20211009

Adegi ha presentado la Encuesta de Coyuntura realizada a las empresas de GIpuzkoa en septiembre. La confianza, ventas y los pedidos, mejoran y el empleo evoluciona bien. Aumenta la preocupación de las empresas por el abastecimiento y/o el precio de las materias primas,  (preocupa al 70%) y por el descenso de la rentabilidad de las ventas. Adegi prevé un crecimiento de entre un 6% y un 6,5% y la creación de entre 3.000 y 4.000 empleos netos. Eduardo Junkera, Presidente de Adegi, ha subrayado que el objetivo debe de ser el crecimiento rentable y confía en que los problemas de abastecimiento, encarecimiento de las materias primas, y de la electricidad, provocados el tsunami de la recuperación sean coyunturales. Ver más en Adegi

Clima de optimismo entre las empresas guipuzcoanas, pero cruzando los dedos para que el incremento del precio de la energía –gas y electricidad especialmente– y de las materias primas no sean un lastre que impida el despegue definitivo tras la pandemia. Esta es la principal conclusión que trasladó ayer Adegi durante la presentación de la Encuesta de Coyuntura Económica, la tercera del año y que permite conocer el pulso del tejido económico en la recta final de ejercicio. En el acto estuvieron presentes el presidente de la patronal guipuzcoana, Eduardo Junkera; el director general, José Miguel Ayerza; y el responsable de Competitividad e Innovación, Patxi Sasigain. Junkera señaló que la encuesta realizada a las empresas del territorio permite afirmar que la recuperación de la economía «se mantiene a buen ritmo». De hecho, esta última encuesta mejora, aunque sea levemente, las previsiones de la anterior, realizada en mayo. En aquella el crecimiento del PIB para este año se situaba en una horquilla de entre 4,5%-6,5%, frente a 6-6,5% de la presentada ayer. También sitúa al alza la estimación del empleo, pasando de un crecimiento de entre 3.000-3.500 contrataciones a 3.000-4.000. Ahora bien, el presidente de Adegi, tras destacar el buen rumbo, añadió que los problemas señalados de abastecimiento, encarecimiento de las materias primas y de la electricidad «ya están produciendo una moderación del crecimiento».

«No nos consta que haya avisos de huelga». Esta fue la escueta respuesta del director general de Adegi, José Miguel Ayerza, a la pregunta sobre qué opinaba la patronal sobre los anuncios realizados por ELA y LAB acerca de una posible convocatoria de un paro general. Cuando se le recordó que si bien es cierto que no ha habido una convocatoria de huelga oficial, pero sí manifestaciones públicas de los máximos dirigentes de ELA y LAB en este sentido, respondió que «el factor sindical y la conflictividad laboral están bastante abajo entre las preocupaciones de las empresas». En concreto, ocupa el puesto once en un ranking de trece. Respecto al efecto que el aumento de la inflación podría tener en una reclamación de incrementos salariales, Ayerza contestó que «es otro factor, pero no fundamental». En este sentido, indicó la posibilidad de que fruto de la pérdida de rentabilidad las empresas «acuerden» con los sindicatos «otro tipo de pactos para que este resultado no se vea en peligro».

La conflictividad sindical que han liderado en los últimos meses ELA y LAB al frente del comité de la planta de Aernnova en Berantevilla ha recibido un voto de castigo en las elecciones para renovar los cargos en el órgano de representación de la plantilla. CC OO consiguió la victoria en los comicios celebrados ayer al sumar cuatro delegados, uno más que hasta ahora, mientras que ELA mantiene los tres representantes pero deja de ser la primera fuerza. También gana presencia UGT, que pasa de dos a tres miembros, y puede hacer mayoría con Comisiones. Ambas centrales habían optado en los últimos meses por tener una postura menos beligerante con la compañía y, por ejemplo, en algunas de las últimas movilizaciones del comité, lideradas por ELA y LAB, no habían participado.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera prudente la previsión de crecimiento de la economía vasca para 2022 –situada en el 6,4%–, pero cree que la estimación para este ejercicio, del 6,7%, es «muy poco probable», aunque «factible» dentro del contexto de incertidumbre actual. El organismo recuerda que las estimaciones macroeconómicas que se incorporen en los proyectos de presupuestos de todas las administraciones públicas deben contar con un informe suyo indicando si han sido avaladas. Según apunta, las previsiones para Euskadi resultan consistentes con las realizadas por otras instituciones y la propia AIReF. No obstante, alude a la existencia de «riesgos a la baja» derivados de la persistencia de la pandemia, así como la «incertidumbre» existente en torno al impacto macroeconómico del Plan de Recuperación a nivel de comunidades. Además, cree que a ello se añaden las presiones inflacionistas ligadas al incremento de los precios de las materias primas energéticas y la «emergencia de disrupciones» de la oferta de determinados insumos intermedios que pueden «lastrar la recuperación de la industria» de Euskadi.

«Euskaltel va a invertir en Euskadi 350 millones de euros en los próximos tres años. Creo que eso habla muy bien del compromiso y el arraigo que tiene MásMóvil con el País Vasco». Son las palabras de Meinrad Spenger, consejero delegado de MásMóvil, que ayer participó en el encuentro Deusto Business Alumni bajo el título: ‘Euskaltel, un refuerzo a la competitividad del País Vasco’. En la ponencia, que tuvo lugar en Tabakalera, participaron Agustín Garmendia, presidente de Deusto Business Alumni; Asier Atutxa, socio director de la zona norte de la consultora PwC; y el moderador del debate, Ivan Marten, presidente del Instituto Vasco de Competitividad (Orkestra). Evitar una posible fuga de clientes, no defraudar a quienes sienten que Euskaltel es algo más que una empresa y respetar los lazos emocionales de la marca con sus clientes son algunos de los retos a los que se enfrenta Spenger y MásMóvil. El empresario austriaco también quiso dejar claro que «no hemos comprado Euskaltel para hacer un negocio rápido, aunque cuando llegué a España hace 15 años puede que tuviese esa idea. Ahora tengo familia aquí y me siento un vasco más. Hemos llevado a cabo esta transacción porque existen unas sinergias muy importantes. Vamos a invertir 350 millones en los próximos tres años en dos áreas muy claras. La primera, renovar la red para utilizar fibra óptica más rápida (esperan llegar al millón de hogares en Euskadi a finales de año) y, la segunda, para desplegar el 5G (en la actualidad ya dispone de una red 5G que cubre al 57% de los vascos). Es un proyecto sólido a largo plazo». Ver nota Euskaltel. 

Máximo respaldo al Consejo Regulador y «todo el apoyo técnico» en defensa de «la unidad y la unicidad» de la Denominación de Origen, pero sin entrar en confrontaciones judiciales contra ‘Arabako Mahastiak-Viñedos de Álava’. Es el camino que va a seguir el Gobierno de La Rioja –liderado por el PSOE y Podemos–, que no presentará ningún recurso a la tramitación del expediente de la nueva denominación protegida avalada por el Ejecutivo vasco. El Ejecutivo riojano admitió ayer que «carece de legitimación» para ello, señaló la consejera riojana de Agricultura, Eva Hita, en el Parlamento. El Consejo Regulador sí ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia vasco. El Gobierno riojano, presidido por la socialista Concha Andreu, carece de «interés legítimo» para abrir la vía contencioso-administrativa porque Rioja es una denominación de origen «supraautonómica y al no existir afectación» de ‘Viñedos de Álava’ al ámbito de la comunidad de La Rioja «no estamos legitimados, como tampoco lo está el Ministerio de Agricultura», indicó la consejera. En este sentido, el expediente iniciado a petición de la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa (ABRA) ya está en manos del ministerio que dirige Luis Planas para que le dé traslado a Bruselas, donde sería sometido a aprobación. Si esto ocurre, las bodegas alavesas podrán elegir entre seguir bajo la Denominación Rioja o pasar a formar parte de la nueva. O, también, quedarse fuera de ambas.

No hay demasiadas esperanzas de que el Ministerio de Transición Ecológica modifique el contenido del decreto-ley que incluye un recorte inicial de 2.600 millones de euros en los ingresos de las compañías eléctricas por los elevados precios del gas, que incrementan el de la luz hasta niveles récord y por los que, según el Ejecutivo, se benefician indebidamente. La ronda de contactos de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, con los ejecutivos del sector apenas mueve la posición gubernamental. Tras el encuentro del jueves con el consejero delegado de Endesa, José Bogas, ayer fue el turno del primer ejecutivo de EDP. El miércoles próximo pasarán por el despacho de Ribera los presidentes de Iberdrola, Ignacio Galán, y Naturgy, Francisco Reynés. Pero el «escepticismo» reina en el sector ante la posibilidad de que el decreto incorpore algún cambio de calado. Fuentes del sector energético apuntan que en el Gobierno han tomado conciencia de la complejidad de aplicar una norma que detrae ingresos con la justificación de que se generan beneficios «excesivos», como llegó a calificarlos la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. En el Ejecutivo insisten en que «se sigue trabajando para superar una coyuntura extraordinaria» y que prefieren «una solución de ámbito europeo» frente a las nacionales.

Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, la segunda compañía energética del mundo, se muestra muy crítico con el presidente Pedro Sánchez. “Lo que no puede ser es que el Gobierno tenga a la oposición dentro del propio Gobierno. Con extremistas dentro del Ejecutivo no se puede gobernar”, declara a EL PAÍS. “Claro que este ambiente de confrontación actual no es bueno para España y la recuperación, pero yo le atribuyo la mayor responsabilidad al que tiene el poder real para actuar”, añade. La vicepresidenta Nadia Calviño pidió esta semana desde La Rioja “sensibilidad y prudencia” a las empresas. Sánchez Galán ha fichado al socialista Antonio Miguel Carmona como vicepresidente para gestionar esta situación de crisis. El Ejecutivo cree que ha sido una mala elección y reprocha a Sánchez Galán que no escuche.

La patronal CEOE trasladó este miércoles a puerta cerrada a la responsable en la Comisión Europea de los nuevos fondos, Céline Gauer, que no va a aceptar la reforma laboral tal y como la está planteando la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. Este mensaje directo de los empresarios a los enviados de Bruselas es un revés para el Gobierno, puesto que la Comisión Europea considera clave que esta reforma en España sea objeto de acuerdo de todos los agentes sociales. El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, confirma a este diario que ésa es la posición trasladada a la representante de la Comisión. «Con la reforma laboral de Yolanda Díaz, tal y como la está planteando, es imposible un acuerdo. Está en las antípodas de lo que se necesita para que las empresas creen empleo», asegura el dirigente empresarial. El presidente de CEOE señala que lo conocido hasta ahora es «una operación política, no es un planteamiento de reforma laboral técnico» y subraya que Díaz reivindicó su propósito de «derogar la reforma laboral» en las fiestas del Partido Comunista de España el pasado 26 de septiembre. «No vamos a admitir un uso político de la reforma laboral», afirma. Garamendi declina comentar la posición que trasladó Gauer, pero repite que «lo que escuchamos de la Comisión Europea sobre la normativa laboral no es lo que dice el Gobierno».

El Gobierno ultima la firma de un contrato con la Comisión Europea en el que se incluirán las especificaciones técnicas de cómo se debe cumplir con las inversiones y reformas comprometidas. A cambio de completar estos hitos, España recibirá unos 70.000 millones en ayudas no reembolsables a lo largo de cuatro años. El documento que se va a suscribir se ha bautizado como Operational Arrangement (acuerdo de funcionamiento en español). Este define con un mayor detalle cómo se verificarán los objetivos ya comprometidos con el Consejo de líderes europeos, se tendrá en cuenta para la valoración del cumplimiento y, por ahora, no existe la intención de que se haga público, según confirman fuentes gubernamentales. Según explican fuentes conocedoras, el documento principal es el que ha fijado el Consejo Europeo, que ya se publicó en junio y que establece con claridad las condiciones, incluyendo los hitos y objetivos. En el Operational Arrangement simplemente se concretarán los detalles, los indicadores y plazos que se van a revisar, y el acceso a los datos.

La «recuperación justa» que promete el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2022 también tendrá que ser vigorosa si el Gobierno quiere cumplir sus estimaciones de recaudación. La propuesta para las nuevas cuentas públicas se asienta sobre la base de que la economía española crecerá un 6,5% este año y un 7% el que viene. Unas cifras que ya fueron puestas en cuestión tras la rebaja de previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE), al que ya han seguido otros organismo como el Consejo General de Economistas, que ahora cree que el PIB nacional limitará su crecimiento al 5,8% este año. «Con lo que no contábamos era con el repunte de la inflación ni con un crecimiento inferior al que en principio parecía esperarse, por lo que es posible que esto acabe mermando la recaudación prevista para atender el aumento del gasto y que aumente el déficit», advierte Valentín Pich, presidente de la institución. Pese a las dudas sobre el ritmo de salida de la crisis, el Gobierno confía en que el rebote del consumo se mantenga de la mano de la mejora que también espera en el mercado laboral. De ahí que los nuevos Presupuestos marquen unos ingresos tributarios casi históricos de 232.352 millones de euros, un 8% más que los 215.000 millones con los que se confía despedir este año. 

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía en que el tirón del ciclo positivo tras el impacto de la pandemia que auguran los organismos internacionales en los próximos años sirva para que las cuentas públicas se ajusten casi automáticamente. Y así lo ha plasmado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022. El documento contiene una senda vertiginosa de reducción del déficit público: desde el 10,95% del PIB en 2020, casi el mayor desfase de la historia, hasta el 3,4% a cierre de 2024. De cumplirse —no olviden aquello del economista británico John M. Keynes: “En el largo plazo, todos muertos”—, sería el mayor y más rápido ajuste presupuestario de la historia reciente y, sin duda, menos doloroso que el de la anterior crisis. La recesión desatada por la pandemia empujó a la economía española a territorios inexplorados. La perturbación del año pasado no tuvo parangón en este siglo, como tampoco lo tendrá la recuperación del próximo año. El Ejecutivo presentará la semana que viene a la Comisión Europea el plan presupuestario de España, que incluirá algún detalle adicional sobre la hoja de ruta de consolidación fiscal. Mientras tanto, los Presupuestos de 2022 no recogen ninguna medida de ajuste que ayude a enjugar el desequilibrio de las cuentas públicas, en las que los gastos superan con creces a los ingresos. Este desfase contribuirá a elevar la deuda pública hasta el 119,5% del PIB a final de este año, una de las mayores tasas de deuda de la UE, tras Grecia, Italia o Francia.

Las patronales CEOE y Cepyme advirtieron ayer al Gobierno de que los Presupuestos Generales del Estado del próximo año aumentan la presión fiscal, perjudican por ello a las empresas, y retrasan el saneamiento de las finanzas públicas. A la espera de conocer con detalle los presupuestos, las organizaciones empresariales hicieron una primera valoración muy crítica sobre el proyecto de ley que el Ejecutivo presentará la próxima semana en el Congreso de los Diputados. “Los Presupuestos aumentan la presión fiscal sobre el ahorro y las empresas. La presión sobre estas últimas es 1,5 puntos superior a la media de la Unión Europea”. Es decir, que, según los empresarios, las firmas españolas aportan en impuestos un 11,1% del PIB, y un 39,1% de los ingresos, frente al 9,6% y el 24,6% de media entre sus competidoras de la UE. Por lo tanto, la patronal sostiene que la introducción de un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible en el Impuesto de Sociedades “va a perjudicar a las empresas más internacionalizadas y que, además, realizan un esfuerzo mayor en investigación y desarrollo”. En la política fiscal, también, CEOE critica la decisión del Gobierno de hacer un nuevo recorte en las aportaciones individuales, con deducción fiscal, a los planes de pensiones. Ver nota CEOE. 

La crisis legal que han abierto los magistrados locales al rechazar la supremacía de la Alta Corte de Luxemburgo sobre su Carta Magna no tiene, al menos de momento, el calibre del Brexit, aunque sí es cierto que genera una situación de incertidumbre cuyo alcance está por ver. El primer ministro, Mateusz Morawiecki, afirmó ayer que su país desea seguir dentro de la Unión y descartó que la polémica sentencia del tribunal asegurando que algunos artículos de los Tratados europeos son «incompatibles» con la Constitución polaca vayan a provocar un ‘Polexit’, tal y como han advertido algunos expertos. ¿Por qué podría ser así? Pues, según la resolución judicial, porque esas incompatibilidades afectan a la propia soberanía de Polonia y la Corte ha llamado al orden a las instituciones europeas para que no actúen «más allá de sus competencias» ni interfieran en la reforma judicial polaca. El toque de atención es severo y ni las declaraciones de Morawiecki han calmado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien también ayer recordó a los magistrados polacos que «el Derecho europeo tiene primacía sobre el Derecho nacional, incluidas las disposiciones constitucionales», y la UE hará valer «todos los poderes» para hacer cumplir esta regla. Von der Leyen reconoció que está «profundamente preocupada por la sentencia», que será examinada «a fondo y con rapidez» por los servicios jurídicos comunitarios.