20261001

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

La falta de vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para las empresas vizcaínas a la hora de atraer y retener trabajadores según el presidente de Cebek, Guillermo Buces. El mayor responsable de la Confederación Empresarial de Bizkaia ha señalado en 'Hoy por Hoy Bilbao-Bizkaia' que el problema habitacional no es únicamente social, sino que afecta directamente a la competitividad empresarial. El presidente de Cebek ha defendido que, además de mejorar los salarios, es necesario aumentar la oferta de vivienda. Respecto a los salarios, Buces ha defendido que las empresas deberían pagar más cuando su situación económica se lo permita, aunque ha advertido de que no todas tienen la misma capacidad. A su juicio, los incrementos salariales deben estar ligados a la "competitividad, la eficiencia y la capacidad de cada compañía para generar recursos". Sin embargo, Buces ha alertado de que los conflictos, por ejemplo, entre Estados Unidos e Irán están "atemorizando" a las empresas vizcaínas. Uno de los ejemplos aportados por Buces es el de las Artes Gráficas, sector al que pertenece su empresa. Según ha explicado, desde mayo los precios de las materias primas han aumentado más de un 30%. En algunos casos, ha señalado, las empresas no pueden trasladar ese incremento a sus clientes y terminan reduciendo sus márgenes o incluso vendiendo a pérdidas. Escuchar entrevista Cadena SER

Euskadi sigue perdiendo peso económico en España. El año pasado el Producto Interior Bruto (PIB) generado en el País Vasco apenas supuso el 5,7% del total nacional, un nuevo mínimo histórico, según la serie de contabilidad regional publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De acuerdo con esos mismos datos, en el año 2000 el porcentaje se elevaba al 6,3%, lo que refleja el declive de una comunidad lastrada por las dificultades de la industria, la menor fuerza del turismo o una población mucho más envejecida que aumenta a un ritmo muy inferior al del conjunto del país. La pérdida de peso viene de lejos. No hay que olvidar que en 1988 la primera Ley de Cupo estableció como buena una participación vasca en los gastos transferidos del 6,24%, que se ha mantenido inalterable hasta ahora a pesar de que ha quedado totalmente desfasada. Y es que el porcentaje que aporta Euskadi a la riqueza nacional ha bajado progresivamente, especialmente en los últimos años. En 2016 aún se mantenía en el 6%, pero ha ido cayendo hasta situarse en el 5,65% actual (en 2024 estaba ligeramente por encima del 5,7%) Esta tendencia descendente es una derivada de que Euskadi lleva años situándose a la cola de España en el crecimiento económico. 

El proyecto beneficiará a once proveedores vascos y permitirá a la planta de Vitoria compatibilizar el montaje de furgonetas de combustión y eléctricas. Flexibilidad, flexibilidad y más flexibilidad. Ese ha sido el mantra que ha guiado en los últimos años la dirección de Mercedes Vitoria con Bernd Krottmayer al frente. Tras una inversión de más de 1.000 millones de euros que ha capacitado a la fábrica para producir las nuevas furgonetas eléctricas, la factoría de la Avenida de Los Huetos afronta ahora el reto de compatibilizar la elaboración de modelos ‘full-electric’ como el VLE y los tradicionales de la anterior plataforma de combustión, como la Vito. Para ser capaz de alternar una EQV (a futuro) con una VLS y una Vito, el grupo alemán y el Gobierno vasco han decidido poner en marcha una inversión público-privada de 181 millones más entre este ejercicio y 2028. Se trata de uno de los‘proyectos transformadores’ que el Ejecutivo está lanzando dentro del Plan de Industria, que busca fortalecer al sector en lo que queda de década.

La descarbonización de la industria es uno de los procesos alrededor de los cuales va a girar la economía en las próximas décadas. Y para ello la electrificación desempeña un papel esencial. Pero se trata de un desafío enorme, que va a requerir el esfuerzo conjunto de administraciones, empresas y sociedad, además de una inversión financiera y un serio impulso al mercado de trabajo: en Euskadi se necesitan ingenieros y personal con formación en grados tecnológicos. La carencia de perfiles profesionales adecuados es uno de los retos de presente ya para las empresas vascas del sector, que no obstante ven en la electrificación una gran oportunidad de negocio. Diversos sectores industriales, como el de la energía, la Inteligencia Artificial, la automoción o la construcción están insistiendo en los últimos tiempos en la idea de que faltan perfiles laborales con la formación idónea es uno de sus principales problemas. Asís Canales, director global de Recursos y Servicios de Iberdrola, recordó que el "primer reto" es la "capacidad de ejecución". Es decir, disponer del personal cualificado para ello. "Nos faltan personas, eso es lo que más nos preocupa. Abordamos proyectos serios que necesitan formación específica", señaló Canales. "Hay una competencia brutal por el talento", remarcó el ejecutivo, que reclamó también unas políticas de atracción de talento desde fuera de la CAV que incluyan "no solo aspectos como el sueldo, sino también vivienda, conciliación, la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida..."

La diputada general alerta de que un buen trabajo ya no garantiza por sí solo que no se vayan. Ya se pueden pensar todas las fórmulas que se quieran para estimular la economía, que todo pasa por que los jóvenes puedan emanciparse para iniciar su proyecto de vida y por que aquellos que quieran establecerse en el territorio tengan dónde hacerlo. Sin eso el camino se complica, vino a decir ayer Elixabete Etxanobe. «Tener un trabajo de calidad ya no garantiza que una persona construya su vida aquí». Partiendo de esta premisa la máxima responsable foral reivindicó la fiscalidad vizcaína –«tenemos capacidad de reaccionar en semanas a lo que a otros les lleva años»– como potente herramienta para echar un cable a quienes tienen una vivienda en propiedad o consiguen alquilarla. Tras los ajustes tributarios pactados el año pasado por PNV y PSE con Podemos, Etxanobe cifró en 339 millones los que ha devuelto Hacienda en la última campaña de la Renta gracias a las deducciones relacionadas con la vivienda a 266.000 contribuyentes. De ellos, 63.000 son menores de 36 años.

La nueva etapa de Papresa bajo el control de CL Grupo Industrial llega acompañada de una revisión al alza de la deuda de la papelera de Errenteria. La lista definitiva de acreedores elaborada durante el procedimiento concursal eleva el pasivo reconocido a 133,23 millones de euros, frente a los 70 millones estimados cuando la compañía solicitó el concurso voluntario el pasado 17 de abril. La diferencia no significa que Papresa haya generado 63 millones de deuda adicional en apenas unos meses. Los 70 millones constituían una primera aproximación al endeudamiento de la compañía, mientras que los 133,23 millones corresponden a los créditos comunicados, revisados y reconocidos por la administración concursal dentro del procedimiento. Conviene resaltar que este incremento de la deuda no afectará en ningún caso al desarrollo empresarial de CL Group en esta nueva etapa de Papresa. Del importe total, 131,38 millones corresponden a créditos concursales y 1,85 millones a créditos contra la masa, vinculados a obligaciones generadas durante la tramitación del concurso. La documentación identifica además a 460 acreedores, entre entidades financieras, proveedores industriales, empresas de transporte, compañías energéticas, administraciones públicas y trabajadores.

El nuevo escudo anticrisis que aprobó el martes el Gobierno para paliar el impacto de la guerra en Oriente nace sin el respaldo del tejido productivo vasco. Los sectores más afectados por el encarecimiento de la energía coinciden al afirmar que el paquete de ayudas se queda corto en su intento por amortiguar la asfixia de sus costes operativos. El agrario es uno de los sectores más damnificados por la subida de costes. Según Xabier Iraola, coordinador de la organización agraria ENBA, «en enero el litro de gasóleo profesional costaba 0,92 euros y ahora 1,57. Ha subido 65 céntimos en nueve meses». En este nuevo paquete de medidas, el Ejecutivo ha prorrogado el descuento de 20 céntimos por litro de este combustible, algo que ENBA considera «totalmente insuficiente». Otro de los sectores más afectados es el siderúrgico. Asier San Millán, director general del clúster Siderex, cree que el escudo aprobado por el Gobierno es «útil para paliar el conflicto ahora, pero ineficaz para solucionar nuestros problemas a medio plazo». Como medida más destacada, apunta, está la bonificación del 80% de los peajes eléctricos para las fábricas de gran consumo eléctrico, algo que «en realidad no es nuevo», porque ya venía incluido en el paquete aprobado en marzo. Sea como sea, explica que ya hay empresas que están ajustando su producción a las horas más baratas de la energía y advierte de que «si la situación se alarga, las consecuencias serán peores». El descontento también es generalizado entre los transportistas. 

El resultado que revierte la situación es la reducción de los gastos financieros. Los costes de la deuda ya cayeron un 25% hasta abril y ahora, al sumar el segundo trimestre, el impacto positivo se ha acelerado, alcanzando un ahorro acumulado del 26,65% (59,69 millones). Eroski cerró el primer semestre de su ejercicio fiscal –finalizado el 31 de julio– con un beneficio de 65,43 millones, un resultado que supone un incremento del 17,94% con respecto a los 55,48 millones obtenidos en el mismo período del pasado ejercicio. Tras esta subida hay un récord de las ventas brutas, que ascendieron por encima de los 3.000 millones (hasta los 3.061 millones), lo que representa un ascenso interanual del 3,8%. La cifra neta de negocio, según la información entregada a la CNMV (la cooperativa tiene esta obligación por la emisión de bonos de renta fija), se situó en 2.880 millones, un 3,99% más. De ese total, el 90% del negocio corresponde a la división alimentaria (supermercados de cercanía, franquicias e hipermercados), que rozó los 2.820 millones de euros. El resto procede de otras actividades como las ópticas y tiendas de artículos deportivos (Forum Sport) y, por última vez, las estaciones de servicio, ya que fueron vendidas en junio a Petroprix. 

Tras dos años de vaivenes, Stansol abandona Azucarera. La firma alavesa, especializada en estructuras renovables, ha comenzado ya las obras para instalar su nueva sede en el fallido asador Aranda. Los gremios ya trabajan en el bajo de Portal de Castilla con el objetivo de tener listas las oficinas «hacia el 20 de octubre», según indicaron fuentes de la empresa alavesa. La lonja del histórico restaurante tendrá así una segunda vida 28 años después de su primera apertura. Stansol, que fabrica estructuras metálicas para el sector renovable, era una de las afectadas por el frustrado traslado de un «proyecto estratégico» de Mercedes Vitoria a Azucarera. En su momento, Sprilur informó a las firmas que ocupaban la planta baja del edificio –Ayesa, Ajebask y la propia Stansol– que no se renovarían los alquileres de sus oficinas para hacer hueco a la multinacional alemana, que «contempla la utilización de la planta baja del edificio Azucarera» y que lo iba a hacer «por fases entre 2025 y 2026». Sin embargo, el gestor público de este espacio confirmó un tiempo después que esos planes se habían quedado en papel mojado. El anuncio de Sprilur hizo que en su momento los inquilinos moviesen ficha.

La Universidad Euneiz inauguró este miércoles de forma oficial el curso académico 2026-2027 con el anuncio de la puesta en marcha de un nuevo centro estratégico para la capital alavesa. Se trata de su futura clínica universitaria, un centro docente y asistencial que abrirá sus puertas en el barrio de El Pilar durante el primer trimestre de 2027, con el objetivo de unir formación práctica, investigación aplicada y servicio directo a la ciudadanía. El acto de apertura oficial del quinto año de actividad académica de la universidad privada contó con una destacada representación institucional liderada por el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias. El presidente de la institución, Jordi Roche, mostró su «satisfacción» por la puesta en marcha de esta infraestructura en El Pilar, calificándola como «uno de los grandes hitos de nuestro desarrollo institucional». Según detalló Roche, la clínica nace concebida como «un espacio de vanguardia donde formación práctica, atención a la ciudadanía e investigación aplicada convivirán para generar valor compartido».

El fenómeno es común a toda España, donde el precio de la vivienda ha subido un 14,7% en solo un año. En Euskadi el incremento es aún mayor, del 15,2%. Eso sí, las subidas más intensas se concentran en núcleos urbanos distintos de las capitales, cosa que se deduce por el hecho de que en éstas no se alcanza ese porcentaje, aunque los precios también están disparados. Bilbao es la que más repunta. En concreto, lo hace un 13,3%, frente al 6,4% de San Sebastián y el 12,4% de Vitoria. Eso sí, la capital vizcaína está lejos de tener unos pisos tan caros como la donostiarra, la más inaccesible de España y la única que ha superado los 5.000 euros por metro cuadrado (en concreto, son 5.026). Bilbao, por su parte, está en 3.347. Hay en este sentido un dato relevante para poner la situación en perspectiva histórica: estamos a punto de llegar a los máximos de 2008, según los datos de Tinsa. 

Por un lado, para los fondos considerados buitre –definidos en este caso como entidades dedicadas a comprar inmuebles o hipotecas impagadas para maximizar su rentabilidad–, para los cuales no se contempla ninguna compensación económica. En estos supuestos, será la Justicia quien deba valorar si la entidad tiene consideración de “especulativa” y proceder a la paralización del proceso de lanzamiento. Las comunidades autónomas podrán asumir voluntariamente la deuda, cancelando la paralización del desahucio. Más tarde la asumiría el Estado, si bien fuentes del Ministerio de Vivienda afirman que tendrán que valorar más adelante las cantidades, después de valorarlo con el departamento de Hacienda que lidera Arcadi España. En los casos en los que el propietario no es considerado buitre, los jueces deberán pedir en primer lugar a los servicios sociales de las comunidades que ofrezcan una alternativa habitacional. De lo contrario, las comunidades autónomas deberán pagar al propietario una compensación económica por las rentas dejadas de percibir, que más tarde, según matizan las mismas fuentes, será traspasada por el Estado...En paralelo, el primer decreto de vivienda incluye una prórroga de hasta dos años para todos los contratos que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 que deberá solicitarse en dos fases. Los propietarios estarán obligados a aceptarla en prácticamente todos los casos, por lo que algunos contratos podrían extenderse hasta finales de 2030 sin actualizar la renta. Los inquilinos cuyo contrato venza antes del 31 de diciembre de 2028 podrán solicitar una prórroga inicial de un año en sus contratos de alquiler, ampliable por un segundo ejercicio. Para poder solicitarla, es necesario estar al corriente del pago de la renta y no haberse retrasado en ninguna ocasión durante al menos los ocho meses anteriores a la solicitud. Los caseros, por su parte, estarán obligados a aceptar la prórroga extraordinaria, manteniendo los términos del contrato vigente. Es decir, sin subir la renta. Ver decreto en BOE. 

Más inseguridad jurídica, más incertidumbre, menos oferta de vivienda en alquiler –con el consiguiente aumento de precios– y un freno para la inversión en nuevas promociones para alquilar. Son las conclusiones preliminares que los expertos inmobiliarios y las asociaciones del sector hacen de los dos decretos de vivienda aprobados el martes por el Consejo de Ministros y que el Congreso de los Diputados votará mañana tras la convocatoria de un pleno extraordinario...Uno  de los grandes temores del sector es la caída de la oferta de viviendas en alquiler, debido a que las medidas que el Gobierno quiere aprobar mañana en el Congreso de los Diputados “no cuentan con el consenso de la otra parte fundamental del mercado, de los propietarios particulares, que concentran alrededor del 85% de las viviendas en alquiler”, recuerda María Matos, directora de Estudios de Fotocasa. Según señala la experta, el incremento de las obligaciones y de la incertidumbre regulatoria desincentiva la permanencia de las viviendas de estos pequeños propietarios en el alquiler residencial. “De hecho”, reseña, “nuestros estudios muestran que el 34% de los propietarios con contratos próximos a finalizar prevé abandonar el alquiler residencial tradicional; un 24% contempla vender la vivienda; un 8% trasladarla al alquiler por habitaciones; y un 2% al alquiler vacacional”, algo que en su opinión “resulta muy preocupante en un mercado que ya atraviesa la peor crisis de oferta de la historia”, con la reducción a la mitad de la oferta de arrendamientos disponible en los últimos cinco años.

Pedro Fernández Alén (Badajoz 1974) preside desde 2021 la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), el organismo empresarial que agrupa a 65 asociaciones del sector. Fernández Alén asiste estos días a un debate que lleva tiempo anticipando pero que, advierte, va por un camino que no conduce a dar salida a la presión que supone para jóvenes y mayores, propietarios e inquilinos, familias, solteros, personas de derechas o izquierdas... la falta de un millón de viviendas. «Esto que se ha aprobado es un paliativo que tiene alguna medida positiva pero no ataca el problema. El diagnóstico está claro desde hace años y es que no hay oferta pero para cambiar las cosas hace falta una capacidad de acuerdo que hoy no tienen los políticos»,  resume. "Contienen medidas positivas como la reducción del IVA en la construcción de vivienda protegida al 4%. Luego también hay protección contra los desahucios, el castigo a la compra especulativa, la regulación del alquiler de temporada, pisos turísticos... Son decretos enfocados al alquiler, a dar respuesta al estallido de un movimiento social que no tiene que ver con el problema general de la vivienda, que es mucho mayor y que no aspira a atajar...Parten de un principio que es el de proteger al vulnerable, que no se discute. Pero cargan la responsabilidad de la protección del vulnerable sobre los propietarios de las viviendas y así lo que se consigue es que los propietarios tengan miedo porque lo van a tener más difícil..."

"...Según datos del Banco de España, en 2025 se construyeron unas 95.000 viviendas y se crearon 240.000 hogares. No hay decreto capaz de resolver semejante desfase si no se aumenta el parque de vivienda y ninguno de los dos Decretos aprobados ayer por el Gobierno habla de ello. En cambio, llevamos años hablando de topar el precio de los alquileres, declarar zonas tensionadas, gravar al sector turístico y regular el alquiler de temporada, conceder ayudas para la compra de primera vivienda y desgravar fiscalmente los alquileres. Todas esas fórmulas ya se han ensayado y ninguna ha conseguido acabar con el problema. Al revés, han retraído aún más la oferta y, en consecuencia, se ha incrementado el precio del alquiler disponible. Porque modificar las condiciones del mercado no resuelve su principal carencia. Y es que faltan casas. La insuficiencia de suelo urbanizable, la escasez de mano de obra, los escasos márgenes y los elevados costes, en parte por la cantidad y cuantía de los impuestos y la lentitud en la tramitación de un sin fin de licencias y permisos alarga hasta el absurdo la puesta de una vivienda en el mercado, sea esta para uso público o privado. Pero lo que le exige la alegre muchachada de Sol a este Gobierno tan progresista no es que fomente que se construya más para que el precio caiga por el peso de la oferta, ni que cumpla la promesa que hizo Sánchez de construir unas 200.000 viviendas de interés social de las que nunca más se tuvo noticia, sino que arrebate la propiedad a los tenedores de vivienda que identifica como «fondos buitre», aunque no siempre lo sean; que apruebe una ley antidesahucios con nombre de mujer y que establezca una prórroga automática y universal de los alquileres. Lo que, en la práctica, viene siendo una expropiación encubierta. La pregunta es ¿qué arrendatario en su sano juicio va a querer poner su vivienda en alquiler en tales condiciones?..."

Malos tiempos para los hipotecados a renta variable y para los hogares que necesitan financiación para comprar una vivienda. El euríbor a 12 meses certificó ayer la cuarta subida mensual consecutiva. Un rally que ha llevado su media mensual desde el 2,79% hasta el 3,24%, el nivel más alto desde agosto de 2024. El índice hipotecario arrancará el mes de octubre desde el 3,32% al que cerró ayer a tipo diario. A los niveles actuales, el coste de una hipoteca variable media de un importe de 150.000 euros contratada a un plazo de 25 años, con un diferencial del 1% sobre el euríbor y revisión anual, subiría unos 87 euros al mes, hasta los 937 euros mensuales. Con las mismas condiciones, un préstamo que se revisa cada seis meses se encarecería en unos 56 euros mensuales. El incontenible avance del euríbor también tiene un impacto directo en el coste de los nuevos préstamos para vivienda.

Entrevista con Marina Serrano, presidenta de Aelec. La jefa de la patronal que agrupa a Iberdrola, Endesa o EDP insta a los políticos a abrir un debate nacional sobre fiscalidad energética y pide «no poner barreras» a los centros de datos. "nte situaciones excepcionales, son necesarias medidas de apoyo para proteger a los consumidores y empresas más afectados. Pero España necesita abordar un debate más estructural sobre su fiscalidad. Para reducir la dependencia exterior, no tiene sentido subvencionar o mantener una ventaja fiscal al gas y combustibles fósiles frente a la electricidad que producimos aquí. España cuenta con unos precios mayoristas de la electricidad de los más competitivos de Europa. Debemos aprovechar esa ventaja, no introducir señales que incentiven el consumo de combustibles importados...Las circunstancias son distintas a las de 2022. Con la penetración renovable que tenemos, el hueco que cubre el gas es mucho más pequeño. Además, tres de cada cuatro consumidores tienen un contrato a precio fijo. Una intervención así es una restricción al mercado, y su sobrecoste lo acabarían soportando precisamente quienes se han esforzado en tener una cobertura y un precio fijo...2

La gran distribución española afronta cada año 240 millones de euros de coste por absentismo, el equivalente al 21% de su inversión anual. Un problema especialmente relevante en un sector que depende de la presencia física de sus plantillas para mantener abiertas las tiendas, atender al cliente y sostener la logística. Es la radiografía que dibuja el informe Absentismo en retail y gran distribución, elaborado por Anged y The Adecco Group Institute. La tasa de absentismo en el comercio ronda el 8%, por encima del 7,6% de la media nacional, que ya marca su máximo histórico. Y sigue al alza: más del 80% de las empresas de Anged–entre ellas El Corte Inglés, Ikea, Carrefour oAlcampo– asegura que ha aumentado en los últimos tres años. El impacto se multiplica, además, en un sector que depende por completo de la presencia física de sus plantillas. Cada ausencia imprevista obliga a rehacer turnos, retrasa la reposición, complica la logística y puede poner en riesgo la continuidad del servicio. El problema se concentra especialmente en las tiendas, en los puestos operativos y de atención al público, mientras que la logística y los servicios centrales se mantienen más controlados. «El absentismo no es solo una tasa, es un síntoma que nos está indicando que algo no funciona», resume la presidenta de la asociación, Matilde García Duarte.

Que las mutuas puedan decretar más altas en las contingencias comunes es una petición patronal histórica, más desde que los índices de incapacidad temporal se han disparado en España. Aunque en los últimos datos se observa una atenuación del fenómeno, está en máximos desde que hay registros consolidados de la Seguridad Social. La patronal protesta por el coste que la incapacidad temporal implica para las empresas, que CEOE estima en unos 17.000 millones de euros (a los que se suman otros 18.000 públicos). Los sindicatos rechazan el plan de Feijóo porque, dicen, casos como el de Atiénzar son “muy habituales”. Unai Sordo, secretario general de CC OO, se opone a la propuesta de Feijóo porque considera a las mutuas “juez y parte”. “Las mutuas se nutren de recursos de la Seguridad Social, pero en sus órganos de gobierno mandan las empresas”, denuncia. Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, sostiene: “Darle la facultad de decidir cuándo termina esa baja es dejar la salud de la persona trabajadora en manos de quien tiene un interés económico directo en que vuelva a su puesto cuanto antes. Eso no es gestión sanitaria: es un conflicto de intereses”.

El proyecto de crear un bizum europeo, que vincule las soluciones de pagos que ya operan en los distintos países y permita a los clientes de distintos lugares hacer microtransferencias entre sí o pagos en comercios, cogió ayer velocidad de crucero. Cuatro soluciones que ya operan en 13 países —la española Bizum, la italiana Bancomat, la portuguesa MB Way, la nórdica Vipps MobilePay y Wero, la gran plataforma que se extiende en países como Francia o Alemania— acordaron la creación de una sociedad, llamada la European Network of Payments, que conecte todos estos sistemas, y eligieron Madrid como sede. La idea es que la solución paneuropea ya esté en marcha a lo largo de 2027, según explicó en una rueda de prensa el director de Expansión Internacional de Bizum, Fernando Gera, donde compareció con sus homólogos del resto de países involucrados. En un primer momento estarán disponibles las transferencias entre particulares, para después permitirse los pagos en comercios. La solución comenzará operando en 13 mercados, aquellos en los que están presentes las cuatro plataformas que serán los accionistas de la sociedad paneuropea (y, a través de ellos, los bancos europeos). Serán España, Portugal, Italia, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Luxemburgo, Austria, Noruega, Dinamarca, Suecia y Finlandia. Esto supone que la herramienta tendrá un alcance de 130 millones de usuarios, el 70% de la población de la Unión Europea, si bien dejan la puerta abierta a que se incorporen nuevos países en el futuro.

Telefónica dio ayer un nuevo paso en la reorganización de su estructura tras desprenderse de sus filiales latinoamericanas. Entre las medidas aprobadas por el consejo de administración figura la supresión del consejo de Movistar Plus+, del que formaba parte el expresidente del PNV Andoni Ortuzar. El dirigente jeltzale, a quien Aitor Esteban relevó al frente del partido el pasado año, se había incorporado a PwC en septiembre como asesor externo especializado en asuntos públicos y comunicación. Su etapa en la consultora, sin embargo, apenas duró tres meses. En diciembre abandonó la firma para entrar en el consejo de Movistar Plus+, ya que la condición de PwC como auditora de Telefónica hacía incompatibles ambos cargos. Desde Telefónica consideraron entonces que la incorporación de Andoni Ortuzar permitiría reforzar «la interlocución pública», las relaciones institucionales y «la lectura estratégica del entorno regulatorio audiovisual».

El Boletín Oficial del Estado de ayer, pendiente de una incierta convalidación parlamentaria, crea dos nuevas figuras legales con exenciones tributarias totales o parciales, destinadas a promover la inversión en renta variable y fondos, y susceptibles de revolucionar el panorama de la inversión en España. La figura más novedosa es la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa, inspirada en el ejemplo de la cuenta sueca y reclamada por las autoridades internacionales o europeas (OCDE o Comisión) y el sector financiero, incluida la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), supervisor de los mercados, BME, gestora de la Bolsa española, o el propio Tesoro, dependiente del Ministerio de Economía. Es una cuenta fiscalmente bonificada cuyo objetivo es agrupar inversiones en activos europeos, tanto acciones de empresas europeas como fondos de inversión, también cotizados, enfocados en Europa. El rendimiento de esta cuenta está exento de tributación en sus primeros 10.000 euros, si la cuenta se mantiene cinco años. 

Ormuz está lejos de ser lo que era antes de que Donald Trump dinamitase todo: un estrecho que, aunque enclavado en una región de lo más caliente, permitía la navegación libre y segura de ingentes volúmenes de petróleo y gas de Oriente Próximo. Algo, sin embargo, se mueve en los últimos días, con muchos más cruces que en los meses más recientes. Algunos analistas, de hecho, sitúan el tránsito de crudo por la zona cerca de los niveles previos a la primavera pasada y de los del efímero alto el fuego, allá por junio. “Las arterias de exportación de petróleo de Oriente Próximo vuelven a fluir”, disparaban el martes los analistas del banco de inversión estadounidense JP Morgan. Sus cálculos apuntan a un rebote hasta unos 17,5 millones de barriles diarios, el 98% de lo que se movía por la zona antes de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. En todo caso, los ataques a buques continúan e impiden que el precio del oro negro descienda de forma significativa. 

Donald Trump ha llevado a los padres de la inteligencia artificial (IA) a firmar un compromiso de autorregulación, negro sobre blanco, que exorcice los llamamientos a frenar una carrera tecnológica que está decidido a ganarle a China a toda costa. Los principales responsables de Anthropic, OpenAI, Google, xAI, Meta y Nvidia firmaron un documento conjunto con el presidente de EEUU en el que se comprometen a establecer controles internos y externos suficientes como para garantizar la seguridad de unos modelos que, de momento, ya han hackeado autónomamente desde empresas privadas a administraciones públicas. “Con el fin de construir un futuro positivo para el pueblo estadounidense y el mundo, creemos que cada empresa tiene la responsabilidad de desarrollar su propia tecnología de forma segura y de manera que genere confianza entre sus clientes y el público”, reza el arranque del Compromiso Conjunto sobre Responsabilidades en la Frontera Tecnológica. Los denominados Acuerdos de la Casa Blanca en SuperInteligencia, que es como Trump ha decretado rebautizar la inteligencia artificial, fueron sellados después de un encuentro en el que participaron Dario Amodei, consejero delegado de Anthropic (Claude); Greg Brockman, presidente de OpenAI (ChatGPT); Elon Musk, reponsable de xAI (Grok); Sundar Pichai, CEO de Google (Gemini), y Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft (Copilot); así como Jensen Huang, CEO de Nvidia, líder en los chips que soportan la IA; Mark Zuckerberg, responsable de Meta (Facebook, Instagram o Whatsapp); Jeff Bezos, fundador de Amazon; o Alex Karp, CEO de Palantir, el Gran Hermano digital que usa la IA para asesoría militar.

La empresa investiga cómo crear servidores en la órbita terrestre, aunque va a la zaga en una carrera liderada por SpaceX. Un cohete Falcon 9 despegará hoy desde California con el primer satélite del proyecto Suncatcher, una iniciativa a largo plazo de la tecnológica Google para explorar cómo enviar al espacio centros de datos con una capacidad similar a los terrestres. Si todo va bien, el lanzamiento se producirá pasadas las ocho de la tarde, hora peninsular española. Las grandes compañías tecnológicas aspiran a que el espacio sea un lugar privilegiado donde desplegar grandes servidores, en parte para escapar de los impactos sociales y ambientales que estas grandes infraestructuras generan en la Tierra.

Rusia ha entrado en una nueva escalada de amenazas contra la OTAN y sus aliados. Moscú acusa a la Alianza de estar preparando posibles acciones para bloquear Kaliningrado, un territorio ruso en la zona báltica, y ha advertido de que estaría dispuesta a recurrir a sus armas nucleares si la organización militar intenta aislar de alguna manera el enclave situado entre Polonia y Lituania. En una nota diplomática enviada al gabinete del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, Rusia cita algunos movimientos de la Alianza —de la que forma parte España— y la acusa de adoptar una postura peligrosa e imprudente hacia Moscú y Kaliningrado. Además, recalca que sus acciones tienen “alto riesgo de derivar en un conflicto armado directo”.