20230318

Entrevista con Pedro Azpiazu Consejero de Economía y Hacienda. " Yo soy prudentemente positivo, porque no tengo elementos que me digan lo contrario. No somos ni los catastrofistas del negro ni los ingenuos del blanco...Van a tirar las empresas, por supuesto, pero también la inversión pública. Tenemos un montón de planes de inversión y están los fondos europeos... Creo que la política monetaria tiene el objetivo de controlar la inflación sin generar mayores problemas. En estos momentos creo que tendría que contribuir a resolver los problemas reales de la economía...Subiendo los tipos al 20% acabas con la inflación y con todo lo demás. Hay que hacer una cirugía más fina y no usar la quimioterapia para un granito pequeño...Los sueldos han crecido bastante menos que los precios, con lo que hay otra parte, llamémosle beneficios, que está creciendo bastante más. De hecho, las grandes empresas están exhibiendo sus resultados sin ninguna vergüenza. Hasta Roig (Mercadona) decía que habían subido los precios un escándalo. Están contribuyendo a que las cosas no funcionen bien...Yo recuerdo que hace tiempo el SEA sacaba todos los años un informe sobre la ‘escalofriante subida salarial’. Siempre era escalofriante. Entiendo que las subidas salariales no gusten, pero no se pueden obviar si queremos que la economía funcione...– CEOE asegura que subir cotizaciones resta empleo y Confebask, que cuesta 1.500 millones.– Evidentemente, no digo que subir el coste de la mano de obra sea bueno para aumentar el empleo, pero habría que ver en qué ritmos se van a subir las cotizaciones para saber de qué hablamos, por si son interiorizables o no en el sistema. Y con los beneficios que están dando las empresas, creo que se puede...-¿Qué le dicen los presidentes de Kutxabank, Iberdrola o Petronor (sobre los nuevos impuestos)?– Qué van a decir... Ellos ya han exhibido también su cuenta de resultados. Hemos pactado con el Gobierno central lo que corresponde a Euskadi. Tanto la banca como las energéticas han tenido unos beneficios suculentos, con lo que no creo que sea grave pagar una cuantía adicional durante un tiempo..."

Artículo del director general de SEA-Empresas Alavesas, Juan Ugarte: "...La visión pesimista de las empresas sobre la actual situación del mercado crece de manera notable, una visión basada en el aumento de la debilidad de la cartera de pedidos para muchas de nuestras empresas, o la constatación cada más compartida de un mercado estancado, tal y como valora el 60% de los consultados en el último observatorio realizado por SEA Empresas Alavesas. Este porcentaje adquiere especial trascendencia cuando constatamos que supera en siete puntos las respuestas obtenidas hace seis meses. Aun así, estos datos negativos contrastan con el impulso de las empresas que siguen viendo el vaso medio lleno y prevén aumentar su plantilla en los próximos meses para hacer frente a la carga de trabajo que consideran tendrán a corto-medio plazo. Si bien es cierto que cada sector vive una realidad diferente en la actualidad, hay elementos comunes que conviven con el día a día de nuestras empresas y ante los que la preocupación no deja de crecer. De nuevo, los precios de las materias primas y el incremento de los costes energéticos y laborales completan una suma cuyo resultado palpable es una nueva vuelta de tuerca en la reducción de los ya de por sí exiguos márgenes...De puertas hacia adentro, el absentismo se mantiene como la gran preocupación, con índices inasumibles que están poniendo en riesgo la viabilidad de centenares de empresas fundamentales para el tejido alavés. Un absentismo a todas luces inexplicable en comparación con las ratios que se registran en el resto del Estado o, incluso, en la propia CAV, donde Álava obtiene un indeseado primer puesto. Este problema requiere de una respuesta conjunta por parte de todos los agentes implicados porque, de lo contrario, las consecuencias pueden ser letales para nuestra economía. En esta misma línea, la falta de profesionales vuelve a ser, un año más, otro caballo de batalla ante el que la formación adecuada y la orientación para acceder a ella resulta fundamental..."

Un proyecto que nos situará de golpe en la vanguardia internacional de la cuántica y convertirá la instalación en auténtica referencia en la materia en el sur de Europa. El centro de investigación Thomas J. Watson de IBM acogió a última hora del jueves (madrugada del viernes en Euskadi) la reunión entre el presidente y director ejecutivo de IBM, Arvind Krishna, y el consejero de Educación del Gobierno vasco y presidente de Ikerbasque, Jokin Bildarratz, que tras el acuerdo visitó las instalaciones. La cita se produjo tras el acuerdo alcanzado entre el gigante tecnológico estadounidense y el Ejecutivo autonómico a través de la Fundación Ikerbasque. La iniciativa, que por una cuestión burocrática fue firmada en Madrid, sella que Euskadi, y San Sebastián en concreto, sea la sede de un nuevo Centro de Computación Cuántica de IBM y aloje el ‘IBM Quantum System One’, la joya de la corona de su departamento de investigación y desarrollo. Euskadi albergará así el sexto computador de esta firma tras los instalados en EE UU (Cleveland Clinic), Alemania (Fraunhofergesellschaft), Japón (Universidad de Tokio), Canadá (Quebec) y Corea del Sur (Universidad Yonsei). La Fundación Ikerbasque, a través de una financiación del Gobierno vasco, realizará una inversión de 50,8 millones de euros, cuantía que las diputaciones forales complementarán con diferentes aportaciones destinadas al desarrollo del proyecto en sus territorios. Dicho importe supone la mayor inversión realizada hasta el momento en una infraestructura científica por parte de las instituciones vascas. La cuántica puede resolver desafíos matemáticos con una capacidad infinitamente superior a los computadores que hoy conocemos y abre posibilidades desconocidas para un sinfín de materias.

El grupo Vidrala, productor de envases de vidrio para alimentos y bebidas, invertirá cerca de 100 millones de euros en fabricar su mayor horno de vidrio de la Península, que se ubicará en su planta de Gallo Vidro situada en la localidad portuguesa de Marinha Grande. Según informó la compañía con sede central en Llodio (Álava), se trata de un horno diseñado con altas tecnologías que aumentará la capacidad de la fábrica en más de un 50% y permitirá reducir sus emisiones de CO2. Vidrala explicó que se encuentra inmersa en una estrategia de digitalización industrial en todas sus instalaciones, de forma que está implantando máquinas flexibles que pueden fabricar envases de diferentes tamaños y formas. La inversión del nuevo horno se enmarca en un plan plurianual estratégico de desarrollo industrial en Portugal, donde se expandirá la infraestructura logística mediante la construcción de nuevos almacenes de tecnología avanzada. El grupo también prevé ampliar la flota de transporte y apostará por instalaciones propias de generación eléctrica renovable para modernizar sus dos plantas vidrieras ubicadas en Marinha Grande. Vidrala tiene también planes para cruzar el océano Atlántico e instalarse en América. 

El ensayo práctico para desarrollar en Euskadi un modelo de semana laboral de cuatro días suscita interés entre las empresas. Así lo defendió ayer la consejera vasca de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, en respuesta a EH Bildu durante el pleno de control celebrado en el Parlamento vasco. Allí destacó que «algunas» compañías, así como varios sindicatos, han mostrado su interés de participar en la iniciativa, sin reducción de salario ni incremento de horas. Mendia defendió la necesidad de establecer medidas «innovadoras» en las empresas, si éstas quieren tener capacidad de atraer y sumar a trabajadores «más implicados y productivos», y reflexionó que para evitar la fuga de talento, en un contexto de «competencia global», es necesario ofertar «salarios dignos y condiciones laborales justas». De esta manera Mendia defiende el llamado «salario emocional», que implica aportar mejoras asociadas a las condiciones laborales que hagan los puestos más atractivos. «Las empresas más avanzadas hoy ofrecen aspectos añadidos», detalló en su intervención, en la que manifestó que resulta imprescindible «conciliar los intereses» del personal con el de las propias compañías para «afrontar entre todos la profunda transformación económica que ya estamos viviendo».

El Gobierno vasco publicó ayer, después de diecisiete años, la primera declaración de impacto medioambiental que permitirá la puesta en marcha de un parque eólico en territorio autonómico. El Boletín Oficial del País Vasco dio luz verde a la instalación proyectada en Azaceta, aunque Aixeindar –la sociedad que comparten Lakua e Iberdrola para desarrollar este tipo de complejos– tendrá que cumplir con algunas nuevas condiciones si quiere hacer realidad el proyecto. La más importante, la decisión de mover la ubicación de tres aerogeneradores para proteger a la fauna. La recomendación de Lakua pasa por un desplazamiento hacia el este pero no impone dónde ubicar esos tres ‘molinos’. La modificación más importante que se propone busca evitar que especies como el milano real o alimoche colisionen contra los aerogeneradores, como ya sucede, y mueran. Propuestas como la de pintar las palas de los molinos para evitar que las aves choquen se descartan finalmente, pero sí se aplicarán otro tipo de correcciones menores para proteger a estas especies. Además de implantarse sistemas de detección automática para frenar las palas de los molinos, el Gobierno ha decidido que entre los meses de mayo y octubre las palas estarán paradas durante cuatro horas y media siempre que haya más de 15 grados y el viento sea flojo. Esos tramos horarios, según se recoge en la declaración, serán los 30 minutos previos y las cuatro horas posteriores al atardecer. De partida, la propuesta del Ejecutivo autonómico sólo contempla imponer la medida esos meses, aunque no descarta extender el parón hasta noviembre.

El Gobierno vasco confirmó ayer que mantendrá el cheque mensual de 200 euros por hijo, su medida estrella, bajo los mismo criterios que hasta ahora y sin discriminar por la renta familiar, una restricción que sí aplica en el resto de ayudas sociales. Euskadi, en cambio, se ajustará a los cambios que introduzca el Gobierno central a la hora de acceder al bono de la luz tras la polémica surgida sobre las familias numerosas con altos ingresos. «Es momento de políticas valientes y de activar ayudas directas a las familias». Así anunciaba en noviembre el Gobierno vasco, por boca de la entonces consejera de Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, el refuerzo de su política demográfica con el cheque de 200 euros mensuales por hijo que ha entrado en vigor este año. Es la ‘medida estrella’, de carácter universal y sin atender a niveles de renta que se mantendrá invariable pese al polémica suscitada en Madrid en torno a las ayudas públicas lineales. El plan con el que el Gabinete Urkullu busca mitigar el problema demográfico en Euskadi escapa, por lo tanto, al agrio debate abierto sobre el bono social de la luz que el Gobierno central pretende cambiar para limitar su acceso, como reafirmó ayer en su visita al País Vasco la ministra de Transición Energética. Teresa Ribera, que ostenta también en su cartera la gestión de Reto Demográfico, confirmó que se establecerá «cuanto antes» el criterio de renta para el acceso de las familias numerosas a la subvención del gasto energético. La vicepresidenta tercera explicó que el Gobierno arbitrará una fórmula «con margen» para «calcular cuál es la renta de cada hogar en función del número de personas» y hacer que «los que no son vulnerables dejen de seguir beneficiándose» de ella. 

La cumbre del recién constituido ‘lobby del Norte’, el pasado lunes en Vitoria, no ha sido el único altavoz para denunciar los «gravísimos incumplimientos» del Elíseo en la conexión de la alta velocidad francesa con Euskadi y para instar a acelerar las obras, tras postergar el Ministerio de Transportes galo la línea Burdeos-Dax hasta 2042, sin fecha para la extensión hasta Hendaia. Ayer le tocó el turno al Parlamento vasco, donde el lehendakari Urkullu aprovechó las preguntas de la oposición en el pleno de control para lanzar un SOS en toda regla ante el riesgo de que Euskadi, y por ende toda la cornisa cantábrica, pierdan competitividad e influencia y queden descolgadas frente al desplazamiento hacia el Este del centro de gravedad económico en Europa. «El giro de ejes no nos va a traer nada bueno», llegó a decir. Un negro panorama que solo se podrá evitar, advirtió, si se mantiene la apuesta por la interconexión ferroviaria europea. Fue en este punto en el que el lehendakari, que preside ahora la comisión del Arco Atlántico, aprovechó para cargar con inusitada virulencia contra el presidente francés, Emmanuel Macron, al que acusó no solo de incumplir sus compromisos sino de «quebrarlos de forma flagrante» dejando así al descubierto «las incongruencias del Estado francés». El mensaje pretendió ser, además, un reproche a Pedro Sánchez por no presionar lo suficiente para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de la cumbre hispanofrancesa de enero y, sobre todo, una llamada de atención a Bruselas. «Europa no puede permitirse que su conexión ferroviaria, una de las apuestas más importantes del continente, dependa de los caprichos de un Estado miembro», advirtió Urkullu. 

La reforma del sistema de cotizaciones de los autónomos que entró en vigor en enero ha generado una onda preocupación en el mundo cooperativo vasco, y en especial en el Grupo Mondragon, ya que puede poner en riesgo el modelo de pensiones de Lagun Aro, un esquema mixto que combina una aportación del 60% de los ingresos a la Seguridad Social y un 40% a la mutua, según reconocen desde la propia EPSV. Un modelo que beneficia a 30.000 cooperativistas, la mayoría pertenecientes a la corporación, pero también a otras cooperativas que se han salido del paraguas del Grupo pero que siguen en Lagun Aro, como son Orona, Ulma, Irizar o Ampo, entre otras. La clave de esta cuestión, que ha salido a la luz a raíz de la reforma de pensiones aprobada este jueves por el Gobierno central, reside en que el nuevo sistema de cotizaciones de los autónomos obliga desde enero a tener en cuenta todos los ingresos netos a la hora de establecer las bases. Hasta su entrada en vigor todos los autónomos tenían libertada para elegir la base de cotización entre la más baja y la más alta, lo que empujaba a muchos de ellos a hacerlo por las más bajas con la consecuente derivada en su pensión. Una situación que se ha subsanado con el nuevo sistema. Las cooperativas –algunas cotizan en el régimen general, aunque la mayoría lo hacen en el de autónomos– también tenían la posibilidad de elegir estas bases de cotización para sus cooperativistas –como en el caso de Lagun Aro– o dejar libertad a estos para que decidieran a título individual. Un sistema que ahora no es posible.

José Luis Escrivá se ha revuelto contra quienes critican la segunda parte de la reforma de las pensiones porque no garantiza la sostenibilidad del sistema a largo plazo. Escrivá, que ha calificado su reforma de “histórica” y “fantástica”, volvió a arremeter ayer contra aquellos servicios de estudios que, a su juicio, se han “apresurado y precipitado” en sus valoraciones sobre el nuevo modelo, denunciando “un intento desesperado desde algunas instancias para intentar ensuciar” la reforma. “Se ha reaccionado antes de conocer el texto con un análisis que le hubiera llevado semanas y probablemente interacción con nosotros para conocer incluso algunos detalles o algunos números; eso no ha ocurrido”, afirmó Escrivá, quien añadió que “lo que estamos viendo es una precipitación y una reacción que me maravilla”. Un dardo lanzado con nombre y apellido a BBVA Research al señalar que cuando él (Escrivá) fue jefe del servicio de estudios del banco se comportó “de una forma absolutamente distinta”. Esta entidad no ha sido, ni mucho menos, la única destinataria de su airada reacción. El ministro de Seguridad Social también ha cargado en los últimos días contra la fundación Fedea, que ha alertado de que esta reforma “condena” al sistema contributivo a un déficit “elevado”, advertencia a la que Escrivá respondió asegurando que existen análisis “muy someros y poco sofisticados”. Su contraofensiva también ha alcanzado a la CEOE, a la que ha reprochado no haber planteado propuestas sobre la reforma, acusando a la patronal de hacer “demagogia pura” con sus críticas. La organización que preside Antonio Garamendi ha denunciado que la reforma se negoció a espaldas de los empresarios, a pesar de que hará recaer sobre ellos una importante subida de las cotizaciones que pondrá en riesgo la creación de empleo.

Uno de los elementos con los que el Gobierno contaba para aligerar el gasto en pensiones, en un momento en el que la jubilación de los baby boomers, el aumento de los tipos de interés y las presiones de Bruselas hacen perentorio reequilibrar las cuentas de la Seguridad Social era el retraso voluntario en la edad de jubilación. Sin embargo, la contrarreforma de las pensiones de 2021, que reinstaura la revalorización de las nóminas de los jubilados con la inflación, unida a una subida récord de los precios el año pasado, ha provocado un aluvión de retiros anticipados por debajo de los 65 años. ¿La razón? El importe de la revalorización con el Índice de Precios de Consumo (IPC), del 8,5%, excede con creces la penalización que sufren los pensionistas por su jubilación anticipada. Como resultado, el número de jubilados a los 63 y 64 años en la recta final del año pasado se ha disparado hasta máximos históricos, agravando el desequilibrio del sistema. En concreto, las altas de jubilación a los 64 años se han disparado hasta los 5.622 nuevos pensionistas en diciembre de 2022, de acuerdo con los datos de la Seguridad Social, el máximo de la serie histórica que arranca en 2005 y una cifra que triplica con creces el promedio de los últimos diez años. Por su parte, las altas de jubilación a los 63 años se han disparado hasta los 7.739 nuevos pensionistas, la segunda mayor cifra del registro y algo más del doble que la media desde 2012. En total, las altas de jubilación a los 63 y 64 años registradas en diciembre del año pasado multiplican por 2,8 las que tuvieron lugar en el mismo mes de 2021. 

En el lado positivo, más crecimiento del producto interior bruto de España y avances más moderados del IPC general. En la parte negativa, un mayor aumento de la inflación subyacente, el indicador que no tiene en cuenta ni los productos energéticos ni los alimenticios frescos y que mejor muestra la espiral de precios y el efecto contagio en el conjunto de la cesta de la compra. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó el viernes sus nuevas previsiones. En ellas, el organismo mejora en cuatro décimas, hasta el 1,7%, el aumento del PIB español para 2023, el mismo avance que proyecta para un ejercicio después. También rebaja en varias décimas, hasta el 4,2% y el 4%, la tasa de IPC general prevista para 2023 y 2024. En cambio, aumenta hasta el 5% la tasa subyacente prevista para 2023, que se moderaría hasta el 3,7% en 2024. La comparativa europea que ofrecen los datos, no obstante, sitúa a España en una posición más favorable que la del resto de vecinos. El crecimiento de las otras tres grandes economías comunitarias se sitúa entre el 0,3% y el 0,7% para 2023, con una media en la Eurozona que no llega al 1%. El IPC general también se prevé más bajo en España que en Italia, Francia y Alemania. Las tornas cambian al analizar el indicador subyacente, que se ha convertido en el punto débil español. En 2023 es Francia quien mejores perspectivas presenta. En 2024, de todas las grandes economías analizadas, incluyendo a EE UU o Reino Unido, España es la que peor panorama presenta.

En una táctica claramente prefijada, Carlos Torres pasó ayer de puntillas sobre la crisis bancaria desatada tras la quiebra del banco norteamericano Silicon Valley Bank y el desplome en Europa de la cotización de Credit Suisse. El presidente de BBVA apenas lanzó un par de frases relacionadas con el tema y de forma indirecta en su discurso ante la junta de accionistas del banco, celebrada en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Torres trasladó ayer a los accionistas la sensación de que hemos presenciado una ‘minicrisis’ que va a desaparecer muy pronto del escenario para devolver la preocupación sobre los problemas de fondo. El principal, la inflación, sin perder de vista la guerra de Ucrania y las tensiones geopolíticas. Y todo ello aderezado de una visión optimista sobre la evolución que tendrá el banco en lo que resta de año. Pese a ello no pudo evitar reconocer que «la subida de tipos tan brusca también está teniendo impacto en los mercados financieros, provocando episodios de volatilidad e incertidumbre como los que estamos viviendo esta misma semana». Torres centró una parte de su mensaje tranquilizador en los buenos resultados de la entidad –algo que contrasta con quienes consideran excesivos los beneficios de la banca en los últimos tiempos–, como mejor escudo contra las tensiones especulativas que azotan el mercado bursátil tras la quiebra del Silicon Valley Bank. «En momentos como el actual es cuando se pone en valor la solidez y fortaleza de bancos como el BBVA», ensalzó. Los buenos resultados como escudo protector ante la crisis. Una visión que cimentó con un mensaje optimista al señalar que «a pesar de la incertidumbre y de la volatilidad, encaramos 2023 con confianza».

El Banco Central Europeo reunió ayer de urgencia a su consejo de supervisión para lanzar el segundo mensaje de tranquilidad en apenas dos días. Fráncfort aseguró que no hay riesgo de contagio por la crisis de bancos de EE UU y de Suiza. Pero la banca volvió a sufrir de lo lindo en Bolsa: las cotizaciones del sector financiero europeo acumulan un batacazo de más de 50.000 millones de euros desde la quiebra del Silicon Valley Bank. La crisis, de momento, no remite a pesar del aluvión de buenas palabras. Credit Suisse volvió a desplomarse en torno al 8% —mientras se resuelve una posible fusión con UBS— y arrastró al resto del sector: los inversores temen que el cortafuegos de 50.000 millones de las autoridades suizas sea insuficiente. Lo mismo ocurrió con el norteamericano First Republic Bank, cuyas acciones se dejaron un 30% pese al rescate de 30.000 millones por parte de 11 entidades. El presidente de EE UU, Joe Biden, mostró ayer ante el Congreso mano dura contra los banqueros tras la caída del Silicon Valley Bank y del Signature Bank; en Europa, también Credit Suisse se ha venido abajo por la mala gestón. Biden pidió más poder para castigar a los responsables: el Congreso, dijo, “debe hacer más para exigir responsabilidades a los altos ejecutivos de los bancos”.

Nada logra frenar la dura crisis de confianza desatada esta semana sobre el sector bancario, que en la madrugada del jueves vivía un nuevo capítulo con la decisión de once grandes bancos estadounidenses de rescatar al First Republic Bank con una inyección de 30.000 millones de dólares. Parecía que la operación, junto a la determinación de los bancos centrales para actuar «en caso de ser necesario» había logrado calmar algo los ánimos de los inversores. Pero nada más lejos de la realidad. Los rumores en torno a las discrepancias entre Credit Suisse y UBS para una posible fusión, junto con la reunión extraordinaria del consejo del BCE para analizar la crisis, desataban ayer una nueva ola de ventas que terminó con caídas del 1,5% en las principales plazas europeas. En España, el Ibex-35 se dejó un 1,92% hasta los 8.719 puntos, acumulando pérdidas del 6% en la semana, la peor desde hace un año coincidiendo con los primeros momentos de la guerra en Ucrania. Los bancos repitieron como principales damnificados de la sesión, con pérdidas del 4,6% para Santander, del 3,5% para BBVA, del 3,4% para Sabadell y superiores al 2% en Bankinter y CaixaBank. Unicaja, por su parte, cedió un 1,7%. Desde el colapso del SVB –cuya matriz se acogió ayer oficialmente a la bancarrota– las seis entidades han perdido 26.000 millones de euros en Bolsa. Las cotizaciones han quedado a precio de saldo, siendo Sabadell (0,98 euros) el peor parado con una caída del 24% desde el cierre del 9 de marzo, cuando comenzó el pánico al contagio. Las dudas persisten. 

Volkswagen dio este viernes el pistoletazo de salida a su proyecto de planta de baterías en Sagunto, Valencia. En un acto protocolario con la presencia del rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el fabricante automovilístico colocó la primera piedra de su futura gigafactoría, desde la que proveerá celdas de baterías a las plantas de coches que tiene en Martorell (Barcelona) y Landaben (Navarra), a partir de 2026. La previsión inicial es que pueda fabricar 150 millones de celdas al año, lo que permite abastecer a 500.000 vehículos. Además, la compañía anunció este viernes que ve posible elevar un 50% esta producción a medio plazo. De esta forma se pasaría de una capacidad (objetivo inicial) de 40 GWh (gigavatios hora) a 60 GWh, o lo que es lo mismo, abastecer a 750.000 vehículos. El acto de este viernes es un paso más en la hoja de ruta anunciada por el grupo alemán en 2021, cuando anunció su intención de establecer seis gigafactorías en Europa. Poco después, en marzo de 2022, el fabricante confirmó que Sagunto sería la localidad elegida, la segunda en anunciarse después de la de Salzgitter, en Alemania. En enero de este año, los planes se aceleraron tras la compra, por 63 millones de euros, de la parcela donde ya se construye la planta. Esta fábrica ejemplifica la apuesta por la movilidad sostenible, la industria y la nación emprendedora en el mercado global”, subrayó Pedro Sánchez. 

El mercado español de móviles está experimentando una reducción de sus ventas en los últimos años, especialmente tras la pandemia. En 2022 el volumen de móviles vendidos en España se redujo en casi 600.000 unidades, pasando de las 9,54 millones de 2021 a las 8,96 millones de 2022, un recorte del 6%, según los datos de IO Investigación una de las principales consultoras del mercado móvil español. Si lo comparamos con las unidades comercializadas en 2019, el último año antes de la pandemia, un ejercicio en el que en España se vendieron 11,49 millones de unidades, la caída es de 2,53 millones, un 22% en total. Sin embargo, el valor en euros de esas ventas, se elevó un 8% hasta los 3.232 millones –241 millones más que los 2.991 millones de un año antes– debido fundamentalmente a un notable aumento del precio de los smartphones vendidos, que subieron, de media, un 15% su valor. Si el precio medio de venta de un móvil en España en 2021 fue de 313 euros, el año pasado se elevó a 361 euros. Ese alza de precios se vio impulsada por la inflación y por la escasez de móviles por los fallos en la producción de chips, lo que también ayudó a retraer la demanda. Según los expertos de IO Investigación, esta subida de precio obedece, sobre todo, al efecto de Apple con su gama iPhone.