20221207

La calidad de vida ha mejorado en Euskadi en el último año e incluso ha superado a Asturias, aunque sigue siendo la séptima comunidad en este peculiar ranking elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Un análisis que sitúa al País Vasco a la cabeza de indicadores como la renta per cápita, el empleo o el mayor nivel de formación. Incluso el vasco es el que más acude a actos culturales y deportivos, aunque peca de pesimismo y desconfianza en sus instituciones políticas, judiciales y policiales. El estudio valora nueve dimensiones de la vida de los españoles. Desde sus condiciones materiales, a su situación laboral, de salud, opciones de ocio o disfrute de espacios verdes. También incluye su percepción sobre la seguridad ciudadana. La socióloga urbana y directora de Innovación y Emprendimiento de la Universidad de Deusto, Garbiñe Henry, subraya que los vascos lideran los «indicadores objetivos», «los más importantes», a su juicio, para un estudio de este tipo. Entre ellos destaca el de la renta per cápita, donde Euskadi ocupa el primer puesto con unos ingresos medios de 21.114 euros, 5.222 más que la media nacional y 9.018 más que Extremadura, la peor clasificada. En el campo del trabajo, el País Vasco cae hasta el tercer puesto debido a los buenos datos de empleo de Aragón y Navarra. Aunque Henry pone en valor el dato de que la vasca sea la comunidad con menos paro, que en esta estadística recibe 9,82 puntos frente a una media nacional de 14,78 y los 23,18 de Canarias. En el capítulo de la salud, la comunidad autónoma repite en el tercer puesto por detrás de Madrid y Navarra. La socióloga destaca aquí el aumento de la morbilidad por la pandemia, que se ha disparado cinco puntos en apenas un año y siete respecto a 2019. En materia de seguridad física y personal, el País Vasco es la sexta comunidad con menor tasa de homicidios. Un puesto que repite en porcentaje de criminalidad, aunque la sensación generalizada de seguridad ciudadana baja hasta el puesto 16.

El objetivo de la empresa es firmar un acuerdo de venta muy rápido con alguna de las compañías que han mostrado un interés formal por adquirirlas. Al parecer hay dos empresas alemanas en las negociaciones –una de ellas es la firma ZF–; una asiática y una vasca cuyos nombres no han trascendido. Algunas fuentes apuntan a que también estaría dispuesta a pujar la multinacional norteamericana General Electric. Siemens Energy ha establecido un procedimiento –habitual en estos casos– de confidencialidad total sobre las conversaciones. Las fábricas en venta son las que están situadas en Sigüeiro (La Coruña), Lerma (Burgos), Reinosa (Cantabria), Valencia, San Fernando de Henares y Burgos. A estos emplazamientos se añaden también las dos únicas factorías que Siemens Gamesa tienen en el País Vasco, en las localidades vizcaína de Mungia y guipuzcoana de Asteasu. Con ello, la multinacional que tiene su sede fiscal en Zamudio –aunque el grueso del cuartel general se ha desplazado ya a Madrid– va a desprenderse de dos líneas de producción que ahora prefiere subcontratar. Una de ellas es la de las multiplicadoras, el equivalente a la caja de cambios de un vehículo, que es el equipo mecánico encargado de transmitir el giro de las palas al generador de electricidad. La segunda actividad en venta es precisamente la producción de los generadores, así como de los cableados internos de los molinos eólicos. Inicialmente, Siemens Gamesa tenía la intención de vender ambas divisiones a un único comprador, con un compromiso de compra de equipos de largo plazo. El Gobierno vasco, al parecer, intercedió para que la firma considerase también las posibilidades de una venta de las dos divisiones por separado, al tiempo que pidió a la multinacional germana que diese entrada en las negociaciones a empresas vascas.

El sector de las gasolineras, tanto en Euskadi como en todo el Estado, se teme lo peor para fin de año. El Gobierno central lleva varias semanas lanzando globos sonda de la posible finalización el 31 de diciembre del descuento de veinte céntimos al combustible, salvo para los colectivos más vulnerables, y las estaciones de servicio piden al Ejecutivo que aclare de una vez qué va a hacer y se ponga fin a la «incertidumbre» reinante entre los operadores. Y es que una eventual finalización de la subvención generalizada obligará de nuevo a las gasolineras a actualizar sistemas informáticos y de organización para adecuarlo a los nuevos cobros. Además prevén una avalancha de conductores para fin de año que quieran aprovechar los últimos días de la subvención, lo que podría provocar un «colapso» en los surtidores y falta de personal si no se avisa con antelación. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha sido la última en insinuar esta semana que con la entrada del nuevo año no se va a prorrogar la subvención generalizada de veinte céntimos por litro de combustible, que entró en vigor en abril debido a la crisis energética y el alza de precios por la Guerra de Ucrania. Según Calviño, la ayuda se limitará, a la espera de confirmación oficial y de que se den más detalles, a colectivos económicamente vulnerable y habrá que ver si también para los profesionales del transporte. Otras ministras, como la de Transición Ecológica, Teresa Ribera, han lanzado mensajes parecidos pero sin terminar de confirmar el fin de los descuentos. También ha habido discursos en sentido contrario de ministras como la de Hacienda, María Jesús Montero, que hablaban de mantener la medida para las clases medias.

Los miembros del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), han expresado una posición casi unánime, pese a que la inflación en la zona euro se moderó en noviembre: los tipos deben seguir subiendo. La incógnita es si el núcleo duro logrará apoyos para otra subida agresiva de 0,75 puntos o se impondrá una senda suavizada. El economista jefe del BCE, Philip Lane, sugirió ayer aumentos moderados, aunque avisó de que “habrá una segunda ronda de inflación” por las subidas de precios y los incrementos esperados en los salarios. Tras los pronunciamientos durante las últimas semanas de los integrantes del consejo, los inversores se debaten entre los 0,50 y los 0,75 puntos básicos. Los analistas de Bank of America apuestan por medio punto, hasta el 2%, después de que el alza de precios en la zona euro en noviembre se situara en el 10%, seis décimas menos que en octubre. Sin embargo, no descarta que los ortodoxos presionen para subidas más agresivas. Ese es el escenario que contempla el banco de inversión Nomura. “El BCE necesitará una nueva subida de tipos de 75 puntos básicos para hacer frente a la persistencia de la inflación subyacente”, reza su último informe. Philip Lane, del ala más laxa, advirtió ayer de que el BCE ha hecho su trabajo, pero no todo. “Esperamos que sean necesarios más aumentos de los tipos, pero ya se ha hecho mucho”. 

El petróleo acelera su debilidad. El barril de Brent cotiza por debajo de los 80 dólares y se sitúa en mínimos anuales, muy lejos de los 121 que llegó a superar el pasado mes de junio. Su cotización va rumbo a dejar atrás las subidas anuales para embarcarse en el terreno de las caídas en un ejercicio en el que la escalada de los precios del gas natural y del petróleo hizo saltar las alarmas de los bancos centrales por la subida descontrolada de la inflación. El mercado de petróleo está digiriendo aún el impacto del veto de los países occidentales a las importaciones de crudo ruso y a la fijación de un precio máximo para el petróleo comercializado por mar. El pasado viernes los países de la Unión Europea acordaron fijar en 60 dólares el tope máximo para el oro negro ruso, una decisión con la que pretenden asfixiar económicamente a Moscú pero al mismo tiempo no reducir la producción de petróleo mundial. La respuesta del Gobierno de Vladimir Putin a la ofensiva de Occidente no se ha hecho esperar. Rusia planea crear e introducir antes de fin de año un mecanismo que prohibirá a las empresas rusas la venta de petróleo bajo el tope de 60 dólares por barril, según informó ayer el viceprimer ministro Alexander Novak.

Los grandes grupos del sector consumo se enfrentan a partir del próximo mes a una inflación de costes por la vía salarial que amenaza con dañar aún más sus cuentas de resultados, ya muy tocadas por el alza de tarifas de la energía, el transporte o las materias primas, pero a la vez necesaria para eludir que los empleados pierdan poder adquisitivo y evitar así que la rueda del consumo deje de girar. El gran convenio que hay que renovar es el de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), que agrupa a compañías como El Corte Inglés, Carrefour, Ikea, Leroy Merlin, MediaMarkt, Fnac, Eroski, Alcampo, CostCo o Tendam, entre otros. Se trata del mayor convenio colectivo de España, ya que afecta a alrededor de 234.000 empleados, y vence el 31 de diciembre, lo que implicará el inicio de las conversaciones en enero. Anged guarda por ahora silencio sobre su postura, pero los sindicatos ya han adelantado que irán a la negociación con unas reclamaciones “históricas”, tras dos años en los que los sueldos han subido un 1%, a pesar de la espiral inflacionista, debido a que el anterior convenio, de transición, se firmó en 2020, en plena pandemia, cuando las compañías sufrían fuertes caídas de ventas y beneficios. Fetico, el sindicato mayoritario en Anged, reclamará una subida salarial del 4,225% durante cada uno de los cuatro años de duración del convenio, lo que representaría un incremento del 18% en el periodo. Además, ha planteado un pago no consolidable equivalente al 4,5% del salario de los empleados para compensar la pérdida de poder adquisitivo. 

La economía española se enfrenta a una fuerte ralentización que podría ser la antesala de una contracción este invierno, con una caída del PIB del entorno del 0,3% o el 0,4% entre octubre y diciembre, de acuerdo con las previsiones de la Comisión Europea o la Fundación de Cajas de Ahorros. Y, aunque el mercado laboral empieza a arrojar algunas señales de debilidad por el agotamiento del efecto rebote tras la crisis del coronavirus y el frenazo de la economía mundial, lo cierto es que el empleo todavía mantiene un gran dinamismo y cuenta con 55 sectores que suman 839.100 puestos de trabajo en el tercer trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior, liderados por la educación, el alojamiento, el transporte terrestre y la informática. Con todo, no se puede obviar que algunos sectores no solo no han ganado ocupados en los últimos meses, sino que están en caída y, peor aún, todavía no han recuperado las cifras previas a la pandemia, como es el caso del comercio minorista, muy golpeado por la inflación y las ventas online. De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa, publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la educación sumó 87.200 puestos de trabajo más que en 2021, hasta alcanzar los 1.427.900 empleos entre julio y septiembre, con lo que se convierte, junto a la sanidad, en el sector que sale más reforzado de la crisis del coronavirus. El sector sanitario, aunque suma 8.100 puestos de trabajo respecto al año pasado, se ha frenado sensiblemente por las menores necesidades derivadas del coronavirus y a la falta de profesionales para cubrir huecos en muchas plazas. A esto hay que sumar otras áreas exclusivas del sector público o muy vinculadas a él que también crecen con fuerza, como es el caso de la Administración Pública, Defensa y Seguridad Social, con 43.300 nuevos puestos de trabajo, las bibliotecas, archivos y museos (6.800) o los servicios sociales sin alojamiento (3.300).

La industria de eólica marina se queda sin tiempo para conseguir que España cuente con 3 GW de generación en aguas nacionales para 2030. Es uno de los objetivos renovables marcados por el Gobierno y el más complejo de cumplir, porque cada parque de aerogeneradores offshore necesita un mínimo de siete años desde el inicio del proyecto hasta su puesta en marcha. Una producción inédita de energía en España y que se enfrenta a un vacío legal que hay que regular cuanto antes. En el caso de la Península Ibérica, las empresas se enfrentan a una complicación añadida, porque los aerogeneradores tienen que ser flotantes por una profundidad submarina que impide la instalación de turbinas ancladas al fondo, la solución más extendida en la industria, sobre todo en mares como los del Báltico, del Norte y el de Irlanda, que son los que concentran la mayoría de estas explotaciones en el mundo. Con este escenario que no termina de aclararse, las empresas presionan al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que active cuanto antes el marco normativo. Quedan pocos días para finalizar el año, además, con las fiestas de Navidad encima, por lo que este mes es clave para propiciar el despliegue de la eólica marina en España a partir de 2023.

El pago de dividendos de Iberdrola y la retención que la empresa ha tenido que hacer sobre ese ingreso a los accionistas no residentes en España ha sido determinante para elevar la recaudación del Impuesto de la Renta sobre no residentes en Euskadi un 72,9%. Un incremento que ha supuesto un total de 95,8 millones de euros, 40,4 millones más que el año pasado. Así lo señalan fuentes conocedoras de la fiscalidad vasca y que ha tenido en Bizkaia, al ser sede de la eléctrica, el mayor impacto con un crecimiento de este tributo del 113%. La importancia de mantener la sede en Euskadi de compañías punteras va a más allá del tejido económico que impulsan con el empleo generado, compras a proveedores y desarrollo en su entorno. Una de las claves de este ‘arraigo’ es también el pago de impuestos y cuando los beneficios de las grandes cotizadas crecen como ha ocurrido este año con las energéticas y la banca, lo hacen también el reparto de sus dividendos. Así que las haciendas forales ya no solo hacen caja con el Impuesto de Sociedades, sino también con las retenciones en los pagos que realizan estas compañías en el reparto de beneficios entre los accionistas. En el IRPF los capítulos asociados a este rendimiento siguen creciendo en las arcas forales y es que hasta octubre de este año la recaudación por estos conceptos –retenciones en el rendimiento de capital mobiliario y retenciones en ganancias patrimoniales– han crecido un 12,9% y un 16,8%, respectivamente. Traducido en euros, 155,7 millones por el primer concepto y 59,4 millones por el segundo. Pero el caso más llamativo ha sido el del Impuesto sobre la Renta aplicado a no residentes, la retención sobre los pagos que se realizan a ciudadanos que viven fuera de España. La recaudación por este concepto se ha elevado hasta casi duplicarse y gracias al efecto Iberdrola se ha notado especialmente en Bizkaia. 

Börje Ekholm (Edsbruck, Suecia, 1963) es el consejero delegado del fabricante sueco Ericsson, uno de los mayores proveedores de equipos para redes de telecomunicaciones del mundo. Ekholm lidera Ericsson desde enero de 2017, después de haber sido durante 10 años (2005-2015) el primer ejecutivo de Investor AB, el conglomerado de la familia Wallenberg (los Agnelli de Suecia), tradicional primer accionista del grupo de telecomunicaciones sueco. Ekholm ha visitado España para estar presente en la celebración el pasado lunes 5 de diciembre, del centenario del establecimiento de Ericsson en nuestro país. Ekholm ha sido, desde hace años, uno de los primeros en alertar del retraso tecnológico de Europa, especialmente en 5G. “Lo que me preocupa es que Europa se está atrasando en la conectividad con 5G, que claramente será una plataforma de innovación y desarrollo de aplicaciones completamente nuevas” advierte el directivo. “Lo que ha sucedido en las últimas décadas con las telecos europeas ha sido muy desafortunado, porque no han recuperado el coste de capital. Y cuando eso pasa se reducen inversiones. En los últimos 20 años las inversiones en redes en Europa, se han reducido entre un 15% y un 20% per cápita, mientras que en EEUU y Corea han aumentado en la misma proporción”, analiza el CEO de Ericsson. “Europa no solo ha invertido mucho menos que EEUU o Corea, sino también menos que Australia o incluso India. Así, Europa tiene un riesgo mayor ahora de quedarse incluso más atrás respecto a sus rivales que con el 4G”, alerta Ekholm. Pero el impacto negativo de estar retrasados en el 5G es mucho peor que haberlo estado en 4G, como señala el directivo.

El turismo se está recuperando, pero el sector aéreo aún cuenta con dificultades a nivel económico debido a la subida de los costes y los problemas de personal después de la pandemia. Las aerolíneas registrarán pérdidas de unos 6.900 millones de dólares este año. Pese a la alta cifra, es una cantidad menor a lo previsto (9.700 millones) aunque el número de pasajeros no ha sido tan alto como se esperaba por la ralentización económica mundial debido a la guerra en Ucrania, según detalló ayer la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) en una rueda de prensa en Ginebra, donde tiene su sede. La recuperación llegará por tanto en 2023 impulsada sobre todo por la actividad en Estados Unidos. La principal organización del sector calcula que las aerolíneas registren un beneficio acumulado de 4.700 millones en 2023. Hay que tener en cuenta que las compañías aéreas perdieron 180.000 millones en 2020 y 2021 a nivel mundial debido al covid y las restricciones a los movimientos entre países derivadas de ella. Pero la IATA detalla que no todas las regiones del mundo volverán al terreno positivo el próximo año. Las compañías con sede en Estados Unidos cerrarán 2023 con un beneficio de 11.400 millones, mientras que las de Europa y Oriente Medio tendrán ganancias de 600 y 300 millones, respectivamente.

El avance de los ODS se ha estancado en Europa y en el mundo desde 2020 y si hablamos de España, ocupa la posición 22, por debajo de la media europea y de países vecinos como Portugal o Italia y muy por debajo de otros socios europeos como Alemania o Francia. De hecho, sólo un 34% de las empresas españolas alinean su estrategia empresarial con el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030, según el Barómetro ODS 2022, recientemente elaborado por Esade. En el mismo se recoge que la sostenibilidad sigue siendo “cuidado y respeto con el medio ambiente” para el 53% de las empresas españolas. A estas alturas, no llegan a la mitad (43,7%) las que conocen la Agenda 2030, y casi la mitad (48,7%) no tienen integrados los ODS en su estrategia ni piensan integrarlos. En este contexto, hay que diferenciar entre grandes empresas y pymes. Según un estudio del Pacto Mundial de la ONU España, “un 76% de las pymes no dispone de un plan con objetivos que guíe su contribución a la Agenda 2030”. Algo que coincide con el Barómetro ODS, que afirma que el 61% de las grandes empresas españolas ya cuentan con departamento de Sostenibilidad pero sólo un tercio del grueso de las empresas (33,8%) está alineado con los ODS. Por lo que se refiere al logro de los objetivos, según el Barómetro ODS, ninguno se ha logrado al 100%, cuando estamos a mitad de camino del plazo para cumplirlos. Entre los objetivos que están más avanzados relacionados con el medio ambiente, pero que todavía presentan retos, se encuentran el 6 (agua limpia y sostenible) y el 7 (energía asequible y no contaminante, del que se dice que España experimenta una mejora moderada). Con retos significativos estaría el objetivo 14 (vida submarina) y entre los retos importantes, los que están más lejos de alcanzar el objetivo, se encuentra el 13 (acción por el clima, que estaría estancado).

Deutsche Bank, el mayor banco alemán y uno de los grandes de Europa, manipuló los mercados de deuda junto al holandés Rabobank entre 2005 y 2016, según ha concluido la Comisión Europea. Las dos entidades infringieron las normas de la UE para “falsear la competencia” en la negociación de valores en euros durante los peores años de la crisis financiera, cuando Grecia, Irlanda, Portugal, España y Chipre tuvieron que pedir rescates. El primer banco alemán, Deutsche Bank, y uno de los mayores de Europa manipuló los mercados de deuda en compañía de una entidad holandesa, Rabobank, entre 2005 y 2016. La Comisión Europea ha llegado a la conclusión “preliminar” de que ambos bancos “infringieron las normas antimonopolio de la UE para falsear la competencia en la negociación de valores denominados en euros” durante los peores años de la crisis financiera, cuando Grecia, Irlanda, Portugal, España y Chipre tuvieron que pedir rescates porque los mercados de bonos soberanos, en los que se centra la investigación, se cerraron para ellos y solo les prestaban dinero a unos intereses altísimos. Justo en los años centrales en los que esta investigación ha hallado connivencia y manipulación del mercado de bonos, estalló en Europa la crisis de deuda. El descubrimiento a comienzos de 2010 de que Grecia, con la ayuda de Goldman Sachs, había maquillado sus cuentas públicas abrió la puerta a ataques en los mercados contra los bonos helenos. Atenas acabó pidiendo un rescate (al final fueron tres), pero eso no evitó el contagio a otros países y casi se lleva al euro por delante. Entre tanto, “los dos bancos, a través de algunos de sus operadores, intercambiaron información comercial sensible y coordinaron sus estrategias cuando negociaban estos bonos en el mercado secundario”, acusa la Comisión.

Paschal Donohoe, todavía ministro de Finanzas irlandés, fue reelegido el lunes presidente del Eurogrupo, apenas unas horas antes de esta entrevista. Esta vez, por unanimidad. No había otro candidato. Este dublinés de 48 años, gran aficionado a la literatura, sale de una reunión que están manteniendo los responsables de Hacienda de la Unión Europea —el llamado Ecofin— para atender a varios medios europeos. Pronto dejará el cargo de titular de Finanzas irlandés, aunque seguirá en el Ejecutivo de su país, y desempeñará el cargo que acaba de renovar. Su primer mandato, estrenado en verano de 2020, en los primeros meses de la pandemia, no fue plácido. No parece que la inflación, la crisis energética y la guerra le vayan a dar tregua para los siguientes dos años y medio que le esperan. "Creo que el BCE está haciendo lo correcto. Y también confío plenamente en que el Banco Central Europeo tomará las medidas adecuadas en el futuro. Si nos fijamos en el crecimiento de la zona del euro tras la pandemia, en los componentes de la inflación que tenemos y está provocada por los precios de la energía, creo que el BCE ha tomado las decisiones correctas y tomará las decisiones correctas..."

Según un proyecto de Interior, se obtendría la ciudadanía tras cinco años de residencia en Alemania, en lugar de los ocho actuales. Si hay «logros especiales de integración», es decir si los inmigrantes demuestran logros académicos o profesionales especiales o hablan alemán especialmente bien, serían tres años. La respuesta de los liberales no ha podido ser más clara: «No habrá devaluación de la ciudadanía alemana con el FDP», declaró su secretario general, Bijan Djir-Sarai. Para Djir-Sarai «no es el momento de simplificar la ley de ciudadanía» pues no se ha producido «ningún avance en la repatriación y la lucha contra la inmigración ilegal». Resaltó que los ministerios responsables ni siquiera han nombrado al representante especial previsto en el acuerdo de coalición de gobierno para abordar esa cuestión. El FPD defiende la concesión de la nacionalidad como «el resultado natural de una integración satisfactoria en la sociedad alemana» y no «el principio del proceso de integración», dijo el secretario general del FDP. Sus críticas coinciden en cierto modo con las de los conservadores, que no solo se oponen a la doble nacionalidad, sino que ven en los planes de Scholz una ventana abierta a una inmigración en los sistemas sociales. «La ciudadanía alemana es algo muy valioso y debe tratarse con cuidado», afirma el líder de la CDU, Friedrich Merz. A su entender, la doble nacionalidad no debe ser la norma, sino la excepción y «si el objetivo de la coalición es la inmigración en los sistemas sociales, hay que impedirlo», dijo. El diputado de la CDU y experto en Interior Stefan Heck habló de «concesión inflacionista de pasaportes alemanes», que albergará «enormes explosivos sociales».

La sucesión de impactos levanta críticas entre los expertos militares. Dos escuelas paran las clases por el incendio en la base aérea de Kursk. Rusia vivió ayer un nuevo ataque con drones en su territorio. Aviones no tripulados alcanzaron otra base aérea, la tercera, en el segundo día consecutivo de incursiones, y varios depósitos de combustible fueron pasto de las llamas en el aeródromo de Kursk y en una planta industrial de Briansk, ambas regiones fronterizas con Ucrania. El ataque, sobre cuya autoría no ha habido hasta el momento ninguna declaración, sucede a otro bombardeo el lunes —atribuido a Ucrania— en el que varios misiles que databan de la época soviética lograron penetrar casi un millar de kilómetros dentro del espacio aéreo de Rusia. Poco después de las explosiones de ayer, la ciudad ucrania de Donetsk, en manos de separatistas y tropas rusas, sufrió un ataque dejó al menos seis muertos y una decena de heridos que las autoridades prorrusas atribuyen a Kiev. Con esos episodios como telón de fondo, el presidente ruso, Vladímir Putin, reunió a su consejo de seguridad. No trascendieron detalles del encuentro, pero el portavoz del mandatario, Dmitri Peskov, afirmó que se discutió sobre los ataques ucranios.

El estallido cultural de la Feria de Durango ya está aquí. Tras dos años de ediciones un poco raras, las de la pandemia, en la número 57 la expectativa que trae la normalidad es alta y aspira a recibir muchos visitantes, a llenar las actividades paralelas a la venta en el pabellón de Landako y a convertir toda la localidad en una fiesta, un festival con acciones culturales que salen de los espacios de la Azoka para teñir también otros lugares (como el Museo de Arte e Historia). Si en 2020 los organizadores pusieron en marcha la tienda online para hacer frente a la desaparición de los stands por el riesgo de coronavirus y el año pasado el acceso se hizo por turnos, con cita previa, este es el de la normalidad absoluta, por fin. Eso sí, la tienda digital se mantiene por si alguien no puede acudir a la cita. En lo que respecta a las cifras de participantes, de momento se han logrado ya números similares a los de prepandemia. Hay 248 stands en Landako –176 empresas, instituciones o artistas que se autoeditan y para 34 de ellos será la primera vez– y las novedades culturales se reparten en 689 libros, 141 productos musicales, 46 revistas y 54 creaciones de otras categorías. Hay un programa de más de 270 actividades entre presentaciones de libros, espectáculos de música o de otras artes, charlas, exposiciones, proyecciones, talleres infantiles... La organización está tan contenta de la vuelta a la normalidad que hoy les recibe, pasadas las diez de la mañana, como si hubiera una fiesta. Bueno, es lo que es: la gran celebración de la cultura en euskera.