20231109

Artículo del secretario general de Cebek, Francisco Javier Azpiazu. "Los partidos, por criterios de oportunidad, no pueden alterar el diálogo social...Hace unos días se presentó el acuerdo entre el PSOE y Sumar donde, entre otras medidas de carácter sociolaboral, se recogía la reducción progresiva de la jornada laboral máxima de 40 horas semanales hoy vigente a 38,5 horas en 2024 y hasta 37,5 horas en 2025. Lo curioso de esta medida, como las demás recogidas en el documento, es que, tal y como se expresa en el texto, «se llevarán a cabo en el marco del dialogo social»...En Cebek hemos analizado cómo esta medida puede alterar (aunque no sabemos cómo se va a aplicar) los convenios colectivos que negociamos en Bizkaia. Y el resultado es que de los 24 convenios colectivos que negociamos y que afectan a más de 16.000 empresas y de 163.000 trabajadores/as, en 2025 el 60 % de nuestros convenios en mayor o menor medida sufriría una alteración de la jornada laboral pactada, en especial la totalidad de los convenios de comercio, tanto los vigentes negociados ya hasta 2026 como los que se siguen negociando, ya que todos ellos superan actualmente las 37,5 horas semanales de promedio en cómputo anual o las 1.712 horas anuales. Las empresas necesitamos certezas y seguridad jurídica, y no podemos estar permanentemente al albur de la agenda política o de ocurrencias puntuales que pueden suponer una alteración de las reglas de juego pactadas en cada caso por los agentes sociales en las mesas de negociación en los últimos años. La aplicación de esta medida supone una injerencia externa en la negociación colectiva cerrada y vigente para 2024 y 2025, además de actuar en favor de una parte en las mesas de negociación abiertas en las que la jornada laboral es una materia sustancial... Esta medida, además de suponer un claro incremento de los costes laborales en los convenios a los que afecta, quiebra en nuestra opinión el equilibrio de intereses conseguido entre las partes y la función unitaria de la negociación colectiva, añadiendo si cabe más dificultades a la negociación sectorial. Es sorprendente que haya que recordar hoy que la reducción de las horas de trabajo es siempre resultado del aumento de la productividad y no al revés..."

A finales de 2024 o principios de 2025, Euskadi extenderá a los trabajadores de las empresas privadas el permiso de paternidad de 18 semanas del que ya disfrutan los funcionarios desde 2019. Ahora mismo, las familias empleadas en compañías privadas que tienen un hijo pueden acogerse a la baja de 16 semanas, que abona la Seguridad Social; es decir, la Administración central. La cotización la asume la propia empresa. Lo que el Gobierno vasco plantea es que los trabajadores puedan disfrutar de una excedencia de dos semanas extra que abonaría en su integridad el Ejecutivo autonómico, aunque, como es lógico, no tiene competencias para obligar a las empresas a acogerse a esta medida. En cualquier caso, la iniciativa precisa de un decreto que le dé cobertura legal que no estará listo antes de finales de 2024. De ahí que no entre en vigor seguramente hasta entonces o incluso a principios de 2025. Así lo confirmaron ayer fuentes del departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales que dirige Nerea Melgosa. La consejera compareció ante la comisión de Hacienda del Parlamento autonómico para desgranar los Presupuestos de su área. Las Cuentas prevén una partida de 100.000 euros para la equiparación del permiso de «parentalidad». La partida estará destinada a realizar el proceso de redacción técnica del decreto). Una vez se aprueben los Presupuestos en el Parlamento (los socios de Gobierno, PNV y PSE, tienen mayoría absoluta pero tratarán de obtener el respaldo de alguna fuerza de la oposición), se iniciará el proceso de aprobación del decreto que regularía los nuevos permisos. Los trámites duran en torno a nueve meses, ya que hacen falta informes, el documento se somete a audiencia pública… No obstante, existe la posibilidad de que la medida vasca llegue tarde. El acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar a nivel nacional contempla ampliar el permiso de paternidad de las 16 semanas actuales a 20. Durante las cuatro últimas, el trabajador se incorporaría a su puesto a jornada parcial. 

La incertidumbre global pesa y mucho en el sentir de los empresarios vascos. Un 34,1% de las compañías confiesa que el entorno económico empeorará de aquí a finales de año y un 20% de ellas asegura que su facturación caerá, según el Estudio de Confianza Empresarial sobre el cuarto trimestre elaborado por el Departamento de Estudios de Laboral Kutxa, tras realizar una encuesta a 205 empresas ubicadas en Euskadi, entre el 13 y el 29 de septiembre. En un comunicado, la cooperativa de crédito subrayó que si se agregan los indicadores, exceptuando la opinión acerca del entorno, el valor del índice de confianza es 49,5, un valor similar al del trimestre anterior (49). El valor del índice próximo a 50 indica «estancamiento», y es similar a los valores obtenidos para otros ámbitos geográficos de interés como España (dato septiembre: 50,1) o la propia zona euro (dato septiembre: 47,2). La encuesta de Confianza Empresarial muestra un entorno económico algo más pesimista que el trimestre anterior. En concreto, el 8,8% de las empresas cree que ese entorno mejorará con respecto al trimestre actual, el 57,1% considera que se mantendrá igual y el 34,1% considera que el entorno empeorará. Las previsiones en cuanto a facturación indican una visión «algo más optimista». Ver nota de prensa y estudio de Laboral Kutxa. 

El derecho a cotizar de los becarios no remunerados vuelve a tropezar. Las universidades denuncian que, de forma general, empresas e instituciones públicas están rechazando estudiantes en prácticas si tienen que asumir la ínfima porción de cotización que les corresponde. Lo más común es que los acepten si el coste recae en la universidad. Así, una solución contemplada como excepcional, según los rectores, es la norma. El problema es tangible en estas semanas, dado que este nuevo derecho entrará en vigor el 1 de enero y ya hay prácticas en marcha que van más allá de esa fecha. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) protestó el martes en un comunicado. “No estamos encontrando receptividad ni de lo público ni de lo privado. Nos dejan claro que ellos no se van a hacer cargo de la cotización”, denuncia en conversación con EL PAÍS María Antonia Peña, presidenta de la CRUE para Asuntos Estudiantiles y rectora de la Universidad de Huelva. Y las universidades no pueden asumir que el estudiante no desarrolle las prácticas. Esta nueva cotización se aplica a las prácticas no remuneradas que forman parte del plan de estudios, así que sin ellas el alumno no se gradúa. “Nos dejan dos opciones. O quitamos las prácticas del plan o pagamos nosotros la cotización”, añade Peña. “El decreto recoge que la asunción de estas cuotas por las universidades debía ser excepcional”, recuerdan los rectores en su comunicado. La cotización de los becarios es un compromiso de la reforma de las pensiones. El decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado establecía la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de esas prácticas no laborales. “Quedarán comprendidas como asimiladas a trabajadores por cuenta ajena”, detalla. Esta cotización beneficia al estudiante de cara a su jubilación, pero no en la protección por desempleo. Además, el texto establece que el poder público bonifica el 95% de la cuota. 

El acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar recoge el compromiso de “aprobar el estatuto del becario”, sin más matices. El Ministerio de Trabajo alcanzó un acuerdo al respecto con los sindicatos antes de las elecciones, pero nunca llegó al Consejo de Ministros. El PSOE rechazó el texto: el mismo día de la presentación de la norma, fuentes de Moncloa y del Ministerio de Asuntos Económicos indicaron que estaba “verde” y que le faltaba “trabajo técnico”. Fue el único pacto formal de sindicatos y Trabajo que no tuvo traslación al BOE en la pasada legislatura. Distintas fuentes consideran previsible que el Ejecutivo proponga reabrir las negociaciones. Los interlocutores siempre han asegurado que el acuerdo estaba diseñado para incluir a la patronal, dado que limitaba las prácticas extracurriculares a 480 horas, cuando la posición inicial de sindicatos y Trabajo era eliminarlas. Los sindicatos creen que la cercanía del 23-J echó atrás a los empresarios.

El Parlamento vasco aprieta el acelerador ante un posible adelanto de las elecciones autonómicas a marzo. La Cámara protagoniza desde hoy un auténtico arreón legislativo que se extenderá al menos hasta las vacaciones navideñas con la aprobación de sucesivas normas en plena recta final de una legislatura especialmente productiva gracias a la mayoría absoluta de PNV y PSE. Sólo en la sesión de este jueves se ratificarán dos leyes y se superará la barrera de las enmiendas a la totalidad en otra. En la sesión de hoy se aprobarán definitivamente las leyes de Movilidad Sostenible y de Estadística, y se rechazará la enmienda a la totalidad de Ciudadanos a la del Instituto Vasco de Finanzas para que después se constituya la ponencia. En esta fase final, en la que se analizan las enmiendas y se negocia a puerta cerrada antes de emitir el informe definitivo, a su vez se encuentran hasta nueve proyectos o proposiciones de ley pendiente de ratificar; entre ellas, algunas importantes como las de Educación, Empleo y Salud Pública. Un paso más allá está la norma sobre Extinción de Incendios y Salvamento, que ya tiene listo el documento final para obtener la luz verde de la Cámara.

Los contratos eventuales representan el 44% del total de los firmados por la Administración pública vasca, un verdadero caballo de batalla para el Departamento de Gobernanza que dirige la consejera Olatz Garamendi. Así, de los 166,6 millones con los que cuenta en el Presupuesto, un objetivo primordial será finalizar los 138 procesos de selección abiertos desde el año pasado y que permitirán consolidar en la estructura pública a 17.000 empleados. Según explicó ayer Garamendi en el Parlamento, se culminará ese proceso antes de que acabe 2024. Además, anunció que con las aprobaciones que se han ido materializando este año y las que se esperan para el siguiente, en 2025 se convocarán otras mil plazas en diferentes OPE. El objetivo, según detalló la consejera, es reducir esa eventualidad al 8%, objetivo que garantizó en el ámbito de la administración general –los servicios ubicados en Lakua– para este año gracias a los 3.700 puestos que está previsto consolidar en este área. Se trata de una proceso que viene provocado por la denominada ‘ley Iceta’, norma impulsada en su día por el Gobierno central para reducir la temporalidad en la función pública, de acuerdo a las exigencias de Bruselas. El caso es que la reestructuración se está llevando a cabo en un contexto de confrontación con los sindicatos que ha provocado ya un paro en el sector público y tiene el próximo 19 de diciembre la segunda jornada de huelga. Todas las centrales, a excepción de UGT, han convocado estas protestas por una pérdida de poder adquisitivo acumulado que cifran en el 20%. Además, denuncian una temporalidad en la contratación que no creen que se arregle con estas OPE y tras más de diez años sin llegar a acuerdos en la mesa de negociación de la función pública vasca.

Statkraft, la multinacional pública noruega, promueve dos parques eólicos en Gipuzkoa, Piaspe e Itsaraz. Precisamente para el primero, plenamente guipuzcoano al desarrollarse entre los municipios de Azpeitia, Zestoa y Errezil, la entidad ha decidido renunciar al camino corto – un atajo perfectamente legal abierto por la legislación estatal y autonómica para acelerar algunos proyectos de renovables– para optar por el camino largo, un trayecto administrativo más farragoso para la empresa, algo más lento pero que permite una mayor participación de los agentes locales en los permisos a obtener por el parque y un examen medioambiental más intenso. Así lo confirma el director de desarrollo de negocio de Statkraft para España, Julio Crespo, quien subraya que la decisión se ha tomado «para dar más posibilidades a la sociedad, desde los ciudadanos a las administraciones, pasando por las empresas locales, de participar en el desarrollo del parque». Un paso más en la estrategia de la multinacional que, señala Crespo, «quiere contar con todos».

La apuesta por el desarrollo de las energías renovables es innegable en Euskadi como lo demuestra el hecho de que haya ya seis proyectos eólicos en marcha, además de los numerosos fotovoltaicos. Pero el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables del País Vasco, más conocido como PTS, contempla un total de 23 zonas aptas en nuestro territorio donde se podrán llevar a cabo en el futuro proyectos eólicos y fotovoltaicos, de un total de 110 en Euskadi. Esto no significa que necesariamente se tengan que desarrollar proyectos en todos ellos, pero sí los delimita a esas zonas en un principio, tal y como apunta su versión inicial dada a conocer en mayo de este año. La orografía resta oportunidades a Gipuzkoa para levantar parques renovables por la existencia de zonas protegidas, así como por la profundidad de sus valles, lo que complica los proyectos, además de la imposibilidad del ‘off shore’.

Erabili ezazu baina neurrian, nolabaiteko oreka bilatuz, ez gehiegi ez eta gutxiegi ere, erabiltzeak dakartzan onurak maximizatuz, baina gehiegi edo neurriz kanpo usatzeak dakarren galerak saihestuz. Gizarteak eskura dituen mila baliabide, teknologia, material edo teknika berriei aplika dakioke ideia hau, tartean adimen artifizialari. Bada, egungo teknologia garapenak ondo bideratuta edo bere erabilpenari helburu egoki bat finkatuz gero, egundoko abantailak ekar ditzake gizarteko hainbat arlotara. Arlo horietako bat da osasuna. Atzo Global Innovation Day 2023 antolatu zuten Durangoko Landako gunean, eta adimen artifiziala eta ingurunearen jasangarritasuna izan zituzten mintzagai, berrikuntzaren esparruan. Hainbat euskal enpresek beren berrikuntza arloan adimen artifizialarekin ondutako hainbat kasu aurkeztu zituzten, besteak beste, Aratubo, Ibermatica eta Ulma enpresek. Halaber, adimen artifizialak osasun sektorean ekar ditzakeen onuren inguruan aritu ziren Mar Mendibe neurologoa eta Biobizkaia Osasun Ikerketa Institutuko zuzendari zientifikoa eta Alex Rayon informatikan eta telekomunikazioan doktorea eta Brain and Code erakundeko zuzendaria. Gehiago ikusi hemen. 

Pontegadea, el vehículo de inversión de Amancio Ortega, fundador de Inditex, el gigante español de la moda propietario de Zara, ultima la compra a Repsol del 49% de una cartera de renovables en España, valorada en 700 millones de euros, en su mayor operación en este sector. El fundador de Inditex, la mayor fortuna de España y una de las más grandes del mundo, ha realizado otras inversiones en energía en España. Además del 5% de Enagás, mantiene el 5% de Redeia, el grupo que gestiona Red Eléctrica. Hasta ahora, sus incursiones en renovables habían sido limitadas. Además de entrar en la filial de renovables de la propia Enagás, también había comprado otros activos a Repsol. En concreto, se había aliado a la petrolera en 2021 para desarrollar una serie de parques eólicos. Era el denominado Proyecto Delta, valorado en 500 millones de euros. Ahora, Pontegadea da el gran salto, al entrar en el denominado Proyecto Ebro de Repsol, que desarrolla una serie de instalaciones de renovables, sobre todo en Aragón. Fuentes del sector energético explican que Pontegadea está ultimando los flecos de la transacción, tras haberse impuesto en un proceso competitivo a otros aspirantes a aliarse a Repsol. La firma del acuerdo podría producirse la próxima semana.

El Banco de España saca la cara por el sector financiero ante la intención del PSOE y Sumar de hacer permanente el impuesto sobre los beneficios del sector. Aunque el supervisor ya había mostrado su rechazo al gravamen en otras ocasiones, el gobernador Pablo Hernández de Cos se mostró ayer mucho más firme al advertir que «el diseño del impuesto es claramente muy mejorable». Durante la clausura de un encuentro financiero, Cos expresó que «sería deseable que esa parte de los beneficios se retuviera en el capital de los bancos para aumentar su resiliencia». Y es que el Banco de España teme que, pese al reciente beneficio récord de las grandes entidades –de casi 20.000 millones de euros entre enero y septiembre–, la tendencia de la rentabilidad vuelva a ser a la baja ante el fin de las subidas de los tipos de interés, en un momento de elevada incertidumbre económica. En el mismo sentido se manifestó ayer el presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria, al asegurar que aquellos gobiernos que decidan introducir impuestos deben certificar que «no se apliquen en detrimento de la rentabilidad y el fortalecimiento del capital», lo que podría generar serios riesgos para la estabilidad financiera. El sector insiste en que los históricos resultados no implican que el mercado considere que el negocio es rentable, tal y como evidencian las actuales cotizaciones de los bancos, la mayoría por debajo de su valor en libros.  «Nos enfrentamos a una paradoja en la que la sociedad cree que la banca es muy rentable, pero los inversores no», resumió ayer José Manuel Campa, presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). 

José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, elevó ayer el tono de sus reivindicaciones respecto a la desregulación del mercado de telecomunicaciones dentro de la Unión Europea. Si hasta ahora llevaba años reclamando un cambio radical en la regulación, a la que consideraba anclada en el pasado, y eficaz para otras épocas, hace dos décadas, en las que era necesario abrir el sector a la competencia, ayer dio un paso más allá y reclamó una “completa desregulación”. Pallete explicó que “la mejor forma de garantizar la autonomía estratégica de Europa y del sector de las telecomunicaciones es un marco regulatorio adaptado a las necesidades de los nuevos tiempos”. Refiriéndose a la entrada de la saudí STC en el capital y el interés de la Sepi, Pallete señaló que “somos estratégicos, y somos estratégicos a nivel europeo. El sector es estratégico. Somos la clave de la conectividad del futuro”. “Lo que no se entiende es que se nos regule con reglas del siglo pasado. Por lo tanto lo único que pedimos es una cosa, es que se nos desregule, que se nos deje competir. Que se nos deje competir en igualdad de condiciones como cualquier otro jugador, porque las reglas que dieron lugar a esta regulación se han quedado obsoletas”, insistió Pallete. Todo el proceso alrededor de STC se inició el pasado 5 de septiembre, cuando la operadora de telecomunicaciones asiática, controlada por PIF, el fondo soberano saudí, anunció sorpresivamente que se había hecho con una participación del 9,9% en el capital de Telefónica, con un 4,9% comprado directamente y otro 5% mediante derivados.

Facua ha hecho pública su intención de denunciar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Dirección General de Consumo a ocho grandes cadenas de supermercados que, según la organización, han pactado la subida de sus marcas blancas de aceite de oliva durante los últimos tres meses. Así, la botella de un litro de aceite de oliva virgen extra sale al mismo precio en Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor, Lidl y Mercadona: 9,25 euros. Pero esto no ocurre solo con el envase de un litro, también con el formato de 750 mililitros (7,60 euros) y con las garrafas de 3 (27,60 euros) y 5 litros (46 euros). Tres meses con precios idénticos o que, como mucho, presentan una variación de un céntimo entre supermercados. El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, cree que “tanto la CNMC como el Ministerio de Consumo deberían investigar si se trata de un cártel y estas prácticas forman parte de un pacto colusorio”. Para nada ha servido la rebaja del IVA en los alimentos, que si bien provocó una bajada en los primeros meses posteriores a su aplicación, a la larga ha acabado con el 52% de estos productos registrando un precio más caro que cuando entró en vigor. El aceite, con una rebaja del 10% al 5%, entra dentro de esta categoría.

Los temores a que la escalada del conflicto en Oriente Próximo dispararan el precio del petróleo habían llevado a los analistas en los últimos días a hacer previsiones sobre un posible, aunque poco probable, shock energético. El peor escenario, según cálculos de Bank of America, llevaría al Brent a cotizar hasta los 250 dólares por barril, un 70% por encima de su techo máximo registrado en julio de 2008. Sin embargo, ahora esta posibilidad se ha disipado por completo. El crudo cayó ayer un 2,54%, hasta los 79,54 billetes verdes: de esta manera, borró las ganancias acumuladas en el primer mes del conflicto en Gaza y retrocedió a los niveles del pasado julio. Norbert Rücker, economista jefe de Julius Baer, considera que el mercado parece estar desplazando su atención de la geopolítica a los datos macroeconómicos. “La abundancia de la oferta, el aumento de la producción y el estancamiento de la demanda crean un contexto general poco favorable. Aunque los precios parecen menos elevados tras la corrección, los vientos en contra deberían persistir. Prevemos que los precios bajarán en los próximos meses”, afirma el experto. Además de la preocupación sobre los precios del crudo, la escasez de suministro representaba otro quebradero de cabeza. Sin embargo, el analista recuerda que actualmente tanto en Occidente como en Asia las reservas son suficientes y los países no han mostrado unas carencias significativa este año. “La tendencia está cambiando hacia la relajación, a medida que aumenta la producción, mientras que el consumo de los principales consumidores se estanca”, añade.

La futura ley de amnistía que siguen negociando estos días en Bruselas el PSOE y Junts preocupa a Bruselas incluso antes de su redacción final. El comisario de Justicia, Didier Reynders, envió ayer dos cartas al Gobierno español para pedir explicaciones sobre esta norma, ante cuya posible aprobación expresa su «seria preocupación». En ambas misivas, dirigidas al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños –uno de los negociadores nucleares del presidente Sánchez–, y a la titular de Justicia, Pilar Llop, el comisario pide «más detalles» sobre el eventual borrado de los delitos vinculados al ‘procés’ independentista y asegura que «permanecerá vigilante» para garantizar tanto los valores fundamentales de la Unión Europea como el cumplimiento del Estado de Derecho. Más concretamente, Reynders –miembro de los liberales– reclama información sobre «el alcance personal, temporal y material» de la nueva ley, de la que aún se desconoce su preámbulo y la concreción del articulado, aunque de lo que ha trascendido se desprende que podría beneficiar a unos 700 encausados de una u otra forma, incluidos los acusados por terrorismo de los CDR y Tsunami Democràtic. A falta de ellos, el comisario pide «más detalles» sobre la norma, que tendrá «una importancia considerable», augura, en el debate público europeo. El ministro de Presidencia, por su parte, ha respondido al comisario que la ley de amnistía «no corresponde al ámbito de decisión del Gobierno» y que «deberá tramitarse y resolverse en las Cortes Generales». 

El 7 de octubre, Illarramendi y su esposa se encontraban, al parecer, en el interior de su casa, en la granja donde residían junto a 300 personas dedicadas a la actividad agrícola. Cuando comenzó el ataque de Hamás, se pusieron en contacto con algún familiar para pedir auxilio. La comunicación se cortó y no se supo más de ellos. El guipuzcoano Iván Illarramendi, de 46 años, y su mujer, la chilena Dafna Garcovich, de 47, fueron asesinados por Hamás el 7 de octubre, el mismo día en que se produjo la masacre en los kibutz y se perdieron 1.400 vidas. No estuvieron secuestrados, según ratificaron ayer fuentes diplomáticas israelíes. La identificación de los cadáveres se ha demorado porque fueron calcinados y apenas había tejidos para realizar los análisis. Los cuerpos estaban en el kibutz (granja agrícola) Kissufin, donde vivían desde hace años, muy cerca de la frontera con la Franja. Illarramendi nació en Zarautz y tras residir un tiempo en Bilbao se trasladó con su mujer, de raíces israelíes, al lugar donde han encontrado la muerte. Es el segundo ciudadano español fallecido en esta guerra tras la muerte de la sevillana Maya Villalobo, que se encontraba realizando el servicio militar en el Ejército israelí. «Nuestros corazones están desgarrados por la noticia del brutal asesinato de Iván Illarramendi. Ha sido identificado un mes después de la masacre terrorista cometida por Hamás en Israel, junto a su esposa Dafna [Loren] Garcovich», escribió la embajadora de Israel en España, Rodica Radian-Gordon, en la red social X. Tanto el Gobierno español como el vasco han enviado mensajes de condolencia a las familias.

"...Encuestas recientes sugieren que casi el 55% de los votantes estadounidenses desaprueban la actuación de Joe Biden. También sugieren que Trump está ligeramente por delante de Biden en las encuestas antes de las elecciones, ahora a un año vista. Por último, sugieren que Trump aventaja a Biden en cinco de los seis estados “en disputa” más importantes. En resumidas cuentas, una victoria de Trump es clara y preocupantemente plausible. ¿Qué significaría esto? La respuesta más importante es que EEUU, que no sólo es la democracia más poderosa del mundo, sino su salvadora en el siglo XX, ya no está comprometido con las normas democráticas. La más fundamental de esas normas es que el poder debe ganarse en elecciones libres y justas. Es discutible que las elecciones presidenciales estadounidenses sean “justas”. Pero tienen reglas. Los intentos del presidente en ejercicio de anular esas normas equivalen a una insurrección. Que Trump lo intentara no es discutible. Tampoco lo es la ausencia de pruebas de fraude que respalden su intento de golpe de Estado. Está debidamente acusado. Sin embargo, aún podría ganar unas elecciones presidenciales. Una razón por la que podría hacerlo es que cerca del 70% de las personas que se identifican como republicanos afirman creer sus mentiras. Esto es estremecedor, aunque, por desgracia, no tan sorprendente. ¿Qué significaría otra presidencia de Trump para EEUU, más allá del respaldo a un hombre que intentó derribar la Constitución? Obviamente, la respuesta dependería en parte del equilibrio en el Congreso. Sin embargo, sería un error buscar consuelo adicional en su comportamiento la última ocasión. Entonces se apoyó en figuras bastante tradicionales del ejército y los negocios. La próxima vez será diferente. “Maga” es ahora un culto con un número considerable de creyentes..."