20221122

La presidenta de Confebask, Isabel Busto, durante el habitual acto anual Empresa&FP vasca, ha destacado “el esfuerzo y la apuesta de empresas, centros de formación, profesorado y alumnado por un modelo que consideramos estratégico para nuestra competitividad como empresas y como país. La reciente aprobación del sexto plan vasco de Formación Profesional es un claro ejemplo de esa colaboración con un mismo objetivo: consolidar un modelo que ya es referente tanto en el Estado como en la propia Unión Europea gracias a la implicación colectiva”. Dirigiéndose ya a los cerca de 600 jóvenes presentes en el Euskalduna, la presidenta de Confebask les ha recordado que “el perfil mayoritario de las ofertas de empleo de las empresas vascas tiene que ver con la Formación Profesional, tanto de grado medio como de grado superior. Por lo tanto, habéis elegido una muy buena opción. Las empresas, debemos seguir invirtiendo en vuestra formación. Debemos seguir apostando por nuestra Formación Profesional y por la juventud que opta por formarse a través de ella. Y más si cabe, ante la cada vez mayor escasez de talento”. La presidente de Confebask, ha insistido en la importancia de contar con empresas competitivas. “Sin empresa competitiva, no hay empleo de calidad ni estado del bienestar. No es posible hablar de empleo de calidad si no hay detrás una empresa competitiva y un entorno institucional, social y formativo que lo propicie". Por lo demás, en este acto Empresa&FP organizado por Confebask, como cada año, su director general, Eduardo Aretxaga, ha dado a conocer los habituales reconocimientos a empresas e instructores que otorga la Confederación Empresarial vasca, y que “tratan de reconocer la labor de quienes más han destacado en su empeño formativo". Ver más en Confebask. 

La Confederación Empresarial Vasca, Confebask, aboga por seguir invirtiendo y apostando por la Formación Profesional (FP) vasca. Su presidenta, Isabel Busto, destacó «el esfuerzo y apuesta de empresas, centros de formación, profesorado y alumnado por un modelo estratégico para nuestra competitividad como empresas y como país». Busto subrayó que esa apuesta tiene que contar con la juventud «que opta a formarse» a través de la FP, «más si cabe» en una situación de «escasez de talento». Tal y como adelantó ayer este periódico, Euskadi necesita 5.000 alumnos de FP para cubrir la demanda de las empresas. Además, empieza a haber un movimiento de demanda de profesionales vascos que incrementa el temor de que pueda haber fuga de talento de alumnos formados en la FP vasca para labrar su futuro profesional en el extranjero. El encuentro anual Empresa y FP que tuvo lugar ayer en Bilbao reunió a 600 jóvenes a los que la presidenta de Confebask recordó que «el perfil mayoritario de las ofertas de empleo de las empresas vascas tiene que ver con la FP, tanto de grado medio como de grado superior». Así, Busto no dudó en felicitar por la elección de estudios de los asistentes. «Habéis elegido una muy buena opción», les dijo. Isabel Busto señaló que sólo en este último curso 2021-2022, casi 14.000 jóvenes han conseguido su título de FP en Euskadi, una vez completadas las prácticas obligatorias y, además, «es especialmente destacable la cada vez mayor relevancia de la FP dual vasca». En ese sentido, ensalzó el «rasgo distintivo» que se produce en Euskadi: «La remuneración a cargo de la empresa desde el primer día de su implantación hace ya más de una década, un ejemplo del compromiso de la empresa vasca con la formación y la empleabilidad de sus jóvenes», aseguró.

Como cada año, el Gobierno Vasco reconoce hoy a empresarios y empresarias que destacan por su trayectoria con el premio Joxe Mari Korta. En esta edición, los premiados son las guipuzcoanas María Josefa Errazkin (Autocares Aldalur Anaiak de Azkoitia) y Ana Belén Juaristi (Engranajes Juaristi de Zarautz), Gonzalo Antón, propuesto por SEA-Empresarios Alaveses; y Mariano Ucar Angulo, propuesto por Cebek. El lehendakari Iñigo Urkullu entregará los galardones en Vitoria, en homenaje al expresidente de Adegi asesinado por ETA.

Ha costado pero finalmente ayer se rubricó el convenio del Metal de Álava. El pasado 19 de septiembre, tras cuatro jornadas de huelga y después de que se iniciaran las negociaciones en 2018, CC OO, LAB y UGT firmaron un preacuerdo con la patronal SEA, que desde ya es oficial. El nuevo documento, con vigencia para los próximos cuatro años, –según SEA– es una muestra «palpable del compromiso de las empresas con los más de 20.000 trabajadores, especialmente con aquellos cuyos salarios se ajustan a las tablas del convenio provincial, que verán incrementadas sus retribuciones en el 6,5% en 2022, 3% en 2023, 2,5% en 2025 y 2% en 2025». Estos incrementos no se trasladarán a las retribuciones que las superen (salarios reales), «mayoritarias en el sector». Es decir, que los principales beneficiados serán quienes menos cobren y el resto quedarán a expensas de lo pactado en cada empresa. La patronal ha indicado que solo ELA se queda fuera de un acuerdo «histórico», que permitirá afrontar «con mayor garantía de éxito una etapa económica de máxima incertidumbre». La satisfacción por el acuerdo se ha extendido a las centrales sindicales. Comisiones Obreras, LAB y UGTE han coincidido en que es un acuerdo «histórico» que «garantiza el poder adquisitivo» de los trabajadores de sector. Ver nota SEA Empresas Alavesas. 

La FVEM se ofreció a eliminar los aspectos «regresivos» de su propuesta que empeoraban las actuales condiciones y que era una de las principales reivindicaciones de CC OO, LAB y UGT, el bloque mayoritario. Sin embargo, estas centrales no se dieron por satisfechas y exigieron mejoras en la oferta salarial y en otros aspectos, con lo que mantuvieron la convocatoria de huelga de cinco días, que arrancará el lunes. ELA, que va por separado pero apoya los paros, se mostró especialmente crítica y reprochó a la patronal «su irresponsabilidad y avaricia». Los aspectos «regresivos» que retiró la patronal de su propuesta son tres: la limitación para aplicar el aumento salarial solo a los sueldos que superen en menos de un 20% las tablas; el aumento del bolsín de horas y las restricciones para complementar las bajas por incapacidad temporal. La FVEM mantuvo sin cambios su última oferta salarial, que consiste en un incremento del 13% en el periodo 2022 a 2025 repartido de la siguiente manera: 6,5% en 2022; 2,5% en 2023; 2% en 2024 y 2% para 2025. La propuesta recoge una revisión salarial con el IPC para 2026, si bien con un máximo a consolidar del 3% y el resto en pagas extra. Este ha sido uno de los puntos que han impedido el acuerdo. «Exigimos que se consolide el 100% de la inflación, la reducción de jornada y la descongelación de la antigüedad», señalaron desde UGT-Euskadi. Por el momento, no hay más reuniones convocadas así que, salvo cambios de última hora, el Metal de Bizkaia se enfrenta la próxima semana a cinco días de paro. Ver nota FVEM. 

La cuarta revolución industrial implica la integración de nuevas técnicas de producción con tecnologías inteligentes en las empresas, y desde Goierri Valley quieren implicar a las pymes guipuzcoanas. Para ello, inauguraron ayer en Ordizia el Hub 4.0, un laboratorio centrado en fomentar la transformación digital y acercar la tecnología 4.0 a las pequeñas y medianas compañías. El laboratorio, bautizado en presencia de la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, arranca con una sección equipada de máquinas para acercar a las pymes los diferentes beneficios de la Fabricación Aditiva. Cuenta con la ayuda de los 18 ayuntamientos de la comarca del Goerri a través de Goieki y el Ejecutivo autonómico. En la primera etapa del Hub 4.0 se ofrece asesoramiento, formación y la posibilidad de probar máquinas de fabricación aditiva para que las empresas conozcan cómo pueden integrarla en sus procesos productivos. Habrá formaciones, jornadas de sensibilización, producción de prototipos, visitas y un showroom.

La firma biofarmacéutica vasca Histocell ha puesto en marcha una planta de producción en la localidad vizcaína de Larrabetzu dedicada a la producción de medicamentos biológicos y de terapia celular. La iniciativa ha supuesto una inversión de 2,5 millones de euros y permite ampliar la capacidad de producción de medicamentos de la compañía, que ya cuenta con unas instalaciones en el Parque Tecnológico de Bizkaia desde 2011. Con su nuevo centro de producción, la farmacéutica pasa a disponer de 800 metros cuadrados que integran zona de fabricación y laboratorios de control de calidad. De este modo pasará de poder tratar hasta 150 pacientes al año a poder tratar más de 1.200.

La empresa Araba Domotic surgida en 2004, con Ioseba Martínez de Guereñu al mando, ha visto cómo su cartera de clientes ha ido creciendo. La semana pasada fue reconocida con el tercer premio en el cuarto Concurso Nacional de Instalaciones Domóticas KNX celebrado en la Feria Internacional de Soluciones para la Industria Eléctrica y Electrónica. Ese ‘bronce’ lo obtuvieron por una instalación en la academia de la Ertzaintza en Arkaute, donde instalaron hace unos meses un sistema para controlar las luces de las aulas. «Se regulaban en función de la luminosidad exterior. Cuanta más luz entra del exterior, más se apagan las luces», resume. También implantaron un sistema control de climatización, de placas solares y puntos de recarga para vehículos. La aplicación de la domótica abarca una gran diversidad de campos. Y cada vez más se piensa en el efecto que puede tener en esa búsqueda del ahorro energético o en la mejora de vida de personas con algún tipo de discapacidad física. "– La sostenibilidad y el ahorro energético se han convertido en términos recurrentes del sector.– Es fundamental. Este es un campo que ha estado muy ligado a la construcción y en la anterior crisis se resintió. Ahora con esta crisis energética es la primera vez que nos beneficia porque precisamente todos estamos muy sensibilizados con su coste. En la feria donde recibimos el premio lo hablábamos: es la primera vez que una crisis nos beneficia. Además, implica más confort porque con una sola aplicación puedes controlar absolutamente todo..."

El grupo inversor Beraunberri, de la familia Galíndez, invertirá cinco millones de euros en un proyecto que lleva la transición energética a la navegación de recreo. Ya existen los barcos de recreo con motor eléctrico, pero su propulsión está vinculada a la recarga en puerto de unas baterías. Lasai Marine, una empresa vasca que nació a principios de 2021 pero que está a punto de entrar en velocidad de crucero, ha decidido ir un paso más allá. Producirán –ya han fabricado los primeros prototipos–, embarcaciones de recreo de motor eléctrico, alimentadas por placas solares. También tienen baterías como respaldo y como fuente de alimentación «para cuando no hay luz solar». «La idea –recuerda José Galíndez, presidente de Beraunberri y también de la empresa–, surgió de un diálogo con el diseñador de barcos Iñigo Echenique. Las primeras conversaciones giraron en torno a una idea sobre producción de electricidad con las olas y acabamos por encargarle el diseño de una embarcación de recreo con energía solar». Analizaron el mercado, no encontraron nada similar en Europa y sí alguna iniciativa similar en Estados Unidos cuya compra desecharon. «Transportar desde allí las embarcaciones encarecía mucho el producto», apunta. En un momento en que los nuevos proyectos empresariales parecen obsesivamente ligados al tratamiento de datos; al comercio por internet y en general a la informática, una iniciativa que tiene un marcado carácter industrial pasa a ser una rareza. También lo es que su cuartel general y una parte del proceso de producción se vaya a realizar en el País Vasco.

Repsol, la primera petrolera en España, va a dar un vuelco estratégico en sus inversiones para lanzarse de lleno a EEUU. Así lo aseguran fuentes cercanas al grupo, que ultima los detalles de un nuevo plan inversor para este país. Norteamérica siempre ha ocupado un papel destacado en Repsol por el potencial en exploración y producción (upstream). La petrolera, presida por Antonio Brufau y cuyo primer ejecutivo es Josu Jon Imaz, tiene activos relevantes en el mercado americano en esa actividad, como Marcellus Shale, en Pensilvania, uno de los mayores yacimientos de gas natural no convencional del mundo. También tiene pozos de hidrocarburos tradicionales, como Eagle Ford Shale, en Texas, Golfo de México y North Slope, en Alaska. Pero ahora quiere dar el gran salto a las renovables, aprovechando el entorno favorable de ese país en las energías verdes. La Administración de Joe Biden ha lanzado un programa histórico en energías verdes con 370.000 millones de dólares en inversiones públicas e incentivos fiscales a 10 años. El nuevo plan de Repsol pasa por destinar a EEUU el 40% de las inversiones previstas para 2023, cifradas en 4.000 millones. Es una cifra récord.

La Corporación envía una carta a todas las compañías donde explica su posición Mondragon está dispuesto a analizar en el futuro el envite de Orona y Ulma, que quieren una relación como «cooperativas convenidas», siempre que el proceso siga las reglas en un debate. Así lo recoge en una carta enviada a todas las compañías. Mondragon está dispuesto a analizar en el futuro el envite planteado por Ulma y Orona (y cualquier otro que lance una de sus cooperativas) siempre que ese proceso siga las reglas de juego de la Corporación y se lleve a cabo mediante «un proceso de trabajo y reflexión sereno, profundo y muy participativo». En definitiva, siempre que tengan voz todos los socios. Así se señala en una carta enviada ayer al conjunto de las cooperativas del Grupo y a la que ha tenido acceso este periódico, en la que el conglomerado pilotado por Iñigo Ucín explica a todos sus socios que la pretensión de ambas firmas llegó tarde y mal, según la Corporación, dentro del camino abierto en su seno para preparar el Congreso anual y que, además, las aspiraciones de las compañías de Hernani y Oñati suponían en la práctica la mayor ‘revolución’ de las reglas congresuales de la historia del Grupo. «Estamos dispuestos a analizar cualquier cosa, siempre dentro de las normas y los procedimientos participativos que nos caracterizan, y así se lo dijimos a Orona y Ulma en junio», aseguraron a última hora de ayer a este periódico fuentes oficiales de la Corporación. 

Impulsar la aviación comercial y potenciar las mercancías. Es la estrategia que, vía presupuestos públicos, siguen las instituciones alavesas para promocionar un aeropuerto que encadena un récord tras otro. Para el desarrollo de los ambiciosos proyectos en el horizonte de Foronda –entre ellos el atascado macropolígono VIAP–, esta línea de trabajo requiere de la implicación de todas las administraciones competentes. Y, según la Diputación, Aena debe involucrarse de forma más «proactiva». «Seguimos insistiendo en el necesario e imprescindible acompañamiento proactivo del gestor aeroportuario para dar respuesta en tiempo y forma a los frutos de la promoción realizada por las instituciones vascas», incidió ayer la teniente de diputado general, Pilar García de Salazar, cuyo departamento (Desarrollo Económico) mantiene su apoyo de 1 millón de euros al aeródromo en el plan de cuentas de 2023. La responsable dirigió esta reclamación a la sociedad estatal en referencia a todas las vertientes del aeropuerto, como el citado parque industrial aeronáutico. La Diputación «sigue colaborando con el Gobierno vasco para que avance en su tramitación», recalcó. En esa labor de «desarrollar las potencialidades» del aeródromo, insistió la diputada del PNV, la institución foral ha transmitido reiteradamente esta necesidad a Aena «y seguimos insistiendo» en diferentes reclamaciones.

La Hacienda de Bizkaia ha decidido poner la lupa de aumento sobre los sectores de actividad que tienen un contacto directo con los consumidores. Hotelería, comercio y servicios van a ser sometidos a un escrutinio muy especial en las próximas semanas. Un grupo de agentes tributarios –el fisco vizcaíno no ha querido desvelar su número–, van a peinar de forma aleatoria las costumbres de estos establecimientos a la búsqueda de irregularidades. Se centrarán, sobre todo, en la no entrega de tiques o facturas y también en que quienes se han sumado ya voluntariamente al programa ‘TicketBai’ –la factura con huella digital–, lo apliquen sin irregularidades. La campaña es una señal de advertencia generalizada para todas las actividades comerciales y profesionales que venden directamente al consumidor, con el objetivo de erradicar las operaciones en dinero negro. Esto es, las ventas cuyo importe se oculta a Hacienda y por lo tanto al pago de impuestos. Es, además, una fase previa a la aplicación obligatoria del ‘TicketBai’ –en Bizkaia es voluntario desde el 1 de enero de este año y será una exigencia a partir de enero de 2024–, que incluye un control digital para cada tique o factura. La Hacienda foral quieren extender la idea de que no emitir ese documento ya es una irregularidad. Si uno de los agentes de Hacienda destinados a esta campaña entra en un bar a tomar un café y un pincho de tortilla –la operativa va a discurrir más o menos así–, estará muy atento a recibir o no el tique de la consumición. Si no lo obtiene, el hostelero será denunciado y deberá abonar una multa de 600 euros. Ese es el palo. La Hacienda vizcaína ha dispuesto también desde principios de año una ‘zanahoria’. Así, quienes hayan decidido implantar el sistema Batuz –incluye la emisión de facturas digitales pero también el reporte trimestral de gastos–, podrán acceder este año y en 2023 a una importante reducción de impuestos.

El Consejo de Ministros aprobará por su cuenta el nuevo protocolo de protección para los hogares impactados por la subida de unos tipos de interés que ya apuntaban a récord en años. Lo hará con una ampliación del actual Código de Buenas Prácticas que permitirá, entre otras medidas, reducir el tipo de interés que se aplica a los créditos de los hogares en situación vulnerable. Aunque también incluye otras actuaciones como la ampliación de las hipotecas para ese colectivo o pasan por agilizar el desendeudamiento de cualquier familia que quiera hacer frente a la súbita subida de tipos de interés. El texto llega a Moncloa a falta de «los últimos detalles con las patronales bancarias», según admite el Ministerio de Economía, donde estuvieron negociando in extremis hasta la noche de este lunes sin llegar a sellar el pacto final. Ambas partes llevaban dos meses negociando sin alcanzar ningún consenso. El Ejecutivo calcula que el paquete de medidas que este martes pondrá en marcha «aliviará la carga hipotecaria a más de un millón de hogares vulnerables o en riesgo de vulnerabilidad por el incremento del euríbor». Habrá dos versiones del nuevo apoyo financiero en función de los ingresos de los hogares afectados por el alza del euríbor, tal y como indican fuentes de la negociación.

La campaña de Navidad supone una de las épocas de mayor consumo de todo el año y conlleva un importante repunte en los empleos, aunque sean principalmente de carácter temporal. La de este año, que ya ha arrancado, puesto que también se tiene en cuenta el Black Friday, alcanzará unos guarismos discretos, a juzgar por el informe realizado por la empresa de recursos humanos Randstad, que prevé 402.042 contrataciones, o lo que es lo mismo, un 17,3% menos que el año pasado, cuando se alcanzaron las 485.942. La previsión también tiene en cuenta el periodo de rebajas de enero posterior a Navidad, en el que los comercios dan salida a su stock sobrante. Esta previsión no deja de ser un reflejo de las expectativas de gasto navideño en España, decrecientes a medida que la incertidumbre económica continúa haciendo mella. De hecho, la contratación prevista es un 9% menor que la realizada durante la última campaña previa al Covid, la de 2019. Y eso que el mercado de trabajo, en el que se esperaba una evolución peor a la conseguida en el tercer trimestre, es una de la grandes estadísticas macro que menos afectada se estaba viendo por la incertidumbre. Cabe recordar que España registró un crecimiento prácticamente plano, del 0,2% en el tercer trimestre, y que las previsiones de centros de estudios económicos y del Banco Central Europeo no descartan una recesión técnica entre el cuarto trimestre del año y el primero del que viene.

El presidente de la Federación de Autónomos (ATA) Lorenzo Amor, criticó ayer la recientemente aprobada Ley Crea y Crece por no incidir lo suficiente en los autónomos y tener mucha burocracia, además de no flexibilizar “las trabas a la generación de empleo”, afirmó Amor durante unas jornadas organizadas por el Consejo General de Economistas. Además, Amor opinó que “existen trabas al crecimiento empresarial y barreras territoriales” y señaló que “en España hay muchas empresas de nueve trabajadores y pocas de diez; muchas de 49 trabajadores y un salto enorme hacia abajo en las de 50 trabajadores”. La ley, que acaba de recibir el visto bueno del Congreso, estaba llamada a impulsar la creación de empresas, eliminar los obstáculos a la actividad económica y luchar contra la morosidad. De hecho, una de las medidas que más destacaron los legisladores consiste en facilitar la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada (SL) con un capital social de un euro, lo que pretendía eliminar el mínimo previo de 3.000 euros, además de incluir salvaguardas para los acreedores y disponer un régimen más flexible que el actual.

La covid dejó un socavón económico tras meses de duras restricciones a la movilidad, tanto que en Europa se abrió el grifo a que los gobiernos auxiliasen a las empresas con dinero público sin que se considerase ayudas de Estado ilegales. En España se habilitó el fondo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con una potencia de 10.000 millones, con el que se rescató a 30 empresas que cayeron en dificultades como consecuencia de la pandemia con una inyección total de 3.255,8 millones. En el camino se quedaron otras. Un total de 43 firmas comenzaron el proceso para solicitar el rescate a la SEPI —pedían en conjunto casi 2.150 millones— pero se les denegó o abandonaron antes de obtener respuesta. Muchas eran demasiado pequeñas para obtener la ayuda, otras ya atravesaban problemas financieros antes de, algunas tenían disponibles otras soluciones y un grupo más reducido no completó los requerimientos exigidos por el brazo industrial del Estado. Estos contratiempos les obligó a buscar alternativas para sortear la mayor contracción económica desde la Guerra Civil. En este laberinto se encuentran cuatro decenas de empresas y otras tantas que también estaban asfixiadas pero no entraron en el proceso de rescate público. La mayoría de ellas siguen enredadas para dejar atrás los números rojos, de los que no consiguen liberarse. Aunque algunas han mejorado sus resultados.

Los operadores de telecomunicaciones se alinean para reclamar un pago por el uso de sus redes en Europa a las grandes tecnológicas venidas de EEUU. Ayer, las divisiones españolas de Telefónica, Orange y Vodafone, reunidas por el sindicato UGT, señalaron la incongruencia que a su entender se produce cuando ponen la infraestructura de red a disposición de las llamadas Big Tech, puestos de trabajo incluidos, mientras que esas empresas foráneas incrementan ventas e incurren en sonados despidos masivos. El sector telco del Viejo Continente calcula que soportar el coste de esas nuevas plataformas les acarrea costes de entre 8.000 y 10.000 millones de dólares en banda ancha fija y entre 28.000 y 30.000 millones de euros por las líneas de móvil: en total, entre 36.000 y 40.000 millones de euros, según un informe elaborado por Frontier Economics a partir de datos de los operadores. «Esto se resuelve con leyes y regulación», señaló Emilio Gayo, CEO de Telefónica España. «Son monstruos, no como nosotros, y sus beneficios están creciendo año tras año», expuso Jean-François Fallacher, su homólogo en Orange España. «Estamos juntos en esto y nuestros planes ahora son trabajar para una reducción de impuestos en el sector y distribuir los costes entre los actores», afirmaba por su parte Colman Deegan, CEO de Vodafone España. La reclamación va dirigida principalmente a tres compañías que generan el 40% del tráfico: Alphabet (Google), Meta (Facebook) y Netflix. Al añadir a Apple, Amazon y Microsoft, se rebasaría un 60% de todos los datos dentro del continente. 

Las cadenas de distribución estadounidenses se enfrentan esta Navidad a su primera caída de ventas desde la crisis financiera de 2008, debido a la resistencia a gastar por parte de los consumidores, lo que, en paralelo, plantea desafíos a las autoridades monetarias, inmersas en su objetivo de controlar la inflación. El Black Friday, que supone el arranque de la temporada del año más relevante para el consumo, llega esta semana en un momento delicado para la evolución del gasto de los consumidores, ya que la inflación más alta desde principios de la década de 1980 les está restando poder adquisitivo. Los grandes grupos de distribución son cautelosamente optimistas respecto a las próximas semanas, a medida que se relajan los temores sobre la pandemia y los problemas de la cadena de suministro que afectaron al gasto navideño en 2020 y 2021. Según S&P Global Market Intelligence, las cadenas de deberían registrar un crecimiento de las ventas del 4,5% interanual en estas fiestas. Sin embargo, una vez descontada la inflación, que ha hecho que las empresas aumenten los precios para compensar el aumento de costes que también afrontan, este incremento equivaldría a una caída en términos reales del 1,2%.