20211204

El Gobierno vasco reconoció ayer su intención de recortar sus previsiones de crecimiento de forma inminente. Lo hizo unas horas después de que el Eustat publicase los datos definitivos del tercer trimestre, que reflejan una ralentización de la economía vasca hasta el 3,9%, derivada del frenazo de la industria por la crisis de suministros y también por un consumo inferior al esperado. Estos problemas, sumados al estado de emergencia declarado por la nueva variante del covid, hacen prácticamente imposible cumplir con el cuadro macroeconómico vigente. El Ejecutivo de Urkullu mantenía un pronóstico del 6,7% para este año y el pasado septiembre elevó el de 2022 hasta el 6,4%. «A la luz de los datos conocidos este viernes y a la espera de contar con nuevos indicadores, previsiblemente el Departamento de Economía revisará en diciembre las previsiones de crecimiento de la economía vasca», señaló en una nota la consejería de Pedro Azpiazu. Ver nota Gobierno Vasco. 

Entrevista con Pascal Gómez. El presidente de SEA Empresas Alavesas pone en valor el esfuerzo de empresas, empresarios y autónomos, frente a las dificultades del momento. " El esfuerzo que se ha hecho después de un año de pandemia más un año en que la recuperación está siendo golpeada por la escasez de materias primas y el encarecimiento de energía y de todos los productos. Hay que poner un sobresaliente a todo el colectivo empresarial por el esfuerzo tan enorme que han hecho. A pesar de que tenemos elementos de incertidumbre y preocupación, quisiera trasladar elementos positivos en este momento. Siempre hemos navegado con dificultades, y en este momento tenemos muchas más, pero tenemos elementos positivos. El nivel de compromiso empresarial con el empleo es brutal. El 68% de las empresas vamos a mantener el empleo para 2022 y eso es una foto muy importante". "Comparto 100% las palabras de nuestro presidente de Confebask. Euskadi tiene la mejor herramienta que podemos tener, el Concierto Económico. Hay que trabajar en exprimir ese Concierto Económico para contribuir a que nuestro entorno sea el más competitivo de todos, sin dejar de dar servicio, porque una cosa no es excluyente de la otra. Ser más efectivo fiscalmente no es excluyente de seguir dando servicios, porque no quiere decir que se vaya a recaudar menos. No podemos perder el tren de ser atractivos fiscalmente..."

El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al anteproyecto de la futura Ley de Empleo con la que se aspira a modernizar y hacer más eficiente el funcionamiento de las oficinas del servicio público de empleo. Aunque Euskadi tiene transferidas las políticas activas, las novedades incorporadas en este texto, que es legislación básica, serán de aplicación en la comunidad, si bien Lanbide tiene autonomía para su ejecución, según explica el viceconsejero de Empleo, Alfonso Gurpegui. Una de las principales es el compromiso de ofrecer al menos una oferta de trabajo al año a todas las personas inscritas. Si en seis meses no hay propuestas, los servicios públicos de empleo tendrán que argumentar el por qué con una razón expresa. Para alcanzar este objetivo, la norma obligará a todas las empresas y las agencias de empleo a comunicar sus vacantes a la Administración, a través de un gran portal de información donde todo el mundo pueda conocer qué puestos de trabajo están disponibles y, a partir de ahí, establecer estrategias adecuadas para cada demandante. Según indican fuentes del Ejecutivo central, este es un sistema que ya existe en países como Alemania. «Esto no significa que las empresas no puedan transmitir también sus vacantes por otros canales» distintos a los servicios públicos, según matizan fuentes del ministerio.

Ni la ampliación de dos a tres reuniones semanales, ni la entrada en el mes decisivo para su resolución parecen haber espoleado la negociación de una reforma laboral que sigue encallada, y cada vez más lejos de resolverse dentro del calendario pactado con la Unión Europea, un plazo que concluye el 31 de diciembre. La última reunión, celebrada ayer, volvió a dejar sin resolver algunos de los apartados que están estrangulando el diálogo social, como son la referencia de las contratas y las subcontratas al convenio del sector de la empresa principal; y la prevalencia de los convenios sectoriales por encima de los de empresa. “Fue una reunión muy técnica”, se limitan a reconocer algunos de los que participaron en ella. No por conocidas (y reiteradas) las discrepancias entre los agentes sociales parece más cercana una resolución satisfactoria. Aunque fuentes presentes en las reuniones aseguran que el estancamiento de las últimas semanas no se debe a una contaminación del ambiente negociador —aseguran que el clima de trabajo es proclive a la consecución de consensos— y destacan la predisposición de las partes a alcanzar el acuerdo, pero sí dudan de que este llegue a tiempo.

Había muchas expectativas puestas encima de la mesa de la reunión que ayer mantuvieron Gobierno, empresarios y sindicatos para darle un empujón definitivo a la reforma laboral. Pero finalmente solo hubo avances puntuales y no precisamente en las cuestiones más espinosas. Por eso, los agentes del diálogo social se han citado para el próximo martes 7, en pleno puente, para intentar acelerar el acuerdo definitivo. El encuentro de ayer terminó «sin novedades reseñables», según informaron fuentes sindicales. Esta última reunión sirvió para abordar materias como las contratas y subcontratas, y la prevalencia de los convenios colectivos, dos de los temas que están más trabajados en la mesa. Estas dos materias, junto a la ‘ultractividad’, seguirán debatiéndose en la próxima reunión. En estos puntos parece más posible el consenso entre sindicatos y empresarios. Lejos de las polémicas y declaraciones públicas, la negociación se está desarrollando en un ambiente «constructivo».

La Comisión Europea ha dado luz verde al primer desembolso de 10.000 millones de euros de los fondos europeos para España, que en agosto ya recibió otros 9.000 millones en forma de prefinanciación. Si todo va según lo previsto, el país se convertirá en el primero en percibir este pago inicial, que el Gobierno espera que se efectúe antes de que termine el año. «España ha avanzado lo suficiente en la implementación de su plan nacional de Next Generation. Será el primero en recibir el pago una vez que los demás Estados miembros lo autoricen», aseguraba ayer la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. En concreto, el Gobierno ha tenido que cumplir con 52 de los compromisos incluidos en el Plan de Recuperación para acceder a esta ayuda. Entre ellos, la puesta en marcha de la Ley de cambio climático y transición energética, la aprobación del ingreso mínimo vital (IMV) o el plan de digitalización de las pymes. Otras reformas que han tenido un mayor peso en este desembolso han sido la llegada del nuevo impuesto a las transacciones financieras (la denominada ‘tasa Tobin’), la tasa digital (‘tasa Google’), o las modificaciones a corto plazo en el Impuesto de Sociedades.

«La inflación actual es coyuntural. Es como una joroba, y la joroba en algún momento dibuja una curva descendente. Tengo la firme convicción de que la inflación caerá en 2022». Así de contundente se mostró ayer la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, sobre los elevados niveles de inflación que sufren los 19 países de la eurozona, donde los precios se dispararon una media del 4,9% el mes pasado –un 5,6% en España, la tasa más elevada desde 1992–, muy por encima del 2% proyectado. En contraposición a lo que sucede en Estados Unidos, que es «definitivamente diferente» porque no cuenta con las elevadas tasas de desempleo de Europa, Lagarde estimó que noviembre podría haber marcado el punto más elevado de esa preocupante curva.

En las próximas semanas, la empresa se juega su mayor operación en el exterior, valorada en 8.000 millones de euros. No solo sería un golpe para Iberdrola. También para España, por lo que supone empresarialmente para el conjunto del país un salto como el que quiere dar la eléctrica en EEUU con PNM. Iberdrola espera que la declaración de su presidente, sirva para dar carpetazo al caso Villarejo en la compañía, y poner fin así al impacto reputacional que este asunto está teniendo sobre el grupo. Además de causar impacto en Bolsa, el caso Villarejo ha empezado a provocar un enorme daño corporativo al grupo a nivel estratégico. Precisamente los recelos por la repercusión del caso Villarejo en el gobierno corporativo es lo que ha llevado a las autoridades reguladoras del estado de Nuevo México, en EEUU, a poner trabas a la compra de PNM por parte de Iberdrola. Con la declaración ante el juez, la empresa intentará salvar la compra in extremis, convenciendo a las autoridades regulatorias de que el caso Villarejo está en vías de acabarse para la eléctrica. La Audiencia Nacional ha citado a Galán para el 18 de enero a las 10.30 de la mañana. Galán, que pidió incluso acudir voluntariamente a declarar, estaba a la espera de la citación.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, tendrá que declarar en la Audiencia Nacional el próximo 18 de enero por los delitos que se le imputan en la pieza ‘Tandem’ del ‘caso Villarejo’, según adelantaron ayer fuentes jurídicas. Joaquín Gadea, magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, cuyo titular es Manuel García-Castellón, ha fijado la fecha del interrogatorio del primer ejecutivo de la energética, que acudirá junto a otros directivos de la compañía, como el que fuera jefe de gabinete de Iberdrola, Rafael Orbegozo; el antiguo ‘número dos’, Francisco Martínez Córcoles; y el expresidente de Iberdrola España, Fernando Becker. Con posterioridad ha sido citado a declarar el representante de la filial Iberdrola Renovables Energía, imputada como persona jurídica. La declaración de Galán como investigado en esta fase de la instrucción tratará de aclarar la implicación del presidente de Iberdrola en los supuestos trabajos encargados al excomisario de Policía José Manuel Villarejo para espiar a otros empresarios que querrían hacerse con el control de la compañía eléctrica. Se le imputa por esos encargos supuestamente ilícitos un delito continuado de cohecho activo, un delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil.

El grupo automovilístico alemán Daimler, tras la aprobación del plan estratégico 2022-2026 por parte del consejo de supervisión, invertirá 60.000 millones de euros para respaldar el plan de su firma Mercedes-Benz para convertir a esta marca en totalmente eléctrica, según informó la automotriz este viernes en un comunicado. Tras la escisión de Daimler Truck, Mercedes-Benz se centrará en las oportunidades de negocio y crecimiento en los segmentos de turismos y furgonetas. Al mismo tiempo, el plan de inversiones se mantiene en línea con el objetivo de reducir los gastos de capital y de investigación y desarrollo en más de un 20% entre los ejercicios 2019 y 2025 y de seguir reduciéndolos más allá de esta fecha. En este sentido, el consejo de supervisión apoya las medidas existentes para aumentar constantemente la eficiencia y reducir los costes fijos, como se comunicó durante la actualización de la estrategia de Mercedes-Benz el pasado 6 de octubre de 2020 y se reiteró el 22 de julio de este año. Mercedes-Benz se prepara así para ser totalmente eléctrica a finales de la década “siempre que las condiciones del mercado lo permitan”.

Gerardo Pérez Giménez, presidente de Faconauto, entidad que agrupa a 2.142 concesionarios de todo el Estado, reivindica una transformación de la movilidad "que tenga en cuenta las necesidades de la ciudadanía". Avanza que la crisis de matriculaciones del mercado de la automoción en el País Vasco "se alargará también en 2022". "La situación es muy atípica. La crisis sanitaria se solapa con otra importantísima debido a la falta de microchips. La oferta de productos es muy escasa y el primer semestre de 2022 va a seguir siendo complicado por esa falta de materiales, aunque calculamos que para finales de año se produzca una recuperación, con un crecimiento del 13%. Siendo así, sería buena noticia...Tenemos serias dudas sobre la velocidad a la que se está llevando a cabo esa descarbonización. El cliente que no puede comprar un vehículo eléctrico no se atreve a adquirir uno de combustión. Paraliza su decisión de compra, y con ello nos vamos a mercados muy débiles como el actual. La incertidumbre que se ha instalado en la mente del consumidor está haciendo mucho daño al sector de automoción..."

En plena pandemia, los bancos europeos han incluso mejorado su nivel de capital, al tiempo que han seguido financiando a la economía real, según los resultados del ejercicio de transparencia de la Autoridad Bancaria Europea (EBA por sus siglas en inglés), que realiza periódicamente una foto fija de las principales métricas del sector. La ratio de solvencia de los 120 bancos europeos analizados (CET 1 fully loaded) ha pasado del 14,7% de junio de 2020 al 15,5% de junio de 2021. Unicaja y Kutxabank lideran el ránking español, con un 17,69% y un 16,98%, respectivamente. Estas dos entidades son, además, las únicas que consiguen situarse por encima de la media europea. BBVA ha mejorado varias posiciones gracias a la venta de su filial en EEUU y exhibe un capital del 14,17%. La banca española suele salir a la cola en este ejercicio debido a que su modelo de negocio de banca de universal (presente en varios segmentos de actividad) y con mucha clientela retail genera más activos ponderados por riesgo que otros. No obstante, es la que menos capital destruiría en caso de una nueva recesión, según concluyeron los test de estrés publicados por la EBA el 31 de julio.

El Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero, ha propuesto a las comunidades una revisión de la financiación autonómica que eleva el peso del gasto sanitario y educativo. La reforma pretende dar más relevancia a factores distintos de la población total a la hora de repartir los fondos, en un intento de contentar a las comunidades con menor densidad. El documento enviado a las autonomías no plantea un cambio de modelo, sino un “ajuste fino”, según los expertos. Hacienda ha puesto la primera piedra para reformar el sistema de financiación autonómico. En un documento enviado ayer a las comunidades, el ministerio de María Jesús Montero plantea una revisión del criterio de población ajustada que eleva el peso del gasto sanitario y educativo. La reforma pretende aumentar el protagonismo de factores distintos a la población a la hora de repartir los fondos, pero está lejos de romper con el modelo actual. “El documento no plantea grandes cambios en cuanto a nuevas variables. Mantiene las bases y las intenta mejorar con un ajuste fino, para ir más allá de la población”, explica Santiago Lago, catedrático de la Universidad de Vigo.

Pedro Sánchez ha tenido que hacer un último gesto para garantizarse el apoyo del PNV a los Presupuestos Generales del Estado, que tras superar el trámite del Congreso aún deben someterse a votación en el Senado. Una Cámara en la que los jeltzales son claves para decantar la balanza. El presidente del Gobierno en persona se ha involucrado durante los últimos días en unas conversaciones que llegaron a buen término ayer. Sabin Etxea ya tiene uno de los logros que más codiciaba: gestionar el grueso de las obras de la ‘Y’ vasca que quedan pendientes. Eso sí, gran parte de la factura la seguirá pagando Madrid. El Gobierno central va a ceder al vasco la ejecución de los soterramientos del TAV en Bilbao y Vitoria con el objetivo de acelerar un proyecto que acumula un descomunal retraso. Pero la transferencia, en ningún caso, va a permitir que la ‘Y’ vasca funcione antes de 2027, el último plazo fijado por las instituciones. 

La Cámara de Comercio y la patronal SEA van a mover ficha para urgir a Renfe que recupere este tren directo Vitoria-Madrid de primera hora que «utilizábamos mucha gente, sobre todo en invierno», cuando las condiciones meteorológicas son adversas y el viaje por carretera puede entrañar más complicaciones. Las dos principales organizaciones empresariales de Álava han acordado en sus respectivos comités ejecutivos y plenos enviar sendas cartas a la compañía ferroviaria. Fuentes de Renfe consultadas por este periódico transmiten que «no tenemos fecha concreta para la reposición del Alvia de las 6:30 a Madrid», pero está en sus planes «reponer todos los servicios en la primavera del 2022». El enlace ferroviario suprimido «era un servicio que tenía mucha demanda, principalmente los lunes con los estudiantes universitarios o los políticos del Congreso o el Senado, pero también con trabajadores de diferentes empresas. Cogían ese tren y estaban toda la semana en Madrid», explican las mismas fuentes empresariales. Pero también era una conexión que «uno o dos días por semana utilizábamos pequeños y medianos industriales».

Arranca hoy el puente festivo en Euskadi con la única restricción del pasaporte covid. Desde ya mismo habrá que presentarlo para acceder a establecimientos de ocio nocturno y a restaurantes de más de cincuenta comensales. Lo ya conocido. El LABI de ayer, el primero de la recién estrenada emergencia sanitaria, no deparó más novedades que la posible extensión de esta exigencia en un futuro indeterminado a otros ámbitos como «eventos en espacios cerrados, especialmente cuando se realicen con el público de pie», dijo el lehendakari. Iñigo Urkullu también mencionó la previsible obligatoriedad de presentación del certificado en «otros ámbitos de la hostelería y la restauración, así como gimnasios y espacios interiores donde se practica actividad física y/o deportiva». Y, por último, en hospitales para visitar a pacientes y en residencias. «Estas medidas adicionales serían sometidas a autorización del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Lo haremos a la mayor brevedad posible». Ni dio plazos, ni aportó grandes certezas el lehendakari.

Guillermo López Lluch, cordobés de 52 años, es catedrático del área de Biología Celular de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla e investigador asociado del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo. Cree que la variante ómicron era previsible y que la alarma generada es desproporcionada. Asegura que “hay que pasar a un estado de vigilancia más que a un estado de histeria”. "...La respuesta inmunológica es mucho más compleja de lo que se está diciendo. Se están mirando la respuesta de los anticuerpos neutralizantes, que son los que se supone que se van a unir a la zona de interacción entre el virus y nuestras células para bloquearlos. Pero hay otros anticuerpos que no se unen a esa zona, que se pegan otros sitios cercanos de la proteína y también neutralizan porque evitan que la proteína del virus cambie...Al virus no le interesa que la persona muera rápidamente...Es importante que los reacios a vacunarse no se lo piensen más..."