20220930

El consejero delegado de Siemens Gamesa, Jochen Eickholt, anunció ayer a los sindicatos un duro ajuste de empleo, un auténtico hachazo, que situará en la calle a 2.900 empleados de la compañía, de ellos 475 en España y en un plazo máximo de dos años. El primer ejecutivo de la firma, que había asegurado hasta ahora que «la plantilla no es el problema» de la sociedad, sometida a una dura crisis con miles de millones de euros de pérdidas, ha cambiado radicalmente su mensaje para afrontar este recorte en el empleo de la multinacional dedicada a la producción de aerogeneradores eólicos. Los sindicatos ya han anunciado que aspiran a que estas salidas no sean traumáticas y se aborden mediante prejubilaciones y bajas voluntarias. «Nunca es fácil tomar una decisión de este tipo, pero este es el momento de llevar a cabo las medidas necesarias para dar un giro a la compañía y asegurar su futuro sostenible. Necesitamos construir una Siemens Gamesa más fuerte y competitiva para consolidar nuestra posición como actor clave en la transición energética verde», enfatizó Jochen Eickholt. Como resultado de esta reorganización, Siemens Gamesa prescindirá de aproximadamente el 10% de su plantilla total. El ajuste afectará principalmente a cuatro países europeos: Dinamarca (800), Alemania (300), España (475) y Reino Unido (50). En lo que hace referencia al País Vasco, apuntan algunas fuentes, quedará muy afectado el cuartel general de la compañía en Zamudio –en realidad, la mayor parte del peso se ha desplazado ya a Madrid en los tres últimos años–, debido a que Siemens Gamesa persigue una simplificación del aparato corporativo. Esto es, concentrar en Siemens Energy –la empresa propietaria de la eólica española–, una parte importante de los servicios centrales que estaban depositados en la filial.

El Servicio Público Vasco de Empleo-Lanbide preguntará a cerca de 10.000 empresas sobre sus necesidades de empleo para ofrecerles formación. A través de esta medida, pretende conocer las dificultades que encuentran las compañías de Euskadi para cubrir los puestos de trabajo que ofertan, por falta de perfiles profesionales adecuados. Con ese fin, se remitirá a cerca de 10.000 empresas una encuesta destinada a detectar cuáles son las necesidades formativas existentes y a mejorar el diseño de sus políticas de empleo y formación, según ha informado Lanbide en un comunicado. A través de una comisión asesora para la prospección y detección de necesidades formativas, Lanbide, el Departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, junto a los departamentos de Educación y Desarrollo Económico, Confebask, CCOO y UGT, pretenden que las empresas tengan un papel "más activo" en el diseño y desarrollo de las políticas y programas de empleo y formación. A través de la encuesta también se trata de realizar un trabajo de detección y análisis de las necesidades formativas, que derive en la mejora de las competencias y cualificaciones de los trabajadores.

‘Crisis energética: inflación, recesión, pérdida de bienestar’ es el título del informe de otoño de los principales institutos de análisis económicos de Alemania presentado ayer. En el documento se anuncia que el PIB de la principal economía de la Unión Europea se contraerá en 2023 un 0,4% debido fundamentalmente a las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania. La economía germana se precipita debido a la crisis energética a una recesión coyuntural en el semestre de invierno y se contraerá seguidamente, escriben los expertos, quienes esperan para este año un crecimiento del PIB de solo un 1,4%, para retroceder el año próximo casi medio punto. Superada la recesión, los economistas esperan que la economía alemana vuelva a crecer en 2024 hasta un 1,9%. En el escenario de mayor riesgo, con una situación de escasez de gas, un duro invierno y la falta de ahorro en el consumo de gas, los expertos auguran incluso una contracción del PIB germano en 2023 del 7,9%, mucho mayor a la de la crisis financiera y a la del coronavirus.

Declaraciones del presidente de Repsol, Antonio Brufau y Francisco Reynés, de Naturgy, en el congreso de CEDE celebrado ayer en el BEC de Barakaldo. "Nadie duda de que tenemos que descarbonizarnos». Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy, es categórico al respecto. Y lo mismo sucede con Antonio Brufau, presidente de Repsol: «No podemos eliminar el objetivo de la neutralidad de carbón». No obstante, dos de los principales directivos del sector energético espa- ñol discrepan de cómo se está llevando a cabo la transición energética en Europa. Y ambos consideran que la invasión de Ucrania ha dejado al descubierto errores «de primaria» que se están pagando muy caros. «La energía tiene tres ejes: la seguridad de suministro, que hoy está en entredicho por la invasión, el coste, en relación a la accesibilidad a una energía competitiva, y la sostenibilidad, para que sea lo menos intensiva en carbono», enumeró ayer Brufau en una de las mesas del Congreso de Directivos CEDE. En su opinión, el gran error de Europa ha sido centrar todos sus esfuerzos y sus políticas en el tercer eje, olvidando que los tres están interrelacionados. «España ha pagado una prima para tener diversidad de suministro, cuando lo fácil era recibir el gas de Argelia, porque entendió que, geopolíticamente, le daba una ventaja que Europa ha obviado. Porque no ha hecho nada por la seguridad y ha confiado en una sola fuente», en alusión a Rusia. El responsable de Repsol solicitó también que se exploten los recursos propios. «En Euskadi hay gas, pero preferimos traerlo de Estados Unidos», ha disparado. Su homólogo en Naturgy asintió y enumeró dos conceptos que deberían guiar la transición energética: «Realismo, establecer objetivos alcanzables, y transparencia, sobre todo en los costes, los precios y las hipotecas de las decisiones que se toman».

La soga inflacionista se ha aflojado en septiembre. La escalada de los precios de consumo prosigue, pero con menor intensidad que en meses anteriores, abriendo una rendija a la esperanza de que la espiral haya tocado techo. Así al menos lo interpreta el Gobierno, que ayer se lanzó en tromba a celebrar la “moderación” del IPC, que en septiembre se situó en el 9% interanual, un punto y medio por debajo de la cifra de agosto (10,5%), según el dato adelantado ayer por el INE, que hace menos de dos meses estrenó nueva presidenta tras las discrepancias del Gobierno con el anterior responsable del instituto estadístico precisamente por los cálculos del IPC y el PIB. La inflación interrumpe así tres meses aciagos por encima del doble dígito, tendencia que el Ejecutivo confía en que se mantenga. “Continúa la senda de moderación que se ha iniciado en el verano”, afirmó la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien espera que el ciclón inflacionista vaya remitiendo en los próximos meses para retornar a tasas más “asumibles y normales” en 2023. Más entusiasta se mostró el ministro de Agricultura, Luis Planas, quien calificó de “tremendamente positiva” la atenuación de la subida en 1,5 puntos respecto a agosto, mientras que para la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la inflación “empieza a bajar”, cuando lo que en realidad muestra el dato es que los precios crecieron un 9% en septiembre respecto al mismo mes del año pasado.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández Cos, cifra, según los modelos que maneja esta institución, que los tipos de interés “pueden seguir subiendo hasta el 2,25% o el 2,5%”. Aunque señala que se trata de una aproximación que puede modificarse en la medida en que las incertidumbres que pesan sobre la actividad económica y la inflación se vayan concretando en una u otra dirección. Porque lo más relevante, recordó, son las importantes dudas que siguen existiendo por la actual situación geopolítica y que condicionan todas las previsiones que se hacen. Hernández de Cos resumió su intervención en el XXI Congreso de CEDE, con dos cuestiones: a qué velocidad van a seguir subiendo los tipos y hasta dónde lo van a hacer. Lo cierto es que van a subir hasta que las perspectivas de inflación a medio plazo, es decir, en 2024, se coloquen en torno al objetivo establecido por el BCE: el 2% con carácter simétrico. Ninguna de las dos preguntas tiene una respuesta precisa. La velocidad se ha modificado, acelerándola respecto a lo que inicialmente tenía pensado el Banco Central Europeo (BCE), precisamente porque la inflación ha escalado con rapidez en últimos meses y ha mostrado su persistencia. El límite a esa subida del precio del dinero, lo que los anglosajones denominan “tipo terminal”, tampoco está definido de forma tajante. “Los modelos lo establecen en una banda entre el 2,25% y el 2,5%”, pero “puede cambiar y es posible que lo haga”, según explica el gobernador, porque las tensiones geopolíticas siguen teniendo un especial papel en la situación actual.

El Consejo General de Economistas (CGE) presentó ayer el Observatorio financiero y claves económicas en el que anunciaron que el crecimiento para España se situará en el 3,9% para 2022 y prevé que se sitúe en el 1,5% para 2023, aunque advierten a que los datos arrojados por indicadores adelantados como el de los gestores de compra (PMI) o el índice de confianza del consumidor (ICC), entre otros, “apuntan hacia una peor evolución de nuestra economía en el último trimestre del año” en España y la eurozona que hará patente la desaceleración económica a finales de este año o del siguiente, según afirman desde el Consejo. La institución entiende que el IPC para el presente año será del 8,5% y que bajará hasta el 4% el próximo. Por otra parte, también prevé que el déficit público para 2022 termine en un 4,6% interanual y en un 4,5% para 2023; y que la deuda pública alcance el 116% del PIB para este año y el 117,5% para el siguiente. El presidente del CGE apunta que “los peligros que veíamos o se están cumpliendo o no se acaban de resolver”. Los economistas aseguran que pese a la bajada del dato adelantado del IPC interanual para septiembre, que pueden dar síntomas de moderación de la inflación, otros indicadores, “tanto nacionales como europeos”, siguen su tendencia decreciente y aseguran que las Administraciones públicas “deberán actuar con mucha prudencia para controlar el déficit y la deuda pública”.

Entrevista con Larry Fink. El presidente de BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, avisa del nivel de endeudamiento que están alcanzado varios países como los del sur de la UE y advierte: «Seamos claros: volverá el día en que los déficits importarán a los inversores». Apuesta por un «aterrizaje duro», pero no ve una recesión larga."Me preocupa mucho la relación entre la deuda y el Producto Interior Bruto en cada país, incluido el mío, Estados Unidos. Así que seamos claros: los déficits un día volverán a ser importantes para los inversores. Ahora no importan tanto como deberían, así que necesitamos que se genere crecimiento económico, porque es la única manera de salir de los déficits. La deuda en relación con el PIB en Italia, en España, incluso en Estados Unidos y en Japón va a perseguir a los hijos y a los nietos...Necesitamos un liderazgo que empiece a centrarse en cómo construir el mañana y asegurarse de que es un mañana del que estemos orgullosos, pero estamos viendo el aumento del populismo y el extremismo...A largo plazo, soy optimista respecto a Europa. Puede avanzar rápidamente hacia más tecnologías de descarbonización y buscar proveedores de gas alternativos, por ejemplo con gasoductos desde Argelia. No creo que vayamos a ver una recesión económica prolongada en Europa...¿La inflación es transitoria o es más estructural? Y yo tiendo a creer que es más estructural...Soy partidario de que la reducción de impuestos puede crear economías más dinámicas. Al mismo tiempo, tenemos que encontrar formas de crear una sociedad más justa y equitativa. Se trata de un equilibrio y no estoy aquí para sugerir cuál es el equilibrio correcto en cada país. Los ricos tienen que pagar su parte, pero no debemos demonizar el éxito...¿Necesitamos volver a trabajar cinco días a la semana? En la mayoría de los trabajos, no. Tal vez en algunos trabajos, sí. ¿Necesitamos dar más flexibilidad a nuestros trabajadores? Sí. Una de las cosas buenas cuando estás de vacaciones, es que tal vez quieras tomarte una semana extra y trabajar a distancia durante esa semana. Y luego, durante las semanas siguientes, trabajas en la oficina durante cinco días a la semana. Podemos ofrecer esa nueva flexibilidad con la que nunca habíamos soñado..."

El rey Felipe VI apeló ayer a la responsabilidad de las empresas para que adopten medidas que contribuyan a paliar e incluso superar la crisis actual, marcada por el alza de precios y las dificultades de abastecimiento energético. «Las empresas y los directivos tenéis importantes decisiones que tomar para adaptaros, para minimizar los riesgos y saber dónde están los límites de la competencia, o cómo compaginarla con la cooperación para el bien de todos», señaló. El monarca lanzó este mensaje en el transcurso del congreso de la Confederación Española de Directivos y Ejecutivos (CEDE), que se celebró en el BEC de Barakaldo y reunió a un millar de destacados empresarios y altos ejecutivos. Por su parte, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, en una crítica a lo que está sucediendo en el Estado, hizo un llamamiento a «no improvisar» en materia fiscal, ante el encendido debate que existe en estos momentos sobre la modificación de tributos y la conveniencia o no de adaptar la presión del IRPF a la evolución de los precios. Y aprovechó la ocasión para defender la fiscalidad vasca y poner de manifiesto algunas ventajas tributarias vizcaínas, en particular el régimen especial de impatriados –personas que vengan del extranjero y se dediquen a actividades de alto valor añadido–, que permite importantes rebajas en el pago de impuestos. El diputado general vizcaíno destacó «la estabilidad institucional y la seguridad jurídica» que ofrece en estos momentos Euskadi, frente a las turbulencias políticas que aquejan al resto de España.

Hacienda avanzó ayer que prevé incrementar en 5.649 millones de euros la presión fiscal sobre grupos empresariales, grandes fortunas e inversores durante los dos próximos años a la vez que rebaja en 2.505 millones la carga tributaria de pymes, rentas bajas y autónomos, con un saldo favorable a las arcas públicas de 3.144 millones. “Frente a los llamados chamanes fiscales este Gobierno aplica medidas selectivas y quirúrgicas”, defendió ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al presentar el paquete de medidas, tachando de “populismo” las “rebajas generalizadas de impuestos” impulsadas por las regiones gobernadas por el PP y a las que se acaba de sumar también la Comunidad Valenciana, abriendo una grieta en la línea de flotación del discurso fiscal de los socialistas. Montero trató de atajar ayer el riesgo de un efecto llamada con medidas de apoyo a las familias con menos recursos, pero subrayó que el Estado necesita incrementar sus ingresos para encarar la crisis energética y de precios agravada por la guerra en Ucrania, y para cumplir su compromiso con Bruselas de elevar la recaudación a umbrales europeos.

Nada de deflactar el IRPF para descontar lo que los ciudadanos pueden estar pagando de más como consecuencia de la inflación. Esa era una línea roja para el Gobierno y cruzarla, como hizo el martes el presidente de la Comunidad Valenciana, el socialista Ximo Puig, habría sido dar munición al PP, que lleva meses reclamando esta medida. Pero el plan fiscal anunciado el lunes en la sede del PSOE por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y presentado finalmente ayer sí contempla una limitada y muy medida rebaja en el impuesto de la renta para las clases medias y bajas. No solo subidas para las rentas altas como se había planteado en un primer momento. Montero negó ayer que la decisión responda a la presión ejercida por los barones de su partido, que en ocho meses se presentan a las elecciones, y a la necesidad de ofrecerles una salida que les impida caer en la tentación de seguir, como Puig, la senda marcada por el PP; algo que ya muchos empezaban a sopesar seriamente. Pero sus propios socios en la coalición gubernamental alimentan el relato contrario.

Su impacto en Euskadi será nulo o en todo caso muy limitado, ya que cuenta con un régimen fiscal propio y con capacidad normativa –en virtud del Concierto Económico– para aprobar impuestos como el del IRPF, el de Sociedades y el de Patrimonio, con el que se tendrá que buscar un encaje para aplicar el impuesto a las grandes fortunas. Desde el Ministerio de Hacienda indicaron que este tributo no se aprobará en los Presupuestos como el resto de medidas anunciadas ayer, sino que se hará por otra vía legal que aún se debe detallar. Eso sí, dejan claro que se intentará evitar la doble imposición, con lo que la cuota que se abone por Patrimonio en las comunidades será deducible. Con esta medida se pretende impactar en las comunidades autónomas que en la práctica han eliminado el tributo, como Madrid y Andalucía. Pero todavía queda por definir cómo se compatibiliza con las que no aplican ninguna bonificación, como es el caso del País Vasco. A ello se añade la particularidad fiscal propia de Euskadi. IMPUESTO DE SOLIDARIDAD Montero asegura que se concertará con Euskadi, pero el Gobierno Vasco no ve todavía claro su encaje. EJECUTIVO DE URKULLU Se ciñe a sus medidas de julio como la deflactación del IRPF y la bonificación a rentas menores de 35.000. 

La batalla fiscal se lleva librando ya unos cuantos días con el famoso impuesto a las grandes fortunas. Mientras que el Gobierno Vasco, de momento, se mantiene a la espera de que se concrete este nuevo tributo para dirimir su impacto en Euskadi y sostiene que todavía «no se sabe si será así», ya que no ha recibido aún ningún documento oficial, la ministra Montero contraatacó ayer criticando la medida fiscal estrella del Ejecutivo vasco para frenar la inflación (la deflactación de todos los tramos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en un 5,5%). «Se trata de una medida que rebaja lo mismo para ricos y pobres», y presumió de que sus medidas «benefician mucho más a las rentas más bajas». Pocas horas después del anuncio ayer de la titular de Hacienda sobre el paquete de medidas fiscales, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, dio un paso al frente y criticó que el Gobierno vuelva a poner en marcha medidas fiscales «sin consultar a Euskadi». Esteban manifestó a la salida del Congreso de los Diputados que la propuesta en materia fiscal de los últimos tiempos es un tanto «desoladora. Son medidas que hay que estudiarlas con detenimiento y hacer modificaciones en conjunto. Hay medidas y contramedidas que no están bien calculadas». El portavoz jeltzale puso en valor el régimen fiscal propio que tiene Euskadi, con el Concierto Económico como clave principal. «Existe un compromiso del Gobierno central con el Ejecutivo vasco de consultar ese tipo de medidas con nosotros para saber cómo afectan a nuestra comunidad, y no lo han vuelto a hacer. Ante esta situación, ya veremos cuál va a ser nuestra posición, pero nos parece que ni el Gobierno ni la oposición están actuando bien. Esto no es gobernar, o al menos no lo entendemos así desde el PNV. Me da la sensación de que aquí cada uno va haciendo propuestas según se le ocurren de cara a las elecciones».

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, culpó ayer al gabinete de Pedro Sánchez de ser el auténtico problema para alcanzar el pretendido pacto de rentas del que se habla desde hace meses. El líder de los empresarios españoles acusó al Ejecutivo de improvisación y de actuar con hechos consumados en temas, apuntó, que deberían ser objeto de negociación dentro de ese pacto, como la «subida salarial de los funcionarios, el incremento de las pensiones o la subida de impuestos a las empresas». En su opinión, llamar pacto de rentas a lo que «quiere el Gobierno es como aceptar pulpo como animal de compañía». En esa línea, Garamendi dijo que «no es serio» el procedimiento que está utilizando el Gobierno, cuando llama al diálogo pero al mismo tiempo adopta decisiones «de las que me entero por la prensa, como la última iniciativa para incrementar la presión fiscal sobre las empresas». Así, señaló que «por supuesto que estamos dispuestos a hablar de un pacto de rentas, pero en el que no se aborde solo una cuestión parcial como las subidas salariales, porque ese es un tema que ya tiene su cauce en el AMC que se negocia con los sindicatos y también en los convenios de empresa y de sector». Por otra parte, Garamendi se refirió al efecto que genera en las empresas el continuo cambio de marco jurídico, ahora en la vertiente fiscal. «Las empresas –reconoció– preferimos que no nos den ayudas, que no nos den dinero, y que nos garanticen la seguridad jurídica. Con eso nos apañamos, vamos al banco y nos dan el dinero que necesitamos para invertir».

El Gobierno central autorizó a las autonomías a recurrir a la deuda hasta un 0,35% de su PIB. Una cantidad que, según se comunicó ayer, se multiplica por dos para el País Vasco. Se evidencia así una mayor permisividad con Euskadi, que podrá reforzar sus Presupuestos del año que viene con una cantidad equivalente al 0,6% de su riqueza, el doble que el resto de comunidades autónomas. Traducido en euros, 494 millones más para el Gobierno vasco y 82 millones para las diputaciones. En total, 576. Dada la especificidad foral de los territorios vascos, Euskadi se escapa del régimen de financiación autonómica general y negocia con el ministerio de Hacienda esa cantidad. El acuerdo se hizo público ayer y, según explicaron fuentes del Ejecutivo vasco a EL CORREO, las causas de esta decisión son fruto de un pacto en el que «pesa mucho la solvencia económica del País Vasco», así como el concepto de ‘riesgo unilateral’ que está asociado al Concierto Económico. El País vasco, según las estadísticas del Banco de España, sigue siendo una de las cuatro comunidades más saneadas, con una deuda que alcanza ahora el 15,2% de su PIB, solamente por detrás de Navarra (14,4%), Canarias (14,4%) y Madrid (14,6%). Con estos recursos, los remanentes de tesorería –que a principio de año ascendían a 1.800 millones de euros– y el incremento de la recaudación, casi de un 10%, el Gobierno vasco cuenta con elaborar unas Cuentas que superen los 13.600 millones de gasto el año que viene, lo que supone fijar un nuevo récord en el gasto público.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, subió ayer su propuesta retributiva a los sindicatos de funcionarios para los tres próximos años. Desde el 8% al 9,5%, en el conjunto de los tres años. Eso sí, el Ejecutivo puso condiciones a esa subida adicional de punto y medio respecto a la oferta que presentó a las centrales el miércoles pasado. En todo caso, la propuesta salarial es como sigue: ya este mismo año una subida del 1,5% adicional al incremento del 2% que tuvieron los empleados públicos a principios del ejercicio. En total, un 3,5%. En 2023 el incremento sería del 2,5%, más un punto adicional vinculado a las siguientes condiciones: un incremento de medio punto, siempre que el Índice de Precios de Consumo acumulado entre 2022 y 2023 supere el 6%. Por lo tanto, hay bastantes posibilidades de que los empleados públicos puedan tener esta subida adicional de medio punto. En septiembre, la tasa interanual del IPC fue del 9%, según el dato adelantado que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística. En 2023 también, el Gobierno aplicará otra subida adicional del 0,5%, si el Producto Interior Bruto supera el 5,9% entre 2022 y 2023. Por lo tanto, si se cumplen las condiciones, la subida en 2023 sería también del 3,5%. Por último, en 2024, el incremento ofrecido por el Ejecutivo a los sindicatos fue el siguiente: un 2% más medio punto adicional si la inflación supera el 8% en el conjunto de los tres años. Es decir, entre 2022 y 2024.

En el curso 2014/15 se registraron 751.507 alumnos matriculados, una cifra que, según los últimos datos, alcanza ya 1.086.001 millones y supone un incremento del 45%. La cifra de alumnos de 2014/15 está cerca de duplicarse. De hecho, si la tendencia se mantiene, podría producirse el próximo año. Santiago García, secretario general de la patronal privada Confederación Española de Centros de Enseñanza, constata la existencia de un boom que ha batido todos los récords en el último curso y que explica por la mejora en los datos de empleabilidad, el desarrollo legislativo de la FP Dual –un modelo que alterna la formación en el centro educativo y la empresa con prácticas remuneradas desde el primer día–, el trabajo conjunto de todos los agentes institucionales, el respaldo que le han dado los empleadores, las reiteradas campañas de publicidad del Ministerio de Educación, las comunidades autónomas y el boca a boca que se ha ido transmitiendo entre los estudiantes. Según el Informe de Empleo de Adecco, la FP se ha convertido «en el nivel formativo más demandado por las empresas españolas, por delante de las titulaciones universitarias». En total, el 36% de las ofertas publicadas por las empresas busca candidatos con esta formación. Los datos del Observatorio de la FP de CaixaBank añaden que la población ocupada con titulación de FP en 2021 fue del 24%, más de dos puntos por encima de la tasa de 2016. Mientras, la población con titulación de FP en desempleo en el mismo año fue del 13%, cuatro puntos menos que cinco años atrás.

Era evidente que los «pseudoreferendos ilegales», según la definición más extendida entre la comunidad internacional, organizados por los prorrusos rebeldes en las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, no tenían otra finalidad que dotar a Moscú de una engañosa justificación para anexionarse estos cuatro territorios, como hizo en 2014 con Crimea. De forma oficiosa se dijo que Vladímir Putin formalizaría hoy la incorporación de nuevas tierras a Rusia. Y ayer lo confirmó el portavoz de la Presidencia, Dmitri Peskov. Según sus palabras, «la ceremonia de firma de los acuerdos sobre la integración de nuevos territorios a la Federación de Rusia» se celebrará a las 15.00 horas de hoy (dos de la tarde en España). Peskov añadió que Putin «pronunciará un discurso» durante el acto. Como paso previo a la anexión, el presidente ruso ha firmado ya esta pasada madrugada sendos decretos reconociendo la independencia de Zaporiyia y Jersón, un trámite que con los dos terrotorios restantes, Donetsk y Lugansk, ya había cumplido hace meses, justo antes de la invasión de Ucrania. La celebración de las «consultas» populares en los territorios ocupados por las tropas rusas entre los pasados días 23 y 27 ha sido denunciada por Kiev, por todos los países de Occidente y hasta por Turquía. Tampoco China ni India han visto con buenos ojos tal medida al exigir respeto a la integridad territorial de Ucrania.