20230405

El responsable de Economía de Confebask, Pablo Martín, destaca “la buena marcha del mercado de trabajo en Euskadi durante este primer trimestre del año, en línea con lo que adelantábamos que podía ocurrir. La valoración – concluye – no puede ser más que positiva. Tanto el paro como la creación de empleo muestran un buen comportamiento, en lo que ha sido el mejor mes de marzo desde hace muchos años lo que, por otra parte, pone de manifiesto el compromiso de la empresa vasca con el mantenimiento y la creación de empleo”. Euskadi ha registrado en marzo 3.000 desempleados menos que en febrero y 8.000 menos que hace un año, según los datos de paro registrado en las oficinas de Lanbide recién publicados. De esta manera, el número total de parados registrados se sitúa por debajo de la barrera de los 110.000 (109.192), la cifra más baja desde diciembre de 2008. Por sectores, el paro en Euskadi ha bajado en Industria y Servicios, y se mantiene en la Construcción. Se trata del mejor comportamiento del paro desde 2005. En cuanto a la creación de empleo, la tendencia es igualmente positiva. Euskadi ha registrado en marzo de media 6.500 afiliados más a la Seguridad Social que en febrero, y casi 14.000 más que hace un año. Este incremento lleva el número total de afiliados a la Seguridad Social a la frontera de los 995.000 (en concreto, 994.655), lo que supone un nuevo récord de afiliación en Euskadi. Se trata del mejor marzo en creación de empleo desde hace más de veinte años (2001). Además, la afiliación aumenta en todos los sectores, de manera proporcional a su relevancia. Ver más en Confebask. 

El mercado laboral vasco sigue exhibiendo su fortaleza pese a la inflación, la subida de tipos y la incertidumbre económica. En marzo se encaramó a un nuevo récord histórico de empleo tras recibir un fuerte impulso por las buenas perspectivas de la campaña de Semana Santa. Incorporó 6.506 cotizantes, el mayor aumento para ese mes en más de dos décadas y terminó con 994.655 afiliados a la Seguridad Social, muy cerca ya de la simbólica cota del millón. La generación de puestos de trabajo vino acompañada de una significativa reducción del paro, la mayor desde 2005. En concreto, 3.104 personas salieron de la lista de Lanbide, con lo que la cifra total se situó por debajo de los 110.000 desempleados por primera vez desde diciembre de 2008. El número exacto de parados es de 109.192. En términos relativos la reducción del paro en el País Vasco fue del 2,76% en el mes, superior a la registrada a escala nacional, donde el recorte fue del 1,7%. Cabe destacar que en Gipuzkoa el descenso llegó al 4%, frente al 2,5% de Bizkaia o el 1,5% de Álava. En cuanto a la afiliación, la creación de empleo fue ligeramente menor en Euskadi que en el conjunto de España, con un 0,7% frente al 1%, respectivamente. La hostelería fue el sector que más tiró del empleo, al incorporar 1.200 nuevos cotizantes. También fue importante la aportación de sanidad y educación, con más de 1.800 afiliados.

El director de Competitividad e Innovación de Adegi, Patxi Sasigain, reconoce que esperaban un buen dato «pero no una subida récord como la que hemos visto». Sasigain detalla que la hostelería «que ha empezado bien este año 2023» ha tomado carrerilla y muestra una notable fortaleza. «La situación es mejor de lo que pensaban, y se están preparando para la Semana Santa con tiempo, para que no sea todo el último día», dice. «Es un sector en el que hay que coger oficio y en el que hay mucha demanda», añade. El experto pone en valor que «están tirando todos los sectores de actividad de Gipuzkoa, salvo alguno muy pequeño que ha caído», y reconoce que «parece que los discursos económicos van por un lado y el día a día a día por otro». «La gente está pensando: Voy a contratar», añade. ¿Qué sucederá a partir de ahora? ¿Seguirá la hostelería contratando personal? ¿Y el resto? Adegi cree que sí. «En principio somos relativamente optimistas», asegura Sasigain, que tiene claro que las últimas previsiones de la organización empresarial para el conjunto de 2023 se van a quedar cortas. «En enero dijimos que se crearían entre 2.000 y 2.500 empleos este año, y ya vamos 4.000, aunque luego se reduzca la cantidad, está claro que serán más de los que dijimos», concluye.

Los parados vascos tendrán un profesional de referencia para llevar su caso, que en dos meses les realizará un diagnóstico de su situación y en un mes les preparará un plan integral con formación adecuada para encontrar trabajo. Este es uno de los compromisos que recoge el proyecto de la primera Ley vasca de Empleo, aprobado ayer por el Consejo de Gobierno. Ahora se iniciarán los trámites parlamentarios y, si se logra su aprobación en torno a noviembre, entrará en vigor seis meses después. El objetivo es que para julio de 2024 los desempleados tengan asignado su orientador, con la previsión de que un año después todos cuenten ya con su itinerario. También tendrán derecho a estas políticas activas los ocupados que así lo demanden. Según destacó ayer la vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, la nueva ley es pionera porque «por primera vez en España se va a poder exigir al servicio público de empleo un tratamiento personalizado, un traje a medida para encontrar un empleo o aspirar a uno mejor». El objetivo es tender un puente hacia un «trabajo digno», cuya definición recoge la norma, que también establece las causas para poder rechazar una oferta. Mendia enmarcó la necesidad de esta ley al actual contexto de fuertes cambios en el mercado laboral por la digitalización y el acusado envejecimiento de la población. «El escenario que se abre con avances como la inteligencia artificial tiene potencial para crear empleo, pero también amenaza con destruir miles de puestos de trabajo. Serán necesarias nuevas competencias y formación continua», recordó en una presentación previa ante los medios. Para cumplir con la nueva ley se está llevando a cabo una profunda reorganización de Lanbide, que cuenta con 46 oficinas (una virtual) y un millar de empleados. De ellos, cerca de 373 son orientadores y se pretende llegar a 430. 

La economía se adentra en 2023 mostrando una mayor resiliencia de lo que se preveía, lo que se deja notar en las cifras de empleo, que muestran un mercado laboral que planta cara a la incertidumbre derivada de la guerra en Ucrania; a la inflación, cuya tasa subyacente dista mucho de estar controlada, y a las subidas de los tipos de interés para enfriar los precios. Con este telón de fondo, al que en marzo se sumaron además las tensiones financieras internacionales, los datos de afiliación y paro mostraron ayer una fotografía claramente positiva al calor de las contrataciones previas de Semana Santa que, si el tiempo lo permite, anticipa una campaña récord en ventas y ocupación hotelera. El mercado de trabajo cerró marzo con 206.410 ocupados más, el mayor incremento de la serie histórica en este mes, y 48.755 parados menos, elevando hasta los 20,37 millones el número de afiliados medios a la Seguridad Social (un alza interanual del 2,73%), nuevo récord, y reduciendo hasta los 2,86 millones el número de desempleados, su cota más baja desde diciembre. Los datos desestacionalizados, que son los que siempre defiende y reivindica el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, ofrecen cifras de afiliación aún mayores: 20,53 millones de cotizantes, aunque a cambio arrojan una menor creación de empleo: 151.943 cotizantes.

Paradojas del mercado laboral español y de las estadísticas que recogen su evolución. De los 4,45 millones de demandantes de empleo que recogen las cifras del Ministerio de Trabajo, más de un millón (1,07 millones, concretamente) figuran como ocupados y, por tanto, quedan fuera de la estadística de parados. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) define a este colectivo como “aquellos demandantes que teniendo ya un empleo buscan uno mejor o compatibilizarlo con el que ya realizan”. En la práctica, esa figura es una suerte de cajón de sastre en la que caben situaciones laborales muy diferentes, entre ellas los trabajadores en ERTE o los fijos discontinuos, la medida estrella de la reforma laboral que entró en vigor a principios de 2022. La buena noticia es que el número de demandantes de empleo ocupados descendió en 64.000 personas en marzo, lo que, según Funcas, “podría obedecer, al menos en parte, al proceso de reincorporación de fijos discontinuos a su puesto de trabajo como consecuencia de la Semana Santa”. La mala nueva es que esa cifra es solo una pequeña porción de los más de 443.000 fijos discontinuos que al cierre de 2022 estaban inactivos, alimentando el debate sobre ese nutrido colectivo que no trabaja pero, sin embargo, tampoco consta como desempleado. El grueso de los demandantes de empleo ocupados se concentraba en el sector servicios, con 725.177; seguido de la agricultura, con 170.861, y la industria, con 123.644.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, rechazó ayer reabrir el debate del despido en España. Y aseguró que la decisión de no modificar las indemnizaciones al trabajador por esta causa en el marco de la reforma laboral de 2021 “fue una buena decisión”. Escrivá chocó así, nuevamente, con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. En los últimos meses, la vicepresidenta ha defendido el incremento de la indemnización por despido para el trabajador. Sobre todo, con la idea de que, si llega ese momento, la compensación para el empleado no sólo debe tener en cuenta el tiempo que éste trabajó en la empresa, sino también su propia situación económica, sus responsabilidades familiares o sus posibilidades de volver a encontrar empleo. Para Díaz, esto se traduce en que la indemnización por despido debe superar los límites actuales: 33 días por año de trabajo hasta una retribución máxima de dos años de salario. Precisamente, la vicepresidenta se ha comprometido a actuar en consecuencia, si el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa apoya sendos recursos que UGT y CCOO han planteado para exigir el encarecimiento de la compensación por despido improcedente hasta los 45 días de salario por año de trabajo, hasta una cuantía máxima de tres y medio de retribución. Es la indemnización máxima que había antes de la reforma laboral de 2012.

Iberdrola ha llegado a un acuerdo con Mexico Infrastructure Partners (una sociedad estatal de México) para la venta a este fondo de determinadas centrales de generación de luz con una capacidad instalada total de 8.539 megavatios (MW) en ese país, de los que 8.436 MW corresponden a ciclos combinados de gas y 103 MW corresponden a un parque eólico terrestre. El acuerdo fue sellado ayer personalmente entre el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y el presidente del Gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador. La transacción se ha valorado en 6.000 millones de dólares (5.500 millones de euros), y supone la mayor desinversión de Iberdrola hasta ahora en toda su historia. Supone la práctica salida de Iberdrola de México, donde aun conservará unos 2.400 MW de renovables, ciclos combinados y cogeneración. La venta pone fin a años de desencuentros entre Iberdrola y el Gobierno mexicano, especialmente con el de López Obrador, con el que llegó a haber momentos de máxima tensión y peleas legales. La venta de estos negocios forma parte de la estrategia de Iberdrola de rotar activos o incorporar socios a sus grandes proyectos para así ganar músculo financiero con el que desarrollar sus nuevas ambiciones en energías renovables y desprenderse de activos de gas. Y sobre todo, acelera su plan para centrarse en sus mercados clave, como España, EEUU, Reino Unido, Brasil, Alemania y Australia. Ver nota Iberdrola. 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el proyecto de ley que renueva el cupo del País Vasco para el quinquenio 2022-2026, que fija una aportación provisional de Euskadi al Estado del año base en 1.472 millones de euros, además de las modificaciones del Concierto vasco y el Convenio económico con Nafarroa, con la concertación de nuevos impuestos. Después de su tramitación en las Cortes, el BOE recoge ya estas tres renovaciones de las leyes que fueron negociadas bilateralmente entre el Gobierno español y los Ejecutivos vascos y navarro en diferentes comisiones. El proyecto de ley para modificar el Concierto Económico con Euskadi recoge que las Haciendas vascas pasarán a gestionar nuevos impuestos, como el gravamen especial sobre los Envases de Plástico no Reutilizables o del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas, según lo establecido en la Comisión Mixta celebrada el 27 de diciembre. En cuanto al Convenio con Nafarroa, se incluye la concertación del gravamen a la banca y las energéticas y el impuesto sobre envases de plástico no reutilizable, con los que el Gobierno Foral prevé recaudar en 2023 y 2024 un total de 104 millones de euros.

El Institute for Management Development (IMD), en colaboración con la Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur, presentó ayer la cuarta edición del ranking de ciudades inteligentes, el conocido como Smart City Index. El estudio clasifica a 141 ciudades en función de su «índice de desarrollo humano y del papel de la tecnología en la mejora de la vida de los ciudadanos». Los tres primeros puestos son para Zúrich (Suiza), Oslo (Noruega) y Canberra (Australia). Bilbao ocupa la posición 27. Las otras ciudades españolas en el ranking son Madrid (37), Zaragoza (54) y Barcelona (75). El estudio se basa en 20.000 encuestas sobre 15 aspectos de las vidas de las ciudades, así como determinadas estructuras y servicios, con el objetivo de determinar si las soluciones basadas en la tecnología son efectivas para solucionar los principales problemas. En el caso de Bilbao, desciende cuatro puestos después de que en la anterior edición ocupase la posición 23. Hay que tener en cuenta que el número de ciudades analizadas ha pasado de 118 a 141. Según el estudio, los bilbaínos tienen una buena percepción en indicadores relacionados con el transporte, al contar con unos servicios públicos «satisfactorios». De hecho, en el macroestudio realizado por el Gobierno vasco sobre movilidad en toda Euskadi, la capital vizcaína es en la que menos se utiliza el vehículo particular –en general en toda Bizkaia– con respecto a los otros dos territorios históricos. En términos de salud y seguridad, los servicios de saneamiento básico «satisfacen las necesidades de las zonas más pobres», señala el documento. En lo relativo al indicador de actividades, tanto los espacios verdes como la oferta de actividades culturales son «satisfactorios». 

Educación ha movido ficha para tratar de encauzar la crisis que ha provocado el nuevo reparto de alumnos y ha citado a una reunión esta mañana en Lakua a las principales patronales de la enseñanza concertada. El departamento que dirige el consejero Jokin Bildarratz recoge el guante lanzado por Kristau Eskola, Ikastolen Elkartea, Aice, Ikasgiltza, Ebi y Eib, que solicitaron el viernes pasado una reunión «de urgencia» con el Departamento de Educación con el objetivo de «buscar cauces de solución para la situación creada». Esa situación se traduce en un malestar y «cabreo generalizado» por parte de unas 240 familias que no han podido matricular a sus hijos para el aula de dos años en el centro solicitado como primera y única opción. El descontento también se extiende a los centros escolares de ambas redes de enseñanza, que reclaman más detalles de cómo se ha aplicado el nuevo proceso de matriculación, que tiene como objetivo evitar la segregación escolar en Euskadi. Mientras, el plazo para que las familias realicen las reclamaciones o alegaciones a las listas provisionales finalizó ayer. El listado definitivo se publicará el próximo 20 de abril, por lo que el margen de maniobra para encauzar el conflicto desatado se estrecha.

Seis meses después de que LAB, CC OO y UGT pactasen con la patronal alavesa SEA el convenio del Metal tras cinco años de conflicto, los mismos sindicatos suscribieron ayer un protocolo con el que se pretende atajar el acoso sexual que será de aplicación obligada en todas las empresas del sector siderometalúrgico del territorio. «Luchará contra el acoso sexual, el acoso por razón de sexo, por orientación sexual y por identidad y expresión de género, incluyendo una persona de la RLPT (Representación Legal de las Personas Trabajadoras) en la comisión instructora», explicaron desde CC OO. LAB hizo hincapié en que el protocolo recoge «claramente» las conductas que pueden ser consideradas acoso sexual y acoso por razón de sexo. «Se establecen medidas preventivas para evitar esas situaciones y un procedimiento de actuación cuando se produzca una denuncia».

ELA encabezó una manifestación ayer en Bilbao, con cientos de personas, para criticar la reforma de las pensiones y acusar a PNV y EH Bildu de mentir y de facilitar su aprobación con su voto favorable, el primero, y con su abstención, el segundo. «Han decidido sumarse a la campaña de propaganda con el resto de partidos», denunció tras la marcha el secretario general de la formación, Mikel Lakuntza. Así les acusó de ayudar a mantener la revisión realizada en 2011 y de permitir recortes a futuro en las pensiones de los menores de 50 años. El secretario general de ELA remarcó su falta de sorpresa por el apoyo del PNV a la reforma, «porque no tiene problemas con los recortes» y añadió que les hubiera gustado «suavizar las cotizaciones de las empresas». Además lamentó la falta de «lectura crítica» a manos de EH Bildu. «En nuestra opinión la izquierda política que busca cambios de verdad necesita escuchar a sindicatos y organizaciones sociales que se oponen a esta reforma, y eso por desgracia pasa cada día menos en este país», subrayó.

La dirección de Ford España y el sindicato mayoritario en la fábrica de Almussafes (Valencia), UGT, alcanzaron ayer un acuerdo para un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectará a 1.144 trabajadores de la fábrica, que cuenta con 5.900 empleados, y, en menor medida, a los empleados de sus oficinas de Madrid. La mayor parte de los despidos se llevarán a cabo a través de planes de prejubilaciones a los que se podrán acoger los trabajadores nacidos en 1969 y 1970, es decir, los que cumplen como máximo 54 años en 2023 (y que ahora pueden tener 53). Estos cobrarán el 75% del salario hasta los 57 años. También se ha sellado un programa de salidas incentivadas en el que la empresa eleva las cuantías de las indemnizaciones. El acuerdo fue firmado por UGT, que cuenta con 22 delegados de los 31 que integran el comité de empresa. Los otros nueve pertenecen a la organización Sindicat de Treballadores i Treballadors del Metal STM-Intersindical, que se ha dado hasta hoy de plazo para decidir si se suma al acuerdo. UGT explicó que finalmente la empresa ha accedido a su “principal reivindicación” tras ofrecer planes de salida con carácter voluntario para los nacidos en 1969 y 1970. “También ha mejorado sensiblemente las cantidades ofertadas para las bajas incentivadas”, destacó. El sindicato “confía” en que el acuerdo sirva para resolver el ERE con “100% de voluntariedades”.

Los viajes de Semana Santa se salvarán y la gasolina no romperá los presupuestos destinados para estas vacaciones. Eso, al menos, quedará a salvo porque los carburantes mantendrán su precio, al menos, «hasta la semana que viene». Pero el anuncio del recorte en la producción de petróleo anunciado por los países de la OPEP pone el punto final a los descensos en los costes de combustible que se venían registrando desde octubre. Así lo explicó ayer la presidenta de la Asociación de Estaciones de Servicio de Bizkaia, Nuria Lekue. El mensaje que han querido trasladar los países con yacimientos de crudo ha sido claro: no van a tolerar que el barril Brent se venda por debajo de los 80 dólares. Y eso va a provocar, como explicó Lekue, que el precio de la sin plomo 95 no baje de los actuales 1,67 euros el litro en todo el año. En cuanto al diésel, más de lo mismo, hasta las próximas uvas el mejor precio que se puede esperar es el actual de los 1,53 euros por litro de media que se pagaban ayer en Euskadi. Es más, los analistas de JP Morgan dan por hecho que el precio del barril de petróleo acabará el año en torno a los 96 euros. La última vez que el Brent se situó en esos índices fue en septiembre y, un mes después, el diésel escaló hasta los 1,98 euros el litro y la gasolina hasta los 179 céntimos.

La respuesta sencilla es que la OPEP+, incluidos sus principales miembros Arabia Saudí y Rusia, quiere apuntalar el precio del petróleo o, en el mejor de los casos, impulsarlo al alza. El mes pasado, el crudo Brent, la referencia internacional, cayó brevemente hacia los 70 dólares el barril debido a que las turbulencias del sector bancario provocaron la venta de activos de riesgo. Sin embargo, se mantuvo cerca de los 100 dólares el barril durante gran parte del año pasado. Pero a finales de la semana pasada el precio ya se había recuperado hasta casi los 80 dólares el barril, no muy lejos de donde había cotizado durante gran parte de 2023, y tampoco un precio bajo en términos históricos. Por ello, los analistas consideran que el recorte por sorpresa no es sólo un movimiento defensivo del cártel, sino una medida asertiva por parte de los miembros más grandes, como Arabia Saudí. Arabia Saudí también está frustrada por los comentarios realizados por Estados Unidos la semana pasada de que tardará “años” en volver a llenar su Reserva Estratégica de Petróleo, que fue parcialmente drenada en 2022 para ayudar a mantener los precios bajo control después de la invasión rusa de Ucrania. EEUU había indicado que, aunque quería evitar que los precios subieran demasiado y seguiría presionando a aliados como Arabia Saudí para que mantuvieran la producción, también utilizaría las compras para la reserva estratégica para poner una especie de suelo al mercado. Con ello se pretendía tranquilizar a los miembros de La OPEP+, que ahora pueden sentirse defraudados y están respondiendo con recortes del suministro.

La llamada banca en la sombra ya puso en jaque al sistema financiero el año pasado tras el caos en el mercado del níquel, la crisis de liquidez de Corea del Sur o cuando se encendieron las alarmas en el Reino Unido. El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte ahora de que esos instrumentos, entre los que hay fondos de pensiones o hedge funds, no han hecho sino ganar terreno desde la crisis financiera de 2008. Si hace 15 años esta maraña de instituciones suponían el 40% de los activos financieros globales, ahora representan el 50%. El FMI avisa de las “vulnerabilidades” que suponen las fuertes interconexiones con el resto del sistema en plena subida de tipos, lo cual deja menos margen de actuación a los bancos centrales. El mandato de Liz Truss será recordado como el más efímero para una primera ministra británica. Duró casi lo mismo que la crisis financiera que provocó con sus agresivos planes de bajadas de impuestos, que desataron la desconfianza en los inversores. Los complejos engranajes de los instrumentos de la banca en la sombra llevaron a las ventas masivas de deuda por parte de los fondos de pensiones. El Banco de Inglaterra tuvo que intervenir a pesar de estar en plena retirada para combatir la inflación. Es solo otro episodio que muestra las fuertes turbulencias que puede provocar esa banca en la sombra a la que el FMI se refiere como “intermediarios financieros no bancarios”.

Trump fue imputado ayer por 34 faltas en primer grado relacionadas con la falsificación de documentos empresariales y agravadas a delito serio por la intención de «cometer fraude» e influir en el resultado de las elecciones. Durante la campaña de 2016, el magnate, con la ayuda del tabloide ‘National Enquirer’, se habría embarcado en una cacería para «capturar y matar» los relatos que pudieran perjudicarle. La imputación menciona los pagos a dos mujeres que decían haber tenido romances con el candidato –130.000 dólares para la actriz de cine porno Stormy Daniels y 150.000 para la ‘conejita’ de ‘Playboy’ Karen McDougal–, y 30.000 para el portero de un edificio que afirmaba tener información sobre un hijo ilegítimo. No es así como el magnate esperaba volver a Nueva York, la ciudad símbolo del poder mundial que siempre quiso conquistar. «Está enfadado y frustrado», reconoció su abogado al salir del Tribunal Supremo de Manhattan. Ayer habían cerrado para él la Quinta Avenida y la carretera de circunvalación que rodea la Gran Manzana, para un trayecto histórico de veinte minutos que empezó en las escaleras mecánicas de la Torre Trump y acabó en el corazón de los juzgados. «Esto es surrealista, WOW, van a detenerme», escribió en Truth Social justo antes de dejar su hogar en lo alto de la Torre Trump. Era como si hasta el último momento hubiera esperado que la pesadilla se desvaneciera. «¡No me puedo que esto esté ocurriendo en EEUU!».

Los investigadores de la Universidad del País Vasco (UPV /EHU) Félix M. Goñi y Géza Toth han recibido sendos premios de la Fundación Alexander von Humboldt de Alemania, que fomenta la cooperación internacional en esta materia. Se trata de uno de los reconocimientos más prestigiosos en el ámbito de la ciencia europea. Goñi, que es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra y catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la universidad vasca, recibirá el Humboldt, que ya ganó en 2021. Su tema de investigación principal son las membranas celulares, sobre las que ha publicado más de trescientos artículos en revistas especializadas, que han sido citados más de 14.000 veces en otras publicaciones. El galardón que ahora obtiene incorpora una invitación expresa para emprender nuevos proyectos junto a científicos alemanes. «Es un tópico decir que se premia una labor de equipo, pero, en este caso, es verdad. Docenas de estudiantes de doctorado y postdoctorales han contribuido al trabajo en mi laboratorio durante cuatro largas décadas», ha explicado el investigador vasco. Este reputado galardón, creado por el Ministerio de Educación e Investigación alemán, se entrega a personal investigador de renombre internacional que reside fuera de Alemania. Con él, se reconocen sus logros en este campo, a los que se les atribuye, además, una influencia fundamental en su disciplina, así como su excepcional influencia en futuras investigaciones.