20231018

Editorial de Estrategia Empresarial: "En tiempos tan líquidos como los actuales, en los que el esfuerzo y el compromiso colectivo queda supeditado, en muchas ocasiones, al bienestar personal, no está de más reconocer actuaciones y actividades que han servido para que nuestra sociedad goce de unos niveles de prosperidad y progreso como los actuales. El 40º aniversario de Confebask constituye una ocasión inmejorable para volver a destacar y reconocer el papel del empresariado en estos años. Unos tiempos muy difíciles, con ETA actuando, en los que las y los empresarios, con su empeño, sacaron adelante sus proyectos, generando riqueza y manteniendo la actividad, los puestos de trabajo y el arraigo. En las diferentes intervenciones escuchadas durante el acto conmemorativo, se apeló a su capacidad de adaptación, de flexibilidad, de compromiso y, sobre todo, de resistencia, como una de las características del empresariado vasco. Resistencia frente a las diferentes crisis que hemos vivido y frente al terrorismo. Pudo más la responsabilidad de los empresarios, su compromiso personal, la perseverancia y la tenacidad, que la cesión ante el miedo. Ahora, las circunstancias han cambiado totalmente y se avanza en la resiliencia. Como dijo el lehendakari: “Este país os necesita y os apoya”. Por eso, no está de más volver a incidir en el valor social de las empresas y de sus responsables". El editorial de Estrategia Empresarial se complementa con un reportaje del aniversario en su última página. 

La primera piedra de la ampliación de la factoría se colocó el pasado mes de marzo y Haizea Bilbao, el fabricante de torres eólicas que forma parte del grupo Haizea Wind, está a punto de finalizar la construcción de sus nuevas instalaciones. Esta es la razón de que haya anunciado el inicio del proceso de contratación de 295 nuevos empleados, con los que quiere atender el incremento de la demanda de este tipo de estructuras de acero. La empresa ha señalado que ha arrancado el proceso de búsqueda de profesionales en áreas como la ingeniería, calderería, soldadura, pintura o manejo de grúas para incorporarlos a su factoría ubicada en el Puerto de Bilbao. La firma, creada en 2017 para atender la creciente demanda de los monopilotes que sirven para sustentar los aerogeneradores en alta mar, ha experimentado un notable crecimiento a rebufo de la generación eólica marina. El tipo de profesionales que va a contratar en estos momentos Haizea Wind, pese a formar parte de las actividades clásicas de la industria vasca, está sometido a un importante tirón de la demanda y a una oferta escasa. Y ello porque son muchas las empresas del sector del metal que están en fase de contratación. El grupo Haizea Wind tiene en la actualidad 1.246 empleados en sus instalaciones de Bizkaia, Aranda de Duero, Deba, Salvatierra, Francia y Argentina, y está especializado en la construcción de estructuras de soporte para aerogeneradores, así como en la fundición de grandes piezas para la industria eólica. En el caso de la factoría instalada en el Puerto de Bilbao va a pasar a utilizar 200.000 metros cuadrados, cuatro veces más del espacio que ocupó en sus inicios, para atender la demanda generada por varios contratos concretos. Es el caso del que han firmado con la compañía noruega Orsted y también de Iberdrola, que ha suscrito uno de 150 millones de euros para equipar uno de sus parques marinos frente a las costas de Reino Unido.

La llegada de personas de otros países a Euskadi no sólo ha permitido el primer incremento de población en tres años, además ha propiciado un récord de afiliación de extranjeros. Según los datos que hizo públicos ayer el Ministerio de Seguridad Social, la economía vasca cerró septiembre con un total de 92.542 cotizantes foráneos. Se supera de este modo el récord marcado en julio y, al mismo tiempo, se constata la fortaleza del mercado laboral vasco. En el caso concreto de Gipuzkoa también se baten marcas al contabilizar un total de 32.417 afiliados extranjeros con un crecimiento del 0,57% con respecto al mes de agosto. No obstante, en la serie se comprueba un incremento repetido durante todos los meses del año a excepción de enero y agosto. A pesar de la desaceleración de la economía, el sistema alcanzó en la Comunidad Vasca justo antes de verano su máximo histórico de empleo con algo más de 1.000.200 personas trabajando. Y todo apunta a que ese nivel se rebasará en lo que queda de año. Las cifras están en máximos en el conjunto del Estado, pero en el caso de la CAV hay mayor diversificación sectorial del empleo. Así, aunque la hostelería y el servicio del hogar son las dos ocupaciones principales del personal extranjero al igual que en el balance estatal, también tiene gran impacto, con un 10,5% el empleo, la industria manufacturera. En líneas generales, la evolución es más positiva en Euskadi que la media.

La confianza de los hogares vascos empeoró de forma notable en el tercer trimestre, según el estudio elaborado por Laboral Kutxa. El indicador que mide su percepción de la situación económica descendió desde -9 hasta -13 entre julio y septiembre, el peor valor de este año. Este ahondamiento en terreno negativo se explica, según la entidad, en la consolidación de unos precios «al alza», el incremento de los tipos de interés y el deterioro de las perspectivas económicas. El estudio parte de una encuesta realizada a 800 personas en el País Vasco entre el 28 de agosto y el 8 de septiembre, con lo que todavía no recoge la incertidumbre creada por el ataque terrorista de Hamás y la respuesta de Israel en la Franja de Gaza. Pero ya entonces había factores para la preocupación como la subida de los carburantes, la persistencia de precios altos en los alimentos y, como consecuencia de las tensiones inflacionarias, el aumento de los tipos de interés por parte del BCE, el último acometido en septiembre. El empeoramiento de la confianza en seis puntos ha truncado la mejora experimentada por el indicador en primer semestre, tras un final de 2022 muy negativo, con -23 puntos al cierre. En el primer trimestre el indicador remontó hasta los -9 puntos y en el segundo llegó a los -7. Pero a partir de ahí se ha producido un deterioro que muestra cómo «va anclándose un cierto pesimismo». Ver informe Laboral Kutxa. 

La patronal CEOE se muestra pesimista sobre la evolución de la economía en los próximos meses y, en especial, en 2024. La mayoría de los indicadores de la actividad y, en especial, de aquellos que reflejan el sentimiento de los empresarios, llevan a la organización a pensar que el próximo año el Producto Interior Bruto (PIB) puede crecer un 1,4%, seis décimas menos que la previsión del 2% que acaba de citar el Gobierno en el plan presupuestario que ha enviado a la Comisión Europea. De manera que la patronal valora, con el Ejecutivo, que la economía crecerá este año un 2,4%, pero en 2024 perderá fuerza de manera notable hasta bajar el ritmo a un 1,4%. Así lo han apuntado los analistas de la CEOE en su Panorama Económico, correspondiente a octubre, y que hoy va a aprobar la Junta Directiva. El informe dice lo siguiente: “Las empresas están inmersas en un escenario de menor crecimiento económico y mayores costes [financieros y laborales, fundamentalmente]. A su vez, se abre un panorama de incertidumbre creciente en el ámbito nacional y también internacional. No sólo por la continuidad de la guerra de Ucrania, sino también por el nuevo frente que introduce el conflicto en Oriente Próximo entre Israel y Gaza, que puede repercutir en el alza del precio del petróleo y en una inflación más alta durante más tiempo”. En este contexto de inestabilidad internacional, con su repercusión en España, el sector privado empieza a frenar sus proyectos. 

CAF sigue incrementando su cartera de pedidos para autoridades metropolitanas. El fabricante español ha recibido el encargo para fabricar 121 tranvías bidireccionales para el servicio metropolitano de Roma que presta la sociedad Atac. El presupuesto de inversión es de 457 millones de euros, lo que lo convierte en el mayor pedido de tranvías de Italia. CAF se impuso a las ofertas de tres grandes constructores internacionales: el japonés Hitachi Rail, el suizo Stadler y el checo Skoda. Las unidades de CAF fueron un 10 % más baratas que el valor de licitación. También mejoró el plazo de entrega: el primer tranvía se entregará a más tardar 18 meses tras la firma del contrato. Los nuevos tranvías tendrán 33,5 metros de longitud, podrán transportar hasta 215 pasajeros y dispondrán de 68 plazas, dos de ellas para minusválidos, que también podrán utilizar plataformas de embarque. Los nuevos vagones están equipados con aire acondicionado, sistemas de videovigilancia, anuncios por megafonía y contadores de pasajeros, además de disponer de un sistema de alerta de colisión frontal de peatones. El fabricante vasco tiene experiencia en el mercado italiano, donde ha vendido trenes para el suburbano romano en otro pedido de casi 500 millones de euros.

ITP Aero ha tomado una posición mayoritaria en el capital de la empresa norteamericana de reparación de motores aeronáuticos BP Aero, dentro de la estrategia anunciada por la compañía de crecer en su actividad en EE UU. La firma no ha desvelado el precio pagado por esta operación. La empresa americana, que se integra en el perímetro de la compañía vasca fabricante de componentes para motores aéreos, fue creada en 2008, tiene su sede en Texas y se encuentra en plena fase de crecimiento. La operación, señalaron ayer fuentes próximas a ITP, además de propiciar la expansión geográfica de su negocio resulta complementaria ya que BP Aero está enfocada en la reparación de motores de avión civil, mientras que ITP en la localidad madrileña de Ajalvir está centrada en motores de uso militar. Por otra parte se ha dado a conocer que el actual presidente de Indra, Marc Murtra, será el representante de Indra en el consejo de administración de ITP, al que se incorpora tras la adquisición del 9,5% de las acciones. En la actualidad, Bain tiene el control absoluto de la empresa con un 84,5% de las acciones, mientras que el Gobierno vasco posee otro 6%. Ver nota ITP Aero. 

La estibadora Algeposa ha ampliado en 3.895 metros cuadrados la parcela que ocupa en el muelle de Lezo del Puerto de Pasaia en una operación que persigue facilitar la entrada de buques de mayor eslora e incrementar así el tráfico de mercancías. Esta operación, aprobada por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia a inicios de mes, refleja el compromiso adoptado por la empresa con la dársena guipuzcoana. La Autoridad Portuaria ha informado hoy de esta concesión a Algeposa, que pasa a disponer de una superficie total de 16.492 metros cuadrados en el muelle de Lezo, a los que se añaden los 7.750 metros cuadrados del muelle de Buenavista y, en la misma área, los 2.603 destinados a almacén que inauguró hace dos años. Junto con estas concesiones, cuenta con una zona de 440 metros en Lezo donde sitúa la báscula de camiones. La nueva ampliación eleva a más de 27.000 metros cuadrados la presencia de Algeposa en el puerto. La concesión otorgada este mes corresponde a una ampliación cuyo destino es la carga y descarga de mercancías junto con su almacenaje, y permite que barcos de mayor tamaño puedan atracar en el muelle Lezo-2, donde se sitúa. La Autoridad Portuaria de Pasaia especificó que la concesión de esta zona data de 2011 y se extenderá hasta 2041, lo que garantiza la presencia de esta fuerte compañía en la dársena guipuzcoana.

El mayor evento del norte de España en el que se unen el hambre de emprender y el alimento financiero para hacer realidad ideas y proyectos empresariales con carácter innovador. Eso es B-Venture, dos jornadas organizadas por El Correo en la que se dan cita 170 ‘startups’ y un centenar de inversores, la combinación perfecta de esta octava edición que acoge hasta hoy el Palacio Euskalduna en Bilbao con el patrocinio del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco, la agencia de desarrollo SPRI, la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, así como con la colaboración de BStartup de Banco Sabadell, BBVA Spark, BBK, Laboral Kutxa, CaixaBank y la Universidad de Deusto.  En una sociedad en la que el peso del sector público para generar empleo sigue creciendo frente a la empresa privada –ya son más de 155.000 personas del millón de afiliados a la Seguridad Social–, la diputada de Promoción Económica de Bizkaia, Ainara Basurko, demandó «más espíritu emprendedor y más cultura empresarial». En su intervención rindió un «reconocimiento de la figura del empresario y del emprendedor porque genera riqueza y empleo». Desde el Gobierno vasco, Leyre Madariaga, la responsable de Transformación Digital y Emprendimiento, señaló la importancia creciente del País Vasco para el «ecosistema emprendedor». En esa tendencia enmarcó la movilización de inversiones que en los dos últimos años en Euskadi han levantado un total de 198 millones gracias a la actividad de 130 agentes que actúan de forma permanente en el País Vasco. Para Madariaga, evidencia un crecimiento revelador de la sensibilidad vasca hacia esta actividad. Talleres, charlas, encuentros informales y cafés de trabajo con hasta 75 ponentes cierran la oferta de la agenda. Un nutrido programa que se convierte en el complemento perfecto para insuflar ánimo, mejoras y ganas en el desarrollo de la idea de negocio que acarician los cerca del millar de asistentes.

Laura Marrón Merino dirige desde abril de 2022 el Centro Vasco de Inteligencia Artificial (BAIC) con el objetivo de liderar el desarrollo de la IA en Euskadi y posicionar al País Vasco como un polo referente en esta materia, no solo en España sino también a nivel internacional. Por su formación –es ingeniera de Telecomunicaciones por la UPV– y trayectoria, cuenta con una base técnica en redes inteligentes y comunicaciones enfocada en optimizar los procesos de gestión relacionados con el I+D, desarrollo de productos y estrategia empresarial. En su ponencia de apertura de la octava edición de B-Venture con el título ‘Del reto a la acción: ecosistema industrial de IA Aplicada en Euskadi’ puso en contexto la Inteligencia Artificial (IA) y la definió –según la normativa europea, ya que «no hay una definición única», dijo– como «un sistema basado en máquinas diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía y que puede, con objetivos implícitos o explícitos, generar resultados que pueden ser predicciones, recomendaciones o decisiones en entornos tanto físicos como virtuales». La experta señaló que existe una IA ‘fuerte’, «concepto más bien teórico que lleva al extremo la simulación de comportamientos humanos inteligentes», pero de momentos nos encontramos en la IA ‘débil’, «un sistema entrenado para realizar una tarea específica que parte de una serie de datos que alimentan algoritmos y programas diseñados para conseguir unos resultados que pueden ser nuevos contenidos, predicciones, recomendaciones y decisiones». Marrón expuso que Euskadi cuenta con destacado un ecosistema formado por universidades, agentes científico-tecnológicos, proveedores de IA y usuarios de la misma (agentes que la utilizan para mejorar sus procesos, productos, nuevos servicios...) e instituciones públicas, que son a la vez tractores y demandantes de IA. «Cada uno de esos agentes, a su vez, consumen y generan datos en sus ámbitos», señaló.

El envejecimiento de la población y la cronicidad de los enfermos son dos de los grandes retos que afronta el sistema sanitario. La tecnología tiene mucho que decir a la hora de aliviar la carga de la sanidad pública y dotar de más eficiencia tanto al diagnóstico como al tratamiento de los pacientes. Algo en lo que coincidieron los participantes en una de las mesas redondas de la primera jornada del B-Venture. Bajo el título ‘Salud e innovación, una inversión de futuro’, el debate reunió a Tania Menéndez, responsable de transformación digital del grupo Ribera Salud, Lorea Mendoza Arteche, responsable del programa Innosasun en Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias-BIOEF, Santiago Mendirichaga, project manager del Centro de Promoción de Mondragón, y Nicolás Guerra, director de clínicas de IMQ. La moderación corrió a cargo de Julio Sánchez, responsable de Innovación del laboratorio farmacéutico Cinfa. «La innovación y la investigación son clave para afrontar retos del sistema sanitario, como la población envejecida, la detección de enfermedades, la medicina personalizada, el coste de tratar enfermedades raras…», enumeró Lorea Mendoza, responsable del programa que desde hace más de 20 años se encarga de coordinar la investigación en Osakidetza. Los elementos disruptores de la nueva medicina son, entre otros, la teleasistencia, la monitorización mediante sensores, o la genómica, «que ya ha venido y dará lugar a terapias más avanzadas». Sin olvidar una de las grandes revoluciones tecnológicas actuales, como la Inteligencia Artificial (IA), «que ayudará a afinar y descartar diagnósticos, porque hay que hacer algo para tratar con más rapidez y eficacia a todos los pacientes».

Las diputaciones de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava han ingresado hasta finales de septiembre un total de 12.509 millones de euros. Una cifra que confirma la previsión de que nos encaminamos hacia un nuevo récord histórico de recaudación de impuestos en Euskadi al finalizar el año, y que supone un aumento del 5,57% en comparación con los nueve primeros meses del pasado año. Esta tasa de crecimiento está en línea con el 5,7% que se ha estimado para el cierre del ejercicio, según las últimas previsiones elaboradas por las haciendas forales. Aunque aún no se han facilitado los datos integrados de las tres haciendas, las cifras individuales ya apuntan cambios significativos en los ingresos en comparación con 2022 y en línea con lo que ya comenzó a apreciarse en el segundo trimestre del año. Así, el buen comportamiento del empleo en términos de base imponible –más personas trabajando y con aumentos salariales– ha generado incrementos de recaudación del IRPF que se sitúan por encima del 8%. Por contra, el IVA, el mejor termómetro sobre el consumo, que recoge un retroceso significativo, del 7,2% en el caso de Bizkaia, por ejemplo. Otros tributos ligados al consumo también apuntan ya a la desaceleración e incluso a la caída de la demanda interna, como sucede con el impuesto especial de hidrocarburos. 

La huelga de la concertada ya es una realidad. Unos 9.000 trabajadores, entre profesores y personal no docente, están llamados desde ayer a secundar los tres días de paro convocados por los sindicatos –ELA, Steilas, CC OO, LAB y UGT– dentro de la negociación del nuevo convenio, que debería estar vigente entre 2022 y 2024. Las protestas afectan a unos 200 centros de «enseñanza de iniciativa social», en los que estudian 130.000 alumnos. Las centrales sindicales cifraron el seguimiento de los paros en un 70% y sacaron a miles de profesores a manifestarse a la Gran Vía bilbaína. Desde Kristau Eskolak, la principal patronal de la enseñanza concertada, rebajan al 33% la cantidad de trabajadores que secundaron la huelga en Bizkaia. A grandes rasgos, los sindicatos piden medidas para aliviar la carga de trabajo, mejoras para los sectores «más feminizados y precarizados», la actualización de los salarios de acuerdo con el IPC y el mantenimiento de los puestos de trabajo ante la caída de la natalidad, entre otras demandas. Las centrales sindicales advirtieron al inicio de la manifestación que, en caso de que no haya propuestas que permitan la firma de un nuevo convenio, no tendrán «más remedio» que continuar con las protestas. Por el momento, además de los paros de esta semana, entre el 11 y el 15 de diciembre han convocado nuevas jornadas de huelga. Los sindicatos también recordaron que el anterior convenio, el de 2019 a 2021, se pactó tras 29 jornadas de huelga a lo largo de tres años y fue necesaria la mediación del Gobierno vasco, a quien pidieron que vuelva a a implicarse.

La decisión del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada (DOCa) Rioja de impedir la expansión de hectáreas de viñedos en los tres próximos años llega «tarde». Así lo considera el diputado general de Álava, Ramiro González, quien admitió ayer que «la medida va en la buena dirección» para trabajar en la calidad de los vinos y no en la cantidad elaborada. «Tenemos un problema de sobreproducción y desde hace tiempo que era conveniente no plantar más superficie», defendió. Pero esta no puede ser la última medida que se adopte. Una de esas podría ser el arranque de viñas, tal y como hizo la región francesa de Burdeos a principios de año. «Debe debatirse esta posibilidad en aquellas zonas en las que se ha producido una plantación en suelos que no estaban destinados y, por lo tanto, no estaban preparados para viñedos», indicó el máximo dirigente foral. En el caso de que el Consejo Regulador abra ese ‘melón’, González reclamó que no se plantee de manera igual en las tres zonas que comprende la denominación(Rioja Alavesa, Rioja Alta y Rioja Oriental), sino donde se realizó un «crecimiento que no era razonable o ajustado a los suelos que deben albergar los viñedos». «No se trataría de arrancar por arrancar», ha considerado.

La intención de Elecnor de poner en valor su negocio renovable viene de lejos, de hace más de un año. La compañía contrató a Mediobanca el año pasado, para lo que en un principio iba a ser la venta de una participación minoritaria en su negocio renovable. Meses después el proceso naufragó y obligó a la empresa a reconsiderar su estrategia. En junio comunicó a la CNMV que había anulado este proceso y había iniciado uno nuevo para buscar comprador, en este caso, para una mayoría. Este nuevo proceso ha despertado un apetito más elevado. La compañía recibió tras el verano las ofertas no indicativas. Y, tras algo más de un mes de proceso para hacer las labores de due diligence, recibirá en las próximas semanas. La idea es que encuentre un ganador antes de fin de mes. A esta fase final de la puja han llegado cuatro inversores. El primero es China Three Gorges, el gigante chino de las renovables, propietario de la presa más grande del planeta. Hace años que esta firma puso el foco en el mercado español. Cuenta con una oficina en Madrid, que pilota Ignacio Herrero, y más de 1.000 millones en activos. Entre sus otras inversiones destacan una cartera de 500 MW en activos solares a X-Elio, 400 MW de las renovables de los Masaveu y otros 400 MW adquiridos a Aldesa. El segundo es la constructora francesa Vinci, que adquirió en 2021 a ACS su filial de servicios industriales, que incluía activos del grupo español en energías verde. El tercer grupo interesado es la compañía nórdica Statkraft, que también ha situado a España como uno de sus mercados clave para crecer. Finalmente, el cuarto interesado es el fondo de pensiones canadiense CDPQ. Este fondo dio un golpe encima de la mesa en 2020 al entrar en España con una macroadquisición a Q Energy.

La Audiencia Nacional comenzó ayer a juzgar a Iberdrola Generación y a cuatro directivos por el tarifazo de la luz a finales de 2013. La vista oral marcará un antes y un después, ya que es la primera vez que una eléctrica se sienta en el banquillo por, presuntamente, alterar los precios de la luz. La Fiscalía Anticorrupción considera que la filial del grupo eléctrico ideó un sistema para “provocar una subida del precio de la energía eléctrica y perjudicar a los consumidores”, entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013. Por estos hechos, el ministerio público solicita que se imponga a la compañía 84 millones de euros de multa, cuatro veces más el beneficio de 22 millones que obtuvo con los hechos enjuiciados. Asimismo, el fiscal pide una condena de dos años de cárcel para cuatro directivos que, según indica, participaron en la inflación de precios. En la primera sesión de la vista oral –que se prevé que se prolongue hasta diciembre–, dos de estos cuatro directivos acusados prestaron declaración ante el juez de lo penal y negaron que Iberdrola les diera algún tipo de instrucción para fijar el precio de la luz. Según indicaron, el valor se fijaba de forma “automática”.

España cuenta hoy con 1,47 millones de empleados más que antes de que irrumpiera la pandemia en febrero de 2020, de los cuales 569.336 (un 38,6%) son de nacionalidad extranjera; lo que quiere decir que de cada tres empleos nuevos, uno ha sido ocupado por un foráneo, según los datos de Seguridad Social actualizados ayer. Los extranjeros tiran del empleo nacional en un contexto de incremento de la población activa –por la llegada de más migrantes de los que se van– y de dificultades para que las compañías cubran puestos vacantes por falta de perfiles, un entorno que convive con la existencia de más de 2,7 millones de parados apuntados en el Servicio Público Estatal de Empleo. «La resistencia del empleo en España se debe en parte al empuje de la afiliación de trabajadores extranjeros, con un incremento de casi 12.000 en septiembre y 137.000 desde enero (en términos desestacionalizados). La afiliación de extranjeros supone en torno al 30% de la creación de empleo total registrada en lo que va de año», ha destacado Funcas. Su director de Coyuntura Económica, Raymond Torres, explica que «han entrado muchas personas en el mercado laboral español procedentes de muchos países, muchos de América Latina, y encuentran empleo. Hay sectores que tienen necesidad de mano de obra y por las carencias del sistema de recolocación en España acuden a mano de obra extranjera, porque son los que se mueven porque quieren trabajar». Alude, así, a la escasa eficacia del Sepe para casar la oferta y demanda de empleo en España y a la resistencia de los parados a cambiar de residencia por un puesto de trabajo. En el último año, sólo un 4,4% de los parados en España se ha mudado para intentar encontrar un empleo, según la Estadística de Movilidad Laboral y Geográfica del INE, que recoge también que un total de 2.436.600 desempleados (el 77,9% del total) llevan en el mismo municipio al menos cinco años. Ese inmovilismo de los parados es especialmente elevado en algunas regiones como Andalucía, donde el 86,5% no ha cambiado de municipio de residencia durante los últimos cinco años pese a no encontrar trabajo; en Extremadura (86,3%) y en Cantabria (81,4%). Por el contrario, los navarros, vascos y catalanes que no encuentran empleo son los más dispuestos a mudarse.

La consultora multinacional Mercer ha vuelto a analizar los principales sistemas de pensiones del mundo –este año, 47 países, que representan al 64% de la población mundial, forman parte del estudio– para concluir que España sigue contando con uno de los sistemas de pensiones públicos y privados en su conjunto más generoso, con las prestaciones más suficientes y bien gestionadas pero con una baja sostenibilidad financiera en el medio y largo plazo. España se mantiene en el mismo puesto con respecto a 2022, situándose en la posición 26 del ranking de 47 Estados analizados por el índice global de pensiones que elabora Mercer en colaboración con el Centro de Estudios Financieros Monash y CFA Institute. Este listado se elabora avaluando 50 indicadores agrupados en tres principales elementos de todo sistema de pensiones: su adecuación (que analiza el tipo de sistema, las aportaciones del Gobierno y de los cotizantes, así como el nivel de las prestaciones y la generosidad entre lo aportado y lo recibido); la sostenibilidad (que evalúa el gasto público, el nivel de cobertura de las pensiones, las finanzas públicas y la demografía); y la integridad (que mide la gobernanza, el modelo regulatorio, los gastos de funcionamiento o la comunicación con los partícipes). Entrando al detalle de este análisis se observa que España está en la parte media baja de este ranking debido a su extremadamente baja puntuación en la sostenibilidad financiera del sistema, en la que ocupa el puesto 44 de 47 países analizados. La puntuación de este elemento incluso desciende ligeramente de 28,7 a 28,5 puntos. Por el contrario, las pensiones españolas se mantienen también a la cabeza de todos los sistemas estudiados en la puntuación de la suficiencia e integridad del sistema global de pensiones. Aunque también decrece levemente el indicador de suficiencia, de 80,0 a 79,7 puntos; mientras que el de integridad, por el contrario, mejora de los 78,9 puntos a 79,2.

Rolls-Royce mueve ficha para recortar costes laborales. El fabricante británico de motores para la industria aeroespacial planea eliminar entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo en todo el mundo (entre el 4,7% y el 6% de su plantilla de 42.000 empleados), con el fin de eliminar duplicidades y generar eficiencias de costes. La multinacional defendió ayer que la nueva estructura del grupo creará un “negocio más ágil” que le ayudará a desarrollar capacidades mejoradas en áreas clave como adquisiciones y gestión de la cadena de suministro. El área de engineering technology & safety (ingeniería y procesos) se unirá en un solo equipo en todo el grupo, bajo la dirección de Simon Burr, actual director de desarrollos de productos y tecnología de civil aerospace. Grazia Vittadini, directora de tecnología, dejará la empresa en abril de 2024. Por otro lado, el grupo creará una nueva organización de gestión de proveedores y adquisiciones para respaldar la consolidación del gasto del grupo y aprovechar las economías de escala. Áreas como finanzas, asesoría general y personal también se reunirán en Rolls-Royce, “estandarizando la actividad y brindando apoyo compartido para capturar sinergias con el objetivo a lograr una mayor efectividad”, según la empresa. De este modo, además de generar ahorros, un mayor enfoque en estas áreas clave conducirá a mejoras en el servicio al cliente, reduciendo los retrasos en la cadena de suministro, explicó la empresa. “Estamos construyendo un Rolls-Royce preparado para el futuro. Eso significa una organización más racionalizada y eficiente que cumpla con nuestros clientes, socios y accionistas”, subrayó Tufan Erginbilgic, CEO de Rolls-Royce, informa EP. Por otro lado, ITP Aero (hasta 2022 en manos de Rolls-Royce) ha reforzado su estructura con la compra de la empresa estadounidense BP Aero del sector aeronáutico. 

El Gobierno ha logrado que los 27 socios de la UE hayan alcanzado un acuerdo para reformar el mercado eléctrico comunitario y así aplicar un nuevo sistema de formación de precios de la luz que evite una volatilidad como la que han sufrido consumidores y empresas en los dos últimos años. Los ministros energéticos de la UE, liderados por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, dentro de la Presidencia española, acordaron ayer –con la abstención de Hungría– un mayor despliegue de las renovables, punto en el que apenas había fricciones, pero también definieron un sistema que impulse los contratos energéticos a largo plazo (modalidad distinta a los actuales precios variables por días y horas), incluidas parte de las centrales nucleares, como quería Francia. Y asegurar unos pagos por capacidad (la inyección de dinero a las plantas que estén activas en caso de que la demanda lo exija) que protege a las centrales térmicas de carbón. Es una especie de ‘café para todos’ ante las dificultades con las que Ribera se estaba encontrando en la negociación de un Consejo europeo llamado a prolongarse hasta la madrugada. Finalmente no fue así y a media tarde la vicepresidenta tercera anunció un acuerdo que, a su parecer, permitirá «proteger mejor a los consumidores, ofrecer una señal a los inversores, facilitar la estabilidad de precios y reducir la volatilidad». Ese, el de la estabilidad de los precios, era el objetivo de esta reforma impulsada por España desde el inicio de la guerra en Ucrania, después de varios meses con costes históricos de la electricidad. El actual sistema marginalista data de hace dos décadas, cuando apenas había renovables en el ‘mix’ eléctrico –la aportación al sistema de las diferentes fuentes de energía– y cuya dependencia del gas elevaba los precios de forma desorbitada, como Europa ha comprobado.

Las aseguradoras de Estados Unidos no quieren clientes en los estados más expuestos a riesgos climáticos. Huracanes en Florida, ciclones tropicales que llegan hasta las costas de Nueva York, tornados en Kansas, terremotos desde California hasta Alaska, incendios devastadores en Hawái… Ni siquiera Míchigan, una de las pocas regiones del país que vivía ajena a las desgracias climáticas, se libra ahora de sufrir inundaciones. Las cuentas no les cuadran a las aseguradoras, que ya han informado al regulador de EEUU que dejan de cubrir los riesgos extremos causados por el cambio climático, además de aumentar las primas para el resto de las coberturas relacionadas con este tipo de sucesos. La aseguradora de Berkshire Hathaway, controlada por Warren Buffett y una de las más importantes del país, figura entre las compañías que han dado este paso, al igual que Nationwide, Erie, Allstate o American Family. La decisión afecta a los seguros del hogar, pero también a otros inmuebles, incluyendo oficinas y negocios de todo tipo. Por ejemplo, en las zonas de costa quedan fuera de las coberturas los daños causados por huracanes, vientos y granizo. Además, no descartan cancelar pólizas ya firmadas en aquellos lugares donde los desastres naturales empiecen a ser cada vez más frecuentes. 

En mitad de un clima político extremadamente convulso –en Madrid y, cada vez más, en Euskadi–, el lehendakari, Iñigo Urkullu, puso ayer sobre la mesa la posibilidad de que, aunque Pedro Sánchez sea investido presidente antes de que expire el plazo a finales de noviembre y logre formar Gobierno, su mandato sea tan inestable que exista el «riesgo» de que se convoquen unos nuevos comicios generales en pocos meses. «Me preocupa tanto la no investidura como la elección de presidente sin estabilidad y con riesgo por lo tanto de volver a unas elecciones aun cuando se haya conformado un Gobierno», deslizó el jefe del Ejecutivo vasco en la rueda de prensa que ofreció en Tokio para hacer balance de su viaje oficial a Japón. «No es una cuestión menor», insistió, que Sánchez logre finalmente los apoyos necesarios para ser elegido, pero sin ninguna garantía siquiera de poder aprobar sus primeros Presupuestos. Y el problema, incidió, «no es solamente Puigdemont». Salvo EH Bildu, recordó, ninguno de los potenciales socios del presidente en funciones ha comprometido su respaldo estable al futuro Ejecutivo más allá de la votación puntual de la investidura. Ni Esquerra, subrayó, ni tampoco el PNV. Ni siquiera está claro, abundó, cómo va a articular Sumar las negociaciones con Podemos desatada. Si a eso se le añade la mayoría absoluta del PP en el Senado y la repercusión de la política internacional en la doméstica, el avispero está servido, vino a concluir.

Cientos de personas murieron anoche al caer un misil en el patio del hospital Al-Ahli, de la ciudad de Gaza, en el que miles de ciudadanos se refugiaban de los intensos bombardeos israelíes tras el ataque perpetrado por Hamás el pasado día 7. Las autoridades de la Franja acusaron de la matanza al ejército hebreo, que la atribuyó a la Yihad Islámica. El grave incidente se produjo horas antes de que el presidente de EE UU, Joe Biden, visite hoy Tel Aviv y cuando varios países europeos han elevado sus niveles de alerta. Joe Biden llega a Tel Aviv en la segunda semana de una guerra que demuestra que en Gaza no hay lugar seguro: ni las escuelas de la ONU, ni los hospitales. Al presidente estadounidense le recibe el mayor baño de sangre sufrido en este territorio en los últimos años. Pasadas las siete de la tarde, el Ministerio de Salud gazatí denunció un impacto directo de un proyectil contra el hospital Al-Ahli Baptist de la Ciudad de Gaza, situado en el barrio de Zaitoun, y alertaron de la existencia de «cientos de fallecidos» y numerosos heridos. Como el resto de hospitales, este centro, que pertenece a la iglesia anglicana, se había convertido en un refugio improvisado para numerosos desplazados que, desde que comenzaron los ataques aéreos, acampaban a sus puertas. EE UU pone en juego su reputación internacional. Bajo la creciente preocupación de que los enemigos de Israel intenten ampliar la guerra, el presidente Biden se enfrenta a la difícil misión de prevenir la expansión del conflicto por otras áreas de Oriente Próximo. En un viaje de alto nivel y no exento de riesgos, afronta su segunda visita a un país en guerra después acudir a Ucrania en febrero, un viaje que contará con medidas especiales de seguridad.