20220921

El portavoz del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, salió ayer al paso de la decisión de la comunidad andaluza de eliminar el Impuesto de Patrimonio para asegurar que «nosotros no vamos a participar en la pesca de los ricos». Una frase que está ligada al efecto que provoca la competencia fiscal en torno a la deslocalización de contribuyentes y que podría trasladar la idea de que la Administración vasca no comparte el objetivo de retener a quienes tienen más recursos. Los detractores de este impuesto defienden que el colectivo al que afecta coincide también con quienes más aportan de forma individual a las arcas públicas. Zupiria dio a entender que Andalucía sigue ahora la estela de Madrid –ambas dirigidas por el PP– en la eliminación de este tributo porque «su modelo de financiación es distinto», sus ingresos dependen en gran parte de las transferencias del Gobierno central y no «asumen un riesgo total», tal y como sucede en Euskadi debido a la aplicación del Concierto Económico. Como ya es conocido, Andalucía aprobó ayer un decreto que suprimirá el Impuesto de Patrimonio en esa comunidad, que será así la segunda en España en sumarse a esa estrategia. Lo cierto es que el tributo que grava el ahorro y las propiedades ha desaparecido ya del conjunto de Europa y Juanma Moreno, el presidente andaluz, ha justificado la decisión por su deseo de contener la fuga de los principales contribuyentes, que hasta ahora se trasladan a Madrid a la búsqueda de una factura tributaria más baja. Moreno Bonilla no ha ocultado que su estrategia persigue también fomentar la ‘inmigración fiscal’ para recaudar al final más impuestos, argumentando que la atracción de contribuyentes de rentas elevadas incrementará los ingresos por IRPF.

Entrevista con Víctor Etxeberria Socio y codirector del área fiscal de la consultora Sayma. "Hasta ahora ese riesgo solo estaba enfocado en la comunidad autónoma de Madrid. Ahora también en Andalucía, por lo que el riesgo aumenta. Además, muchos vascos poseen viviendas vacacionales en Andalucía por su atractivo turístico y su clima y, en ocasiones, ya residen en esa comunidad largas temporadas, especialmente contribuyentes ya jubilados. Esta situación parece apuntar hacia una lucha por captar contribuyentes...La tendencia puede cambiar, especialmente en el colectivo de personas jubiladas con segundas residencias. Cuantas más comunidades estén exentas del impuesto de patrimonio más aumentará el riesgo de fuga...Lo que sabemos es que mantener el impuesto de patrimonio no es un estímulo a la inversión. Intuimos en nuestros clientes un cierto ‘desgaste’ a la hora de contribuir por el Impuesto de Patrimonio viendo que a nivel europeo y en Madrid, y ahora también en Andalucía, este impuesto no se aplica. No es una diferencia de gravamen, sino que la diferencia es pagar o no pagar.:.Si ganas dinero que ya ha contribuido en IRPF o en otros impuestos (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones...) vuelves a pagar por ahorrar o no gastar...Entiendo que no es imprescindible o, en su caso, se debería ajustar a nuestro entorno europeo. El dinero recaudado directamente por este impuesto es relativamente bajo, pudiéndose suplir con otras medidas que permitan contribuir al mantenimiento y desarrollo del estado del bienestar..."

El PP y la Junta de Andalucía intensifican su envite fiscal. El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, hizo un llamamiento ayer a los empresarios catalanes para que reubiquen la sede de sus compañías en Andalucía, tras aprobar ayer mismo una rebaja de impuestos que incluye la supresión del Impuesto de Patrimonio. Tras anunciarlo el lunes, la Junta aprobó ayer un paquete de medidas fiscales que bonifica al 100% el Impuesto de Patrimonio, deflacta un 4,3% los tres primeros tramos de IRPF, aumenta en ese mismo porcentaje el mínimo exento en aplicación de los mínimos personales y familiares, y suspende durante un año el canon al agua. En total, la Junta calcula que las medidas supondrán un ahorro de 360 millones a los contribuyentes andaluces, en un momento en el que la inflación está disparada por encima del 10%. Con la supresión de facto del gravamen sobre Patrimonio, con el que Andalucía recaudó 93 millones de euros en 2020, la intención del gobierno autonómico es atraer a empresarios e inversores a esta comunidad autónoma y con ello crear empleo, de forma que, además, esto aportaría más ingresos a la Junta en concepto de IRPF y otros impuestos. En concreto, desde la Junta recuerdan que la aportación tributaria de Patrimonio supone solamente el 0,6% de sus ingresos, por lo que consideran que compensa eliminarlo y, con ello, según sus estimaciones, seducir a al menos 7.200 contribuyentes que se instalen en Andalucía y generen riqueza, empleo y aporten a través de otras figuras fiscales. Asimismo, la Junta calcula que alrededor de 5.000 empresarios y accionistas que ya no tendrán que pagar Patrimonio ahora podrán disponer de ese dinero para invertir y crear empleo.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, recalcó ayer que su apuesta por recentralizar los impuestos para evitar que las autonomías entren en un «despropósito» de competición fiscal a la baja era meramente personal. Pero eso no evitó que el Gobierno se viera obligado a aclarar, pocas horas después, que el asunto no está sobre la mesa del Ministerio de Hacienda, ni siquiera como debate teórico. Los socialistas aseguran que, lejos de verse amenazados, iniciativas como la planteada por el presidente de Andalucía, Juanma Moreno –que el lunes anunció su decisión de suprimir el Impuesto de Patrimonio– son para ellos un caramelo que facilita la entrada del mensaje con el que tratan de recuperar terreno electoral; el de que el PP solo sirve a los intereses de los «poderosos». Un ejemplo de esa estrategia lo ofreció la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Desde la sala de La Moncloa en la que comparece ante la prensa tras cada Consejo de Ministros, y mirando a cámara, interpeló a la ciudadanía: «¿Piensa usted que está entre los elegidos a ser eximidos de ese impuesto? Pues no. Son un grupo de elegidos con patrimonios superiores al millón de euros (...) ¿Y cree usted que le afecta? Claro, se va a dejar de recaudar más de cien millones por eliminar o regalar a los más ricos este impuesto, y los impuestos están para contratar maestros, médicos...».

Rementeria ha comunicado a su círculo más próximo que no repetirá para cumplir su deseo de ocupar el cargo «dos mandatos como máximo». Todo apunta a que el PNV nombrará a una mujer. «He decidido libremente dar un paso adelante y dedicar unos años de mi vida al compromiso y al trabajo por Bizkaia. He decidido, también libremente, que será un tiempo tasado. Dos legislaturas como máximo. Siempre y cuando las mujeres y hombres de Bizkaia mantengan su confianza en mí, claro está». Estas palabras, pronunciadas por Unai Rementeria en su primer discurso de investidura como diputado general, el 1 de julio de 2015, han resultado, finalmente, proféticas. Fiel a su promesa de entonces y en la recta final de su segundo mandato, el máximo responsable foral ha comunicado ya a su círculo más cercano que no aspirará a la reelección en los comicios del próximo 28 de mayo, según ha podido saber El Correo de fuentes conocedoras del proceso. Bizkaia será, de hecho, el primero de los tres territorios que abra el melón de las candidaturas a diputado general, alcalde de la capital y presidente de las Juntas Generales, además de los cabezas de lista de las circunscripciones, los nombres que corresponde proponer a la ejecutiva territorial, en este caso el Bizkai buru batzar, junto con Interjuntas. 

La guerra en Ucrania ha disparado la factura del petróleo y del gas en Euskadi hasta el punto de poner del revés la balanza comercial en julio. Por primera vez desde 2014 las importaciones superaron a las exportaciones ese mes, de forma que el País Vasco perdió su tradicional superávit y entró en déficit, con un saldo negativo de 170 millones de euros, según los datos difundidos ayer por el Eustat. «Es un hecho muy poco frecuente», resaltó el organismo estadístico. En concreto, las compras en el exterior sumaron 2.857 millones de euros en julio, un 70% más que en el mismo periodo del año anterior y un récord histórico. Este brutal incremento ensombreció totalmente el aumento del 23% registrado en las exportaciones, que llegaron a 2.687 millones de euros. El alza de las importaciones se explica en gran medida por las compras energéticas, que se cuadriplicaron en el mes. Pasaron de 289 a 1.257 millones, con lo que ya representan casi el 44% de las compras totales al exterior. La principal partida es la del petróleo, con el que se nutre Petronor, que se elevó a 826 millones tras multiplicarse casi por cinco. Los principales países de origen fueron, por este orden, Brasil, Estados Unidos, México, Venezuela y Libia. Pero lo del gas es todavía mucho más espectacular. La factura de julio en este combustible ascendió a 335 millones de euros, lo que representa un 1.703% más que en el mismo mes del año anterior.

El comercio exterior de Gipuzkoa mantiene el dinamismo por el que se ha caracterizado tradicionalmente y en julio creció un 28,6% a pesar de la compleja situación económica que afecta a Europa. Las empresas del territorio vendieron en el exterior 837 millones de euros con un crecimiento que supera la media vasca, situada en el 22,9%. Los datos ofrecidos hoy por el Eustat y por la dirección provincial de Comercio en Donostia del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo reflejan la fortaleza de las exportaciones guipuzcoanas, que no consiguieron superar la barrera psicológica de los 900 millones en un mes cuando en mayo sí lo hicieron, pero se mantienen por encima de las importaciones. Al contrario que en la CAV, las exportaciones superaron con holgura a las importaciones. Así como en el conjunto de la CAV por vez primera los productos comprados en el exterior superaron los vendidos en el extranjero, en Gipuzkoa las importaciones en julio fueron casi la mitad que las exportaciones, con lo que el territorio se anotó una fuerte tasa de cobertura del 181,5%. 

Cualquier crisis de subida de precios, como la actual, compromete los márgenes de las grandes distribuidoras. Más en el caso de la alimentación, donde las empresas tratan de ajustar sus ganancias para no perder una clientela que busca los productos más baratos. Así las cosas, un IPC por encima del 10% y un incremento del precio de la cesta en el último año que se acerca al 20% en Euskadi, ha pillado a las principales marcas de la distribución vasca en pleno proceso de expansión y de apertura de tiendas. Una apuesta que, según han confirmado fuentes de Eroski y de Uvesco (Supermercados BM), se mantiene. Ambas cadenas cumplirán sus planes de crecimiento en este 2022, a pesar de la dificultad de la subida de costes. Tras la tormenta política desatada por la propuesta de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para buscar mecanismos que topen el precio de productos básicos y que parece haber pinchado en hueso, los principales actores de la distribución de la alimentación en Euskadi buscan reforzar sus redes de establecimientos.

A partir del próximo 1 de octubre, las facturas de gas de los consumidores particulares incorporarán un IVA del 5% frente al 21% que abonaban hasta ahora. Así será después de que el Consejo de Ministros aprobase ayer la medida anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a principios de septiembre. Una reducción de la que se beneficiarán 560.111 hogares vascos que cuentan con suministro de gas, según el Ente Vasco de la Energía (EVE). De ese total, Bizkaia cuenta con 272.263, Gipuzkoa tiene 205.761 y Álava, 82.087. No obstante, la reducción al mínimo legal autorizado por Bruselas de este gravamen nace con la duda sobre si los usuarios la notarán finalmente en sus recibos. Todo dependerá de la evolución del precio del gas, tal y como ocurrió en su momento con la luz. En previsión de un nuevo alza de la materia prima que diluya la minimización del IVA, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, apuntó ayer mismo que el Ejecutivo no descarta la ampliación de la medida para el próximo año «si fuera necesario». Porque por ahora la fórmula estará en vigor desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre. El decreto-ley aprobado por el Ejecutivo incluye varias novedades. La primera es que el IVA reducido se aplicará sobre los suministros del gas natural, pero también sobre las estufas que utilizan pellets, briquetas y leña. Y, sobre todo, incluye a las comunidades de vecinos que usan calefacción central, después de las reclamaciones de este colectivo para verse incluidas en la medida ante el incremento previsto de sus facturas.

El Congreso de Aelec (antigua Unesa, considerada durante décadas como la gran patronal eléctrica) escenificó ayer la enorme división que existe en estos momentos entre las grandes energéticas españolas. En Aelec quedan como socios Iberdrola, Endesa y EDP, después de que se saliera Naturgy y de que Viesgo quedara integrada parcialmente en Repsol y la propia EDP. En el Congreso (el IV desde la refundación de Aelec), la presidenta de la agrupación, Marina Serrano, ha considerado necesario que el impuesto a las empresas energéticas para paliar el impacto de la crisis energética que se tramita en el Congreso de los Diputados tenga “consistencia” y sea “armonizado” con las medidas que se tomen en Europa, por parte de la Comisión Europea. En la práctica, el mensaje de Aelec es un misil contra las petroleras, como Repsol y Cepsa, y contra las gasistas, como Naturgy, que además de eléctrica, es la primera distribuidora de gas en España. En el IV Congreso de Aelec, Serrano defendió que “no hay tales beneficios extraordinarios” por la actual coyuntura de crisis energética para las grandes eléctricas y subrayó que las compañías están “deseando volver a una situación de precios de normalidad”. Insistió en que “es imprescindible garantizar la consistencia de las medidas adoptadas en España con las que se tomen en Europa”, de tal manera que la norma que salga del Parlamento “sea coherente y armonizada” con la europea.

Iberdrola, grupo presidido por Ignacio Galán, ha fijado para el día 9 de noviembre la convocatoria de su Día del Inversor, también conocido como Capital Markets Day. La compañía suele usar ese evento, en el que convoca a cientos de analistas e inversores internacionales, para actualizar su plan estratégico y lanzar nuevas coordenadas, sobre todo en relación a objetivos de dividendos y beneficios a medio plazo. La convocatoria de este año es especialmente relevante por la tensión que existe en el mercado y por las perspectivas que tiene que ofrecer Iberdrola ante los nuevos retos estratégicos que le han surgido. La mayor energética española tenía previsto celebrar el Día del Inversor el 22 de marzo, pero fue cancelado repentinamente. Iberdrola decidió aplazarlo sine die ante la convulsión de los mercados energéticos, por la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Un escueto anuncio en la web corporativa de la empresa explicó entonces que “dados los recientes y dramáticos acontecimientos que se están produciendo en Europa, Iberdrola ha decidido posponer su Capital Markets & ESG Day 2022”. El encuentro “tenía previsto celebrarse en Londres, el 22 de marzo de 2022”, añadía el comunicado. “Esperamos volver a programar el evento a lo largo del año y, en ese sentido, se hará un nuevo anuncio con los detalles correspondientes tan pronto como sea posible. La compañía mantiene vigentes sus estimaciones de evolución futura”.

La venta de cemento, el mejor termómetro para medir la salud del sector constructor en España, empeora. Así lo reflejan los datos aportados ayer por la patronal Oficemen, que representa los intereses de los grupos cementeros en España. En su opinión, el parón del sector se está agravando y piden al Gobierno que se apoye en la iniciativa privada para corregir los desequilibrios en el mercado de obra pública y edificación, con cada vez más proyectos sin ejecutar. El parón es fruto del alza de costes de los materiales, incluido, el del cemento. “Los costes eléctricos de nuestro sector se han incrementado un 400% en los últimos dos años, una situación que se agrava cada día por la crisis energética que sufrimos”, explica el director general de Oficemen, Aniceto Zaragoza. El consumo de cemento sufrió caídas durante julio y agosto de un 8,6% y un 5,3%, respectivamente, lo que ha reducido el crecimiento en el acumulado anual de los ocho primeros meses del año al 0,2%. El consumo suma cuatro meses en retroceso y pierde 2,3 puntos porcentuales en acumulado anual, frente a los datos previos al verano. Entre julio y agosto se consumieron 2,37 millones de toneladas de cemento, lo que supone 180.486 toneladas menos que en el mismo período del pasado año. El acumulado anual refleja un consumo de 9,87 millones de toneladas, con un diferencial de tan solo 18.996 toneladas frente al alcanzado en los ocho primeros meses de 2021. “Los últimos datos de la estadística del cemento continúan apuntando a una desaceleración del sector constructor, que lleva fraguándose ya un cuatrimestre, y que viene avalada también por los análisis de otras instituciones como Eurostat, cuyos últimos datos, del mes de junio, reflejan una caída en la producción del sector de la construcción del 10,4%”, asegura en Oficemen

La Asociación Española de Banca (AEB) se ha abierto a buscar una fórmula para compensar a los trabajadores del sector por la alta inflación. En el marco de la reunión mantenida este martes con los sindicatos dentro del observatorio sectorial, por primera vez, la patronal bancaria ha mostrado su predisposición para encontrar alguna medida que palie la pérdida de poder adquisitivo. Así, ha emplazado a los representantes de los trabajadores al próximo 29 de septiembre para avanzar en una propuesta. “[La AEB] Nos ha mostrado su predisposición a buscar alguna medida que compense el desajuste entre la revisión salarial que prevé el convenio y la evolución que ha tenido el IPC”, señalan fuentes de CC OO. Tanto CC OO como UGT y FINE vienen reclamando una recuperación salarial en 2021 e incluir una revisión para 2022 y 2023. También piden una revisión de las dietas, el kilometraje y el teletrabajo. Por su parte, la AEB señala que ambas partes han acordado seguir avanzando para encontrar una solución compartida en las próximas reuniones. Aunque la patronal asegura que todavía no se ha discutido ninguna medida, otras fuentes consultadas plantean la posibilidad de un pago único a los trabajadores, como ya han hecho algunos bancos en el Reino Unido.

El Gobierno no tira la toalla y hoy, previsiblemente, volverá a plantear a los agentes sociales la posibilidad de abordar un pacto de rentas. Será en la reunión que prevé celebrar la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, con los responsables de la patronal y los sindicatos para evaluar la marcha del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En palabras de Calviño, lo que trasladará hoy a los interlocutores sociales será la “necesaria” moderación de los salarios y de los márgenes empresariales para hacer frente a la escalada inflacionista y para mantener “fuertes” a la economía y el empleo. En la última reunión, celebrada a principios de julio, Calviño ya planteó a los agentes sociales un pacto de rentas hasta 2025 que pasase por una “moderación” de rentas salariales y empresariales. Sin embargo, la base sobre la que desarrollar posteriormente dicho pacto debía de ser un acuerdo salarial bilateral entre la patronal y los sindicatos en el marco de la negociación colectiva cuyas negociaciones se rompieron justo antes del verano debido a que los empresarios se negaron rotundamente a aceptar la exigencia sindical de generalizar las cláusulas de revisión salarial, que compensan los sueldos según la subida de la inflación. 

Las empresas tendrán que hacer frente a un fuerte incremento de los costes financieros si continúa la estrategia del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés para detener el crecimiento de la inflación. Sobre todo, para hacer frente a la devolución de los créditos y, en general, al pago de la deuda a corto plazo. Así lo asegura el Banco de España en un informe que publicó ayer titulado Una aproximación al posible impacto del aumento de los tipos de interés sobre la situación financiera de las empresas . “Las fuertes presiones inflacionistas que se vienen produciendo en los últimos trimestres en la Unión Económica y Monetaria (UEM) han provocado una aceleración en el proceso de normalización de la política monetaria”. Esta circunstancia se ha traducido “en un repunte muy acusado de los tipos de interés de referencia en los mercados financieros”, dice el Banco de España, que recuerda el incremento exponencial del euribor: en lo que va de año, y hasta el pasado 12 de septiembre, la referencia del precio del dinero ha subido un 2,6%, hasta situarse en el 2,08%. Es decir, que ha pasado de caer a una fuerte subida, porque el Banco Central Europeo ha aumentado los tipos de interés hasta el 1,25%, para intentar frenar la inflación de la zona euro. Ahora está en el 9,1%, y en el 10,4%, la tasa interanual española. Es importante tener en cuenta que, antes del repunte de la inflación, el coste medio de la carga financiera de las compañías con deuda era del 11,6%. En este contexto, el Banco de España calcula que, con un incremento de los tipos de interés de entre el 2% y el 3% –200 y 300 puntos básicos–, si las empresas asumen una refinanciación total de las deudas y de los créditos a corto plazo, el incremento de la ratio mediana de la carga financiera comprendería entre un 4,1% y un 5,6%. Y en el supuesto de que los tipos de interés de mercado llegaran a aumentar en 400 puntos básicos –un 4%– el incremento de la ratio de la carga financiera sería del 7,1% con refinanciación total.

El mecanismo de equidad intergeneracional (MEI) de las pensiones, que se aprobó hace escasos meses para sustituir al derogado factor de sostenibilidad (FS), está en la cuerda floja cuando ni siquiera ha entrado en vigor. La Comisión Europea recela de su eficacia y demanda cambios en su diseño, ya que duda de que su impacto sea equivalente al del factor de sostenibilidad diseñado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Y así lo reconoció ayer el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá. «Tenemos con la Comisión alguna discrepancia técnica en cómo está diseñado el MEI. Es el único punto en el que, a nivel técnico, la Comisión ha planteado que le gustaría seguir evaluando», señaló Escrivá, quien dejó la puerta abierta a realizar modificaciones si fuera necesario para recibir el visto bueno de Bruselas, puesto que están en juego parte de los fondos europeos. La «discusión técnica» que mantienen España y Bruselas tiene que ver con el tipo de regla que es y con los efectos que provoca en el sistema, ya que el pacto al que la Comisión había llegado con el Gobierno PSOE-Unidas Podemos para permitirle derogar el factor de sostenibilidad es que fuera similar. Significa que el nuevo mecanismo, que supone una subida de las cotizaciones de los trabajadores de 0,6 puntos para los próximos diez años, debe recaudar unas seis décimas del PIB, que era lo que se iba a moderar el gasto con el factor derogado. Este vinculaba las pensiones de los nuevos jubilados con la esperanza media de vida, lo que podía suponer un recorte del 20% para los más jóvenes, según Escrivá, para quien era una medida «extraordinariamente lesiva».

Cie ha colocado la ecoeficiencia y el medio ambiente como grandes pilares de su estrategia sostenible, que va a afectar a sus proveedores y a su cadena de suministro. El fabricante de componentes de automoción –con más de cien plantas repartidas por cuatro continentes– se marca como objetivo hasta 2025 la reducción de un 2% anual de su consumo de energía y de las emisiones directas de gases de efecto invernadero (GEI). En ese horizonte temporal, recortará cada año un 5% las emisiones indirectas de GEI derivadas del consumo energético, y un 3% su intensidad. “El objetivo principal y último es minimizar nuestro impacto ambiental y contribuir a mejorar nuestro entorno”, explica la compañía en su plan estratégico ASG (criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo). Todas las factorías de Cie en el mundo se han comprometido con esta estrategia, y deben informar periódicamente del cumplimiento de los 80 indicadores clave de rendimiento (KPI, según sus siglas en inglés) que fija el plan lanzado hace 10 meses. Además de sus propios objetivos medioambientales, Cie ha fijado otros que van a afectar a la cadena de suministro y a los proveedores. El grupo pretende empujar a sus suministradores a trabajar con criterios sostenibles, y aspira a que en 2022 al menos el 25% de los proveedores a los que compre más de un millón de euros al año esté auditado o autoevaluado en ASG.

Faes Farma, P4Q Electronics y VIVEBiotech han acaparado el 23% de los 3,39 millones de euros que el Ministerio de Industria ha asignado provisionalmente en ayudas directas dentro del PERTE de Salud de Vanguardia, el que va dirigido a la industria farmacéutica. El programa cuenta, además, con otros 7,72 millones de euros de Europa para realizar préstamos que ayuden a las empresas a acometer sus inversiones. De esa cantidad llegará a Euskadi el 10%, 842.000 euros. Así pues, de un reparto total entre subvenciones y financiación de 11,11 millones de euros acabarán en el País Vasco 1,64 millones, lo que deja a Euskadi como la tercera autonomía por detrás de Cataluña y de Castilla y León. La compañía vizcaína PQ4 Electronics ha recibido la mejor puntuación de la valoración preliminar realizada por Industria sobre su proyecto de elaborar un dispositivo de diagnóstico digital para que los pacientes puedan emplearlo en su casa. El objetivo es poder realizar diagnósticos a través de la introducción de datos biólogicos de modo sencillo para emplearlos con Inteligencia Artificial. La compañía recibirá una ayuda de 120.000 euros y un préstamo de 842.000 para acometer toda la inversión de 1,2 millones que han presentado. La guipuzcoana VIVEBiotech ha accedido a una ayuda estimada en 385.000 euros con los que afrontar la inversión de 770.000 para el proceso productivo de vectores lentivirales. La única farmacéutica cotizada vasca, Faes Farma, que construye un nuevo edificio en Derio para fabricar 100 millones de unidades de medicamentos, obtendrá una ayuda directa de 297.000 euros para financiar el presupuesto de 3 millones con el que prepara una nueva medicina para el tratamiento farmacológico avanzado de enfermedades inflamatorias inmunomediadas.

Euskadi cuenta con 17.341 enfermeras colegiadas. Pero si quiere alcanzar la media europea por habitante debería incorporar a 653 más. Así lo asegura el Consejo General de Enfermería (CGE) en un informe presentado este martes, según el cual la «escasez» de estas sanitarias en el conjunto de España es «alarmante» y «compromete la salud de los ciudadanos». Según este análisis, la media continental se sitúa en 827 profesionales de enfermería por cada 100.000 habitantes, mientras que en Euskadi esta tasa se queda en 797. Por comunidades autónomas solo Navarra puede presumir de estar por encima de las cifras europeas con un ratio de 926 enfermeros. El País Vasco es la segunda con mejores datos. La media española es de 625, mientras que autonomías como Galicia o Murcia se quedan en 517 y 463, respectivamente. En toda España, según los cálculos del CGE, harían falta 95.000 de estos profesionales para solucionar el déficit actual. Por provincias, en el País Vasco solo Álava estaría por encima de los estándares comunitarios con un ratio 883 de estas sanitarias por cada 100.000 habitantes. Bizkaia necesitaría incorporar a 374 más y Gipuzkoa a 478 para alcanzar las tasas continentales.

Las administraciones militares impuestas por Rusia en las regiones del este de Ucrania ocupadas han anunciado que celebrarán en los próximos días referendos para su anexión a la Federación Rusa. Los plebiscitos tendrán lugar en pocos días, entre el viernes y el martes, en las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y Donetsk, y también en Zaporiyia y Jersón. El movimiento trata de intimidar a Kiev ante las consecuencias de atacar lo que Rusia considera su suelo. La OTAN declaró que “los falsos referendos no tienen legitimidad y no cambiarán la naturaleza de la agresión”. La Duma, o Cámara baja del Parlamento, ha aprobado a toda velocidad enmiendas en las que se prepara por primera vez para escenarios como la movilización general y la declaración del estado de guerra. Estos cambios legales persiguen forzar a los soldados a ir al frente, y llegan en medio del clamor de una parte del régimen para tomar medidas más severas ante la contraofensiva ucrania. Putin tenía previsto anoche dirigirse al país por televisión, pero el mensaje se pospuso. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, sugirió ayer que Moscú busca una salida a la guerra, para lo que le pidió que devuelva todos los territorios conquistados a Ucrania, incluida Crimea. Las primeras réplicas políticas del terremoto provocado por el avance de las tropas ucranias han llegado ya al Parlamento ruso, y el país se prepara para una escalada. 

El conflicto en Ucrania, la subida de los precios de los alimentos y la energía, el calentamiento global y las profundas divisiones y desigualdades en el mundo han sentado las bases para una “tormenta perfecta”, según António Guterres. En una sombría intervención, el secretario general de la ONU inauguró ayer la semana de debates de los líderes en la 77ª Asamblea General de Naciones Unidas con una advertencia: “Se perfila un invierno de descontento en el horizonte”. El cónclave anuales el primero presencial tras dos años de reuniones virtuales o muy restringidas por la pandemia. Pero el ambiente dista mucho de ser festivo. La guerra en Ucrania y sus consecuencias globales figuran en cada intervención. El anuncio de los separatistas prorrusos de que convocarán referendos de anexión en las zonas ocupadas de Ucrania sale a relucir una y otra vez (“No se pueden aceptar”, comenta el canciller alemán, Olaf Scholz). En una sala, el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitro Kuleba, conversa con la embajadora de EE UU ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, habla por videollamada con su homólogo ucranio, Volodímir Zelenski, en Kiev. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, habla con su homólogo turco, Mevlut Cavosoglu.

El escritor británico de origen japonés y nobel de literatura, Kazuo Ishiguro, considera que «internet ha traído muchos cambios en la forma en la que vivimos, pero no a las grandes preguntas que se hace el ser humano». Y cree que la guerra de Ucrania ha servido para demostrar que hay cosas más importantes que la información o los datos: por ejemplo, el petróleo. "...Lo más importante para mí es ver cómo internet y las redes sociales han creado un mundo en el que todo el mundo está encerrado en su existencia y es muy difícil relacionarse con el resto porque la forma en la que te conectas con el mundo ha cambiado mucho. Oliver (Hermanus) ha conseguido crear un laberinto de distintos edificios, que es una metáfora del capitalismo en tiempos de internet. Estamos atrapados en distintos mundos y no entendemos cómo podemos trascender...Internet ha traído muchos cambios en la forma en la que vivimos, pero no a las grandes preguntas que se hace el ser humano. Cuando Putin invadió Ucrania, nos recordó que todos los cambios que ha introducido la tecnología en nuestra vida vemos que son mucho menos importantes. Oíamos que la información y los datos eran ‘el nuevo petróleo’, pero tras la invasión nos dimos cuenta de que el petróleo es ‘el nuevo petróleo’. Y hemos visto que esas cosas que pensábamos que ya habíamos dejado atrás siguen siendo las cosas importantes..."