20221103

La Reserva Federal (Fed) estadounidense vuelve a ampliar la brecha que separa su política monetaria de la del Banco Central Europeo (BCE), con movimientos más agresivos desde hace meses en su lucha contra una desbocada inflación que cerró octubre en el 8,2% en el país. La institución comandada por Jerome Powell decidió ayer una subida de los tipos de interés de otros 75 puntos básicos, hasta un rango del 3,75-4%, niveles máximos desde finales de 2007, justo antes del estallido de la crisis financiera. Se trata del cuarto repunte consecutivo de esa magnitud y del sexto desde que en marzo se iniciase la escalada de tipos. En este periodo, el organismo ha elevado la tasa de referencia en 375 puntos básicos. Hay que remontarse a la década de los 80, con Paul Volcker al frente de la Fed, para observar un movimiento similar. La institución parece tener barra libre en el proceso de subidas de tipos. No solo porque la inflación sigue lejos del objetivo del 2%. También porque el mercado laboral mantiene signos de fortaleza frente a los temores de recesión, con la creación de 239.000 empleos en el sector privado en octubre, frente a los 192.000 previstos. Powell dejó claro ayer que no habían tomado «ninguna decisión sobre moderar las subidas de tipos». Sin embargo, explicó que los próximos movimientos tendrán en cuenta el impacto retardado de la reciente política monetaria sobre la economía real y el sistema financiero. Durante su intervención ante los medios, expresó además que «en algún momento será apropiado frenar el ritmo de subidas». La próxima subida, 0,5%. 

El sector industrial español se frenó en seco en octubre, como resultado de la fuerte subida de los costes de producción y el desplome de la demanda en todo el Viejo Continente, donde las cifras “indican claramente que la economía manufacturera está en recesión”. Con ello, el sector pasa de resistir en cierta medida a los problemas que sufría el resto de Europa a colapsar, con la peor cifra de todos los países analizados. En concreto, el Índice de Gestores de Compras del sector industrial español (PMI, por sus siglas en inglés), cae 4,3 puntos en apenas un mes, hasta los 44,7 enteros en octubre, de acuerdo con los datos publicados ayer por Standard & Poor’s, lo que supone la peor cifra desde la crisis del coronavirus, que apunta a un descenso de la producción industrial cercano al 10% anual. “La economía manufacturera de España sufrió un doble desplome, tanto en la producción como en los nuevos pedidos, registrando declives no observados desde el confinamiento”, explica Paul Smith, director de Economía de S&P Global Market Intelligence. “Esto debería resaltar la gravedad de los desafíos en que se encuentra sumido el sector, ya que la incertidumbre económica generalizada y los impactos de la alta inflación están afectando fuertemente a la demanda y a los resultados de la industria”. Además, este frenazo ha tenido una derivada, ya que “las empresas respondieron recortando drásticamente las compras [de materias primas y bienes intermedios] y los puestos de trabajo”, debido a la incertidumbre. Y, de hecho, la confianza de los empresarios en las perspectivas se hundieron hasta mínimos desde 2020, lo que refuerza este mecanismo de transmisión de la actividad actual hacia otras vertientes de futuro, como los pedidos o el empleo, lo que a su vez agrava el círculo vicioso en el que se encuentra sumido el sector manufacturero español.

La Alianza por la Competitividad de la Industria Española se ha dirigido por carta al Gobierno solicitando la puesta en marcha “urgente” de dos líneas de ayudas directas para paliar el impacto de los precios de la energía (electricidad y gas natural) y para limitar el impacto en las materias primas. La Alianza está constituida por todas las grandes patronales industriales. En ella están Anfac, Sernauto, Aspapel, Feique, Fiab y Unesid, entre otras. La agrupación ha resaltado que los países industriales del entorno de España ya están habilitando líneas de apoyo para proteger su actividad económica industrial, así como la generación de empleo y riqueza que supone, lo que creen que generará un “diferencial competitivo insalvable” si el Gobierno español no hace otro tanto. En concreto, cita como ejemplo la entrada en vigor de nuevas medidas de compensación energética a la industria alemana, prevista a partir de enero de 2023, que ya se ha traducido en anuncios de reducciones de precios de venta de productos alemanes en hasta un 30%, induciendo “una profunda distorsión” del mercado interior europeo. “Nuestra industria compite esencialmente con las principales economías industriales europeas, por lo que es necesario que se realice un esfuerzo similar al de los países de nuestro entorno en apoyo de la continuidad del tejido productivo, que es el que genera mayor riqueza y empleo de calidad”, ha expresado la Alianza a través de una carta dirigida a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y al secretario general del Departamento de Asuntos Económicos y G20 del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Manuel de la Rocha Vázquez. En concreto, la Alianza ha solicitado dos líneas de ayudas que, por un lado hagan frente al impacto de los precios de la energía en las facturas de los consumidores industriales y ya adoptadas por otros países industriales europeos, como Alemania. Por otro lado, la Alianza ha reclamado ayudas para limitar el impacto de las materias primas que, afectadas por la crisis energética o el conflicto bélico, han incrementado “de forma alarmante” su precio. 

Alemania tira de chequera para aliviar la carga de los elevados costes de la energía este invierno tanto para los hogares como para las empresas, pero tratando a la vez de reducir el consumo todo lo posible. El Gobierno ha decidido intervenir los precios mediante rebajas que financiará con nueva deuda dentro del paquete de 200.000 millones de euros anunciado hace un mes. El tope del precio del gas es la principal medida del paquete que acordó ayer el Gobierno de coalición de socialdemócratas, verdes y liberales. Hogares y pymes pagarán 12 céntimos por kilovatio/hora por el 80% del consumo anual previsto. En el caso de la calefacción urbana, el tope se fija en 9,5 céntimos. La medida entrará en vigor en febrero, un mes antes de lo que se había previsto, y se prolongará hasta abril de 2024. El coste para las arcas públicas de asumir el importe por encima de ese tope se calcula en 33.000 millones, según el documento final de 13 páginas salido del Consejo de Ministros. El Gobierno es consciente de que antes de febrero, las facturas de gas y calefacción urbana ya habrán hecho mella en los presupuestos familiares, por lo que ha dispuesto además una “ayuda inmediata de emergencia” que consiste en pagar el 100% del recibo del próximo mes de diciembre a todos los consumidores. Solo esta medida, restringida a un mes, supone el desembolso de 9.000 millones. La ayuda no discrimina por renta ni por nivel de consumo, por lo que beneficia por igual a todo el mundo. El Gobierno argumenta que una aplicación más específica retrasaría su puesta en marcha por la cantidad de burocracia que requeriría. También para las facturas de electricidad se impone un tope de 40 céntimos por kilovatio/hora a partir de enero para una cuota básica del 80% de la previsión de consumo anual tanto para hogares como para pequeñas y medianas empresas. En este caso, el coste asciende a entre 23.000 y 33.000 millones, según los cálculos del Gobierno, una horquilla muy amplia por la volatilidad del mercado eléctrico. El también llamado freno al precio de la electricidad se mantendrá en principio hasta abril de 2024. 

El Gobierno reconoce que el ritmo de ejecución de los fondos europeos es “insuficiente”, según un documento interno del Ministerio de Transportes al que ha tenido acceso El País. Transportes es una de las áreas que más fondos gestiona, unos 16.000 millones de un total de 70.000, en parte a través de empresas públicas como Adif o Puertos del Estado. “El ritmo de ejecución (el mejor indicador de la actividad real) debe impulsarse más y acelerarse”, avisa el informe, que concluye: “Considerando solo los últimos 12 meses, el ritmo de ejecución es de menos de 40 millones de euros al mes, un ritmo insuficiente”. El departamento indica que en las inversiones que canaliza a través de otras administraciones públicas el grado de ejecución es peor. Las fuentes consultadas en varios ministerios, por contra, apuntan que se ha alcanzado ya la velocidad de crucero con unos 2.000 millones al mes en convocatorias. Ese análisis aparece en los informes del Ejecutivo para justificar la contratación de trabajadores extranjeros para la construcción, con la que se espera paliar la falta de mano de obra para las nuevas infraestructuras.

El dinero de los fondos europeos no está llegando del Gobierno central a las pymes vascas y eso «preocupa», y mucho, al Gobierno Vasco. Así lo aseguró ayer en el Parlamento Vasco el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, quien abrió la ronda de explicaciones ante la Cámara de los presupuestos de 2023. Al detallar las cuentas de su departamento, y tras asegurar que en medio de intensas «turbulencias planetarias» en lo económico empiezan a vislumbrase ciertas mejoras, el consejero hizo especial hincapié en ese déficit de gestión de los llamados fondos Next Generation. Un mensaje que replicó en Madrid, en este caso en el Congreso de los Diputados, el portavoz jeltzale Aitor Esteban. Azpiazu insistió en la preocupación del Ejecutivo de Vitoria. «No tanto por los recursos que están llegando para la gestión por parte del Gobierno Vasco, que estamos gestionando de la manera más ágil posible teniendo en cuenta los requerimientos administrativos que exigen estos recursos, sino por el dinero que tendría que llegar al tejido productivo y no lo está haciendo», dijo. Y para ilustrar esa preocupación, Azpiazu puso sobre la mesa lo sucedido con el Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), «que ha adjudicado poco más de 800 millones de un total cercano a los 3.000», apuntó. Un programa que, aún a pesar de haber atendido varios proyectos vascos (Mercedes Benz Vitoria, Sapa, Irizar y Fagor Electrónica), «no está llegando a las pymes», zanjó.

El departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco gestionará 849,8 millones de euros en 2023, un 9,3% más (73 millones adicionales), según avanzó ayer su responsable, Arantxa Tapia, durante su comparecencia ante el Parlamento de Vitoria para explicar las cuentas del próximo ejercicio. Las renovables, que siguen siendo una «asignatura pendiente» para Euskadi, reconoció, y sobre todo las pequeñas y medianas empresas serán algunos de los focos principales de atención de la consejería. Así, apuntó Tapia, su gabinete aprobará un Plan de Ayudas a Pymes, con 66 programas, dotado de 544 millones de euros «para mejorar la competitividad empresarial y promover nuevas inversiones». El Ente Vasco de la Energía (EVE), por su parte, contará con 147,2 millones al incrementar su participación en proyectos de energías limpias, al tiempo que recoge nuevos programas de eficiencia en el turismo, auditorías para pymes y un Renove ventanas de 2,5 millones. El organismo presidido por Iñigo Ansola participará en proyectos energéticos de vanguardia por un importe de 33 millones, de los que, por ejemplo, 20 serán para desarrollar parques solares y algo más de 2,5 para instalaciones de energía eólica, todos en colaboración con terceros. El hidrógeno, en el que hay puestas enormes esperanzas, se llevará seis millones. Junto a esto, dijo Tapia, el Gobierno quiere dar «un nuevo impulso a la estrategia Basque Talent», mientras la formación y la capacitación de personas se ven reflejadas en las becas de internacionalización, doctorandos en la industria y en el ámbito de la alimentación. Ese programa de formación, capacitación y atracción del talento tiene asignada una partida total de 18 millones de euros.

El Gobierno vasco sigue determinado en el impulso de las renovables y multiplica por dos la cantidad de dinero para proyectos de generación verde en Euskadi con empresas como Iberdrola o Solaria. Según se desprende de las Cuentas del departamento de Desarrollo Económico que presentó ayer en la Cámara vasca la consejera Arantxa Tapia, para 2023 estas inversiones alcanzan los 33 millones. Entre los proyectos destaca el tercer parque eólico de Aixeindar (sociedad en la que el Ejecutivo es socio de Iberdrola) con 40 MW y que será el primero de carácter mixto, es decir, con una instalación de placas solares aledaña de una potencia de 30 MW. La instalación se ubicará en la antigua cantera de Laminoria, en Álava, y se encuadra en un proyecto de recuperación del entorno. Además, las cuentas plantean el avance de dos nuevas instalaciones fotovoltaicas que tendrían una capacidad total de 100 MW, en este caso con Solaria y cerca de Vitoria, en la localidad de Arrazua Ubarrundia. Los proyectos se completan además con el impulso al hidrógeno verde, biomasa y energías marinas. El Presupuesto de la cartera industrial y medioambiental del Gobierno vasco se eleva en total un 9,3% sobre el pasado año hasta alcanzar los 849,8 millones. La partida más importante seguirán siendo los 544 millones que se destinarán a 66 programas de ayudas a las empresas para, entre otras cosas, desarrollar la innovación, la digitalización, la internacionalización y las inversiones destinadas a mejorar la eficiencia energética.

Casi la mitad de los 1.107 millones de euros con los que contará el departamento de Trabajo y Empleo del Gobierno vasco se destinarán a prestaciones relacionadas con el derecho a la renta y la inclusión. En total son 485 millones que buscan, como explicó ayer la vicelehendakari, Idoia Mendia, «mejor protección para los débiles y más oportunidades para todas las personas». Esta partida supone un incremento del 40% con respecto a este año por la ampliación de las personas que podrán acogerse a la nueva ley que regulará la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), la integración del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que será la referencia base del primer año para la prestación vasca, y el aumento de un 8,5% de ese IMV aprobado por el Gobierno central. Asimismo, la previsión en la prestación de vivienda es de 80 millones de euros. El global de las cuentas del departamento, esos 1.107 millones, son un 18,3% más respecto a este 2022. Tras las prestaciones, la cuantía más importante es la de formación, con 98,2 millones de euros y que se beneficia de una importante inyección de los fondos europeos. La inserción laboral para jóvenes, con un total de 20,4 millones de euros, refuerza programas de primer empleo como ‘Lehen Aukera’ o el de contratación en entidades locales. Lanbide continuará su proceso de digitalización, con una inversión prevista de casi 6,2 millones de euros.

El Metal de Bizkaia, con 52.000 trabajadores, volverá el martes a la mesa de negociación para renovar el convenio colectivo tras cerrar ayer una segunda ronda de tres días de huelga, similar a la protagonizada a finales de junio. Habrá que ver si esta vez se logra cerrar un acuerdo, tal como se ha conseguido en la mayoría de territorios, donde se han consensuado fórmulas para trasladar el IPC a los salarios. Los sindicatos aseguraron que la convocatoria ha sido un éxito y advirtieron a la patronal FVEM de que «si no mueve ficha, el conflicto se recrudecerá». ELA, que en esta ocasión va por separado y se ha desmarcado del resto –CC OO, LAB y UGT– aseguró incluso que «no descarta un paro indefinido». Fue este bloque sindical, que tiene una plataforma conjunta, el que solicitó la reunión con la organización empresarial nada más terminar la manifestación de la mañana en Bilbao, y tanto FVEM como ELA aceptaron. Poco antes de realizar la llamada, las centrales aseguraron que el seguimiento había alcanzado otra vez el 85%, mientras que la patronal lo rebajó al 26%, con la habitual guerra de cifras. FVEM recuerda que "ha asegurado el IPC una vez finalizado el periodo 2022-2025. Con aumentos acumulados del 12% (6,5% para 2022, 2,5% para 2023m 2% para 2024 y 1% para 2025) y hasta un 2% adicional en una revisión salarial, si los IPCs de este periodo superasen dichos incrementos. Aun así, si el IPC excediera del 14%, se abonaría la diferencia en 2 pagas no consolidables a lo largo del 2026. Por tanto, se está asegurando el IPC y los y las trabajadoras no “están perdiendo poder adquisitivo”. Más aún, si tenemos en cuenta que en el anterior convenio los salarios se incrementaron 4,75% por encima del IPC". Ver nota FVEM. 

Euskadi se quedó al margen del repunte en las ventas de coches que registró el resto de España en octubre. Fue, junto con Asturias, la única comunidad que registró un descenso en las matriculaciones. En el conjunto nacional hubo un incremento por el tirón de las empresas y de las firmas alquiladoras. Se encadenó así el tercer mes consecutivo de crecimiento, según el informe publicado ayer por las tres patronales del sector: Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores). En concreto, en el País Vasco se vendieron 1.807 coches, un 3,6% menos que en octubre del año anterior. En el total nacional las matriculaciones sumaron 65.996, lo que supone un 11,7% más. El peor comportamiento de Euskadi no es algo particular de este mes. Al contrario, el balance anual muestra cómo es un fenómeno que viene de lejos. Así, en los diez primeros meses del año se han matriculado en la comunidad 17.675 vehículos, un 13% menos que en el mismo periodo del año anterior. El descenso es más del doble que el registrado a escala nacional, donde se limita al 5,8%, con 666.247 unidades. También la comparación con 2019, la referencia prepandemia, es peor en Euskadi, si bien en ambos casos es muy negativa. Y es que las matriculaciones se sitúan un 47% de ese nivel en la comunidad y en el conjunto de España el descenso es del 37%.

Uno de los principales problemas de la hostelería y el turismo tras la pandemia es la falta de profesionales formados en estos sectores. Este verano de ‘boom’ turístico muchos empresarios lamentaban que necesitaban personal y no lo conseguían, mientras que los trabajadores se quejaban de las malas condiciones laborales del sector. La guía salarial de Adecco publicada ayer revela que un camarero gana de media en España 17.670 euros brutos anuales, lo que significan alrededor de 1.060 euros netos en 14 pagas, según cálculos de Hacienda para un trabajador con contrato indefinido y sin hijos. Los cocineros, otro de los colectivos más demandados, tienen un sueldo medio de 19.550 euros brutos al año, unos 1.147 euros al mes en 14 pagas. Dentro del sector hostelero, el perfil mejor retribuido es el de ‘chef’, con un salario medio de 31.900 euros brutos al año. Desde Adecco aseguran que parte del problema de la falta de personal radica en que una parte de los profesionales que se dedicaban a esta profesión antes de la pandemia «ha optado por reciclarse y trabajar en otros sectores con mejores condiciones laborales».

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, lanzó ayer un mensaje inquietante para los empresarios, en relación con la subida de los salarios más bajos. “[En el Gobierno] vamos a subir el salario mínimo interprofesional (SMI), lógicamente, por el impacto que está teniendo la inflación en nuestro país. Tenemos que corregir una enorme deficiencia que tiene nuestro país, que es que los salarios son muy bajos". Con ello, Díaz dijo a los empresarios que el Gobierno quiere subir el SMI para, a su vez, impulsar los salarios más bajos del sector privado. El incremento de la renta que fija el Ejecutivo estimula a los sindicatos a pedir que, a su vez, aumenten las retribuciones más bajas de convenio. El SMI es este año de 1.000 euros mensuales, o 14.000 al año, tras catorce pagas. El Gobierno tiene el compromiso electoral de incrementar esta renta hasta el 60% del salario medio español. Según los expertos designados por Yolanda Díaz en 2021 para subir el SMI tras la pandemia, el salario medio debía ser en 2023 de 1.050 euros. Sin embargo, la inflación, cuya tasa interanual en octubre fue del 7,3%, puede llevar al Gobierno a subir el SMI más de lo previsto inicialmente, y redondear en los 1.100 euros al mes. Esta cifra coincide con la que piden los sindicatos para esta renta. Precisamente, las declaraciones de Díaz se producen un día antes de la gran manifestación que han convocado CCOO y UGT para hoy en Madrid, con el fin de presionar a los empresarios para que suban los salarios en la negociación colectiva. O, también, para presionar a CEOE y vuelva a la negociación del Acuerdo Interconfederal para la Negociación Colectiva, para el trienio 2022-2024.

La vicepresidenta de Foment del Treball, Virginia Guinda, finalmente dará un paso al frente para competir por la presidencia de CEOE. De esta manera, el actual presidente, Antonio Garamendi, se enfrentará con Guinda en las elecciones que esta organización empresarial celebrará el próximo 23 de noviembre. Con esta decisión de la representante de la patronal catalana se persigue, de paso, aglutinar las críticas y el desacuerdo “con las maneras y la forma de hacer” del actual presidente, según explican a este diario fuentes empresariales. Según se contempla en los estatutos de CEOE, los posibles candidatos pueden presentarse hasta 15 días antes de la celebración de las elecciones, lo que sitúa como fecha tope el próximo martes 8 de noviembre. Fuentes de la candidatura de Guinda hablan abiertamente de una propuesta de “gobernanza alternativa”, de las bondades de que haya competencia y destacan el perfil de la aspirante como CEO de una compañía. El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, llevaba meses intentando armar una candidatura de oposición al actual presidente, a quien se reprocha su cercanía a grandes empresas concretas del Ibex y su benevolencia con los planes del Gobierno. Entre los nombres que ha manejado el mercado destacan el del presidente Cepyme, Gerardo Cuerva, el más deseado por los críticos a Garamendi, o el del presidente de Faconauto (la patronal de los concesionarios de automóviles), Gerardo Pérez, que amagó con ser de la partida. Fuentes internas de CEOE ven el movimiento como un mero intento de “hacer ruido” y visibilizar en porcentaje de votos la oposición al presidente, si bien no le conceden opciones de alzarse con la victoria a la vista de los apoyos que ya ha concitado Garamendi. Habrá que ver cómo reaccionan organizaciones potentes –entre ellas Asaja (que agrupa los intereses ganaderos y agrícolas) o Anfac (de los fabricantes de automóviles)– que en su momento no avalaron el sí de CEOE a reformas clave como la laboral. Todo apunta a que este viernes próximo la candidata realizará una presentación en Madrid. 

Entrevista con Pepe Álvarez, secretario general de UGT. Bajo el lema Salario o conflicto los sindicatos UGT y CC OO encabezarán hoy una manifestación que recorrerá las calles de Madrid. Pepe Álvarez (Belmonte de Miranda, Asturias, 66 años) estará al frente de ella. Es el momento álgido del otoño caliente. "Esperamos una asistencia muy importante. Somos conscientes de que esta no es una campaña que busque solo presionar a la cúpula de la CEOE. Basta con ver lo que está ocurriendo con las patronales sectoriales en la negociación colectiva, donde se están firmando mejoras salariales e incluso cláusulas de revisión muy importantes...Los 14 acuerdos sociales que hemos firmado en los últimos años se han magnificado. Siempre lo he dicho, llegamos a esos acuerdos en la pandemia porque no teníamos otra solución. Lo que ha existido es una posición de corresponsabilidad con el país por parte de la patronal y de los sindicatos. Ahora, una vez que se ha superado la pandemia, eso se ha roto y estamos en el escenario habitual: quienes quieren repartir los dividendos con los accionistas frente a los que queremos que se repartan con los trabajadores. Y esto es la lucha de clases clásica, pura y dura. Y eso es lo que estamos en este momento...- El Gobierno va a ampliar el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para traer extranjeros. ¿Qué le parece?- Vamos a tener una oposición absolutamente radical. No es verdad que haya un problema de falta de mano de obra en España. Le hemos dicho al Gobierno que primero, con tres millones de desempleados, no se puede decir de manera genérica que faltan trabajadores para atender las necesidades del mercado de trabajo. El problema que hay en España es que no se buscan a los trabajadores. Los servicios de empleo de las comunidades autónomas y el SEPE no están entrevistando a los desempleados y no están ofreciendo los puestos de trabajo que dicen que existen. Este es un tema que puede generar una bronca considerable con el Gobierno..."

El colectivo que se autodenomina ‘agraviados de Geroa’, que reclaman que aquellos asociados cuyas aportaciones superen los 44.000 euros puedan rescatarlo como capital y no en forma de renta, como establece la EPSV, continúan con sus movilizaciones y mañana se concentrarán ante la sede de Adegi. Su portavoz, Jose Mari Lazcano, indica que van a dar «un salto cualitativo y pasar de concentrarse ante las oficinas de los sindicatos como lo han hecho en las últimas semanas a hacerlo ante las sedes guipuzcoanas de ELA, LAB, CC OO y UGT, que están en los órganos de gobierno de Geroa, al igual que la patronal guipuzcoana. Los siguientes jueves lo harán ante las centrales.

El Banco Central Europeo ha dado el plácet al nombramiento de Antón Arriola, exdirectivo de Goldman Sachs, como futuro presidente del banco vasco Kutxabank. El consejo de administración de la entidad propuso este nombramiento a finales del pasado mes de julio para sustituir al actual presidente, Gregorio Villalabeitia, que ha dirigido la entidad en los últimos ocho años. Según fuentes consultadas, la designación se producirá en los últimos días de este mismo mes, después de que el supervisor europeo haya considerado que el curriculum de Arriola le permite superar lo que en la terminología interna se conoce como ‘fit and proper’. Una evaluación de su experiencia profesional y de su capacidad para ponerse al frente de una de las entidades financieras que, por su dimensión, entra dentro del perímetro de control del BCE. La elección de Arriola como candidato a presidir Kutxabank se adoptó tras un proceso encargado a una empresa de selección de directivos, que puso en manos del consejo del banco varias opciones. Arriola tiene un brillante currículum y una característica singular es que ha estado 13 años alejado de la primera línea de gestión empresarial, tiempo en el que se ha dedicado a la docencia, también a actividades en organizaciones sin ánimo de lucro y a una faceta, la de novelista, con la que ha alcanzado notoriedad pública. En Goldman Sachs llegó a ser director general de su oficina en España, tras haber trabajado en la sede de Londres como especialista en fusiones y adquisiciones.

Euskadi quiere albergar la sede de la futura Agencia Espacial Española. Lo desveló ayer la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, tras la celebración del consejo semanal del Gobierno vasco, que aprobó acudir a la convocatoria abierta por el Ejecutivo central y a la que, por ahora, se postulan al menos diez ciudades. La institución está previsto que inicie su actividad en 2023 con un presupuesto inicial de 500 millones. «Euskadi cuenta con una importante industria espacial y un ecosistema científico tecnológico que la hacen idónea para acoger la sede de la nueva agencia», defendió la consejera, que detalló que el plazo para presentar candidaturas termina el lunes. La sede estaría ubicada en uno de los tres parques tecnológicos vascos, declaró Tapia. La Agencia Espacial Española trabajará de forma coordinada con la Agencia Espacial Europea (ESA) y se encargará de coordinar distintos organismos nacionales y unificar la colaboración internacional. Según apuntó la consejera, tendrá como fines generales, entre otros, el fomento, la ejecución y el desarrollo de la investigación en la materia; el desarrollo tecnológico y la innovación en el ámbito del espacio, la seguridad y la defensa. También promoverá el desarrollo de aplicaciones de satélite para el desarrollo de competencias departamentales e impulsará y potenciará la industria espacial en coordinación con la ESA y con las políticas y programas espaciales que se desarrollen en la Unión Europea.

Miles de simpatizantes del presidente saliente, Jair Bolsonaro, se concentraron ayer frente a los cuarteles de algunas de las principales ciudades de Brasil para exigir una «intervención militar» que impida al mandatario electo, Luiz Inácio Lula da Silva, llegar al Gobierno. Los manifestantes solicitaron a las fuerzas armadas un golpe que «clausure» el Parlamento y la Corte Suprema y que mantenga al actual gobernante en el poder. Al grito de «resistencia civil» o «Lula, ladrón, tu lugar es la prisión», las principales protestas –en las que no faltaron las estampas de oraciones multitudinarias– tuvieron lugar en Sao Paulo, Brasilia y Río de Janeiro. Fueron convocadas a través de los habituales canales de ultraderecha de las redes sociales. Un medio de difusión que las bases bolsonaristas han utilizado desde la victoria electoral de su líder en 2018, siguiendo al dedillo el manual de estilo populista que extendió Donald Trump en Estados Unidos. El temor a un traspaso del poder turbulento continúa presente. Porque a las protestas frente a los cuarteles hay que sumar los bloqueos en las carreteras. Centenares de camioneros mantenían ayer el corte de las principales vías en al menos una quincena de Estados en claro desafío a las órdenes del Tribunal Supremo Electoral. El de los camioneros es un electorado clave de Bolsonaro, ya que se benefició de sus políticas para bajar los precios del combustible.

Corea del Norte había disparado en lo que va de año más de medio centenar de misiles de todo tipo, cifra récord. Sin embargo, solo en la jornada de ayer añadió otros 23 a su cuenta. Uno de los primeros, además, cayó cerca de la costa de Corea del Sur. Sus fuerzas armadas respondieron a estas acometidas con el lanzamiento de proyectiles en dirección contraria, confirmando el inicio de una peligrosa escalada militar. El norte comenzó las andanadas a las 6.51 hora local con cuatro misiles balísticos de corto alcance, y otros tres dos horas más tarde. Uno de ellos sobrepasó la Línea Límite Norte (LLN), demarcación marítima que separa ambos países, hasta precipitarse 26 kilómetros al sur de la misma; fuera de aguas territoriales de Corea del Sur pero apenas 57 kilómetros al este de la ciudad de Sokcho y 167 al noroeste de la isla de Ulleung, cuyos habitantes se escondieron en refugios antiaéreos ante la alarma emitida por las autoridades. A las 9.12 disparó otra decena de proyectiles. Los ensayos han continuado en rachas irregulares a lo largo de once horas. «Este lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte marca la primera vez desde la división de la península en que caen cerca de nuestras aguas territoriales. Es intolerable», señaló el Estado Mayor Conjunto surcoreano, en referencia a la Guerra de Corea (1950-1953), conflicto irresoluto dado que la firma de un tratado de paz entre los contendientes permanece pendiente.

«Europa se ha calentado en los últimos treinta años más del doble que la media mundial y es la región que más rápido lo ha hecho de las seis definidas por la Organización Meteorológica Mundial (OMM)», advierte Petteri Taalas, secretario general de la agencia de la ONU, en el informe ‘Estado del clima en Europa’. El estudio, publicado ayer, destaca que los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más habituales en el continente. El año pasado se cobraron 297 vidas en catástrofes como incendios e inundaciones, afectaron directamente a 510.000 personas y causaron pérdidas por valor de 51.454 millones de dólares. Entre 1991 y 2021, las temperaturas subieron en Europa a un ritmo de medio grado por década, según los autores del estudio, elaborado por la OMM y el Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S), el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea. Ese incremento de las temperaturas ha hecho que desde 1997 los glaciares alpinos hayan perdido 30 metros de espesor y que se esté derritiendo el manto helado de Groenlandia, lo que acelera a su vez el ascenso del nivel del mar. Entre los fenómenos extraordinarios registrados en 2021, los expertos llaman la atención sobre el hecho de que entre el 14 y el 16 de agosto llovió por primera vez en la cumbre más alta de Groenlandia, a 3.216 metros de altura y uno de los lugares más fríos del mundo.