20220331

Euskadi ha optado por dar un paso adelante y redoblar, siempre con fondos propios, su apuesta por los grandes proyectos transformadores. Inversión contra la crisis. Así lo explicó ayer el lehendakari, Iñigo Urkullu, al dar a conocer un programa de inversiones estratégicas por valor de 528,79 millones de euros en el periodo 20222024, que ya en el presente ejercicio contará con 266 millones. Se trata de un plan interinstitucional articulado por el Gobierno Vasco y las tres diputaciones forales con el objetivo de dar impulso desde ya a esas grandes apuestas que –si terminan llegando, que es lo que se espera– se podrán beneficiar también del programa europeo de ayudas Next Generation. El jefe del Ejecutivo vasco, que compareció acompañado de los máximos responsables de las diputaciones de Gipuzkoa, Markel Olano; Bizkaia, Unai Rementeria; y Álava, Ramiro González, resaltó que gracias a este programa «las instituciones de Euskadi apuestan por la inversión como palanca para la recuperación». Y sin entrar en mayor detalle, reveló que a fecha de ayer no había recibido respuesta alguna de la vicepresidenta primera y ministra de Economía a su envío (a petición de Nadia Calviño) de una relación de proyectos estratégicos prioritarios para Euskadi que, en teoría, se solicitaba para poder acelerarlos.

El Gobierno vasco obtuvo ayer el aval del Ejecutivo central a las tres iniciativas estratégicas que serán financiadas con fondos europeos. Así lo confirmó el presidente del Gobierno durante la sesión de control en el Congreso. En respuesta a una pregunta de Aitor Esteban, portavoz del PNV en la Cámara baja, Pedro Sánchez anunció que «en los próximos días» Moncloa «va a comunicar por carta al lehendakari, Iñigo Urkullu, que los tres proyectos prioritarios para el Gobierno vasco están alineados con el plan de recuperación», y por tanto recibirán financiación europea. Se trata de tres programas relacionados con las terapias avanzadas, el vehículo conectado y el ecosistema del dato. Fueron presentados a finales de septiembre y hasta ahora el Gobierno central no se había pronunciado sobre su adecuación o no a los criterios para acceder a los fondos Next. 

El paro de los transportistas convocado por la asociación nacional Plataforma, que ayer cumplió ya 17 días, sigue perdiendo fuerza en Euskadi aunque se mantiene enquistado en el Puerto de Bilbao, especialmente en los contenedores. Ayer se desmarcó el sindicato Hiru, con 700 autónomos, principalmente concentrados en Gipuzkoa. En una asamblea celebrada por la tarde en Lasarte a la que acudieron 90 transportistas, 50 votaron a favor de volver a la actividad frente a 31 dispuestos a mantener el paro. El sindicato Hiru secundó desde el primer día – el 14 de marzo– la convocatoria de Plataforma, liderada por el albaceteño Manuel Hernández, erigido en defensor de los camioneros ‘de base’. Pero ahora ha decidido desmarcarse después de que la protesta se haya desinflado tras el acuerdo alcanzado la semana pasada entre el Gobierno y las principales organizaciones del sector. El pacto contempla una subvención de 20 céntimos por litro de gasóleo y ayudas directas de 1.250 euros por camión. A ello se han sumado las medidas fiscales adoptadas el martes por las haciendas forales, con la posibilidad de compensar gastos sobre la base imponible hasta un 70%. Los representantes de Hiru, que siempre han interpelado a las Administraciones vascas, valoraron positivamente estas medidas fiscales. 

El Puerto de Pasaia, que había reducido su actividad al 10%, también retomará el tráfico de mercancías. La vuelta a la actividad por parte de los transportistas autónomos de Hiru va a suponer todo un alivio para gran parte del tejido productivo guipuzcoano y vasco, que ha visto cómo la huelga tensaba aún más una situación ya de por sí complicada por los efectos de la guerra de Ucrania y la carestía de la energía. Algunas que se han visto obligadas a parar por la fata de material o la imposibilidad de sacar el producto terminado, como es el caso de CAF o Papresa, ya habían retomado ayer su producción, pero otras veían con mucha preocupación la posibilidad de que el paro se prolongara. La multinacional ArcelorMittal era una de ellas. Con parte de la producción de la planta de Bergara detenida, anunciaba este martes que de continuar la huelga sería cuestión de días que también tuviera que parar la factoría de Olaberria, que hasta ahora había capeado el temporal con la reducción de algunos turnos. Las plantas de Michelin de Lasarte-Oria y de Vitoria tuvieron, asimismo, que hacer una parada el pasado fin de semana, que se sumaba a otras anteriores por el elevado coste energético.

Si ya la denominada ‘prohibición de despedir por causas ligadas al covid’ generó un gran lío judicial por las diferentes interpretaciones en los tribunales, con las nuevas restricciones se avecina un caos total. «Es un artículo de tintes políticos en el que la técnica jurídica brilla por su ausencia. Deja numerosas incógnitas abiertas», apunta Mikel Anderez, responsable del área jurídico laboral de la patronal vizcaína Cebek. El real decreto establece dos restricciones en el artículo 44. Por un lado, señala que para aquellas empresas beneficiarias de las ayudas directas contempladas, «el aumento de los costes energéticos no podrá constituir causa objetiva de despido hasta el 30 de junio». Por otro, indica que las empresas que se acojan a ERTE «por causas relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público, no podrán utilizar estos motivos para despedir». El representante de Cebek apunta a la gran inseguridad jurídica que «intencionadamente se ha dejado» y que deberán resolver los tribunales. «Parece que las empresas que no apliquen ERTE estarán más liberadas, pero si se acogen a un expediente temporal no podrán despedir por causas ligadas a la guerra si han recibido apoyo público. Eso es muy impreciso», apunta. «Con esta redacción tan inconcreta se puede estar instaurando la ‘prohibición empresarial de despedir’, lo que va a generar un miedo sin precedentes a la contratación», alerta José Ramón Mínguez, director de la división laboral del bufete Barrilero. 

Antonio Garamendi explicó que la prohibición de los despidos objetivos en las empresas que reciban ayudas públicas, incluida en el plan de respuesta a la guerra aprobado por el Gobierno, implica “meter la tijera y cambiar las reglas del juego” de la reforma laboral, acordada con los agentes sociales. El dirigente empresarial se refirió a que el Gobierno prohíbe a las empresas, que reciban las ayudas directas previstas en el real decreto, el despido, hasta el 30 de junio, de trabajadores por causas objetivas, debido al incremento de los costes energéticos. Es decir que prescindan de trabajadores por esta causa de índole económica. Sin embargo, lo que más ha sorprendido a Garamendi es que, igualmente, el Gobierno prohíbe, también hasta el 30 de junio, el despido de trabajadores “por causas relacionadas con la invasión de Ucrania” a las empresas que, por estas razones, se acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos con la realización de un ERTE. En ambos casos, las empresas que incumplan estas condiciones al prescindir de trabajadores tendrán que devolver todas las ayudas directas percibidas. Tanto si son financiación del Instituto de Crédito Oficial, como si son rebajas de cotizaciones sociales.

Hoy entran en vigor los nuevos contratos que contiene la reforma laboral que, en líneas generales, está en vigor desde el pasado 31 de diciembre. Sin embargo, el Gobierno concedió tres meses a las empresas para que pudieran adaptar sus plantillas y proyectos a los nuevos contratos. En este capítulo, el real decreto ley, que fue pactado entre el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos, tiene tres objetivos principales: el primero es reducir drásticamente la contratación temporal. 4,4 millones de trabajadores tienen esta fórmula laboral, lo que supone el 26% de los casi 17 millones de asalariados. Para ello, el segundo objetivo es reducir los contratos temporales y potenciar los fijos discontinuos y de la construcción, como nuevas fórmulas de empleo laboral estable. La tercera reforma que ha hecho el Gobierno para rebajar la precariedad laboral es reforzar y aumentar considerablemente las sanciones. El real decreto ley, que fue aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado 3 de febrero, en una polémica votación, tiene las siguientes medidas sobre la contratación temporal. ¿Cómo cambia el contrato de formación? Tendrá dos modalidades: la primera se plantea para que el trabajador pueda alternar un empleo en la empresa con la enseñanza teórica. Es lo que se conoce como formación dual. Con carácter general, este contrato se puede hacer con trabajadores de cualquier edad...

La entrada en vigor de la reforma laboral aprobada el pasado mes de diciembre llega con una prima de seis millones de euros para los inspectores de Trabajo que vigilen el cumplimiento de la nueva norma por parte de las empresas y sancionen los incumplimientos. La prima de productividad forma parte del acuerdo al que llegó el Ministerio de Trabajo con el cuerpo de inspectores el pasado martes. En los últimos meses los inspectores de Trabajo se han enfrentado al Gobierno exigiendo más medios humanos y materiales para desarrollar su función. La falta de respuesta les llevó convocar una huelga, aplazada tras el compromiso del Gobierno de destinar más medios en junio. El respaldo al acuerdo propuesto desde el ministerio dirigido por Yolanda Díaz no fue unánime pero sí mayoritario, de manera que, aunque no ha resuelto las demandas de los inspectores, ya desde hoy es vigente. El pacto indica que se trata de medidas de productividad extraordinaria que se suman a las ordinarias ya establecidas en instrucciones previas con «carácter inmediato». Los objetivos de «máximo interés» para el organismo que se señalan son la implementación de la reforma laboral que hoy entra en vigor; la comprobación de las obligaciones derivadas de los ERTE de la normativa Covid 19; el plan contra la siniestralidad mortal; la implementación de notificaciones electrónicas y la reducción de los tiempos de tramitación de expedientes, según consta en el acuerdo planteado a los sindicatos.

El Supremo acaba de pronunciarse sobre los despidos en Aernnova y ha avalado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que los declaró procedentes. En este caso, los magistrados han dado la razón a la empresa al considerar que había causas estructurales que justificaban esta medida y desestiman el recurso presentado por ELA, LAB y LSB-USO. No ocurrió lo mismo en el expediente de PCB, perteneciente a ITP Aero. Otra sección distinta del Superior vasco a la que juzgó el caso Aernnova concluyó que los problemas alegados por la empresa respondían a la crisis coyuntural derivada de la pandemia. Aplicó entonces el polémico criterio del tribunal de Euskadi, liderado por Garbiñe Biurrun, de declarar nulos los despidos en esos casos en vez de improcedentes, como en otras comunidades autónomas. El Supremo ratificó el fallo, pero sin entrar en este debate. Para decretar la nulidad se escudó en que se había vulnerado la garantía de indemnidad porque la compañía metió el ERE después de que los tribunales le tumbaran un ERTE anterior. En el caso de Aernnova no había tanta expectación porque ya el Superior vasco (la sección liderada por Pablo Sesma) había avalado los despidos, al entender que estaban bien justificadas las causas estructurales. 

La dirección de Mercedes-Benz apremia a los sindicatos de la factoría alavesa para firmar el convenio. El Jefe de Operaciones de Furgonetas de la firma, Ingo Ettischer, convocó ayer a la parte social para informar de la importancia de llegar a un acuerdo que permita a la planta vitoriana destacar dentro de la organización de la división de furgonetas de manera inminente para lograr la fabricación del nuevo modelo eléctrico, según trasladó el sindicato UGT en un comunicado emitido ayer por la noche dirigido principalmente a sus afiliados. El apremio de la compañía a los sindicatos se produjo en vísperas de una nueva reunión en la fábrica para negociar el convenio tras meses sin avances de calado. Y es que «en menos de dos meses se van a decidir de manera pragmática las ubicaciones de la fabricación de los nuevos modelos 100% eléctricos, y que se fabricarán en las plantas que continúen más allá del 2030», comunicó el Jefe de Operaciones de Furgonetas en la reunión. El directivo advirtió que «la decisión que van a tomar es de suma importancia». 

El dato adelantado ayer por el INE referente a marzo ha marcado un nuevo récord. El Índice de Precios de Consumo (IPC) escaló hasta el 9,8%, lo que supone la tasa más alta desde mayo de 1985. Casi 37 años. Lo que más sube respecto a hace un año es, evidentemente, la electricidad y los carburantes, pero no son los únicos elementos desbocados y, al final, toda la cesta de la compra se ha encarecido respecto a hace un año. En tasa mensual (marzo sobre febrero), la inflación ha subido un 3%, su mayor alza desde 2002, con el impacto de la guerra en Ucrania como telón de fondo, que ha conllevado la subida de los precios energéticos y problemas en las cadenas de suministros por falta de materias primas. Al menos así lo explican desde el Ministerio de Asuntos Económicos, donde aseguran que un 73% de este incremento se debe al impacto de la invasión rusa. Por ello consideran «urgente» desplegar el plan de choque aprobado el martes. El objetivo es «poder revertir esta tendencia alcista, frenar el aumento de costes a empresas y familias e iniciar a corto plazo la reducción de la inflación a niveles más moderados».

Solo el 26% cuenta con sus convenios actualizados, lo que supone unos 165.000 de los 625.000 cubiertos por la negociación colectiva, según datos de febrero publicados ayer por el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) vasco. Eso quiere decir que cerca de 460.000 asalariados tienen sus sueldos congelados y muy pocas posibilidades de que se alcancen acuerdos que permitan revisarlos al alza. Si ya era difícil pactar en Euskadi entre empresas y sindicatos cuando las cosas eran normales, con un IPC desbocado parece una tarea imposible. En el caso de los 165.000 que tienen sus convenios vigentes, el incremento salarial medio recogido es del 3,8%; es decir, que habría un enorme desfase con la inflación porque no llega ni a la mitad de lo que alcanza el IPC. En definitiva, el 74% no tiene protección y el escudo del 26% restante tiene que asumir una pérdida de poder adquisitivo muy significativa, de seis puntos. Según el informe del CRL, los cerca de 95.000 asalariados cubiertos con convenios negociados en Euskadi son los que tienen mejores condiciones, con un incremento salarial medio del 5%, debido a que en el País Vasco son más habituales las cláusulas de revisión de los sueldos conforme al IPC interanual del año anterior. Es el caso del Metal de Gipuzkoa, que ha tenido un alza del 6,5% este ejercicio; o la Construcción de Bizkaia, con un incremento idéntico.

La Seguridad Social desembolsa al mes unos 11.000 millones en pensiones, por lo que la subida del IPC supondría prácticamente sumar una paga más a la cuenta. Pese a que el Banco de España ha pedido que se revise la idoneidad de aplicar esta medida que entró en vigor hace solo un mes, la vicepresidenta Nadia Calviño confirmó esta misma semana que las pensiones están blindadas con una nueva fórmula que las revaloriza según el IPC. Además, el gabinete de estudios rebajó su previsión de crecimiento económico para 2022 en 1,4 puntos, hasta el 4,2% por el impacto de la invasión rusa en un contexto de elevada inflación. Este dato supone quedarse casi tres puntos por debajo de la previsión del Gobierno (7%) y que el PIB termine el año aún 2,5 puntos por debajo del nivel prepandemia, con un PIB que solo crecerá un 1,1% hasta diciembre. La escalada de la inflación provocará también que los ciudadanos pierdan 16.700 millones en capacidad de compra este año, puesto que según sus cálculos el alza de los salarios será de entre el 2% y el 2,5%.

“Europa está entrando en una fase difícil”, señaló ayer Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE). El discurso, en su visita a Chipre, coincidió en el tiempo con la publicación de las impresionantes cifras de inflación de marzo en Alemania y España, donde el crecimiento de los precios se elevó hasta el 7,3% y el 9,8%, respectivamente. Y vendrá más, según la responsable de la autoridad monetaria, que advirtió de que “es probable que la inflación siga subiendo”. Lagarde atribuye a la guerra entre Rusia y Ucrania la probabilidad elevada de que el aumento de los precios se prolongue más de lo esperado y ayer alertó de que “cuanto más dure la guerra, mayores serán los costes” para la zona euro. La presidenta del BCE explicó ayer que “el impacto económico de la guerra se define mejor bajo lo que los economistas conocen como shock de la oferta, que es un tipo de shock que, de forma simultánea, presiona al alza la inflación y reduce el crecimiento”. Es el peor escenario al que puede enfrentarse un banco central. 

Funcas, el centro de análisis de las antiguas cajas de ahorro, actualizó ayer sus previsiones económicas y calcula que este año no se recupere todavía lo perdido en la pandemia. El crecimiento del PIB en 2022 será del 4,2%, 1,2 puntos porcentuales menos de lo vaticinado en enero. La inflación, que en marzo se ha situado en máximos desde 1985, se disparará a una media anual del 6,8%. El análisis advierte, no obstante, que no ha contemplado el plan de choque presentado por el Gobierno. Con ese conjunto de medidas, Funcas cree que la inflación media anual podría relajarse hasta el 5,8%, un porcentaje en cualquier caso muy elevado (el año pasado ya fue del 3,1% y los bancos centrales consideran que lo ideal es el 2%). Había muchas expectativas para la economía española en 2022: iba a alcanzar el pico de su crecimiento pospandémico, marcando distancias con el resto de países de su entorno (que crecían menos, porque sus economías también cayeron mucho menos en el primer año de pandemia). Pero si ya el año pasado fueron los cuellos de botella y los altos precios de la luz los que postergaron la gran eclosión de España, este año son los planes belicistas de Putin, que han reforzado la subida de precios de la energía.

El polígono industrial de Arasur dará el salto hacia el negocio tecnológico con la llegada del gran ‘data center’ que se pondrá en marcha el año que viene. El fondo de inversión Merlin Properties, segundo mayor accionista de la plataforma alavesa con un 25,14% del capital social, promueve esta infraestructura de gran tamaño que albergará servidores y otros equipos electrónicos para mantener la red informática de una o varias empresas. La firma arrancará este curso las obras de construcción del complejo con la previsión de tener operativa la primera fase en el «segundo trimestre de 2023». Así figura en la documentación, a la que ha tenido acceso EL CORREO, entregada por la compañía inmobiliaria a sus accionistas con motivo de la presentación de resultados del último ejercicio. Si ese plazo se cumple, hacia la primavera del próximo año estará listo el primero de los hasta tres edificios que se proyectan en este ‘campus data center’. 

En medio de una aparente calma que deja atrás los enfrentamientos viscerales, los accionistas de IMQ, la principal aseguradora de salud del País Vasco, están convocados hoy a una junta de accionistas que será decisiva. Apenas cuatro puntos en el orden del día con un objetivo claro: recabar el respaldo definitivo para que el grupo SegurCaixa Adeslas pueda adquirir acciones de IMQ, sin límite, a un precio de 255.000 euros por cada paquete de 1.000 títulos –el mínimo en poder de cada accionista–, con un buen número de compromisos que garantizarían el mantenimiento de la sede social en Euskadi y, también, el modelo de asistencia actual. Asimismo, habrá facilidades para que puedan incorporarse nuevos profesionales al cuadro médico y al accionariado de la compañía. Puede ser, si se aprueba, el capítulo final de una auténtica batalla entre 1.170 accionistas –todos ellos médicos– que comenzó hace ya tres años. Todas las fuentes consultadas apuntan que se espera un respaldo mayoritario al principio de acuerdo que el consejo de administración de IMQ, presidido por la doctora Beatriz Astigarraga, ha alcanzado con Adeslas tras una dilatada negociación.

Alemania se prepara para una interrupción en el suministro de gas ruso. El ministro federal de Economía, Robert Habeck, activó ayer la primera etapa preventiva del sistema de alarma dentro de un plan para garantizar el abastecimiento si Vladímir Putin decide cerrar repentinamente los gasoductos que trasladan el fluido siberiano a Centroeuropa. «No existen cuellos de botella», subrayó Habeck, quien destacó que «pese a todo» se deben «incrementar las medidas preventivas para estar listos en el caso de una escalada de presión por parte de Rusia». El político ecologista afirmó que el suministro de gas natural a industria y particulares está garantizado. La primera etapa de las tres con que cuenta el sistema de alarma preventiva no contempla restricciones por parte del Estado. Para ello deberían empeorar de manera dramática los flujos, dijo el antiguo presidente de Los Verdes, quien afirmó que éste no es el caso actualmente. La decisión de Habeck supone una reacción a las amenazas y exigencias de Moscú para que sus suministros de gas a Europa se paguen en rublos –aunque los contratos establecen el abono en dólares–, so pena de cerrar el grifo. 

El jefe de la delegación rusa y asesor del Kremlin, Vladímir Medinski, echó ayer un jarro de agua fría sobre los deseos de Kiev de solventar la actual situación de forma aceptable y rápida. «La postura de Rusia en relación con Crimea y Donbás no ha cambiado», aseguró en una comparecencia televisada. Dicho de otra forma, Moscú sigue considerando a Crimea parte constitutiva de la Federación. Y a las autoproclamadas repúblicas de Donbás, estados independientes. Es más, Rusia no piensa ni sentarse a hablar con nadie de su «derecho soberano» sobre Crimea y en cuanto a Donetsk y Lugansk sigue defendiendo que sus respectivos territorios no son lo que marcan los acuerdos de Minsk dentro del contorno de la llamada «línea de contacto», sino las dos provincias al completo tal y como figuran en la demarcación vigente desde la época soviética. De ahí los combates que actualmente libran las fuerzas separatistas de Donbás contra el Ejército ucraniano en su afán de hacerse con más territorio. Una visión que no encajaba con el borrador de acuerdo que los representantes de Kiev presentaron a sus colegas rusos el martes en Estambul y en el que, a cambio de renunciar a la adhesión a la OTAN, Ucrania recibiría garantías de seguridad de varios países. 

El cementerio de Begoña alberga la mayor fosa común de la Guerra Civil descubierta hasta la fecha en Euskadi. Los arqueólogos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi han localizado un enterramiento de 42 personas de las que no existían referencias previas y decenas de objetos significativos, como medallas, balas, cucharas, hebillas de cinturones con escudos, placas de identificación militar y zapatos de la época. La inmensa mayoría son soldados del Ejército de la República, bien de batallones de milicianos o de gudaris, que participaron en la defensa de Bilbao frente a las tropas franquistas. Fueron enterrados por los suyos a mediados de junio de 1937 «ante la inminencia de la caída» de la villa. Aunque el origen de la fosa es la batalla de Artxanda, cima por la que penetró el bando sublevado, han aparecido también una decena de civiles, entre ellos una madre con sus hijos que murieron por la explosión de un obús. La fosa ha sido descubierta en el cementerio de Begoña mientras se llevaban a cabo las tareas de exhumación de restos del mismo periodo sobre los que sí había constancia.