20260425

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día. 

Las cifras empañan el arranque de un año en el que el sector energético preveía un repunte de los encargos. Tubacex, tras una revisión de la valoración de sus activos el año pasado con un impacto negativo de 46 millones, presentó unas pérdidas contables de 16 millones en 2025. La compañía argumenta que el conflicto de Irán ha impactado a las contrataciones del trimestre frenando las inercias que se apuntaban para este ejercicio. Además, señaló que su planta de Abu Dabi ha visto interrumpida su producción por la guerra y ha sufrido problemas en el suministro por las consecuencias del cierre de Ormuz. Esta planta es estratégica para Tubacex porque está desarrollada después de que diera entrada en el 49% de su negocio de tubos de extracción de petróleo y gas al fondo soberano de Emiratos Árabes. Una operación asociada a esa inversión de alrededor de 100 millones y de un megacontrato de mil millones. Un pedido que está garantizado y que se abonará en diez años, independientemente del ritmo de las entregas. Es, por cierto, la parte más importante de la cartera de trabajo de Tubacex, que asciende a 1.200 millones y que tiene en este sector el 78% de los pedidos. Ante esta tesitura, la empresa ha anunciado ya que analiza presentar un ERTE sobre la plantilla para ganar flexibilidad. Una propuesta que encaja en su plan de centrar sus esfuerzos en la gestión de la rentabilidad y en la generación de caja. Los tubos umbilicales, empleados para el transporte de datos en yacimientos submarinos, también han reportado pedidos para la firma y el sector aeronáutico es otra de sus apuestas. Además, ayer mismo, los sindicatos aceptaron la propuesta de convenio ofrecida por la dirección en una reunión el pasado martes. ELA, principal sindicato; junto a STAT, una central creada por empleados de Tubacex que es la segunda fuerza; y CC OO respaldaron un texto que fijará hasta 2029 una subida salarial desde este año del IPC más un 0,5%. Además para 2025 los empleados tendrán una subida salarial del IPC más 1,75% y una paga única de 2.000 euros para compensar los cinco años de congelación salarial entre 2020 y 2024. Solamente LAB se desmarcó del acuerdo que fija las condiciones hasta 2029.

CL Grupo Industrial confirmó ayer su oferta vinculante por las dos unidades de negocio de Papresa (embalaje y papel prensa) con la subrogación del 70% de la actual plantilla, adelantada la víspera por DV y presentada en el marco del concurso de acreedores que sufre la papelera. De hecho, el conglomerado industrial extremeño, que espera que la adjudicación al postor más confiable podría llegar en un plazo inferior a un mes, hizo público que en la actualidad, y ante las dificultades que vive hoy la firma errenteriarra, que arrastra una deuda de 71 millones, está ya brindándole su ayuda práctica y financiera para evitar que caiga en la sombra de la inactividad. Sin duda, un mensaje a navegantes (y a la administración concursal) en un momento en el que parece surgir la posibilidad de que entren en escena otros interesados. «Durante el periodo transitorio (hasta la resolución del concurso) y mientras se desarrolla el proceso judicial, CL Grupo Industrial ha asumido un compromiso activo para sostener la operativa de Papresa, con el fin de evitar la interrupción de la actividad y preservar la relación con clientes y proveedores», señaló el conglomerado con sede en Jerez de los Caballeros.

Tras cerrar el último año con un récord histórico de empleo, Euskadi ha llegado al fin del primer trimestre con 1.013.600 personas ocupadas, es decir, 2.700 menos que en diciembre. Pese a este ligero retroceso, el mercado laboral vasco sigue evidenciando su gran momento, ya que según la encuesta de la Población en Relación a la Actividad (PRA) publicada ayer por el Eustat, Euskadi llega a estas alturas del año con su máximo histórico de empleados, al haber incorporado cerca de 18.700 puestos en los últimos doce meses. Así, la tasa de ocupación llega hasta el 71,5% –una décima menos que en diciembre– y la tasa de paro registra un subidón de seis décimas hasta el 6,7%, al haber incrementado el número de parados en 5.900 personas desde diciembre, hasta las 73.300. Eso sí, la tasa cae en tres décimas respecto a los datos de hace un año. En esta línea, el Gobierno vasco se fijó como objetivo terminar 2026 con una tasa del 6,4%. Lo cierto es que el hecho de que caiga el número de ocupados y aumente el paro suele ser un fenómeno completamente común en el primer trimestre debido a los ciclos estacionales. En esto influyen factores como el fin de la campaña navideña, que suele arrastrar consigo una caída de empleados en el sector servicios. Desde diciembre, estos han caído en 3.800. Con todo, conviene realizar el análisis desde la perspectiva interanual, donde se obtienen resultados más interesantes y apegados a la realidad. La nota negativa es para la industria, gran eje productivo de la economía del territorio, donde el número de empleos cae en 2.400 personas en los últimos doce meses, un 1,2% hasta las 197.600 y alejándose así de la cota de los 200.000 que se alcanzaron el año pasado. La construcción, por su parte, se anota un crecimiento de 5.500 empleos este último año hasta los 64.600, lo que supone un 9,3% más. Pero en términos cuantitativos, el mayor repunte tiene lugar en el sector servicios.

Cerca de 24.000 trabajadores vascos realiza n cada semana horas extraordinarias sin remuneración. Un fenómeno que, pese al refuerzo progresivo de la Inspección de Trabajo, sigue enquistado en el mercado laboral de Euskadi. La situación no ha variado en los últimos años, a pesar de que cada vez se destinan más recursos para combatirla. De hecho, el lehendakari reconoció ayer que estas prácticas «apenas han descendido» respecto a ejercicios anteriores. Imanol Pradales aprovechó su intervención en el Parlamento vasco para advertir a las empresas de que «incumplir la norma genera desprotección, precariedad y competencia desleal». Interpelado por el portavoz de Sumar en la Cámara de Vitoria, Jon Hernández –quien denunció que las horas extra «son un recurso para no contratar»–, el lehendakari anunció que el Ejecutivo seguirá reforzando la Inspección de Trabajo. Este cuerpo llevó a cabo el pasado año 1.490 actuaciones vinculadas al tiempo de trabajo, incluido el control del registro de jornada, que se saldaron con 417 infracciones y más de 401 requerimientos. Imanol Pradales aprovechó su intervención para pedir a Sumar que «inste a la vicepresidenta de su partido –en referencia a Yolanda Díaz– a que cumpla los acuerdos y se desatasque el traspaso del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) a Euskadi»,. 

Las administraciones se enfrentan a indemnizaciones millonarias por haber mantenido durante años a trabajadores con contratos temporales. Así lo apuntan las primeras sentencias que se han dictado al calor del último pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que insiste en que la normativa nacional no contempla una sanción suficiente para castigar el abuso de temporalidad en el sector público. Los fallos no están relacionados con el debate clave de si los interinos deben ser convertidos en fijos sino con la compensación que merecen aún en el caso de que hayan conseguido plaza fija en las OPE de consolidación convocadas en el marco de la ley de 2021, conocida como ‘Iceta’. Esta normativa, orientada a reducir la temporalidad, establecía que solo debían ser indemnizados aquellos empleados temporales cesados que no logren plaza, pero los jueces están haciendo otra interpretación a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del pasado 14 de abril. Consideran que obtener una plaza fija no compensa el daño causado. Ya han trascendido tres fallos en los que los jueces estiman que los interinos merecen una indemnización aún cuando hayan logrado una plaza fija porque es la única forma de reparar el abuso sufrido –se considera fraude a partir de los tres años en el puesto–. El último de ellos ha sido en Euskadi, en una sentencia pionera que condena a Lanbide a indemnizar a dos trabajadoras que habían estado años en el organismo como personal laboral temporal hasta que fueron cesadas al obtener plaza fija. El fallo, logrado por UGT,  tiene además una particularidad. Establece una indemnización de 20 días por año trabajado sin el tope de las doce mensualidades. De esa forma Lanbide deberá pagar 45.938 euros en un caso y 39.401 en el otro.

El argumento jurídico es rotundo: la obtención de la plaza fija asegura la estabilidad a futuro, pero no borra el abuso ya consumado durante años de contratos temporales. Las administraciones públicas española y vasca se asoman a un seísmo económico y judicial de dimensiones desconocidas. Los nuevos reveses en los tribunales, impulsados por el reciente criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), confirman que la legislación nacional es insuficiente para penalizar el abuso continuado de la temporalidad. Esta grieta legal genera una situación inédita: los jueces empiezan a reconocer cuantiosas compensaciones económicas incluso a aquellos interinos que, tras años de precariedad, ya han logrado amarrar una plaza fija. Es un cambio de paradigma que sitúa a las administraciones ante una oleada inminente de demandas masivas. El detonante de esta sacudida es la resolución dictada por la justicia europea, un dictamen que dinamita las fórmulas aplicadas hasta ahora en España para atajar la inestabilidad en la función pública. El TJUE concluye que ni la figura del trabajador indefinido no fijo ni los actuales procesos de estabilización sirven para reparar el daño sufrido. Con este giro en las reglas del juego, cerca de un millón de eventuales en todo el país ganan legitimidad para exigir reparaciones, siempre que hayan encadenado esta situación durante al menos tres ejercicios. La nueva doctrina ya cristaliza en los juzgados y derriba muros jurisprudenciales que parecían inamovibles. En apenas unos días, magistrados de Badajoz y Vigo dictan resoluciones pioneras que obligan a pagar más de 16.000 y 52.000 euros a trabajadores de la Junta de Extremadura y del CSIC. 

Cinco meses después, lejos de atisbarse algo de luz, la batalla emprendida por los médicos para mejorar sus condiciones laborales sigue más viva que nunca con otra semana de paros a partir del lunes y el Ministerio de Sanidad enrocado en el ‘no’. El consejero de Salud, Alberto Martínez, exigió ayer soluciones porque la lista de espera se está disparando. Hace apenas cinco meses Osakidetza alcanzaba el mejor dato de espera quirúrgica desde la irrupción de la pandemia. La demora para una intervención de esta naturaleza marcaba a finales de noviembre 54 jornadas de media. Pero aquellos buenos datos logrados tras la activación de dos planes de contingencia, el primero durante el último año del gabinete de Urkullu y el segundo desde la llegada de Pradales a Ajuria Enea, han quedado atrás. La lista de espera para una cirugía en Osakidetza se situaba ayer en 76,1 jornadas, según los datos facilitados por la dirección general del Servicio Vasco de Salud. Esto supone «un incremento cercano al 50%», según advirtió por la mañana el consejero del ramo en el Parlamento vasco. Este aumento es fruto del carrusel de huelgas en el Sistema Nacional de Salud provocado por la renovación del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud impulsada por el Ministerio de Sanidad. 

La tendencia del mercado hipotecario vasco comienza a virar en este comienzo de año. Si la firma de hipotecas había registrado 16 meses seguidos de crecimiento –desde septiembre de 2024 hasta diciembre de 2025–, los datos publicados ayer por el INE (Instituto Nacional de Estadística) pueden ser un indicador de que el patrón ha comenzado a variar. Los mismos revelan que en febrero se concedieron 2.102 nuevos préstamos sobre viviendas en el territorio, lo que supone una caída del 7,2% respecto a los datos del año pasado. Se trata de la comunidad en la que la actividad cae de una manera más pronunciada de un año para otro, con la excepción de Extremadura (17,3%), y contrasta con los datos a nivel nacional, donde las firmas siguen disparadas, con un crecimiento del 16,3% y registrando el mayor volumen para un mes de febrero en los últimos 15 años. Volviendo a Euskadi, el capital total que las entidades prestaron para las pólizas ascendió hasta los 374,1 millones, lo que deja la hipoteca media en los 178.000 euros. Desglosados estos datos por territorios, 1.014 hipotecas se firmaron en Bizkaia (un crédito medio de 183.900 euros), otras 656 en Gipuzkoa (media de 192.245 euros) y finalmente, otras 432 en Álava (media de 142.407 euros). Con todo, cabe destacar que el volumen de hipotecas sigue siendo elevado, tanto por la gran demanda existente en Euskadi para adquirir vivienda (que haya más de 104.000 vascos inscritos en Etxebide es una prueba clara de ello) como por la limitada oferta actual. 

La firma madrileña de distribución Discarlux ha formalizado la incorporación de la conocida compañía guipuzcoana Cárnicas Goya a su proyecto en el sector cárnico premium. Esta operación se enmarca en la estrategia de crecimiento impulsada desde 2024 por Talde, cuyo accionista mayoritario es Kutxabank, con su entrada en el accionariado de Discarlux, con el objetivo de apoyar en la consolidación del grupo líder en la distribución de carne de vacuno de alta gama. Con este movimiento de compra de la firma de Anoeta, en Tolosaldea, el grupo amplia su penetración tanto en el mercado nacional como en el internacional. Cárnicas Goya cuenta con una sólida trayectoria en la selección, maduración y comercialización de vacuno de alta calidad, con una destacada presencia en prestigiosos asadores en el canal Horeca y en el segmento retail gourmet, y muy apreciada en restaurantes y consumidores del territorio guipuzcoano. La complementariedad entre Discarlux y Cárnicas Goya permitirá reforzar «la propuesta de valor del grupo, impulsando sinergias comerciales, operativas e industriales», según avanza Talde en un comunicado. El grupo resultante alcanzará una mayor escala, con incremento en sus salas de maduración y despiece, mejorando la eficiencia, ampliando la cobertura geográfica y reforzando su posicionamiento en el mercado.

El centenario grupo, que surgió en Haro a finales del siglo XIX del entendimiento entre agricultores riojanos y empresarios vascos, cuenta con el club de Cosecheros más antiguo de España. La bodega se creó con el nombre Sociedad vinícola de La Rioja Alta en este singular barrio de Haro, que cuenta con la mayor concentración de bodegas centenarias del mundo. La Denominación de Origen Calificada Rioja se divide en tres zonas de elaboración. La más occidental de ella es Rioja Alta y reúne a buena parte de las principales bodegas centenarias del país. Una de ellas toma el nombre de esta subzona, La Rioja Alta S.A, que con 136 años de trayectoria continúa escribiendo la historia de la denominación. Con el nombre de Sociedad Vinícola de La Rioja Alta, cinco familias que aglutinaron el conocimiento de la tierra de agricultores riojanos con el emprendimiento de industriales vascos fundaron esta bodega en 1890 en el singular Barrio de la Estación, de Haro (La Rioja). Desde sus comienzos, la bodega se ha caracterizado por hitos como otorgar la primera presidencia de la sociedad a una mujer, Saturnina García Cid y Gárate, y elaborar como primer vino su Reserva 1890 –antecesor del emblemático Gran Reserva 890– de la mano del primer enólogo, el francés Monsieur Vigier. La empresa ha mantenido desde entonces su figura jurídica, como sociedad anónima, con los descendientes de las familias fundadoras, portadoras de apellidos que también dan nombre a sus vinos, como Viña Ardanza, Viña Arana y Viña Alberdi.

Los líderes de la Unión Europea coinciden en que es necesario que el bloque tome cartas en el asunto y haga frente «urgentemente» a las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo, que ha encarecido el precio del petróleo y el gas y que amenaza con provocar una escasez de combustible de avión en el continente. Sin embargo, varios Estados miembros criticaron ayer en la cumbre europea informal que se celebró en Nicosia el plan de acción propuesto por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Lo consideran «insuficiente» y reclaman «más ambición» al Ejecutivo comunitario. Uno de ellos es España, que acudió a la reunión con sus propias propuestas de medidas para enfrentar las consecuencias de la guerra en Irán. «Creo que es un buen marco, pero es insuficiente», señaló a su llegada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder español destacó que el plan de la Comisión es «un buen marco porque nos da algunas palancas para poder actuar», pero ha pedido abrir el debate para aprobar una flexibilización de las reglas fiscales, tal y como ya se hizo con el gasto en Defensa. Es decir, que el coste del despliegue de energías renovables no cuente como déficit en el balance anual que lleva a cabo la Comisión Europea y que evalúa la desviación de los Estados miembros de sus objetivos de gasto.

Los mercados energéticos se debaten entre la esperanza de que EEUU sea capaz de encontrar, más pronto que tarde, una salida airosa al laberinto en que se ha metido en Irán (este fin de semana se retoman las negociaciones en Pakistán), y la espesa incertidumbre que aún envuelve el desenlace del conflicto. La primera ha contribuido a contener la subida de los precios del petróleo, que semanas atrás llegaron a rozar los 120 dólares, mientras que la segunda mantiene las cotizaciones sumidas en una espiral de tensión y volatilidad. Y todo ello en un contexto en el que tanto o más preocupante que la escalada de los precios es la amenaza de una eventual escasez de suministro por el ya prolongado bloqueo del estrecho de Ormuz… Un riesgo que no solo afecta al crudo, sino a otras materias primas indispensables, entre ellas los fertilizantes, esenciales para la agricultura y, por tanto, para la seguridad alimentaria mundial. Tras haberse replegado días atrás por debajo de los 100 dólares, la cotización del Brent, crudo de referencia en Europa, ha vuelto a afianzarse por encima de esa barrera psicológica, sumando ya tres jornadas con precios de triple dígito. El viernes se situó en torno a 106 dólares por barril, algo más que el día anterior. En cualquier caso, el petróleo se ha encarecido alrededor de un 45% desde la víspera del estallido de la guerra, mientras que el gas natural, aunque se ha moderado hasta niveles de 44 euros el megavatio hora (Mwh), se dispara un 40% desde el 27 de febrero. Y aunque la resolución del conflicto sigue siendo aún la gran incógnita por despejar, cada vez son más las voces que advierten de que los perjuicios causados hasta la fecha dejarán secuelas duraderas. Ayer, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) alertó de que el impacto de la crisis sobre el gas natural licuado (GNL) durará “al menos dos años”, entre otras razones por los daños provocados por los ataques de represalia de Irán contra las infraestructuras de licuefacción de GNL en Catar. 

Media docena de países del golfo Pérsico que han sufrido los ataques en carne propia —Emiratos Árabes Unidos, Irak, Baréin, Qatar, Kuwait y Arabia Saudí— están viendo severamente restringidas sus exportaciones de petróleo y gas por el doble cierre del estrecho de Ormuz. Un golpe económico de proporciones bíblicas que ya está provocando las primeras peticiones de auxilio a Estados Unidos, el mayor aliado histórico de este ramillete de petroestados y, a la vez, el detonante de alcance y consecuencias impredecibles. La Administración de Trump, por boca de Scott Bessent, reconoció el miércoles que “varios” países del Golfo —entre ellos Emiratos Árabes, como adelantó el diario The Wall Street Journal— han tocado ya a la puerta de la Casa Blanca para solicitar un intercambio (swap) de divisas que le surta de dólares a corto plazo. Aunque los propios Emiratos rechazan la etiqueta de “rescate”, este primer movimiento denota una inédita tensión de liquidez en moneda fuerte ante una crisis provocada por el propio magnate republicano. Un SOS, en fin, nada habitual en naciones que cuentan con ingentes reservas, nutridos fondos soberanos y multimillonarias inversiones en el extranjero. También en Estados Unidos, donde han agasajado a lo grande al propio Trump —para la hemeroteca de los horrores queda el lujoso Boeing 747 regalado por la familia real catarí— y han prometido desembolsos multimillonarios que ahora quedan en el aire. 

España es el segundo fabricante de vehículos de Europa, solo superado por Alemania, pese a que no hay ningún gran grupo automovilístico español. La falta de fabricantes nacionales provocó que el país quedara fuera de la primera oleada de adjudicación de fabricación de nuevos modelos eléctricos, pero ahora las plantas nacionales se han subido a la segunda ola, lo que les dará carga de trabajo eléctrica para la próxima década. Grupos como Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz o Stellantis –dueño de marcas como Peugeot, Fiat, Opel o Citroën– se decantaron inicialmente por localizar en las fábricas de sus países de origen la producción de la primera generación de sus eléctricos, como una forma de proteger a la industria local con la tecnología que iba a ser predominante en el futuro. 

España está a punto de sumar una nueva planta de automóviles a su red industrial actual, formada por 14 instalaciones productivas. El grupo automovilístico chino SAIC, propietario de la marca MG, está cerca de adjudicar a España la que sería su primera fábrica en territorio europeo. El gigante asiático está próximo a confirmar su decisión de instalar en territorio español la que sería su primera factoría en suelo comunitario, después de varios años de análisis y tras visitar diferentes localizaciones tanto en España como en otros países del entorno. Según explican a Bloomberg fuentes conocedoras, la decisión estaría tomada, aunque todavía no confirmada, ya que debe definir detalles como la inversión, los plazos de lanzamiento de los nuevos modelos y también la capacidad de fabricación de dicha instalación. La compañía asiática lleva varios años peinando el territorio europeo en su afán de contar con capacidad industrial en Europa, con el objetivo tanto de reducir los tiempos de entrega de los vehículos como de esquivar los aranceles de más del 45% que tienen que afrontar sus modelos eléctricos que se importan desde China hasta Europa. El dueño de SAIC lleva tiempo enviando expediciones con sus expertos para analizar las mejores localizaciones para su desembarco industrial. En la terna se encontraban, además de España, Hungría o República Checa, entre otros países europeos, e incluso Marruecos. Finalmente, el grupo chino se ha decantado por la opción española, superando a Hungría, que era el gran rival de España, con puntos fuertes como su localización y los costes laborales que motivaron que la también china BYD se decantara por el país centroeuropeo para instalar su primera fábrica en Europa.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto otra tanda de expedientes sancionadores, esta vez masiva, a raíz del apagón ocurrido hace un año (el 28 de abril de 2025). En concreto, el regulador ha abierto otros 35 expedientes, que se suman a los 20 abiertos el viernes pasado. En total, ya van 55. Puede que la furia de la Comisión no se quede ahí y el goteo de expedientes siga en las próximas semanas. El regulador se ceba ahora contra Endesa, pero sobre todo contra Iberdrola. Ambas son las dos mayores eléctricas en España, por delante de Naturgy, Repsol y Totalenergies, en número de clientes en kilómetros de redes de luz. A Endesa le ha abierto 11 expedientes, que se suman a los cinco abiertos hace una semana. A Iberdrola le ha abierto esta vez 16 expedientes, que se suman a los cinco iniciados hace una semana. En total, entre Iberdrola y Endesa, suman cerca de cuarenta expedientes. Además, la CNMC, organismo presidido por Cani Fernández, ha lanzado un expediente a la asociación que gestiona las centrales de Almaraz y Trillo (en Cáceres y Guadalajara, respectivamente), y en la que están Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP. Y también ha implementado otro expediente contra la asociación que gestiona las centrales atómicas de Ascó y Vandellós, en Tarragona, en la que están Endesa e Iberdrola. Ayer, en concreto, abrió uno por infracción muy grave a la asociación que gestiona Almaraz, la mayor central nuclear en España.

A tres días de que se cumpla un año del apagón que dejó sin suministro eléctrico a la península Ibérica, el próximo día 28, y para evitar la prescripción del plazo de un año para presentar cualquier reclamación económica por el incidente, muchas de las grandes compañías afectadas ya han tomado la primera medida. Concretamente, han enviado o estarían ultimando una carta formal (burofax) a todas o a algunas de las compañías a las que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abrió una veintena de expedientes sancionadores la semana pasada por supuestos incumplimientos de la Ley del Sector Eléctrico (LSE), algunos de los cuales, podrían derivar en una sanción ligada al suceso. Justo este viernes el organismo que preside Cani Fernández amplió la lista de expedientes sancionadores. Concretamente, 35 nuevos, de los que 18 corresponden a Iberdrola y 12 a Endesa. También figuran en la nueva lista uno, respectivamente, a Engie, TotalEnergies y Contour Global. Esta última compañía es uno de los principales operadores de plantas termosolares participado por el fondo de inversión KKR. Empresas, fundamentalmente industriales, y aseguradoras estaban esperando la incoación de expedientes sancionadores de la CNMC, que ha llegado in extremis, para dar el primer paso que les permita llegar a los tribunales. Tal es el caso de Repsol, Moeve o la operadora ferroviaria Iryo que han enviado –o en algún caso preparan– sendas cartas con el objetivo de paralizar la prescripción y ampliar el plazo un año más. El problema para las futuras demandantes es que, de momento, no hay culpables declarados hasta que la CNMC no termine de incoar los citados procedimientos, para lo que se ha dado un plazo de hasta 18 meses.

Nuevo choque diplomático entre Estados Unidos y España, dos países en teoría aliados pero en guerra dialéctica permanente desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y desde que Pedro Sánchez se ha convertido en su principal antagonista. El último chispazo ha surgido después de que se desvelase un correo interno del Pentágono que plantea la posibilidad de la expulsión de España de la OTAN por su negativa a participar en las operaciones contra Irán. Aunque la amenaza tiene pocos visos de hacerse realidad y la tormenta viene de lejos, ayer se intensificó mientras el Gobierno buscaba trasladar un mensaje en el que intercalaba la calma con la firmeza. «Absoluta tranquilidad». Esta fue la respuesta de Sánchez a su llegada a la cumbre informal de líderes europeos en Nicosia (Chipre), donde incidió en un discurso que también reiteró el Ejecutivo tras los anteriores choques. Que «España es un buen aliado» y que cumple con todas sus obligaciones dentro de la Alianza Atlántica. El presidente del Gobierno se esforzó en restar importancia al correo electrónico. «No trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga el Gobierno de Estados Unidos», subrayó. En este sentido, defendió que la posición de su Ejecutivo es clara: «Absoluta colaboración con los aliados, pero siempre dentro del marco de la legalidad internacional».

El Departamento de Justicia de Estados Unidos archivó ayer su investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, por el sobrecoste de las obras de la sede del banco central en Washington. La decisión de la Administración estadounidense elimina un obstáculo esencial para la designación de Kevin Warsh por parte del presidente Donald Trump para suceder a Powell al frente del banco central estadounidense. Varios senadores republicanos, con Thom Tillis (Carolina del Norte) a la cabeza, habían puesto como condición la renuncia a perseguir judicialmente a Powell para apoyar la designación de Warsh, que esta semana asistió a su primera audiencia de confirmación en el Capitolio, ante una comisión de la Cámara alta. Sin el voto de Tillis, miembro de esa comisión, el proceso se habría atascado antes de llegar al pleno, donde los republicanos tienen mayoría (53-47), y un respaldo al elegido de Trump se da por descontado.

Microsoft ha lanzado el primer plan de bajas voluntarias e incentivadas de su historia en EEUU con el objetivo de recortar miles de empleos y reducir costes mientras detrae recursos para invertir sumas milmillonarias en torno a la inteligencia artificial (IA). La tecnológica ha lanzado un plan de retiro voluntario y jubilaciones anticipadas destinado a empleados en EEUU cuya antigüedad en Microsoft y su edad sumen 70 años o más. Según estos requisitos, el plan podría afectar a entre 8.000 y 8.750 empleados de los 125.000 trabajadores que la tecnológica tiene en el mercado estadounidense, lo que representa en torno al 7% de la plantilla en EEUU. “Muchos de esos empleados han pasado años, y en algunos casos décadas, dando forma a lo que Microsoft es hoy”, apuntó la responsable de personal del grupo, Amy Coleman, en un documento al que tuvo acceso Financial Times. El plan de bajas voluntarias incentivadas se suma a los más de 15.000 empleos que Microsoft recortó el año pasado. El grupo se ha comprometido a invertir 140.000 millones este ejercicio, en buena parte para crecer en IA. También este jueves, la tecnológica Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció unos 8.000 despidos, el 10% de la plantilla, para detraer recursos para la IA. Amazon y Oracle también están llevando a cabo miles de despidos.

Ha costado, pero parece que, finalmente, hoy delegados de Irán y de Estados Unidos volverán a poner sus cartas sobre la mesa de negociación en Islamabad. Tras la negativa de Teherán de hace una semana, ayer el régimen islámico anunció que su ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, había aterrizado ya en la capital paquistaní para retomar brevemente un esquivo diálogo destinado a devolver la paz al Golfo Pérsico. Desde allí continuará un viaje que le llevará a Omán y a Rusia, uno de sus principales aliados. «El objetivo de esta visita es celebrar consultas bilaterales y debatir la actualidad de la región, así como la situación más reciente de la guerra impuesta por EE UU y el régimen israelí contra Irán», publicó la agencia oficial de noticias IRNA.