20261008

Egunkarien azalak erakusten dizkizuegu, eguneko berri nagusietaz “begiratu batean” jabetzeko / Comenzamos con las portadas de los periódicos para conocer ‘de un vistazo’ las noticias destacadas del día.

ELA, CC OO, LAB y UGT piden subidas salariales más allá del IPC, logran un acuerdo sobre el euskera y amenazan con movilizaciones. Los sindicatos del Metal de Bizkaia presentaron ayer una plataforma conjunta a la Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) como vía para desbloquear la negociación del convenio, que tras ocho reuniones permanecía prácticamente estancada. La organización empresarial había reclamado a ELA, CC OO, LAB y UGT que consensuaran un documento común sobre el que poder trabajar, al considerar inviable abordar por separado las reivindicaciones de cada central. Cumplida ahora esa condición, los sindicatos reclaman a la patronal que se siente a negociar sobre la propuesta bajo el argumento de que «ya no le quedan excusas». La plataforma conjunta combina reivindicaciones en las que los cuatro sindicatos ya partían de posiciones prácticamente coincidentes y acuerdos de mínimos alcanzados para salvar las diferencias que hasta ahora los separaban. Entre las primeras, figura la reclamación de subidas salariales dos puntos por encima del IPC en un momento en el que, denuncian, «una inflación disparada está deteriorando progresivamente el poder adquisitivo de las personas trabajadoras del sector». En cuanto al euskera, la propuesta de la plataforma conjunta en esta materia se limita a abrir la puerta a negociar planes de euskera en las empresas. El documento establece que, cuando la Representación Legal de los Trabajadores (RLT) solicite abordar esta cuestión, la compañía estará obligada a sentarse a negociar. Quedan fuera aspectos más controvertidos, como la exigencia de perfiles lingüísticos o la obligatoriedad de ofrecer formación en euskera, medidas que sí defendían los sindicatos nacionalistas. Será después, en cada empresa, cuando las centrales puedan plantear sus propias posiciones sobre estas cuestiones.

Entrevista con Leire Balzategui, directora general de Robotekin. "...Los centros tecnológicos ya están haciendo muchos testeos estudiando cómo utilizar esa IA para que el robot sea inteligente de forma que un operario no tenga que estar ahí. Si hay una incidencia y se queda atascado, que resuelva eso por sí mismo porque está entrenado. Eso es la IA aplicada a robótica, que sean capaces de actuar sin que tenga que haber nadie al lado. Lo que vamos a ver en el hackaton es cómo entrenar ese brazo robótico para que si le metes cien veces la misma tarea acabe aprendiendo y la siguiente lo haga sin que nadie le diga cómo...El robot no viene a sustituir a nadie, sino que va a ayudar y a completar esas tareas que son muchas veces repetitivas o duras físicamente. ¿Por qué el absentismo es alto en Euskadi? Porque igual hay muchas tareas que son físicamente muy duras y hay quien se tiene que coger la baja por el dolor. Un robot puede ayudar en esas tareas y quien se libera se puede dedicar a otro tipo de trabajos. Y la máquina siempre va a necesitar validación; el operario no tiene que hacer el esfuerzo, pero tiene que estar viendo que todo está bien...En construcción cada vez automatizan más, en la industria, en el agro....Pero es que hay informes que dicen que la robótica y el envejecimiento van de la mano. El que esté trabajando en salud también introducirá robots para ayudar a las personas que están en esas fases de envejecimiento y también para operar...La IA ha venido para quedarse y tenemos que conocerla lo mejor que podamos para integrarla en nuestro día a día, porque si no nos vamos a quedar atrás. Cada uno como individuo sabe lo que tiene que hacer y al final la ética, las normas y los estándares para algo están..."

El mercado chino sigue pasando factura en las cuentas de los grandes fabricantes del motor europeos. El grupo Mercedes anunció ayer que ha comercializado 491.700 turismos y vehículos comerciales en todo el mundo durante el tercer trimestre de 2026, lo que supone un descenso del 6% respecto al mismo periodo del año anterior. Al mismo tiempo, las ventas en lo que va de año caen también un 6%, hasta los 1,5 millones de unidades. A pesar de que el grupo alemán ha alcanzado en este tercer trimestre un nuevo récord de ventas en el segmento de vehículos eléctricos (78.100 ventas, un 52% más que el año anterior), esta positiva evolución no es suficiente para compensar el descenso de ventas que la marca de la estrella está experimentando en China.

Francia y Alemania han alcanzado un acuerdo para desbloquear el debate sobre una flexibilización de las normas europeas que abocaban al fin de los motores de combustión en 2035. El presidente de la república gala, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Friedrich Merz, han consensuado un pacto que combina una mayor flexibilidad tecnológica para los fabricantes con una mayor protección de la industria europea frente a la competencia china. Según el periódico alemán ‘Handelsblatt’, el acuerdo entre Merz y Macron contempla ir más allá de la propuesta que realizó la Comisión Europea el pasado diciembre para suavizar el veto de 2035. Así, Bruselas se abrió a que la reducción de emisiones de este año respecto a 2021 fuese del 90% en vez del 100%, siempre que ese 10% de diferencia se compensase con acero europeo de bajas emisiones o biocarburantes. El pacto entre Berlín y París buscaría aumentar el margen para los coches de combustión al rebajar el recorte de las emisiones al 80% y sin compensaciones. Hasta ahora ambos gobiernos se habían torpedeado mutuamente en este asunto.

No hay retorno a la implantación del coche eléctrico y los principales ejecutivos del sector lo saben. La previsión de los grandes CEO de la industria automovilística mundial contemplan que los vehículos 100% eléctricos alcancen un 30% de la producción mundial de automóviles para 2030, en comparación con el 18% de cuota que mantienen en la actualidad, según recoge la primera edición del informe Global Automotive Outlook, elaborado por PwC. El documento, que recoge la opinión de 720 directivos del sector del automóvil de 33 países, pone de manifiesto que el avance hacia la electromovilidad es imparable, aunque la velocidad varía mucho en función de cada región. China será el principal tractor del cambio a la movilidad eléctrica, puesto que pasará de que los modelos de combustión representen el 43% de su producción anual a bajar hasta el 29% en 2030, mientras que el peso de los eléctricos se elevará del 29% actual a alrededor del 40%. La evolución será al alza en todos los grandes países fabricantes de vehículos, aunque en Estados Unidos el ritmo será más lento, ya que en 2030 el 51% de sus producción seguirá siendo de modelos de combustión y solo el 25% corresponderá a eléctricos. Los eléctricos concentrarán el 29% de la fabricación en Alemania en 2030 (15% en la actualidad), mientras que en India llegará también al 29% frente al 17% actual y los modelos de combustión seguirán representando un 48% del total. En Japón, por su parte, la tecnología eléctrica copará el 26% del total al final del período, 14 puntos más que en estos momentos, con un 40% de mix de modelos de combustión para 2030.

La ciberdelincuencia ha elevado su actividad y sofisticación en Euskadi durante este año hasta alcanzar cifras récord, con especial presión sobre las empresas industriales, las pymes y los servicios considerados críticos. Dos análisis publicados por Ziur, el Centro de Ciberseguridad Industrial de la Diputación de Gipuzkoa, y Cyberzaintza, la Agencia Vasca de Ciberseguridad, dibujan un escenario de aumento de los incidentes relevantes, proliferación de vulnerabilidades y mayor profesionalización de los grupos dedicados al espionaje y al ransomware. La dimensión económica del problema es especialmente grave para las pequeñas y medianas empresas. Según la estimación difundida por Ziur a partir de estudios sectoriales, seis de cada diez pymes que sufren un ciberataque grave podrían verse abocadas al cierre en los seis meses posteriores, debido a los costes de recuperación, la interrupción de la actividad y la pérdida de confianza de clientes y proveedores. La advertencia pone el foco en la ciberseguridad como un factor de continuidad empresarial y no solo como una cuestión tecnológica. A esta amenaza se suma el fuerte aumento de las vulnerabilidades conocidas.

La compañía guipuzcoana de defensa Sapa Placencia, especializada en sistemas de movilidad y transmisiones para vehículos militares, registró un beneficio neto atribuido de 14,11 millones de euros en 2025, lo que supone casi cinco veces más que los 2,89 millones del ejercicio previo, según las cuentas consolidadas de la empresa depositadas en el registro mercantil. En cuanto a su cifra de negocio, la firma vasca obtuvo unos ingresos de 76,75 millones de euros, un 13,9% más que los 67,39 millones facturados en 2024. Un crecimiento que llega, además, en un momento especialmente favorable para el sector, impulsado por el aumento de las inversiones en defensa y el mayor gasto militar. La mejora de las ventas, sin embargo, no se trasladó a la rentabilidad. El beneficio de explotación (ebit), que refleja las ganancias obtenidas con la actividad ordinaria antes de descontar intereses e impuestos, cayó hasta los 2,45 millones, un 81,1% menos que los 12,97 millones del ejercicio anterior.

La transición medioambiental y energética se perfila como un motor clave para el mercado laboral en Euskadi. Las inversiones destinadas a descarbonizar la economía generarán cerca de 3.000 nuevos puestos de trabajo en la comunidad autónoma de cara al año 2030. Estos futuros profesionales se sumarán a los 26.643 empleos verdes estrictos que ya existen en el territorio, según las estimaciones de un informe elaborado por el departamento de Estudios de Laboral Kutxa, presentado ayer por Ibon Urgoiti y Joseba Madariaga. En cualquier caso, el peso de este empuje va mucho más allá de las afiliaciones laborales, ya que la actividad medioambiental representa el 2,47% del Producto Interior Bruto (PIB) vasco. «Lo verde», señala el documento del servicio de estudios de la cooperativa arrasatearra, no es un sector aislado o una economía paralela, sino un factor que «atraviesa y transforma las actividades que ya existen». De hecho, la industria y la construcción actúan como los principales tractores de este cambio al aportar «casi la mitad» de esa contribución económica. Bajo esta visión más amplia, la cooperativa de crédito identifica a «más de 104.000 trabajadores vascos en sectores con un alto potencial de transformación ecológica». Ver informe Laboral Kutxa. 

La huelga general por la vivienda volverá a reunir en la calle a los principales sindicatos vascos, aunque con estrategias y discursos diferentes. ELA y LAB coincidirán con CC OO y UGT en el paro convocado para el próximo 11 de noviembre, apenas 48 horas antes del inicio de la campaña electoral. Los sindicatos soberanistas, sin embargo, ponen el foco directamente en los ejecutivos vasco y central y reclaman «un cambio radical de las políticas» desarrolladas por ambos, mientras que las centrales de corte confederal mantienen una formulación más genérica y dirigen sus reivindicaciones a «las diferentes administraciones con competencias» en esta materia. ELA, en un comunicado remitido este miércoles por la tarde a los medios, insiste en que «priorizará enfrentar el problema desde Hego Euskal Herria» y acusa al Gobierno vasco de «ni siquiera llevar al límite las posibilidades competenciales actuales». LAB interpela directamente al PNV, al que acusa de haberse «alineado en Madrid con la patronal inmobiliaria» por su negativa a apoyar el segundo decreto de vivienda. 

Pepe Álvarez, secretario general de UGT. "...No es una huelga general clásica. Lo digo para que todo el mundo lo tenga absolutamente claro. No estamos hablando de una huelga como el 14 de diciembre de 1988. Estamos hablando de una huelga que se va a matizar dependiendo de la comunidad en la que se desarrolle. La incidencia que tienen la vivienda, los salarios, no es la misma, aunque los jóvenes no pueden acceder a una vivienda con carácter general. Lo que queremos es, en todo caso, visualizar una gran protesta cívica en las calles de nuestras ciudades el día de la huelga general...La sociedad del siglo XXI es muy rica. Seguramente que en el XIX o incluso principios del XX, los sindicatos teníamos ese papel de moverlo todo. Hoy mucha gente nuestra está en los sindicatos de inquilinas porque piensan que trabajan temas que desde el sindicato no tenemos estructuras para trabajar. No vamos a entrar en ese debate de competición. Somos absolutamente complementarios... Sobre un posible recurso de CEOE, no lo sé ni me preocupa. Jurídicamente es absolutamente indiscutible que esta huelga no se puede declarar política y nunca se ha declarado ninguna. Lo ilegal o lo legal lo va a determinar la gente que participe. La CEOE y la derecha se están situando como destinatarios de la huelga, que es absurdo, porque nosotros no hemos dicho que sea contra nadie. Es una huelga que quiere que las administraciones, el Parlamento, el Gobierno, se pongan manos a la obra con la vivienda. Los destinatarios son todos los que se sientan interpelados por la mala política que han hecho durante este tiempo en relación con la vivienda. Cuanto más aludidos se sientan, más mala conciencia tienen...2

Hay sospechas fundadas de que estos cambios normativos pueden tener efectos contraproducentes. Porque, dicen sus críticos, responden más a urgencias políticas que a los intereses sociales a los que dicen servir. Desde hace años el sector inmobiliario viene denunciando que las medidas de protección a personas vulnerables están sacando del mercado muchos pisos de alquiler. El argumento es conocido y lo reitera José Manuel González, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Apis) de Bizkaia: un propietario que teme no poder echar a un moroso en caso de impago opta por no arrendar. Como alternativas, o destina el piso al alquiler turístico o al alquiler de temporada (menos de un año) para estudiantes o trabajadores desplazados con fecha de salida. «Se ha legislado para controlar a los fondos de inversión, pero la realidad es que aquí casi el 95% de las viviendas de alquiler están en manos de particulares». También se critica, y este es otro argumento conocido, el hecho de que los particulares deban asumir la protección de personas vulnerables en sus propiedades, cosa que debería ser responsabilidad de las administraciones públicas. ¿Es esto cierto? ¿Están impactando realmente estas normativas en el mercado de alquiler en Bizkaia? Parece que sí. La gran maniobra legislativa en términos de consolidación del escudo social para proteger a inquilinos de los desahucios fue la Ley de Vivienda, aprobada en mayo de 2023. Pues bien, en 2025 (último dato disponible) las operaciones se habían desplomado un 32% en el territorio con respecto a tres años antes.

La modificación más relevante que presenta el primer texto afecta a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y al mecanismo de enervación extraordinaria de los desahucios para hogares vulnerables que regula la Ley de Enjuiciamiento Civil. La enervación se refiere a un procedimiento por el cual se evita un desahucio cuando se abonan todas las cantidades adeudadas. En este caso, al tratarse de una fórmula extraordinaria, es la Administración pública quien debe hacerse cargo de la deuda del inquilino vulnerable. El nuevo marco endurece las obligaciones de las Administraciones públicas cuando intervienen para evitar un lanzamiento de una persona vulnerable: ya no solo deberán hacerse cargo de las rentas o deudas, también de las costas procesales. Además, establece que si pasan dos meses sin que la Administración haya abonado esas cantidades, quedará subrogada en la deuda del inquilino. Esto es, pasará a ocupar el lugar del arrendatario como deudora y asumirá el pago de las cantidades pendientes. En ese supuesto no se extinguirá el contrato ni podrá ejecutarse el lanzamiento. Aunque la competencia de vivienda es autonómica, la norma contempla que “la Administración General del Estado compensará los gastos en los que incurran las comunidades”.

Maricarmen Abascal, la mujer que encendió la lucha contra los desahucios en España, falleció ayer en el Hospital Gregorio Marañón a los 87 años, según confirmó el Sindicato de Inquilinas en un comunicado. El 23 de septiembre fue desahuciada de su casa de Retiro, en la que vivió durante siete décadas. Seis años antes, una empresa, Urbagestión, compró su piso por un precio irrisorio para la zona precisamente porque ella vivía en él. Con una pensión de 1.400 euros, la mujer nunca dejó de pagar el alquiler, de renta antigua, y las facturas: unos 500 euros al mes en total. En 2020 los propietarios le dijeron que debía dejar el apartamento, porque el contrato ya había sido subrogado dos veces, primero a su madre —que no constaba como inquilina, por una ley franquista— y luego a ella. Y desde entonces la intentaron desalojar cuatro veces y no aceptaron ninguna de las propuestas que recibieron para o bien pagar la diferencia del alquiler (le pedían 1.600 euros) o comprar el apartamento.

Los médicos anunciaron ayer que suspenden la huelga indefinida que habían anunciado. Lo hacen después de que se hayan convocado elecciones generales para finales de noviembre. La cancelación de los paros supone un balón de oxígeno para Osakidetza y para los pacientes. Las cinco semanas de jornadas de huelga del pasado curso han disparado las listas de espera y tensado la situación en el Servicio de Salud. Un escenario que aún se mantiene y que amenazaba con complicarse a partir del 28 de octubre, cuando estaba previsto –la convocatoria se anuló ayer– el inicio de un paro indefinido contra el proyecto de estatuto marco impulsado por el Ministerio de Sanidad. Solo entre diciembre y marzo las movilizaciones provocaron la suspensión de unas 300.000 consultas, además del aplazamiento de 8.000 cirugías. Salud derivó, además, a unos 1.800 pacientes que acumulaban más de cinco meses de espera para una operación quirúrgica a centros privados. 

Los vascos gastan un 47% más en sanidad privada que hace doce años, destinando de media 203 euros al año en seguros de salud, según el índice que elabora anualmente la Federación de Asociaciones de la Sanidad Pública (FADSP). José Manuel Aranda, coordinador del estudio, señala que la herramienta identifica con claridad algunos parámetros, pero que hay comunidades que usan técnicas que se escapan a este análisis. «Hay muchas regiones que están bajas en este índice, pero usan otros métodos de privatización que no salen reflejados». En ese sentido, sostiene que la privatización puede realizarse de «muchas formas», señalando que «en general, es una transferencia de dinero público a empresas», la cual puede hacerse mediante compra de servicios, conciertos, transferencia de la gestión, a través de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y «por la compra directa de servicios sanitarios por la población de algo que debería ofertar el sistema sanitario». Buena parte del crecimiento de la privatización viene del peso que tiene el aumento del aseguramiento privado y del gasto directo de los hogares. El informe cifra en 203 euros por habitante el gasto vasco en seguros privados, frente a los 161 euros de 2014. El incremento acumulado alcanza el 26,1%. Aun así, Euskadi se encuentra por debajo de la media estatal, que se sitúa en 210,35 euros por habitante. En el conjunto del Estado más de 14,2 millones de ciudadanos tenían seguro sanitario privado en 2025, una cifra que ha aumentado un 81% desde el inicio de la serie.

Casi 20.000 personas de nacionalidad extranjera dejaron Euskadi en 2025. En concreto, fueron 19.172, según los datos publicados ayer por Eustat. La cifra representa el 50,4% de todas las emigraciones registradas en la comunidad autónoma durante el año. La mayor parte de quienes abandonaron Euskadi puso rumbo al extranjero. Un total de 12.923 personas, el 67,4%, se trasladaron a otro país, mientras que las 6.249 restantes, el 32,6%, optaron por otra comunidad autónoma. Los principales destinos fueron Madrid, Cataluña y Castilla y León. La llegada de población extranjera volvió a superar a las salidas. Los 41.439 inmigrantes de nacionalidad extranjera representaron el 70,8% de todas las personas que se instalaron en Euskadi durante 2025, y dejaron un saldo positivo de 22.267, aunque ligeramente inferior al de 2024, cuando fue de 22.496. La mayoría de estas personas procedía directamente del extranjero: 33.484, el 80,8% del total. Otras 7.955 llegaron desde otra comunidad autónoma, principalmente desde Madrid, Cataluña y Andalucía. Colombia, Marruecos y Venezuela fueron las nacionalidades más numerosas entre quienes llegaron, mientras que entre quienes se marcharon destacaron Colombia, Marruecos y Rumanía.

La convocatoria de elecciones está precipitando la agenda legislativa del Gobierno. Tras los decretos de vivienda, el Ministerio de Trabajo pisa ahora el acelerador para fijar la nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027. Aunque en los últimos días se había confirmado que próximamente se convocaría la comisión de expertos que tienen la misión de recomendar la horquilla de revalorización, el departamento de la vicepresidenta Yolanda Díaz no había dado ninguna pista de la premura con la que finalmente se desarrollarán estos trabajos. Así, Trabajo convocará hoy la Comisión Asesora para el Análisis del SMI que comenzará a elaborar su informe. Con los tiempos que se manejan, la recomendación de subida del SMI podría estar lista antes de la celebración de las elecciones generales del 29 de noviembre. Si bien, Gobierno de coalición viene aprobando el real decreto de revalorización ya entrado el año –y con carácter retroactivo–. Por lo que el escenario más probable es que se conozca el nivel de la subida que maneja el Gobierno, pero que la aprobación quede pendiente del resultado electoral. Ya que, en cualquier escenario, la subida del SMI es prerrogativa del Ejecutivo y no es necesaria su convalidación por parte del Congreso.

El cierre del estrecho de Ormuz todavía no ha dañado seriamente las perspectivas de crecimiento de la economía española, pero podría hacerlo en caso de que la situación se prolongue y siga tensando las subidas de precios. BBVA Research elevó ayer sus perspectivas de crecimiento para la economía española este año en dos décimas, hasta el 2,6%, al tiempo que mantuvo sus pronósticos para el próximo ejercicio en el 2,1%. Sin embargo, al mismo tiempo también alertó de que la inflación media anual se elevará hasta el 3,7%, lo que implica que la subida anual del Índice de Precios de Consumo (IPC), actualmente en el 4,9% en septiembre, apenas se moderará al 4,4% en el último mes del año. Sin embargo, más allá de datos concretos, el problema es que en caso de que la guerra en Oriente Próximo y el bloqueo del Estrecho se prolonguen, la subida de los precios energéticos se podría filtrar al resto de componentes de la cesta de la compra, golpeando el consumo de las familias, mientras que las subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo (BCE) necesarias para poner coto a la inflación, limarían la inversión. En concreto, el servicio de estudios de BBVA Research habla de un hipotético escenario de un conflicto prolongado, con una “elevada incertidumbre” en el que el encarecimiento del petróleo y el gas podría sumar entre 8 y 9 décimas a la inflación en el bienio 2026-2027 y restaría entre 4 y 5 décimas al crecimiento del PIB.

Los países del golfo Pérsico parecen encontrar la fórmula con la que sortear el control de Irán sobre el estrecho de Ormuz. La navegación cerca de la costa de Omán, vigilada por la Armada estadounidense, se ha convertido en la alternativa para dar salida al suministro de crudo, hasta el punto de que las exportaciones están aproximándose a los niveles previos a la guerra. Pero esa reactivación no está dando mayor fluidez a la navegación: salir de Ormuz sorteando los ataques iraníes implica la transferencia de carga de buque a buque, lo que reduce la oferta de petroleros disponibles para otras rutas, y la navegación sigue siendo peligrosa. Irán no está siendo capaz de bloquear el tráfico marítimo en este enclave estratégico, por lo que ha elevado los ataques a buques petroleros en los últimos días. Por eso el petróleo, pese a la recuperación del suministro, sigue anclado en los 100 dólares. El crudo, un bien físico pero cuyo precio se determina en el mercado de futuros, incorpora tanto un coste del transporte disparado como una prima de riesgo ante la eventualidad de nuevos ataques. 

Diez parones en diez meses. El sistema que permite a Red Eléctrica frenar de golpe el consumo de la gran industria para evitar problemas de suministro ha alcanzado en 2026 un récord de activaciones, con ocho intervenciones concentradas en apenas tres meses. «El sistema nunca ha estado en riesgo», insiste el operador tras cada episodio. Pero el contraste con 2025, sin embargo, es llamativo: el mecanismo estuvo contratado durante todo el ejercicio y no llegó a activarse ninguna vez. El récord de uso llega además acompañado de un coste sin precedentes. La potencia contratada para que la industria permanezca disponible durante 2026 ronda los 433,9 millones de euros, a los que hay que sumar los pagos variables que conlleva cada activación del sistema. Con los episodios registrados hasta ahora, el coste asociado al Servicio de Respuesta Activa de la Demanda (SRAD) supera ya los 435 millones. La última intervención, que tuvo lugar el pasado martes, llevó al operador por primera vez este semestre a movilizar toda la potencia disponible. A las 19.43 horas Red Eléctrica ordenó retirar 832 MW de demanda industrial. Apenas 19 minutos después activó también el segundo bloque, de 943 MW. 

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) generativa ha llevado a la gran banca española a tejer una red de alianzas con Silicon Valley, pero también ha puesto encima de la mesa el debate sobre la soberanía tecnológica. Las grandes entidades buscan acceder de manera prioritaria a los modelos más avanzados de compañías como OpenAI o Google para mantenerse en la carrera de la innovación. Sin embargo, no pierden de vista que deben mantener capacidad de decisión tecnológica y evitar quedar ligadas a una única tecnológica en un mercado que evoluciona a gran velocidad. Detrás de acuerdos como el firmado por BBVA con Open-AI hay una apuesta por acceder de forma temprana a capacidades tecnológicas que evolucionan a gran velocidad. En esta línea, el banco presidido por Carlos Torres mantiene una colaboración estratégica con OpenAI que le proporciona acceso preferente a sus modelos más avanzados, y se ha incorporado como socio fundador de OpenAI Deploy-ment Company, una iniciativa destinada a facilitar el despliegue de sistemas de IA en procesos críticos de negocio. Estas alianzas no se limitan a los desarrolladores de modelos. BBVA se ha apoyado en Amazon Web Services (AWS) para construir su plataforma global de datos e IA que, según el banco, le permite reducir hasta un 75% los tiempos de desarrollo de determinados casos de uso. Por otro lado, el 70% de sus desarrolladores utiliza GitHub Copilot de Microsoft.

La inteligencia artificial es capaz de multiplicar las ganancias de la banca reduciendo enormemente los tiempos y los costes de los procesos administrativos más tediosos, además de abrir un nuevo mundo de posibilidades de negocio. Sin embargo, también se ha demostrado que los modelos más potentes de esta tecnología son capaces de encontrar en cuestión de minutos todas las vulnerabilidades del sistema de seguridad de las entidades hasta el punto de poder poner en jaque su supervivencia. Ante esta situación, el Banco Central Europe, el supervisor bancario, ha decidido ponerse manos a la obra, reforzar su vigilancia y convertir los riesgos derivados de la IA en una de sus máximas prioridades. Así lo demuestra la carta que hace dos meses envió Claudia Buch, presidenta del Consejo de Supervisión bancaria del BCE. En su misiva, la supervisora advertía a los consejeros delegados de los bancos europeos de que debían tomar en serio la amenaza derivada de la IA y exigía que detallaran una hoja de ruta para lidiar con esta situación. El BCE ha otorgado un plazo hasta el 31 de octubre para diseñar un plan de acción detallado con medidas sobre cómo contendrán los riesgos que emergen ante el desarrollo de la IA. Para noviembre, por lo tanto, todas las entidades tendrán que haberlo presentado a sus respectivos equipos conjuntos de supervisión

La idea de un impuesto a las grandes empresas tecnológicas estadounidenses vuelve a recorrer los pasillos del palacio Berlaymont, la sede de la Comisión Europea. El Ejecutivo comunitario trabaja en esta medida que tantos enfrentamientos ha desatado con Donald Trump al entender que puede convertirse en una vía para lograr nuevos ingresos. Eso sí, diferencia de en ocasiones anteriores, ahora Bruselas trata de hilar más fino con su tasazo para evitar represalias y agitar de nuevo los fantasmas de una guerra comercial. Según adelantó Financial Times, la Comisión Europea plantea “colar” de nuevo en la agenda ese impuesto a las empresas tecnológicas escondido bajo la forma de un gravamen generalizado a todas las grandes compañías. El objetivo es que no se hable específicamente de una tasa sobre nombres eminentemente estadounidenses, como Alphabet, Meta o Amazon, sino que se vea como un impuesto europeo generalizado que incluso afecte a un grupo de compañías comunitarias. Con ello, los técnicos de la Comisión Europea entienden que podría pasar más desapercibido

Las protestas sociales, la inestabilidad política y la bola de nieve del déficit y la deuda han desencadenado una triple crisis en Francia, denostada como «el nuevo enfermo de Europa» por los analistas. La inquietud entre los franceses es tal que el primer ministro Sébastien Lecornu se vio obligado a comparecer ante las cámaras de televisión ayer, un día después de que el presidente Emmanuel Macron llamara a capilla a los ministros y pidiera «empatía» ante los estudiantes y «proporcionalidad» en la respuesta policial, preocupado por la caótica imagen del país. El centrista Lecornu, que asumió el cargo hace un año tras la dimisión de su predecesor Francçois Bayrou, se enfrenta a un escenario de «policrisis» sin precedentes, agravada por la crisis energética y la subida de los carburantes y ante un escenario político cada vez más polarizado, con la extrema derecha y la extrema izquierda subiendo en las encuestas. «Comprendo el cansancio de quienes sienten que, apenas superada una dificultad, surge otra», reconoció Lecornu, en su inusitada intervención desde su residencia oficial en Matignon, el momento de hacer repaso a la crítica situación que vive Francia, empezando por las protestas sociales.

Las autoridades sanitarias internacionales están en alerta por un caso de peste que ni siquiera se sabe si existe realmente. La muerte de una trabajadora de un laboratorio por esta enfermedad en la región rusa de Irkutsk el 2 de octubre desató las sospechas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ofreció ayer ayuda técnica al Gobierno ruso, a la vez que solicitó más información del caso para poder evaluar el riesgo. Rusia tiene pendiente responder a muchas de las preguntas que le ha hecho la OMS. Su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que cuando su organización pidió información, las autoridades rusas contestaron que no se había notificado recientemente ningún caso de peste en la región de Irkutsk y que habían puesto en cuarentena a unas 200 personas que habían tenido contacto con la fallecida. Rusia ha atribuido el fallecimiento a una neumonía de etiología desconocida, pero la opacidad con la que está manejando el caso ha provocado especulaciones sobre el posible origen en el laboratorio de la infección. La sospecha es que se trate de peste neumónica, una de las variantes más graves de la enfermedad, con una alta letalidad, pero que es tratable con antibióticos si se detecta a tiempo. Otro de los miedos es que se trate de una variante resistente a los medicamentos, lo que impediría que los tratamientos convencionales surtieran efecto.