20230512

Más de 30.000 trabajadores metalúrgicos guipuzcoanos verán actualizadas sus condiciones laborales tras el acuerdo alcanzado ayer entre Adegi, ELA y UGT para renovar el convenio del Metal de Gipuzkoa, que será de eficacia general, pese a que LAB y CC OO no lo suscriben por ahora al considerarlo «insuficiente». Un acuerdo, de cuatro años de vigencia, con subidas salariales referenciadas al IPC, con lo que se consagra como el mejor del Metal de todo el Estado y agranda las diferencias que tenía con los de Bizkaia y Araba, según resalta el sindicato nacionalista. La fumata blanca se produjo tras varios meses de negociaciones –arrancó a finales de enero– y ocho encuentros entre patronal y sindicatos. El nuevo convenio, que tendrá una vigencia del 1 de enero de 2023 a 31 de diciembre de 2026, se firmará el próximo día 23 y será de aplicación general en todas las empresas. Aunque hay que recordar que se trata de un convenio de mínimos y que en muchas factorías se negocian mejoras superiores a las que marca el pacto provincial, lo que se conoce como salarios reales. El convenio contempla subidas en tablas –para los que cuelgan directamente del convenio provincial– del 5% para este año, del IPC más 0,7% en 2024 y del IPC en 2025 y 2026. En salarios reales, recoge un incremento del 4,25% para este año, del 85% del (IPC más 0,7%) para el siguiente y del 85% del IPC para 2025 y 2026. Unas subidas salariales que, según ELA, garantizan «los mejores salarios» en el Metal de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, y que incluso agranda las diferencias, ya que indica que «los incrementos se realizan tomando en cuenta el IPC del año anterior y no realizará una actualización dentro de tres años como en el resto de convenios provinciales». 

 Adegi, que durante todo el proceso negociador ha mantenido un perfil de máxima discreción, puso en valor ayer la importancia de un acuerdo que «procura –dijo– estabilidad a las empresas y personas en un entorno extremadamente volátil e incierto». La patronal guipuzcoana indicó que se han tratado de «cinco meses de negociación y de arduo trabajo y, sin conflictividad», y que el resultado ha sido «un buen acuerdo para el tejido productivo del territorio pero también para los trabajadores. En la nota enviada a los medios de comunicación, indica que ha planteado la negociación desde una mirada que atiende a la realidad de la coyuntura, desde la responsabilidad y capacidad de adaptación a las circunstancias de cada sector y empresas y con una mirada al futuro, con el objetivo de sostener el tejido empresarial y el empleo». Adegi resalta que el acuerdo protege a los trabajadores que tienen los salarios más bajos, ya que «serán quienes se beneficiarán de mayores incrementos salariales». Pero, sobre todo, la asociación empresarial guipuzcoana destaca que esta negociación «ha puesto de manifiesto lo positivo de la cultura del acuerdo y que es más efectivo remar juntos en la misma dirección», un concepto que engarza con la nueva cultura de empresa que defiende Adegi y que traslada a la negociación colectiva. En este sentido, pone el énfasis en que el acuerdo y la negociación «se ha basado en el diálogo y la confianza». Ver más en Adegi. 

El convenio del Metal de Gipuzkoa se ha desarrollado en un contexto totalmente diferente a los de Bizkaia y Araba, que se caracterizaron entre otras cosas por la conflictividad e incluso el enquistamiento en el caso del pacto del territorio vizcaíno, lo que obligó a intervenir al Gobierno Vasco, que tuvo que mediar en el mismo tras solicitarlo las partes. Las negociaciones del convenio guipuzcoano han tenido un cariz diferente, aunque también ha estado marcadas por la división entre los sindicatos. Y es que ELA trasladó el 10 de marzo al resto de centrales la posibilidad de alcanzar un «acuerdo sindical con compromisos» y de convocar «seis días de huelga en mayo y junio si se producían pausas en la negociación». La respuesta fue negativa, según indicaba la central nacionalista. Lo recordaba al hilo de la convocatoria de LAB de seis días de huelga que realizó el pasado día 4 tras la reunión anterior de la mesa negociadora en aras a presionar a la patronal y lograr mejores contenidos. Pero finalmente, el acuerdo se ha cerrado sin que se hayan llevado a cabo huelgas, aunque LAB sí ha realizado diferentes movilizaciones. La primera fue a finales del año pasado ante Adegi, donde protagonizó una concentración y avanzó las líneas generales de su plataforma. Y recientemente entró en la sede de la patronal lanzando octavillas. También ha habido concentraciones ante la sede del CRL en Donostia, donde se han desarrollado las negociaciones. En cualquier caso, movilizaciones que no tienen nada que ver con las vividas durante las negociaciones del convenio del Metal de Bizkaia y de Araba. En concreto, en el territorio vizcaíno se llevaron a cabo once jornadas de huelga, lo que elevó mucho la tensión entre las partes negociadoras. 

Cierto es que el crecimiento económico de Euskadi sigue lejos de su potencial, 3% del PIB, pero el empuje del 0,4% que cosechó en el primer trimestre del año ha bastado para animar un mercado laboral que sigue aumentando los afiliados a la Seguridad Social hasta la cifra récord de 997.200 personas de abril.Unos datos que aguantan la crisis de precios y la subida de tipos de interés traduciéndose en más creación de empresas. Hasta el punto de alcanzar el mes pasado el mejor incremento de la serie histórica de un abril. La suma del último mes aporta 407 actividades de nueva creación a un saldo total de 58.115 empresas que hay inscritas en la Seguridad Social en Euskadi. Así lo destacó la patronal vasca, Confebask, que se refirió también a que la distancia que queda para recuperar el número de compañías que había antes de la pandemia se sitúa por primera vez por debajo de mil (778). Se acumulan así tres meses consecutivos de crecimiento en el censo empresarial vasco, que gana un saldo favorable en lo que llevamos de año de 295 negocios. Por sectores, sí se evidencia un comportamiento dispar que retrata el cambio del tejido productivo en Euskadi y que otorga un mayor protagonismo al sector servicios frente al industrial. Así, el primero es el que concentra el mayor número de iniciativas empresariales puestas en marcha, un total de 178, frente a las 19 que ha perdido industria en lo que llevamos de año. Tras los servicios, es el sector primario el que aporta más nuevas empresas, un total de 71, seguido de la construcción con 65 actividades puestas en marcha. Los autónomos, en mínimos. Ver más en Confebask. 

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, abordó ayer los principales puntos del quinto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), suscrito entre la patronal y los sindicatos. Con respecto al punto de las subidas salariales, el líder de la patronal empresarial indicó que el aumento de las cotizaciones sociales es un escollo que no permite mejorar más las condiciones: “La subida de las cotizaciones deja maltrecho el bolsillo de las empresas para poder subir los salarios, porque son un coste. Si las cotizaciones fueran igual que en Europa, que nadie dude que los salarios subirían más de dos dígitos”. Esos costes los notan más, a su juicio, las pequeñas y medianas empresas, “que tienen menos capacidad de adaptación”. El líder de la patronal realizó estas declaraciones durante su intervención en un foro, donde aseguró también que es una buena noticia que en el contexto de la negociación se pueda hablar de temas como el absentismo y las bajas laborales, “uno de esos mantras de los que no se podía hablar”. En este sentido, afirmó, “habría una capacidad de mejora de 2.000 millones de euros si fuéramos capaces de mejorar las bajas, básicamente por las pruebas médicas, por el cuello de botella de la atención primaria”. Garamendi celebró que en un contexto de diálogo social que se extiende ya por más de 40 años se hayan puesto sobre la mesa más temas que hace años era impensable tratar. Citó, por ejemplo, el teletrabajo o la flexibilidad, o asuntos que se han incorporado a la realidad laboral española en los últimos tiempos, como la ley de riders o la inteligencia artificial: “El mundo ha cambiado, las relaciones laborales están cambiando”. Cabe destacar que el acuerdo contempla subidas salariales del 4% en 2023 y del 3% tanto en 2024 como en 2025. Además, hay una cláusula mediante la cual se subirá un punto extra si la inflación se sitúa por encima de estos guarismos. “La inflación es el principal enemigo que tenemos todos". 

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, valoró positivamente el quinto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), suscrito entre la patronal y los sindicatos. Resaltó ayer que “es equilibrado” y que “puede dar un mensaje de confianza y estabilidad sobre la situación macroeconómica muy deseable”. Durante su intervención en un foro Hernández de Cos, también miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), se refirió, aunque sin mencionarlas expresamente, a las cifras del acuerdo, que prevé que las retribuciones crezcan un 4% en 2023 y un 3% en 2024 y en 2025. Además de un 1% adicional cada año, en función de la inflación. Bajo esos parámetros, el gobernador del Banco de España apuntó que ayudará a reducir el riesgo de efectos de segunda ronda en la inflación, que hasta ahora eran crecientes. El banquero central también destacó la importancia de que cada empresa y sector adapte estas directrices a su propia realidad, pues recordó que “los últimos shocks sufridos han afectado de forma muy heterogénea a las compañías”. Desde la pandemia a la subida de los precios energéticos como consecuencia de la crisis de Rusia, cada sector de la economía se ha visto impactado de formas diferentes en su actividad. Para De Cos, el acuerdo en materia salarial lleva implícito también un pacto sobre los márgenes empresariales, que han crecido en algunos segmentos más de lo esperado en estos tiempos de elevada inflación, y que completa el pacto de rentas. Según señaló ayer, es también importante “si queremos evitar una espiral inflacionista”.

"...Asistimos a huelgas en residencias, salud, limpieza, servicios, transportes y otros. Al parecer, somos líderes. Tomando como base la homologación y otras reivindicaciones, el itinerario es paralelo al de la enseñanza: debilitar los márgenes de las empresas que trabajan para la Administración, coadyuvar a su retirada y sustituir el servicio privado por uno público o de carácter cuasi público...La presencia en la calle por parte de los representantes sindicales es constante y notoria. Se nos hace saber que la calle es de quien es, efectuando una presión que no se sabe bien qué correspondencia real tiene con los trabajadores afectados, pero con una influencia ambiental enorme al conseguir unos pocos, pero bien distribuidos, paralizar las ciudades en hora punta. Desconocemos el futuro de la nueva Ley de Educación, pero es evidente que se va a producir un pulso entre el Parlamento y la calle, liderada por los sindicatos. De consolidarse ese modelo de confrontación y negociación, es evidente que el Parlamento dejaría, en la práctica, de existir, porque ya no habrá sino dos partes: el Gobierno de turno y un contrapoder, fuera del Parlamento, de carácter estrictamente sindical, que lidera la confrontación en el momento en que así lo decide y que se convierte, de hecho, en el único contrapoder negociador. Dicha estrategia puede introducirse en cualquier otro sector: siempre habrá una alternativa pública que pueda sustituir a la privada...No hago un juicio político ni moral; simplemente describo lo que creo ver. Hay un país con dos modelos. Uno es el del Gobierno vasco y su correspondiente oposición en el Parlamento. Y otro el de un Gobierno con un contrapoder sindical que actúa desde la calle, intentando que el resto no exista: tan solo un poder y un contrapoder. Tan distante o más para la sociedad puede ser uno como otro; solo que, en el primero, hay un respaldo de votos que conforman un Parlamento y puede cambiar la composición del Gobierno de una elección a otra, mientras que, en el segundo, las decisiones se toman en la sede que se toman, sin que los votantes puedan dar opinión alguna...No solo no pretendo convencer a nadie, sino que, aunque sorprenda, me llevaría una gran alegría si alguien me demostrara que estoy totalmente equivocado, que no existe hoy ese deseo de implantar un modelo de poder y contrapoder sindical, con las consecuencias antedichas, que exagero y que mis temores son infundados. Lejos de ofenderme, respiraría con tranquilidad. Y dejaría de sospechar que el silencio que observo al respecto puede ser consecuencia, tal vez, de un cierto miedo". 

Las declaraciones del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, negando que exista un colapso en las oficinas de la Seguridad Social no convencen ni a los ciudadanos, que muestran su malestar en las redes sociales por la imposibilidad de conseguir una cita, ni a los sindicatos, que dan un paso más en su campaña de denuncia por la situación de «deterioro y abandono de uno de los servicios públicos con mayor demanda». Así, justo un día después de que el ministro quitara hierro a estos problemas y, visiblemente enfadado con las acusaciones del PP, calificara de «bulos y mentiras» que sea necesario pedir una cita previa para acudir a una oficina, los sindicatos le responden con un hecho insólito: el anuncio de la primera huelga general en la historia de este organismo público que se destina a la gestión de prestaciones tan importantes como las pensiones, las ayudas para los autónomos o el ingreso mínimo vital (IMV), entre otras. CSIF y CC OO acordaron ayer el inicio de una nueva campaña de movilizaciones para denunciar la falta de efectivos en la Seguridad Social, el envejecimiento de las plantillas o el retraso en las citas y, por tanto, en el reconocimiento de las prestaciones. También el cierre de oficinas así como el incumplimiento general de los acuerdos de personal.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que el déficit público no bajará del 3% antes de 2026. El organismo recomienda un ajuste de 30.000 millones de euros durante cuatro años, hasta 2027, para contener la deuda y cumplir con las directrices de la Comisión Europea. “El análisis a largo plazo evidencia que la estabilización del déficit es insuficiente para situar la deuda en una trayectoria descendente y reducir la vulnerabilidad”, señala. Así lo recoge el Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026, que presentó ayer Cristina Herrero, presidenta de la AIReF. Según los cálculos del organismo, la senda fiscal que cumpliría las directrices de Bruselas para el periodo 2024-2027 requerirá tomar medidas adicionales durante los próximos cuatro ejercicios por valor de 0,46 puntos del PIB al año. Este ajuste –de 1,84 puntos acumulados en cuatro años– supondrá, según sus cálculos, una reducción de la ratio de deuda de 24 puntos de PIB en los próximos 15 años. De esta forma, la AIReF estima que, con este recorte, se llegará a una deuda del 85% del PIB en 2037, frente al 109% en el escenario inercial actual. “Se situaría en una dinámica claramente descendente, incluso en el requisito de reducción plausible de la deuda en el escenario más exigente de una perturbación de un 1% en el diferencial tipos de interés-crecimiento”, destaca el informe. Sin ajustes, la AIReF estima que el déficit de las Administraciones Públicas se situará en el 3% del PIB en 2026, cinco décimas por encima del previsto en el Programa de Estabilidad. 

“España está en la buena senda y en un momento clave, lleno de oportunidades que debemos y vamos a aprovechar como país; que estamos aprovechando ya, aquí y ahora”. Con estas palabras introdujo ayer la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transición Digital, Nadia Calviño, su intervención en la apertura de la segunda jornada del foro de Expansión. En su intervención, la vicepresidenta animó “a todos a seguir trabajando juntos y remar en la misma dirección para seguir progresando y construyendo un país más prospero, más igualitario y mejor”. La ministra repasó durante su intervención la situación actual de la economía española, sobre la que destacó el papel jugado por la Unión Europea en su respuesta a la pandemia del Covid-19 y a la guerra en Ucrania, a través, en especial, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sobre el que destacó que “España sigue a la cabeza de la ejecución del plan”. Calviño avanzó que son ya 400.000 los proyectos liderados por empresas, centros de investigación o Administraciones Públicas financiados por el Plan a través de 27.300 millones de euros “en convocatorias de ayudas y licitaciones de obra que ya están resueltas”. “Hemos culminado el programa de reformas estructurales y se ha acelerado el despliegue de las inversiones de forma notable”, resaltó al respecto, para indicar que “casi un 60% de los beneficiarios son empresas y centros de investigación”, añadió. En cuanto al contexto macroeconómico, la vicepresidenta indicó que “las decisiones de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) empiezan a apuntar que nos vamos aproximando al final de esa fase alcista de los tipos de interés”. 

La Comisión Europea (CE) dio ayer el visto bueno a la línea de ayudas a la producción de baterías para coches eléctricos que el Gobierno prepara para la segunda convocatoria del Perte del motor. “La Comisión considera que este régimen español se ajusta a las condiciones establecidas en el Marco Temporal de Crisis y Transición. En particular, la ayuda incentivará la producción de equipos pertinentes para la transición hacia una economía con cero emisiones netas y se concederá a más tardar el 31 de diciembre de 2025″, indicó ayer Bruselas, que señaló que el programa de baterías contará con 837 millones de euros. Cada proyecto de producción de baterías podrá ser beneficiado con entre 100 y 300 millones de euros. Ese importe máximo lo recibirán aquellas iniciativas que planteen la construcción de plantas de baterías en zonas con poco desarrollo industrial, explicó el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a este periódico. Un proyecto que podría llegar a recibir ese dinero sería el de la china Envision, que quiere levantar una gigafactoría de 30 GWh en Navalmoral de la Mata, Cáceres. A su vez, los proyectos que se orienten a la producción de componentes esenciales podrán recibir hasta 100 millones, mientras que las inversiones en materias primas contarán con un apoyo de hasta 25 millones. “La Comisión concluyó que el régimen español es necesario, adecuado y proporcionado para acelerar la transición ecológica y facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas”, destacó Bruselas en un comunicado.

La nueva era de Seat viene de la mano de Cupra y con ella la expansión internacional. La empresa española está rastreando diferentes mercados y ha puesto el foco en Estados Unidos, uno de los de mayor volumen. No obstante, la compañía lo tiene claro y su intención es, en caso de irrumpir en dicho mercado, hacerlo con modelos especialmente adaptados a las necesidades de los clientes locales y que se fabriquen en Norteamérica. Una de las localizaciones que baraja Seat para producir sus modelos para EEUU es México, donde el grupo Volkswagen, matriz de la enseña, tiene presencia industrial en Puebla. En una entrevista, el presidente de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, aseguró que se está testando la entrada de Cupra en el país, aunque no se ha tomado una decisión definitiva. No obstante, afirmó que solo se plantea hacerlo con vehículos adaptados a los gustos de los clientes estadounidenses, por lo que tendrán que ser más grandes que con los que cuenta ahora Cupra. “Tenemos que seguir trabajando en este proyecto, en el que vamos avanzando de forma muy positiva”, apuntó, al tiempo que recordó que hay muchas marcas que han intentado antes su desembarco en Estados Unidos y no han tenido éxito. Además, resaltó el crecimiento “exponencial” que está experimentando Cupra, que hace pocas semanas inició su actividad comercial en Nueva Zelanda. En su opinión, Cupra es la “clave” de los buenos resultados económicos contabilizados por el grupo Seat en el primer trimestre. 

España ha empezado a sufrir las consecuencias de la Ley de Reducción de la Inflación de Estados Unidos (IRA por sus siglas en inglés). El programa de rebajas fiscales y ayudas industriales que la Administración de Joe Biden puso en marcha el pasado agosto provocó un terremoto en Europa, que vio mermadas sus aspiraciones de captar capital, sobre todo, para el desarrollo de energías limpias. En este pulso, EEUU ya le ha ganado la primera batalla a España, al imponerse como destino de inversión prioritario de First Solar, un coloso mundial de la industria fotovoltaica, que ha dejado en el aire sus planes en el país ibérico por su «debilidad normativa» y ante la falta de incentivos concretos. La apuesta de First Solar por España sigue viva, pero lo cierto es que, tras más de año y medio de negociaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez, nuestro país ha bajado escalones en la lista de prioridades del fabricante estadounidense de módulos solares. La compañía no ha renunciado a aterrizar en España, de hecho, la próxima semana retomará los contactos con el Ministerio de Industria, interlocutor del Ejecutivo para la línea de ayudas a las que aspira la empresa, según fuentes políticas. Pero ha sido Washington quien ha logrado captar el que será el próximo desembolso milmillonario de la multinacional. Preguntadas al respecto, fuentes oficiales de Industria han rechazado hacer comentarios sobre el desarrollo de estos contactos que circunscriben al ámbito «privado». First Solar empezó a tantear el mercado europeo a finales de 2021, con la intención de construir una megafábrica de placas solares en territorio comunitario. España y Francia fueron las grandes favoritas. 

El Gobierno Vasco será laxo y garantiza que todos los ayuntamientos que lo deseen podrán presentar alegaciones al Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables, aprobado el miércoles, pese a que el plazo fijado de 45 días para reclamar se solapa con las elecciones municipales y no deja margen a los nuevos ayuntamientos para reaccionar. La publicación del PTS que identifica las zonas susceptibles de albergar parques eólicos, fotovoltaicos o marinos, en la víspera además de la campaña electoral a las municipales que arrancó anoche, ha vuelto a evidenciar que la cuestión de las futuras instalaciones de las energías renovables es un tema espinoso para los ayuntamientos, conscientes del recelo, cuando no rechazo, que estos proyectos generan en parte de su población. Por ello, la premura de tiempo que fija el plan, de 45 días hábiles desde la fecha de ayer, lo que llevaría al 11 de julio como fecha límite, ha soliviantado a partidos como EH Bildu, que gobierna en muchos de los municipios afectados, o Elkarrekin Podemos. Teniendo en cuenta que los comicios para elegir nuevos alcaldes se celebran el día 28 y que la constitución de los ayuntamientos se realizará el sábado 17 de junio, apenas quedarían tres semanas para que los nuevos equipos municipales estudiarán un PTS muy prolijo y delicado, lo que ha llevado a esas dos formaciones a poner el grito en el cielo. Por ello, el Gobierno Vasco, consciente de la complejidad de la cuestión de los parques eólicos, garantiza que será flexible con los plazos de alegaciones y que todos los municipios afectados podrán realizar las consideraciones que deseen. 

El Ayuntamiento de Bilbao califica de «incompatible» con su actual normativa urbanística la posible instalación de aerogeneradores en el entorno del Pagasarri y el monte Arraiz, que están dentro de una zona de protección local. El nuevo Plan Sectorial de la Energía Renovable de Euskadi clasifica este enclave, así como todo el cresterío del cercano Ganekogorta, como «áreas seleccionadas» o preferentes para el impulso de centrales eólicas. El Consistorio «discrepa» del emplazamiento elegido, aunque valora positivamente «el esfuerzo» realizado por el Gobierno vasco, «ya que se implica en este asunto, planteando posibles, que no obligatorias, ubicaciones para conseguir avanzar en la autosuficiencia energética de Euskadi». El hecho de que el Pagasarri y el Ganekogorta pasen a tener la vitola de preferente significa, precisamente, que aquellas empresas que aspiren a colocar allí molinos, una vez aprobado de manera definitiva el plan sectorial y siempre que se den las condiciones medioambientales, no tendrán que realizar diversos trámites ante los ayuntamientos de Bilbao ni Alonsotegi. De hecho, los entes locales afectados tendrán que modificar su planeamiento para adaptarlo a la nueva normativa, que alcanzará un rango superior. Es decir, en teoría, la capital vizcaína no podría frenar la colocación de un parque eólico en el emblemático monte, si cumple con la normativa natural. El director de Energía del Gobierno vasco, Zigor Urkiaga, mandó ayer un mensaje de tranquilidad respecto al plan. «No es el definitivo, sino que es un proceso que ha comenzado y que está abierto a la participación». 

Han pasado casi 15 meses desde que Rusia inició la invasión de Ucrania y, mientras se libra la contraofensiva determinante, las importaciones a España del país de Vladímir Putin se han elevado un 118% en lo que llevamos de año, contando la llegada de hasta diez buques al Puerto de Bilbao. Y es que Euskadi es la entrada natural de este tráfico mercante y registra, según fuentes de la Autoridad Portuaria, cuatro de cada diez barcos que llegan de Rusia con gas licuado. El gas sigue siendo una isla entre las fuentes energéticas rusas que escapa a las diferentes sanciones. Así, mientras el Gobierno central investiga operaciones que enmascaran la llegada de diésel ruso –embargado por Europa desde febrero– y en Euskadi se dispara la compra de petróleo a países como Brasil para elaborar más gasóleo, Rusia sigue vendiendo gas a ritmo de vértigo. Un combustible licuado (GNL) que tiene en la regasificadora que Enagas y el Gobierno vasco comparten en el Abra de la ría del Nervión el principal punto de destino. Los datos son públicos y aparecen mensualmente en el boletín estadístico del gas del operador estatal, Enagas. Así, hasta el mes de abril, se han descargado 23.810 GWh, más del doble que los 10.907 GWh que se contabilizaron en el mismo periodo del pasado año. Rusia se convierte así en el país que más ha elevado sus importaciones en este 2023 a España y se coloca como el segundo proveedor de gas natural licuado sólo superado por Estados Unidos, cuando el año pasado ocupaba la tercera posición, por detrás de este país y de Nigeria.

Sener se ha convertido en el accionista mayoritario de la ingeniería de centros de datos Quark. Los consejeros delegados de esta empresa, Ricardo Abad y Miguel Gallego, seguirán en el capital como minoritarios y al frente de la gestión del negocio. La nueva participada mantendrá su marca y aprovechará las sinergias de Sener “a nivel operativo y de innovación, en sectores como el de la movilidad, la energía o el digital”, informan desde el grupo de ingeniería y tecnología. Un trabajo en equipo que se extenderá a través de la red internacional de Sener, con oficinas en una veintena de países, “lo que favorecerá la internacionalización de Quark”, según las mismas fuentes. En la operación de compra, Quark ha estado asesorado por Arcano, KPMG y Uría y Menéndez, mientras que Sener ha contado con la colaboración de Rothschild, Pérez-Llorca, PwC y FIDE Partners. La adquisición está pendiente de la ratificación de condiciones que rigen estos procesos. Quark está especializada en el diseño de centros de datos, un sector de demanda creciente, según los analistas. La compañía fue fundada hace 14 años por Ricardo Abad y Miguel Gallego, quienes la han colocado entre las 20 primeras del sector.

A solo unas horas de que el INE dé a conocer el nuevo dato de inflación de los alimentos de abril, el Gobierno se ha apresurado a aprobar en un Consejo de Ministros extraordinario convocado ayer un paquete de ayudas e inversiones por un total de 2.190 millones para paliar las consecuencias en el campo de unas sequías e inundaciones que, reconocieron, serán «cada vez más frecuentes». Concretamente, las ayudas destinadas al sector primario ascienden a 784,2 millones de euros divididas en diez medidas que se aglutinan en cuatro apartados: ayudas directas, fiscalidad, liquidez y medidas sociales. El objetivo es «asegurar la producción del sector y así dar abastecimiento a la alimentación». De esta forma, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, quiso dejar claro que es «necesaria» una oferta suficiente para que no haya «nuevas consecuencias en los precios», como sí ha ocurrido con el aceite, reconoció, que ha sufrido graves subidas de precio en los supermercados dada la baja producción de los últimos meses. A estas ayudas para el sector se suman 1.400 millones para inversiones y mejoras en infraestructuras hidráulicas de toda España que anunció la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. 

La Unión Europea ve con recelos la irrupción de la inteligencia artificial (IA) y una de sus instituciones, el Parlamento europeo, dio ayer el paso inicial para aprobar la primera ley en el mundo que regulará la utilización de herramientas como el ChatGPT. Los miembros de las comisiones de Libertades Civiles y de Protección de los Consumidores votaron por una amplísima mayoría (84 votos a favor, siete en contra y doce abstenciones) a favor de una ponencia que limita el uso de la IA en el territorio de los 27. El texto se presentará en junio en el pleno de la Cámara comunitaria y si sale adelante, los Estados miembro y Bruselas negociarán una redacción definitiva. El Parlamento europeo quiere garantizar que los sistemas de IA estén supervisados por personas, sean seguros, transparentes, ‘trazables’ (que se pueda identificar el origen y las diferentes etapas del proceso), no discriminatorios y respetuosos con el medio ambiente. También pretende contar con una definición uniforme de IA diseñada para ser tecnológicamente neutra, de manera que los consumidores puedan elegir libremente qué tecnología se adapta mejor a sus necesidades, poniendo coto así a los algoritmos de recomendación. En este informe pionero, los eurodiputados han identificado un notable número de riesgos en la inteligencia artificial en áreas como la salud, la seguridad, los derechos fundamentales o el medio ambiente y buscan prohibir usos «intrusivos», como la identificación biométrica remota en tiempo real en espacios de acceso público y ‘a posteriori’, con la única excepción de las fuerzas del orden para la persecución de delitos graves y solo previa autorización judicial; y otros muchos supuestos. 

 La inteligencia artificial ha irrumpido en nuestras vidas y en la manera de entender el mundo. La llegada de ChatGPT, que en sólo dos meses consiguió 100 millones de usuarios consolidándose como la plataforma que más rápido había alcanzado esta cifra por delante de Instagram o TikTok, ha supuesto una revolución en todos los ámbitos, también para las empresas. En este sentido, Manuel Coterillo, CEO de LIS Data Solutions, defendió durante la mesa redonda del Foro sobre IA y ChatGPT organizado por Grupo Noticias, que la inteligencia artificial “se ha convertido en una oportunidad necesaria para multiplicar la productividad de las empresas”, por tanto, es importante “aprovecharla y ponerla a la disponibilidad de las personas”. El empresario explicó que actualmente estamos presenciando la "demonización de la inteligencia artificial" pero consideró que se trata de "la mayor oportunidad que podemos tener como empresas, como región, como país y como Unión Europea para mejorar nuestros índices productivos". 

Son cada vez más las tiendas de campaña plantadas a la sombra de la estatua de la Minerva, la diosa de la sabiduría ubicada frente al rectorado de la Sapienza de Roma, la universidad con el mayor número de estudiantes de Italia. Allí duerme desde hace varias noches un grupo de alumnos para protestar contra el alto coste de los alquileres, cuyo precio no ha parado de aumentar en los últimos años. En la capital italiana tiene suerte quien encuentra una habitación individual en un piso compartido por menos de 500 euros mensuales, una cifra a la que hay que sumar los gastos de electricidad, gas e internet. El precio sube en unos 100 ó 200 euros al mes en Milán, ciudad turística por excelencia donde comenzó esta ola de protestas que se ha extendido cada vez por un mayor número de ciudades italianas desde el norte al sur del país. «El alquiler supone un coste demasiado alto para los estudiantes, por lo que en la mayor parte de los casos tiene que ser asumido por las familias. Y si tus padres no pueden permitírselo, te toca buscar un trabajo que por lo general es precario y está mal pagado», denuncia Vicky Angelini, que cursa el segundo año del grado de Ciencias Políticas en la Sapienza. Las estadísticas le dan la razón. Según la federación italiana del consumidor, el 54% de los treintañeros percibe un salario inferior a los 7 euros la hora y cada vez resulta más frecuente ofertar trabajos a tiempo parcial.

A poca distancia de donde estos días despegan los vuelos con deportados, aterrizan en Fort Bliss los aviones militares que vienen a proteger la frontera de El Paso con Ciudad Juárez. El título 42 que activó Donald Trump para la pandemia para evitar las solicitudes de asilo expiró en la medianoche de Washington, seis de la mañana en España. Su antecesor, el título 8, que obliga a Estados Unidos a atender las peticiones, ha sido endurecido con tantos pinchos como los ochocientos kilómetros de alambrada que se han instalado en la frontera de Texas. El presidente, Joe Biden, asegura que las 1.500 tropas que ha mandado para contener la presunta avalancha no ejercerán labores policiales, «sólo están allí para asistir a las patrullas fronterizas». El Pentágono describe entre sus funciones detectar, monitorear, proporcionar la logística para el transporte y, en general, «mejorar la capacidad de Custom Border Patrol (CBP) para impedir o negar el cruce ilegal y aplicar la respuesta adecuada a la seguridad de la frontera». Biden ha ordenado el despliegue de 1.500 pero el gobernador de Texas, Greg Abbott, quiere ver entre 15.000 y 150.000. Su sola presencia intimida a los migrantes de países centroamericanos y sudamericanos, donde la figura de los militares está grabada a sangre y fuego en el subconsciente colectivo. Cuando al exmilitar venezolano Pedro Manuel Silva Barrera, de 50 años, le secuestraron los cárteles mexicanos en esa misma franja de la frontera en la que ayer aguardaba su última posibilidad de cruzar antes de que se endurecieran las medidas, le encontraron en el teléfono numerosos vídeos de cursos de entrenamiento con las fuerzas especiales israelíes. «Querían obligarme a que trabajara con ellos para entrenarles, pero yo no quiero enseñarles esas tácticas, se cómo las usarían aquí», explicó.