20220607

La mejora de las condiciones laborales, con sueldos de 3.000 euros, contratos de al menos seis meses y en la mayoría de los casos horario de mañana, tampoco han sido suficiente atractivo para los profesionales. Como ejemplo, en Galdakao o Lea Artibai quedan vacantes todas las plazas de pediatría. La falta de facultativos es uno de los grandes lastres que afecta desde hace años a la Atención Primaria en Euskadi. El Departamento de Salud notificó el pasado enero que tenía casi 200 plazas estructurales de pediatras y médicos de familia sin cubrir. Medio año después, y tras poner en marcha un programa de contratación específico, la mitad sigue vacante. De los galenos que han acabado hace unas semanas su formación como especialistas y que no han aceptado los contratos de larga duración que Osakidetza les ha puesto encima de la mesa, una parte ha trasladado en sus unidades docentes que «tenía previsto cogerse unos meses sabáticos», explicó Martín. Otros quieren cooperar con una ONG en el extranjero durante el verano. A algunos de ellos confían poder recuperarlos para ejercer en Euskadi a partir de octubre o noviembre.

La Policía Nacional está investigando una posible estafa de más de un millón de euros al Servicio Vasco de Empleo, Lanbide, a través de ayudas sociales, según ha podido saber este periódico en fuentes de la investigación. El presunto cabecilla de la trama, un inmigrante de origen senegalés, acumulaba una veintena de pasaportes con identidades distintas y utilizaba a otros individuos para, mediante documentación falsificada, empadronarse en diferentes ayuntamientos vascos y percibir las remuneraciones económicas. De esta forma, mediante trámites irregulares y con nombres ficticios accedían al cobro de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y de la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). La primera oscila entre 700 y 1.000 euros al mes, en función de los miembros que tenga la unidad familiar, y la segunda es una ayuda para el alquiler que suma otros 275 euros. El engaño se fue perpetrando a lo largo de los meses, por lo que la cantidad defraudada asciende al millón de euros. La Policía Nacional considera desarticulada la red que está detrás de esta estafa millonaria, de las más importantes detectadas en los últimos años en Euskadi.

La economía vasca batió en mayo su récord de afiliación a la Seguridad Social, pero con un ligero cambio en el reparto sectorial del empleo. La industria manufacturera sigue siendo la actividad con mayor capital laboral y supone un 17,6% del total. Es una cifra alineada con la cuota del 17,85% que tenía a finales de 2019, antes de la pandemia. Sin embargo, en estos momentos, las fábricas dan trabajo a 3.872 vascos menos que hace dos años y medio. El retroceso del sector comercial es todavía mayor (-4.936) y por contra la sanidad y, sobre todo la educación, han ganado terreno. De modo que el empleo manufacturero mantiene su peso en el conjunto de la economía en un contexto marcado por el repunte de las necesidades de personal sanitario y educativo para hacer frente a la pandemia. Así lo señalan los datos de afiliación a la Seguridad Social hechos públicos el pasado jueves por el Ministerio y que, en líneas generales, constatan la recuperación del empleo tras el bache de la crisis. El nuevo récord de cotizantes (986.436) se registra casi 14 años después del anterior, en julio de 2008.

Los concursos de acreedores descendieron un 20% hasta en el primer trimestre en el País Vasco, en un contexto en el que se mantiene la moratoria que obliga a presentarlos hasta el 30 de junio, a la vez que se ultima la aprobación para esa misma fecha de la nueva ley concursal. Pero dentro de esta caída generalizada hay una excepción, que precisamente se debe a la inminente reforma legislativa. Se trata de los concursos de empresarios y autónomos que se han visto arrastrados por la quiebra de sus negocios, avalados con su patrimonio personal. Salvo que se aprueben las enmiendas presentadas, la nueva normativa impide la exoneración del crédito con la Seguridad Social y Hacienda, lo que hace muy difícil que este colectivo acceda al perdón de la deuda contemplado en la ‘Segunda Oportunidad’. De ahí que se hayan adelantado a presentar el concurso antes de que se apruebe el texto. Así, en Euskadi entraron en concurso 29 empresarios en el primer trimestre, una cifra que supone un 81% más que en el mismo periodo del año anterior, según dados del Consejo General del Poder Judicial. En el conjunto de España fueron más de un millar, también con un fuerte incremento. «Se trata de empresarios con pequeños negocios o profesionales que se han arruinado. La nueva ley blinda el crédito público de la exoneración, lo que impide que estas personas puedan acceder a la ‘Segunda Oportunidad’ porque en la mayoría de los casos tienen su principal deuda con Hacienda y la Seguridad Social.

«No está el horno para bollos». Así de contundente se expresa un agente muy cercano al ámbito de la negociación colectiva en Euskadi cuando se expresa sobre el papel de las EPSV de empresa. Y es que, mientras el debate entre empresarios y sindicatos se tensa sobre cómo repercutir la escalada de precios en los salarios, parece difícil encarecer el gasto laboral de las compañías con aportaciones a EPSV por sus empleados que ni si quiera están reclamando los representantes de los trabajadores que, antes que diferir el sueldo a futuro, prefieren obtenerlo hoy, con un IPC que en mayo alcanzó el 8,7% interanual. El caso es que este sistema por el que empresa y trabajador pactan una aportación y parte del salario a una EPSV para complementar la pensión en el futuro ha registrado su peor arranque de ejercicio en la última década. Desde Confebask, su responsable de relaciones laborales, Virginia Múgica, explica que ahora mismo no es una «prioridad» en las negociaciones de los convenios, aunque advierte que sí hay conciencia de su importancia y que existe «voluntad» para crear el «ecosistema». En este sentido, recuerda que la negociación colectiva es donde tienen que plasmarse estos planes, pero es necesario generar el contexto con un papel de liderazgo de la Administración y la suficiente concienciación.

La denominada Plataforma de Agraviados por Geroa –que reclama libertad para poder cobrar sus ahorros tanto como renta mensual como en un único pago– celebró ayer una concurrida reunión en el Bastero Kulturgunea de Andoain, lugar elegido también por la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), que lleva su defensa ante los tribunales contra la EPSV, para la celebración de su asamblea anual. En declaraciones a DV, la presidenta de Asufin, Patricia Suárez, tachó de «estafa» la actitud de Geroa, y acusó a la EPSV de engañar a los socios para tratarles «como niños». «Se les dijo que podrían cobrar en renta o en capital», apuntó. Los afectados aseguran desconocer que, como señalan los estatutos de Geroa, quienes tengan ahorrados más de 45.120 euros deben cobrar su dinero en forma de renta, algo que, dicen los denunciantes, no les fue informado. «Intervenimos a nivel político y jurídico, y Geroa no se quiere sentar a la mesa. La guerra no va a ser fácil, pero al final sabemos que tenemos la razón y que lo vamos a conseguir». 

El pasado 11 mayo, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y los sindicatos UGT y CC OO alcanzaron un preacuerdo para la firma del VII Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (CGSC), una rama muy intensa en mano de obra, donde conviven 328.527 sociedades, y que supone el 5,2% del Producto Interior Bruto (PIB) del país. Uno de los puntos principales que contemplaba ese nuevo marco es la promoción de un plan de pensiones sectorial “siempre que en su regulación se recojan los incentivos comprometidos por el Gobierno”. Estos hacen referencia a la posibilidad de que las compañías se deduzcan de la base imponible hasta 10.500 euros (en los individuales la cantidad máxima es de 1.500 euros), o que las contribuciones a los planes de pensiones no coticen a la Seguridad Social (con un límite de 115 euros al mes por trabajador o 1.380 euros al año), lo que supone un ahorro de casi 400 euros por trabajador. Del mismo modo, el proyecto de ley establece una mejora en la deducción del IRPF para los autónomos, que tendrán derecho a una deducción de 5.750 euros al año, más del triple de la vigente actualmente. “El plan de pensiones está condicionado al visto bueno de la comisión negociadora del convenio colectivo, y lo que esta comisión quiere es que el proyecto de ley se mantenga razonablemente igual a como está ahora”, señalan fuentes del sector. Sin embargo, durante la votación en la Comisión de la semana pasada se aprobaron varias modificaciones, algunas de ellas por error, como es el caso del destope de las cotizaciones máximas (una medida que conllevaría que cada empresa y trabajador tuvieran que cotizar por su salario íntegro). 

Los menores de 35 años volverán, un año más, a tener la oportunidad de buscar un empleo en la ciudad. La II edición de la Feria del Talento reunirá en el Reale Arena el próximo día 22 a cuarenta empresas locales que presentarán una cartera de más de 160 oportunidades de desarrollo profesional y 90 becas internacionales. Por segundo año consecutivo vuelve la feria que busca «conectar a los jóvenes con oportunidades laborales cualificadas que ofrecen las empresas locales». Tras el éxito de la pasada edición, este año se celebrarán dos ferias, y «la siguiente será en otoño. Es imprescindible provocar este tipo de encuentros para retener el talento. Para ello contamos con la complicidad de nuestro tejido empresarial», señaló ayer durante la presentación la concejala de Desarrollo Económico y Empleo, Marisol Garmendia. Los perfiles más demandados son las Ingenierías Técnicas en Informática, en Telecomunicación y Electrónica, además de las ramas industrial, mecánica y de electricidad, aunque también se demandan profesionales relacionados con el marketing, con el ámbito comercial, administración de empresas o personal técnico de laboratorio. Las empresas participantes dispondrán de un espacio privado en la grada este del estadio para realizar las entrevistas. El evento conectará el próximo día 22 a 40 empresas punteras con jóvenes en busca de empleo.

"...Me estoy refiriendo al informe de un grupo de conocidos empresarios y profesionales sobre la economía vasca. Sin querer entrar en el fondo del asunto, creo que no dice nada especialmente novedoso, sino que marca una serie, digamos en lenguaje de consultor, de «puntos de mejora». Ni señala, ni creo que quiera hacerlo, culpables, sino que enfoca realidades y problemas, que por supuesto pueden ser discutibles. Hay quien dice que algunos datos no son exactos y que otros son subrayados por interés de parte. Puede ser. Hay quien dice que no se prodigan en las posibles soluciones; yo creo que sí, aunque sean lógicamente discutibles. Puede también que parezca que se decantan más por el crecimiento económico que por la minoración de las desigualdades; son opiniones, también respetables. Pero en cualquier caso es un informe meditado y documentado y que es de agradecer. También me ha sorprendido la aparente llamada a capítulo, a consultas, por parte de los poderes públicos a los escribientes; vamos, como a un embajador extranjero cuando se está a punto de romper relaciones. Esto, además de reflejar poca cintura, es contradictorio con supuestos procesos en marcha, de escucha, para conocer opiniones, inquietudes y anhelos de la sociedad civil. Y si la sugerencia es que se pase por el filtro o la censura política antes de hacerse públicas opiniones, suena a épocas afortunadamente periclitadas. La autocomplaciencia y el no respetar al niño que indique que el rey está desnudo no es muy buena señal. A la crítica fundada y fundamentada no se puede contestar con descalificativos sino con otros datos, otras opiniones. Es bueno el debate. De la sana discusión surge la luz. Y eso debe beneficiar a todos..."

SAPA Placencia Holding, la empresa de defensa vasca que compró el pasado diciembre un 5% de Indra a Corporación Financiera Alba por 90,8 millones, ha solicitado su entrada en el consejo de administración de la tecnológica española, según anunció la empresa que preside Marc Murtra a la CNMV. SAPA ha pedido el nombramiento de Jokin Aperribay Bedialauneta, accionista del grupo vasco y presidente de la Real Sociedad, como nuevo consejero dominical de Indra. El nombramiento será sometido a la aprobación de la junta de accionistas que tendrá lugar el próximo 22 de junio en primera instancia y, el 23, en segunda. La solicitud se ha producido pese a que SAPA no tiene derecho a tener un consejero en Indra hasta que no alcance un 7,69% de su accionariado por la regla de la proporcionalidad, por lo que la petición deja clara su intención de seguir comprando acciones de Indra hasta la fecha de la junta.

La Comisión Europea sigue estudiando minuciosamente los decretos que España y Portugal remitieron a Bruselas hace ya casi un mes para autorizar el límite al precio del gas en el mercado mayorista, lo que permitirá amortiguar la subida de la luz en ambos países. Pero la ‘excepcionalidad ibérica’ –como se denomina a la medida autorizada por el Consejo Europeo– se encuentra atascada en los despachos comunitarios y no hay ninguna señal que anticipe que vaya a ser en los próximos días cuando la UE la avale. El análisis de los decretos –muy observado también de cerca por el resto de socios europeos– se ha «complicado», según apuntan varias fuentes del mercado energético. Bruselas quiere un tratamiento normativo calcado para España y Portugal. Y ese encaje se hace difícil con dos textos legales completamente distintos (el decreto español tiene más de 60 páginas y el portugués menos de 10), así como dos sistemas heterogéneos. Cuadrar una autorización que sirva a ambos países es el reto que tiene la Comisión. Fuentes europeas aseguraban sin embargo hace un mes que Bruselas podría adoptar decisiones separadas respecto a los planes presentados por España y Portugal. Desde hace varias semanas se habla de «trabajo a nivel técnico» y de «pulir detalles» para la aprobación. Pero el Ejecutivo comunitario no da ninguna estimación de cuándo podría dar luz verde a la ‘excepción ibérica’.

Un pequeño huerto a orillas del río Elba en el norte de Alemania, cubierto de maleza y rodeado de gaviotas, es la clave del futuro energético del país sin Rusia. El huerto, cercano a la ciudad de Stade, pronto será desbrozado para dar paso a una terminal de gas natural licuado de 1.000 millones de euros, una de las tres previstas que deberían ayudar a Alemania a reducir su dependencia del gas ruso. “La ubicación es perfecta”, afirma Jörg Schmitz, director de proyectos de GNL del grupo químico Dow Alemania, señalando hacia la amplia extensión del Elba, el Mar del Norte al oeste y el puerto de Hamburgo, el mayor de Alemania, al este. Si la visión de Schmitz se hace realidad, Stade se convertirá en un núcleo del comercio mundial de GNL, un gas que ha sido enfriado a 160 grados bajo cero para poder transportarlo por todo el mundo en buques cisterna. “Si todo sale bien, veremos unos 100 desembarcos al año, de hasta un tamaño Q-Max”, explica, refiriéndose a los mayores buques de GNL del mundo, con una longitud mayor que tres campos de fútbol. Stade está a la cabeza de una revolución energética en Alemania. Pocos días después de que las tropas rusas entraran en Ucrania, el canciller Olaf Scholz anunció planes para reducir radicalmente la dependencia de Alemania de la energía rusa. El GNL será vital para el plan de reducir las importaciones de gas natural ruso del 55% del total al 10% para el verano de 2024.

Ya no habrá otro gigante del acero. Al menos de momento. El grupo español Acerinox informó ayer de que no avanzará en las conversaciones para fusionarse con su rival Aperam. Así lo señaló en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), a pocos días de reconocer que había unas conversaciones “muy preliminares” en marcha sobre una posible operación de fusión entre las dos sociedades. “Acerinox informa de que el Consejo de Administración de la Sociedad reunido en el día de hoy [por ayer] ha acordado por unanimidad no seguir adelante con las conversaciones preliminares con Aperam S.A. para estudiar una posible operación corporativa”, señaló la nota del grupo enviada al supervisor. Poco después de conocerse la interrupción de las negociaciones —alrededor de las dos y media de la tarde—, la acción de Acerinox cayó hasta los 11,29 euros, un 4,4% por debajo del cierre del viernes, para volver más tarde a recuperar parte del terreno perdido. Los títulos de Aperam también sufrieron un descalabro: la acción bajó hasta los 37,92 euros en la Bolsa de Ámsterdam desde los 39,60 euros de inicio sesión. Al cierre de la jornada, Acerinox perdió el 0,76%, mientras que Aperam se dejó un 1,16% en la plaza neerlandesa. La fusión de las dos sociedades, valoradas cada una en más de 3.000 millones de euros, habría dado lugar a la mayor productora europea de acero inoxidable. 

Ferrovial ha dado un paso de gigante en EEUU, su mercado de referencia, al cerrar la compra de la sociedad que se encargará de la nueva terminal 1 del aeropuerto John Fitzgerald Kennedy (JFK) de Nueva York (EEUU). La compañía española comunicó ayer el acuerdo definitivo con el fondo de inversión Carlyle para adquirir por 1.140 millones de dólares (unos 1.068 millones de euros) el 96% del 51% de la sociedad promotora, lo que le convierte en socio mayoritario, por delante de JLC, el fondo de Magic Johnson (30%), Ullico (19%) y el Aeropuerto de Múnich. La operación ya cuenta con el visto bueno de las autoridades portuarias de Nueva York, propietaria del emblemático aeropuerto que necesita modernizarse por la competencia de otras instalaciones vecinas como La Guardia y Newark. La inversión representa el mayor movimiento de Ferrovial en el sector aeroportuario estadounidense y una de sus mayores inversiones fuera de España, después de la compra de Heathrow (antigua BAA). Ferrovial ha adquirido la sociedad que en 2019 ganó el contrato de concesión por el que los promotores se han comprometido, tras la última revisión realizada en diciembre, a invertir 9.500 millones de dólares (unos 8.400 millones de euros) a cambio de un plazo de explotación hasta 2060.

En su primera recomendación para 2023, la Comisión pide limitar el crecimiento del gasto público corriente, sin intereses ni medidas por la crisis energética, al crecimiento potencial a medio plazo. Esto supondría para España una reducción en 4.500 millones de euros en el incremento del gasto previsto en el programa de estabilidad del Gobierno. La Autoridad Fiscal eleva ese cálculo a 7.500 millones. Las reglas fiscales que impone Europa para asegurar la sostenibilidad de las cuentas públicas no están en vigor ni este año ni el que viene. Estos corsés presupuestarios se levantaron para combatir las consecuencias de la pandemia y de la guerra de Ucrania. A diferencia de lo ocurrido en la anterior crisis del euro, Bruselas ha permitido que el agujero fiscal descienda simplemente con la caída del gasto por la covid y la mejora de la economía y, por tanto, de los ingresos. Al cierre de 2021, este déficit alcanzaba los 80.000 millones de euros, es decir, el 6,87% del PIB y el equivalente a tres cuartas partes de lo que se recauda por IRPF. Todavía queda mucho por reducir. Pero de esta forma por ahora no habría que acometer ni recortes ni subidas de impuestos. Sin embargo, la Comisión Europea ha dado una primera señal de que hay que empezar a vigilar la evolución presupuestaria. 

El primer ministro británico, Boris Johnson, seguirá como jefe de Gobierno tras obtener una victoria en el voto de confianza del grupo parlamentario conservador por 211 votos contra 148. El ‘premier’ descubrió en la noche de ayer que el tamaño del malestar sobre su conducta y estilo de gobernar es muy notable. Sin embargo, y fiel a su carácter, sus primeras declaraciones fueron para destacar la «convincente» victoria que permitirá al Ejecutivo «pasar a otra cosa». El grupo parlamentario y el Partido Conservador están profundamente divididos, aunque a eso también el ‘premier’ encontró respuesta: «Por supuesto, entiendo que lo que tenemos que hacer ahora es unirnos como Gobierno, como partido. Y eso es exactamente lo que podemos hacer ahora». El grupo parlamentario en la Cámara de los Comunes sometió a votación la continuidad de Johnson después de que al menos 54 diputados del partido enviasen su petición individual a sir Graham Brady, presidente del Comité 1922 que regula este tipo de votaciones. En las últimas semanas se había especulado sobre la cuenta total de cartas de los diputados rebeldes a medida que se conocían nuevos detalles sobre las polémicas fiestas ilegales durante la pandemia en las que participó el ‘premier’ pese a contravenir las normas de seguridad sanitarias. Seis meses de mentiras, escándalos y cervezas. Las imágenes de las fiestas prohibidas persiguen al ‘premier’ desde diciembre pese a sus intentos por esquivar su gravedad.