20261013

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

El aumento de productividad que genera puede reducir la demanda de empleo pero también propiciar la reducción de la jornada laboral. La implantación de la inteligencia artificial, en especial la generativa, en la actividad económica vasca tendrá como consecuencia un incremento de la productividad en los próximos diez años al asumir tareas que ahora desempeñan las personas, pero este efecto tiene un doble filo, puesto que puede derivar en una reducción en la demanda de empleo o fomentar jornadas laborales más cortas, según concluye un estudio de Futurelan, la herramienta de proyección de empleo del Servicio Vasco de Empleo Lanbide. Futurelan realiza una prospección de cómo puede impactar la IA en el mercado de trabajo entre los años 2026 y 2036 y dibuja dos escenarios en el que uno contempla una adopción acelerada y radical de esta tecnología y el segundo plantea una introducción más paulatina. En el caso de que el tejido empresarial aplique la inteligencia artificial de manera intensiva, su consecuencia sería un significativo aumento de la productividad que se vería acompañado de una fuerte disminución de la demanda de empleo. Según el estudio, en este escenario la productividad crecería hasta 2036 un 40% al acelerar el potencial de automatización técnica de determinadas actividades individuales y aumentar las capacidades de otras funciones de los trabajadores. Este cambio modificaría las necesidades de personal, que se verían reducidas según las prospecciones un 30%, lo que aliviaría las actuales tensiones en el mercado de trabajo, donde una baja natalidad y el envejecimiento de la población ponen en peligro algunos proyectos empresariales.

La inflación sigue ganando la carrera a los salarios en Euskadi. El encarecimiento de la energía, impulsado por una crisis en Oriente Medio que no parece tener una solución a corto plazo, ha vuelto a disparar el coste de la vida y amenaza con llevarse por delante buena parte de las mejoras retributivas pactadas en los convenios colectivos. Mientras el IPC avanzó en septiembre a un ritmo interanual del 4,9% en el conjunto de España –el dato de Euskadi todavía no está disponible–, los incrementos salariales negociados entre sindicatos y patronales se sitúan en el 3,09%. Una brecha de casi dos puntos que amenaza con erosionar el poder adquisitivo de los trabajadores y que devuelve la negociación colectiva a un escenario de presión inflacionista que no se veía desde 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania desencadenó una crisis energética que disparó los precios y dejó las subidas salariales muy por detrás del coste de la vida. Los datos del Consejo de Relaciones Laborales (CRL) evidencian, de hecho, que el poder adquisitivo perdido durante aquella crisis inflacionista todavía no se ha recuperado por completo. En 2022, los precios aumentaron una media del 8% en Euskadi, prácticamente el doble que los salarios pactados en convenio, que crecieron un 4,08%. La situación comenzó a corregirse en 2023, cuando las retribuciones subieron un 4,59% frente a una inflación del 3,6%, una tendencia que continuó en 2024 y 2025, con incrementos salariales del 3,35% y el 3,32%, respectivamente, ligeramente superiores al avance de los precios. 

La pérdida de poder adquisitivo no es un fenómeno exclusivo de Euskadi. En el conjunto de España, los salarios pactados en convenio registraron hasta septiembre una subida media del 3,05%, prácticamente idéntica a la del mes anterior (3,04%), pero casi 1,9 puntos por debajo de la inflación interanual, que alcanzó el 4,9% según el dato adelantado del INE. Los incrementos salariales encadenan así cinco meses consecutivos en el entorno del 3%, de acuerdo con la estadística de negociación colectiva publicada por el Ministerio de Trabajo. La diferencia es mayor si se distingue entre los convenios firmados este año y los procedentes de ejercicios anteriores. De los 3.038 acuerdos registrados hasta septiembre, que dan cobertura a más de 9,3 millones de trabajadores, únicamente 701 se suscribieron durante 2026. Estos últimos contemplan una subida salarial media del 3,61%, frente al 2,91% de los pactados en años anteriores. Una diferencia que refleja cómo los nuevos acuerdos están incorporando incrementos retributivos más elevados para hacer frente al encarecimiento del coste de la vida.

Los titulados en las universidades vascas son los que más cobran en todo el país una vez asentados en el mercado laboral. Quienes terminaron un grado en el curso 2019-2020 en la EHU, Universidad de Deusto o Mondragon Unibertsitatea tenían cuatro años después una base media de cotización de 34.568 euros anuales por un trabajo a jornada completa, la más alta de todas las comunidades autónomas. Además, de las tres, la que más paga es la guipuzcoana. Así lo recoge el informe ‘Las universidades españolas. Una perspectiva autonómica 2026’, que la Fundación CYD elabora con datos de afiliación a la Seguridad Social del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La media salarial de las universidades presenciales del Estado se sitúa en 31.947 euros. Son unos 2.600 euros de diferencia, más de 200 al mes. El informe toma como referencia a los graduados que trabajan por cuenta ajena y están dados de alta en la Seguridad Social, y utiliza la base de cotización como aproximación a los ingresos brutos. Son los universitarios que terminaron sus carreras en el año 2020, la promoción que finalizó sus estudios en plena pandemia. Los datos del Gobierno Vasco van en la misma dirección. Según la encuesta de Lanbide sobre esa misma promoción –que el Departamento de Universidades difundió hace un año– el sueldo medio neto a jornada completa era de 1.751 euros al mes: 1.820 para ellos y 1.693 para ellas. En el ranking autonómico, Navarra se queda cerca de Euskadi, con 34.196 euros. En el otro extremo, un graduado extremeño cotiza 28.721 euros, casi 5.900 menos que uno vasco.

Álava está escalando en los últimos años posiciones como destino turístico y al aumento de la oferta que se ha dado tras la pandemia, con 5.733 plazas disponibles en la actualidad (un millar más en los últimos seis años), se ha sumado el encarecimiento progresivo de los precios. Las tarifas de los hoteles del territorio alcanzaron este agosto sus máximos en la última década, según los registros del Instituto Vasco de Estadística (Eustat), que recoge por meses, años, territorio y zona geográfica desde 2015 hasta la mencionada fecha el importe medio diario que pagan por una reserva quienes nos visitan. Este índice se conoce en el sector como ADR y es el resultado de dividir los ingresos totales por habitaciones entre el número de las mismas vendidas en régimen de sólo alojamiento. Así las cosas, estos registros revelan que en cinco años pernoctar en la provincia ya resulta un 37% más caro y hoy se paga hasta 117 euros de media por noche. Por zonas, Rioja Alavesa es la cuadrilla con el coste más elevado, con una saldo diario que alcanza los 220 euros, aunque es en Vitoria donde el incremento ha sido más acusado, de un 47%. 

Los sindicatos llaman a los casi 20 millones de asalariados de España a parar el 11 de noviembre en una huelga general, la primera apoyada por las centrales mayoritarias en 14 años. Pero esa jornada reivindicativa no será la primera del año para muchos trabajadores, que ya vienen parando en protesta contra sus empresas. La estadística del Ministerio de Trabajo recoge un subidón en la conflictividad laboral en 2026: de enero a agosto hubo 1,37 millones de jornadas no trabajadas por huelgas, en las que participaron 579.000 afiliados a la Seguridad Social. En el mismo periodo de 2025 hubo 382.700 jornadas perdidas y 167.300 participantes, muchas menos. Es más, a falta de cuatro meses, la cifra de este ejercicio ya casi duplica la de todo el año anterior. Los sindicatos relacionan esta escalada con varios conflictos concretos, como el de la educación infantil y el de la sanidad, pero también identifican una causa de conjunto: sin acuerdo nacional de convenios, vencido a finales de 2025, la conflictividad se dispara. Los datos de 2026 no solo son altísimos en comparación con los de 2025. La cifras desagregadas por meses se remontan cinco ejercicios atrás y en ninguno hay una movilización parecida a la actual. 

Artículo del ex presidente de Cebek, Iñaki Garcinuño: "...Nadie duda de la gravedad del problema de la vivienda, habría que estar ciego y sordo al mismo tiempo para negarlo. Incluso, fíjese, juraría que todos los partidos políticos quisieran apuntarse el tanto de solucionarlo. Lo que ocurre es que cada uno tiene sus recetas, como ya habrán visto, y claro, a ninguno se le ocurre pensar en ponerse de acuerdo con el vecino para llegar a un mínimo común denominador, faltaría más. El 11 de noviembre nos llaman a no trabajar. Más absentismo legal. Fuera de Euskadi lo hacen por el derecho a la vivienda, y tiene pinta de que va a encabezar la ‘manifa’ hasta el propio gobierno, como si no llevara 8 años gobernando. No deja de ser cómico. Ya le veo a Yolanda Díaz exigiendo una reacción urgente. Pero en Euskadi, donde ya tenemos callo, el culpable va a ser el Gobierno vasco, por supuesto. No esperen que LAB vaya a exigir a EH Bildu que en los ayuntamientos gobernados por ellos se vayan a aplicar medidas tendentes a liberalizar suelo o a cambiar el PGOU de esos municipios. Eso sería traición. Hay que buscar enemigos fuera y ahí siempre está el Gobierno vasco. Por si las reivindicaciones fueran escasas, harán un emplazamiento a la patronal y en contra del fascismo, que eso siempre une a las masas...Y, una vez más, las grandes perjudicadas vuelven a ser las empresas, las pequeñas empresas, que no la patronal. Sobre todo, si tiene éxito esta huelga, que lo dudo, a pesar de lo que digan al día siguiente los sindicatos. Son las empresas, las que bajo el argumento genérico de que tienen que pagar más, da igual cómo y por qué, ven alterada su producción en un asunto de responsabilidad tanto de los poderes públicos como de la propia sociedad. Porque toda la sociedad sufre las consecuencias del problema de la vivienda, no sólo la clase trabajadora. Y toda la sociedad, también la clase trabajadora, es responsable de practicar de algún modo la especulación. ¿O no es especular haber vendido una vivienda al mejor precio posible para buscar otra mejor pudiendo hacerlo? Para algunos, además, todo es clase trabajadora, el de toda la vida de 1.500 euros al mes y el de 4.500 euros al mes con 35 horas a la semana, dos pisos y afiliado a un sindicato...Y que no falte la demagogia, mucha demagogia".

La ‘ley de nietos’ persevera como motivo de pulso político en la precampaña hacia el 29 de noviembre. El Tribunal Supremo mantiene fuera de las elecciones generales a los alrededor de 163.000 españoles nacionalizados al amparo de esa normativa y responsabiliza al Gobierno de no haber cumplido las órdenes judiciales para comprobar la legalidad de sus inscripciones electorales. En dos contundentes autos dictados ayer, en plena festividad y con una premura forzada por el adelanto electoral, la Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza los recursos de la Abogacía del Estado –casi idénticos a los de la Fiscalía– y confirma íntegramente la suspensión cautelar del derecho de sufragio que acordó en septiembre después de que Vox e Iustitia Europa impugnaran la medida. Los magistrados consideran que el Ejecutivo pretende justificar con la proximidad de los comicios anticipados una imposibilidad de revisar los expedientes de nacionalización de la que responsabilizan a la propia Administración.

La economía española aguanta el pulso a la guerra de Irán a pesar de la incertidumbre internacional, lo que le llevará a crecer más del doble que la media de la Eurozona este 2026. Pero las sombras se proyectan sobre el próximo ejercicio. Así lo pronostica el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su actualización de las estimaciones macroeconómicas publicadas ayer, en las que eleva cuatro décimas, hasta el 2,5%, el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) nacional para este año, un repunte que, con ser notable, queda todavía una décima por debajo de las previsiones más optimistas del Gobierno y del Banco de España. El FMI alerta, sin embargo, de que el motor se va a enfriar en 2027, con una mejora apenas del 1,8% aunque seguirá siendo superior a la del 1,2% de la zona con la moneda común, por efecto de una inflación persistentemente alta. Durante el primer semestre, el PIB español mantuvo un «impulso continuado», lo que hizo repuntar la actividad de la Eurozona y mejorar su previsión del FMI de cara a este año. Así, el organismo con sede en Washington espera una mejora de dos décimas en el crecimiento de la zona euro para 2026, hasta el 1,1%, y mantiene en el 1,2% las del próximo año. En comparación, las perspectivas para España son superiores a las de las otras grandes economías globales. 

La cesta de la compra se ha encarecido de forma vertiginosa en los últimos años, más de un 35% desde la pandemia hasta ahora. Y la mala noticia es que todavía puede quedar recorrido al alza: los impactos energéticos sobre los precios suelen tardar desde varios meses hasta un año en trasladarse al supermercado. Es en ese margen de incertidumbre donde el Gobierno quiere reforzar la vigilancia y ha movido ficha, encomendando a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que mire con lupa la evolución del precio de los alimentos. La disposición está contemplada en el real decreto ley aprobado por el Gobierno el 29 de septiembre, que extiende hasta finales de año el escudo anticrisis desplegado para amortiguar el golpe inflacionario de la crisis energética. El texto determina que la CNMC “realizará un seguimiento de la evolución de los precios de los productos alimentarios” a través de “la elaboración y publicación de un estudio sobre el funcionamiento y el grado de competencia a lo largo de la cadena de valor de dichos productos y su incidencia sobre los precios”. Y Competencia confirma que asumirá esa labor cuando el texto sea convalidado por la Diputación Permanente, previsiblemente el viernes.

Orange España, el grupo controlado por la teleco semiestatal francesa –el Estado francés controla un 23% del capital–, ha variado en las últimas semanas el proceso de selección de los proveedores futuros de su red de telefonía móvil en España. El grupo de telecos que dirige Meinrad Spenger (CEO de la filial española), tenía previsto lanzar un proceso abierto, lo que se denomina RFP (Request for Proposal o petición de ofertas) para el que había invitado a cuatro proveedores: la sueca Ericsson, la china Huawei, la finlandesa Nokia y la surcoreana Samsung y para ello cursó invitaciones a las cuatro para que presentaran sus propuestas para evaluación. Las dos primeras son sus proveedores tradicionales, los que le proporcionan los miles de estaciones base que componen su red de antenas en el territorio español. Pero tanto Nokia como Samsung, no tienen presencia en la red móvil de antenas de Orange en España. Sin embargo, la teleco gala ha decidido dejar en suspenso la licitación a cuatro por el momento y entablar una negociación bilateral (face to face) con sus dos actuales proveedores: Ericsson y Huawei. Como existe un riesgo no menor de que en el futuro próximo los equipos de los fabricantes chinos sean vetados en las redes europeas, Orange exige que si invierte en nuevos equipos de Huawei para su red móvil y se produce una prohibición, Huawei devuelva a Orange –y de forma automática sin negociación– el valor neto contable de todo el hardware y software que deba retirar calculado a la fecha en que se produzca la prohibición. La mayor amenaza para la continuidad de Huawei en las redes españolas (ahora tiene alrededor de un 43% de la red móvil de Orange y cerca del 70% de la Vodafone, mientras que no está presente en la radio de Telefónica) es la Cibersecurity Act (CSA2 o Ley de Ciberseguridad) que propuso la Comisión Europea el pasado enero –a la que se opone el Gobierno español y que se debe aprobar a principios de 2027– establece una prohibición total de fabricantes chinos en las redes móviles y la exigencia de sustituirlos en 36 meses. 

España no quiere perder el tren de la carrera espacial europea y está presionando para que la industria nacional tenga peso en el nuevo gigante que se está gestando. El proceso para la fusión de los negocios espaciales de Airbus, Thales y Leonardo –conocido como Proyecto Bromo– sigue su curso en Bruselas, donde se decidirá, entre otras cosas, si tendrá que desprenderse de parte de sus activos para que la Comisión Europea apruebe la operación. Existe cierto consenso en el sector sobre que saldrá adelante debido al carácter estratégico del proyecto, concebido para que Europa pueda competir con las potentes y mucho más desarrolladas industrias espaciales de EEUU y China. También como una forma de que el Viejo Continente sea más autónomo. Se da por sentado también que la Comisión Europea aplicará condiciones a la operación y que para poder combinar sus negocios tendrán que vender algunos activos, a la caza de los cuales ya hay empresas como la alemana OHB o la española Indra. Se espera que el acuerdo sobre esas condiciones se produzca antes de que acabe el año y que, poco después, se nombre al CEO de la nueva compañía, que deberá configurar una cúpula directiva que consiga equilibrar las pretensiones industriales y de representación de cada país participante en el proyecto.

Desde hace semanas el mundo vuelve a contener la respiración cada vez que las bolsas mundiales se tambalean cuando se produce un susto en el mercado de deuda. Trump lo aprendió con sangre a principios de 2025 cuando fueron los inversores quienes le hicieron desdecirse de sus amenazas arancelarias después de vender masivamente deuda estadounidense. Hoy la deuda de EEUU a 10 años cotiza en niveles del 5,25%, máximos de 2002. En Europa la gran preocupación es la salud de las finanzas francesas, cuyo bono no cesa en la escalada, y está a las puertas del 4,9%, ante un déficit inasumible si no se acometen reformas. La movilización social contraria a cualquier recorte y la inestabilidad de los gobiernos galos hace dudar a los inversores de la capacidad del Elíseo de revertir el fuerte endeudamiento del estado, superando el 120% del PIB. El problema es que para 2030 el ministerio francés de Finanzas calcula que el coste de los intereses de su deuda se va a encarecer en un 59% y es ya la primera partida presupuestaria del Gobierno. Los bancos españoles son quienes más están sufriendo las últimas dos semanas el miedo a una posible crisis de deuda. Sus pérdidas llegaron a superar el 10% de media en la bolsa española, aunque la sesión del viernes logró mitigar algo el desplome. Unicaja y CaixaBank son las dos entidades que registran una caída más fuerte, de entre el 10% y 11% en 15 días, seguidas de Bankinter (con cerca del 9%) y de BBVA (en el 7,5%). En conjunto, las seis entidades del Ibex han perdido más de 33.000 millones de capitalización en los últimos 15 días.

Los suculentos incentivos fiscales diseñados por el Ministerio de Economía para la cuenta Financia Europa no le costarán ni un euro a Hacienda. Al contrario. El departamento que dirige Carlos Cuerpo prevé que “el incentivo no solo no supondrá un coste para las arcas públicas, sino que tendrá un impacto positivo sobre la recaudación”. Su razonamiento es sencillo. Las exenciones planteadas en el pago de impuestos por las inversiones quedarán sobradamente compensadas porque las plusvalías de activos como los fondos de inversión, clásicos y cotizados (ETF, por sus siglas en inglés), y las de las acciones serán muy superiores a los intereses de los depósitos. Estos ofrecen una escueta rentabilidad media inferior al 1,6%, y en ellos los españoles tienen alrededor de 1,1 billones de euros. El Ministerio de Economía es taxativo al señalar que “la cuenta [Financia Europa] fomenta que parte del ahorro en depósitos (que apenas tributa porque su remuneración es muy baja en España) se desplace hacia activos de mayor rentabilidad (como acciones, fondos de inversión o ETF)”. Y aquí está el quid de la cuestión. “Aunque las ganancias patrimoniales de estos últimos estén parcialmente exentas, parte de estas ganancias, así como los rendimientos anuales que se distribuyan, generarán una base imponible mucho mayor que la actual, de modo que el efecto neto sobre la recaudación se estima que será positivo”, sentencia.

La Comisión Europea ha dado a conocer nuevos detalles sobre el acuerdo que alcanzó el viernes con China, en el que ambas potencias acordaron reducir en más de la mitad los coches híbridos chinos que llegan al bloque. El Ejecutivo comunitario detalló ayer que las importaciones de este tipo de vehículos se limitarán a 350.000 vehículos al año, con un aumento anual del 6% durante cuatro años. Fuentes oficiales de Bruselas señalan que estas medidas comenzarán a aplicarse ya a principios de diciembre. La llegada de este vehículos híbridos chinos al mercado europeo era uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones de las dos potencias, debido a la competencia «desleal» de estos vehículos frente a los fabricantes del bloque. Y es que Europa lleva años acusando a Pekín de inundar el mercado europeo con coches más baratos, debido a los subsidios estatales que ofrece a estos fabricantes. Las empresas europeas, por el contrario, encuentran dificultades a la hora de intentar acceder al mercado chino, debido a las fuertes restricciones que imponen las autoridades chinas.

Renault se ha convertido en el fabricante de coches más crítico con la importación de vehículos chinos a Europa. El grupo galo, que ha unido fuerzas con Stellantis y Volkswagen –que era menos categórico respecto a China y ahora ha endurecido su discurso–, insiste en la necesidad de poner coto a las ventas de vehículos chinos, con especial foco en España. “Creo que las reglas del juego en España no son muy equitativas”, señaló ayer el consejero delegado del grupo Renault, François Provost, ante un reducido grupo de medios españoles en el Salón del Automóvil de París 2026, donde este medio fue invitado a asistir por esta misma compañía. “Por un lado, tenemos ese flujo de importaciones, algo que ocurre en toda Europa, pero al mismo tiempo se destinan enormes cantidades de dinero público español [con el plan Auto+ del Gobierno para incentivar la compra de coches enchufables] a subvencionar generosamente vehículos híbridos enchufables, o incluso algunos fake híbridos enchufables, importados de fuera de Europa. No me parece justo. Y es una cuestión muy concreta, porque ese dinero público afecta directamente a nuestra planta de Valladolid”, añadió el directivo francés, que hizo énfasis en que “su principal foco de atención” en el país es la situación de esta fábrica. A corto plazo, matizó, la actividad de la planta vallisoletana, centrada en los híbridos no enchufables, está asegurada “por tres o cuatro años”, aunque le preocupa la competencia con China y la falta de flexibilidad de la normativa de emisiones para 2030.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, espera alcanzar pronto un acuerdo con Alemania sobre la protección de la industria automovilística europea, un pacto que debería facilitar las negociaciones a nivel de la Unión Europea (UE), así como mantener los objetivos de descarbonización, mejorar la competitividad y reforzar la soberanía. "Estamos ultimando un acuerdo con nuestros socios alemanes para que Europa pueda avanzar, precisamente con el fin de proteger mejor nuestra industria". "Este acuerdo es inminente y permitirá obtener cierta flexibilidad y alcanzar acuerdos sobre el contenido europeo", ha declarado Macron este lunes en el Salón del Automóvil de París, donde ha lanzado un mensaje de esperanza al sector europeo por el acuerdo de la UE con China para limitar las importaciones de coches híbridos a Europa. Así, la UE está trabajando en un paquete de medidas para fomentar la producción local y en un plan concreto para eliminar progresivamente la venta de coches con motor de combustión, aunque los dos principales países fabricantes de automóviles de la UE han mostrado opiniones divergentes sobre cómo proceder. Esto ha dificultado el avance en las nuevas normas destinadas a respaldar a los fabricantes.

Bruselas ahonda en su misión de reequilibrar las relaciones comerciales con China. Con un déficit superior a los 1.000 millones de euros al día frente al gigante asiático, la Unión Europea trata de buscar vías para recortar esta exposición y cubrir sus vulnerabilidades. En ese contexto, la Comisión Europea exigirá a las empresas comunitarias una mayor diversificación de sus cadenas de suministro. Bajo el nombre de Diversify EU, Bruselas lanzará una iniciativa con el objetivo de buscar que las compañías cuenten con cadenas de valor robustas y flexibles para blindar su negocio de los cada vez más frecuentes conflictos geopolíticos. “Nuestra observación es que las empresas no están evaluando algunos de los riesgos que nosotros vemos o que, cuando lo hacen, puede que no reaccionen ante ellos lo suficientemente rápido. Diversify EU consiste en acelerar ese proceso de diversificación y reducción de riesgos”, explican fuentes comunitarias. La propuesta está todavía gestándose en los pasillos del Palacio Berlaymont, que da sede a la Comisión Europea. Sin embargo, se apunta a que se exigirá que las compañías dedicadas a sectores críticos considerados críticos cuenten con al menos dos proveedores, entre otras exigencias.

Ambos han sido galardonados por sus aportaciones a los “fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica”, un trabajo teórico que ha permitido a los responsables políticos amortiguar con mayor precisión los ciclos de auge y recesión. Según destacó el jurado, las investigaciones de Hall y Woodford revitalizaron las políticas de estabilización económica en un momento histórico en el que parecían haber fracasado. Desde que John Maynard Keynes formulara sus teorías hace casi un siglo, la política económica tradicional buscaba suavizar las oscilaciones del mercado recortando tipos de interés y aumentando el gasto público durante las recesiones, o haciendo lo contrario en épocas de bonanza. Sin embargo, con las crisis del petróleo de la década de 1970, estos modelos quebraron: no lograron frenar el desempleo y desataron una inflación descontrolada. Ante una década de estanflación en occidente, muchos expertos llegaron a considerar que la política de estabilización causaba más daño que beneficio y debía descartarse. Hall y Woodford lograron demostrar que estos modelos podían reconstruirse con éxito. En lugar de limitarse a buscar correlaciones estadísticas abstractas entre grandes variables (como el consumo agregado, el PIB o la inflación), fundamentaron sus análisis en la microeconomía: el comportamiento real y acumulado de millones de hogares y empresas que toman decisiones día a día.

Rusia ha seguido atacando objetivos en Ucrania en las últimas horas, incluyendo infraestructuras energéticas, pese a la tregua anunciada el domingo por la tarde por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un mensaje en Truth, su red social. Kiev acusa a Rusia de no respetar el acuerdo tras los últimos ataques, aunque el presidente, Volodímir Zelenski, recibió positivamente el anuncio de Washington a falta de conocer los detalles. Moscú confirmó ayer por la tarde que no hay un alto el fuego porque lo considera una “trampa”, según el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov. No es la primera vez que el mandatario republicano trata de colgarse una medalla que acaba en fiasco.

La economía y el coste de vida son el motor del voto en las elecciones legislativas de medio mandato, las ‘midterm’, que se celebran el próximo 3 de noviembre en Estados Unidos. Y el presidente, Donald Trump, parece haberse convertido en este punto de su segunda legislatura en un lastre para los republicanos en el asunto que más preocupa a los electores. Su popularidad está hundida –hay encuestas que le dan una aprobación del 30%, la más baja de sus dos etapas en la Casa Blanca– y todavía obtiene peor nota en gestión económica. Los efectos de la guerra de Irán –en particular, en el precio del combustible–, el impacto de los aranceles o la inflación sostenida llevan su firma. Trump está intentando corregir el rumbo en un esfuerzo de última hora y a golpe de talonario. Un vecino de Míchigan enseña a este medio lo que le acaba de llegar al buzón: un cheque de 2.500 dólares, acompañado de una carta firmada por el presidente. Este votante está entre el millón de estadounidenses que han recibido un talón: 500 dólares (por cada miembro de la unidad familiar) como devolución por, según defiende el magnate, pagos de más en sus seguros médicos durante la presidencia de Joe Biden y por culpa del sistema de coberturas creado por Barack Obama.