un 1% menos que el ejercicio precedente. Por su parte, la división de furgonetas de Mercedes-Benz entregó 411.000 vehículos. BMW, a su vez, quedó por delante de Mercedes-Benz en la entrega de coches eléctricos, con 215.755 vehículos eléctricos entregados en todo el mundo, casi duplicando las cifras de Mercedes, que vendió 117.800 unidades. Ambos fabricantes consiguieron importantes incrementos de sus ventas en este tipo de vehículos, con aumentos del 107,7% para BMW y del 124% para Mercedes-Benz. “Nuestra sólida línea de productos es la mejor respuesta a un entorno desafiante, y nos permitió más que duplicar nuestras ventas de vehículos totalmente eléctricos nuevamente en 2022”, señaló en un comunicado Pieter Nota, miembro de la junta directiva de BMW. 

El Gobierno francés presentó ayer sus planes para la reforma de las pensiones, que incluyen principalmente el retraso de la edad de jubilación hasta los 64 años y la extensión del tiempo de cotización necesario para recibir la pensión máxima. Dos medidas con las que pretende evitar que aumente el desequilibrio del sistema de previsión, que se verá golpeado por el progresivo envejecimiento demográfico y por la subida de las pensiones impulsada también por París, que situará este año la cuantía mínima en 1.200 euros al mes. La reforma esbozada ayer por la primera ministra gala, Élisabeth Borne, tiene dos grandes pilares. Por un lado, retrasa dos años la edad de jubilación, hasta los 64 años. Esta edad queda un año por debajo de la propuesta inicial del Elíseo, un ajuste necesario para lograr el apoyo de los conservadores en la Asamblea Nacional. Así, a partir del 1 de septiembre la edad de jubilación se incrementará en tres meses, seguida de aumentos de la misma envergadura en cada uno de los años posteriores hasta alcanzar los 64 años en 2030. Aunque el proyecto inicial planteaba los 65 años, en línea e incluso por debajo de otros países desarrollados, y la rebaja de esta cifra parece descafeinar la reforma, hay que tener en cuenta que el ritmo de aumento de la edad de jubilación es muy rápido (3 meses al año, el doble que el planteado en la reforma española de 2013, por ejemplo) y que las protestas sociales en las calles complica la aprobación de reformas más ambiciosas.

Catorce años después de la denuncia con la que empezó todo, el mayor escándalo de corrupción política de Euskadi firmó ayer su desenlace judicial con un severo castigo a la codicia. En una sentencia largamente esperada, el Tribunal Supremo ratificó las principales condenas impuestas por la Audiencia de Álava a los exdirigentes del PNV implicados en el ‘caso De Miguel’, que deberán ingresar en prisión al quedar acreditado que se aprovecharon de «la gran influencia» de sus cargos para enriquecerse. Con rebajas técnicas respecto a la instancia previa, el alto tribunal establece una pena de 12 años y 4 meses de cárcel para el cabecilla de la trama, el exdiputado foral Alfredo de Miguel, quien en todo caso cumplirá un máximo de 9 años en prisión. A Koldo Ochandiano se le imponen 7 años y medio, mientras que a Aitor Tellería se le condena a 5 años y un mes. El Supremo avala el grueso del fallo emitido en diciembre de 2019 por los jueces Jaime Tapia (ahora asesor del Gobierno vasco en materia penitenciaria), Elena Cabero y Raúl Aztiria tras la instrucción de Roberto Ramos y el trabajo de los fiscales Josu Izaguirre y Manu Pedreira. Una vez analizados los recursos de las defensas, la Sala de lo Penal corrobora que los tres principales acusados se prevalieron de «su posición política» en la ejecutiva del Araba buru batzar (ABB) para organizar una red en la que se adjudicaban contratos en organismos públicos – entre ellos, el Parque Tecnológico de Miñano, el Departamento de Cultura del Gobierno vasco y varios ayuntamientos alaveses– a cambio de comisiones ilegales. 

 En un gesto un tanto premonitorio, Andoni Ortuzar alzó la voz el lunes para exigir a la Justicia que actuara con «mayor rapidez» para poder concluir y dar carpetazo al mayor caso de corrupción política en Euskadi que viene afectando de lleno al PNV alavés desde que estalló el escándalo en 2010. Dicho y hecho. El Tribunal Supremo, tal y como estaba deseando el partido jeltzale, puso ayer fin al proceso judicial del caso De Miguel después de ratificar la sentencia condenatoria que la Audiencia de Álava impuso a los principales cabecillas de la trama hace tres años. Lo que llevó ayer al partido a desmarcarse de cualquier práctica corrupta que protagonizaron entonces varios dirigentes de la formación, sacudiéndose así cualquier sombra de sospecha genérica sobre el partido. A través de un comunicado, el PNV defendió que «cualquier práctica éticamente reprobable (...) está reñida y fuera de la práctica y del ejercicio del PNV». «La sentencia relata unas actitudes y actos que nada tienen que ver con el PNV; al contrario, siempre tendrán a este partido enfrente». Los jeltzales, además, se defendieron ante las críticas de toda la oposición y aseguraron que la sentencia del Supremo «viene a avalar que el caso no afecta al PNV como partido, ni a su financiación». 

De los casi 10.000 huecos que ofrecía Osakidetza esta semana para recibir la cuarta dosis de la vacuna contra el covid apenas quedaban ayer unos centenares sin cubrir. Miles de vascos han solicitado cita para inocularse estos días, inquietos por la expansión del virus en China y por la llegada a Euskadi de la variante kraken, muy contagiosa pero no más virulenta. Las agendas de Osakidetza para vacunarse vuelven a echar humo. Miles de vascos han cogido cita en los últimos días para recibir la cuarta dosis contra el covid. La explosión de casos en China tras el fin de las restricciones en este país, sumada a la aparición en Estados Unidos de una subvariante más infecciosa denominada kraken, inquietan a una parte de la población vasca. Es por ello que han decidido renovar su cobertura vacunal. De los cerca de 10.000 huecos que ofrecía esta semana Osakidetza para recibir los sueros quedan libres menos de 800. Para las dos próximas semanas sí hay más vacantes, aunque tampoco muchas. Ya están ocupadas el 74% de las 33.400 citas ofertadas para lo que resta de enero. 24.773 vascos tienen cerrada hora para ponerse antes de que acabe este mes la profilaxis, según los datos que facilitó ayer el Departamento de Salud. Y podrían ser incluso más. El Servicio Vasco de Salud no descarta ampliar la oferta de vacunación en caso de que la demanda siga creciendo.

El centro de investigación donostiarra Biomagune ha puesto en marcha un nuevo grupo de investigación en Materiales Híbridos Biofuncionales con el objetivo de conseguir modelos celulares ‘in vitro’ mediante impresión tridimensional para el estudio preclínico de diferentes enfermedades cardiovasculares y cardiopulmonares y testeo de nuevos fármacos, por ejemplo. El grupo trabaja en modelos arteriales empleando materiales híbridos en una impresora 3D. «Utilizamos material orgánico (polímeros), material celular (las propias células) y nanopartículas (para proporcionar estímulos físicos al modelo)», explica a este periódico la investigadora Ikerbasque Dorleta Jimenez de Aberasturi, investigadora principal del grupo. «Lo que hacemos es generar biotintas para hacer modelos que puedan utilizarse para entender diferentes enfermedades o probar fármacos. Uno de los ejemplos es la fabricación de una arteria pulmonar», añade. ¿Por qué en tres dimensiones? «En la naturaleza las células no se encuentran en dos dimensiones, sino que están rodeadas de múltiples tejidos con diferentes funciones. Ahora, nosotros intentamos construir todas esas capas empleando impresoras tridimensionales, para poder avanzar en la investigación de las enfermedades. Para ello, imprimimos las estructuras capa a capa, para conseguir la estructura celular deseada», afirma la investigadora.

Olas de calor extremas, incendios devastadores, inundaciones y sequías en varios puntos del planeta. «Nuestros datos revelan otro año de extremos» en la meteorología, revela el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), que sitúa a 2022 como el quinto ejercicio más cálido desde que hay registros. El dato ya es alarmante de por sí, pero la preocupación se agrava al examinar la serie histórica: «Los últimos ocho años han sido los más cálidos» en la Tierra, alertan los expertos del C3S. De hecho, se han dado picos «históricos» en Europa y la Antártida. El planeta, en los últimos doce meses, volvió a calentarse, aunque esta vez ‘solo’ fueron tres décimas por encima del periodo de referencia de 1991-2020. «Eso equivale a aproximadamente 1,2°C por encima del período 1850-1900», recalca el informe anual de Copernicus, a tan sólo 0,3ºC de lo pactado en el Acuerdo de París de la COP21 de 2015. Sin embargo, esa cifra quedó borrada en Siberia y la Antártida, que acabaron 2022 con más de 2°C por encima del promedio de referencia. Una anomalía que empieza a convertirse en normalidad en los polos. «El pasado año se aceleró el deshielo en los casquetes polares», destaca el Arctic Report Card de la Administración Nacional de los Océanos y la Atmósfera (NOAA). «Esta región se está calentando a un ritmo cuatro veces más rápido que el conjunto del planeta». advierte el texto.