20221024

El grupo de equipos eléctricos Ormazabal, a través de Ormazabal Electric, ha pedido al Banco Europeo de Inversiones (BEI) financiación para llevar adelante sus planes de inversión en innovadores equipos para desarrollar y digitalizar las redes eléctricas, además de para integrar energías renovabales y adaptar las redes a la nueva movilidad eléctrica. La compañía calcula que estas inversiones en I+D rondarán los 80 millones de euros, y que el BEI podría aportarle préstamos que cubran la mitad de este importe: 40 millones. Ormazabal está integrado con Ikusi en Velatia, corporación en la que trabajan 3.300 profesionales y a la que pertenecen también Wec, Straternergy, Smarmec, Gosa e Idistek. En su solicitud al organismo financiero europeo, el grupo vasco explica que las actividades de investigación y desarrollo se realizarán en sus actuales instalaciones, por lo que no prevé un impacto medioambiental negativo. Ormazabal cuenta con 16 centros productivos en el mundo, y tiene presencia en unos 50 países. El 60% de su mercado está fuera de España. En 2021, facturó 525 millones, un 13% más. Sus responsables dan por hecho que la innovación tecnológica es esencial para el desarrollo de su negocio y supone “una garantía de continuidad”. Tradicionalmente, el grupo destina el 4% desus ventas a I+D. En los últimos 5 años, Ormazabal ha invertido 85 millones en I+D, desembolso que le permite hoy en día disponer de 300 patentes y registros de propiedad. También cuenta con un laboratorio de 2,5 GW conectado a una red experimental real, a fin de realizar pruebas de tecnologías, productos y aplicaciones sin interferir en la red eléctrica real.

Entrevista con César Moñux Chércoles, director general de Michelin Vitoria. Analiza el “complejo” escenario económico teniendo presente su reto de “entregar esta planta a la siguiente generación” y sin olvidar que de sus decisiones depende que 16.000 familias “sigan disfrutando de la muy buena calidad de vida de Vitoria”. "Si revisamos el año, en el primer trimestre empleamos nuestro calendario variable, desactivando cuatro jornadas para hacer frente al conflicto de Ucrania y la crisis de transportes. En el verano no activamos algunas jornadas y desactivamos otras cuatro. En septiembre, de nuevo se desactivan cuatro días y es cuando se le empieza a dar más publicidad, porque además de esas jornadas ya prevemos el contexto que tenemos. Se trata de un año especialmente complejo, que estamos siendo capaces de abordarlo gracias a la flexibilidad de nuestro calendario variable acordado con la parte social...Las personas están trabajando menos, pero reciben el mismo salario a final de mes. Lo que estamos haciendo de forma contable es adelantar unos salarios a cambio de que en el futuro ellos nos devolverán esas jornadas. Es como una deuda que estamos creando. No se recurre a dineros de fondos públicos para abordar estas bajadas. Los que son responsables y buscan un empleo estable y de calidad hacen que logremos estos calendarios. Esa flexibilidad es fundamental. Nos permite adaptarnos al mercado, porque necesitamos ser competitivos en nuestra producción a corto plazo...El contexto de incertidumbre es el que nos está llevando a cuestionar decisiones. El contexto de 2023 no es fácil. Añadiría algo más, y es que las crisis no están siendo consecutivas, sino que se están solapando y sobreponiendo..."

El presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, está contando los días para renovar su cargo al frente de la organización empresarial. Las elecciones patronales serán el próximo 23 de noviembre, pero los conatos que ha habido hasta ahora para que surjan nuevas candidaturas que opten a disputarle el puesto, lejos de calmarse, se han reavivado en los últimos días. Sin ir más lejos, el pasado viernes el presidente de la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto), Gerardo Pérez, retomó públicamente su intención de disputar a Garamendi la presidencia de CEOE, después de que pareciera que su candidatura alternativa se había desinflado. Aseguró que continúa “valorando seriamente” presentar su candidatura al considerar que él, en mayor medida que Garamendi, podría “revertir” la actual situación que vive la patronal y “ser capaz de dar cabida a todos dentro de los órganos de CEOE”, sugiriendo nuevamente que la organización patronal adolece de falta de escucha interna. Y recordó que puede presentar su candidatura hasta el 8 de noviembre. El presidente de Faconauto no solo volvió a postularse en una entrevista en RTVE, sino que deslizó que también podría haber un tercer candidato en las elecciones a la cúpula empresarial: el presidente de Cepyme y único vicepresidente nato de la patronal, Gerardo Cuerva. Era un secreto a voces que el líder de Cepyme viene recibiendo desde el verano fuertes presiones de varias organizaciones importantes de la patronal, lideradas por la catalana Foment del Treball y, sobre todo, por su presidente, Josep Sánchez Llibre, para que dispute el cargo a Garamendi.

Commonwealth Wind es uno de los grandes proyectos que Iberdrola desarrolla en Estados Unidos a través de Avangrid, su filial en el país. La empresa se adjudicó a finales del pasado año acuerdos a largo plazo para comercializar la futura energía que produzca el mayor parque eólico marino de Nueva Inglaterra hasta la fecha, con 1.232 megavatios y una inversión de 4.000 millones de dólares. Ahora, sin embargo, pide renegociar los contratos porque advierte de que el proyecto no es viable en las condiciones acordadas. Avangrid, a través de la propia sociedad Commonwealth Wind LLC, ha registrado de momento una moción ante el Departamento de Servicios Públicos de Massachusetts en la que pide una suspensión de un mes en los procedimientos de revisión de esos contratos de adquisición con las compañías de distribución para poder replantear un proyecto con el que asegura seguir “comprometida”. “Una suspensión de un mes de estos procedimientos permitiría a las partes considerar los desarrollos altamente relevantes que han ocurrido” desde la firma de los contratos, que finalmente se produjo en abril. “En particular, esta suspensión permitiría a las partes examinar el efecto de los aumentos sin precedentes de los precios de las materias primas, las subidas de los tipos de interés y la escasez de suministro en la viabilidad general del proyecto de generación eólica marina de Commonwealth Wind”, añade la moción, “incluyendo si sigue siendo económico y si puede financiarse con las condiciones actuales”.

Buzones Arregui ha firmado un acuerdo con Amazon que ha convertido a la empresa de Orio en el primer agente autorizado en España para instalar Amazon Key, el sistema de acceso a portales que la multinacional norteamericana está extendiendo por todo el mundo para la entrega de paquetes cuando el comprador no está en el domicilio. El acuerdo, firmado en septiembre, supone una gran oportunidad de negocio para Arregui porque se le abre la oportunidad de colocar sus buzones ‘inteligentes’ para paquetes allí donde la compañía de Jeff Bezos obtenga permiso de los vecinos para que sus repartidores accedan a la comunidad. En consecuencia, Amazon y Arregui van de la mano en un mercado que crece a pasos de gigante impulsado por las ventas de productos de todo tipo a través de internet. En palabras de Amaia Ibáñez, directora comercial de la firma, «es una palanca para hacernos eco en un mercado en pleno crecimiento y exponer el binomio perfecto, el control de accesos de Amazon y nuestra solución de paquetería». El sistema, como explica Gorka Urbieta, CEO de Arregui, es sencillo. Los repartidores disponen en su móvil de una aplicación que conecta con el dispositivo instalado en el interior del portero automático y cuya finalidad es reconocerlos como empleados de Amazon. Una vez lograda la autenticación, el repartidor entrará en el portal y depositará los paquetes en los buzones. Estos no tienen por qué ser de Arregui, la comunidad de vecinos puede optar por otra firma, pero la empresa guipuzcoana contará con ventaja al ir de la mano de Amazon.

El sector del metal necesitará en los próximos años unos 150.000 trabajadores formados en distintas áreas para cubrir la demanda presente y futura de sus empresas, desde soldadores y electricistas a especialistas en tecnologías 3D y robótica, según los cálculos de la patronal del metal Confemetal, recogidas en un estudio sobre ‘Necesidades de competencias profesionales y aprendizaje del metal en España’. Este estudio detalla los perfiles de trabajadores que requiere la industria (tornería, fresado, matricería, soldadura y fundición; digitalización, automatización o tecnologías 3D) y servirá de base para el futuro plan de formación que va a diseñar Confemetal junto a CCOO y UGT.

Las economías se preparan para el cambio de ciclo. El viraje hacia menores tasas de crecimiento, un fenómeno con la inflación, la crisis energética y la geopolítica como componentes estructurales, ya ha comenzado. El alcance de las dificultades es objeto de análisis por parte de economistas y dirigentes, pero el punto de partida ante lo que llega es también fundamental. Desde 2021, la reactivación general de la economía ha permitido retomar, aunque no totalmente, los patrones de crecimiento previos a la pandemia. Y la economía vasca, que también experimenta ya síntomas de enfriamiento, se está asentando, sin embargo, sobre pilares que invitan a pensar que pueden ayudar a amortiguar un golpe severo. Pese a las incógnitas sobre la evolución de los próximos meses, los indicadores reflejan una mejora general en 2022. 

Entrevista con Concha Andreu Presidenta del Gobierno de La Rioja. La autorización del Gobierno vasco que esta semana ponía los cimientos de la nueva Denominación de Origen (DO) Viñedos de Álava ha generado el enésimo terremoto en el sector vitivinícola, con doble epicentro en Vitoria y en Logroño, sede del Consejo Regulador de la DOCa Rioja, la marca española con mayor proyección internacional del gremio. La polémica dura al menos seis años y arrastra una sucesión de recursos administrativos y la judicialización del conflicto. Tres Ejecutivos (los de La Rioja, Euskadi y Navarra) tienen voz (no voto) en el órgano de Gobierno del ‘Rioja’. Y es ahí donde Concha Andreu (Calahorra, 1967) piensa que debería dirimirse el embrollo. «Lo que tenemos que hacer es estar con el sector», subraya. Aunque eso sí, la presidenta riojana, enóloga de profesión, no oculta que echó de menos una llamada de cortesía del Gobierno vasco previa a la publicación de la orden en el boletín. «Hubiera sido un gesto que nos hubiesen avisado con antelación», admite. En todo caso, conciliadora, aboga por «acabar con todo este ruido. Si es necesario me tomaré un mosto con el lehendakari, que creo que no bebe vino, para hacérselo ver. Si hay que mejorar algo, que sea dentro del Consejo Regulador», refuerza.

Iñigo Urkullu volverá a escenificar este jueves la firme apuesta de su Gobierno por potenciar la presencia internacional de Euskadi. Y lo hará abriendo de par en par las puertas de la nueva delegación del Ejecutivo autonómico que, dentro de su Estrategia Marco de Internacionalización Euskadi Basque Country 2025, se inaugurará en París con un acto institucional. Está previsto que la maquinaria de la oficina, que dirigirá Arantza López de Muniain Zulueta –y en la que trabajarán cinco personas–, funcione a pleno rendimiento a principios del próximo mes de enero. La apertura de la nueva sede en la capital francesa supone un espaldarazo y refuerza la imagen del Gobierno Vasco en el exterior, precisamente, en un país que mantiene fuertes vínculos económicos y políticos con Euskadi. Y es que uno de los objetivos que tiene la nueva delegación es, además de dar a conocer la Comunidad Autónoma Vasca, acompañar a administraciones, empresas, agentes del mundo educativo, cultural, tecnológico o de cualquier otro ámbito, en sus procesos de internacionalización. Así, la sede se encargará de la representación de Euskadi en lo que se refiere a «la defensa y promoción de intereses multisectoriales, las relaciones con las colectividades vascas y la cooperación al desarrollo». Con la delegación en París –el edificio está ubicado en la Rue des Mathurins, 39, en pleno centro parisino– el Gobierno Vasco apuntala así su estrategia en Europa, ya que la nueva oficina se suma a la que el Ejecutivo vasco, que entonces presidía José Antonio Ardanza, inauguró en Bruselas en 1996 (en 1994 se aprobó el decreto de creación). La primera de todas ellas. A lo largo de todos estos años se han ido sumando otras seis más, principalmente en América: Nueva York, México, Buenos Aires, Santiago de Chile y Bogotá (desde estas dos últimas se atiende a Perú) y Madrid.

Un 7% de las hipotecas a tipo variable van a experimentar tal incremento que los propietarios no podrán hacer frente a los pagos. Así lo estiman los expertos, que piden medidas de ayuda.Los bancos y el Ministerio de Economía ultiman los detalles de las medidas de alivio para aquellas familias que tengan problemas para llegar a fin de mes por culpa del encarecimiento de las hipotecas. Según las líneas generales que se han marcado para establecer el ‘colectivo vulnerable’, en Euskadi habría 7.963 hipotecas sobre las que pesa un riesgo de impago. Son aquellos créditos con una cuota que puede incrementarse más de un 30% y cuyo pago suponga más de un 40% de los ingresos de hogares cuyas rentas no superen los 24.318 euros anuales. La estimación que hace la Asociación Hipotecaria Española (AHE) es que un 7% de los 113.755 créditos a tipo variable para compra de vivienda habitual firmados en Euskadi desde 2012 podrían incurrir en esa situación. El euríbor, el índice de referencia para las hipotecas, ha escalado hasta el 2,5% frente al -0,5% de hace un año. Una diferencia que puede elevar hasta en casi 200 euros mensuales la cuota de una hipoteca variable. Las personas que estén en el ‘colectivo vulnerable’ podrán acogerse a moratorias y alargamiento de plazos de hasta 5 años, sin superar los 40 años de cómputo para la devolución completa del préstamo. Las entidades financieras vascas no ven con preocupación el escenario, aunque reconocen una «vigilancia permanente» del mercado que aflorará provisionamientos en los balances en las próximas presentaciones de resultados. Por lo que pueda ocurrir. El ratio de mora de Kutxabank está en el 1,86% y el de Laboral Kutxa en el 2,86%, muy por debajo de la media de la banca nacional, que, sin ser preocupante, está en torno al 4%.

«Malestar, descontento, enfado...» es lo que transmitieron ayer decenas de comerciantes durante la manifestación que protagonizaron en Donostia contra la forma de implantar el TicketBai por parte de la Diputación de Gipuzkoa. Una protesta convocada por Dendartean, la asociación de comerciantes que aglutina a más de 2.600 afiliados, y que partió de la Plaza de Gipuzkoa tras una pancarta que rezaba ‘TicketBai, horrela ez’. El presidente de Dendartean, Amador Biteri, indicaba que se quiere demostrar «nuestra disconformidad con el proceso establecido para la implantación de este sistema digital de facturación, cuyo proceso, plazos... perjudicará seriamente a los pequeños negocios». Y es que apuntan que «no es el momento adecuado para entrar en este sistema cuando todavía el sector no se ha recuperado del fuerte impacto del covid, con caídas de ventas considerables, y a las que ahora se añaden aumentos de costes, pérdidas en el poder adquisitivo del consumidor y la existencia de brecha digital en el sector». Quiere dejar claro que no están en contra de que haya por parte de la Hacienda guipuzcoana un control riguroso de las facturas, porque el pequeño comercio aporta todos los tickets de ventas en estos momentos», al tiempo que lamenta el perjuicio económico que supone el desembolso para la implantación del sistema informático y el hardware. «Las ayudas son insuficientes porque además de la inversión inicial hay que afrontar el pago de las cuotas de mantenimiento del software, lo que puede provocar un fuerte quebranto económico en el sector». 

"...No hay fundamento contable ni económico alguno en la reivindicación de unas mayores pensiones, ni siquiera la debida al deterioro sufrido con la escalada del IPC. Cualquier pretensión en esa línea solo tiene cabida como acceso a una subvención. Subvención, repetimos, y no automatismo del sistema o acceso a un derecho adquirido. Hablemos a continuación del resarcimiento de la erosión adquisitiva de los salarios debida a la inflación y a la pretensión de que se corrija dicha merma con una subida de los referidos salarios en porcentaje igual al índice de depreciación salarial, esto es, del IPC. Los salarios, en estricta ortodoxia económica, no pueden definirse o ajustarse según la evolución de la inflación sino en función exclusiva de la productividad marginal del trabajo. Romper esa regla amenaza la viabilidad de la empresa. Presionar a las empresas a subir los salarios en la cuantía del alza del IPC significa expulsar del mercado a todas las que no puedan compensar con alzas de productividad la corrección al alza de los salarios. Solo una parte podrán hacerlo. Que los sindicatos o el Gobierno conminen a las empresas a hacerlo es obligarlas a subvencionar una externalidad negativa que no les compete a ellas y que entra de lleno en el ámbito presupuestario. De hacerse, se cargaría a las empresas con un impuesto larvado: una subvención. En resumen, distingamos claramente lo que es una reclamación técnicamente justa de lo que es una reivindicación social en busca de nuevas conquistas monetarias. Esto último tiene un nombre: subvención. Reclama usted una subvención, no un derecho..."

El sistema de pensiones de la Seguridad Social está lleno de trampas, y por ahí se desangra. Entre otras cosas, porque los diferentes gobiernos tardan mucho en eliminarlas. Un síntoma de ello es lo que ocurre con la enorme diferencia que hay en la cuantía, entre las pensiones que se dan de alta de los nuevos jubilados, y las que se dan de baja por el fallecimiento del beneficiario. Así, la cuantía de la pensión media de los trabajadores que se jubilan es cerca de un 30% más elevada que la media de las que deja de pagar la Seguridad Social por fallecimiento. Hasta agosto de este año, la prestación media de alta en la jubilación era de 1.424,67 euros mensuales. Esta cifra es un 28,71% más elevada que la media de las que se dieron de baja en dicho mes por fallecimiento, que fue de 1.106,80 euros mensuales. Es verdad, sin embargo que, a partir de 2020, la diferencia entre una pensión y otra de jubilación ha bajado del 30%, por primera vez en la historia reciente de la Seguridad Social. Claro que la explicación a este hecho puede estar en que, a partir de la epidemia del coronavirus, las oficinas de la Seguridad Social se bloquearon por esta razón y por la falta funcionarios. Por lo tanto, es un hecho que se ha ralentizado mucho el reconocimiento de las nuevas pensiones, y esto influye en el registro de sus cuantías. Como se aprecia en el gráfico, la diferencia llegó a ser en 2015 del 42%. Entonces, la media de la pensión nueva de jubilación fue de 1.342,94 euros mensuales frente a la de 943,86 euros de la media de rentas que se daban de baja. 2015 fue el segundo año en el que las pensiones subieron tan solo un 0,25%, como consecuencia del Índice de Revalorización de las Pensiones, que puso en marcha el Gobierno de entonces, del PP.

La crisis desatada entre el Gobierno y CEOE, a raíz del aumento por sorpresa de las bases máximas de las cotizaciones y las exigencias de un 2023 electoral, amenaza con truncar el Estatuto de los Trabajadores (EdT) del Siglo XXI, uno de los proyectos estrella del Gobierno para esta legislatura en materia laboral. La semana pasada, Díaz señaló a la patronal por «bloquear» todas las negociaciones abiertas con Gobierno y sindicatos, tanto para la regulación del trabajo de becarios en las empresas como los salarios. Los empresarios desmienten a Díaz, asegurando que las negociaciones dan resultados en firmas de convenios como el de la seguridad privada del pasado viernes y que, en referencia a la inminente aprobación del Estatuto del becario, no pueden pactar lo que no comparten. Con todo, y a falta de la celebración de elecciones a la presidencia de CEOE el próximo mes de noviembre, el clima de enfrentamiento es tal que ni siquiera fuentes sindicales dan como probable que pueda ya abordarse con un mínimo de probabilidades el nuevo Estatuto de los Trabajadores. «A estas alturas, pensar en una convocatoria para ahora o los próximos meses sería postureo», reflexionan en el lado sindical en referencia a una negociación cuyo resultado sería más marcar posiciones ideológicas en un año electoral que registrar avances concretos. «Que legislen lo que tengan que legislar», concluyen en referencia a que está descartado también por el lado de estas organizaciones cualquier acuerdo tripartito.

La renta disponible bruta de los hogares fue un 3,5% superior a la de 2019 durante la primera mitad del año gracias al buen comportamiento del empleo y a un moderado despegue de los salarios tras años muy planos. Sin embargo, la inflación es un monstruo que da dentelladas muy profundas: una vez se resta la evolución de los precios, en realidad la renta real de las familias cayó un 6% en el primer semestre de este año respecto al mismo periodo de 2019, según cálculos de María Jesús Fernández, analista de Funcas, a partir de datos del INE. Se trata de un desplome muy fuerte que se ha producido en un tiempo relativamente rápido y que equivale a la mitad de todo lo que se hundieron las rentas reales de las familias en los siete años de la Gran Recesión, entre 2008 y 2014. Entonces, con una inflación más atenuada, la crisis se concentró en los que perdieron el empleo o vieron recortado sus salarios. En esta ocasión, el impacto, aunque más rápido, está siendo bastante más repartido; si bien se ceba sobre todo con las rentas bajas, que son aquellas cuya cesta de la compra está en mayor medida expuesta a la inflación y que disponen de un menor ahorro acumulado. En definitiva, pese a que las familias se han recuperado de la pandemia y cuentan con más euros, estos valen menos y, por tanto, dan para comprar cantidades menores.

Los médicos, a través de la asociación Unipromel, denuncian a las aseguradoras de asistencia sanitaria por prácticas abusivas. El presidente de Unión Médica Profesional, Ignacio Guerrero, afirma que “el médico español de la sanidad privada es el peor pagado de Europa y, probablemente del mundo desarrollado”. Guerrero, que extiende la denuncia de malas prácticas a los hospitales, se ha reunido con los representantes de las aseguradoras para trasladarles sus quejas. Adeslas, Sanitas, Asisa, DKV y Mapfre copan el 71% del seguro de salud, que en los nueve primeros meses del año ha alcanzado un volumen de primas de 7.915 millones de euros tras anotarse un crecimiento del 7,3%, el mayor de todos los ramos. “Llevan 32 años sin revisarse los baremos que fijaron unilateralmente las compañías y el precio de la primera consulta sigue por debajo de los 20 euros, el de una revisión es inferior a los 10 euros, y las sucesivas no se pagan. Su hora, a precios de mercado, rondaría los 100 euros”, afirma el presiden de Unipromel, que cuenta con 10.000 médicos asociados, según sus datos. Estas cifras contrastan con los 35 euros que las compañías pagan por las consultas de revisiones en Portugal o Grecia; los 40 de Francia; 50 de Alemania; los 100 de Países Bajos y los 120 de Reino Unido. Añaden que lo que cobra uno de estos médicos privados en España es hasta 4 veces inferior a lo fijado en los baremos de la sanidad pública.

«Creo que puedo ofrecer mucho, pero desgraciadamente este no es el momento adecuado». Con esta sentencia ponía fin Boris Johnson a su campaña para repetir como primer ministro del Reino Unido. Publicó su renuncia a las 22.15, hora española, de ayer. Rishi Sunak y Penny Mordaunt, si logra más de cien apoyos, son ya los únicos candidatos declarados. El anuncio llegó tras una jornada de especulaciones sobre la capacidad de Johnson de sumar los cien votos necesarios para las 15.00 horas de hoy. Sus colaboradores garantizaban que ya los tenía, y en su comunicado el político británico anotaba que había «superado el gran obstáculo de tener 102 nominaciones», incluyendo a los dos patrocinadores. «Creo que estoy bien colocado para lograr una victoria de los conservadores en 2024», afirmó anoche. Justificó su tentación de presentarse como candidato a sustituir a Liz Truss en que «lideré a nuestro partido a una masiva victoria electoral hace menos de tres años y creo por eso que estoy en la mejor posición para evitar unas elecciones ahora». No es, por tanto, una despedida. La oposición y medios de comunicación han demandado unas elecciones anticipadas como consecuencia del desorden final del Gobierno de Johnson y del rápido colapso del Ejecutivo liderado por Truss. Próximos al ex’premier’ ya defendían estos días su candidatura porque, según ellos, daba continuidad a la legitimidad de los conservadores para continuar en la gobernación del Reino Unido.