20221202

Osakidetza podrá contratar a trabajadores extracomunitarios para paliar las dificultades que está encontrando para cubrir plazas de médicos especialistas y de personal de enfermería, agudizadas desde la crisis sanitaria del coronavirus. El Parlamento Vasco aprobó ayer la nueva ley de Empleo Público, que abre la posibilidad a que Euskadi pueda contratar a profesionales nacidos fuera de la Unión Europea en régimen de personal funcionario o estatutario, siempre y cuando responda a «razones de interés general en determinados ámbitos», como es el caso actual de la sanidad pública vasca. La nueva norma, que salió adelante gracias a los apoyos de los dos grupos del Ejecutivo (PNV y PSE), la abstención de PP-Cs y el rechazo de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y Vox, ofrecerá «un marco o paraguas» para que los trabajadores que no tengan nacionalidad española o comunitaria puedan acceder a las bolsas de empleo del Servicio Vasco de Salud. Aunque deberá ser desarrollada a partir de «una ley sectorial que lo matice», tal y como aclaró ayer la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi. Euskadi sigue así los pasos de otras comunidades autónomas. El artículo 72.5 de la ley de Empleo Público no solo habla de «necesidades objetivas» en personal médico especialista y personal de enfermería de Osakidetza, sino que también extiende la exención de nacionalidad para los extracomunitarios a otros dos ámbitos en los que se han detectado carencias en la Administración vasca: los expertos en tecnologías de la información y de las comunicaciones, y algunas plazas de la Ertzaintza y de la policía local.

La fábrica de Mercedes en Vitoria notificó a su plantilla que se veía obligada a parar varias líneas en distintos turnos hoy y mañana. El anuncio se produjo un día después de que la planta de Gestamp en Abadiño, paralizada por el conflicto del Metal vizcaíno, advirtiese de que «no tenía ‘stock’ suficiente para mantener el suministro a partir del jueves». La fábrica de Gestamp, la principal del grupo de la familia Riberas en Euskadi, tiene convenio propio, que se extiende hasta finales de este año y vincula los salarios a la inflación. Pero su plantilla, integrada por casi 800 trabajadores, secunda de forma masiva la huelga convocada en el sector. De hecho, tanto en esta ronda como en las anteriores el seguimiento ha sido superior al 90% según fuentes del comité, que está liderado por el sindicato LAB, con 11 representantes sobre un total de 17. Lo mismo ocurre en plantas del grupo Cie Automotive. La dirección de la planta advirtió el miércoles en un comunicado al comité y la plantilla de «la grave situación» provocada por la huelga, que «nos lleva inevitablemente a parar la actividad de nuestro principal cliente, Mercedes Vitoria». Pero el aviso va mucho más allá al apuntar las consecuencias a más largo plazo que puede acarrear la interrupción. «Abre un camino de riesgo e incertidumbre en un momento tan importante como este, en el que se están trasladando a proveedores las ofertas para la adjudicación del nuevo proyecto y del futuro de nuestra planta», subraya. Se refiere así a que la firma vizcaína opta a participar en la plataforma de Mercedes para la fabricación de la furgoneta eléctrica. «No somos capaces de valorar las repercusiones que esta situación nos va a generar, pero en un sector como el nuestro, a medio plazo, la pérdida de imagen con el cliente, además del sobrecoste que esta situación genera, no va a ser entendida ni por la dirección del Grupo Gestamp ni por la dirección de Mercedes», concluye la nota.

 La dirección de la multinacional Bridgestone ha elevado a 2.888 trabajadores de las cuatro plantas de producción en el Estado español el número de empleados que se verán afectados por la suspensión temporal de contratos o ERTE por causas productivas y que pretende aplicar las dos últimas semanas del mes. Las factorías de Basauri y Usansolo, ambas en Bizkaia, pararán del 26 al 31 de diciembre; mientras que la cántabra de Puente San Miguel será la más afectada, al detener su producción del 21 al 31 de diciembre, casi a la par que la de Burgos, que permanecerá inactiva del 22 al 31 de diciembre. Fuentes sindicales han explicado a EFE que la compañía, en la primera reunión negociadora del ERTE celebrada este jueves, ha explicado al comité intercentros que la parada de la producción viene motivada por la disminución de la demanda, la bajada de ventas y por el alto estocaje de productos en los almacenes. 

Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) quiere acelerar al máximo en los próximos años, con el foco puesto en Europa, Asia y Norteamérica. Así lo explicó ayer la firma pilotada por Javier Martínez Ojinaga al presentar al mercado su Plan Estratégico 2026, aprobado por su consejo de administración el pasado 10 de noviembre. La beasaindarra, así consta en esa hoja de ruta, dejó claro que se ha conjurado para seguir creciendo en sus dos negocios principales: trenes y autobuses ‘limpios’, que muchas veces ofrecen no pocas sinergias. El grupo advirtió al mercado de que tiene reservados 550 millones de euros con los que ir de compras. En concreto, apuntó sin dar mayores detalles, esos fondos se destinarán a «fusiones y adquisiciones». Además, avanzó que el aterrizaje en algunos mercados lo hará mediante «alianzas con socios locales» para dar mayor seguridad a esas operaciones y también para modular las inversiones que fueran necesarias. De aquí a 2026, la compañía quiere casi doblar sus ventas hasta alcanzar unos 4.800 millones de euros si se comparan con los 2.943 millones de 2021. Antes de entrar a detallar sus aspiraciones futuras, CAF repasó su anterior Plan Estratégico (2016-2021), marcado a fuego por la adquisición de la polaca Solaris y con el que, explicó, ha pasado de ser «un fabricante ferroviario con capacidades integrales» a «consolidar nuestra posición como proveedor de soluciones de movilidad». Ver nota de CAF. 

La empresa fabricante de componentes para el sector de la automoción Gestamp, controlada por la familia Riberas, ha decidido entrar de lleno en el área del reciclaje con la compra de una participación del 33,3% en otra firma también vasca, Gescrap. Con ello, la familia Riberas, que ya estaba presente en el capital de esta empresa, toma el control y la mayoría accionarial ya que mantendrá también una participación destacada a través del ‘holding’ que sirve como paraguas para las inversiones empresariales, la sociedad Acek. Fuentes consultadas aseguran que este es tan solo un primer paso y que en los próximos meses se darán otros más en torno a esta inversión de la familia Riberas, ya que el objetivo es impulsar un notable crecimiento de Gescrap. Un proceso en el que, aseguran, se acometerá una ampliación de capital para financiar nuevas inversiones en el sector del reciclaje de metales. Tras la recomposición accionarial, los tres socios de la empresa tendrán en sus manos un tercio de las acciones, ya que los Riberas dispondrán del 33,3% de Gestamp y también un porcentaje idéntico en su ‘holding’ Acek. Mientras tanto la familia Velasco se mantendrá en el accionariado con el 33,3% restante e Iñaki Velasco permanecerá como primer ejecutivo de la empresa. Todo apunta a que el movimiento accionarial supone una decisión estratégica de la familia Riberas que incorpora cambios en la consideración del negocio. «Dada nuestra posición en el sector de la automoción, es nuestra responsabilidad contribuir a la reducción de emisiones en toda la cadena de suministro», declaróo Francisco Riberas, presidente de Gestamp. 

Epowerlabs ha recibido el apoyo no solo del mercado sino también de los financiadores, entre los que despierta la misma confianza. La compañía ha cerrado una nueva ronda de inversión por valor de tres millones de euros liderada por el grupo industrial Lazpiur, y completada por Itzarri EPSV, el fondo de capital riesgo de la Spri (Ezten), Easo Ventures –que ya apoyó a la empresa en sus inicios– y algunos inversores locales. Esta inyección de capital, explicó la firma donostiarra, «permitirá escalar la producción de sus sistemas». Además, la compañía ha obtenido recientemente dos millones de euros adicionales procedentes de los fondos europeos Next Generation. Se trata de recursos del Perte del Coche Eléctrico y Conectado (VEC). Y es que Epowerlabs participa en tres consorcios que han logrado el apoyo de ese programa. Se trata de los proyectos D-Hub Reindustrialización de Nissan, liderado por QEV y BTech; la iniciativa Capital, liderada por Irizar; y el desarrollo Aries, liderado por Stellantis Vigo. La asesoría también donostiarra Norgestión ha actuado como asesor financiero y legal de EPowerlabs en este proceso de captación de recursos de capital. Por otra parte, la Fundación Artizarra y sus vehículos de inversión, concebidos para captar en Euskadi dinero con el que invertir en el entorno fomentando el arraigo, mueven ficha. Dos de los vehículos de inversión de Stellum Capital (la gestora que cuelga de la fundación), en concreto Stellum Growth y Stellum Food&Tech han entrado en el accionariado de la empresa familiar navarra Envaplaster, firma con sede en Viana y fundada en 1988 que se dedica a la fabricación de bandejas de plástico y envases termoformados para el sector alimentario.

Kutxabank realizará un primer reparto de 150 millones a las fundaciones bancarias –las antiguas cajas de ahorro vascas– a cargo de los resultados de este 2022, que en los primeros nueve meses del año cosecharon para el banco 250 millones de beneficios, un 42% más que en 2021. La entidad que preside desde esta semana Antón Arriola ha venido adjudicando en los últimos ejercicios un 60% de sus ganancias a BBK, Kutxa y Vital; y así se mantendrá en 2022 gracias a unos beneficios empujados por la subida de tipos de interés y el aumento del cobro de comisiones. Hasta septiembre, el beneficio neto alcanzó los 250,5 millones de euros, superando ya holgadamente los 216 millones que ganó en todo el 2021. De ahí que las previsiones para este año sean superar de largo los 300 millones de euros en las ganancias del banco. Será en abril del año que viene cuando se haga el resto de pago de los dividendos, pero de momento se adelantan esos 150 millones que se añaden a pagos realizados en este año sobre ejercicios pasados y que suman un total de 322,7 millones. Las perspectivas para 2023 son menos halagüeñas. Y es que la entidad, como adelantó este medio, ya ha calculado el impacto que podrá tener el Impuesto a la Banca aprobado la semana pasada por el Congreso de los Diputados. Entre 2023 y 2024 ascenderá a 110 millones de euros que se restarán del beneficios.

Iberdrola abonará este mes una paga extra de 1.000 euros a todos sus empleados en España correspondiente a este ejercicio 2022, un pago con el que busca suavizar el impacto de la coyuntura económica sobre sus trabajadores. Esta medida extraordinaria, comunicada por la compañía en su web interna, repercutirá así en los casi 9.000 empleados del grupo energético en España. El anuncio se produce después de que hace unas semanas CC OO de Industria y UGT-FICA exigieran a la energética una revisión salarial que garantice el poder adquisitivo de la plantilla y compense el impacto del IPC. Ambos sindicatos no firmaron el actual convenio colectivo de Iberdrola porque consideraron que reducía los salarios de entrada un 10% y devaluaba un 12,4% los sueldos de sus trabajadores. La eléctrica ofrecerá también 50 euros al mes para el pago de guarderías hasta que el niño cumpla tres años, incrementará el número de beneficiarios de las ayudas para la compra de vehículo eléctrico y pagará el 100% de las tasas de exámenes oficiales de idiomas para hijos. Además ha ampliado sus medidas de conciliación laboral en España, flexibilizando e impulsando la modalidad de teletrabajo. El grupo Iberdrola obtuvo un beneficio neto de 3.104 millones de euros en los primeros nueve meses del año, lo que supone un incremento del 29% con respecto al mismo periodo del año pasado. La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán prevé cerrar este ejercicio 2022 con un beneficio neto récord de entre 4.000 y 4.200 millones de euros.

Cepsa anunció este jueves una megainversión de 5.000 millones de euros para convertir a Andalucía en el mayor polo europeo de hidrógeno verde. El proyecto, con una capacidad de 2.000 megavatios (MW) y una producción de hasta 300.000 toneladas de hidrógeno verde, multiplica por diez al mayor anuncio realizado en Europa en el sector, hecho por Shell en Países Bajos el pasado mes de julio. Esto permitirá a la compañía la exportación de sus derivados como el amoniaco o metanol verdes, así como avanzar en su propia descarbonización. La iniciativa, que generará 10.000 puestos de trabajo, fue valorada por todo el arco político. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, destacó ayer en su visita a las instalaciones de la compañía en San Roque la importancia de que España se convierta en un líder global en la transición energética, a la vez que desarrolla sus capacidades de exportación. Este es el segundo gran anuncio que el Gobierno celebra en las últimas semanas. La naviera Maersk anunció a comienzos de noviembre una apuesta por 10.000 millones de euros para producir hidrógeno verde en Andalucía, así como también en Galicia. Las dos plantas previstas por Cepsa en Palos de la Frontera (Huelva) y San Roque (Cádiz) se pondrán en marcha a partir de 2026, llegando al máximo de su capacidad hacia 2028. “El Valle Andaluz contribuirá a que España se convierta en una potencia energética. Aquí se producirá el hidrógeno verde más competitivo del continente”, resaltó Wetselaar.

¿Verde? ¿Azul? ¿Marrón? ¿Rosa? ¿De qué color es el hidrógeno? Químicamente de ninguno. El hidrógeno es incoloro e inodoro. Pero etiquetarlo con un color u otro tiene, económicamente, repercusiones enormes. Determinará qué países y tecnologías van a mover energéticamente el mundo durante este siglo. Esa es la gran batalla empresarial que se está librando ahora en el sector. El hidrógeno (un gas) es el elemento químico más abundante conocido por el ser humano, al constituir aproximadamente el 75% de la materia del Universo. Su problema es que casi siempre aparece mezclado con algo. Para aprovechar su poder de combustión primero hay que separarlo, por ejemplo extrayéndolo del agua (H2O). Se puede hacer usando electricidad, pero para ello se necesitan enormes cantidades de luz. Es donde se produce la primera trifulca. Si la luz viene de fuentes renovables se llama hidrógeno verde. Si se quema gas en el proceso se llama gris. Si se quema gas natural, pero se capturan las emisiones, se llama azul. Si se queman hidrocarburos, se llama negro o marrón, dependiendo de lo mucho o poco que se contamine. Si la luz viene de una nuclear, se llama rosa. Así hasta toda una gama cromática dependiendo del mix: amarillo, mezcla de renovables y no renovables; blanco, hidrógeno en estado natural.

Es cierto que, tras la hecatombe económica provocada en 2020 por el Covid, los ingresos y los resultados empresariales se recuperaron con fuerza en 2021 y lo han seguido haciendo en los meses transcurridos de 2022, pero no ha sucedido lo mismo con los márgenes sobre ventas, que no solo no crecen este año, sino que entre enero y septiembre se han reducido ligeramente, permaneciendo “por debajo de los niveles prepandemia”. Así lo reflejan los datos de la Central Balances trimestral del Banco de España, que atribuye este retroceso a “la dificultad que muchas compañías habrían tenido para trasladar a sus clientes el aumento de los costes de producción”. De hecho, en conjunto, las compañías españolas “no han llegado a trasladar” todo ese aumento a sus precios, señaló el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, aunque la instantánea del mapa empresarial no es, ni mucho menos, uniforme. Así, la erosión habría sido mucho mayor en aquellas empresas en las que los gastos en energía y petróleo tienen un mayor peso en sus costes de producción. En su caso, los márgenes sobre ventas se hundieron 40 puntos respecto a los nueve primeros meses de 2021. También se habrían visto significativamente afectadas las empresas exportadoras, obligadas a competir en precios y, por tanto, a cargar sobre sus espaldas buena parte del alza de costes. Por contra, el comercio y la hostelería sí han visto mejorados sus márgenes sobre ventas gracias a la fuerte recuperación de la demanda tras el final de las restricciones. También las empresas con una posición financiera vulnerable habrían repercutido costes para elevar márgenes, en su caso por una cuestión de pura supervivencia.

La economía española resiste mejor de lo esperado. El Producto Interior Bruto (PIB) avanzará en 2022 un 4,6% y un 1,2% el año que viene, de acuerdo con el último informe de situación de BBVA Research, presentado ayer en Madrid. Aunque su anterior previsión apuntaba a una corta recesión técnica —dos trimestres seguidos de contracción—, el servicio de estudios ha revisado al alza sus expectativas (+0,2%) y descarta que España entre en recesión en 2023, como sí lo prevé para la zona euro. El informe también señala que, a pesar del último buen dato de inflación en la eurozona, esta no ha tocado techo. Y, con ella, las subidas de tipos: “El ajuste monetario no ha llegado a su fin”, señala Jorge Sicilia, director de BBVA Research y economista jefe de Grupo BBVA, al presentar el informe. Si hace unos meses muchas previsiones apuntaban hacia una recesión en España, conforme se acerca el final de año estas se han ido moderando. En lo que sí hay consenso es en que la zona euro está abocada a una contracción económica en 2023. El servicio de estudios prevé que la economía de la eurozona retroceda un 0,1%. Los factores que explican la mejor resistencia de la economía española son, de acuerdo con el informe, un mercado laboral robusto y un buen dato de exportaciones y de consumo privado. Para Sicilia, “la sorpresa es que, a pesar de la pérdida del poder adquisitivo, el consumo se mantiene mejor de lo esperado”. 

Las próximas jornadas van a ser de alta tensión en un mercado petrolero que se enfrenta a grandes desafíos con efectos que aún no están claros. De un lado, el afán de los países occidentales por asfixiar económicamente a Rusia tras su invasión a Ucrania hará que el próximo lunes entre en vigor la prohibición del G7 de la exportación de crudo ruso a la UE por vía marítima y la imposición de un precio máximo al oro negro ruso. Por otro lado, este domingo se reúnen los países miembros de la OPEP+ para pactar sus niveles de producción a partir del próximo mes de enero. La batería de sanciones impuesta por los países occidentales a Rusia derivadas de la guerra con Ucrania no ha evitado hasta ahora que Moscú recibiera sustanciales remesas de dólares por la venta de petróleo y gas natural –más de 100.000 millones de euros por ventas de materias energéticas en lo que va de año, según datos del instituto CREA–. Pero este lunes entran en vigor una batería de medidas que la UE aprobó en junio y que supondrán la prohibición de las importaciones de crudo ruso transportado por mar –que en 2021 supusieron el 40% de todo el crudo ruso y que equivalen a dos millones de barriles diarios–. 

Euskadi no se ha quedado esta vez al margen de la recuperación del mercado automovilístico. Las matriculaciones de turismos repuntaron casi un 8% en noviembre, ligeramente por debajo de la media nacional, donde el incremento se elevó al 10%. Con todo, el balance del año sigue siendo muy negativo, con ventas en mínimos históricos, debido a los problemas de stock por la escasez de chips y también por el debilitamiento de la demanda ante la incertidumbre económica y la escalada de precios. En concreto, en noviembre se vendieron en el País Vasco 2.082 coches, con lo que lo que la cifra total de los once meses del año se eleva a 19.757 unidades, según los datos publicados ayer por las patronales Anfac, Faconauto y Ganvam. Esta cifra supone una caída del 11% respecto al año anterior y un desplome del 46% si se toma como referencia el nivel prepandemia de 2019. En el conjunto de España el comportamiento es algo mejor, aunque el balance también es muy negativo. Así, a pesar de encadenar un cuarto mes con crecimiento, el acumulado de enero a noviembre –739.469 vehículos– representa un descenso del 4,4% en relación a 2021 y del 36% respecto a 2019. Las patronales del sector estiman que se acabará el ejercicio en 820.000 unidades, «encadenando tres años bajo mínimos».

El Gobierno ultima una decidida simplificación de las exigencias financieras que viene imponiendo a las empresas a la hora de permitirles acceder a los fondos europeos del Plan de Recuperación en el despliegue de los grandes proyectos de colaboración público-privada. Tras la tortuosa experiencia que ha supuesto poner en marcha el Perte (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica) del Vehículo Eléctrico, donde apenas se han movilizado 877 de los 2.975 millones de euros inicialmente previstos, el Ejecutivo ha atendido las peticiones que vienen haciendo las grandes patronales empresariales a fin de dinamizar al ejecución de los recursos comunitarios. En concreto, según ha podido saber EXPANSIÓN, el Gobierno ultima una fortísima rebaja de los avales financieros exigidos a las empresas, que pasarían de tener que presentar garantías por el 100% de las ayudas europeas a recibir a una horquilla de entre el 20% y el 60% en función de su grado de solvencia. El movimiento había sido reiteradamente reclamado por la principal patronal del país, la CEOE, así como por la Asociación Española de Banca (AEB), que venían advirtiendo al Gobierno de la dificultad que podría suponer para muchas empresas, particularmente en el caso de las pymes, conseguir estas garantías del sector financiero como paso previo a poder optar a los recursos europeos. El problema, según vienen denunciando desde el ámbito empresarial, es que a la hora de diseñar el sistema de impulso de los grandes proyectos estratégicos del Plan de Recuperación el Gobierno quiso blindar los recursos comunitarios obligando a las empresas a contar con un aval bancario por el 100% de la cuantía que optaban a recibir.

La Comisión Europea ha aprobado el programa del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) del País Vasco 2021-27, que tiene entre sus objetivos la transformación tecnológica-digital y energética-climática, y que va a permitir inversiones por 414 millones de euros, financiados al 40% por la Unión Europea, que aporta 165 millones. Estas inversiones serán llevadas a cabo por el Gobierno vasco y las tres diputaciones forales, que incrementarán en 56 millones su inversión en este programa 2021-2027, en comparación con el programa del período anterior (2014-2020), según informó ayer el Departamento vasco de Economía y Hacienda. Los 165 millones de euros de ayuda FEDER asignados al programa vasco se han concentrado en dos de los cinco Objetivos Políticos (OP) que permiten los Reglamentos Europeos. Prácticamente la mitad de la ayuda se ha programado en el OP1: «Una Europa más competitiva e inteligente», con el objetivo de afrontar la transformación tecnológica-digital de Euskadi, en línea con la ‘Estrategia de Especialización Inteligente-RIS 3 Euskadi 2030’. Ver más vía Canal Confebask Industria Inteligente. 

Los principales centros de estudios del país se han sumado al cuestionamiento que ha hecho Fedea sobre el grado de fiabilidad que tienen los datos de paro registrado que publica mensualmente el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) tras la reforma laboral, ya que el número total de desempleados no incluye a los trabajadores con contrato fijo-discontinuo que se encuentran en situación de inactividad y, en muchos casos, cobrando la prestación por desempleo. BBVA Research, el Instituto de Estudios Económicos (IEE), el Círculo de Empresarios y EsadeEcPol han trasladado sus dudas sobre la foto del mercado laboral español que se obtiene al mirar los datos de paro. «La importancia creciente de los fijos discontinuos –el 6% de los afiliados– y su consideración como demandantes de empleo ocupados cuando se encuentran inactivos distorsiona la utilización del paro registrado como medida de actividad económica», explicó Rafael Doménech, responsable de Análisis Económico de BBVA Research, quien detecta una distorsión en los datos que provoca que la relación entre los indicadores de empleo y los de crecimiento económico, como el PIB, «se haya alterado». «Nos gustaría contar con más información. Una de las cosas que hemos visto en los últimos años es que la evolución de la actividad económica guarda más relación con el número de horas trabajadas. Si pudiéramos tener esta información a lo largo del trimestre y desglosada por distintos tipos de actividad, sería mucho mejor, pero lamentablemente conocemos las horas cuando se publica la EPA, que es un día antes de conocer la evolución del PIB trimestral», explicó.

La movilidad laboral entre comunidades dio un vuelco y se contrajo durante la pandemia: los asalariados que hicieron la maleta para mudarse de una región a otra se redujeron en un 30% entre 2020 y 2021. Algo esperado, ya que todas las crisis económicas suelen tener un efecto frenazo y la generada por la covid lo hizo de forma más intensa, al paralizar la actividad durante meses. Lo llamativo es que Madrid, aunque continuó siendo la autonomía más dinámica, registró por primera vez un saldo negativo entre entradas de trabajadores y salidas, mientras que se moderó la habitual sangría que año tras año solía darse en la España vacía, según la última estadística Movilidad del Mercado de Trabajo en las Fuentes Tributarias publicada por la Agencia Tributaria. En total, cambiaron de comunidad de residencia 176.306 asalariados, frente al récord de 251.434 del periodo 2019-2020. La región capitalina recibió 40.000 trabajadores desde otras autonomías, sobre todo de las castillas y Andalucía. Es la cifra de llegadas más elevada en absoluto, que dobla el número de traslados rumbo a Andalucía y Cataluña (unas 20.000 personas), las segundas dos autonomías que más entradas registraron en el periodo analizado. Y que confirma un patrón prácticamente universal: las grandes ciudades y los territorios con más atractivo turístico y exposición internacional suelen tener mayores oportunidades laborales y concentrar más capital, empresas y, por ende, más trabajadores.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, afirmó ayer que no comparte ni “la premura” ni el modelo que propone el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para reformar el sistema de pensiones en España. Garamendi explicó que ahora “parece que hay premura de tiempo para aprobar lo que el ministro diga, pero el Gobierno citó a CEOE a una reunión el 12 de septiembre y a una segunda, para ayer”. Tras mantener el segundo encuentro en una semana, el Ejecutivo citó de nuevo ayer a la patronal y a los sindicatos, para el próximo 12 de diciembre. Pero el presidente de la CEOE dijo que el modelo que propone Escrivá “no es sostenible y carga contra las empresas, a las que hace perder competitividad”. La propuesta que ha hecho el Gobierno a la patronal y a los sindicatos, para la tercera fase de la reforma de las pensiones, establece desde 2027 hasta 2050 un incremento fijo del 30% en las bases máximas de cotización, para los sueldos más altos, mientras las pensiones más altas sólo crecerían un 3% de forma fija. Es decir, al margen del crecimiento que tengan ambas variables por la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC). Los empresarios consideran que esta propuesta aumentaría notablemente los costes laborales de las empresas. Sobre todo “en los puestos de mayor cualificación por lo que frenaría la captación de talento”.

“No estamos en contra de avanzar en el terreno de la sostenibilidad, sino todo lo contrario. Lo que queremos trasmitir es una petición al Gobierno para que entienda que el impuesto al plástico no es oportuno en el entorno actual. Es echar gasolina al fuego de la inflación”, afirma José María Bonmatí, director general de Aecoc. La patronal del gran consumo es sólo una de las 15 asociaciones empresariales del sector del consumo que ayer se unieron para lanzar un SOS al Ejecutivo para que paralice, al menos un año, el impuesto que entrará en vigor el 1 de enero. Los argumentos son numerosos, aunque el más repetido es que añadirá un coste extra a las empresas en un momento extremadamente delicado para sus cuentas de resultados por la inflación de costes que soportan. “Supondrá un impacto directo de 690 millones de euros, que se suman a los más de 1.100 millones a los que ya tenemos que hacer frente por la responsabilidad ampliada de los productores tras la entrada en vigor de la Ley de Residuos”, asegura Mauricio García de Quevedo, director general de Fiab.

Rusia elevó ayer la amenaza sobre una guerra nuclear mientras Washington mostró su disposición a un diálogo con condiciones. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que la ayuda occidental a Ucrania puede llevar al conflicto a una dimensión mucho más peligrosa. “El riesgo de escalar a una guerra nuclear es enorme”, afirmó en una conferencia de prensa. Lavrov justificó los ataques contra las infraestructuras energéticas de Ucrania con el argumento de que “proporcionan potencial de combate” al ejército y que de esas redes depende “la entrega de una gran cantidad de armas con las que Occidente colma a Ucrania para matar rusos”. Añadió que una negociación con EE UU sería posible a partir de las exigencias que Moscú puso sobre la mesa antes de la invasión. El presidente estadounidense, Joe Biden, indicó que por el momento no tiene planes para hablar con Vladímir Putin, pero no descarta hacerlo si el líder ruso muestra interés en poner fin a la guerra. En cualquier caso, dijo, esa conversación se desarrollaría en consulta con los aliados de la OTAN. Tras una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron, Biden consideró “impensable” que Rusia pueda vencer en Ucrania. Moscú eleva el tono sobre el riesgo de colisión entre potencias por el conflicto en Ucrania. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, vaticina que las relaciones con Europa nunca volverán a ser iguales y aboga por rehacer desde cero todo el marco de seguridad del Viejo Continente. 

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aseguró ayer que aunque por el momento no tiene planes para ello, tampoco descarta hablar con Vladímir Putin, siempre y cuando el presidente ruso dé muestras de querer acabar con la guerra en Ucrania. Esa hipotética conversación, puntualizó, se desarrollaría en consultas con los aliados de la OTAN. El inquilino de la Casa Blanca se pronunció así en una rueda de prensa con el presidente francés, Emmanuel Macron, quien se encuentra en Washington en visita de Estado. Ambos defendieron la posición occidental en la guerra de Ucrania y resaltaron un apoyo inquebrantable, durante el tiempo que sea necesario, al país invadido por Rusia. “Es una cuestión de principios”, subrayó Macron. Si se deja de respetar la soberanía nacional o la integridad territorial de los países consagrada en la carta fundacional de la ONU, “peligra la estabilidad global”, sostuvo. Por su parte, Biden aseguró que es “impensable” que Rusia pueda llegar en algún momento a vencer en Ucrania. La guerra fue uno de los grandes ejes de las tres horas de conversación. El otro, el ambicioso plan económico de Biden para luchar contra la inflación y el cambio climático, muy criticado por Europa —y concretamente por París-— ante medidas que los Veintisiete consideran proteccionistas. Biden lanzó una rama de olivo a sus aliados europeos, al expresar su disposición a meter “ajustes” en el plan. “En ningún momento se pretendió que el plan excluyera a los socios”, dijo. “Hay ajustes que podemos incluir que pueden hacer más fácil que los países europeos participen, o estén allí por su cuenta”.

La entrega de premios, en su XVI edición, de AED (Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia), reunió a más de trescientas personas en los salones del hotel Carlton. La gala, presentada por Ana Urrutia, comenzó con la intervención de Isabel Iturbe, presidenta de la asociación, quien señaló con datos en la mano –sólo un 19% de mujeres ocupan puestos en los consejos de administración de las empresas– que aún falta bastante para que la igualdad entre hombres y mujeres sea real. «Con estos premios –dijo– se trata de hacer visible la labor que desarrollan las empresarias y directivas, mujeres de referencia en sus ámbitos profesionales». En esta edición las premiadas fueron Rosa Carabel, que acaba de ser nombrada CEO de Eroski, empresa a la que lleva vinculada desde 1997; Amaia Aseguinolaza, consejera ejecutiva y socia propietaria del grupo Iruña; y Carolina Pérez Toledo, socia y directora para España de Learnlight y actual presidenta de Cebek. Allí estuvieron entre otras, Isabel Busto, presidenta de Confebask.