20230112

«El problema de las empresas no es tanto de financiación o de coste del crédito –aseguró Josu Sánchez en una comparecencia ante los medios de comunicación–, sino de incertidumbre respecto a los márgenes de negocio». Pese a las incertidumbres, la inflación, las dudas sobre la seguridad del suministro energético y sus costes, la inversión de las empresas en el País Vasco mantiene un buen tono. Incluso el temido aumento de los tipos de interés tampoco parece una barrera insuperable. «No creemos que el aumento de los tipos de interés del crédito vaya a poner en peligro la mayor parte de los proyectos de inversión que existen en el País Vasco», señalaron ayer los máximos responsables de Elkargi, su presidente, Josu Sánchez y el director general, Zenón Vázquez. Su observatorio es privilegiado. Elkargi es una sociedad financiera dedicada fundamentalmente a la concesión de avales, propiedad de 22.600 socios –tanto empresas como autónomos– del País Vasco. La entidad tiene un amplio respaldo de la Administración, una gran implantación en el segmento de pequeñas y medianas empresas –las que tienen más dificultades para obtener créditos– y ha sido el instrumento elegido por el Gobierno vasco para gestionar los ‘préstamos Covid’, que ayudaron a superar las tensiones de tesorería generadas por el confinamiento y la interrupción de la actividad económica. Los datos de Elkargi de 2022 demuestran, precisamente, que la inversión en las empresas vascas ha mantenido una senda de crecimiento. Algo que revela también que hay expectativas de negocio. Así, la entidad concedió el pasado año avales por un importe total de 455 millones de euros, lo que supuso un aumento del 23%. Algo más de la mitad, el 53%, se destinaron a proyectos de nuevas inversiones y este capítulo experimentó un crecimiento del 12% en comparación con el ejercicio anterior. A finales de año Elkargi mantenía una cartera viva de avales por un importe total de 1.700 millones de euros.

Que la aeronáutica es un sector estratégico en la industria vasca es un hecho que atestigua la presencia de proveedores de primer nivel internacional (Tier1), como ITP Aero, Aernnova o las plantas en Euskadi de Aciturri, para los grandes constructores de aviones. Así no es de extrañar que el Programa Tecnológico Aeronáutico (PTA) haya repartido 42,9 millones de euros entre proyectos que tienen presencia de empresas vascas. Suponen el 36% del total de los 118,2 millones que esta herramienta ha repartido en sus dos primeras convocatorias. La segunda y más importante (dotada con 78 millones en ayudas directas) ha sido resuelta de modo definitivo el mes pasado. Según el documento, de los 31 proyectos seleccionados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, ocho están liderados por empresas desde Euskadi, lo que supone un 25% del total. El PTA es la vía elegida por el Gobierno de España para trasladar parte de los fondos europeos del PERTE Aeroespacial a la tarea de transformar la industria aeronáutica. Unas inversiones que las empresas del sector venían reclamando al Ejecutivo central para afrontar la fabricación de aviones, la revolución en la que la automoción está ya inmersa con el coche eléctrico. Las empresas vascas que recibirán subvenciones de los fondos de la UE son un total de once: ITP Aero, Aernnova, Ingeteam, Danobat, Sisteplant, Egile, Graphenea, Mecanizados Vitoria, Kendu, Izadi Mecanizados y Aciturri, que tiene instalaciones en Álava.

BasKeep, la primera aplicación que conecta empresas vascas industriales con futuros inversores, cuenta, tras un año en marcha, con 50 empresas industriales vascas registradas y más de 80 inversores, de los que casi el 90% son de Euskadi y buscan pequeñas empresas de automoción, máquina herramienta y medioambiente, informó ayer Spri. En un comunicado, la agencia vasca de desarrollo empresarial del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco dio a conocer esta información después de que se hayan recopilado y analizado los primeros datos de la plataforma con el objetivo de descubrir los perfiles e intereses de inversores y empresas registradas, tras un año desde el lanzamiento de BasKeep y tras un “gran aumento de registros de inversores en últimos meses”. Entre sus principales conclusiones, destaca que el 88% de los inversores registrados en BasKeep son de Euskadi, la mayoría son individuales o empresas industriales y buscan pequeñas empresas, de no más de 10 millones de euros de facturación y de entre diez y quince empleados. Ver más vía Confebask Canal Industria Inteligente. 

El convenio del Textil de Gipuzkoa, que ha llevado a sus trabajadores a 19 días de huelga, se desbloqueó ayer y se llegó a un acuerdo tras presentar las patronales del sector (Adegi y Federación Mercantil) una nueva propuesta que contempla subidas salariales ligadas al IPC, regulación de las jornadas de trabajo y medidas de compensación por la digitalización. ELA, que tiene el 85% de representación en el sector, y aglutina a 2.700 trabajadoras, calificó ayer el acuerdo de «histórico» y lo achacó a las «movilizaciones». El pacto, como adelantó este medio en su versión digital, se alcanzó ayer al mediodía cuando la central dio el visto bueno a la nueva propuesta de las patronales, a la que se adhiere asimismo LAB. Según explica Amaia Pintado, responsable de Comercio de ELA, la última propuesta de la patronal incluye la recuperación del IPC entre 2010 y 2021 (14,1%), ya que el convenio anterior estaba impugnado y algunos trabajadores no habían tenido subidas salariales. Además, desde 2022 y hasta 2025 se garantiza un incremento salarial del IPC. Así, en 2022 será del 4,5%, y este ejercicio del 5%, mientras en 2024 y 2025 será del IPC más el 1,4% en cada uno de los ejercicios con el objetivo de recuperar la diferencia entre la inflación de los dos años anteriores y la subida pactada. Además de este incremento salarial que Pintado califica de «importante», se incluye un plus de 100 euros al mes para compensar el incremento de funciones y tareas derivadas de los nuevos procesos de venta en aquellas empresas de más de 250 trabajadores. 

Tras conocerse la sentencia, el IMQ destaca que "ni existió vulneración de derechos fundamentales, ni IMQ tenía obligación alguna de subrogar a las trabajadoras de la limpieza contratadas por Gizatzen para prestar sus servicios en la Clínica IMQ Zorrotzaurre". Así lo ha ratificado en sentencia firme y por unanimidad, el pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, estimando con ello en su totalidad las alegaciones presentadas por IMQ en recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dictada en marzo de 2022. "Corrigiendo tal sentencia, la resolución del Supremo considera probado que IMQ actuó de acuerdo a derecho en todos sus términos. Respecto a la supuesta vulneración de derechos fundamentales de las trabajadoras y del sindicato ELA esgrimida  en la demanda presentada por dicho sindicato, el Supremo resuelve con rotundidad a favor de IMQ considerando que ni se vulneró el derecho de huelga, ni el derecho a la tutela judicial efectiva, ni se produjo discriminación alguna por razón de sexo. En consecuencia, se anulan las indemnizaciones establecidas por este motivo por el TSJPV tanto para las trabajadoras como para el propio sindicato ELA. IMQ manifiesta su satisfacción con una sentencia que considera “viene a restablecer el buen nombre de nuestra compañía y a demostrar que actuamos en todo momento de acuerdo no solo a principios de legalidad, sino también de buena fe ante un conflicto que nos era ajeno. IMQ lamenta, al mismo tiempo, “el inmerecido daño de reputación e imagen que se ha provocado a nuestra compañía, así como la virulencia de un conflicto que nos ha causado no solo un grave perjuicio económico por las violentas actuaciones sindicales contra nuestras instalaciones y equipamientos, sino que, sobre todo, ha perjudicado a los trabajadores de IMQ, objeto durante este tiempo de presiones y amenazas, así como de manera especial a los pacientes y sus familias que han visto afectada la tranquilidad que requería el restablecimiento de su salud”.

La compañía Siemens Gamesa, fabricante de generadores eólicos y que tiene su sede en la localidad vizcaína de Zamudio, anunció ayer otra remodelación de su equipo directivo con la salida de su hasta ahora máximo responsable corporativo de Recursos Humanos, Javier Fernández Combarro. Su puesto será ocupado a partir del próximo 1 de febrero por Frank Coetzee, según anunció la compañía a la plantilla en un comunicado interno. Coetzee procede del equipo directivo de Siemens Energy, la compañía alemana que controla Gamesa y que aspira a tener el 100% de las acciones de la firma eólica, y asumirá la máxima responsabilidad en el área de Recursos Humanos en un momento clave para la compañía. La empresa ha anunciado recientemente un ajuste de su plantilla en todo el mundo, que afectará a 2.900 empleados, de los cuales 352 corresponden a España. Por otra parte, Siemens Gamesa ha nombrado un nuevo responsable de las operaciones de la empresa en España, labor que hasta ahora ejercía Fernández Combarro. Este papel lo asumirá Kerman Gabiola, que compatibilizará el cargo con la dirección de desarrollo corporativo de la compañía. Gabiola, que desarrolla sus funciones desde la sede del Parque Tecnológico de Bizkaia, es ingeniero industrial por la Escuela de Ingeniería de Bilbao y máster en Administración de Empresas por la London Business School.

El BEC cerró el año alcanzando su mayor impacto económico en el entorno, 135,3 millones de euros. La cifra supone casi triplicar los 45,5 millones que dejó en el Producto Interior Bruto (PIB) en 2021, y ligeramente por encima del balance arrojado en el anterior ejercicio con una Bienal de Máquina Herramienta, la de 2018, cuando llegó a 134,7 millones de euros. Más allá de esta cifra, que supone una recaudación para las Haciendas vascas de 17,2 millones de euros, el pasado año se desarrollaron 232 eventos en el recinto ferial que acercaron a 621.609 participantes y visitantes a Barakaldo, lo que supone un retroceso con respecto al año anterior, cuando tuvo 789.523 usuarios, pese a la vuelta estas navidades del PIN. Más lejos quedan aún las cifras de en torno a un millón de personas que se contabilizaban antes de la pandemia. Respecto al impacto económico, tres cuartas partes repercutieron en actividades ajenas a la feria, principalmente la hostelera, que absorbió 62,8 millones de euros. Le siguen los sectores del transporte, las actividades recreativas y culturales, y en una pequeña medida el sector del comercio. En cuanto a la recaudación propia de la actividad para el Bilbao Exhibition Centre y en cuestiones de publicidad, se llegaron a los 33,38 millones. Por categorías, las ferias sumaron 21 certámenes en los que participaron 2.138 expositores. Toda esta actividad supuso crear 2.664 empleos. En el calendario destaca especialmente la vuelta de la Bienal de Máquina Herramienta tras cancelarse la edición del 2020 por la pandemia. 

El Gobierno central evita garantizar que el veto de Rioja a Viñedos de Álava llegará este año. «Cada acto administrativo es susceptible de recurso, hay sucesivos trámites y deben seguir su propio procedimiento». Fue la escueta respuesta que ofreció ayer el ministro de Agricultura, Luis Planas, sobre la reforma para exigir que las uvas inscritas en Rioja se utilicen exclusivamente para elaborar vino de Rioja y su posible llegada a tiempo para la próxima vendimia. Se trata de una cuestión central después de que el Gobierno vasco publicara la protección transitoria para Viñedos de Álava, que permite crear un consejo regulador y etiquetar producciones para el mercado nacional acogidas a la nueva denominación. Esta DOP se encuentra en tramitación europea pese a estar recurrida en los juzgados. La iniciativa de Rioja pretendía poner las cosas más difíciles a las bodegas alavesas que decidieran inscribir sus viñedos, íntegra o parcialmente, en Viñedos de Álava, de forma que, si al año siguiente querían regresar a Rioja, no pudieran hacerlo al exigirse al menos una campaña en blanco. Hay que recordar, no obstante, que la creación del Consejo Regulador de Viñedos de Álava se encuentra aplazada sin fecha desde finales del pasado año, por lo que tampoco se han realizado grandes movimientos por la vertiente de Viñedos de Álava. Si bien es cierto que ABRA (Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa) ha constituido ya la comisión gestora, ni Gobierno vasco ni la Diputación han sido aún convocados para crear el nuevo ente coordinador.

Igartza Food Service, proveedor integral de alimentos para la hostelería, se expande por Euskadi tras la compra de Euskopan, distribuidora vizcaína de una gama de productos de panadería y pastelería, así como otros a temperatura ambiente y congelados, por una cifra que no ha trascendido. Algo de más de la mitad de la actividad de Euskopan (55%) son masas de pan congelado y el resto, productos de pastelería, marisco... Así, la firma radicada en el polígono Lanbarren de Oiartzun se hace fuerte, ya que con esta operación se asegura tener presencia en los tres territorios vascos. «La adquisición consolida la posición de Igartza como distribuidor líder de productos de alimentación en el País Vasco». Así se manifiesta a este periódico el gerente de Igartza Food Service, Omar González, que asegura que con esta adquisición cubren todas las categorías de su sector: «Pescado fresco, frutas y verduras frescas, productos congelados, refrigerados (lácteos) y secos (conservas y embutidos)». La empresa guipuzcoana, que facturó 19,5 millones en 2022 y tiene 60 empleados, se hace con la de Larrabetzu, cuyas ventas fueron de 10 millones y cuenta con 30 trabajadores. Los tres socios de Igartza Food Service vendieron la empresa en 2018 al gigante sudafricano de la distribución, Bidfood, aunque Igartza mantiene el arraigo en Euskadi, crea empleo y paga impuestos en nuestro territorio.

Un juzgado de Primera Instancia de Vitoria ha exonerado de una deuda de 570.000 euros a una empresaria alavesa que se arruinó con su negocio de locales de ‘vending’ y se acogió a la Ley de la Segunda Oportunidad. El magistrado considera que la mujer reúne las condiciones para que se le aplique la normativa aprobada en 2015 con el objeto de evitar que una persona o empresario arrastre un lastre de por vida al que no puede hacer frente. Por ello accede al perdón de la deuda, mayoritariamente suscrita con bancos, entre los que destaca Kutxabank con más de 400.000 euros, según el despacho ‘Repara tu deuda’. La emprendedora inició su negocio en 2006, cuando instaló tres locales con máquinas ‘vending’ para lo que solicitó préstamos bancarios. Al principio le fue bien y entonces pidió créditos hipotecarios para una vivienda en su ciudad y una casa en el campo. Pero con la llegada de la crisis económica en 2008, el negocio empezó a ir mal y su expareja perdió el trabajo. «El nivel de deuda de los negocios se tornó inasumible y tuvo que vender uno de los locales, venta que aún no ha cobrado y se encuentra en medio de un pleito con el comprador. Posteriormente vendió los otros dos locales», explica el abogado Toni Galvé. «También le ejecutaron las dos viviendas, pero las hipotecas eran de mayor valor que la casa, con lo que le quedó remanente por pagar. Para hacer frente a todo ello suscribió nueva deuda», añade. Se juntó con cerca de 571.000 euros en créditos al consumo, la mayoría de Kutxabank, Caixabank y Santander Consumer Finance. La empresaria recurrió entonces al proceso de Segunda Oportunidad.

Los concursos de acreedores ascendieron a 7.272 en 2022, un 24% más que en 2021 y una cifra récord en los últimos diez años. Cataluña concentró uno de cada cuatro procesos concursales. Según los últimos datos de Informa D&B, filial de información financiera de la empresa semipública Cesce, el pasado octubre se produjo el pico anual de procesos, con 896, mientras que septiembre fue el mes que presentó una peor evolución respecto a 2021, con un aumento de concursos del 112,5%. Javier Castresana, socio especializado en Reestructuraciones e Insolvencias de Allen & Overy, detalla que, en el contexto de la crisis sanitaria, las medidas de alivio aprobadas por el Gobierno, como los ERTE, la moratoria concursal o las líneas de crédito con aval del ICO, lograron contener el primer golpe. «Cuando ha acabado la moratoria concursal y estas empresas en crisis han tenido que afrontar obligaciones de pago de esas líneas ICO, no se ha producido en paralelo el repunte de actividad que se esperaba, y que no solo tenía que igualar los niveles precovid, sino superarlos. Por tanto, muchas sociedades se han visto abocadas a la situación concursal», explica. La inmensa mayoría de las compañías que presentaron concurso el año pasado, más del 86% del total, fueron microempresas (con hasta 10 empleados y un volumen de negocio anual menor a 2 millones de euros). Otro 12% de los procesos concursales correspondió a empresas pequeñas (menos de 50 trabajadores y con un volumen de negocio anual de menos de 10 millones).

El índice general de producción industrial (IPI) bajó un 1,8% interanual el pasado mes de noviembre, registrando así su mayor descenso desde octubre de 2021, cuando retrocedió un 3,1%, según informó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con la caída de noviembre, la producción industrial pone fin a seis meses consecutivos de ascensos interanuales. La tasa del penúltimo mes de 2022 fue casi cuatro puntos inferior a la de octubre, cuando este indicador subió un 2,1%. La producción de la industria energética fue la que más bajó en noviembre, al registrar un retroceso interanual del 9,8%. Les siguen los bienes de consumo duradero (-6,3%), los bienes intermedios (-2,9%) y los bienes de consumo no duradero (-2,1%). El único sector que incrementó su producción en noviembre de 2022 fue el de los bienes de equipo, uno de los productos en los que España es líder de exportación, con un repunte del 7,3% respecto al mismo periodo de 2021. Por ramas de actividad, las que más incrementaron su producción en tasa interanual fueron otras industrias extractivas (+39%); industrias extractivas (+37,7%); la fabricación de material y equipo eléctrico (+16,8%), y la fabricación de vehículos de motor (+15,3%).

Una de las grandes promesas de la FP dual —que combina desde el inicio formación en el centro formativo y en la empresa y que la nueva ley de Formación Profesional trata de fomentar— es una mejor inserción laboral de los titulados en esta modalidad. Y, de momento, cuando este modelo que ya lleva décadas consolidado en países como Alemania o Suiza apenas está empezando a extenderse en España —lo cursan actualmente algo menos del 5% de estudiantes de FP—, las estadísticas ya muestran esas ventajas, al menos para los hombres. Así, el 75% de los titulados en FP dual de grado medio (se accede después de la ESO) en el curso 2017-2018 tenía trabajo cuatro años después de graduarse, 10 puntos por encima de sus compañeras en esa misma modalidad y de los titulados hombres por el sistema tradicional (con prácticas al final del segundo curso). En el grado superior (para entrar hace falta un título de secundaria superior), la diferencia es ligeramente menor entre hombres y mujeres titulados en FP dual (81,7% y 72% de tasa media de afiliación, respectivamente) y mayor respecto a los hombres graduados por el sistema estándar (68%), según las cifras del Ministerio de Educación. Daniel Barrientos Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona y profesor de la Isabel I, destaca estas diferencias, pero aporta una serie de cautelas a la hora de interpretar los datos, pues la empleabilidad tiene mucho que ver con el tamaño de la empresa donde se forman los estudiantes y el territorio. “No se puede hablar de un único modelo de FP dual en España”, explica el especialista. En Navarra, por ejemplo, en torno al 14% de los alumnos de FP están en la vía dual, y en Cataluña, algo más del 7%, mientras que en comunidades como Aragón, Asturias, Cantabria o Castilla y León, esta oferta aún es casi anecdótica.

Las empresas que presenten un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y un Mecanismo RED por una situación de crisis económica, de crisis cíclica, sólo tendrán derecho a recibir exenciones de cotizaciones sociales si presentan planes de formación para los trabajadores que están con el empleo suspendido. Así se regula en el Real Decreto Ley de incentivos a la contratación y mejora de la protección social de los artistas, que el martes pasado aprobó el Consejo de Ministros y ayer publicó el Boletín Oficial del Estado. Esta es una de las novedades más importantes, que incorpora la norma respecto a lo que difundió el Gobierno el pasado martes. Por lo tanto, la exención de cotizaciones de las empresas en esta situación con planes de formación para los trabajadores con contratos suspendidos tienen las siguientes ventajas: el 60% de la exención de cotizaciones desde la fecha en que el Consejo de Ministros active el Mecanismo RED hasta el cuarto mes. A partir de ahí, la exención será del 30%, hasta el octavo mes, y del 20%, hasta terminar el año del expediente. Es importante tener en cuenta que, a diferencia de los ERTE, el Mecanismo RED necesita de la autorización del Consejo de Ministros. Es una autorización administrativa previa al expediente, regulada en la reforma laboral. Los ERTE a los que se aplica el Mecanismo RED, de sector, tienen una exoneración de las cotizaciones del 40% si los trabajadores reciben formación.

Las empresas sólo podrán contratar a trabajadores de menos de 30 años para sustituir a los empleados que estén con un permiso de maternidad o paternidad. O a las trabajadoras con riesgo por el embarazo o durante la lactancia natural. Y, además, en este caso la bonificación de las cotizaciones sociales del empleado nuevo será de 366 euros mensuales, en lugar del 100%, como hasta ahora. Como también, hasta ahora, el trabajador que sustituía a un empleado en estos casos podía tener cualquier edad. Esta disposición sobre la sustitución en los casos de maternidad y paternidad es una de las sorpresas que se han llevado los empresarios al leer la letra pequeña del real decreto ley de incentivos a la contratación laboral estable, que ayer publicó el Boletín Oficial del Estado . Es un recorte más en la libertad de contratación de las empresas, que el Gobierno hace para favorecer el empleo de los jóvenes, y reducir su elevada tasa de desempleo. El 32% de la población activa, entre 16 y 29 años. Es importante reflejar también que el Gobierno sube un poco, de 125 euros a 128 euros mensuales la bonificación en las cotizaciones de la empresa por el trabajador con incapacidad permanente que se reincorpora para ocupar otro puesto de trabajo, para el que sí está capacitado. Uno de los agujeros de la Seguridad Social es la tendencia que tienen las empresas de prescindir de trabajadores mayores de 55 años incapacitados para un empleo determinado, cuando pueden ocupar otro. Se amplía la subvención de las cotizaciones sociales por la transformación en indefinidos de contratos formativos y de relevo. A partir de ahora será de 128 euros al mes, durante tres años, para los hombres, y de 147 euros, para las mujeres. El Ejecutivo exige también que, para recibir ayudas en las cotizaciones, presenten un plan de igualdad entre el hombre y la mujer todas las empresas y los autónomos que estén obligados a ello.

Empresas y autónomos contarán desde el próximo 1 de septiembre con un nuevo abanico de incentivos para la contratación indefinida y el fomento de la conciliación familiar y laboral. La mayoría de estas ayudas –publicadas ayer en el BOE– consistirán en bonificaciones en las cotizaciones que pagan los empleadores (empresarios o autónomos) a la Seguridad Social. La contratación fija de personas inscritas en la oficina de empleo, al menos 12 meses en los 18 meses anteriores a la contratación, dará derecho a una bonificación en la cotización de 110 euros al mes durante tres años. Si la contratada es mujer de 45 o más años, la bonificación será de 128 euros al mes durante tres años. 

Golpe de timón en Cellnex, el principal operador de torres de telecomunicaciones de Europa y el segundo del mundo, tras American Tower. El grupo anunció ayer la “renuncia” de Tobías Martínez Gimeno (Barcelona, 1959) como consejero delegado, con efecto el 3 de junio. El directivo lleva al frente de la compañía incluso desde antes de su salida a Bolsa, el 7 de mayo de 2015, después de que Abertis sacase a cotizar a su entonces filial de telecomunicaciones. Martínez sale por iniciativa propia y pilotará su sucesión hasta la junta de junio. Los títulos del grupo retrocedieron ayer un 2,45%. Cellnex buscará candidatos fuera y dentro del grupo, donde el mejor situado es Àlex Mestre, adjunto al consejero delegado. En los últimos ocho años, la compañía ha protagonizado una meteórica carrera de crecimiento, tanto en España como, sobre todo, en el resto de Europa, que le ha llevado a multiplicar por seis sus ingresos entre 2014 y 2021. A ello hay que añadir un crecimiento del 46% en los nueve primeros meses de 2022. Cellnex ha ido escalando con una frenética política de adquisiciones, que ha financiado con una montaña de deuda y con cuatro ampliaciones de capital. La deuda bruta al cierre del tercer trimestre se situó en 18.000 millones, contando los bonos y otros instrumentos, si bien en términos netos era de 17.021 millones. La deuda neta representa 8,79 veces el ebitda ajustado de Cellnex. Uno de los objetivos que deberá afrontar el nuevo ejecutivo que asuma la dirección de Cellnex será “alcanzar el investment grade” con el objetivo de abaratar sus costes financieros. Para ello será necesario acelerar la amortización de deuda; con los planes actuales, el reintegro total estaba previsto para 2034 y sus próximos vencimientos relevantes no llegarán hasta 2024.

Con la electrificación como hito clave para alcanzar la descarbonización de la economía en las próximas décadas, las redes de transporte y distribución están llamadas a convertirse en inteligentes y evolucionar hacia un funcionamiento más eficiente, con menores costes y mayor fiabilidad. Uno de los ejes de esta transformación es el paso del tradicional sistema centralizado, basado en grandes plantas que distribuyen la energía en un único sentido, a un modelo descentralizado. La generación distribuida, la penetración de renovables y un papel distinto del consumidor marcan este escenario, como se puso de manifiesto en el encuentro Electricity 4.0: Redes de transporte y distribución del futuro, organizado por Expansión en colaboración con Schneider Electric, como parte del ciclo Crecimiento sostenible: competitividad y resiliencia. El cambio a este nuevo modelo implica la integración de millones de puntos de generación a lo largo de toda la red. Como consecuencia de ello, “la red del futuro va a ser más compleja y descentralizada: el flujo energético que era unidireccional será bidireccional”, destacó Ángel Luis López, sales account manager de Power Systems de Schneider Electric Iberia. Este incremento de la complejidad requiere avanzar en la senda de la digitalización y la integración de todos los actores de la red, con la flexibilidad como elemento básico tanto en los mercados como en las redes. Además de esto, Ángel Luis López advirtió que “las proyecciones indican que la demanda se triplicará en el año 2050”.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, insistió ayer durante la XIII edición del Spain Investors Day en la necesidad de ofrecer a los inversores en energías limpias un marco regulatorio predecible, estabilidad de precios y retornos adecuados. En un discurso ante representantes de 47 empresas cotizadas, Ribera resaltó “la posición única de España”, gracias a una estrategia de transición dispuesta antes de que la guerra acelerara la búsqueda de fuentes alternativas a las fósiles. Asimismo, la ministra llamó a proteger el mercado único europeo de los desequilibrios que pueden provocar la suspensión de las reglas de ayudas de Estado, al beneficiar “a los que tienen bolsillos más grandes y más espacio fiscal”, lo que puede engendrar “efectos indeseados”, al distorsionar el mayor o menor apoyo público la competencia entre empresas. La ministra se refirió al importante papel que busca jugar España en la producción de hidrógeno verde. Señaló que se invertirán en torno a 8.900 millones hasta 2030 para impulsarla, y que ya es el segundo país del mundo con más proyectos relacionados con esta tecnología, el 20% del total, solo por detrás de EE UU (51%). “El hidrógeno renovable será clave para completar la descarbonización de nuestra economía”, apuntó, citando como un hito el corredor de hidrógeno verde H2Med entre Barcelona y Marsella.

Estados Unidos terminó 2022 como principal suministrador de gas natural de España, arrebatando a Argelia su liderato histórico. Así se desprende del Boletín Estadístico de Enagás. España importó un total de 128.749 gigavatios hora (GWh) durante 2022 –todo a través de buques metaneros en forma de gas natural licuado (GNL)–, lo que representa el 28,8% del total de gas introducido en España, y más del doble que en el año anterior. Por detrás se situó Argelia, que con 106.399 GWh concentró el 23,8% de las importaciones de gas de España. En años anteriores, Argelia llegó a suponer más del 40% de las importaciones. El pasado año, España vivió un rifirrafe diplomático con Argelia por el conflicto del Sáhara, que terminó enturbiando también las negociaciones sobre la revisión de los precios del gas. Tras la caída de las importaciones procedentes de Argelia se encuentra además el cierre del gasoducto Magreb-Europa (GME), que traía gas de Argelia a través de Marruecos. Argelia cerró unilateralmente este tubo por su encontronazo diplomático con Marruecos. Nigeria concentró el 13,9% de las importaciones de gas natural, con 61.904 GWh, un 30% más que hace un año, mientras que Rusia aumentó sus importaciones cerca de un 45% (53.859 GWh), algo más del 12% de lo que recibió España en 2022 a pesar del conflicto con Ucrania, que ha llevado a la Unión Europea a buscar nuevos suministradores. Rusia se consolida como cuarto suministrador.

El pasado fue un año de extrema dureza para las economías familiares desbordadas por una elevada inflación ante el alza de los precios energéticos y, posteriormente, de los alimentos, que ha encarecido la cesta de la compra a una velocidad de vértigo. Un entorno que no solo ha mermado el poder adquisitivo de los hogares, obligados a reajustar su presupuesto, sino que también ha supuesto un duro golpe para su riqueza financiera, aquella que refleja la diferencia entre las deudas y el ahorro que se atesora en activos como depósitos, efectivo, fondos de inversión, seguros, acciones, deuda, etc. En concreto, y según las Cuentas Financieras de la Economía Española publicadas ayer por el Banco de España, la riqueza financiera de los hogares registró un sonoro descenso del 2,1% en el tercer trimestre de 2022, coincidiendo con el pico del IPC que alcanzó en julio el 10,8%. En términos absolutos, los hogares pasaron de contar con 1,899 billones de euros a finales de junio a 1,858 billones a cierre de septiembre. El ritmo de caída fue mucho más abultado que el registrado en periodos anteriores. Y engordó el descenso en el acumulado del año al 3,84%, pues a finales de 2021 la diferencia entre activos y pasivos financieros se situaba en 1,933 billones de euros.

En verano de 2020 viajar en autocaravana o camper se convirtió en la forma más segura de irse de vacaciones porque garantizaba las medidas sanitarias de distanciamiento social. Miles de personas que no tenían pensado comprarse una autocaravana cambiaron de idea y se dispararon las ventas y alquileres de estos vehículos, que ya llevaban varios años en auge. Ahora, la burbuja de las autocaravanas podría haber pinchado tras la pandemia. En 2022 se vendieron en España 5.346 autocaravanas y campers nuevas, un 21% menos que en 2021, según datos de Aseicar. Las ventas de caravanas también descendieron un 16,3%. La caída es mucho más pronunciada en el caso concreto de las autocaravanas. El año pasado se matricularon 3.065 casas rodantes, un 29,3% menos que en 2021. Según datos de Aseicar, las matriculaciones de autocaravanas han retrocedido seis años, hasta quedarse por debajo de las cifras de 2017, aunque la demanda de estos vehículos sigue siendo “alta”. Aseicar achaca este retroceso “puntual” a la crisis de componentes, la guerra en Ucrania, la inflación, el encarecimiento de los combustibles y la incertidumbre económica. “No es que hayamos perdido el trabajo realizado, ya que el sector sigue gozando de buena salud y buenas expectativas, pero la crisis industrial ha ralentizado por completo el crecimiento que estábamos viviendo desde hace una década”, asegura el presidente de Aseicar, José Manuel Jurado.

Euskadi «valorará» si recupera o no la utilización de la mascarilla en espacios interiores después de que ayer el director regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Henri P. Kluge, recomendara su uso a los ciudadanos europeos tanto en espacios cerrados como en el transporte público (donde sigue siendo obligatoria en España) como medida para hacer frente a la ola de contagios de coronavirus en China y la aparición de la subvariante kraken en EE UU. Ante este consejo del ente mundial, los organismos y autoridades sanitarias vascas pondrán sobre la mesa esta medida para su estudio y, en su caso, «decidirán o no tomar o aconsejar» nuevas restricciones para combatir este nuevo embate de la pandemia. Tan solo un día después de que la OMS considerara que el brote de contagios en el país asiático no tendría un impacto «significativo» en el viejo continente, su director general para Europa elevaba ayer la preocupación frente a la pandemia asegurando que «no es irrazonable» que los países tomen medidas de precaución para proteger a sus poblaciones, recomendando volver a utilizar el cubrebocas en interiores. «Después de tres largos años de pandemia, con muchos países lidiando con sistemas de salud sobrecargados, escasez de medicamentos esenciales y una fuerza laboral de salud agotada, no podemos permitirnos más presiones sobre nuestros sistemas de salud», enfatizó el dirigente europeo de la OMS. Expertos vascos discrepan sobre el uso del cubrebocas en lugares cerrados Quindós, Bengoa, Orive y Basaras sí coinciden en que la vacunación es la herramienta «más eficaz» para combatir las nuevas subvariantes.

Los descubridores de un ‘efecto invernadero’ de hace 56 millones de años, conocido como Máximo Térmico del Paleoceno-Eoceno (PETM, por sus siglas en inglés), fueron galardonados ayer con el premio Fronteras del Conocimiento en la categoría de Cambio Climático, concedido por la Fundación BBVA. Se trata de los paleoclimatólogos estadounidenses James Zachos, de la Universidad de California en Santa Cruz, y Ellen Thomas, de la Universidad de Yale y la Universidad de Wesleyan. El jurado considera que su hallazgo «es la mejor analogía geológica del cambio climático que experimenta nuestro planeta hoy en día y permite predecir los impactos destructivos del calentamiento global actual provocado por el ser humano». El PETM fue un episodio anómalo en la historia de la Tierra en el que se produjeron emisiones masivas de CO2 y metano a la atmósfera por causas naturales, lo que provocó un ascenso de la temperatura global de entre 5 y 6 grados centígrados, la acidificación de las aguas y, como consecuencia de ello, una de las mayores extinciones conocidas de especies en el océano profundo. Este ‘efecto invernadero’ del pasado es comparable al actual cambio climático provocado por la quema de combustibles fósiles.