20231108

El consumo privado de los ciudadanos y de las instituciones vascas muestra "signos de agotamiento" aunque la economía de Euskadi se mantiene en la zona de crecimiento suave gracias al aumento de la inversión y al crecimiento de la industria y los servicios. Estos datos se recogen en el "Termómetro Económico" bimensual que publica el Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco correspondiente a octubre y que analiza un centenar de indicadores. Este termómetro se situó en octubre un 88,4 puntos sobre 100, con lo que repunta con respecto a los anteriores: en septiembre la puntuación era de 88,3, en agosto fue 85,7, en junio de 84,6 y en de mayo 87,7. En abril (93,5 puntos) el termómetro marcaba un valor superior al de octubre. Con estos datos Euskadi se mantiene en la zona de crecimiento suave (por debajo de 100 puntos). En octubre la inversión fue el componente que presentó un mayor crecimiento, pero en contraposición tanto el gasto en consumo privado como el público mostraron "signos de agotamiento". Ver termómetro Gobierno Vasco. 

El Gobierno vasco se juega algo más que la recaudación de la Hacienda foral vizcaína en el conflicto abierto en Petronor, una vez que la filial vasca de Repsol ha puesto en suspenso una inversión de 200 millones ante la posibilidad de la prolongación del impuesto que grava los ‘beneficios extraordinarios’ de las energéticas. Y es que el Gabinete Urkullu es socio, con el compromiso de aportar 30 millones, junto a Petronor y la petrolera saudí Aramco en la planta experimental de elaboración de combustible sintético del Puerto de Bilbao. Esta iniciativa, valorada en 100 millones, no está en cuestión y sigue adelante con el objetivo de estar en funcionamiento dentro de año y medio. Pero también es el paso necesario para testar la gran inversión de 200 millones que sí ha quedado en ‘stand by’. Se trata de la producción industrial de este combustible neutro en emisiones, ya que elimina tanto CO2 en su elaboración, gracias al hidrógeno verde, como el que emiten los motores al emplearlo. Es una situación, además, que evidencia diferencias entre los socios del Gobierno vasco. Y es que el PSOE se ha mostrado partidario de prolongar la tasa sobre los ‘beneficios extraordinarios’ de las energéticas, que iba a ser temporal hasta este año. En cambio, ayer el portavoz del Ejecutivo de coalición, el jeltzale Bingen Zupiria, insistió en que las empresas necesitan «marcos seguros» y recordó que las administraciones han de hacer «todo lo posible para establecer horizontes que permitan una seguridad en las decisiones que vayan a adoptar las empresas». Tras la reunión semanal de Ejecutivo vasco, Zupiria reconoció que el anuncio de Petronor «no es una buena decisión» y «es una mala noticia». 

La estructura del gasto del departamento de Desarrollo Económico para el 2024 mantiene la tendencia de los últimos ejercicios. Un total de 873 millones, cifra similar al pasado año, y que se va en un 68%, 600 millones, a los 80 programas de ayudas a las empresas que gestiona la Spri. El otro capítulo más importante son los 72 millones que se destinan al suelo industrial, entre los que destacan 9,5 millones para el polo de automoción proyectado en Vitoria en el entorno de la fábrica de Mercedes y 2,5 millones para seguir adecuando las instalaciones de la antigua central nuclear de Lemoiz a la espera de un proyecto de acuicultura. Estas dos líneas de actuación son, junto a la energía, el grueso inversor del Presupuesto del departamento de Desarrollo Económico que explicó ayer la consejera Tapia en el Parlamento. Para las renovables, el Ejecutivo destinará 45 millones para participaciones directas en empresas de generación energética. Servirán para impulsar los tres parques eólicos que el Gobierno vasco desarrolla con Iberdrola en Álava, las dos plantas fotovoltaicas en Vitoria con Solaria y las 8 infraestructuras en Cataluña que promociona también el Ejecutivo con Sidenor. El hidrógeno verde cuenta con 8,5 millones de euros. En las partidas se recogen también 400.000 euros para tratar de resolver una de las mayores de las demandas de las empresas: la falta de determinados perfiles profesionales. Bajo la denominación Basque Talent, el Ejecutivo buscará en Latinoamérica y Europa del Este a jóvenes licenciados con los perfiles más demandados.

El nuevo programa del Gobierno vasco para estimular la contratación de mayores de 50 años en situación de desempleo ya está perfilada y ha sido aprobada en el consejo de Lanbide. Las ayudas, que están destinadas a personas que lleven menos de un año en el paro, contemplan subvencionar la mitad del salario mínimo de referencia exigido según el nivel de formación y pueden alcanzar los 17.000 euros. A mediados de mes la convocatoria se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) y al día siguiente se podrán solicitar, según fuentes del organismo público. La iniciativa del departamento de Trabajo y Empleo, liderado por Idoia Mendia, se acordó en abril en la Mesa de Diálogo Social y desde entonces se ha ido configurando el programa. Como ya avanzó el director de Lanbide, Francisco Pedraza, finalmente esta convocatoria se va a centrar en los mayores de 50 años que lleven menos de un año en el paro porque se quiere evitar que se queden estancados en el desempleo, algo muy habitual en este tramo de edad. Se mantienen otros planes que ya había para veteranos. Las listas de Lanbide muestran claramente lo difícil que resulta a los mayores de 50 salir del desempleo ya que suponen la mitad del denominado paro de larga duración, el que se prolonga más allá de un año. En la actualidad hay cerca de 47.000 desempleados por encima de la cincuentena y de ellos unos 29.000 acumulan más de un año sin encontrar trabajo. El programa se dirige a los otros 18.000, los que llevan menos de un año en esa situación para evitar, precisamente, que se cronifiquen. El programa va a estar dotado con 2,2 millones de euros y prevé incentivar la colocación de unas 200 personas, según explicó Mendia el lunes en la presentación de los presupuestos de su departamento. Para que los contratos sean subvencionables es necesario que duren un mínimo de seis meses, aunque para alcanzar la ayuda máxima (la mitad del salario estimado anual) se requiere que sean indefinidos.

El mercado inmobiliario sigue en franco declive, tanto en Euskadi como en el resto de España, si bien en septiembre la caída de compraventas en el País Vasco fue la más acusada de todas las comunidades autónomas. En concreto, las 1.361 transacciones registradas en ese mes fueron un 25,9% menos respecto al mismo mes del año pasado, mientras que en el conjunto nacional el descenso fue de un 14,9% –se realizaron un total de 48.196 operaciones– y ya se acumulan 12 meses consecutivos de bajadas interanuales en adquisición de viviendas, según los datos hechos públicos ayer por el Consejo General del Notariado. Se venden menos pisos y casas, y los precios también registraron un leve descenso, que en el caso de Euskadi fue del 2,3% sobre septiembre de 2022, lo que situó el metro cuadrado en una media de 2.470 euros. En el conjunto de España, la caída del precio fue aún menor, el 0,9% respecto a igual mes del año pasado, con una media de 1.643 euros el metro cuadrado. Otra tendencia confirmada a la baja es la caída de los préstamos hipotecarios, que ya acumulan 13 meses consecutivos con descensos. En septiembre, en el País Vasco solo se firmaron 887 operaciones de crédito para adquisición de viviendas, lo que supuso un 26,2% menos que un año atrás y de lo que se desprende que en 474 compras (casi el 53,5% del total) no se recurrió a préstamos hipotecarios. Del mismo modo, en el conjunto de España, donde se firmaron 20.120 créditos con garantía hipotecaria (un 22,6% menos que 12 meses antes), bastante más de la mitad de las compras (28.076, el 58,2%) no requirieron financiación hipotecaria. La combinación de menos ventas, algo más baratas y también las que ya son mayores restricciones de los bancos para la concesión de hipotecas debido al incierto panorama económico actual, derivan asimismo en un descenso del importe que los compradores solicitan a las entidades financieras. 

Alemania, Francia e Italia refuerzan su alianza industrial sin España. Los ministros de Economía de los tres países, Robert Habeck, Bruno Le Maire y Adolfo Urso, han firmado un nuevo acuerdo en este caso «para garantizar el acceso autónomo de Europa al espacio». Según su comunicado oficial, «la declaración trilateral de Sevilla de los ministros Bruno Le Maire, Robert Habeck y Adolfo Urso y la resolución del Consejo de la Agencia Espacial Europea marcan un importante punto de inflexión en la historia de los lanzadores europeos». La declaración trilateral ha sido firmada, además, en Sevilla, al margen de la reunión informal de la UE sobre competitividad y espacio que convoca la presidenta de turno en este semestre la ministra española de Ciencia, Morant. ¿Por qué no está España? «Todo empezó en un foro en Berlín sobre el control de materias primas críticas», indican a este diario fuentes diplomáticas de uno de los miembros del trío. Allí acordaron «una serie de encuentros trilaterales con el objetivo de reforzar la cooperación entre Alemania, Francia e Italia en temas económicos clave». Según estas fuentes «no hay ánimo de excluir a nadie, pero empezamos los tres países más industrializados de Europa que además compartimos unas similares cadenas de valor». Reconocen que no han invitado a España a participar por ahora en ninguno de los encuentros ni acuerdos. Habeck, que ejerció de anfitrión en la primera reunión, es del partido Verde alemán, Le Maire, liberal, y Urso forma parte del Gobierno de Giorgia Meloni. Es llamativo que no se cuente con España ni en este semestre en que ejerce la presidencia de turno de la Unión Europea.

El sector de la automoción está experimentando un fuerte crecimiento en la fabricación de vehículos en todo el mundo que podría llevar a superar en este 2023 los 88 millones de unidades. Supondría un crecimiento del 7,5% y recuperar por primera vez el volumen de producción previo a la pandemia. Sobre ese escenario las cifras de Gestamp hasta el 30 de septiembre registraron un incremento de ventas del 18% hasta alcanzar los 9.072 millones, lo que supone elevar el beneficio neto de la compañía hasta los 225 millones, un récord y un 23% más que el año pasado. Por mercados, el crecimiento en la fabricación que ha vivido el automóvil en los nueve primeros meses del año ha sido generalizado, pero especialmente acusado en Europa oriental, Asia y América del Sur. Aun así, el coche eléctrico sigue siendo para Gestamp uno de los motores de mayor crecimiento. La apuesta de la empresa por posicionarse como líder en el desarrollo del espacio que alberga las baterías –battery box– y en la fabricación de nuevos chasis especializados para estos vehículos le convierten en un socio preferente. Así, su desempeño para los principales fabricantes de enchufables como Tesla, el chino BYD y, en Europa, Mercedes o Volkswagen sigue siendo una de las principales «palancas de crecimiento», como explica la cotizada en la documentación remitida al regulador. A esto se añade un descenso del coste de las materias primas, que concede un alivio de 87,9 millones menos, un 4,7%. 

La patronal de la pequeña y mediana empresa (Cepyme) denunció ayer la existencia de más de 100 obstáculos [regulaciones] laborales, fiscales y burocráticos que les impiden crecer a estas compañías y competir en condiciones de igualdad con sus rivales de la Unión Europea. “Las [pequeñas y medianas] empresas no crecen porque hay más de 100 regulaciones de tipo fiscal, laboral, contable, financiero, de seguros y competencia que desalientan este crecimiento”. Así introduce Cepyme, la patronal del sector, los problemas para ganar tamaño que tienen estas empresas en su informe sobre La situación de las pymes en España comparada con la de otros países europeos. Por ejemplo, problemas con la regulación laboral, como la obligación de tener un comité de empresa de cinco personas al tener una plantilla de 50 personas. Por lo tanto, abre la vía a que entren los grandes sindicatos CCOO y UGT. Y también un plan de igualdad para los trabajadores de ambos sexos. Con diez empleados, la sociedad ya está obligada a nombrar un delegado de personal con quince horas mensuales remuneradas de actividad sindical. En el capítulo de los costes laborales, Cepyme subraya que el coste para el empleador de contratar un trabajador con el salario mínimo de 1.080 euros mensuales es de 1.654,38 euros al mes, teniendo en cuenta las cotizaciones sociales y las dos pagas extraordinarias. En el orden laboral también, la patronal de la pyme, integrada en CEOE, se queja del coste del absentismo laboral. “El absentismo es un problema cada vez más grave en las empresas españolas. Mientras a comienzos del corriente siglo se perdían, de media, menos de 70 horas anuales de trabajo por cada asalariado, en los últimos tres años fueron más de 100. En 2022, se alcanzó un nuevo máximo de 113 horas, que superó incluso las 108 horas de 2020, en plena emergencia sanitaria”, dice el informe de Cepyme.

La morosidad empieza a asomar. Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España, advirtió ayer de un repunte de los préstamos en vigilancia especial en los hogares. Es decir, aquellos que no han impagado pero que presentan problemas. Recientemente se publicó el dato de morosidad hipotecaria del segundo trimestre, que registró la mayor escalada en casi una década, desde comienzos de 2014. En total, sufrieron impagos créditos valorados en 443 millones de euros, lo que elevó la tasa de dudosos del 2,34% del primer trimestre al 2,45%. Este argumento es el que le lleva a recomendar prudencia a las entidades financieras. “La subida de los márgenes y de la rentabilidad se está agotando y además no es sostenible. Entre otras cosas por el posible aumento de las provisiones derivado de un empeoramiento de la calidad crediticia”, señaló ayer Delgado, durante su participación en las jornadas de Deloitte y ABC. “En el corto plazo, las mejoras de márgenes actuales deben permitir absorber posibles deterioros en la calidad de activos. En el medio y largo plazo es fundamental acumular capital para afrontar los retos de la digitalización y la transformación del modelo energético”, indicó. La morosidad en el ámbito de las empresas de momento no preocupa. La ratio de dudosos de los créditos ICO ha saltado del 4,2% al 8,3% en el último año, pero el supervisor precisa que el deterioro se debe en buena parte a la fuerte amortización de esta cartera. Depurado este efecto, la ratio sería del 6,5%.

Las cifras son contundentes. En dólares, la economía de la UE equivale al 65% de la de EEUU, frente al 91% en 2013. El PIB per cápita de EEUU es más del doble que el de la UE y la diferencia va en aumento. Además, en las listas de las 20 principales empresas tecnológicas del mundo, las principales universidades del mundo o la capacidad de fabricación de semiconductores, Europa va a la zaga. A los antiguos problemas estructurales que socavan la eficacia del mercado único de la UE, que en teoría debe convertir 27 mercados individuales en uno solo sin fricciones, se han sumado años de crisis. La pandemia del Covid-19 y la guerra de Rusia contra Ucrania dispararon los precios y los costes de la energía. Las presiones demográficas y los cuellos de botella en la educación han creado una escasez de mano de obra cualificada. Y el exceso de trámites y de burocracia restringe el potencial de crecimiento y afecta sobre todo a las pymes. “Bruselas tiene que tomarse en serio solucionar los problemas del mercado único. Ni el público en general ni los políticos entienden lo importantes que son. Tenemos que revisar todas las normativas y barreras y encontrar soluciones que inviertan las tendencias negativas”, señala Markus Beyrer, director general de BusinessEurope, una organización que representa a grupos de presión empresariales de toda la UE. Por otra parte, las ayudas para capear los peores efectos a corto plazo de las crisis del Covid y de Ucrania han creado riesgos a medio plazo. La avalancha de ayudas estatales y apoyo financiero de Bruselas a las empresas europeas ha alterado radicalmente la “igualdad de condiciones” entre los países y sus empresas, antaño considerada el pilar central del mercado único. El gasto en ayudas estatales de la UE pasó de 102.800 millones de euros en 2015 a 334.540 millones en 2021.

Telefónica sorprendió ayer a los mercados, en vísperas de su Capital Markets Day, con el anuncio de una opa por el 28,19% que no controla de su filial alemana. La teleco ofrece 2,35 euros por cada acción en efectivo de Telefónica Deutschland, lo que supone una prima del 37,6% respecto al precio al que cerró ayer y del 36,3% teniendo en cuenta el precio medio ponderado por volumen de los últimos tres meses, con un desembolso total de 1.970 millones de euros. En cualquier caso, esta opa no estará sujeta a un porcentaje mínimo de aceptación. Telefónica asegura tener a “su disposición los fondos necesarios para pagar la contraprestación total”. El movimiento es sorprendente porque va a contracorriente. Los inversores y los analistas le están pidiendo a Telefónica que baje la deuda, no que la suba en nada menos que 2.000 millones adicionales. Por tanto, la audaz operación en vísperas del Capital Markets Day, que tendrá lugar hoy, tiene que tener razones de peso. La operadora justifica la adquisición de la totalidad de su filial en una mezcla de razones que se pueden resumir en incrementar la exposición a una moneda fuerte como el euro; aprovechar la situación de precio de la acción, que está muy barata en una filial que operativamente va bien –de hecho, aún con la prima del casi el 38% sobre el precio del lunes, los 2,35 euros están por debajo del precio medio de hace unos meses, antes de la pérdida del contrato mayorista de 1&1, por encima de los 2,4 euros–; y simplificar la estructura de la compañía, eliminando una filial cotizada si logra el volumen suficiente de acciones para excluirla de Bolsa.

Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), ha vuelto a darle un tirón de orejas al sector financiero español a cuenta de la escasa remuneración de los depósitos. “Cuando subimos los tipos de interés, lo hacemos para que tenga un reflejo en el activo y el pasivo”, dijo ayer en referencia al menor traslado de la política monetaria al ahorro de las familias durante el encuentro financiero organizado por Deloitte y el diario Abc. Las entidades españolas, hasta el momento, han conseguido ensanchar sus márgenes gracias a la actualización de los préstamos al nuevo precio del dinero, mientras que no han encarecido al mismo ritmo el coste de los depósitos. Esta situación explica, en gran medida, unos beneficios disparados entre enero y septiembre de casi 20.000 millones de euros, un 23,6% más que en el mismo periodo de 2022. La reclamación de Guindos no es nueva. Desde el organismo que preside Christine Lagarde ya han instado al sector a mover ficha en este sentido. Sin embargo, casi un año y medio después del inicio de las subidas de tipos de interés en Europa, la banca española sigue arrastrando los pies. Una situación que el vicepresidente del BCE espera que cambie para hacer más atractivo el ahorro frente al consumo. “La traslación de tipos a los préstamos es inferior a la experiencia histórica, especialmente a hogares. No obstante, es marcadamente superior al grado de traslación en los tipos de los depósitos”, corroboró en el mismo foro Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España. 

«Desearíamos en una próxima legislatura, si es que sigue adelante la investidura y hay un nuevo Gobierno como deseamos...». No es la primera vez que un miembro del Gobierno en funciones introduce una cautela similar en sus declaraciones sobre lo que está por venir desde que comenzaron las negociaciones para lograr la reelección de Pedro Sánchez. Pero las palabras de la portavoz del Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez, adquirieron ayer un peso distinto por el contexto en el que fueron pronunciadas, después de cinco días de retraso respecto al calendario que manejaba su partido para sellar el pacto con Junts sobre la amnistía. En la dirección del PSOE siguen afirmando que, aunque tarde más de lo que a su juicio sería deseable, el acuerdo llegará y que, al amparo de la discreción que debe mantenerse en toda negociación política, se están produciendo «avances». Sin embargo, todo se reduce desde hace varios días a un intercambio continuo de documentos revisados por los equipos jurídicos de ambas partes, y sin reuniones físicas, a pesar de que el ‘número tres’ del PSOE, Santos Cerdán, se encuentra de nuevo desde el lunes en Bruselas, alojado a unos pocos metros de Carles Puigdemont, el secretario general de Junts, Jordi Turull y la portavoz del partido en el Congreso, Míriam Nogueras. Hasta antes de ayer, además, los negociadores socialistas afirmaban que el acuerdo político estaba ya hecho y que lo único que quedaba era cerrar flecos, «cuestiones técnicas» que, en principio, y según algunas manifestaciones de Junts, deberían garantizar que la amnistía afectará también a colaboradores cercanos a Carles Puigdemont como Josep Lluis Alay, Xavier Vendrell o Miquel Buch, inmersos en causas no estrictamente relacionadas con el ‘procés’. Ayer, sin embargo, desde el PSOE se admitía que sobre la mesa hay ahora alguna cuestión «política». 

Las protestas contra la amnistía frente a la sede del PSOE en Ferraz, en Madrid, tomada literalmente por los antidisturbios, desembocaron por segunda noche consecutiva en cargas policiales, que en esta ocasión se extendieron por una zona mayor del centro de Madrid. De hecho la concentración derivó primero en una manifestación simultánea que, tras transcurrir sin previo aviso por la Gran Vía, acabó en una gran sentada frente al Congreso de los Diputados –participaron 7.000 personas, según la Delegación del Gobierno–. Todo ello dio paso a actos violentos cuando ultras se apostaron en primera línea del vallado que cortaba la calle ante Ferraz y lanzaron objetos contra la Policía. El líder de Desokupa, Daniel Esteve, y el controvertido agitador de extrema derecha Alvise Pérez, que se habían volcado en las últimas 24 horas en los llamamientos en las redes sociales a la participación en esta protesta al grito de «lucha frontal contra la represión gubernamental», se situaron a la cabeza de la protesta no autorizada frente al Palacio de la Carrera de San Jerónimo tras disgregarse de la convocatoria a las puertas de Ferraz. El perfil de los concentrados y manifestantes de anoche, especialmente en Ferraz, era mucho más joven y, sobre todo, mucho más radical que el que ha venido protagonizando las protestas de los últimos días. En ese escenario de creciente tensión se escucharon más consignas, incluso, contra la Constitución, el Rey y la Policía que contra el propio Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Cantos de ‘Cara al Sol’ y banderas preconstitucionales dieron paso a las provocaciones a la Policía por parte de grupos de encapuchados en las inmediaciones del cuartel general de los socialistas pasadas las nueve de la noche. A esa hora se produjeron los primeros encontronazos con los antidisturbios, muy contenidos. Poco después comenzó el lanzamiento de botellas, petardos y bengalas contra los agentes.

António Costa, primer ministro de Portugal desde 2015, dimitió ayer tras verse envuelto en una investigación relacionada con tráfico de influencias, corrupción y prevaricación en proyectos energéticos. Costa presentó su renuncia ante el presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, en la segunda visita que realizó a su residencia oficial de Belém en menos de cuatro horas, cuando ya se había divulgado que el Tribunal Supremo había abierto una investigación separada para esclarecer el papel del primer ministro en la concesión de dos explotaciones de litio en Montalegre y Covas do Barroso y un proyecto de producción de hidrógeno verde en Sines. “Obviamente, presenté mi dimisión”, dijo Costa, que aseguró abandonar el cargo “con la conciencia tranquila”. En su declaración ante la prensa en el palacio de São Bento, que horas antes había sido registrado por la policía, Costa señaló que “la dignidad del cargo es incompatible con la apertura de una investigación” por el Supremo. “Mi obligación es también preservar la dignidad de las instituciones democráticas”, subrayó. Las dos ideas que repitió durante su intervención fueron que ignoraba los actos que son considerados sospechosos, pero que el simple anuncio de la Procuraduría General de la República (Fiscalía) de que sería investigado le invalida para continuar al frente del Gobierno. “Yo no estoy por encima de la ley. Si hay alguna sospecha, que sea investigada”, indicó tras reivindicar el “orgullo” de haber reforzado los medios judiciales para combatir la corrupción.