20230127

La economía frena y se nota en el empleo. El Instituto de Estadística del País Vasco confirmaba el dato el viernes pasado y ayer fueron los datos del INE los que ratificaban el mismo análisis en la Encuesta de Población Activa (EPA). Según el Instituto Nacional de Estadística, el mercado laboral vasco se ha resentido en el último trimestre del año perdiendo 7.700 personas y aumentando los parados en 1.900. Un balance que eleva el número de personas sin empleo hasta los 90.000. Es el mayor aumento de este colectivo en todo el año 2022, que se cerró con una tasa de paro del 8,66%, tres décimas más que el pasado septiembre (8,29%) y por encima del 8,43% que se registró hace un año. En 2022, por sectores, Industria perdió 2.100 personas ocupadas (-1%) y Servicios 20.700 trabajadores (-3%) representando a las áreas económicas en las que más sufrió el mercado laboral. Por su parte la Construcción creció en 12.600 ocupados (28%) y Agricultura con 2.400 personas más empleadas (26%). 

Alumno aventajado de la clase junto solo ligeramente por detrás de La Rioja, el mercado laboral vasco cerró el año pasado con una tasa de paro del 8,66%. Son cuatro untos menos que la media del Estado, que rozó el 13% en el cuarto trimestre de 2022 tras un último semestre del año negativo. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que acaba de hacer públicos el Instituto Nacional de Estadística, Euskadi bajó la persiana del curso pasado con 90.000 parados, lo que supone 3.780 más que un año antes y una subida de la tasa de paro de dos décimas. Todo ello en un contexto marcado por la ralentización de la economía, que pasó factura en los últimos tres meses del año con un repunte del paro de 3.300 personas en Euskadi. En el otro extremo de la EPA, el número de ocupados se situó en 949.300 en el tercer trimestre en la CAV. El mal comportamiento del último trimestre, cuando salieron del mercado laboral un total de 10.400 personas, truncó el buen tono general del año. El balance final fue negativo, con la pérdida 7.700 empleos. Euskadi, que había aguantado con buena nota el tercer trimestre y siguió bajando su lista de paro, tuvo un comportamiento en el último trimestre más negativo que la media del Estado. El paro aumento en un 3,8% frente a la subida media del 1,5%. En lo relativo a los ocupados, con un descenso del 1%, también estuvo por encima de la media (-0,4%). La solidez de la economía permite en cualquier caso a la CAV mantenerse a la cabeza y afrontar las curvas de los próximos meses desde un punto de partida más favorable.

El frenazo del mercado laboral ya se está notando tanto si se mira la evolución temporal (con un avance cada vez menor en tasa interanual y un retroceso en la trimestral) como si se mira la geográfica. Un vistazo al mapa del empleo revela que ya hay tres comunidades autónomas que destruyen empleo respecto a 2021, y 18 provincias en esta misma situación. Así, Asturias, País Vasco y Aragón lideran la destrucción de empleo en España, con la pérdida de 27.800 puestos de trabajo respecto al cuarto trimestre de 2021, seguidas de Cantabria y Castilla-La Mancha, muy cerca del estancamiento. En concreto, Asturias sufre la destrucción de 15.100 puestos de trabajo respecto a 2021, cerrando el año con 381.400 ocupados, un 3,8% menos que el año anterior. Unas cifras que van seguidas del País Vasco (con 7.700 puestos de trabajo menos) y Aragón (5.000), además de la ciudad autónoma de Melilla (2.600). Además, hay otras comunidades que rozan el estancamiento: Cantabria (que suma 1.800 puestos de trabajo, un incremento de apenas un 0,7% anual) y Castilla-La Mancha (3.200, un 0,4% más que en 2021). Estas cifras suponen que el rebote del mercado laboral tras la crisis del coronavirus se ha frenado en varias comunidades antes de alcanzar las cifras previas a la pandemia, a pesar de que el conjunto de España suma casi medio millón de ocupados más que en 2019. En particular, Asturias cuenta hoy con 10.600 trabajadores menos que tres años atrás, mientras que Aragón aúna 7.200 ocupados menos y Cantabria, 700.

La bonanza del mercado laboral, que había sido el gran clavo ardiendo al que aferrarse para minimizar los problemas derivados de la crisis inflacionaria agravada por la invasión rusa de Ucrania, ya se empieza a deshacer como un azucarillo. El año 2022 concluyó con la destrucción de 81.900 puestos de trabajo entre octubre y diciembre, lo que supone la mayor pérdida de empleo en un cuarto trimestre desde el año 2013, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Y eso, a pesar de que el empleo público ha actuado como soporte, en la medida de lo posible, de la ocupación en los últimos meses. Con ello, la tasa de paro se eleva al 12,87% de la población activa, 21 centésimas por encima del tercer trimestre. En el cuarto trimestre del año se destruyeron 81.900 empleos con respecto al periodo entre julio y septiembre. Si bien es cierto que el cuarto trimestre arroja un perfil bastante negativo, debido a la pérdida de la actividad en el sector servicios relacionada con la campaña turística de verano, también es cierto que se trata de un trimestre especialmente malo: el peor desde 2013, con unas pérdidas que triplican la media de los veinte años anteriores, que incluyen cinco años de intensa recesión. Y hay que tener en cuenta también que la situación queda en cierta parte maquillada por el sector público, que contrató a 20.000 nuevos trabajadores, frente a la pérdida de 101.900 ocupados entre las plantillas de las empresas privadas. Esto “confirma que el empleo en el sector privado está empezando a mostrar claros síntomas de debilitamiento desde el inicio de la reforma laboral”, señala el presidente de Asempleo, Andreu Cruañas.

El director de coyuntura económica de Funcas, Raymond Torres, insiste en que la EPA del cuarto trimestre evidencia «la desaceleración que se está produciendo en la economía por causa de la inflación y de la pérdida de poder adquisitivo de los hogares», si bien matiza que gracias al cambio estructural que ha propiciado la reforma laboral en términos de contratación se está logrando contener el impacto de ese frenazo económico en el empleo. En este sentido, el mayor acceso al empleo indefinido podría haber favorecido el trasvase de trabajadores autónomos, aunque detrás también podría estar la escalada de la inflación y la subida de tipos, tal y como sugiere Marcel Jansen, doctor en Economía e investigador del centro de estudios Fedea, en referencia al desplome de trabajadores por cuenta propia que arroja la EPA. Nada menos que 111.200 autónomos se dieron de baja en 2022, annus horribilis para el colectivo, según lo ha calificado la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que ha denunciado el incremento de los costes de producción por encima de los ingresos y ha demandado al Gobierno que tome medidas de apoyo a los autónomos y al tejido empresarial, huyendo de «castigar a los que emprenden, a los que emplean y a los que generan empleo y actividad», en palabras de su presidente, Lorenzo Amor. En el mismo sentido se han pronunciado desde las patronales CEOE y Cepyme. En particular, desde la patronal de las pequeñas y medianas empresas han exigido al Ejecutivo «respeto» y «más apoyo a la empresa tras el esfuerzo realizado por mantener y crear empleo».

La patronal CEOE tiene una perspectiva pesimista de lo que puede ser 2023, o sus primeros meses, de acuerdo con el actual panorama. El dato más rotundo de este pesimismo es que los empresarios estiman que enero se va a cerrar con la destrucción de 200.000 empleos. La confederación empresarial estima que, “con la información publicada hasta ahora por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la afiliación bruta [de trabajadores], cuyo dato suele ser desfavorable en enero, retrocederá sensiblemente, con un descenso que podría superar las 200.000 personas respecto a diciembre”. Así lo recoge la organización empresarial en su Panorama Económico, correspondiente a enero. Afiliación bruta significa que CEOE tiene en cuenta la evolución del conjunto de los trabajadores afiliados a la Seguridad Social en enero. Es decir, valorando todos los factores que influyen en el mercado de trabajo en un mes. Por ejemplo, no separa la ocupación y el desempleo que pueda deberse a indicadores como el fin de la campaña de Navidades, o las rebajas de enero en el comercio y en la hostelería. U otra influencia que se deba a la estación del año como las vacaciones o el deporte del esquí.

La inflación provocada por la crisis de las materias primas y el estallido de la guerra de Ucrania disparó el año pasado en un 146% el número de los concursos públicos a los que no concurrió ninguna empresa. En total, 7.463 licitaciones se quedaron desiertas en España por valor de 5.303 millones de euros, de las que 591 correspondieron a proyectos en Euskadi por un importe de 318 millones de euros. La principal causa tras la falta de interés por parte de las empresas licitadoras para acudir a esos concursos fue la falta de revisión de precios. Según los datos manejados por la firma tecnológica de soluciones analíticas Double Trade, cerca de un 95% de las operaciones no llevaron a cabo esta adecuación de costes. Andalucía encabeza la lista de comunidades con mayor número de casos, 1.260 contratos declarados desiertos que supusieron un importe de 570 millones de euros. Por detrás se encuentran Valencia, que dejó sin adjudicar 870 obras que sumaron 192 millones de euros, y la Comunidad Madrid, que alcanzó los 772 contratos públicos sin cubrir por un importe próximo a los 3.000 millones de euros. Al otro lado de la tabla, Navarra dejó sin resolver 24 licitaciones cuyo presupuesto era de 3,2 millones de euros. La negativa a participar en los procesos por parte de las compañías de diferentes sectores, desde la construcción al de suministros o servicios, hizo saltar las alarmas de la Administración. Así, puso en marcha diferentes mecanismos con los que introducir una revisión de precios en las adjudicaciones convocadas.

Adegi y los sindicatos arrancaron ayer la negociación del convenio del Metal en Gipuzkoa, el principal de los convenios colectivos del territorio y que afecta a más de 30.000 trabajadores. Los sindicatos ELA, LAB y CC OO presentaron sus plataformas, centradas en la defensa y mejora de los salarios y condiciones. Las partes se han citado para el 10 de febrero en la segunda reunión. La principal central sindical, ELA, que representa a un 48% del sector, presentó una plataforma para «un reparto más justo de la riqueza en el sector», según explicó. La central abertzale incluye la defensa de los salarios reales y medidas «para hacer compatible vida y trabajo». Entre las medidas presentadas se encuentran los incrementos salariales que garanticen el poder adquisitivo de los salarios reales, una reducción en 32 horas anuales, limitar la flexibilidad, garantizar la subrogación, mayor control de horarios, medidas para conseguir la igualdad de género, garantizar contrataciones dignas, propuestas para mejorar la salud laboral y mejoras en pluses y indemnizaciones...Por su parte, LAB centró sus críticas en Adegi y acusó a la asociación empresarial de «acudir con las manos vacías a la primera reunión». El sindicato de izquierda abertzale ha elaborado una lista de demandas elaborada tras hablar con 200 trabajadores de más de 80 empresas. Sin embargo, insistió, «Adegi no ha aportado ninguna propuesta y además ha intentado desacreditar las reivindicaciones de los y las trabajadoras, comprometiéndose solo a estudiar las plataformas de los sindicatos». Por ello, LAB prevé que la negociación no va a ser fácil.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha rechazado un recurso extraordinario de suplicación presentado por un exsocio de Geroa contra una sentencia del Juzgado de lo Social Número 3 de San Sebastián –adelantada en abril del pasado año por DV– que tumbaba la demanda de esa persona, integrante de la autodenominada plataforma de agraviados de Geroa, contra la EPSV de empleo. En aquel momento, el demandante (J. M. L., socio de Geroa entre los años 1966 y 2017 y que reclamaba su capital acumulado en la EPSV –58.862,42 euros, que devenían de sus aportaciones más el interés acumulado– más otros 6.250 euros en concepto de indemnización por daños morales y perjuicios causados) argumentó sin éxito un vicio en el consentimiento al alegar que la EPSV nunca le informó de los cambios en sus estatutos. Sin embargo, el TSJPV recuerda al recurrente que la suplicación no es una segunda instancia y que él «como todos los socios» tenía «información suficiente».

Una inversión de cuatro millones de euros, un proyecto de neumáticos innovador que tiene como principal destinatario al vehículo eléctrico y un periodo para el desarrollo y la ejecución relativamente corto, de menos de un año –los trabajos para preparar la planta comenzarán, de hecho, en junio y las primeras unidades del producto saldrán en el primer trimestre de 2024–. La fábrica de Michelin en Vitoria ha sido elegida por la multinacional francesa para desarrollar el proyecto que identifica como ‘Acoustic’. Se trata de una nueva línea productiva que tiene como objetivo mejorar el confort de quienes conducen vehículos eléctricos. En ellos el ruido apenas es perceptible. Nada que ver con las motorizaciones convencionales. Lo que pretende ahora Michelin es disipar también el que generan los neumáticos por efecto de la rodadura. La nueva línea exigirá a la planta de la Avenida del Cantábrico ampliar sus instalaciones en alrededor de 600 metros cuadrados, aunque dentro del perímetro actual. Se incorporará además nueva maquinaria –que se someterá durante meses a distintas fases de prueba–. Y también conllevará un pequeño incremento de plantilla (en torno a doce personas se sumarán al actual grupo de 3.500 empleados).

La empresa Gogoa Mobility Robots estrena en Urretxu un laboratorio único en el mundo para realizar rehabilitaciones de lesiones medulares, ictus, esclerosis o párkinson. La innovación supone entrar en el apasionante mundo de los exoesqueletos, estructuras robóticas externas, diseñadas para acompañar al movimiento del cuerpo. La empresa vasca Gogoa Mobility Robots inauguró ayer un laboratorio que, bajo el nombre ‘Movex Living Lab’, es pionero en el mundo sobre esta tecnología, todavía desconocida para muchos. Su apertura es un paso importante hacia la era de los exoesqueletos. «Al igual que las farmacéuticas tienen sus laboratorios para diseñar medicamentos con los que experimentan para decidir el tratamiento a aplicar, nosotros, que venimos de realizar ensayos clínicos en Roma, en Houston, en Madrid e incluso en Cruces con Osakidetza, dispondremos a partir de ahora de estas instalaciones, que nos aportarán conocimiento para mejorar la rehabilitación de nuestros pacientes tanto en tiempo como en resultados», explicó Carlos Fernández, director y socio fundador de Gogoa Mobility Robots. Será un centro de ensayo en vivo, donde se aplicarán innovaciones con los potenciales usuarios que precisen de una rehabilitación en sus miembros inferiores o superiores. «Se trata de diseñar terapias de neurorehabilitación robóticas, algo que no se está realizando en ningún otro sitio del mundo en estos momentos», subrayó Carlos Fernández.

Kutxabank comunicó ayer su decisión de remodelar su estructura de calificaciones de solvencia con la cancelación del servicio que tenía contratado hasta ahora con la firma Standard & Poors. La entidad financiera aclaró que mantendrá como evaluadores a Moodys, Fitch Ratings y DBRS. Fuentes del banco indicaron que tradicionalmente ha mantenido tres calificadores y que las recomendaciones de los reguladores aconsejaban la incorporación de alguna firma mediana para complementar las calificaciones de las grandes. Esa ha sido la razón, concluyeron, para la entrada de DBRS y la salida de S&P.

Las futuras instalaciones en Gipuzkoa para producir energías renovables siguen encontrando recelos en algunos sectores por su impacto medioambiental. El último episodio es el del parque fotovoltaico de Ekiola proyectado en Urrestilla (Azpeitia), contra el que la organización agraria y ganadera Enba anuncia una demanda por sus «afecciones» en el terreno rural donde se construirá y en los caseríos próximos. Así lo anunció ayer Enba en su convocatoria de asamblea anual que celebra este domingo en Urnieta. Esta instalación, que pretende generar energía eléctrica a través de la luz solar y que ha empezado a expandirse de forma importante por todos los municipios del territorio por la crisis energética actual, está impulsado por Azpeitiko Ekindar Kooperatibo Elkartea, Krean y el Ente Vasco de la Energía (EVE). Tiene un objetivo de generación de 1,2 Megavatios y contaría con unos 2.200 paneles solares. Enba considera que en el caso del futuro parque de Urrestilla existen «alternativas» y explica que ha empezado a realizar una reflexión interna sobre el impacto rural de instalaciones de este tipo, «sean en el municipio que sean», añaden las fuentes consultadas.

La fiebre del sector de las renovables en España, que desde hace dos años vive un incesante goteo de transacciones, se ha desatado totalmente en las últimas semanas. Día tras días, desde poco antes de la pasada Navidad, se han empezado a suceder anuncios millonarios de compraventa de megavatios (MW) en una alocada carrera de operaciones corporativas. Solo las que se han consumado suman cerca de 4.000 millones de euros. Si además se contabilizan otras que hay en marcha, la cifra alcanzaría los 10.000 millones de euros. Así se desprende del análisis realizado con los movimientos más representativos, por su volumen o por el impacto que tienen a nivel estratégico en el mapa empresarial. Entre las energéticas, Repsol e Iberdrola han marcado el paso. Entre los fondos destacan Amundi, junto a Alantra, y Sonnedix (vinculado a JPMorgan) dentro de una puja que está suponiendo importantes emolumentos para los asesores financieros. Destaca Santander, protagonista en varias operaciones, y también PwC, BBVA o Barclays.

El acuerdo de Iberdrola con Norges es solo el principio del nuevo plan del grupo energético español para rotar activos o incorporar socios a determinados proyectos. En la pista de despegue ya están otras operaciones, como la búsqueda de un socio para un paquete de renovables en Estados Unidos, o la venta o búsqueda de socios para otro paquete de activos variados en España. En este país, Iberdrola está buscando ya la venta de una cartera de activos de gas, energía eólica y solar con la que podría recaudar más de 700 millones de euros, informó ayer Reuters. La empresa española ya dijo que pretende vender activos para financiar un plan de tres años para invertir hasta 47.000 millones, mantener sus calificaciones crediticias y un dividendo atractivo. La cartera en venta consta de una central de ciclo combinado de gas, con 1.600 megavatios (MW), 300 MW eólicos terrestres en operación y proyectos para desarrollar 500 MW de plantas solares para integrar con la planta de gas. El proceso aún se encuentra en una etapa inicial. En noviembre, Iberdrola anunció una nueva hoja de ruta que incluía un plan de rotación de activos y venta de participaciones minoritarias en proyectos estrella que podría situarse entre 7.000 millones y 8.000 millones de euros.

Decenas de proyectos para construir parques eólicos y fotovoltaicos en España se quedaron en la madrugada del miércoles al jueves en el aire al perder el punto de acceso a la red de transporte energético al que tenían derecho. El motivo es el fin del plazo que el Ministerio para la Transición Ecológica impuso para que obtuviera la declaración de impacto ambiental (DIA) necesaria antes de que finalizara el miércoles. El departamento de Teresa Ribera asegura haber cerrado los dos centenares de expedientes que tenía pendientes. Ese cumplimiento no ha sido posible en el caso de cuatro comunidades autónomas: Galicia, Cataluña, Murcia y Baleares. En ellas, 50 parques eólicos se han quedado fuera de la tramitación administrativa. Ayer, la gran mayoría de gobiernos autonómicos pudieron sacar pecho por haber llegado a tiempo para sacar adelante los expedientes. Galicia ha sido la más incumplidora, con 20 proyectos que no han conseguido una respuesta de la Xunta, ni afirmativa ni negativa. Le siguen Cataluña, con 17 parques, Murcia (11) y Baleares (la Administración sospecha que hay dos parques sin tramitación ambiental). Las cifras definitivas no se conocerán hasta las próximas semanas, cuando esta tome cariz oficial al pasar por el Boletín Oficial del Estado (BOE) o por sus equivalentes autonómicos. “Aún no se puede saber con exactitud qué porcentaje de ellos no han obtenido respuesta por parte de la Administración: aún tendrán que pasar semanas”, se queja Juan Virgilio Márquez, máximo responsable de la patronal eólica AEE.

«Hemos pasado de ser héroes a villanos», así se lamenta un representante del sector de la distribución de la alimentación en Euskadi consultado por EL CORREO al comparar el reconocimiento que recibieron en el confinamiento, cuando aseguraron el abastecimiento, con el clima generado después de las graves acusaciones que hizo el sábado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, al sector «por hacerse de oro» con la subida de precios y refiriéndose al presidente de Mercadona como un «capitalista despiadado». La realidad de las marcas vascas, explican fuentes de Eroski y de Supermercados BM, es bien distinta. Ninguna de las entidades ha querido hacer valoraciones sobre las declaraciones de la también secretaria general de Podemos, pero aseguran que el pasado año se saldó con reducciones en los márgenes. En los últimos datos de la cooperativa de alimentación del Grupo de Mondragón, ya se evidencia que las cifras apunta en otro sentido. Y es que Eroski, en el primer semestre de 2022 acusó una caída de la rentabilidad del 11%. Así, mientras las ventas crecieron un 4% hasta alcanzar los 2.633 millones, el beneficio operativo -los ingresos menos los gastos- se redujo a 94,3 millones. Una dinámica, explican fuentes de la compañía, que no ha cambiado en los últimos meses del año y que se dejará notar en las cuentas definitivas de 2022. Desde la cooperativa de Elorrio explican a El Correo que, frente a un crecimiento en Euskadi de los precios de la cesta de la compra, que según el INE alcanzó en diciembre un 15,6%, el incremento del ticket de venta en Eroski se ajustó por debajo, solamente un 10%, que, si se anotan los 183 millones destinados a promociones y ofertas, se reduce hasta el entorno del 3%. La propia CEO de la compañía, Rosa Carabel, explicaba hace dos semanas que los márgenes finales que obtiene la cooperativa rondan el 2%. Por ello que la primera ejecutiva de la marca lamentó «la imagen realmente injusta que se quiere trasladar sobre los distribuidores de alimentación a través de declaraciones públicas».

El sector del gran consumo batió su récord de facturación durante el pasado ejercicio, alcanzando una cifra histórica de 105.000 millones de euros, un 9,1% más que un año antes, según las cifras comunicadas ayer por NielsenIQ. La consultora explica que la evolución de los ingresos se vio impulsada íntegramente por las subidas de precios, que alcanzaron una media del 9,9%, la más alta en dos décadas, mientras que las ventas en volumen cayeron un 0,7%. La directora general de NielsenIQ en el Sur de Europa, Patricia Damiel, aclaró que no hay que confundir ventas con beneficios y que habrá que esperar a la publicación de los resultados del sector, que se irán desvelando en las próximas semanas, para ver cómo han evolucionado los márgenes. “Esta es una industria extremadamente competitiva y con márgenes ajustados”, indicó. La polémica existe porque, hace apenas unos días, la ministra Ione Belarra llamó “capitalista despiadado” a Juan Roig, presidente de Mercadona, y le acusó de “hacerse de oro” con las subidas de precios. El empresario le respondió el martes al asegurar que “los empresarios somos los que creamos riqueza”. De cara a 2023, NielsenIQ señala que es imposible determinar cuánto tiempo permanecerá el contexto de precios altos, ya que “no es una cuestión española ni del sector, sino que depende del contexto macroeconómico y no se puede predecir qué va a ocurrir, por ejemplo, con la guerra entre Rusia y Ucrania”. No obstante, no cabe duda que la situación está generando tensiones. Si hace apenas medio año, en junio de 2022, sólo un 27% de los encuestados por la consultora señalaba que el precio de los alimentos estaba entre sus grandes preocupaciones, la cifra se ha disparado al 44% en el inicio de 2023.

Banco Sabadell registró un beneficio neto de 859 millones de euros en 2022, lo que supone mejorar sus ganancias casi un 62% con respecto a las del año anterior. Se trata del mejor resultado de la entidad en los últimos 15 años, gracias fundamentalmente a la mejora de su margen (lo que obtiene por los intereses y las comisiones, excluidos los gastos) tras la política del Banco Central Europeo (BCE) de elevar los tipos de interés, que subieron hasta el 2,5% el año pasado. Los ingresos del negocio bancario alcanzan los 5.289 millones de euros, lo que supone un 8,1% más en términos interanuales. En concreto, los ingresos por intereses aumentaron un 10,9% hasta los 3.799 millones. Y los procedentes de las comisiones netas ascendieron a 1.490 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 1,5% interanual. El total de costes se sitúa en 2.883 millones de euros, un 12,8% inferior respecto al año anterior gracias a los ahorros por gasto de personal tras los planes de eficiencia llevados a cabo por la entidad. Con estos registros, muy bien recibidos por el mercado que premió al banco con un alza de casi el 11% de sus acciones en la sesión bursátil de ayer, la entidad tendría que asumir un impacto de unos 170 millones de euros para pagar el nuevo impuesto a los beneficios extraordinarios del sector. El consejero delegado del grupo, César González-Bueno, no aclaró en la rueda de prensa de presentación de resultados si el grupo optará por recurrir el gravamen a la Justicia. «Lo decidirá el consejo de administración en su momento», se limitó a expresar. 

Una “desaceleración tímida” del mercado hipotecario. Ese es el escenario que Juan Carlos Delrieu, director de Estrategia y Sostenibilidad de la Asociación Española de Banca (AEB), planteó ayer en unas jornadas inmobiliarias celebradas en Madrid. El directivo de la patronal bancaria argumentó que en 2022 los precios de los préstamos “han aumentado menos en términos relativos de lo que han subido los tipos de interés del Banco Central Europeo” (BCE). Una situación que cambiará en este 2023, lo que “necesariamente va a aumentar las hipotecas y a retraer la demanda”. Los tipos de interés de los préstamos, añadió, escalarán hasta el 4% o 4,5%. Delrieu destacó que 2022 “ha sido casi casi un año de récord” para el mercado. Las últimas estadísticas públicas de hipotecas, difundidas este miércoles por el INE relativas a noviembre (hasta febrero no se difundirán los datos del ejercicio completo), apuntan al mejor año en concesión de préstamos para vivienda desde 2010. El volumen de hipotecas está un 13% por encima de 2021, que ya fue un buen año, y superará con mucho (previsiblemente, en más de un 25%) los datos de 2019, el último año prepandemia. El representante de la patronal cree que este comportamiento “se explica porque la demanda ha tratado de anticiparse a la subida de tipos de interés”. Es decir, que previendo que los préstamos iban a encarecerse, muchas personas han acelerado la decisión de comprar casa.

Muchas tecnológicas están reduciendo sus beneficios después del ‘boom’ de la pandemia y el sector no para de anunciar reorganizaciones y reducciones de plantilla. Ahora ha sido el turno de IBM, que ha revelado que recortará 3.900 empleos tras bajar un 71% su beneficio y la alemana SAP, que realizará un ajuste del 2,5% de su personal, lo que significan unos 3.000 trabajadores. El gigante estadounidense IBM ha decidido prescindir del 1,5% de su plantilla después de registrar un beneficio un 71,5% inferior al del año pasado, aún así de 1.639 millones de dólares (1.504 millones de euros), de- bido al impacto adver- so de 5.900 millones de dólares (5.415 millones de euros) asumido por la empresa en el tercer trimestre a raíz del acuerdo sobre pensiones alcanzado con sus trabajadores. El director financiero de IBM, James Kavanaugh, indicó que el ajuste de 3.900 empleos se concentrará en los trabajadores vinculados a los negocios escindidos de Kyndryl y Watson Health, con un coste para la empresa de unos 300 millones de dólares (275 millones de euros). De cara a 2023, la multinacional espera un crecimiento de los ingresos en moneda constante de un 5% y alrededor de 10.500 millones de dólares (9.637 millones de euros) en flujo de caja libre consolidado, un incremento de más de 1.000 millones de dólares (918 millones de euros) respecto del año pasado, según señaló el consejero delegado de IBM, Arvind Krishna. Por su parte, el desarrollador de software alemán SAP, que también ofrece servicios de informática en la nube, es la primera tecnológica europea que se suma a la ola de despidos que se lleva produciendo desde hace meses con Meta, Twitter o Amazon como principales actoras. La multinacional germana anunció ayer que su beneficio neto retrocedió un 56% respecto a 2021 hasta los 2.290 millones de euros.

No hay precedente en la historia de la telefonía móvil con el que comprar los últimos datos de la consultora IDC: en el cuatro trimestre de 2022, la venta de smartphones ha caído un 18,3%. Es todo un golpe para un sector que a menudo confía en el periodo de compras navideño para salvar las cuentas del año y que ha contribuido de forma significativa a que 2022, en conjunto, se haya cerrado con una caída del 11,3% en número de terminales vendidos. A los propios analistas, la cañada les ha pillado desprevenidos. «Nunca hemos visto que las ventas en el último trimestre del año sean más bajas que en el anterior, pero la menor demanda y el alto inventario ha obligado a los fabricantes a recortar drásticamente la producción», explica Nabila Popal, directora de investigación del equipo Worldwide Tracker de IDC. Como suele suceder en estos casos, no hay un único factor que explique la súbita frenada del sector. La incertidumbre económica está obligando a los vendedores a ser mucho más conservadores con sus pedidos, pero también han surgido problemas inesperados en la cadena de producción. Los consumidores, además, renuevan el móvil cada vez con menos frecuencia. Nadie se salva. Incluso Apple, que suele resistir mejor este tipo de mercados en caída libre, ha tenido un trimestre duro. La venta de iPhone, según la consultora, ha caído casi un 15%. 

Toque de atención de Bruselas a España. La Comisión Europea anunció ayer que ha abierto un procedimiento de infracción contra el país por no aplicar correctamente la normativa europea para prevención del blanqueo de capitales. Las autoridades españolas habían notificado a la Unión una transposición completa de la directiva antiblanqueo, sin embargo, los servicios comunitarios aseguran que han detectado «varios casos de aplicación incorrecta» y encomiendan a España que las resuelva. La queja emitida por carta apunta, más concretamente, a que España ha incumplido la norma en lo relativo a la creación de registros centrales de titularidad real, la «piedra angular» de esta directiva europea. En su comunicado, Bruselas insiste en que «la transparencia es fundamental para la lucha contra el uso indebido de las entidades jurídicas». Por eso ve necesario que los Estados miembro garanticen que la información sobre los propietarios reales de estas entidades jurídicas se almacene en un registro central. Además de España, la Comisión Europea abrió ayer otro expediente a Italia por la misma cuestión. Los dos países tendrán ahora un plazo de dos meses para aplicar este punto de la directiva. Pasado ese tiempo, si el Ejecutivo comunitario considera que el problema persiste, podrá emitir un dictamen y, llegado el caso, elevar su queja a la Justicia europea y sancionar a los dos Estados.

La patronal de las grandes compañías eléctricas europeas, Eurelectric, alertó ayer a la Comisión Europea contra la propuesta de reforma del modelo de mercado mayorista europeo que ha presentado el Gobierno de España en Bruselas en el marco del debate que se ha abierto ante una posible modificación del mismo a raíz de la crisis energética, informó Bloomberg. Según una carta remitida por este lobby a la comisaria de Energía de la UE, Kadri Simson, la reforma planteada por España puede incrementar el coste de la energía para los consumidores. Para la asociación, que integra a todas las grandes utilities europeas, la reforma española reduciría la competencia y obligaría a los consumidores domésticos a pagar más. El Gobierno español propone una segmentación del mercado eléctrico por tipos de generación, con el objetivo de desacoplar del mismo al gas natural, cuyo precio marginal ha contaminado al del resto de energías. Para ello, plantea contratos a largo plazo por diferencias para las energías renovables (que también podrían acudir al mercado y asumir un riesgo cuando los precios estén altos); precios regulados para la nuclear y la hidráulica y dejar en el mercado al gas natural y el carbón. Para Eurelectric, en la que participan Iberdrola, Endesa o Naturgy, con esta reforma se corre el riesgo de dividir el mercado único europeo que funciona desde hace dos décadas. La asociación considera que se pondría a los reguladores a gestionar el mix energético de cada país, ya que podría poner a los reguladores nacionales a cargo de asegurar la mezcla energética.

El PIB de Estados Unidos creció el año pasado un 2,1%, muy por encima de las previsiones que manejaban los gobernadores de la Reserva Federal (Fed), que esperaban un ligero crecimiento alrededor del 0,5% para el conjunto de 2022. Los datos, publicados ayer por la Oficina de Análisis Económico (BEA, por sus siglas en inglés), son todavía provisionales, y hasta finales de marzo no se conocerán las estadísticas definitivas. Aun así, aumentan las posibilidades del aterrizaje suave de la economía estadounidense que Jerome Powell, presidente de la Fed, lleva prometiendo desde marzo del año pasado, cuando empezó a subir los tipos de interés para intentar contener la inflación que amenazaba con llevar al abismo la economía del país. Si bien se aleja el fantasma de la recesión, al mismo tiempo, podría ser una mala noticia para los inversores y los tipos de interés, ya que la fortaleza de la economía estadounidense es un argumento a favor de los gobernadores de la Fed que consideran que todavía hay margen para endurecer aún más la política monetaria y seguir subiendo el precio del dinero. La próxima semana, se espera que la Fed vuelva a subir los tipos, aunque el mercado confía no solo en que lo haga a un ritmo menor que en 2022, sino que además fije el techo de las revisiones al alza en el primer semestre de 2023, para empezar a relajar su postura en la segunda mitad del año, confiando en que el precio del dinero no supere el umbral del 5,25% –actualmente se encuentran entre la franja comprendida entre el 4,25% y el 4,5%–.

Otro trimestre récord y otro año récord. Así empieza Tesla su mensaje a los accionistas con los resultados del cuarto trimestre y del conjunto del ejercicio 2022. La compañía ha aumentado casi un 60% su beneficio en el cuarto trimestre, hasta 3.700 millones de dólares (3.394 millones de euros), y en el conjunto del año, ha duplicado con creces sus ganancias, hasta 12.556 millones (11.517 millones de euros), lo que la situará como la automovilística estadounidense con mayores beneficios, por delante de General Motors (GM) y Ford. GM, el rival a batir, anunció al cierre del tercer trimestre que esperaba acabar 2022 con un beneficio entre 9.600 y 11.200 millones de dólares. La empresa dirigida por Elon Musk logró sus primeros beneficios anuales en 2020, con solo 721 millones, y los multiplicó en 2021, hasta los 5.519 millones. En 2022, los ingresos han crecido un 51%, hasta 81.462 millones. Aunque el margen bruto de la venta de coches se ha deteriorado algo, la empresa ha sabido mantener a raya los costes operativos, lo que ha impulsado el beneficio. La empresa ha contenido las inversiones, con lo que su flujo de caja libre aumenta un 51% y su posición de caja neta crece hasta un récord de más de 22.000 millones. Pese a esos resultados, la empresa se muestra cauta con el futuro: “A medida que avanzamos hacia 2023, sabemos que existen dudas sobre el impacto a corto plazo de un entorno macroeconómico incierto y, en particular, con la subida de los tipos de interés. El equipo de Tesla está acostumbrado a los retos, dada la cultura necesaria para llevar a la empresa hasta donde está hoy. A corto plazo, estamos acelerando nuestra hoja de ruta de reducción de costes y avanzando hacia mayores tasas de producción, al tiempo que nos mantenemos centrados en la ejecución de la siguiente fase de nuestra hoja de ruta”, indica al presentar sus resultados.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció ayer que el Consejo de Ministros del 7 de febrero aprobará el fin de la obligación de llevar mascarilla en el transporte público, una medida que entrará en vigor al día siguiente, cuando se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En autobuses, trenes, metros, taxis y también aviones la mascarilla ya no será necesaria (aunque sí recomendable), pero en cambio, se mantendrá en los centros sanitarios, en las residencias, para visitantes y trabajadores, y en las farmacias. «Tenemos una situación epidemiológica muy estable, pero hay que ir paso a paso», argumentó Darias tras un acto en la Gasol Foundation. La semana que viene, el Consejo Interterritorial de Salud, que reúne al Ministerio con las comunidades autónomas, comenzará a tramitar la «parte administrativa» de la retirada. Los expertos que han asesorado al Gobierno durante la emergencia sanitaria han decidido tomar ahora esta decisión tras comprobar que ni las vacaciones de Navidad ni el fin de la política de ‘covid cero’ en China ni la nueva variante XBB.1.5 han provocado un repunte de contagios y de hospitalizaciones en España.