20231005

El lehendakari protagoniza un encuentro en DV Gunea ante una nutrida representación institucional, política y empresarial, donde critica a aquellos que trasladan una «realidad conflictiva» de Euskadi. El lehendakari, ante este panorama complejo y tras una pandemia que lo desbarató todo, se empeñó a fondo en contraponer la «fotografía real y basada en datos» de un país cuyo PIB ha crecido un 30% en diez años y con una bajada del paro del 16,6% al 7,4%, con la de aquellos que trasladan una «realidad falsa y conflictiva». Urkullu resaltó a este respecto que llama la atención que el País Vasco representa el 5% de la población del Estado y que, sin embargo, aquí se convocan más del 50% de las huelgas. Aseguró que esta conflictividad laboral, que afecta sobre todo al sector público, se basa en una estrategia «organizada y deliberada de huelgas y más huelgas». Urkullu lanzó una pregunta: «¿Quién gana cuando se alimenta de manera artificial una falsa realidad?». Él mismo respondió que quien se beneficia es EH Bildu para obtener «réditos políticos». Una denuncia que también ha utilizado con profusión el presidente del EBB, Andoni Ortuzar y el líder del partido en Gipuzkoa, Joseba Egibar. El lehendakari apuntaló este argumento recordando que Sortu, «núcleo central de EH Bildu», aprobó el mes pasado su estrategia para 2023-2024. Urkullu indicó que ese plan contempla apoyar a Pedro Sánchez con el fin, citó textualmente el documento de Sortu: «Establecer el campamento base para la ascensión hasta la república vasca» y «materializar el proyecto de soberanía» alcanzando «cuotas de poder de manera gradual». El lehendakari reconoció que «poco a poco» la coalición abertzale está consiguiendo ampliar su presencia en los órganos de decisión. 

El lehendakari Iñigo Urkullu cargó ayer sin ambages contra la «agresiva política» del Banco Central Europeo que, a su juicio, «ha provocado una notable desaceleración económica». Desde el mismo atril del DV Gunea en el que sólo dos días antes el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, defendía la actuación del supervisor, el responsable del Ejecutivo vasco apuntó en la parte económica de su intervención que las constantes subidas de precios (con su consiguiente impacto en familias y empresas) «lejos de resolver los problemas, los están agravando». De la misma forma, el lehendakari anunció que el Presupuesto vasco de 2024 rondará los 15.000 millones de euros, que servirán, dijo, para «seguir mejorando los servicios públicos». Al tiempo, y ante una amplísima representación de los ámbitos institucional y económico de Gipuzkoa y Euskadi, reiteró la apuesta de su gabinete por «el trabajo compartido y la colaboración público-privada». En este punto, Iñigo Urkullu abogó por mejorar las condiciones laborales de los más jóvenes en una Euskadi envejecida, y lanzó un nuevo desafío institucional: llevar la tasa de paro juvenil en el País Vasco (hoy en el 12%) por debajo del 10%. A lo largo de un discurso en el que puso sobre la mesa los avances macroeconómicos, en términos de empleo y de impulso de la innovación y la industria avanzada, experimentados en la última década en Euskadi, Urkullu expuso los dos «retos transcencentales» a los que se enfrenta el país: «Consolidar la senda de crecimiento sostenible; y garantizar el bienestar y la prosperidad de las generaciones futuras».

El panorama del emprendimiento en Euskadi ha experimentado cambios tras la pandemia, con mejoras que deben su origen a las reformas de años precedentes aunque también con "déficits históricos" que tienen que ver con el difícil asentamiento de una cultura emprendedora entre los jóvenes y una "tendencia creciente" al envejecimiento de este sector. Son algunas de las conclusiones del XIX Informe GEM (Global Entrepreneurship Monitor) elaborado por el Observatorio Vasco del Emprendimiento en colaboración con la UPV-EHU y Mondragon Unibertsitatea. La presidenta del Observatorio, María Saiz, destacó hoy en Bilbao, durante la presentación del documento, que los datos, extraídos a partir de más de 4.000 entrevistas, ofrecen una "evidencia reiterada" que ratifica los principales ejes de anteriores informes. Euskadi dispone de unas "excelentes" infraestructuras y una importante red de apoyo institucional que hacen que disponga de un ecosistema emprendedor "de referencia", con una valoración en la Tasa de Actividad Emprendedora (TEA, por sus siglas en inglés) que la hace liderar el ranking estatal (5,2% frente al 4% estatal) y que es similar a la de Estados Unidos. Al mismo tiempo, no obstante, persiste la existencia de un contexto "que no consigue impulsar de manera decidida valores de cultura emprendedora", en especial entre la juventud. El perfil del emprendedor vasco es el de una persona de entre 40 y 45 años, con estudios universitarios o superiores.

La Comunidad de Madrid es la única región española que cuenta con una proporción de trabajadores en puestos altamente cualificados superior a la media de la Unión Europea: en total un 46,5%, frente a una media comunitaria del 44,2%, según los datos publicados ayer por Eurostat. Euskadi, por su parte, queda en segundo lugar en el Estado y a dos puntos de la media europea, con un 42'2%. La estadística se refiere a la proporción de población trabajadora de 25 a 64 años que ocupa puestos directivos, profesionales o técnicos, un dato que difiere de la proporción de trabajadores que tienen una cualificación elevada, ya que parte de las personas que están muy formadas ocupan puestos de menor rango, algo que sucede también en nuestro país. De los 20,4 millones de personas que tenían un empleo en nuestro país en 2022 en promedio, 9,4 millones tienen educación superior (universitaria), el 46%, sin que eso implica que ocupen puestos para los que se requiere un nivel de cualificación elevada; 5,15 millones tenían cumplimentada solamente la primera etapa de la Educación Secundaria Obligatorio (los primeros dos cursos de la ESO), el equivalente al 25,2%; 2,77 millones tienen la segunda etapa de la ESO, el 13,5%; y 2,11 millones tienen la segunda etapa de la ESO y formación profesional, el 10,3%.

Esta tarde regresan a Vitoria los Diálogos ‘Talento Femenino’, que celebra su IV edición y se desarrollará bajo el tema central ‘¿Qué industria necesita Euskadi?’ El encuentro, organizado por la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Álava, AMPEA, tendrá lugar en la Fundación Vital (Dendaraba) a las 19:00 horas. La cita, que cuenta con la colaboración de Emakunde, la Diputación Foral y la propia Vital, «busca dar voz y rostro a las mujeres directivas, empresarias, profesionales y emprendedoras, con el objetivo de visibilizar su realidad y generar un entorno de aprendizaje que permita una mayor presencia e igualdad en el ámbito económico». El acto estará dividido en dos bloques. El primero lo conformará una ponencia a cargo de María Saiz, presidenta del Observatorio Vasco de Emprendimiento, que dará cuenta de los últimos datos sobre la creación de nuevos proyectos en Euskadi. Según el informe ‘Ecosistema Vasco de Emprendimiento’, presentado el pasado mes de junio, «el peso colectivo de mujeres emprendedoras aumentó en 2022 respecto a la media de los años anteriores». Así, «el 51,4% de las personas emprendedoras fueron mujeres, frente al 42,4% de la media de años anteriores».

En un momento en el que el comercio exterior guipuzcoano se ve impactado por el enfriamiento de la economía europea, lo que reduce las oportunidades de nuestras empresas en el exterior, el ‘Informe sobre la Complejidad Económica en España’, elaborado por la fundación Cotec en base a los datos de los últimos trece años, llega como un soplo de aire fresco. Y, sobre todo, como un notable reconocimiento de la capacidad y la potencia del territorio en términos de exportación. Y es que el documento sitúa a Gipuzkoa, con absoluta rotundidad, en el número uno de entre todas las provincias de España en una clasificación que toma en cuenta la diversidad de productos exportados (puestos en relación con el total que sale del conjunto del país) y la ubicuidad de los mismos o, dicho de otro modo, el grado de complejidad de esos productos en el sentido de si los fabrican y venden muchas o pocas economías. Y en eso, en los dos aspectos, Gipuzkoa es claro vencedor. De hecho, resalta la fundación Cotec, «el territorio realiza exportaciones de un total de 921 productos distintos, lo que supone más del 75% de la relación completa de bienes que España vende en el exterior y que asciende a 1.214». El trabajo supone también un espaldarazo a la estrategia exterior del País Vasco y su tejido productivo, toda vez que la segunda y tercera posiciones las ocupan Álava y Bizkaia, respectivamente. La donostiarra Cristina Garmendia, presidenta de la fundación Cotec, destaca que «el liderazgo guipuzcoano se debe a que la provincia cuenta con una base muy diversificada de exportaciones de alto valor añadido». Dicho de otra manera, hacemos y vendemos en el extranjero muchas cosas complejas que muy poca gente es capaz de hacer.

El Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) pactado en distintas plantas de Arcelor Mittal en España con los sindicatos CC OO, UGT y USO tiene vigencia desde ayer hasta el próximo 31 de diciembre y afectará a 7.000 trabajadores del grupo siderúrgico, que cobrarán el 90% del salario bruto y no afectará a pagas ni a vacaciones. Las plantas en las que se aplicará este ERTE de tres meses son las de Asturias (Gijón y Avilés), la vizcaína de Etxebarri, las de Lesaka-Legasa, Sagunto, Salvatierra y los 17 centros de distribución repartidos por toda la geografía española. En función de cada centro de trabajo se ha establecido un porcentaje de aplicación máxima en la jornada anual, siendo la planta de Etxebarri, con 350 trabajadores, la más afectada, con un porcentaje del 50%. Por su parte, en la ACB de Sestao no se aplicará el ERTE. La empresa señala que esta medida está motivada por la actual situación de «muy altas» importaciones extracomunitarias y baja demanda en algunos productos como hojalata –en la que se centra la planta de Etxebarri–, alambrón y ciertos tipos de bobinas.

Una veintena de personas se encerró a las 13.00 horas de ayer en las instalaciones en Llodio de Glavista, empresa dedicada a la fabricación de parabrisas, para protestar contra la decisión de la empresa de ejecutar más de doscientos despidos. La compañía se encuentra en concurso de acreedores. La situación está bloqueada desde hace meses ante la negativa de Guardian a vender los terrenos sobre los que se sitúa la factoría, lo que garantizaría su viabilidad. Una condición imprescindible, según el fondo de inversión suizo Parter Capital, al que se le adjudicó la empresa en el proceso concursal. Ante la falta de acuerdo para completar la venta de la fábrica este ha presentado ya un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que supondrá el despido de 240 trabajadores. Mientras se completa ese proceso, parte de la plantilla ha optado por encerrarse. Y lo han hecho sin fecha. Provistos de sacos de dormir y víveres. El grupo fue despedido con aplausos por parte de sus compañeros, tras concentrarse a mediodía en la puerta de la planta de Glavista. El comité, liderado por el sindicato ELA, se dirigió a los trabajadores para explicar que el encierro pretende «defender nuestros puestos de trabajo de la empresa, de la que que nos quieren echar». Hizo también una llamada a las instituciones para que sigan mediando entre las partes implicadas con el fin de alcanzar un acuerdo que garantice la viabilidad de la empresa y de los puestos de trabajo.

Tirón de orejas de la Justicia al Ayuntamiento de Azpeitia de EH Bildu por su intervención en el caso Corrugados. El Juzgado Contencioso Administrativo número 1 de Donostia ha anulado el Decreto de Alcaldía del consistorio azpeitiarra, que declaró en septiembre de 2021 la caducidad de las licencias de actividad del grupo extremeño Cristian Ley (CL) con las que buscaba impedir que retomara la producción en las instalaciones de la antigua empresa en la zona urbana de la localidad. Una polémica que acabó con CL desistiendo de su proyecto, antes incluso de la entrada en vigor del decreto ahora anulado, y con una agria polémica entre la alcaldesa Nagore Alkorta (EH Bildu) y la consejería de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco liderada por Arantxa Tapia, partidaria de dar una oportunidad a la iniciativa en aras a la creación de empleo. La sentencia precisa que no se pronuncia sobre si el grupo extremeño cumplía o no los requisitos para retomar la actividad, pero sí deja claro que no había motivos que justificaran la decisión de la Alcaldía de «caducar» previamente «la licencia de actividad». Algo que «no se ajusta a derecho» e imposibilitaba a CL intentar al menos poner en marcha su proyecto. El Ayuntamiento anunció ayer a última hora de la tarde que recurrirá el fallo, aunque a efectos prácticos la nave está desmantelada y el grupo CL ya desistió en mayo de 2021 de su plan de reabrir la fabrica de barras de hierro y acero para construcción y otras actividades. 

Los terrenos de Gamarra en los que en su día operó Cegasa están cerca de su reactivación. El Ayuntamiento de Vitoria prevé dar mañana la aprobación inicial a un cambio urbanístico que permite aumentar la altura máxima de los nuevos edificios. Los inmuebles de la parcela podrán tener hasta 15 metros de altura, como persiguen los promotores para su puesta en marcha. El plan urbanístico recibió el visto bueno a nivel técnico el pasado 29 de septiembre, pero necesitará el respaldo de la mayoría del Pleno para convertirse en definitivo. La operación busca sacar por fin del letargo la antigua sede de Cegasa, situada en la calle Artapadura. Se trata de una de las más grandes del distrito industrial del norte de Vitoria con 128.627 metros cuadrados; es decir, es una de las codiciadas parcelas XXL que tanto se están demandando en los últimos meses por su escasez. El nuevo parque logístico renovará los edificios que ahora ocupan la parcela, y que se construyeron entre 1967 (el edificio más antiguo) y 2002. Según los datos oficiales, cuenta con un total de 22 inmuebles en superficie, aunque se trata en su mayoría de pequeñas construcciones de taller o almacén. Los propietarios, que anunciaron una inversión total de 50 millones de euros tras adquirir los terrenos en junio de 2022, planean intervenir en dos fases. Primero actuarán en la rehabilitación de dos inmuebles que suman 39.000 metros cuadrados. En la segunda, mientras tanto, se desarrollará el resto de los terrenos para acoger a otra empresa de logística o industrial. En cualquier caso, la rehabilitación de los bloques deberá respetar «en la medida de lo posible» la estética del edificio más reconocible, característico de la consolidación industrial de Vitoria.

La venta de coches nuevos creció en septiembre en Euskadi un 8,4% respecto al mismo mes del año pasado al matricularse 1.980 turismos y todoterrenos. Con ese nuevo incremento, en el acumulado de los nueve primeros meses del año el País Vasco registra un aumento del 11% sobre el mismo periodo de 2022 y totaliza ya 17.614 unidades vendidas, según los datos de las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam) ofrecidos finalmente ayer, con dos días de retraso debido a una avería del sistema de registro de matriculaciones de la Dirección General de Tráfico . Aunque el crecimiento del mercado automovilístico vasco en septiembre fue sensiblemente superior al del 2,3% registrado en el conjunto de España, donde el mes pasado se vendieron 68.803 coches, en el acumulado de lo que va de año, Euskadi queda lejos del aumento del 18,5% en las matriculaciones en todo el país, que ya suman 711.380 turismos. En cuanto a los tipos de propulsión, de los 1.980 coches vendidos en el País Vasco el mes pasado, solo un 10% (197 vehículos) fueron de motores diésel; el 40% (796), de gasolina; y el 50% restante (987), eléctricos, híbridos, de hidrógeno o de gas. También ayer, la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos, informó de que en Euskadi se vendieron en septiembre 6.182 vehículos de segunda mano, un 6% menos que en el mismo mes de 2022, mientras que en el conjunto de España se transfirieron 175.739, un 3,4% menos.

Las cuentas corrientes del sector privado en Euskadi, aunque han empezado a bajar sus saldos, siguen con unas cantidades de dinero superiores a las de la pandemia. Aun así, dos años de subida de precios y unos tipos de interés que encarecen las devoluciones de los créditos se están notando ya en el gasto. Así lo refleja el patrón de consumo de las tarjetas del principal banco en cuota de mercado del País Vasco, Kutxabank. Las 27 millones de veces que se usó este mecanismo de pago en julio y agosto para abonar 985 millones, supone una moderación en el gasto que sube un 7%, frente al 11% y el 13% de los dos ejercicios anteriores, pero anotando una reducción en las compras de alimentación y en el comercio minorista. También ha sido esa la tendencia del turismo y los viajes que, aunque elevan el número de operaciones, reducen su importe. Solamente hay un capítulo que escapa a este fenómeno en vacaciones: el de los restaurantes. Los pagos en este tipo de establecimientos se incrementaron un 14% respecto al verano pasado. Sentarse a mesa y mantel puestos ha sido una práctica a la que los clientes de la entidad han dedicado 118,2 millones de euros, una cifra muy superior a la destinada a repostar el coche (68,9) o la gastada en hoteles y agencias de viaje (98,5 millones). El grueso del gasto, 197 millones, ha seguido siendo para la compra de alimentación y en grandes superficies. Supone dos de cada 10 euros gastados con tarjeta este verano. Aunque siga siendo el apartado más importante acusa un descenso del 18% en el número de compras realizadas y de un 19% en el valor. 

La eurozona encadena tres trimestres consecutivos prácticamente estancada y se asoma a una contracción entre julio y septiembre, según dejan ver los datos del índice de gestores de compras (PMI, por sus siglas en inglés), elaborado por S&P Global, una hipótesis que refuerza el colapso del comercio minorista en agosto, cuando sufrió su mayor caída en los últimos tres años. Sin embargo, España parece estar sorteando en cierta medida estos problemas, ya que el comercio minorista mantiene el pulso, lo que podría hacer que el PIB todavía mantuviera un ligero crecimiento del 0,1% en el tercer trimestre respecto al segundo, si bien se trataría de cifras muy por debajo de las registradas a lo largo de los últimos años. El índice PMI compuesto de la eurozona se situó en 47,2 puntos en septiembre, una cifra que queda medio punto por encima del dato de agosto pero que supone el cuarto mes consecutivo por debajo del umbral de los 50 puntos, que marca la diferencia entre el crecimiento y la contracción económica, algo que se traduciría en una contracción del PIB entre julio y septiembre. Y las cifras al detalle no son nada halagüeñas, dado que “los nuevos pedidos cayeron al ritmo más rápido en casi tres años”, especialmente en el sector servicios, lo que obligó a las empresas a tirar de su cartera de pedidos para sostener la actividad. En consecuencia, “la confianza con respecto a las perspectivas para los próximos doce meses disminuyó, y las expectativas de crecimiento cayeron hasta su nivel más débil en diez meses”, señala el texto.  Con todo, hay una gran diferencia entre países, dado que Francia (44,1 puntos) y Alemania (46,4 enteros) son el epicentro de las turbulencias, debido a la pérdida de competitividad de su industria por el encarecimiento de la energía, a la caída de la demanda en la Europa del Este y a las dificultades de la industria automotriz, mientras que la periferia sale mejor parada. 

El mercado ha tomado, esta vez sí, buena nota de la firmeza con la que los bancos centrales han trasladado que los tipos se mantendrán altos durante mucho tiempo. Tanto es así que el interés del bono español a 10 años –que viene a indicar lo que exigen los inversores por comprar deuda del Estado– volvió a escalar ayer por encima del 4%, máximos desde finales de 2013. Y esa evolución en los mercados secundarios, donde se negocian este tipo de activos, se está traduciendo en un notable incremento del coste de financiación en las nuevas emisiones del Tesoro, que esta misma semana ha llegado a pagar rentabilidades de casi el 3,9% en sus Letras a 12 meses, máximos de 11 años. Esto, a su vez, afecta directamente a otros agentes como las empresas, que compiten con el Estado para captar inversores, por lo que, en teoría, tendrían que ofrecer rendimientos más elevados a la hora de buscar quién les financie. «El mensaje de los bancos centrales de que los tipos están cerca de máximos no ha tenido tanta repercusión como que se mantendrán elevados durante un periodo largo, alejando las expectativas de rebajas hasta finales de 2024 o incluso 2025», indican los analistas de Link Securities. La propia presidenta del BCE, Christine Lagarde, insistió ayer en que la lucha contra la inflación sigue siendo prioritaria frente al impacto económico de la actual política monetaria. 

Solicitar una cita previa en la sede bilbaína del Banco de España para invertir en deuda pública implica una espera de prácticamente dos meses y medio. Ayer, la primera cita disponible era para el 12 de diciembre. Un ‘boom’ motivado por una elevada rentabilidad que no se conocía hace más de un década. El martes, el Estado pagó casi un 3,9% por las Letras a 12 meses. Se trata de un fenómeno que lleva un año en auge ante la falta de rentabilidad en los depósitos bancarios y que ha motivado que a mediados de año, como desveló este periódico, la sede bilbaína se convirtiese en la que más deuda pública vendía en todo el país. «Hay un retraso de unos dos meses largos para concertar una cita, porque se mantiene el interés que se venía observando hasta ahora», reconoce el director de la entidad bilbaína, Iñaki Mediavilla, quien recuerda que los recursos disponibles permiten atender solo a una cierta cantidad de clientes. Cada día se reservan una quincena de encuentros dedicados a abordar estas gestiones, que tienen que convivir además con otros trámites habituales en ventanilla como las operaciones con efectivo –suministra dinero para toda la banca del País Vasco, Navarra, Cantabria y parte de La Rioja–, además de otras operaciones para las que también se debe reservar un encuentro. «Aquí también acude gente sin cita previa a la que se intenta atender siempre que es posible, pero a veces no se les puede dedicar tiempo», explica. 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), organismo encargado de velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas, asegura que el Gobierno de Pedro Sánchez «ha perdido ambición» a la hora de evaluar sus grandes políticas de gasto, observándose desde hace tiempo que los encargos al organismo se centran en el análisis de medidas de escasa relevancia pública. Sin ir más lejos, el último informe del organismo se centra en el diagnóstico de la gestión de residuos y en los instrumentos financieros de apoyo a la internacionalización empresarial. Para Cristina Herrero, presidenta de la AIReF, no se trata solo de una cuestión del volumen del gasto que se analiza sino también de qué tipo de medidas. En este sentido apela al Ejecutivo a que antes de decidir cuáles se van a evaluar, consulte con el organismo, «algo que ahora no sucede». Es decir, la AIReF teme que el hecho de que el Gobierno sea el que decida qué políticas se evalúan y cuáles no, limite su autonomía y termine convirtiendo su trabajo en una herramienta política. En cuanto a la importancia de los temas a analizar, la Autoridad Fiscal echa de menos poder medir la eficacia del gasto en políticas clave para la economía, como las de sanidad, atención primaria o la dependencia y cuidados de larga duración. También en otros pilares como la justicia y la vivienda. Pero la mayor urgencia la detectan en el análisis de los recursos que se destinan a formación profesional y educación. «Esta última es la gran olvidada y no podemos no dedicar recursos a evaluar becas y otros aspectos del sector cuando muchas comunidades autónomas nos lo piden», advierte Herrero.

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, pidió este miércoles asegurar que los fondos Next Generation EU tengan “el carácter transformador” que España necesita para que así tengan incidencia sobre el crecimiento económico para los próximos años. Tras la presentación de los resultados de la tercera y última fase de la evaluación del gasto público, Herrero atendió a los periodistas y fue preguntada por una primera valoración de la adenda al plan de recuperación, aunque señaló que todavía no cuentan con la información “de detalle” suficiente como para hacer un “diagnóstico”. No obstante, sí señaló que existen “dudas” entre los consejeros de Hacienda sobre el efecto transformador de estos recursos -que superan los 163.000 millones de euros-, por lo que pidió “estar vigilantes” para que el plan de recuperación tenga el impacto estimado, que el Ministerio de Asuntos Económicos cifra en una contribución al PIB de tres puntos anuales de media desde 2021 hasta 2032. En este contexto, Herrero señaló que la ejecución “no van tan mal” como se puede creer –la Airef dará datos a finales de este mes–, pero sí sospecha que la selección de los proyectos podría no impactar a la economía real como se esperaba inicialmente. “Lo que nos ha parecido percibir es que no se va tan mal en lo que es el grado de ejecución, sin perjuicio de que evidentemente algunas inversiones tengan una demora en el tiempo. Pero [los consejeros] sí que tienen dudas sobre el efecto transformador que vaya a poder tener el plan de recuperación por la selección de los proyectos a financiar que ha tenido lugar en las conferencias sectoriales. En el caso de alguna comunidad autónoma, nos han comentado que en una buena parte se trata de gasto corriente”, declaró.

El juez de instrucción de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha citado como investigados al consejero delegado y presidente del grupo Félix Solís, Félix Solís Yáñez, y al presidente y fundador del grupo García Carrión, José García-Carrión Jordán, en la causa que investiga la supuesta comercialización fraudulenta, entre 2017 y 2019, de vinos bajo etiqueta crianza, reserva y gran reserva dentro de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Valdepeñas sin cumplir los requisitos. Algo que supondría incurrir en los delitos de publicidad engañosa, estafa y falsedad documental. Así lo refleja el auto consultado por CincoDías, que cita a declarar a ambos en diciembre: García-Carrión lo hará el día 4 y Félix Solís, el 11. Varias sociedades que componen ambos grupos bodegueros también tienen la calidad de investigados como personas jurídicas, aunque sin fecha asignada. También han sido imputadas las entidades certificadoras Sohiscert y Liec Agroalimentaria, al poder haber actuado como “cooperadores necesarios de los ilícitos penales investigados en este procedimiento”, al expedir las certificaciones presuntamente frauduLópez lentas. En el caso de Liec, el juez describe que entre 2019 y 2020 tramitó ante el Consejo Regulador declaraciones de aptitud por un volumen de aproximadamente 23 millones de litros de vino envejecido de Bodegas Vinartis, propiedad de García Carrión. “No obstante, tal y como consta en los registros de la DOP, no dispone de las barricas necesarias para producir esta cantidad en ese periodo de tiempo”.

En España la nueva potencia instalada deja menos puestos de trabajo que en países como China, EEUU, Alemania o Francia. El alza de los costes de fabricación amenaza con agudizar la deslocalización. Todas las voces del sector coinciden en la calidad y la cantidad de los puestos de trabajo vinculados a las energías limpias con los que España cerró 2022. Para la serie histórica, el dato es bueno. Sin embargo, la foto mundial aflora un decalaje entre la velocidad a la que crece la potencia renovable y el volumen de empleos verdes que suma España frente al progreso acompasado que presentan, no sólo China o EEUU, sino otros países de la UE. El frenesí renovable que vivió España el año pasado, al calor de la escalada de precios de los carburantes, catapultó al país a la quinta posición mundial en despliegue fotovoltaico, según cifras de UNEF, un puesto que contrasta con el noveno lugar que ocupó en el ranking de empleo solar ese mismo año. Si hablamos de la industria del viento, según los datos que maneja la AEE, España acaparó el 8% de la nueva capacidad instalada en todo el mundo en 2022. Un vistazo a la evolución de nueva capacidad eólica entre 2018 y 2022, sitúa al país ibérico en la quinta posición. A nivel de puestos de trabajo, se mantuvo tres puestos por debajo, el octavo.

Los países europeos han llegado a un consenso para desbloquear el Pacto de Migración y Asilo. Tras años de negociación, la pasada semana los Veintisiete rozaron el «acuerdo político», después del cambio de postura de Alemania. Y ayer, finalmente, los embajadores europeos consiguieron alcanzar ese punto en común tras salvar las preocupaciones de Italia, el Estado más afectado los últimos meses por la presión migratoria. El pacto llega en la víspera de la cumbre informal de líderes en Granada y tan sólo un día después de que Austria, República Checa y Polonia anunciaran un cerrojazo en sus fronteras con Eslovaquia por el aumento de llegadas irregulares desde este país. Tras meses de trabajo, la Presidencia española del Consejo Europeo consiguió una «voluntad política firme» de los Estados miembros para alcanzar un acuerdo de facto. Y esas palabras son ya hechos, una vez se resolvieron las peticiones de Alemania en materia de protección para las familias y las exigencias de Italia, que pedía medidas más firmes y mayor claridad sobre la actividad de las ONG en el Mediterráneo. El acuerdo cerrado ayer afecta, más concretamente, al mecanismo de gestión de crisis. Esta herramienta se activaría en caso de llegadas masivas al bloque y establece medidas de solidaridad como compensaciones económicas y la reubicación de los solicitantes de asilo. Esta postura de los Veintisiete permite desbloquear la negociación con el Parlamento Europeo en torno al pacto migratorio, que permanecía suspendido desde el pasado mes de septiembre.

El cese del presidente republicano de la Cámara de Representantes retrasa parte de la ayuda a Ucrania y hace peligrar la seguridad nacional. La histórica moción de censura que el martes destituyó al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, con los votos de ocho miembros extremistas de su propio partido, no sólo deja en estado de ingobernabilidad al Congreso, sino que supone la continuación de la insurrección del 6 de enero por otras vías. Durante los nueve meses que duró en el cargo, McCarthy colmó de peregrinas concesiones a los siempre insatisfechos extremistas, cuya única agenda parece consistir en llevar al Gobierno estadounidense al colapso, enjuiciar al presidente, Joe Biden, y a su hijo Hunter y atacar desde los espectáculos de drags a las cocinas de gas. Pero no logró apaciguarles y alienó aún más a los demócratas, que podrían haber funcionado como sus aliados y haber ayudado a mantener el control sobre los insubordinados. Pero la temeridad del ala dura republicana marcó el cargo del expresidente de la Cámara de Representantes con mociones ridículas y groseras exhibiciones de venganza y odio que, aunque no hayan prosperado, han supuesto una pérdida del tiempo y del dinero de los contribuyentes. La parálisis de la Cámara, además, pone de nuevo al Gobierno en riesgo de cierre en un plazo de 40 días. También retrasa la ayuda a Ucrania que quedó fuera de la legislación ‘parche’ y hace peligrar la seguridad nacional ya que, en caso de una emergencia doméstica o internacional, EE UU no podría actuar con rapidez en su propia defensa. Una imagen de caos total ante la nación y el mundo.