20261005

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

Desde hoy, la información que los contratantes deben facilitar a los nuevos contratados es más extensa que la que debían entregar hasta ahora, nuevos datos que también tienen derecho a exigir los ya empleados. El cambio se debe a un nuevo decreto impulsado por el Ministerio de Trabajo que transpone la directiva sobre condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea.  Sobre el sueldo, hasta ahora el contrato debía detallar la cuantía tanto del salario base inicial como de los complementos, así como la periodicidad del pago. Ahora las empresas tendrán que detallar, además, el método de pago y el modo de cálculo de los conceptos salariales variables, así como “los criterios que determinan su percepción”. La norma también cambia la información exigible sobre la duración y la distribución del tiempo de trabajo. Desde hoy la empresa debe especificar el cómputo diario, semanal y anual de la jornada, detalle que hasta ahora no era obligatorio. La compañía también debe precisar si parte de la jornada (o toda) se desarrolla por la noche o a turnos, el procedimiento para cambiar la duración y distribución de la jornada y los acuerdos sobre horas extraordinarias, así como su retribución específica...Se incluye una nueva consideración sobre los periodos de prueba: la compañía tendrá que concretar la duración, ya sea el habitual máximo de seis meses o si es superior porque así lo especifica el convenio colectivo. El Ministerio de Trabajo reivindica una precisión en este punto, con la que cree que se limitarán los periodos de prueba que superen un semestre, ya que el decreto exige que ese alargamiento se dé “en los casos justificados por la naturaleza del empleo, por el interés de la persona trabajadora o, por la necesidad de realizar la evaluación de la idoneidad de la persona trabajadora en caso de suspensión de la relación laboral”. Es decir, la empresa debe justificar muy bien por qué alarga el periodo de prueba, algo que no era exigible hasta ahora...

Más de tres millones de despidos gratis, sin indemnizar y sin ni siquiera justificar. Desde la entrada en vigor de la reforma laboral, 3,2 millones de trabajadores han visto cómo sus empresas les ponían de patitas en la calle sin una sola explicación –o al menos sin obligación de hacerlo–. Es una de las grietas que ha dejado la norma que ha revolucionado la contratación (al limitar al máximo los empleos temporales) a la que ahora el Gobierno pretende poner coto. Ante la imposibilidad de reformar el despido y reducir la jornada laboral a 37,5 horas, como había prometido, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aprobó el pasado 9 de septiembre un real decreto que entra plenamente en vigor hoy y endurece el uso de los periodos de prueba y obliga a las empresas a concretar con precisión casi milimétrica las condiciones de trabajo de sus empleados, de todos, incluidos los funcionarios y las empleadas del hogar. Supondrá un antes y un después en la contratación puesto que se acaban fórmulas que hasta ahora permitían dejar demasiadas cosas en el aire: «salario según convenio», «tareas propias del puesto» o «jornada flexible». Se terminó: desde este lunes los contratos tendrán que bajar al detalle en cuestiones como el salario y sus pluses, los turnos, las horas extra, las vacaciones o los periodos de actividad de los fijos discontinuos.

Lo del trabajo para toda la vida es una reminiscencia del pasado. Cosas de ‘boomers’. Las nuevas generaciones no se casan con nadie en este aspecto ni consideran que tirarse toda la vida como profesionales en la misma empresa es sinónimo de éxito. Son defensores y practicantes del ‘career cushioning’, una tendencia laboral que reúne a aquellas personas que, aunque están contentos en su ocupación actual, están preparando un plan b para cambiar de compañía. Quizás el aspecto más llamativo del ‘career cushioning’ sea que la mayoría de las veces no nace de la insatisfacción. «Un colaborador puede valorar positivamente a su empresa y, al mismo tiempo, presenciar cambios tecnológicos o decisiones estratégicas sobre las que no tiene control y que pueden poner en riesgo su continuidad. Por lo tanto, tener opciones le permite sustituir cierta dependencia de la organización por una mayor autonomía profesional». En nuestro país, el 34% de los trabajadores está abierto a cambiar de empleo en los próximos 12 meses, según Infojobs. La cifra se dispara cuanto menor es la edad del empleado: tres de cada diez jóvenes de la generación Z con trabajo planean cambiar de compañía a corto plazo. El auge de la tendencia responde a factores como la desaceleración en la creación de empleo, las reestructuraciones empresariales, la automatización y la rápida obsolescencia de ciertas competencias. Pero hay más motivos: «También está impulsada por el encarecimiento de la vivienda y del coste de la vida. Perder el empleo puede tener hoy consecuencias económicas graves e inmediatas»....

Los últimos años, con el boom de las compraventas, los bancos han sido muy dinámicos en el negocio hipotecario, pero eso también podría cambiar en un horizonte no muy lejano ante las previsiones de subidas de tipos en Europa y la escalada en marcha del Euríbor. En este contexto, las grandes entidades españolas pronostican una desaceleración de la demanda de préstamos para comprar vivienda y precios más caros. No se trata de que los bancos no estén por la labor de conceder financiación a las familias o de que cierren el grifo como pudo ocurrir en otras etapas del pasado, sino de las consecuencias de una demanda que irá a la baja si persisten las dificultades para acceder a una vivienda en propiedad, la falta de oferta residencial y el encarecimiento de las casas. Es sencillo: si menos personas pueden adquirir una vivienda porque no pueden pagarla, menos hipotecas solicitarán y menos concederán los bancos. Así lo explicó hace unos días Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank, la entidad que más crédito hipotecario otorga en España. «Nos acercamos a un momento de problema de asequibilidad de vivienda, también por el impacto de los tipos más altos, y prevemos un crecimiento algo menor aunque todavía en positivo este año. De cara al año que viene, vamos a ver una desaceleración en el crecimiento porque hay mucha gente que querría comprar vivienda pero no llega a los precios», dijo Gortázar. Los datos de concesión de hipotecas ya apuntan en esa dirección. 

Su objetivo es claro: pedir directrices a Europa ante lo que considera una peligrosa divergencia con la reciente doctrina del Tribunal Supremo, la cual da por bueno este índice apoyándose en la mera mención en los contratos a una circular del Banco de España de 1994. El IRPH es un indicador oficial elaborado por el Banco de España que calcula la media de los tipos de interés aplicados por los bancos al conceder préstamos para vivienda. La gran problemática de este índice radica en que, a diferencia del euríbor –que mide a qué precio se prestan dinero los bancos entre sí–, el IRPH se calculaba teniendo en cuenta el coste final que pagaban los clientes, incluyendo ya las comisiones y los márgenes comerciales de la banca, lo que lo convertía de origen en un indicador intrínsecamente más caro. La controversia surge porque las entidades comercializaron masivamente estas hipotecas como una opción más estable y segura ante las oscilaciones del euríbor, pero sin explicar con transparencia su compleja fórmula de cálculo ni advertir de que el propio Banco de España recomendaba aplicarle un diferencial negativo para nivelar su coste con el resto del mercado. Al ignorar esa advertencia y desplomarse el euríbor con los años, el IRPH quedó estancado en niveles desproporcionadamente altos, atrapando a miles de familias en cuotas mensuales abusivas y encareciendo sus préstamos en decenas de miles de euros sin que hubieran tenido la oportunidad real de comprender lo que firmaban. Se estima que en Euskadi hay entre entre 30.000 y 40.000 afectados que abonaron, de media, unos 15.000 euros más en sus hipotecas.

Blackstone, el fondo de inversión inmobiliaria más señalado por miembros del Gobierno y sus socios como buitre en los últimos años, acaba de amarrar un gran contrato público de gestión de viviendas –incluidas sociales– por valor de 52,4 millones de euros con el actual Ejecutivo, según ha confirmado El Mundo. El propio Sánchez encasilló a Blackstone de «fondo buitre» cuando llegó al poder por las adquisiciones que había hecho de viviendas sociales. Este gigantesco fondo estadounidense ha llegado a gestionar estos años más de 30.000 pisos a través de filiales y se ha convertido en gigantesco casero en España tras hacerse en la pasada década con viviendas de las antiguas cajas o de administraciones como el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, en el portal de contratación del Estado no es tan apestado como en los discursos políticos. La llamada Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), controlada por el Gobierno, comunicó el pasado mes a sus empleados la firma definitiva de un contrato con Aliseda, gestora de viviendas en España de Blackstone. La Sareb, más conocida como banco malo por haberse hecho con activos inmobiliarios de las cajas de ahorros, recurre así, de nuevo, a esta filial de Blackstone como servicer durante un período que arrancó el pasado mes hasta diciembre de 2028, prorrogable hasta 2030. No existe comunicado oficial, pero es un contrato ya cerrado y firmado el pasado agosto, en una época en la que la ministra de Vivienda decía que estaba ya ultimando un decreto contra los fondos buitre presentado finalmente al Parlamento, sin éxito, el pasado viernes.

La suerte está echada. Pedro Sánchez anunciará hoy si, en contra de lo que había dicho siempre, adelanta las elecciones para intentar plantear un plebiscito en torno a la cuestión de la vivienda o si mantiene su intención de agotar la actual legislatura. En su entorno y en el PSOE ha ido ganando fuerza a lo largo del fin de semana la idea de que se inclinará por llamar a las urnas, pero anoche nadie se atrevía a asegurar que hoy el presidente no fuera a dar la sorpresa. Hasta el último minuto ha guardado silencio y, pese a que en La Moncloa está todo listo para organizar con la máxima urgencia una declaración institucional del presidente, su agenda se ha mantenido tal y como estaba prevista la semana pasada, con una intervención a las 9.30 horas en la inauguración del Congreso de la Empresa Familiar y una reunión con la Ejecutiva del PSOE a las 11.00 horas. Fuentes gubernamentales aseguran que el jefe del Ejecutivo está «muy enfadado» y que su actitud es la de quien está decidido a llevar hasta el final el pulso que, a su juicio, le ha echado la derecha no solo a él, sino a «la gente, que esperaba que el pasado viernes pudieran aprobarse los dos reales decretos» tumbados por el PP, Vox y Junts. Pero a todos los que han hablado con él, que han sido muchos estos dos días, les ha transmitido que quería seguir pensándoselo.

Megainversión en Martorell, Stellantis confía en España, Geely fabricará en Valencia y casi 15.000 millones en gigafactorías. En los últimos años, grandes fabricantes del sector del automóvil, tanto europeos como chinos, han puesto la mirada en España como posible receptor de sus nuevos proyectos de electrificación, lo que ha posibilitado que en un corto período de tiempo se hayan recibido proyectos de fabricación de coches electrificados en España por más de 7.600 millones de euros. Gigantes del sector como Renault, Volkswagen, Seat, Mercedes-Benz o Stellantis, y también nuevos actores del panorama automovilístico europeo como los chinos Chery, SAIC Motor –dueño de MG–, BAIC o Geely, han confirmado inversiones sustanciosas para fabricar en España nuevos modelos . España, que es históricamente el segundo fabricante europeo de vehículos y el noveno mundial, se ha posicionado como receptor de nuevas inversiones en los últimos tiempos, haciendo valer algunos puntos fuertes y el interés del Gobierno en ser el hub europeo de electromovilidad. En estos momentos, España vive una tormenta perfecta que le hace recibir nuevos proyectos industriales del automóvil, ya que a sus tradicionales fortalezas –alta calidad de producción, flexibilidad laboral, costes de producción ajustados, coste energético bajo y paz laboral– se suman factores externos que están empujando a las plantas españolas a ganar proyectos clave. 

Seat ha frenado las negociaciones con Indra para entrar en el negocio de defensa. La automovilística alberga dudas sobre la viabilidad y las ventajas del proyecto militar, según diversas fuentes conocedoras de las conversaciones.. El proyecto contemplaba el desarrollo y fabricación de vehículos militares ligeros, en un momento en que buena parte de la industria del automóvil, especialmente la catalana, estudia dar el salto a la defensa ante el aumento del gasto militar en Europa. Las conversaciones avanzaron hasta el punto de que Indra elaboró un memorando de entendimiento que preveía la producción de 5.000 vehículos en la planta de Martorell (Barcelona). El documento estaba listo para su firma y anuncio el 11 de mayo, durante un encuentro de Indra con la industria catalana de la defensa y el espacio celebrado en la Ciudad Condal. Sin embargo, el acuerdo finalmente no se hizo oficial por las dudas de Seat en torno a un proyecto que, señalan fuentes cercanas a estas compañías que piden anonimato, interesa más a Indra que a la propia automovilística. A pesar de ello, matizan, los contactos continúan entre los equipos técnicos. 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha puesto cifra y diagnóstico técnico a uno de los mayores desafíos estratégicos para las telecomunicaciones en Europa: el arrollador dominio que los gigantes tecnológicos de Estados Unidos están erigiendo en el espacio orbital. En un exhaustivo dictamen aprobado el 17 de septiembre por la Sala de Supervisión Regulatoria —órgano presidido por el número dos de la institución, Ángel García Castillejo—, el organismo supervisor alerta de que “el mercado de los servicios de comunicaciones electrónicas por satélite, tanto en España como en el resto del mundo, atraviesa una fase de transformación significativa”. Una metamorfosis en la que el vertiginoso despliegue de satélites en órbita baja (LEO) por parte de Starlink (SpaceX) y el inminente desembarco de Amazon LEO están acaparando el negocio en detrimento de los operadores nacionales y continentales como Hispasat. Aunque cuantitativamente el satélite mantiene un peso reducido en el conjunto de la banda ancha fija española —alrededor del 0,5% sobre más de 19 millones de líneas, en un mercado ampliamente dominado por la fibra óptica (FTTH)—, el informe subraya su relevancia clave para la cohesión territorial en zonas rurales sin cobertura terrestre. 

La eléctrica ha pedido a las compañías interesadas que le presenten ofertas para la comercialización de sus seguros entre los más de 11 millones de usuarios que tiene en España. Con esta medida, Iberdrola sigue los pasos marcados por otras empresas de diferentes sectores (Carrefour, Orange, Repsol, Correos, El Corte Inglés) que han aprovechado su enorme base de clientes para ponerla a disposición de aseguradoras con las que han firmado acuerdos de distribución. Las compañías interesadas en aliarse con Iberdrola podrían ser las que ya participaron en procesos similares, con otras empresas. En este apartado estarían Mapfre Allianz Partners y AXA Partners que fueron finalistas en la puja que lanzó la entonces Masorange en 2025, que acabó por aliarse con Zurich como proveedor exclusivo de seguros en hogar, viajes, salud, ciberseguridad, protección de pagos, automóvil y vida, así como seguros para comercios y autónomos, entre otros.

«Nunca hemos visto nada igual», dice el ministerio sobre los 78 empleados del sistema educativo que han sido agredidos. El pulso permanece en las calles de Francia. El Gobierno anunció ayer que entre 400 y 500 institutos estarán hoy cerrados en el país como consecuencia de las movilizaciones estudiantiles que se repiten desde el 17 de septiembre. El sistema educativo se prepara para una nueva semana de protestas y una ‘jornada de acción’, la tercera desde el inicio del contencioso, que tendrá lugar mañana con el fin de reivindicar mejoras en los liceos, más profesorado y nuevas condiciones de las aulas, con un descenso del número de alumnos. Lo que en principio empezó como una reivindicación del colectivo, cansado de la ausencia de compromisos oficiales y un deterioro de la calidad formativa, se ha transformado con el paso de los días en «violentos disturbios», de los que la comunidad estudiantil dice desmarcarse, pero que han puesto en jaque al país. Las clases se suspenderán hoy en casi medio millar de institutos porque «no se han cumplido las condiciones de seguridad», según declaró el ministro de Educación, Édouard Geffray. La virulencia de los desórdenes ha impactado en los medios de comunicación en varios países de Europa, impresionados por los incendios delante de los liceos y los enfrentamientos con la Policía.

Un número récord de empresas japonesas ha cerrado sus operaciones en China debido a una triple presión: la ralentización de la economía china, los aranceles estadounidenses y el enfriamiento de las relaciones diplomáticas entre Tokio y Pekín.  Los analistas de Teikoku Databank señalan que esta caída “indica claramente un cambio en la actividad de las empresas japonesas en China desde una fase de expansión a una fase de reestructuración”. Añaden que es probable que continúe esta “retirada de China”, a medida que empresas japonesas de todos los tamaños revalúan las premisas mantenidas durante décadas sobre los riesgos de invertir en la capacidad manufacturera china y la intensidad de la competencia interna en sus mercados de consumo. Según el informe, una parte importante de estos intentos de reestructuración –tal como comunicaron las empresas a los analistas– tiene como objetivo diversificar las cadenas de suministro para reducir la dependencia de China, sin desvincularse totalmente.

En el hielo se libra una pugna que redibujará el mundo: las grandes potencias compiten por el fondo marino, las rutas y los recursos de un océano que nadie ha cartografiado. El sábado 12 de septiembre, la superficie de la placa de hielo que cubre el Océano Glacial Ártico alcanzó su tamaño mínimo de este año: 4,6 millones de kilómetros cuadrados, una extensión ligeramente superior a nueve Españas. En el Ártico no hay misioneros. Pero los demás se están movilizando, bajo órdenes de los ocho países que tienen territorio al norte del Círculo Polar: Rusia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Noruega, Islandia, Suecia y Finlandia. A ellos se suma China, que nunca ha tenido presencia en la región. Pekín ha soslayado ese pequeño inconveniente con el argumento de la «proximidad geográfica», que revela una cara más dura que el hielo de un glaciar milenario, ya que el punto más al norte de su territorio está a 1.450 kilómetros del Círculo Polar Ártico. Y en 2026, todos estos Estados han acelerado sus movimientos. Los científicos, en especial, están jugando un papel central en esta «carrera», como quedó claro el 16 de agosto, cuando el rompehielos canadiense Louis S. St. Laurent, en compañía del sueco Oden, alcanzaba el Polo Norte geográfico. Su misión incluía la realización de análisis geológicos y topográficos para justificar la tesis canadiense de que su plataforma continental llega, literalmente, hasta Rusia. Es una teoría que el país norteamericano ya lanzó en 2019 y 2023, cuando reclamó para sí literalmente dos millones de kilómetros cuadrados del fondo marino ártico, unas cuatro Españas. Eso le daría derecho a explotar todos los recursos en el lecho marino y en el subsuelo. Al reclamar el fondo del mar y todo lo que está debajo de él, Canadá entra en conflicto directo con Rusia,..