20220727

El Gobierno vasco decidió ayer reducir los trámites necesarios para construir nuevos parques tanto eólicos como fotovoltaicos «agilizando» el procedimiento, que es precisamente lo que causa mayores problemas y retrasos en este tipo de iniciativas. A partir de ahora y hasta finales de 2024, los proyectos de generación que cumplan determinadas condiciones –no estar dentro de la red Natura 2000 y contar con una potencia inferior a 75 megavatios en eólica y 150 en fotovoltaica– tendrán una tramitación diferenciada sobre su impacto ambiental, aunque la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, aseguró que ello no va a suponer una reducción de las exigencias para esas instalaciones. Algunas estimaciones señalan que esta decisión puede acortar en torno a dos años el periodo de tramitación de un parque eólico, aunque la medida también puede incrementar las presiones de los grupos ecologistas que consideran prioritaria la conservación medioambiental. «Estamos en alerta energética y tenemos que actuar», dijo Tapia al finalizar el Consejo de Gobierno, al tiempo que descartó que pueda haber cortes en el suministro de gas en los próximos meses.

Bluetab, empresa filial de la multinacional estadounidense IBM, se acaba de instalar en la Torre Iberdrola, donde está preparando un centro de talento para atraer a un buen número de profesionales de la ingeniería informática de datos a corto plazo. La firma tecnológica espera contratar a 300 expertos en los próximos tres años, según afirman desde la compañía. Fuentes de la Torre Iberdrola, por su parte, confirmaron el desembarco de Bluetab, lo que refuerza la posición de este polo empresarial y de los negocios en el norte de España. Hay que recordar que, además de ser sede de la eléctrica, el rascacielos diseñado por César Pelli da cobijo a medio centenar de sociedades. De los 50.000 metros cuadrados que se sacaron al mercado del alquiler, los diferentes proyectos, como ahora el de la filial de IBM, han copado ya más del 90% de la superficie disponible. En el inmueble trabajan actualmente cerca de 2.000 personas. El centro de talento de Bluetab funcionará de una manera novedosa. Sus empleados teletrabajarán, pero tendrán en la Torre Iberdrola un centro de referencia para asistir a diversas actividades, para relacionarse entre ellos y para colaborar con otros compañeros. Además, contarán con un orientador. Se trata de un modelo mixto que hace que los trabajadores vivan cerca del punto neurálgico donde está asentado su cuartel general de referencia, pero no les obliga a ir todos los días a la oficina. «Con esta iniciativa pretendemos atraer tanto al talento que tuvo que salir de Euskadi en busca de carrera profesional y de proyectos más atractivos, como a personas que se encuentran trabajando en la región, pero se sienten estancados en su carrera», apuntaron desde la filial de IBM. «En Bluetab contamos con un equipo de más de mil personas con una cultura empresarial basada en la especialización, la cercanía y la mejora continua. Existe mucho talento en Euskadi que se identifica con estos valores y forma de hacer". 

El Gobierno vasco presentó ayer las líneas generales de su plan de movilidad eléctrica, que prevé inversiones de hasta 2.340 millones de euros de aquí a 2030 para acelerar la implantación de esta fórmula de transporte que debe contribuir a reducir las emisiones de carbono, pero también la dependencia de los combustibles. La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, apuntó algunos de los objetivos de esta estrategia, que tiene importantes implicaciones en la industria y en la capacidad de los centros tecnológicos para desarrollar soluciones adecuadas. Hay un propósito genérico que es tratar de conseguir que 16 de cada 100 vehículos que circulen por carretera en 2030 sean eléctricos, lo cual implica una importante modificación de la infraestructura de recarga, que es en la actualidad uno de los problemas que tiene la implantación de esta tecnología. El plan del Ejecutivo autonómico que expuso ayer Tapia sí concreta algunas de las actuaciones. Así, el objetivo para 2030 es que la mitad de los autobuses urbanos y el 80% de los taxis sean eléctricos. «Puede resultar escaso, pero lo cierto es que los niveles en los que nos estábamos moviendo eran aún menos ambiciosos», indicó la consejera en torno a la finalidad de este plan, aunque resaltó que la situación actual es casi marginal. A finales de 2021, según los datos que facilitó el Ejecutivo, tan solo el 1% de los vehículos que circulaban por las calles del País Vasco eran eléctricos.

El chasis propulsado por un motor de combustión o eléctrico es lo que comparten todos los coches. Esa es la clave en la que la compañía de ingeniería vasca de componentes metálicos Gestamp se ha apoyado para aumentar sus beneficios un 40% en el primer semestre del año, a pesar de la tormenta perfecta que vive la automoción con los problemas en el suministro de microchips semiconductores, la crisis de precios y la transición eléctrica en plena subida de los costes de la luz. El caso es que hasta junio la compañía de la familia Riberas ha elevado sus beneficios netos hasta los 117 millones, manteniendo las ganancias muy por encima de los 83 millones del mismo periodo del año pasado. Las cifras suponen dar la vuelta a las pérdidas de 120 millones de euros que registró la empresa en el año del covid, el 2020. A pesar de todo, fuentes de la compañía insisten en que el futuro «está lleno de incertidumbre» y es necesario «estar preparados para lo que se avecina». El presidente de la empresa, Francisco Riberas, destacó que es necesario«seguir comprometidos para afrontar un futuro incierto». La sombra de la crisis inflacionista y el parón del crecimiento económico está afectando al sector automovilístico como ayer mismo evidenció General Motors. El gigante de fabricación automovilística registró una caída de beneficios del 20%. 

Medio millar de invitados, encabezados por el lehendakari, Iñigo Urkullu, acudieron a la convocatoria de la tradicional recepción del día de San Ignacio. Se juntaron desde consejeros del Gobierno vasco a deportistas de élite, pasando por directivos de multinacionales y cineastas. Un amplio abanico de personalidades vizcaínas ante las que el diputado general aprovechó para anunciar durante su discurso la puesta en marcha o consolidación de varios proyectos de calado que a buen seguro determinarán la agenda foral en los próximos meses, con la vista puesta en la precampaña de los comicios de 2023. Actuaciones «reales y transformadoras», que implicarán importantes desembolsos y demuestran, según Unai Rementeria, que «la situación económica de Bizkaia es buena» y que «seguimos siendo un territorio serio, estable y solvente». El más impactante, sobre todo porque no había asomado en el ‘radar’ foral estos últimos años, es la recuperación en la recta final de la legislatura del viejo proyecto de construir un túnel en el monte Sollube para habilitar una conexión «rápida y cómoda» entre el Gran Bilbao y la comarca de Urdaibai. Además, anunció que destinará ya 40 millones de euros al Guggenheim de Urdaibai, que será impulsado también por el Gobierno central. 

Unai Rementeria quiso transmitir en su discurso ciertos optimismo sobre el porvenir de Bizkaia, pese a los «tiempos difíciles» derivados de la pandemia o la guerra en Ucrania. Porque, «a día de hoy, la economía responde», si bien admitió que la elevada incertidumbre existente aconseja ser «cauto». «Las situaciones cambian rápido y todo es posible, para bien y para menos bien», advirtió. El diputado general instó a «todos los agentes» a «valorar la realidad que vivimos y que podemos vivir» y a tomar decisiones guiados por la máxima prudencia ante un horizonte no exento de nubarrones. En ese contexto, alertó del riesgo de que el brusco aumento de la inflación bloquee la negociación de los convenios colectivos pendientes y genere una alta conflictividad que afecte a la buena marcha del territorio. De ahí que, en una alusión implícita a los sindicatos –en especial a ELA, cuya estrategia gira en torno a la confrontación–, apelara a «decidir si es tiempo de otoños calientes, de huelgas, de conflictos, de bronca, o si es tiempo de todo lo contrario: tiempo de seguir trabajando, de ser prudentes, de capear juntos el temporal, de no poner en riesgo nada de lo que tanto nos ha costado conseguir; tiempo de mejorar cada vez más desde el acuerdo, desde el compromiso». Rementeria anunció próximas medidas para retener y desarrollar el talento en el territorio vizcaíno y «reducir la distancia entre la formación y las necesidades de la empresa».

Las residencias de Gipuzkoa tendrán un nuevo convenio laboral de eficacia limitada diez años después. El acuerdo, que se firmará este viernes en minoría sindical solo con UGT y las patronales Garen, Larens y Adegi –todas a excepción de Matia–, contempla un incremento salarial de un 13,5% en los próximos tres años, lo que supone un «logro» para UGT, pero una «vergüenza» para ELA. El sindicato mayoritario rechazó ayer la propuesta, que calificó como «infamia. Un cierre en falso que solo va a conseguir aumentar la brecha salarial del sector». La negociación para actualizar el convenio sectorial lleva abierta desde 2017, y hace años que está estancada. Tras 262 jornadas de huelga –la mayoría convocadas por ELA–, UGT decidió ayer dar un paso al frente para cerrar un convenio de eficacia limitada una década después (el anterior es de 2009-2012). Así, se abre la puerta a que todas las trabajadoras –5.000 en total–, pertenezcan al sindicato que pertenezcan, puedan suscribir este acuerdo adhiriéndose personalmente en su centro de trabajo. El plazo se abre este viernes, día en el que está previsto que UGT firme, y habrá opción de adherirse al acuerdo durante los dos meses siguientes, situación que recuerda a la vivida en 2019, cuando también UGT firmó un pacto parcial de subida de salarios que suscribió la mayoría de trabajadoras de residencias. En esta ocasión, el convenio incluye un incremento salarial del 6,5% este año, del 4% en 2023 y del 3% en 2024, además de una cláusula de revisión salarial en enero de 2025. En caso de que los IPC sean mayores dentro de tres años, las tablas se actualizarán.

España solo reducirá entre un 7% y un 8% su consumo de gas de forma voluntaria. Así lo anunció la ministra Ribera poco después de que los ministros de Energía de la UE sellaran el acuerdo para reducir de forma conjunta el consumo de gas de la región de cara al invierno en un 15%, ante un posible corte parcial o total de las importaciones desde Rusia y según se había planteado desde la semana pasada. Bruselas aceptó finalmente los términos españoles, argumentando que quedan exentos del recorte del 15% los estados miembros que no están interconectados con las redes europeas y pueden demostrar que su infraestructura nacional de GNL se utiliza para redirigir gas a otros países. En este contexto, España propuso que se pongan en valor sus infraestructuras para recibir gas natural licuado (GNL), su interconexión con Francia y que se incrementen sus exportaciones de gas a la UE con relación a los últimos años. Según lo pactado ayer por los ministros europeos, los países miembros, pueden solicitar también una excepción si han superado ya sus objetivos de almacenamiento de gas (80% antes del invierno), si dependen en gran medida del gas como materia prima para industrias críticas o su consumo de gas ha aumentado al menos un 8% en el último año en comparación con la media de los últimos cinco años.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, anunció ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno mantiene la previsión de crecimiento del PIB de España para este año en el 4,3%, mientras que revisa a la baja en ocho décimas la estimación para 2023, hasta el 2,7%. Calviño explicó que la previsión para este año se mantiene mientras que la del próximo ejercicio empeora por el alza de los precios de la energía, los riesgos de suministro de gas, el endurecimiento de las condiciones monetarias y una “previsible desaceleración económica para la eurozona”, lo que afecta a las exportaciones. Sin embargo, los indicadores de la actividad reflejan un crecimiento “fuerte” hasta el momento y la economía está avanzando basada en un “excelente” comportamiento del mercado de trabajo y la inversión, señaló Calviño, lo que puede resultar algo paradójico en medio de un panorama oscurecido por una inflación cada vez más intensa. De hecho, aunque el Gobierno no tocó ayer las previsiones de PIB para este año, eso no significa que no haya cambios en sus componentes, ya que el Ejecutivo ha recortado sus pronósticos de gasto privado y público a cambio de elevar las cifras de inversión y de exportaciones. Además, Moncloa también elevó las cifras del deflactor del consumo privado (un indicador similar al IPC) en seis décimas, hasta el 7,8%, lo que por un lado reduce la capacidad de gasto de los ciudadanos (que, si mantienen el consumo, lo hacen a costa del ahorro y de la balanza exterior) y, por otro, eleva los compromisos de gasto del Ejecutivo. 

El Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, para 2023. Tras encadenar dos máximos históricos en las cuentas públicas de 2021 y 2022, la cifra para el año que viene supone el tercer récord consecutivo: 198.221 millones de euros, un 1,1% más respecto a la cifra del pasado año, cuando alcanzó los 196.142 millones. Sin contar la aportación de los fondos europeos, el gasto será de 173.065 millones, un 1,9% más que el año anterior, por lo que se trata de “un esfuerzo mucho mayor si no tenemos en cuenta los recursos europeos”, según manifestó María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, tras la celebración del Consejo de Ministros en el que se ha aprobado este techo de gasto. Tras su aprobación se inicia el calendario de negociación de los Presupuestos Generales del Estado del año que viene. Montero aseguró que estas negociaciones están en “momentos preliminares”, en los que el Ministerio de Hacienda está realizando el “esqueleto” de los mismos, “sujeto a la opinión del socio de gobierno”, Unidas Podemos, y posteriormente transmitido al conjunto de “socios parlamentarios con los que tiene vocación de aprobar estas cuentas”. “Son unas cuentas públicas imprescindibles para la recuperación del crecimiento económico, para mejorar el bienestar de las familias y para ayudar al tejido productivo”, subrayó Montero. 

Entra en juego la subida de las pensiones al ligarlas a una inflación que está disparada, en el entorno del 8% de media anual. Estas prestaciones engordarán ese 8%, más el aumento del número de jubilados y el crecimiento debido a que las nuevas pensiones cobran más. En total, la partida podría escalar un 10% e implicaría que solo por esta, que supone un tercio de todo el gasto de las administraciones, habría que desembolsar el año que viene unos 17.000 millones más. Si el conjunto del gasto corriente creciese el 3,3%, el porcentaje que la Comisión Europea fija en su recomendación, la subida del conjunto de las administraciones se quedaría en unos 20.000 millones. Es decir, casi todo lo absorberán las pensiones. De ahí que el Gobierno solo haya subido el techo de gasto para 2023 en unos 3.200 millones, hasta los 173.000 millones, sin fondos de la UE. Esta partida no incluye el presupuesto de las comunidades, los ayuntamientos y la Seguridad Social. Pero sí que contempla las transferencias que se hacen a esas otras administraciones. La inyección a la Seguridad Social repuntará en unos 1.500 millones. En definitiva, el Gobierno ha empezado con estos números a hacer hueco para intentar pagar la factura que supondrá el año que viene actualizar las pensiones con el IPC de este año y, al mismo tiempo, contener el gasto en línea con lo que ya pide Bruselas. Aun así, según cálculos de la Autoridad Fiscal, haría falta que el Gobierno hiciese todavía un esfuerzo mayor para poder pagar las pensiones y cumplir con la recomendación de Bruselas de subir el gasto solo un 3,3%.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió ayer a recortar sus previsiones de crecimiento para el PIB español este año. En concreto, la institución dirigida por Kristalina Georgieva rebajó sus pronósticos de crecimiento del PIB para este año del 4,8% previsto hace tres meses al 4% en la última actualización del World Economic Outlook. Esto es, un recorte de ocho décimas, el doble que el conjunto de la economía mundial. Y la situación para 2023 tampoco es nada halagüeña, ya que el Fondo espera que la economía se frene al 2%, 1,3 puntos menos de lo previsto hace tres meses, cuando el ajuste para el resto del mundo es de 7 décimas. Aunque la rebaja para España entre ambos años duplica la media mundial y es una de las mayores entre todos los países, solo superada por Estados Unidos y Alemania, España también lidera el crecimiento entre las economías desarrolladas, quedando por delante de Reino Unido (3,2%), Italia (3%), Francia (2,3%), Japón (1,7%) o Alemania (1,2%). Sin embargo, este mayor crecimiento se debe fundamentalmente al efecto rebote por la normalización del turismo tras la crisis del coronavirus, que ha tenido un efecto bastante más importante en España que en el resto de países. De hecho, incluso con este mayor avance, España seguirá siendo el país desarrollado que más lejos esté al cierre de este año de recuperar las cifras previas al Covid. Y, una vez acabado el rebote del sector turístico, en 2023, España volverá a crecer por debajo de la media de las economías avanzadas.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recortado sus previsiones de crecimiento mundial y ha elevado sus estimaciones sobre la inflación, advirtiendo que los riesgos para las perspectivas económicas se “inclinan abrumadoramente a la baja”. La rebaja de las estimaciones, publicada ayer se produce en un momento en el que el mundo se enfrenta a las consecuencias de la invasión rusa de Ucrania, a los prolongados trastornos causados por la pandemia y al rápido endurecimiento de las condiciones financieras por los esfuerzos de los bancos centrales para contener la subida de los precios. El Fondo prevé ahora que el crecimiento del producto interior bruto se ralentice hasta el 3,2% en 2022, 0,4 puntos porcentuales menos que en su estimación de abril y aproximadamente la mitad del ritmo de expansión del año pasado. En 2023, el crecimiento global se seguirá debilitando hasta el 2,9%. Hace sólo tres meses, esta estimación era 0,7 puntos porcentuales más alta. Es probable que la inflación mundial se intensifique, y el FMI ha elevado sus previsiones para este año y el próximo en casi un punto porcentual, hasta el 8,3% y el 5,7%, respectivamente. El organismo multilateral afirmó que las perspectivas económicas se han vuelto mucho más sombrías y “extraordinariamente inciertas”, con la inflación en máximos históricos y los desafíos al crecimiento en aumento.

Con una inflación en máximos de 40 años la Reserva Federal parece decidida a combatir los altos precios en Estados Unidos, aunque con ello el crecimiento se vea perjudicado. La idea de conseguir un aterrizaje suave se desvanece conforme avanzan los meses y el banco central de EE UU acelera la subida de tipos. Las alertas de recesión resuenan sobre los mercados. A las caídas en Bolsa se suman las tensiones en la renta fija. Desde que en marzo el banco central acabase con las tasas cero, las rentabilidades han prolongado las subidas. Este proceso ha sido más intenso en los plazos cortos que en los largos. Si hasta el momento era habitual que los bonos a dos años cotizaran por encima de los títulos a 10, en las últimas semanas la deuda con vencimiento a un año e incluso a plazos inferiores registran unas rentabilidades superiores. El tope ahora lo marcan las letras a seis meses. Estos títulos se sitúan en el 2,94%, frente al 3% de los bonos a un año, el 2,96% de la deuda con vencimiento en 2024 y el 2,77% de los bonos a 10 años. Es decir, la curva de tipos acentúa su inversión, un síntoma tradicional de recesión inminente.

El primer ministro saliente de Italia, Mario Draghi, aseguró ayer que su Gobierno, a pesar de estar en funciones, no se detiene porque «hay mucho que hacer», ante un otoño que se presenta «muy complicado», durante un encuentro con organizaciones empresariales y antes de presidir un Consejo de Ministros. Draghi, que abrió una ronda de consultas con los interlocutores sociales que continuará hoy con los principales sindicatos del país, mostró a los representantes de las empresas su voluntad de «implicar a todos» en este momento de crisis, para «hacer frente a la desaceleración de la economía y a una temporada de otoño que se prevé muy compleja», según fuentes gubernamentales. Tras ese encuentro, Draghi presidió un Consejo de Ministros en el que el titular de Economía, Daniele Franco, notificó que en los primeros seis meses del año se ha producido una mejora en la tendencia de las cuentas públicas, con una deuda para 2022 «de momento» inferior en 0,8 puntos del Producto Interior Bruto (PIB) estimado. Esa reducción, que se eleva a 14.300 millones de euros, del endeudamiento se debe «enteramente a los mayores ingresos» y se «asignará» al nuevo decreto de ayudas a las familias y empresas para paliar los efectos de la inflación que debe aprobarse la próxima semana en el Parlamento, según Franco.

Al ritmo actual, las empresas cotizadas en Bolsa llevarán a un aumento de la temperatura media de la tierra de 2,9° C, muy por encima de lo pactado en París para evitar el calentamiento global. Las compañías van camino de hacer que las temperaturas promedio aumenten 2,9° C, según MSCI Net-Zero Tracker, un indicador trimestral que mide el progreso de las empresas cotizadas de todo el mundo hacia la reducción del riesgo climático. Casi la mitad (el 46%) se alinea con un calentamiento de 2° C, lo que las coloca en el extremo superior del objetivo del Acuerdo de París. El 11% va hacia un aumento de la temperatura de 1,5° C, el umbral por encima del cual los científicos dicen que el riesgo de peligros climáticos catastróficos aumenta significativamente. Por sectores, energía, fabricación de materiales y servicios públicos generan la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero alimentación, moda y semiconductores tampoco están alineados con los objetivos de temperatura global. Si descendemos al detalle de qué empresas distan más de estar en línea con los objetivos de París, según MSCI Net-Zero Tracker, en primer lugar destaca Saudi Aramco, con la mayor huella de carbono entre todas las cotizadas. La petrolera, que se ha convertido en la compañía más valiosa del mundo, en medio de un aumento en los precios del petróleo tras la invasión rusa de Ucrania, ha reconocido que espera que sus emisiones aumenten hasta 2035 a medida que bombea más petróleo en respuesta a la demanda mundial.

Los extranjeros que se formen en sectores con escasez de mano de obra tendrán más fácil regularizar su situación en España. Esta es una de las medidas que se incluyen en el real decreto que ayer aprobó el Consejo de Ministros para reformar el reglamento de la Ley Orgánica de Extranjería. Su objetivo último no es otro que «modernizar el modelo migratorio para que se propicie la migración regular y segura en toda circunstancia», ya que los actuales procedimientos en muchos casos son «lentos e inadecuados» y generan «periodos prolongados de regularidad, con altos costes sociales y económicos», según explicó en la rueda de prensa posterior el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Según la nueva figura de arraigo por formación, se concede una autorización de residencia por un periodo de 12 meses a los extranjeros que han permanecido en España de forma continuada durante un periodo mínimo de dos años si se comprometen a realizar una formación reglada para el empleo. La figura, inspirada en el ‘duldung’ alemán, puede ser prorrogada por otros 12 meses.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional lanzó ayer una nueva convocatoria de ayudas para la formación de personas, vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales (CNCP). El programa, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), contempla una partida presupuestaria de 125.426,080 euros; aunque la suma es para subvencionar a las entidades que desarrollen estas actividades formativas, También habrá un monto que se destinará a las ayudas para las personas desempleadas que tomen los cursos. Los desempleados que participen podrán beneficiarse de becas de transporte, manutención y alojamiento que permitan conciliar la asistencia al programa con el cuidado de hijos menores o familiares dependientes. La iniciativa estará dirigida por los centros de FP públicos o privados acreditados para la impartición de certificados de profesionalidad. Serán estas entidades las que facilitarán a los asistentes los modelos de solicitud de las becas.

El fantasma de las grandes causas por corrupción política en España ha resucitado, esta vez sobre el PSOE. El Supremo ha puesto punto final, a la espera de que los condenados decidan o no recurrir al Constitucional, al larguísimo periplo judicial abierto contra las millonarias subvenciones irregulares vinculadas a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) de Andalucía. El alto tribunal aboca a la cárcel, con una pena de seis años, al expresidente de la Junta andaluza y también expresidente de los socialistas José Antonio Griñán y ratifica la inhabilitación de nueve para su predecesor en ambos cargos, Manuel Chaves. El veredicto, cuyos argumentos no se conocerán hasta dentro de unos días, llega una vez celebradas las elecciones en Andalucía y supone una sacudida para el PSOE que Pedro Sánchez ha querido revitalizar con su fulgurante remodelación interna de la última semana. El de Griñán y Chaves era otro partido, pero el peso que ambos conservan en el imaginario del socialismo quedó evidenciado en la campaña del 19-J cuando tanto el candidato Juan Espadas como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero elogiaron la Andalucía gobernada por ambos. Ayer, la Sala de lo Penal del Supremo, partida por la mitad, confirmó por tres votos a dos la resolución de la Audiencia de Sevilla que impuso a Griñán seis años de cárcel por malversación y nueve de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación; una inhabilitación por ese mismo ilícito, en su caso de nueve años, que el primer tribunal juzgador también impuso a Chaves. Ahora, y junto a Griñán, el Supremo envía a prisión a los exconsejeros Antonio Fernández, Francisco Vallejo, José Antonio Vieira y Carmen Martínez Aguayo, que fueron condenados en su día a penas de entre seis y ocho años que no sufren variaciones.

Las encuestas dicen que las explosivas audiencias públicas han cambiado pocas mentes –solo el 7% de los republicanos cree ahora que fue más serio de lo que pensaban, según la encuesta de la Universidad de Suffolk para el USA Today, pero el viernes los periódicos del grupo de Rupert Murdoch se distanciaron por primera vez del ex presidente. «El silencio de Trump es lo más incriminatorio», titulaba en su editorial el ‘New York Post’, favorito de sus seguidores. El rotativo sigue sin estar convencido de que Trump incitase la violencia de ese día, pero cree que «en días recientes ha quedado claro como el cristal que no movió un dedo para frenar la violencia que siguió», a pesar de que era el único que podía hacerlo. «Fue una provocación silenciosa», concluyó. Quien esperase una disculpa ayer del ex mandatario, es que no lo conoce. Trump sigue centrado en recuperar el poder y, según todas las fuentes cercanas a él, ha decidido volver a presentarse a las elecciones en 2024. La única duda es cuándo lo anunciará. Los barones del Partido Republicano quieren que espere hasta después de las legislativas de noviembre, como manda la tradición, pero Trump arde en deseos de recuperar la atención de las cámaras. El magnate cree que cuanto antes lo anuncie, mayor será su ventaja. Y si los tribunales van a por él en campaña, siempre podrá alegar que es una maniobra del sistema para impedirle volver al poder. El aparato del partido teme que la vuelta de Trump cambie el curso de las elecciones con las que esperan recuperar el control del Congreso. El terreno es propicio. Con la inflación batiendo récords de los últimos 40 años, el precio de la gasolina por las nubes y la popularidad de Biden entre las más bajas de la historia, lo último que quieren es cambiar el foco de la conversación.