20220503

«El informe de Zedarriak no es un borrador y nadie ha propuesto su modificación», aseguraron ayer a EL CORREO miembros de esta plataforma, creada por 14 personalidades del mundo empresarial que no han dudado en manifestar su «sorpresa» por la reacción que su trabajo ha provocado en el Gobierno vasco y en la dirección del PNV. El informe, un ‘Diagnóstico Económico y Social’ sobre la evolución del País Vasco y su situación actual, establecía con claridad la conclusión de que «Euskadi ya no ocupa una posición de liderazgo». Una consideración que se extrae de la pérdida de peso relativo del PIB en el conjunto de la economía española –casi cuatro décimas en el curso de los últimos 20 años–, así como de una mala posición en la comparación con las regiones más dinámicas de Europa, la tendencia a la deslocalización de centros de decisión de empresas y un déficit demográfico que puede resultar clave en las próximas décadas. El grupo mantuvo ayer una reunión y emitió anoche un comunicado del que se desprende que no tiene la más mínima intención de modificar su análisis. Varios de sus miembros señalaron a EL CORREO que «no habrá rectificación sobre el informe y lo cierto es que nadie la ha planteado». Para matizar que «nunca ha sido nuestro objetivo desatar una polémica con el Gobierno vasco. Nuestro objetivo es hacer un diagnóstico y colaborar con las instituciones para encontrar soluciones». Colaborar sí, pero «desde la independencia», señalaron las mismas fuentes. Mientras, El lehendakari, Iñigo Urkullu, mantiene aún la incógnita sobre su asistencia a la asamblea anual de la patronal vizcaína, Cebek, que se celebrará el próximo miércoles, día 11. La organización empresarial le ha invitado, como es habitual en ese foro, a que pronuncie el discurso de clausura de la jornada. Ver nota Zedarriak. 

La compañía dirigida por Spenger trabaja para cerrar en semanas el accionariado del gestor de la red que impulsó el Gobierno vasco. MásMóvil ultima la operación para crear la sociedad que gestionará la red de fibra de Euskaltel apoyándose en importantes empresarios vascos. El operador dirigido por Meinrad Spenger, y que compró la firma naranja por 3.000 millones de euros el pasado año, prepara los detalles para incorporar a las familias Galíndez e Ybarra en la firma de la constitución de la sociedad FiberCo, con la presencia de otros socios institucionales para hacer las inversiones necesarias y explotar comercialmente esta infraestructura. Según confirman fuentes conocedoras de la operación, en la que asesora el Banco Santander, el acuerdo espera cerrarse en las próximas semanas y jugaría un papel fundamental al menos otro gran socio con perfil más inversor. Y es que estas infraestructuras están despertando un enorme interés de los fondos por su elevada rentabilidad y por su importancia estratégica. Portavoces de MásMóvil no han querido hacer valoraciones, más allá de confirmar que el proceso está «avanzando muy bien».

Nortegas, distribuidor de gas natural con sede en Bilbao y que opera en el País Vasco, Asturias y Cantabria, ha puesto ya en marcha el laboratorio en el que va a experimentar las posibilidades de mezcla de este combustible con el hidrógeno. El proyecto forma parte de las iniciativas del Corredor Vasco del Hidrógeno y es la primera plasmación física de una de las innumerables piezas que se han concebido dentro de la carrera para buscar alternativas energéticas a los hidrocarburos. El centro de experimentación se ha ubicado junto a uno de los edificios de Tecnalia –participa en el proyecto junto a Ikerlan– en el Parque Tecnológico de Bizkaia y su inauguración fue presidida ayer por Iñigo Urkullu. El lehendakari destacó en el acto la trascendencia que tiene para Euskadi la tecnología del hidrógeno, ahora en plena fase de despegue, ya que recordó que en su conjunto todas las iniciativas pueden generar «una inversión de 1.300 millones de euros hasta el año 2026, con una creación de 1.340 empleos directos y otros 6.700 indirectos». Nortegas está convencida de que en el futuro se podrá mezclar el hidrógeno con el gas natural para los usos convencionales que tiene ya este combustible, tanto en aplicaciones industriales como en el segmento domiciliario. 

Los ayuntamientos de Zierbena y Santurtzi se oponen de forma «total y absoluta» al plan del Puerto para ocupar 150.000 metros cuadrados en el monte Serantes, lo que obligaría a realizar grandes desmontes. El alcalde de la localidad galipa, Iñigo Ortuzar (PNV), no ve con buenos ojos el proyecto, que se desarrollaría de forma íntegra dentro de su término municipal, y asegura que la institución que preside ha presentado ya alegaciones. Desde el Consistorio de Santurtzi plantean que, aunque esta propuesta se enmarca dentro de las fronteras del municipio vecino, el Serantes «es el mayor bien natural que tenemos, junto a la mar, en la comarca». A su juicio, el plan previsto «deteriora la calidad de vida de los y las vecinas de los municipios del entorno, por lo que nuestra postura es contundentemente contraria a su ejecución». Las administraciones locales no han sido la única voz que se ha alzado contra esta iniciativa en las últimas horas. Los grupos conservacionistas Ekologistak Martxan y Meatzaldea Bizirik también han mostrado su oposición y anuncian que plantaran batalla en los despachos y mediante la movilización popular.

Casi un año después de anunciar sus intenciones de construir dos huertos solares de 80 hectáreas cada uno y una potencia de 50 megavatios, la compañía Solaria se mantiene firme en su propósito de construir estas instalaciones «en un momento en el que está poniéndose de manifiesto la necesidad de generar una energía propia y no depender tanto de terceros países», explican portavoces de la empresa que cotiza en Bolsa. El incremento del precio de la luz y de las materias primas como consecuencia de la guerra de Ucrania «nos debe hacer despertar», añaden, en sintonía con la visión que tienen en el Gobierno vasco, que considera que el momento actual es de máxima «emergencia energética». Arrazua-Ubarrundia, por un lado, y los municipios de Barrundia y Elburgo por otro, siguen siendo los lugares elegidos por Solaria para levantar estas dos plantas fotovoltaicas con el horizonte del año 2024 como fecha aproximada. Aunque en la compañía asumen que «todo dependerá de la concesión de las licencias de obras» y, para ello, los proyectos deberán contar con la declaración de impacto ambiental. «Pero seguimos dando pasos adelante, cerrando contratos de alquiler y buscando terrenos» en el entorno de la subestación que Red Eléctrica Española tiene en Ullíbarri-Arrazua, en el término de Vitoria.

El Gobierno vasco e Iberdrola –que componen la sociedad Aixeindar– renunciaron públicamente a finales de septiembre a los parques eólicos de los Montes de Iturrieta y la Sierra de Arkamo. La decisión se asumió porque los informes de la Diputación de Álava consideraban «irreversibles» los efectos que sus 34 aerogeneradores podían causar sobre la flora y fauna. Siete meses después de su anuncio, sin embargo, se sigue sin completar la documentación para ‘enterrar’ el proyecto de Arkamo y la «orden de cancelación» aún no se ha podido zanjar. Y es que hay asuntos que siguen sin cerrarse. El 20 de enero, cuatro meses después de la renuncia pública de los socios de Aixeindar, se registraron en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico –que dirige la socialista Teresa Ribera– los expedientes para cancelar y dar por zanjados ambos proyectos. El caso de Iturrieta «ya ha sido tramitado por la Dirección General de Política Energética y Minas», pero a mediados de marzo el Ejecutivo central tuvo que «requerir» a Aixeindar el «justificante de presentación de la renuncia al permiso de acceso y conexión ante el operador del sistema» correspondiente en Arkamo, una documentación imprescindible y sin la cual será imposible olvidarse del expediente.

El mercado de coches sigue sin superar la crisis en que se sumió con el covid y que ha ido complicándose con el encadenamiento de múltiples factores: la escasez de microchips, el alza de los precios de los carburantes y de las materias primas por la guerra de Ucrania y un progresivo debilitamiento de la demanda por la incertidumbre económica. Así lo revelan las matriculaciones de abril que publicaron ayer las principales asociaciones del sector. En Euskadi se vendieron 1.664 turismos y todoterrenos en el mes, un 14% menos que el año anterior. La cifra es menos de la mitad de la correspondiente a 2019, antes de que estallara la pandemia, lo que da una idea muy clara de la debacle que se está viviendo en esta actividad. Otro dato elocuente es que en la actualidad se están vendiendo más coches que superan los 15 años de antigüedad que nuevos. Esta anomalía se explica por varias razones, entre las que hay que destacar el alza de precios, los retrasos en las entregas de vehículos nuevos por la falta de chips, la crisis económica y las dudas sobre qué tecnología adquirir, teniendo en cuenta que los híbridos y eléctricos son modelos mucho más caros.

Las ventas de las empresas guipuzcoanas crecieron un 13% interanual en el mes de marzo, según los datos que ofreció ayer el departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Gipuzkoa, que se basa para ese informe mensual en las declaraciones del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y las declaraciones de retenciones e ingresos a cuenta de los rendimientos de trabajo de las compañías no financieras del territorio. Ese repunte, a pesar de ser elevado, supone bajar el ritmo que la facturación venía demostrando en los últimos tiempos. Y es que, también según Hacienda, las ventas venían de crecer un 20,1% en enero y un 15,7% en febrero. La guerra en Ucrania, con la incertidumbre internacional que desató a partir del momento en que Rusia invadió el país, el 24 de febrero, y los cuellos de botella generados, a los que se sumaría el lastre de la inflación, parecen restar algo de fuerza a nuestras empresas. El departamento de Jokin Perona pone el foco en el comportamiento de las ventas de las empresas de Gipuzkoa en el primer trimestre, periodo en el que crecieron un 15,9%. Y matiza que a esa mejora conviene aplicar un cierto filtro, ya que en el año pasado el periodo enero-marzo estuvo marcado por «las restricciones para hacer frente al incremento de una de las olas de contagios de la pandemia de Covid19, con un notable impacto en la actividad».

La industria europea aún crece, pero comienza a hacerlo a tasas prácticamente marginales, en un contexto en el que la industria española figura en el furgón de cola de los países analizados por S&P Global, con un PMI de 53,3 puntos, 0,9 puntos menos que en marzo y su ritmo de avance más lento en catorce meses. Un dato inferior al de las otras tres grandes economías europeas, a pesar de que en Alemania “tanto los nuevos pedidos como la producción entraron en territorio de contracción por primera vez desde junio de 2020”, señalan los expertos de S&P. Aun así, el PMI del sector manufacturero germano se situó en los 54,6 puntos, 1,3 puntos por encima del español; mientras que Francia mejoró hasta los 55,7 puntos (su mejor dato en dos meses) e Italia empeoró hasta los 54,5, su mínima en 16 meses. ¿Por qué España figura en abril como farolillo rojo? A la retahíla de culpables habituales que están golpeando la actividad en la zona euro (la invasión de Ucrania; la espiral inflacionista, o las distorsiones en las cadenas de suministro, agravadas por la política de tolerancia cero de China con el Covid), se añaden en el caso español las secuelas de la huelga de transportes, que ha supuesto “un aumento récord de los stocks de productos terminados”. A ello se suma el descenso de los nuevos pedidos, que cayeron por segundo mes consecutivo y, al igual que ha ocurrido en el resto de Europa, la fuerte traslación de los costes a los precios de venta, que en abril crecieron “a la tasa más rápida jamás registrada”. 

Sidenor adquiere su suministrador de chatarra para acero y Vidrala invertirá en el reciclaje de vidrio que contrataba a otros. La industria busca fórmulas para contrarrestar la subida de los precios de las materias primas, además del recurso de repercutir estos incrementos entre los clientes. Y una nueva tendencia se está imponiendo entre el abanico de medidas adoptadas: la integración aguas abajo, hacia los proveedores. Todo un giro en el ámbito fabril, que tradicionalmente ha invertido aguas arriba, con la compra de empresas del sector respectivo, ya sea siderúrgico, de automoción o de otras áreas. La semana pasada, el fabricante de aceros especiales Sidenor anunciaba que compraba la empresa Aguilar Metal Recycling-AMR, especializada en el suministro de chatarra, una de las materias primas que es clave en los procesos siderúrgicos. Con esta operación, el grupo que preside José Antonio Jainaga se aseguraba tanto su suministro como los precios. Sidenor se suma con esta integración aguas abajo a otras siderúrgicas que ya han apostado por esta vía, como Celsa y Megasa. Andrés Barceló, director general de la patronal del sector Unesid, ha manifestado que el mercado de la chatarra es “muy especulativo, sus precios suben o bajan todas las mañanas”.

Los 140 trabajadores que tiene Aernnova Engineering División en el Parque Tecnológico de Álava en Miñano están llamados a la huelga cuatro días de este mes de mayo (hoy, el jueves 5 y el 10 y el 12 de la próxima semana) en protesta por la «negativa» de la dirección a conceder las subidas salariales que reclama el comité en la negociación del convenio. «No nos quieren dar ni el IPCA cuando cada vez hay más carga de trabajo», reclama ELA, el sindicato convocante.

La puesta en marcha del plan de España y Portugal para rebajar la factura de la luz mediante un tope al precio del gas se retrasará, al menos, una semana más. La responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, admitió ayer que el Gobierno trabaja aún con Bruselas para cerrar los «últimos detalles» de la denominada ‘excepción ibérica’, con lo que «probablemente» la medida no podrá aprobarse en el Consejo de Ministros de hoy, tal y como estaba previsto. A su llegada al consejo extraordinario de ministros de Energía de la UE, reunidos ayer en Bruselas, Ribera se mostró confiada en que pese a la complejidad de los detalles para recibir el aval definitivo de la Comisión Europea, la medida se podrá aprobar «la semana que viene». España y Portugal ya pactaron un «acuerdo político» con Europa para limitar a 50 euros de media el megavatio hora (Mwh) del precio del gas que se utiliza para generar electricidad, a fin de que ello se traduzca en una reducción de los precios minoristas. Y es que si los ciclos combinados, que representan un 18% del ‘mix’ energético necesario para cubrir toda la demanda de electricidad en el último año, ofrecen su energía a ese precio limitado, el ‘pool’ también se verá reducido. 

Ford España tiene marcado en rojo en el calendario el próximo mes de junio. No será hasta entonces cuando la multinacional americana desvele qué planta se queda con los dos últimos modelos de vehículos eléctricos que aún quedan por adjudicar en Europa. La batalla interna la están librando la factoría alemana de Saarlouis y la valenciana de Almussafes, cuyo comité de empresa ha pactado incluso con la dirección de Ford Europa desvincular los sueldos del IPC en los próximos años, pero siempre y cuando se lleve la nueva carga de trabajo. El problema es que esta incógnita amenaza también con lastrar las opciones de Ford para concurrir al PERTE del vehículo eléctrico montado (PERTE VEC) por el Gobierno. La multinacional con sede en Detroit tiene intención de presentarse a la convocatoria de los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica, financiados con fondos europeos del Next Generation EU. En este caso, para acelerar la electrificación de su planta de Almusafes, una hoja de ruta sin alternativa teniendo en cuenta que Ford solo fabricará vehículos enchufables a partir de 2030. Y, en este escenario, el único modelo que sale a día de hoy de Almusafes sin fecha de caducidad es el Kuga. Todo lo que no sea inversión en el eléctrico deja a Almussafes sin un futuro garantizado a medio y largo plazo.

Francia, Alemania, Austria, Suiza, Países Bajos, Croacia, Hungría, Liechtenstein o Eslovaquia están en el foco de los supervisores europeos ante los crecientes desequilibrios de sus mercados residenciales. Y el riesgo no es sólo que la situación estalle en esos lugares, sino que acaben contagiando a otros países en los que el escenario no es tan extremo, como es el caso de España. En este sentido apuntaba el reciente Informe de Estabilidad Financiera publicado por el Banco de España, en el que advierte de que «la posibilidad de una cierta transmisión de los efectos de los desequilibrios inmobiliarios dentro del área del euro supone una fuente de riesgo relevante para el sector bancario español», por lo que «es necesario evaluar la disposición de los recursos de absorción de pérdidas suficientes». El coronavirus supuso el inicio de una fiebre global por comprar casas que ha llevado los indicadores de compraventas, hipotecas y precios a niveles que hace años que no se registraban. El aumento del ahorro en los confinamientos, el teletrabajo, las facilidades de financiación, la escasez de mano de obra y de materiales de construcción, junto con la escasez de la oferta y los elevados alquileres han conjugado un caldo de cultivo que ha exacerbado la demanda mundial y, consecuentemente, también los precios de las casas.

El Gobierno prevé un fuerte aumento de la recaudación a pesar de las incertidumbres sobre la economía y la bajada de impuestos sobre la luz. El Programa de Estabilidad presentado a Bruselas prevé que los ingresos tributarios de las administraciones aumenten en 80.000 millones de euros, o un 31%, en 2023 respecto a 2020. La inflación es el mejor combustible para la inyección que supone el IVA. La proyección oficial está sujeta a los nuevos riesgos de la economía. La economía española transita por un sendero repleto de incertidumbres. La guerra de Ucrania, la crisis energética, el fantasma de la inflación y la previsible retirada de los estímulos monetarios a partir del verano amenazan con frenar el ritmo de recuperación. Pero tras estos nubarrones aparecen otros factores que permiten afrontar el futuro con algo más de confianza. Así lo ha comunicado el Gobierno a la Comisión Europea en el Programa de Estabilidad 2022-2025, una suerte de brújula de la política económica española para los próximos años. En el documento remitido el pasado viernes, el Ejecutivo calcula que ingresará cerca de 80.000 millones más entre 2021 y 2023 sin adoptar subidas de impuestos significativas.

La desaceleración del crecimiento económico en el primer trimestre del año, que pasó de registrar un avance del PIB del 2,2% a solo el 0,3%, no ha pasado factura a los ingresos públicos. Lejos de ello, espoleada por la inflación, la recaudación tributaria se disparó un 20% en el primer trimestre del año, arrojando unos recursos de casi 55.000 millones de euros a las arcas públicas, la cifra más alta de la de toda la serie histórica para este periodo del año. Un salto que la propia Agencia Tributaria achaca ya al efecto del alza de precios y su eco en los salarios, lo que ha propiciado incrementos de dos dígitos en los ingresos de IVA o IRPF. “En el conjunto del primer trimestre los ingresos totales crecieron un 20,2% respecto al mismo trimestre de 2021”, en el mayor incremento internanual de la serie, “como resultado de un aumento del 15% en los ingresos brutos y una disminución del 4,4% en las devoluciones realizadas”, explica la Agencia Tributaria, que detalla que la recaudación total fue de 54.749,4 millones. La cifra supera en casi 10.000 millones los 45.529,7 millones obtenidos en el primer trimestre del año pasado.

China es hoy día la única gran economía que mantiene su apuesta por una política de covid cero, que implica un cierre casi total de las fronteras, limitación de los movimientos y cuarentenas centralizadas. La aplica con dureza espartana por motivos sanitarios —su sistema de salud es aún muy débil, especialmente fuera de las grandes ciudades, y se colapsaría ante un gran número de casos—, pero también políticos: a lo largo de los dos últimos años, le ha servido de argumento para defender la superioridad de su sistema de gobierno frente a las democracias occidentales. La estrategia de cero covid le permitió ser el primer país en salir de la primera ola de la pandemia y reflotar su economía. Ahora, el cierre de Shanghái, el corazón económico del país, le acarrea su primer gran desafío. Para este año el Ejecutivo se había marcado el ambicioso objetivo de un crecimiento “en torno” al 5,5% del PIB. Pero a la luz de las consecuencias de los confinamientos totales o parciales, que según Nomura afectan a 343 millones de personas —la cuarta parte de la población— en 46 ciudades, los analistas consideran complicado que pueda conseguirlo y numerosas entidades han recortado sus previsiones. El Fondo Monetario Internacional anticipa ahora un 4,4% para todo el año, frente al 4,8% que preveía en enero.

La Unión Europa avanza hacia un embargo al petróleo ruso. La medida, que será progresiva y no inmediata, estará hoy sobre la mesa del colegio de comisarios y dependerá del visto bueno final de los Veintisiete. El Gobierno húngaro de Orbán, cercano a Putin, ha expresado su rechazo frontal a la medida, pero esta podrá ser acordada y puesta en marcha por el resto de países. El embargo responde al corte unilateral por Rusia del flujo de gas a Polonia y Bulgaria. Con las relaciones entre Rusia y la UE al borde del abismo energético, Bruselas se enfrenta a una semana de decisiones casi existenciales, que marcarán un antes y un después en el suministro de carburantes a Europa, y muy probablemente cambiarán su rumbo para siempre. El debate comunitario se ha ido calentando en los últimos días por dos conductos que discurren en paralelo: el gas y el petróleo. Rusia amenaza con cortar el gas que llega a la UE, tras haber cerrado la semana pasada la manija de las tuberías que surtían de este carburante a Polonia y Bulgaria. Y ahora Bruselas valora cómo proceder con el siguiente paquete de sanciones económicas para impactar donde más puede dolerle al Kremlin: decretando un embargo al petróleo ruso, cuya venta supone, en tiempos de paz, una inyección de cerca de 48.000 millones de euros anuales al régimen de Vladímir Putin, según Eurostat.

Entrevista con Martin Wolf, comentarista jefe de Economía del Financial Times. "Las sanciones sin duda empobrecerán a Rusia y empequeñecerán su economía; deteriorarán los sectores que dependen de importaciones occidentales, como es el caso del ejército o de la aviación. Las sanciones funcionarían mejor si fueran más estrictas e incluyeran el gas, pero nunca serán totalmente impermeables, porque Rusia puede comprar por ejemplo a través de China. El gas que Rusia exporta a la UE es sólo un 8% del total de sus entregas, y no podemos sumar a todo el mundo en un embargo. Rusia es casi invulnerable: siempre va a encontrar comprador para los carburantes, así que, si el objetivo de las sanciones es frenar pronto esta guerra, parece muy difícil a no ser que desestabilices a la élite en torno a Putin, a su círculo reducido de confianza. La apuesta de Putin con la guerra es demasiado grande y todavía tiene opciones de presentarla como una victoria, basta con que conquiste el Este y el Sur de Ucrania. Las sanciones no cambian las políticas, véanse las de Donald Trump en su guerra comercial con China o todas las que se han impuesto a Irán. Las sanciones sólo funcionan si el apoyo al régimen es débil, en casos concretos como en la Sudáfrica del apartheid..."

El Departamento de Educación convocará a lo largo de este año más de 6.300 plazas en diferentes ofertas de empleo público (OPE). Más de la mitad de los puestos irán dirigidos al personal docente con 4.357 plazas. Casi mil (985) se destinarán para el personal laboral y otras mil plazas son para la denominada tasa de reposición de este 2022. Estas son las cifras a las que ha llegado el departamento encabezado por Jokin Bildarratz tras haber hecho sus cuentas y después de revisar toda la letra pequeña del Real Decreto del pasado 12 de abril aprobado por el Consejo de Ministros por el que se buscaba la salida a concurso y adjudicación pública de las actuales plazas de profesores con contratos temporales y que termina por convertir en funcionarios a quienes ya son interinos. De este modo en cada una de las convocatorias para cubrir las plazas vacantes se distinguen tres opciones: concurso de méritos, concurso oposición no eliminatorio y concurso oposición ordinario. En el primero –méritos– se tratará de plazas generadas antes de 2016 y ocupadas por personal temporal o puestos ocupados por el personal interino que está trabajando antes del 1 de enero de 2016.