20230613

A pesar de que se han ganado 608 empresas desde enero de este año, el pasado mayo Euskadi registró su mayor caída relativa a este mes desde hace más de una década. La patronal vasca Confebask destacó ayer la pérdida de un 0,4% con respecto al mismo mes de 2022, al caer de 58.286 a 58.065 firmas. Este dato supone la peor evolución para un mes de mayo desde el de 2011. Por su parte, la cifra de autónomos cayó el pasado mes en 194 personas, marcando igualmente la mayor bajada de este mes desde 2009. Su cifra total asciende actualmente a 167.853, lo que supone 1.142 menos que a principios de este año y aún 2.931 por debajo del dato prepandemia, es decir, un 1,4% menos. Los datos trasladados por Confebask, en base a la evolución registrada en la Seguridad Social, señalan una reducción en el último mes de 50 empresas. La pérdida es de 221 mercantiles vascas cuando se considera todo el año, mientras que en España el dato interanual presenta un crecimiento del 0,3%. Respecto a la actividad previa a la pandemia, en febrero de 2020, el número de firmas ha caído en 828. En ese mismo periodo, por su parte, la cifra a nivel estatal ha crecido un 0,9%. Por otro lado, en Euskadi se han recuperado ya el 61% de todas las empresas que llegaron a cerrar durante el covid. Ver más en Confebask. 

España ha necesitado tres años para recobrar el número de empresas que tenía antes de que estallara la pandemia. Pero la recuperación no ha llegado aún a todos los sectores: la crisis del covid se ha llevado por delante 13.500 comercios, que bajaron sus persianas de forma obligatoria durante el periodo de confinamiento que decretó el Gobierno y que finalmente no pudieron volver a levantarlas. Así se recoge en un informe publicado ayer por Cepyme, la patronal de las pequeñas y medianas empresas. En abril había inscritas en la Seguridad Social 1,34 millones de compañías con empleados después de sumar 8.231 firmas a lo largo del último año, un 0,6% más y el mismo nivel que abril de 2019, según los datos que aporta este estudio. Sin embargo, la recuperación del tejido productivo es dispar, tanto por tamaño de empresa como por sector, y apunta a un cambio en su composición, según advierte Cepyme. Así, nueve ramas de actividad aún exhiben niveles inferiores a los que tenían antes de la crisis sanitaria. La mayor sangría, en términos absolutos, está en el comercio, uno de los sectores más damnificados en la pandemia y que tiene ahora 13.540 negocios menos que en 2019. También hay 4.380 industrias manufactureras menos, pero las mayores caídas en términos porcentuales se registran en la industria extractiva (-6,4%) y el servicio doméstico (-8,3%). En el lado contrario, la construcción va viento en popa y suma 10.400 compañías con trabajadores más que en 2019, mientras que las relacionadas con las actividades profesionales se incrementan en 3.500 (+3,7%). Tras cinco meses de estancamiento, entre octubre y febrero, la cifra total de empresas esboza una recuperación desde marzo. 

Casi nadie, durante lo peor de la pandemia, pensaba que la economía fuera a mostrar la fortaleza que hoy en día presenta. Buena parte de ello lo tiene la política expansiva del Banco Central Europeo y el dinero con el que Bruselas ha engrasado la maquinaria económica. Pero la era de la financiación gratis se ha acabado y la subida de tipos de interés pondrá a prueba las costuras de millones de empresas en todo el continente. Pese a este escenario de «incertidumbre» –un concepto que parece haber llegado para quedarse– las empresas vascas «siguen teniendo ganas de invertir» En el tejido empresarial del territorio se observa un «optimismo moderado», según Arantxa Tapia. La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco fue una de las personas que ayer participaron en el Foro PwC-El Correo celebrado en la Torre BAT de Bilbao y que tuvo como objeto de debate los ‘Desafíos y oportunidades de la empresa en el nuevo contexto económico’. La mesa redonda contó además con la participación de Francisco Riberas, presidente ejecutivo de Gestamp, y de Gonzalo Sánchez, presidente de PwC España. Ese optimismo, al que según Tapia es mejor no dar demasiada rienda suelta, tiene sus matices, como apuntó Francisco Riberas en el caso del sector que él más conoce, el automovilístico. Reconoce que a corto plazo «estamos mejor de lo que esperábamos», porque todavía «hay bastante demanda (de vehículos) retenida». Sin embargo, advierte de que en otras partes del mundo, como Estados Unidos o China, «empieza a caer». Por tanto, espera que «esto empeore en algún momento, porque la coyuntura económica y el aumento de tipos de interés influye».

La recuperación de Tubacex se afianza con la firma del contrato que le permite acceder a los terrenos en los que construirá su nueva planta para tubos de uso petrolero en Abu Dabi. La empresa dio a conocer ayer que ya ha firmado el acuerdo que le permitirá disponer de alrededor de 50.000 metros cuadrados en lo que levantará la que va a ser su primera planta en Oriente Medio destinada al acabado de tubo y roscado con una gran resistencia a la corrosión. La futura fábrica exigirá a Tubacex realizar una inversión relevante de más de noventa millones de euros (cien millones de dólares). Y la ejecución del proyecto se ajustará, además, a un calendario relativamente corto porque la factoría en la capital de Emiratos Árabes Unidos debería entrar en funcionamiento a finales del próximo año con una plantilla de 150 personas. La planta producirá 30.000 toneladas de productos destinados a la extracción de gas. La apuesta por esta nueva empresa responde a la necesidad de atender el mayor pedido de la historia de la compañía alavesa. La empresa nacional de petróleo, ADNOC, que es propiedad del Emirato de Abu Dabi adjudicó en junio del pasado año un contrato a Tubacex que le supondrá unos ingresos de más de 1.000 millones de euros y carga de trabajo para una década. El trabajo que se realizará en la nueva planta consistirá en el acabado y la preparación de los tubos que llegarán desde las plantas de Llodio y Amurrio. Ver nota Tubacex. 

Después de casi 60 horas de tensión y de una amenaza de huelga total –en todas las plantas del país a excepción de Lasarte–, la dirección de Michelin se plegó a las exigencias de los sindicatos y aceptó ayer mantener una nueva reunión con la parte social. El encuentro tendrá lugar hoy en Burgos (11.00 horas). La capital castellana, en la que todo se tensionó al extremo el pasado viernes, es el lugar que vuelve a elegir Michelin para tratar de buscar un acuerdo con la mayoría sindical que desbloquee la negociación del convenio. Hoy por hoy las posturas continúan muy distantes. Aunque los sindicatos confían en que puedan obtener una mejor oferta de la empresa (es una incógnita hasta qué punto puede ceder). Planea la amenaza de nuevos paros –se insiste, ya generalizados, en la práctica totalidad de las factorías– a los que, de hecho, se les ha puesto incluso fechas: el próximo lunes 19 y el viernes 23. Dos jornadas que serían el suma y sigue al que ayer se vivió en la planta de la Avenida del Cantábrico –que con ella ha sumado cuatro jornadas de parada–. Ayer lunes los sindicatos exhibieron de nuevo músculo con la producción suspendida y más de un 95% el seguimiento según datos aportados por las centrales sindicales. La empresa, por su parte, rebajaba por la mañana ese seguimiento al 51,6%. Aunque, con todo, suponía el porcentaje más alto de todos los aportados por la compañía estos días. Una prueba también de que la carta de César Moñux apelando a la «responsabilidad» no ha surtido efecto. Una vez conocida la nueva reunión Íñigo López, delegado de UGT en Michelin, valoraba que «con la convocatoria a la reunión la empresa es consciente de la problemática y del enfado de la plantilla. La plantilla espera ahora un movimiento; si no lo hay, el conflicto irá a más, cogerá más temperatura».

6.861. Es el número de nacimientos que se registraron en Bizkaia en 2022. Se trata de la cifra más baja desde que se tienen registros (1975), lo que reafirma una tendencia que parece imparable desde la generación del ‘baby boom’. Aún así, de los tres territorios históricos vascos es el que mejor aguanta la caída de la natalidad. Mientras el descenso en Bizkaia es de un 1,4%, en Gipuzkoa la cifra ha decrecido un 8,6% y en Álava, un 4,3%. Pese a ello, la tasa de natalidad de Bizkaia es la más baja de Euskadi. Con seis nacimientos por cada mil habitantes, el territorio también alcanza en este criterio los números más bajos desde que se recopilan estos datos. Así lo revela la estadística de nacimientos publicada ayer por el Instituto Vasco de Estadística (Eustat). La edad media del conjunto de madres en Euskadi en 2022 fue de 33,6 años. Se trata de la más alta desde que se recopilan estos datos. Este valor aumenta hasta los 34,6 años entre aquellas con nacionalidad española y baja a los 31,1 para las madres con nacionalidad extranjera. De hecho, estas mujeres cada vez tienen más peso en las estadísticas sobre natalidad. En 2022 en Euskadi dieron a luz a 4.079 niñas y niños, lo que representa un 27,2% del total de nacimientos en la comunidad. Esta cifra es 2,7 puntos porcentuales superior a la de 2021. Durante el año 2022, los nacimientos fuera del matrimonio fueron 6.953, lo que representa un 51% del total. Este porcentaje, en cambio, hace 10 años se situaba en el 35,9%.

La sensación de incertidumbre respecto al futuro parece que se ha instalado en la sociedad en general y en la juventud de Euskadi en particular. De hecho, su confianza en el futuro es la más baja en una década. Así lo revela el informe ‘Aurrera Begira’, elaborado por el Observatorio Vasco de la Juventud y presentado ayer en la Comisión de Políticas Sociales del Parlamento autonómico. «Los jóvenes vascos han sufrido la incertidumbre derivada de las sucesivas crisis económicas y la pandemia. Si en 2013 fue un año crítico en las perspectivas de empleabilidad, en 2022 los datos sobre autorrealización personal son peores», declaró Miren Saratxaga de la Isla, directora de Juventud del Gobierno vasco. De hecho, el índice de satisfacción personal (el que aúna criterios como las expectativas personales, el nivel de formación o las relaciones sentimentales, es el más bajo desde que se comenzaron a recopilar estos datos. Aún así, se valora con un 70 sobre 100, «una buena puntuación» según Nieves Corcuera, responsable del observatorio. En este sentido, el dinero que los jóvenes disponen cada mes, su situación laboral y el tiempo libre del que disfrutan son los principales motivos por los que se frustran. El estudio también revela que el 45% de los jóvenes considera muy o bastante probable que empeoren sus condiciones laborales en el plazo de un año. Sin embargo, un análisis disgregado apunta que mientras el 49% de las mujeres afirma estar en riesgo de pérdida o precarización del empleo, en el caso de los hombres el porcentaje se reduce al 41%. «Este indicador refleja la rotación laboral que tienen los jóvenes. Sufren más que el resto de la sociedad la temporalidad o el trabajo parcial. Quizás tienen trabajo, pero tienen muchos empleos distintos», explicó Corcuera. Preguntados por la opción de si quieren tener hijos, el 68% de los jóvenes responden que les gustaría «mucho» o «bastante». Sin embargo, el 26% ve improbable que esa circunstancia ocurra a la edad deseada, que ronda los 30 años en la mayoría de los casos.

Buenas noticias para el aeropuerto de Bilbao. ‘La Paloma’ cerró el mejor mayo de su historia. Por la terminal de Loiu pasaron 570.984 pasajeros. Más que nunca para ser el quinto mes del año. Esta cifra supone un incremento de usuarios del 22,3% con respecto al mismo periodo de 2022 y un 5,1% si se compara con 2019, antes del Covid-19. El coronavirus supuso un mazazo demoledor para el aeródromo vizcaíno. En mayo de 2020 hubo días en los que no se operó ni un solo vuelo. No hace tanto de eso. Tres años. El aeropuerto se ha recuperado de manera espectacular, mejor de lo que preveían los analistas. Y no sólo en cifras, sino que también en otro componente que resulta muy importante para el territorio al que da servicio un aeródromo: la conectividad. Salvo contadas excepciones (falta de enlace con LondresHeathrow), desde Bilbao se puede volar a todos los grandes ‘hubs’ o nudo de conexiones de Europa, a lo que se ha añadido este verano un ramillete más que interesante de destinos intermedios y turísticos, como la recuperación de Viena y Praga, y nuevas apuestas como El Cairo, Riga, Olbia (Cerdeña), Santorini, Varsovia e Islas Azores. En total son 64 rutas directas. El arranque de la temporada estival está siendo muy potente. Se están cumpliendo las expectativas que las aerolíneas habían depositado en un verano que está ya libre de toda restricción y limitación de viaje por el coronavirus. Y ni siquiera la situación de incertidumbre económica, la alta inflación o la guerra de Ucrania está retrayendo la compra de billetes.

El precio de los vehículos nuevos tampoco ha podido esquivar el encarecimiento generalizado y en los últimos cinco años han aumentado casi un 40%. Su media se sitúa ahora en los 23.531 euros, según la última estadística de la Agencia Tributaria Española. Este encarecimiento no se detendrá en los próximos años debido, en parte, a la nueva normativa de emisiones Euro 7 que deberá entrar en vigor a partir de mediados de 2025, y que elevará el coste de fabricación entre cuatro y 10 veces en comparación con las estimaciones realizadas por la Comisión Europea. Una medida que iría aparejada de alzas de más de 2.000 euros en los precios de venta, tal y como ha sucedido con la inflación, según un estudio de Frontier Economics realizado para la patronal de fabricantes europeos (Acea). Este sobrecoste cuadruplicaría o incluso quintuplicaría a la estimación realizada por Bruselas, que cifraba en 446 euros el alza de los diésel y en 184 euros los de gasolina. Si aterrizamos esta subida de costes para los fabricantes en el precio final de un vehículo en un concesionario guipuzcoano –según el informe–, los turismos diésel se encarecerán una media de 2.629 euros, mientras que los que usan gasolina aumentarán en torno a 1.862 euros, y en cerca de 12.000 euros para camiones y autobuses diésel.

La subida de los intereses a la hora de solicitar una hipoteca le está pasando factura al mercado inmobiliario y Euskadi parece llevarse la peor parte. El País Vasco encabezó en abril la mayor caída anual en la compraventa de viviendas registradas en España, según advierte el Instituto Nacional de Estadística (INE). En total, las 78 operaciones registradas por cada cien mil habitantes suponen un descenso del 23,4% en doce meses, frente a la caída del 8,1% arrojada a nivel nacional. Baleares (-19,6%) y La Rioja (-18,6%) acompañan al territorio en los mayores porcentajes de la caída, mientras que Cantabria (con un 11,6%), Comunidad Valenciana (6%) y Extremadura (3,7%) ocupan las mejores posiciones. Nueve de cada diez viviendas compradas en Euskadi fueron de segunda mano (en total 1.204). Únicamente el 10% (144) fueron nuevas, frente a la media nacional donde las construcciones nuevas casi doblaron esta proporción, con un 19% (8.254 frente a las 35.057 viviendas usadas). Más allá de las viviendas, las transmisiones de fincas inscritas cayeron en el País Vasco un 13%, con 5.776 operaciones, mientras que a nivel nacional su caída fue del 8,5% con 158.936. Baleares (20,7%), Canarias (-20%) y La Rioja (-19,6%) ocupan las peores posiciones en este listado, en el que Cantabria vuelve a encabezar los datos positivos y firma un 14,3% seguido muy de lejos por Extremadura, con el 0,8%; y Comunidad Valencia, con el 0,3%. Estas son las únicas comunidades con datos positivos.

El ahorro embalsado durante la pandemia ha sido uno de los factores que han explicado el buen comportamiento del producto interior bruto (PIB) en el último año, según el consenso de los expertos. Pese a la invasión de Ucrania, el endurecimiento de los tipos de interés o la carestía energética, la economía española seguía revisando al alza. El Banco de España estima que, solo en depósitos bancarios, los españoles aún conservan 50.000 millones de euros en ahorro extraordinario. Sin embargo, la institución afirma que “no cabe esperar que esta bolsa de ahorro proporcione un impulso muy significativo al consumo en los próximos trimestres”. El supervisor augura que, debido al aumento de los tipos de interés que la encarece, gran parte de esos recursos adicionales se destinarán al pago de deuda. El Banco de España publicó ayer un informe que indica que el aporte que dio esa balsa al consumo de bienes y servicios fue mínimo. De hecho, la institución estima que casi todos los recursos adicionales se han destinado a fondos de inversión, depósitos bancarios, la compra de vivienda y el pago de deudas hipotecarias. En concreto, el 80% del exceso de ahorro extraordinario generado entre principios de 2020 y finales de 2022 se destinó a la adquisición de activos financieros (fundamentalmente en fondos de inversión por valor de un 6% de la renta bruta disponible y en depósitos en un 6,2%), y sobre todo a partir de 2021, a formación bruta de capital (lo que incluye la compra y rehabilitación de vivienda) y al pago de los préstamos hipotecarios, estima el informe.

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, junto a los líderes de los sindicatos UGT, Pepe Álvarez, y CC OO. Unai Sordo, pidieron ayer que el nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio no cambie la reforma laboral pactada entre los representantes del diálogo social y el Ejecutivo en esta legislatura. “Lo firmado, firmado está. Los pactos son para que sean estables en el tiempo que es lo que da la perspectiva de futuro. Lo defenderemos hasta el final”, aseguró Garamendi en el acto de conmemoración del 45 aniversario de CincoDías. Además del pacto por la reforma laboral, tanto CEOE como los sindicatos ensalzaron la importante labor del diálogo social que en esta legislatura permitió acordar la conocida como ley rider o el primer paquete de reforma de las pensiones (el segundo paquete solo lo firmaron los sindicatos porque suponía un fuerte incremento de las cotizaciones para sostener el sistema). En ese primer paquete, se acordó la revalorización de las pensiones y la abolición de la reforma que el PP hizo en 2013. A su vez, destacaron los pactos alcanzados al comienzo de la pandemia para proteger a las empresas y el empleo. “La pandemia hizo que nos conociéramos bastante, eran acuerdos que había que hacer, no había alternativa. Cada uno intentó llegar hasta donde pudo, pero pensando que había un bien común que había que preservar. Eso nos hizo tener una cultura del acuerdo”, destacó Álvarez. “El proceso de diálogo social es precisamente eso, un proceso, no un día D, y no debería de depender de los vaivenes políticos”, señaló Sordo. “El diálogo social es una forma de autogobierno de las relaciones laborales y económicas, una fórmula de compromiso, que nos permite avanzar a la vez, quizá menos de lo que queremos pero con mucha más firmeza y solidez”, añadió, por su parte, Álvarez.

Garamendi reunió el pasado jueves a sus vicepresidentes para plantearles un cambio estatutario para reformar el proceso electoral en la patronal con el objetivo de “modernizarlo”, según fuentes cercanas al presidente de la CEOE, que insisten en que esta reforma “está en un proceso muy embrionario”, que debe debatirse internamente y pasar por la Comisión de Régimen Interno, la Junta Directiva del próximo 21 de junio y la Asamblea General que se celebrará el 19 de julio. La propuesta de reforma que se planteó a la cúpula empresarial en este encuentro —al que no asistieron ni el presidente de la Cepyme, Gerardo Cuerva, ni el de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez-Llibre, que excusaron su ausencia por motivos de agenda— incluyó fundamentalmente cuatro cambios: el primero y más mediático y polémico es la eliminación de la limitación a dos mandatos del presidente de CEOE. En segundo lugar, Antonio Garamendi baraja modificar la regla que actualmente permite que si solo existe una candidatura a la presidencia de la CEOE y la mesa electoral acepta que el candidato se elija por aclamación, la mera petición de un vocal de la asamblea haga que se produzca una votación. Esta posibilidad permite ahora que, si el presidente es elegido por aclamación, aun así, una votación pueda reflejar el grado de oposición interna que tendría el presidente electo. Los críticos con esta reforma dentro de la patronal que han sido consultados por este periódico consideran que ambas cuestiones socavan de alguna forma el grado de democracia interna de la organización, algo que niegan rotundamente desde el entorno del líder empresarial, que argumentan, por ejemplo, que “el 85% de las organizaciones que conforman la CEOE ya no tienen limitación de mandatos para sus presidentes”, por lo que lo lógico es que la cúpula de la organización tampoco los tenga. Además, añaden que, históricamente, nunca ha existido este tipo de limitación —solo existe desde 2014— hasta el punto de que el presidente de la patronal entre 1984 y 2007, José María Cuevas, fue el dirigente que más tiempo ha estado en una institución, solo equiparado por Jordi Pujol, que también presidió la Generalitat de Cataluña otros 23 años.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dado un importante paso para facilitar que los extranjeros que se encuentren en situación irregular en España puedan obtener su documentación con el fin de incorporarlos a sectores necesitados de personal. La iniciativa, liderada por el ministro José Luis Escrivá, tenía al Ministerio de Trabajo y a los sindicatos en contra, recelosos de que los empresarios aprovechen la mano de obra extranjera para evitar la mejora de condiciones laborales. Pero, al final, la oposición se ha diluido y Escrivá ha dictado unas instrucciones que permiten que los extranjeros que llevan en situación irregular en España al menos dos años puedan lograr una autorización de residencia a través de cursos de formación, sin un mínimo de horas (que antes eran 200) y sin necesidad de que sean presenciales. Ese permiso de residencia permitirá trabajar siempre que se presente un contrato y que este tenga relación con la formación recibida.

Los inspectores de Trabajo dan un paso adelante en la batalla que mantienen contra el Gobierno y paralizan muchas de las campañas que tenían programadas y que se han activado a lo largo de esta legislatura. Se trata de una acción previa a la huelga indefinida que iniciarán a partir del próximo día 26 y que se suma a la oleada de paros y movilizaciones que están llevando a cabo contra los Ministerios de Trabajo y Función Pública, a los que acusan de incumplir el acuerdo firmado en julio de 2021 por el que el Ejecutivo se comprometió a reforzar la plantilla del organismo y mejorar sus condiciones laborales y salariales, entre otras medidas. Así, «hasta que se cumpla el plan estratégico» y se «refuerce la estructura» de la Inspección de Trabajo, los ocho sindicatos que representan al colectivo anunciaron ayer en un comunicado que dejarán de supervisar la mayor parte de las campañas puestas en marcha por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y que se incluían entre sus actuaciones estrella frente a la lucha contra el fraude y el cumplimiento de velar por los derechos de los trabajadores. En concreto, las que están vinculadas al plan estratégico, tales como la lucha contra los falsos autónomos y los contratos temporales, el control de los planes de igualdad entre mujeres y hombres, el control del tiempo del trabajo y el registro de la jornada para aflorar las horas extra de los trabajadores, el control de las condiciones salariales de los empleados, las exoneraciones de los ERTE Covid, el control de la economía irregular y del trabajo de extranjeros en la agricultura, la campaña del calor, el control de riesgos asociados a la actividad agraria, etc. En total, cuarenta actuaciones que dejarán de tener vigilancia y que podrían tener impacto tanto en la salud de los trabajadores como en las cuentas públicas.

Hoy expira el plazo para que las empresas de 250 o más trabajadores tengan implantado un canal de denuncias sobre posibles casos de corrupción o infracciones que se detecten dentro de la compañía, so pena de enfrentarse a multas que en los casos más graves pueden alcanzar el millón de euros. Así lo establece la nueva Ley de Protección del Informante, que entró en vigor el pasado 13 de marzo aunque fijó dos plazos para permitir al tejido empresarial adaptarse al nuevo escenario: uno de tres meses para las empresas y Administraciones Públicas de más de 249 empleados, cuya fecha límite concluye hoy, y otro hasta el 1 de diciembre, que concierne a las compañías de entre 50 y 249 trabajadores y a los municipios de menos de 10.000 habitantes, ya que la normativa afecta también a entidades del sector público, partidos políticos, sindicatos y patronales. Todos ellos están obligados a contar con un buzón de denuncias que debe garantizar la confidencialidad y el anonimato de los denunciantes, cuestión esencial en la nueva ley, que es la transposición de una norma comunitaria conocida como Directiva Whistleblowing, que España adoptó con más de un año de retraso, lo que provocó que, en su día, la Comisión Europea denunciara al Gobierno español ante el Tribunal de Justicia de la UE. La contundente batería sancionadora que, a partir de hoy, prevé la nueva ley, que castigará con severidad a aquellas empresas que torpedeen o tomen represalias contra los denunciantes (despidos, acoso laboral, degradación o denegación de ascensos..), desaconseja encarecidamente su incumplimiento, por la onerosa carga económica que supondría para las compañías infractoras. La norma prevé multas de entre 1.001 euros para las infracciones más leves y un millón para los supuestos más graves.

Iberdrola México y Mexico Infrastructure Partners (MIP) firmaron ayer el acuerdo definitivo y vinculante por el que una sociedad gestionada por este fondo adquiere activos del grupo energético en México. El acuerdo, anunciado hace semanas, está valorado en unos 6.000 millones de dólares (unos 5.580 millones de euros). La operación cuenta con el apoyo financiero del Fondo Nacional de Infraestructura de México (Fonadin) y otras entidades financieras públicas vinculadas al Gobierno de México. Dentro de los activos traspasados, el 99% corresponde a ciclos combinados de gas y el 87% a plantas que operan bajo el régimen de Productor Independiente de Energía, contratadas con la Comisión Federal de Electricidad. La operación se cierra de acuerdo con los términos acordados y el calendario previsto. Iberdrola mantiene en el país una cartera de 6.000 megavatios de proyectos renovables para asegurar energía a sus clientes privados. El pasado mes de abril, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y el presidente del Gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciaron el inicio de una nueva etapa tras la firma de un acuerdo de intenciones suscrito entre filiales de Iberdrola México y México Infrastructure Partners, cerrado este domingo. Ambos presidentes se comprometieron en avanzar en el desarrollo de las energías renovables en el país. Ver nota Iberdrola. 

Silvio Berlusconi, fallecido ayer a los 86 años, ha sido la figura más influyente de las últimas décadas en Italia. Tres veces primer ministro, dueño del imperio televisivo Mediaset y del club de fútbol Milan, atravesó cientos de escándalos, aunque solo fue condenado por fraude fiscal. La unión de política, deporte y televisión en su particular coctelera marcó la pauta para fenómenos posteriores como el trumpismo. El empresario, de 86 años y nacido en Milán, había sido ingresado en varias ocasiones en los últimos tiempos, la última, el viernes. Esta vez, sin embargo, no logró sobreponerse a la leucemia crónica que padecía y mantener más tiempo aquel mito que difundió su médico de cabecera sobre su inmortalidad. Una más de las leyendas que construyeron a uno de los arquitectos de la Italia popular de finales de los noventa y comienzos de este siglo. Silvio Berlusconi, que tenía cinco hijos y estaba casado en la actualidad con Marta Fascina, de 33 años, fue, sin duda, la figura más influyente del último cuarto de siglo en Italia. Y para conseguirlo, siempre supo que debía extender su control a los canales de comunicación y ocio donde encontraría a una gran clase media creciente que dominaría el consumo del país. Fue el empresario que revolucionó la comunicación y la modernización —para bien o para mal— de la televisión, fundó el primer partido/empresa más basado en las leyes del mercado que en las viejas ideologías —él sí inventó el eslogan “Comunismo o libertad”—, e instauró una cultura del ascenso y el éxito, del compadreo y el nepotismo, en suma, que caló tan hondo en Italia que hasta Paolo Sorrentino la retrató en un díptico que señalaba a todos los que fueron incapaces de resistir la tentación de ponerse a su servicio a cambio de algo.