20230614

El Ejecutivo vasco cree que Euskadi sorteará los embates de la recesión en Europa y ha elevado las previsiones de crecimiento y empleo de este año. El Gobierno Vasco aprobó ayer las principales directrices del Presupuesto de 2024 y, al tiempo, revisó al alza su previsión de crecimiento de la economía de Euskadi que, ajena a la recesión –siquiera técnica y motivada por Alemania– que aqueja hoy a Europa, crecerá este año un 1,6% interanual, una décima por encima de lo calculado en marzo. Para 2024 la ‘fotografía’ no varía y se sigue esperando un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,1%; eso sí, y como dato positivo, a diferencia de lo anunciado hace tres meses, la aportación del sector exterior (el juego entre exportaciones e importaciones) dejará de restar crecimiento para resultar sencillamente neutro. El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, presentó este nuevo escenario macroeconómico, del que destacó el capítulo del empleo. Y es que, señaló Azpiazu, este año se crearán en Euskadi unos 11.000 nuevos puestos de trabajo netos a tiempo completo, que se elevarán a 16.000 el próximo ejercicio, frente a los 10.000 en ambos ejercicios que se esperaban antes. Por su parte, añadió, la tasa de paro de Euskadi caerá en este año al 8,2% desde el 8,5% de 2022, y se reducirá al 7,5% el próximo, un nivel de desempleo inédito en la comunidad autónoma desde 2008. «El compromiso de legislatura era llevar esa tasa por debajo del 10%», recordó Azpiazu. El responsable económico del gabinete de Iñigo Urkullu reconoció que el crecimiento negativo en Europa pudiera tener «implicaciones», igual que la política monetaria del Banco Central Europeo, que sigue subiendo los tipos contra la inflación. Pero quitó hierro a esos condicionantes: «Vamos a ver cómo termina eso».

Euskadi se asoma a un escenario económico que invita al optimismo. Esa es al menos la previsión del Gobierno vasco, que anuncia otro acelerón económico tras el impacto de la guerra y una caída histórica del paro, que se situaría el año que viene en el 7,5%. El consejero Azpiazu se confesó «sorprendido» por la creación de empleo pese al bajo ritmo de crecimiento. El Gobierno vasco hizo ayer una nueva revisión de las previsiones económicas y las directrices presupuestarias para 2023, que deberán concretarse el próximo mes de octubre en el proyecto de ley de Presupuestos para el próximo ejercicio. El mensaje del Gobierno es claro: la desaceleración de la economía es menos intensa de lo que cabía esperar hace apenas un año y aparentemente estamos a las puertas de una nueva fase de aceleración. Ideas que se concretan en una revisión al alza del comportamiento del PIB en 2023, que pasa del 1,5% al 1,6%, mientras que la estimación de 2024 es que el crecimiento de la economía será del 2,1%. Una fotografía, señaló ayer el consejero de Economía del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, que permitirá crear 11.000 empleos este año y 16.000 adicionales el que viene. Con ello, la tasa de desempleo de 2024 se situaría en el 7,5% de la población activa. El mejor dato desde finales de 2008, cuando ya había comenzado a impactar la crisis inmobiliaria en el conjunto de la economía. «Estamos sorprendidos de la capacidad de generación de empleo con tasas de crecimiento de la economía relativamente bajas», señaló Azpiazu en torno a esas previsiones. «No es un fenómeno que afecte solo a Euskadi sino que es algo que se puede apreciar en toda Europa», matizó.

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, a preguntas de los periodistas tras el Consejo de Gobierno Vasco sobre la llegada a Euskadi de los fondos europeos Next Generation y su eventual impacto en la economía, rechazó entrar en «una guerra de cifras» con el Ejecutivo central. Sin embargo, y a renglón seguido, puso algunas encima de la mesa que evidencian que el maná de Bruselas aún no es tal. Así, y partiendo de la base de «no querer molestar ni meter a nadie el dedo en el ojo», recordó que 2023 era, en principio, el último año para comprometer ese dinero a proyectos concretos, y que de los 80.000 millones en subvenciones de los Next Generation previstos, España dispone sólo de 30.000, «una cuantía globalmente baja». Azpiazu, que ofreció su colaboración en este asunto al Gobierno de Pedro Sánchez, dejó caer que de los 22.000 millones distribuidos a las comunidades autónomas, aquí han llegado para gestión propia apenas 1.000; «una cuantía pequeña». Y apuntó que los fondos contribuirán a la economía vasca con un impulso que «sólo se podrá medir» cuando realmente aterricen. Horas antes, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, había denunciado la «desastrosa» gestión de los Next.

El hidrógeno verde ha servido para acercar el Puerto de Bilbao con el cuarto de Europa en volumen de mercancías, el de Ámsterdam. Es una de las consecuencias del convenio firmado ayer en Madrid con la presencia de la vicepresidenta del Gobierno central, Teresa Ribera, y del rey de Países Bajos, Willem Alexander, entre representantes del Corredor Vasco del Hidrógeno y tres empresas que lideran la iniciativa homóloga en el país neerlandés. El acuerdo fija las bases para desarrollar una cadena de suministro de hidrógeno renovable y combustibles sintéticos que unirá el puerto del Abra de la Ría de Bilbao con la infraestructura neerlandesa, que tiene además una conexión directa con el aeropuerto de la capital de Países Bajos. Son dos plataformas que representan uno de los nodos logísticos más importantes de Europa por la cantidad de vías y conexiones que establecen tanto por aire como por mar. Las compañías holandesas que han participado en la firma son SkyNRG, una de las principales productoras mundial de combustible sintético; Evos Amsterdam, que cuenta con 91 tanques de almacenamiento con una capacidad de 2,8 millones de metros cúbicos; y Zenith Energy, que desarrolla una planta de e-fuels en Ámsterdam con una capacidad de producción de 35.000 toneladas al año. Se trata, por lo tanto, de actores de primer nivel mundial y que ofrecen una salida internacional a este gas y al combustible sintético que se elaborará en el Puerto de Bilbao. De ahí que hayan participado en la rúbrica el director del puerto, Carlos Alzaga, el presidente del Corredor Vasco del Hidrógeno, José Ignacio Zudaire y el director del EVE (Ente Vasco de la Energía) que canaliza la presencia del Gobierno vasco. Bilbao, con el proyecto impulsado por Petronor, espera tener lista su planta de combustibles sintéticos –neutros en emisiones gracias al empleo de hidrógeno verde en su fabricación– en 2025. Ver nota Petronor. 

Iberdrola y Cepsa, que mantienen una frenética carrera por liderar la producción del hidrógeno en España, desdibujando los planes de otros grupos, como Repsol, Acciona, Endesa y Enagás, han desatado esta semana la primera gran batalla comercial de esta nueva energía, aliándose con Países Bajos para dar salida a sus primeros grandes contratos de producción. Iberdrola (ayer) y Cepsa (hoy) están anunciando macroacuerdos con varios gigantes empresariales de este país, entre ellos Vopak y Gasunie, para asegurarse la venta de la enorme producción de hidrógeno y derivados (amoniaco, metanol) que tienen previsto realizar en sus faraónicos proyectos industriales, sobre todo localizados en Huelva y Cádiz. Iberdrola y Cepsa han ideado, además, un corredor marítimo para unir los puertos de Algeciras (Cádiz) y Huelva, con el de Róterdam, para exportar el hidrógeno y derivados españoles a través de barco. Los planes de Iberdrola y Cepsa cogieron forma ayer. Al anuncio del proyecto de Iberdrola acudió en Puertollano (Ciudad Real) el monarca neerlandés, Guillermo Alejandro. El monarca de Países Bajos acudirá también hoy, junto al rey de España Felipe VI, a una presentación de los planes de Cepsa en San Roque, la localidad gaditana vecina de Algeciras donde Cepsa tiene una de sus dos refinerías andaluzas. El hidrógeno se considera todavía una energía de futuro. Comercialmente aún no está disponible de forma masiva. Todos los grupos han estado anunciando proyectos para producir hidrógeno y derivados y también planes para transportarlos. Pero hasta ahora eran quimeras. Faltaba sustanciarlos en acuerdos comerciales que les dieran viabilidad. Es lo que están haciendo ahora Iberdrola y Cepsa. Los planes de estas dos energéticas españolas rompen el mapa europeo empresarial que se estaba creando y crean un nuevo escenario.

Más flexibilidad, más implicación de las asociaciones empresariales y más vocación internacional. Son algunas de las conclusiones de la primera jornada internacional impulsada por empresarios vascos para analizar la ‘Confluencia Educación-Empresa’ como herramienta para responder a la grave necesidad de talento que aqueja al mercado laboral vasco. Una necesidad de Euskadi de personas para trabajar que se ha convertido en un clamor del mundo empresarial y que está ya en primer lugar de su lista de preocupaciones, por encima incluso de los costes energéticos o de los problemas en los suministros. La patronal Confebask ha cifrado en 400.000 personas las que necesitará el mercado laboral vasco en los próximos diez años para renovar el éxodo de los que pasarán a la jubilación y responder a las necesidades de una economía en vertiginoso cambio. El propio lehendakari, Iñigo Urkullu, ha interiorizado este diagnóstico reclamando en sus últimas intervenciones medidas para retener y atraer a jóvenes profesionales. La respuesta del mundo empresarial llegó ayer, tras varios meses de trabajo, a través del Círculo de Empresarios Vascos, el observatorio económico Zedarriak, la asociación de empresas familiares de Euskadi (Aefame) y la Fundación Artizarra, que aglutina a varios fondos de inversión con el afán de invertir en compañías vascas. Son los organizadores de la primera jornada de ‘Confluencia Educación-Empresa’. Se trata, como explicó el presidente del Círculo, José Galíndez, de «conectar la empresa y el sistema educativo porque requieren estrategias conjuntas». Para ello, los paneles de la jornada contaron con ejemplos de lugares como Suiza o Estados Unidos en los que la presencia de la empresa en el sistema educativo es mucho mayor. El consejero de Educación del Gobierno vasco, Jokin Bildarratz, agradeció la iniciativa señalando que «esta colaboración y relación es el camino», además de «una seña de identidad de la sociedad vasca».

La negociación en Michelin sigue abierta. Empresa y sindicatos de todas las plantas de la Península, salvo la de Lasarte, en Gipuzkoa, mantuvieron este martes un encuentro en Burgos que sirvió, al menos, para que las posiciones no se enquistasen. La dirección elevó una propuesta de subida salarial ligada al IPC, una de las reivindicaciones de los sindicatos, más una paga de 1.500 euros por firmar el convenio y estos acordaron someterla a la votación de sus bases. El plazo de vigencia de la oferta empresarial es de 72 horas, mientras que el proceso de consulta a los trabajadores arranca hoy. Ese referéndum no es sencillo y obligará a los sindicatos a moverse con rapidez. La decisión de votar surgió en la noche de este martes por parte de la mayoría del comité intercentros, con la oposición de ELA. El proceso se empieza a preparar desde este mismo miércoles porque el tiempo aprieta y hay que tener una respuesta lista para el viernes. «La parte social ha considerado que la plantilla debe hablar y opinar si esta oferta de convenio es válida o no, entendiendo que el posicionamiento negativo a la oferta supone la confrontación y el conflicto prolongado vía huelgas», rezaba el comunicado emitido por Comisiones Obreras, hacia las diez de la noche. La nueva oferta de Michelin mejora sustancialmente la anterior, introduciendo tres mejoras. Por un lado, se desvincula el índice ROS de la subida salarial que inicialmente se ofreció a los sindicatos. A eso se le suma la eliminación del 'Team Building', que ha sido otro de los lemas que más han copado la cartelería de los trabajadores durante estos últimos días. Las jornadas de desarrollo, que se usaban para formación interna de la plantilla del turno de 5x8, también desaparecerían en esta nueva propuesta de convenio formulada por la multinacional. A este planteamiento se le incorporaría una tercera mejora: una paga única y no consolidable de 1.500 euros -la primera oferta del día fueron 800 euros, 700 menos- en caso de firmar un nuevo convenio.

La cesta de la compra tiene un coste un 11,6% superior en Euskadi al de hace apenas un año. Así se desprende de los datos sobre el IPC de mayo publicados ayer por el INE. Un aumento en los precios de los alimentos que lo notan los bolsillos de los consumidores, que han cambiado costumbres y buscan, cada vez más, productos más económicos y ofertas. Eso sí, la tendencia de ese incremento del IPC en los alimentos es a la baja, y después de tocar techo el pasado mes de marzo con un aumento de hasta el 15,7% en el País Vasco, la comunidad acumula dos meses consecutivos de bajadas, más de cuatro puntos menos, hasta situar ese aumento en el precio de la cesta de la compra en el 11,6%. En el conjunto del Estado, los alimentos acumulan una subida del 11,9% en comparación con mayo de 2022. Así las cosas, es difícil que el Gobierno de Pedro Sánchez opte por acabar con la rebaja del IVA en productos concretos que implementó a comienzos de año y que caduca, en principio, el 30 de este mes, ya que ello significaría un nuevo alza de este índice que parece que comienza a moderarse. En lo que respecta al IPC general, que incluye también referencias de precios de energía o transportes, se ha confirmado la tasa española adelantada del 3,2% de aumento en mayo, siete puntos menos que, por ejemplo, en junio de 2022, en pleno efecto del aumento del precio de la energía y los carburantes. En Euskadi, el incremento del IPC en mayo se situó en el 3,4%, mientras que Gipuzkoa es el territorio con peor evolución con una subida del 3,7%.

La inflación en Estados Unidos se modera hasta el 4%. En términos interanuales el dato de mayo ha caído nueve décimas respecto al mes anterior. Aunque los precios siguen subiendo, lo hacen a menor ritmo, concretamente, al más lento desde abril de 2021, justo cuando empezaron las primeras señales de alerta sobre la escalada que estaba por venir y que culminó tocando techo en junio del año pasado, cuando alcanzó el 9,1%. El dato de mayo, publicado ayer por la Oficina de Estadísticas Laborales, representa la segunda mayor caída en la tasa interanual desde que el índice de precios de consumo (IPC) de Estados Unidos inició la senda de la moderación el pasado verano. El otro salto más importante se dio entre febrero y marzo de este año, cuando la inflación retrocedió un punto porcentual entero, aunque al mes siguiente solo se recortó una décima, poniendo en duda las voces que daban por hecho que lo peor ya había pasado y temiendo incluso un ligero repunte. La cifra desvelada ahora confirma la tendencia a la baja y acerca el dato del IPC un poco más al objetivo del 2% que se ha fijado la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. De hecho, despeja el camino para que el banco central anuncie tras su reunión de hoy que mantiene los tipos sin alteraciones, en la franja comprendida entre el 5% y el 5,25% en la escalada del precio del dinero más rápida que se recuerda en los últimos cuarenta años.

La economía guipuzcoana sigue atesorando dos motores que funcionan a pleno rendimiento. El IVA y el empleo continúan arrojando magníficas noticias y tiran de la recaudación de la Hacienda foral, que ha ingresado hasta mayo 101,8 millones de euros más respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos facilitados ayer por el fisco. En concreto, la institución foral ha recaudado 1.751 millones de euros hasta mayo, lo que supone un 6,2% más. Este aumento se sustenta en los dos impuestos más relevantes: el IVA y el IRPF. El primer tributo, asociado al consumo, ha registrado un espectacular aumento del 13,3%, que se traduce en 68 millones más que proceden, por un lado, del alza en los ingresos (77,5 millones) y, sobre todo, de una disminución en las devoluciones (62,6 millones). En lo que respecta al IRPF, el balance también es positivo para las arcas forales, que han ingresado en los cinco primeros meses del año 18 millones más (+2,5%) que en ese mismo periodo de 2022. Aun así, a consecuencia de la campaña de la Renta, el incremento es menor por las medidas antiinflación (sobre todo la deflactación en todos los tramos de la tarifa del IRPF). Entrando en detalle, este crecimiento obedece al dinero ingresado por las retenciones por rendimientos del trabajo, el termómetro del mercado laboral de un territorio, que aportan 70,4 millones.

Los accionistas minoritarios de Siemens Gamesa (SG), que concentran el 2,21% del capital del grupo eólico, aceptaron ayer la oferta de compra de Siemens Energy (SE) de 18,05 euros por título, el mismo precio que marcó en 2022 en la opa de exclusión de Bolsa del fabricante de aerogeneradores. De esta forma, la corporación de Múnich (Alemania) controlará el 100% del accionariado, lo que le permitirá acelerar la integración de la filial española en su organización. La junta extraordinaria de accionistas celebrada ayer en Madrid aprobó la reducción de capital que propiciará la amortización de las acciones que suman el citado 2,21%. La operación contó con el respaldo del 98,21% de los minoritarios presentes o representados. La ley marca que es necesaria la presencia mínima de un 25% de este colectivo, con un porcentaje de respaldo de dos tercios sobre el total. Ambas condiciones se cumplieron holgadamente en la junta de ayer. Christian Bruch, presidente de Siemens Energy y de Siemens Gamesa, se congratuló de los resultados obtenidos en la junta de accionistas porque “hemos completado un hito importante en el proceso de integración” de SG en la órbita de SE.

El nuevo modelo organizativo de las residencias en el que trabaja el Gobierno vasco, que entre otras medidas exige a los centros habitaciones más grandes para los mayores y un aumento del 15% en el personal de atención directa, provocó ayer una cascada de reacciones. Patronal, usuarios, sindicatos y sectores como el de la enfermería se pronunciaron sobre la modificación del decreto de 2019, que permitirá también contratar profesionales que no sean médicos y enfermeras para hacer frente a las dificultades a la hora de cubrir esos perfiles y prohibirá de forma más tajante las sujeciones. La patronal, que dispone del borrador desde la semana pasada, ve «aciertos» y «errores» en la propuesta. A Aitor Pérez Artetxe, portavoz de la asociación mayoritaria en Bizkaia, Gesca, le «llama la atención» que se modifique el tamaño de las habitaciones: a 15 metros cuadrados las individuales y 22 las dobles. A este respecto, recordó que ya se había ampliado en 2019 y señaló que «somos la comunidad autónoma más exigente con eso». Tampoco entiende por qué las ratios de personal «se aumentan un 15% y no en otro porcentaje», si bien considera que no tendrá «gran incidencia» porque «la mayoría de las residencias» vizcaínas «están por encima» del mínimo ahora exigido. En la misma línea, aseguró que en asuntos como las sujeciones, los protocolos sobre el final de la vida y la digitalización, «se lleva mucho tiempo trabajando en los centros». En sentido positivo, el portavoz de Gesca valoró que se haya «atendido» el problema de «la falta de personal sanitario», fenómeno por el que, en ocasiones, «no podíamos cumplir» con las exigencias. «Nos quita un peso importante ante las dificultades que tenemos para encontrar médicos y enfermeras», expone. ELA y usuarios son muy críticos con el borrador. 

Los tiempos se han estrechado tanto por las elecciones del 23 de julio que no está claro que una vez aprobada en el Consejo de Ministros consiga el respaldo de la Diputación Permanente. Este es el órgano que sustituye temporalmente a los 350 diputados cuando se disuelve la Cámara, con un equilibrio de fuerzas similar. Los principales socios parlamentarios del Gobierno manifiestan sus dudas. “No está hablado con nosotros y mucho menos consensuado”, advierten fuentes del PNV. “Pero es que tampoco está consensuado con las universidades ni con las comunidades autónomas. El ministerio ni siquiera ha hecho llegar el texto al Gobierno vasco”, critican desde el grupo nacionalista. Más allá de la falta de comunicación, también se critica el texto: “Nos preocupa porque para Euskadi la formación dual [compartida por empresa y un centro educativo] es fundamental y funciona bien. Y nos llegan detalles como la limitación de horas o porcentaje de formación dual del alumnado”. Otro de los socios habituales del Ejecutivo, ERC, también expresa dudas. “Pedimos que se haga una apuesta clara por las prácticas remuneradas”, dicen fuentes del grupo parlamentario, donde interpretan que el texto acordado con los sindicatos no camina en esa línea. “Llevamos meses persiguiendo al ministerio y solo hemos hecho una reunión que no es sobre el texto actual. No han intentado siquiera negociar con los grupos afines. Si llega a la Diputación Permanente, hablamos”, dicen fuentes de ERC, que señalan la cercanía de las elecciones como uno de las causas que ha acelerado la negociación de la norma. Ayer por la tarde recibieron el proyecto pactado por Trabajo y centrales sindicales. Fuentes sindicales no tienen la seguridad de que los socios vayan a apoyar la norma. 

La tensión en la que han vivido millones de hogares en toda España durante el año pasado por el impacto de la subida de la luz, al desconocer a cuánto iban a pagar cada vez que encendieran el interruptor, tendrá cada vez los días más contados cuando se ponga en marcha la reforma de la tarifa regulada eléctrica. Los clientes con la modalidad contratada del PVPC (Precio Voluntario del Pequeño Consumidor) verán cómo una parte del precio que pagan por la luz se mantendrá estable frente a la volatilidad en la que se encuentran actualmente, dependiendo de cualquier ‘shock’ energético. El Gobierno ha aprobado este martes la reforma del PVPC, uno de los compromisos que tenía con Bruselas después de que la Comisión Europea autorizara la ‘excepción ibérica’, lo que derivará en una nueva fórmula por la que el 25% del precio de la luz irá vinculado a unos precios futuros, durante todo 2024; un 40% en 2025; y un 55% de todo el precio en 2026. Es decir, será dentro de tres años cuando la nueva tarifa regulada despliegue todos sus efectos para «evitar la volatilidad actual», tal y como apuntan fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica. Porque seguirá habiendo episodios de tensión en el mercado energético «durante la próxima década». Es la previsión que tiene el Ejecutivo, donde admiten que no son descartables nuevas crisis internacionales como la derivada de la guerra de Ucrania, que elevó el precio del ‘pool’ por encima de los 300 euros/MWh el año pasado. La transición energética derivará en una paulatina salida de los combustibles fósiles, que son más caros, pero cuya exclusión de la generación provocará «momentos de tensión». Consideran que los precios elevados son ya estructurales a pesar de las caídas registradas en los últimos meses tras los peores capítulos de 2022.

La economía española vuelve a acelerar tras el buen arranque del año, cuando logró desafiar la recesión invernal que se cernió sobre la eurozona. El PIB crecerá un 0,7% entre marzo y junio, de acuerdo con las previsiones publicadas ayer por BBVA Research en su informe Situación España. Esto es, cuatro décimas más de lo previsto por el organismo hace apenas tres meses, lo que, junto con los buenos datos de los trimestres anteriores, ha llevado al organismo a elevar sus previsiones de crecimiento para el conjunto del año en ocho décimas, hasta el 2,4%. Esto es, la cifra más optimista de todas las que conforman el consenso de Funcas, tres décimas por encima incluso de los pronósticos del Gobierno, sustentada sobre la bonanza de las exportaciones y el turismo. Si las previsiones de BBVA Research se cumplen, la economía española registrará un crecimiento muy sólido este año, del 2,4%, a pesar de todas las dificultades: la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, la subida de los tipos de interés, la recesión en Europa o la fragmentación del comercio internacional. ¿A qué se debe esta mejora? Fundamentalmente, a la rebaja de los precios del petróleo y el gas, responsables del aumento de cuatro décimas respecto a la previsión anterior, y a los buenos datos de los trimestres pasados, revisados recientemente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y Eurostat que elevan la actividad media para el conjunto del año en otras cuatro décimas. Frente a ello, la política económica y la política monetaria tendrán una influencia negativa, aunque de menor envergadura, y también la reducción de la volatilidad supondrá un pequeño empujón para la actividad.

Santander y BBVA se desmarcan del sector y aumentan su plantilla en 15.000 empleados en los últimos 12 meses. A cierre de marzo de 2023, Santander había aumentado su plantilla en 9.875 empleados, hasta 210.169 y BBVA, en 5.521, hasta alcanzar 116.923 contratados. En ambos casos se trata de un incremento de su fuerza laboral de casi un 10% en términos netos (diferencia entre salidas y entradas). Los perfiles que están contratando son muy diferentes a los que se requerían antes de la crisis de 2008. Ahora los bancos buscan expertos en análisis de datos, informáticos o ingenieros y no tanto banqueros tradicionales. No obstante, fuentes de Santander aseguran que “también se ha reforzado plantilla en la oficina, dependiendo de las necesidades de negocio”. BBVA busca “perfiles ligados principalmente a las áreas de ingeniería, data y sostenibilidad y en ciertas geografías como México o Perú, apoyo a negocios específicos que presentan oportunidades de crecimiento”. Sabadell y Bankinter también han aumentado su plantilla, aunque de forma mucho más modesta. Sabadell sólo ha sumado 166 personas, un incremento inferior al 1%. En Bankinter las contrataciones han ascendido hasta 274, lo que se traduce en un incremento del 4,4% de la plantilla. Estos aumentos contrastan con la tendencia de la banca de inversión americana. Morgan Stanley ha anunciado el despido de 3.000 personas y Goldman Sachs, a 4.000.

Estos años de pandemia, lejos de achicar la brecha salarial de género, la diferencia entre los salarios que de media perciben hombres y mujeres, un indicador clave en términos de igualdad en el ámbito laboral, ha crecido en el entorno académico, según los datos aportados por el Estudio de la brecha salarial de género en las universidades públicas españolas, que se presentó ayer en el ministerio del ramo. En dos años la brecha media general ha subido del 10,9% al 12,7%. En el sueldo base, muy regulado, la diferencia es en torno al 2%, y crece cuando se trata de los complementos (de producción, gestión o liderazgo científico). En ese caso, la diferencia ha pasado del 16,9% al 19,1% entre 2021 y 2023; pero hay algunas universidades en las que llega al 37%. “Este es un ejercicio de honestidad para mostrar los problemas innegables y arreglarlos”, reconoció el ministro de Universidades, Joan Subirats, en el acto. En el estudio piloto de 2021 participaron una veintena de campus públicos y en esta ocasión han sido 48, todos menos los dos internacionales. La brecha salarial no solo pasa factura en el bolsillo, a la larga afecta a la progresión de la carrera investigadora y docente de las académicas, que necesitan acumular méritos investigadores para acceder a un puesto mejor. La pandemia ha sido especialmente lesiva para ellas. Distintos estudios internacionales demostraron que, meses después del inicio de la pandemia, la producción científica de las mujeres se resintió y se reflejaba en los datos bibliométricos. Un estudio de la Universidad Complutense, basado en una encuesta entre sus profesores, plasmó que mientras ellas dedicaron su tiempo a los estudiantes confinados en casa y a los cuidados de menores y mayores, ellos aprovecharon el encierro para terminar los artículos que tenían pendientes.

El PSOE arremete contra los populares y espera que la izquierda se movilice. Era la línea roja que había establecido el PP y Vox aceptó retirar a un candidato ‘quemado’ por su condena. El pacto alcanzado ayer para gobernar en coalición la Comunidad Valenciana es el primer gran acuerdo entre ambas formaciones, que se necesitan para gozar de estabilidad donde tienen mayoría o para arrebatársela al PSOE en otros gobiernos. Feijóo, con esta decisión, parece convencido de que pactar con Abascal no le restará votos el 23-J. El PP marcó ayer un punto de inflexión en su política de pactos tras el 28-M y antes del 23J al precipitar un principio de acuerdo con Vox para gobernar en coalición los próximos cuatro años en la Comunidad Valenciana siguiendo la estela de Castilla y Léon. Dos horas y media de reunión entre los equipos negociadores de ambas formaciones que acabaron con un paso al lado del candidato de Santiago Abascal –condenado por violencia machista y sobre el que existía un veto de Génova–; un convenio de mínimos por escrito, además de asentar las bases del futuro acuerdo programático que los populares confían en cerrar «en los próximos días». Esta es la primera gran alianza con la derecha radical desde que Alberto Núñez Feijóo cogió el timón del PP. «Cuanto antes mejor y no va a haber muchas más», resume un dirigente del partido. Génova tiene sobre la mesa encuestas que minimizan el impacto de aliarse con Vox antes de las generales.

Es una investigación en ratones, pero se trata de una de las noticias de salud del año. Científicos de Estados Unidos han diseñado unos glóbulos blancos artificiales capaces de eliminar el 80% de los tumores sólidos. La terapia, todavía en fase de experimentación, no sólo permite limpiar el organismo de células malignas, sino que esos linfocitos ‘prefabricados’ son, además, capaces de activar el sistema de defensas contra la enfermedad. El ensayo se ha realizado con tumores de mama, cerebro y piel. La investigación se publicó ayer en ‘Nature Biomedical Engineering’, una de las revistas del grupo ‘Nature’, y pone énfasis en el hecho de que se trata de una nueva terapia con una doble función: eliminar las células cancerosas y enseñar al sistema inmunitario a reconocer y matarlas tanto en el momento de la enfermedad como en el futuro. Como ocurre frente a determinadas infecciones, el organismo guarda memoria del ataque que ha tenido que afrontar y se prepara para actuar con igual contundencia en ocasiones posteriores. El trabajo lleva el sello del laboratorio de Ingeniería Biofísica de Pensilvania y contó con el apoyo de los Institutos Nacionales de Salud, entre otras instituciones públicas. Son un tipo de glóbulo blanco que destruye y devora a los virus y bacterias que invaden el organismo. Forman parte del escuadrón celular del sistema inmune. Tienen, además, la ventaja de que su respuesta inmunitaria innata enseña al cuerpo a recordar y a atacar las células invasoras también en el futuro, lo que convierte su acción en una especie de vacuna.