20230223

Aernnova, emplazada en el polígono alavés de Berantevilla, plantea un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por los problemas de suministro de la compañía con Rusia. Gran parte de la carga de trabajo de la planta depende de unas forjas de titanio que proceden del país que invadió Ucrania hace un año. Las piezas están llegando con cuentagotas desde hace ya varios meses, lo que frena la producción. Ante este hecho, la dirección ha decidido reducir la jornada de la plantilla a la espera de que el mercado internacional se normalice. La propuesta de Aernnova pasa por un ERTE para 242 trabajadores desde la primera semana de marzo hasta finales de abril. Cada empleado gastará nueve días de paro aunque esas horas se distribuirán a lo largo de diferentes jornadas, con una reducción de las mismas. Tendrán que ir a la empresa menos tiempo del habitual. En marzo, la reducción será del 32% mientras que en abril el porcentaje bajará hasta un 10% para completar el total. En principio, quedará excluido del ERTE el personal encargado de la construcción del helicóptero Superpuma, que no necesita la pieza de titanio, así como las secciones de pintura y los mandos superiores. Tampoco figuran en la lista aquellos empleados que están desplazados en otras fábricas de la compañía. En total son 123 trabajadores los que no se verán afectados por un expediente que aún no ha sido negociado con los sindicatos. Será mañana cuando las dos partes se sentarán a hablar para buscar un acuerdo. 

Es un nuevo récord en la cuenta de resultados de la compañía eléctrica vasca y supone sobrepasar por primera vez en su historia los 4.000 millones de euros de beneficio anual. La cifra exacta se elevó hasta los 4.339 millones de euros en 2022, un año extraordinariamente complejo para el sector energético marcado por el aumento de precios, y que suponen un incremento del 11,67% en comparación con la ganancia obtenida en el ejercicio de 2021. La compañía destacó ayer que este resultado tan positivo es fruto de las fuertes inversiones realizadas en la última década que han permitido incrementar de forma importante su capacidad de generación y comercialización de electricidad, así como una amplia presencia en nuevos mercados. Incluso, la eléctrica que preside Ignacio Galán remarca que el negocio en España sufrió el pasado año un ligero retroceso, con una caída del resultado del 19%, que ha podido ser compensado con los aumentos contabilizados en Brasil y Estados Unidos, principalmente. La caída en España se justifica por la necesidad que ha tenido la empresa de comprar energía en el mercado diario a precios elevados debido al descenso de producción en algunos de sus puntos de generación, unido a la obligación de atender a los contratos de largo plazo que tenía firmados. Si los beneficios son un récord, la empresa destaca asimismo que su aportación a las arcas públicas también lo es, ahora que va a tener que hacer frente al pago del nuevo impuesto extraordinario que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó para empresas energéticas y la banca. Así, en su informe anual asegura que ha generado 7.500 millones de euros en impuestos, de los cuales 2.600 se han recaudado por Hacienda en España. Ver nota Iberdrola. 

«Han dicho que es un impuesto a los beneficios extraordinarios pero nosotros no hemos tenido beneficios extraordinarios en España», aseguró ayer el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, en una comparecencia para analistas financieros. Con esa declaración justificó la decisión de la compañía de recurrir la nueva tasa impuesta a energéticas y banca. Como ya es conocido, el nuevo gravamen se calcula en función de los ingresos de la compañía sin tener en cuenta los beneficios. La eléctrica ya ha puesto en marcha la maquinaria para presentar el recurso tras realizar el primero pago, pero no espera que haya un fallo judicial firme este año, sino más bien en 2024. Las primeras sentencias –se da por sentado– van a experimentar recursos sistemáticos a instancias judiciales superiores. Gerardo Codes, director de los servicios jurídicos de Iberdrola, desgranó de forma sintética para los analistas las razones que han animado a la empresa a ir a los tribunales. «Es un impuesto que va contra la normativa europea, resulta arbitrario y discriminatorio», dijo Codes. Esta tasa sólo se calcula referida a los ingresos que la empresa tiene por la producción y comercialización de electricidad en España y no por sus operaciones en el exterior. De ahí que también suponga un aliciente para reforzar sus operaciones en el extranjero.

El grupo ITP Aero anunció ayer la decisión de ampliar sus actividades en el País Vasco con la construcción de un nuevo centro de investigación y desarrollo, al que destinarán 24 millones de euros y que estará dirigido a profundizar en sistemas de fabricación avanzada. Este es el componente más destacado del plan de inversiones y crecimiento que ha aprobado la compañía y que contempla también una inversión de 10 millones de euros en las factorías de la filial PCB en Barakaldo y Sestao, donde se quiere aumentar la producción y mejorar su competitividad. La decisión hay que interpretarla no solo como el inicio de la apuesta por el crecimiento que llevó al fondo norteamericano Bain a adquirir la compañía, sino también como una muestra del deseo de mantener el centro de decisión en el País Vasco e invertir también en este territorio. Un mensaje lanzado recientemente por el nuevo presidente de la empresa, Juan María Nin, y que tiene en este caso un componente cualitativo. La inversión y el crecimiento –24 millones de euros y 120 nuevos empleos– se producirá en el área I+D, que es la de máxima cualificación profesional. Una parte de las actividades de este nuevo centro estarán destinadas a los desarrollos del programa militar FCAS, en el que participa la empresa y que tiene como objetivo el diseño y la posterior construcción de un nuevo avión de combate. El programa está impulsado por Alemania, España y Francia. Mientras, el actual director de fondos europeos del Gobierno vasco, Juan Alberdi, ha sido designado por el Ejecutivo como nuevo miembro del consejo de administración de ITP Aero. Alberdi pertenece en la actualidad al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco y es el encargado de coordinar los programas y el acceso a una parte de las ayudas del programa lanzado por la Unión Europea para propiciar la recuperación de la economía tras la pandemia. El Ejecutivo autonómico adquirió el pasado mes de octubre el 6% de la compañía. Ver nota ITP Aero. 

 La firma papelera Papresa de Errenteria ha inaugurado oficialmente la nueva planta de tratamiento de aguas con la que da por concluido el proceso de reconversión y diversificación iniciado en 2020 que ha significado la inversión de 70 millones de euros. La infraestructura reducirá un 80% la carga orgánica del agua que se emplea para la producción de papel y que posteriormente se vierte al exterior. El presidente de Papresa, Miguel Sánchez, ha explicado que esta reducción de la carga orgánica se consigue con un reactor anaerobio que contribuye a que el agua empleada “regrese a la naturaleza lo más limpia posible”. Además, su funcionamiento generará biogás que se destinará a autoconsumo. En concreto, Sánchez ha señalado que se empleará como combustible para las calderas de vapor que intervienen en la producción de papel. “Con esta instalación culmina el proceso de reconversión y diversificación” iniciado por la firma guipuzcoana que, según ha indicado el también consejero delegado de Papresa, “era una reorientación necesaria hacia el futuro”. Tras realizar inversiones superiores a los 60 millones de euros en 2022, Miguel Sánchez mira este año “con ilusión” y con la esperanza de “recoger los frutos” que prevé que genere esta actuación. 

Kutxabank anunció ayer la apertura de un proceso de selección de personal para incorporar a 75 nuevos empleados indefinidos a lo largo del primer semestre, con el objetivo de reforzar la atención en las oficinas así como algunas áreas especializadas. La decisión hay que interpretarla como un nuevo movimiento de la dirección del banco solo dos días antes de una huelga a la que se han sumado todos los sindicatos con representación en la entidad. El pasado viernes Kutxabank anunció una subida salarial adicional para este año con carácter unilateral que en total supone incrementar en un 5,25% las percepciones mensuales de 2022. El aumento se ha instrumentado mediante una subida adicional del 3,75% al 1,5% que figura en el convenio, en un plus que no se integrará en el salario base pero que el banco ha calificado como «revalorizable». Con esta subida, las condiciones salariales de los trabajadores de Kutxabank se igualan a las que los sindicatos han pactado para el conjunto del sector bancario mediante un acuerdo con la AEB y la CECA. Kutxabank anunció su decisión de una subida unilateral después de haber mantenido varias conversaciones con los representantes sindicales sin que se hubiese alcanzado un acuerdo. Los sindicatos convocantes de la huelga de mañana han argumentado que hay un sensible malestar de la plantilla por la enorme presión comercial para alcanzar objetivos de venta, además de reclamar un aumento de plantilla ante el deterioro del servicio que prestan a los clientes. 

Madrid es el principal polo de atracción de las empresas vascas que deciden trasladar su domicilio social. De las cerca de 2.200 sociedades que se han marchado de Euskadi en la última década, un 44% ha optado por la capital de España. El año pasado el porcentaje fue algo inferior, del 36%, pero se mantuvo la dinámica, según los datos que publicó ayer Informa D&B, filial de Cesce. En concreto, en el pasado ejercicio 207 sociedades vascas se llevaron su sede fuera de Euskadi y de ellas 75 eligieron establecerse en Madrid. En sentido contrario también vinieron 195 empresas, con la capital de España como principal origen (66), aunque el saldo fue, una vez más, negativo para el País Vasco. La diferencia total entre las empresas que se marcharon y las que llegaron fue de 18. Se trata de cifras absolutas poco significativas, pero que sí evidencian de forma clara la fuerza centrípeta que ejerce Madrid. Y es que la marcha de sociedades a la capital es la causa que explica que Euskadi acumule un saldo negativo en el flujo en la última década, si bien los números son modestos. Con la excepción de 2020, el año de la pandemia, en el que llegaron a Euskadi más empresas de las que se marcharon, la comunidad autónoma ha registrado pérdida neta de sociedades todos los ejercicios. Desde 2015 el saldo negativo es de 327 compañías. «La causa no puede ser fiscal porque en el caso del Impuesto de Sociedades el régimen foral es más favorecedor que el común. No es lo mismo que el Impuesto de Patrimonio, cuya exención total en Madrid –hasta que se ha aprobado la tasa de grandes fortunas– ha favorecido la fuga de rentas altas a la capital. La explicación tiene que venir por otros factores», señala Luis del Amo, secretario técnico del REAF del Consejo General de Economistas de España. En el caso de Euskadi el flujo negativo es reducido, nada que ver con lo ocurrido en Cataluña, donde se produjo una fuga masiva de sociedades a raíz del referéndum independentista de 2017. Solo entre ese año y el siguiente el saldo neto de empresas que se trasladaron alcanzó las 3.300. 

El centro de Formación Profesional San Jorge de Santurtzi inauguró ayer la primera instalación de España para la producción y almacenamiento de hidrógeno verde situada en una escuela. Servirá, además, para formar al alumnado en el manejo de esta fuente de energía, que Europa se ha marcado como una prioridad dentro de un horizonte de descarbonización de la economía. El complejo ha sido bautizado como Telki, en honor a María Telkes, pionera en el ámbito de las energías renovables, según explicó el director del centro, Kepa Lejarreta. Para llevar a cabo la electrólisis utiliza placas solares colocadas en una marquesina y en el tejado del edificio, además de un aerogenerador. El hidrógeno producido, por el momento, se destina a generar energía para abastecer al propio centro. La idea de impulsar el proyecto parte de la voluntad del Departamento de Educación del Gobierno vasco de anticiparse a las necesidades de las empresas en el futuro. Está alineada, además, con la estrategia para crear un corredor vasco del hidrógeno verde, un proyecto al que se han adherido 70 empresas. En la presentación de la infraestructura estuvo presente, entre otros, el consejero de Educación. Jokin Bildarratz destacó que «si hay algo que caracteriza a la FP vasca es su flexibilidad para adaptarse a los cambios».

El Gran Bilbao es una de las áreas metropolitanas europeas donde los menores de 25 años lo tienen más difícil para trabajar. En concreto, según los registros de Eurostat (el servicio estadístico de la UE), el paro juvenil es aquí del 38,5%, lo que nos sitúa en un poco honroso puesto 17 de más de 300 metrópolis continentales analizadas. Los datos de Eurostat se refieren al año 2021 y buena parte de las zonas con más desempleo juvenil se corresponden con áreas metropolitanas tanto españolas como italianas con una gran dependencia del turismo, sector que aún estaba muy castigado por la pandemia en aquel momento. Pero el caso de Bilbao no se corresponde con ese perfil. Por su parte, Vitoria, según esos mismos registros, el paro juvenil es aquí del 32,4%, lo que sitúa a la capital alavesa en el puesto 25 de las más de 300 metrópolis continentales analizadas. 

El primero de los 23 programas del Fondo Social Europeo (FSE) previstos en España, que en conjunto sumarán 11.296 millones de euros, ha sido aprobado en Euskadi y funcionará hasta el año 2029. Presentado ayer, inyectará 197 millones, de los que 79 serán aportados por la Unión Europea, en varias actuaciones relacionadas con la inclusión social y la transición verde y digital, que permitirán atender a más de 90.000 personas. El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, destacó que aproximadamente la mitad del importe movilizado será gestionado por el servicio vasco de empleo Lanbide, como organismo competente en la materia. Azpiazu defendió que este fondo contribuirá «con financiación y también con principios y valores compartidos al crecimiento inclusivo de Euskadi, a la modernización del mercado de trabajo, a la adaptación de las transformaciones verde y digital que ya tenemos entre nosotros y a la protección de las personas más vulnerables de nuestra sociedad». El consejero señaló que la otra mitad de los fondos «se ejecutará contando con la participación de los organismos externos centrados en la ayuda a los colectivos más vulnerables». En materia laboral, Azpiazu apuntó que el programa favorecerá «el acceso y el mantenimiento de un empleo de calidad» y facilitará «la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad y en riesgo de pobreza o exclusión social».

Las medidas antiinflación aprobadas por el Gobierno Vasco y central buscan inyectar dinero en el bolsillo de los contribuyentes para suavizar la imparable subida del IPC y reducir la desigualdad en la distribución de los salarios, y los datos de Gipuzkoa demuestran que se está consiguiendo. El ‘Informe sobre salarios, pensiones, prestaciones de desempleo y rescates de previsión social en Gipuzkoa’ publicado este año por el departamento de Hacienda de la Diputación de Gipuzkoa ofrece una radiografía para analizar cómo los diferentes acontecimientos y medidas económicas han impactado en las retribuciones del territorio durante la última década. Para analizar esta brecha entre los que más y menos ganan, el informe divide los ingresos de la población guipuzcoana en diez bloques o deciles. Si ponemos la lupa en la evolución de los salarios en cada uno de estos grupos, podemos apreciar como la brecha entre los que más ganan y los que menos se ha reducido un 23,3% en el último lustro, según este estudio foral. Una cifra más positiva que cinco años antes (periodo 2012-2016), cuando la desigualdad en Gipuzkoa creció un 10,2%, según este informe. Por lo tanto, se ha producido una notable reducción de la brecha en el último lustro. Es decir, se ha estrechado la diferencia entre la cantidad de trabajadores que ganan más y la de trabajadores que menos ganan. Los asalariados que menos cobran han ganado cierto peso sobre el total, mientras que los que más ingresan lo han perdido. 

El número de puestos generado por el sector vasco de la construcción el pasado enero cayó un 22,5% respecto al mismo mes del 2022, con 2.027 contratos firmados frente a los 2.617 que se registraron entonces. La empresa de Recursos Humanos Randstad publicó ayer el dato, extraído de las cifras facilitadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). El registro también refleja que en el caso de España la construcción generó en enero 76.082 contratos, lo que en su caso supone un incremento del 49,2% con respecto a diciembre anterior, y rompiendo la tendencia de caídas que se arrastraban desde hace tres meses. En todo caso, comparado con enero de 2022, el pasado mes también supuso una caída a nivel nacional, aunque mucho menor, del 13,9%. En Euskadi, fue Bizkaia la que registró más contratos en la construcción: 1.240 firmas, lo que sigue siendo un 24,7% menos que en enero del año anterior. Gipuzkoa por su parte generó 474 empleos en este sector, un 13,2% menos, y Álava 313, lo que representa en su caso una caída del 26,4%. La de Euskadi fue la mayor bajada interanual registrada el pasado mes en toda España.

La comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo que ha visitado esta semana España para examinar la ejecución de los fondos Next Generation de recuperación y resiliencia no ha hallado ningún indicio de irregularidad, pero si ha planteado algunas exigencias en materia de agilidad y transparencia. En una rueda de prensa ofrecida ayer a modo de balance de la visita, la jefa de la delegación, Monika Hohlmeier, concluyó que los sistemas de control de los fondos europeos que tiene España sufren «una serie de retrasos» que impiden rastrear la información de forma más completa. «No se nos ha comunicado ninguna información de ejecución real contable de los fondos, no hemos visto una cadena que sería muy útil que comience en el desembolso y termine en el gasto en el usuario final», explicó la europarlamentaria alemana. El objetivo es que se lleguen a conocer «detalladamente» a todos los beneficiarios, aunque Hohlmeier reconoció que esto «no es fácil» porque son «miles y miles de datos que hay que cruzar». Por ello, pide a España verter la información que está recopilando en una plataforma «más accesible» para dar «más transparencia». Tras reunirse en su visita con consejeros autonómicos, directivos de empresas, sindicatos, periodistas de investigación y consultores, la jefa de la comitiva europea indicó que la carga administrativa es «una queja común» en todos los ámbitos. «Hay que garantizar que los fondos lleguen a la economía y a los ciudadanos de una forma rápida, segura y que den resultados. Se nos ha hablado de procedimientos muy técnicos y una burocracia farragosa que hay que mejorar», lamentó.

“Nos volvemos a Bruselas sin conocer el dato de ejecución real de los fondos europeos”, resume Eva Poptcheva, vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y miembro de la delegación que llegó a España el lunes para fiscalizar la ejecución de los fondos europeos. Forma parte de lo que muchos medios y políticos llaman los hombres de negro, aunque “ni somos hombres, ni vamos de negro”, bromea Poptcheva. “Estamos aquí como políticos, para garantizar que se cumplen los objetivos con los que fueron aprobados estos fondos, que fueron políticos”, precisa. Poptcheva explica los principales asuntos que han analizado estos días y desgrana los puntos que más inquietud despiertan. “Mi mayor interés es que se haga un buen uso y una buena ejecución. Nos jugamos mucho. Es una oportunidad muy grande. Ya fue muy difícil convencer a los países frugales de que apoyaran este mecanismo y ahora hay que demostrar que el país está a la altura”, destaca. España es el primer Estado miembro en recibir la visita de esta misión de la Eurocámara. La impresión que se llevan los miembros de la delegación podría ser mejor. El Gobierno les ha trasladado que se ha ejecutado ya 23.300 millones de euros. “Hay cosas que no cuadran. Nos dicen que es el importe que se ha transferido a las comunidades autónomas y, más tarde, que son las convocatorias resueltas”, explica. “A nosotros nos interesa saber qué cantidad ha llegado a la economía real”, señala, denunciando que esta cifra no se les ha dado. 

Las medidas fiscales desplegadas por el Gobierno de España para hacer frente a las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Ucrania y de la escalada de la inflación supondrán a las arcas públicas un coste fiscal de entre 34.000 y 40.000 millones de euros entre 2021 y 2025, con especial énfasis en el año 2022. Sin embargo, critica el Banco de España, tal despliegue de recursos no se ha concentrado en los hogares y en las empresas más vulnerables, sino en el conjunto de la población. En concreto, únicamente entre el 15% y el 20% del gasto se ha articulado a través de medidas que estén dirigidas a grupos especialmente afectados por la crisis. El supervisor, por ello, pide fórmulas alternativas como cheques directos y muy focalizados. El organismo que dirige Pablo Hernández de Cos reconoce en un análisis publicado ayer que estas alternativas son complejas porque implican identificar a los potenciales beneficiarios y hacerles llegar el ingreso después, pero pone como ejemplo la ayuda de 200 euros diseñada el pasado diciembre para las rentas más bajas, cuya implementación ya está en marcha. Bajo este esquema, el Banco de España propone dos opciones, con un evidente ahorro. La primera es realizar una transferencia de 375 euros a cada uno de los hogares que conforman el 30% más pobre de la población. La cantidad no es casual, ya que es similar al ahorro que reciben estas familias con las rebajas del IVA en la energía y en los alimentos y con la antigua bonificación a las gasolinas, tres de las medidas más regresivas por su evidente carácter universal y que, bajo este supuesto, se eliminarían. El coste fiscal de esta alternativa sería de 2.095 millones de euros, suponiendo un ahorro presupuestario de 7.484 millones.

Los garantes de las condiciones laborales en España vuelven a manifestarse para exigir que se les mejoren las suyas. Los inspectores de Trabajo desarrollaron ayer una nueva jornada de huelga, la tercera desde diciembre, para exigir al Gobierno que cumpla el acuerdo que firmaron en julio de 2021 con el Ministerio de Trabajo y que preveía, entre otras, un aumento de plantilla, algo menos de 3.000 empleados. Con premisas como “Inspección, solución” o “más sumar y menos restar” —en alusión a la plataforma política con la que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, podría concurrir a las próximas elecciones— varias decenas de inspectores se han manifestado frente a la sede de Trabajo en Madrid. Una reunión ayer con los representantes del ministerio concluyó sin avances. Miguel Ángel Montero, portavoz de CSIF, uno de los sindicatos convocantes, aseguró que del tono de Trabajo “parece traslucirse” que quieren “modificar sustancialmente” el acuerdo de 2021. El secretario de Estado de Empleo, por su parte, declaró que se encuentran en estrecho contacto con el Ministerio de Hacienda, “que es el competente para establecer los mecanismos de reforma de la RPT [el instrumento sobre el que las Administraciones Públicas diseñan su estructura de personal]”. El origen del conflicto se remonta a julio de 2021, momento de la firma del acuerdo entre sindicatos y Ministerio. 

El Ministerio de Seguridad Social prevé que el cambio en las cotizaciones de los autónomos aumente significativamente los ingresos del sistema, una medida que el Gobierno ha comprometido con la Comisión Europea. Desde este año, las cotizaciones de los autónomos se irán acercando a los ingresos reales comunicados a la Agencia Tributaria, restados los gastos por su actividad. La iniciativa tendrá un impacto neutral hasta 2026, es decir, que en conjunto no supondrá más ingresos, pero a partir de ese año habrá un importante aumento de recaudación de la Seguridad Social. El modelo estará plenamente implantado en 2032, cuando quedarán igualadas las bases de cotización de los autónomos con las de los asalariados, lo que también elevará sus pensiones futuras. Así consta en el documento en el que se examinan las condiciones para el tercer desembolso de fondos europeos a España, por valor de 6.000 millones. El Ejecutivo espera ingresar de esta forma hasta un 0,5% del PIB adicional, unos 6.500 millones de euros, cada año. El Ministerio de Seguridad Social ha puesto en marcha un nuevo sistema para que los autónomos coticen por sus ingresos reales comunicados a la Agencia Tributaria, una vez restados los gastos por desarrollar su actividad. Este nuevo mecanismo transitorio fue pactado con patronal, sindicatos y representantes de los autónomos. Cuando se anunció, el ministerio aseguró que el efecto en el conjunto era neutral para la recaudación de la Seguridad Social. Así lo certifican analistas como Fedea. Eso sí: los de ingresos bajos pagan menos y los de ingresos altos, más. Y seguirá así hasta el 1 de enero de 2026. A partir de entonces, según ha comprometido el Gobierno con Bruselas, tendrá que haber un importante aumento de los ingresos al igualar el tratamiento de las cotizaciones de los autónomos a las de los asalariados. 

El Senado ha puesto parches para intentar tapar agujeros en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (Losu). La norma fue aprobada ayer y enviada al Congreso tras tratar de reparar varios problemas de los que habían advertido los campus. El más importante deja en el limbo a miles de profesores, pues provoca un bloqueo en las contrataciones. Se ha resuelto parcialmente, porque se ha habilitado una moratoria para adaptar la ley, pero el tiempo que se da es «insuficiente» para sacar las plazas, avisan profesores y rectores. Rectores habían advertido a los políticos de que la Losu iba a parar la contratación y consolidación de profesores porque, al no fijar un régimen transitorio en los concursos, los campus no podrían convocar plazas hasta que hubieran adaptado sus estatutos y las CCAA hubieran aprobado sus normas para incorporar los cambios de la ley. Por eso todos los grupos aprobaron ayer una transaccional que dice que las convocatorias oficialmente publicadas antes del 31 de diciembre de 2023 podrán regirse por la normativa antigua, la LOU. Pero ese tiempo sigue siendo muy escaso. Hasta el propio presidente de la Comisión de Universidades del Senado, el socialista Javier de Lucas, había pedido «un plazo más amplio» en un escrito al Ministerio y a su propio partido. Y no le han hecho caso. Tanto De Lucas como los rectores demandaban que la moratoria durara hasta diciembre de 2024, el tiempo que calculan que necesitan para planificaran mejor esos concursos y, sobre todo, habilitar fondos para las contrataciones.

Los inversores creen que el Banco Central Europeo subirá los tipos de interés a máximos históricos por la resistencia de la economía de la eurozona y los indicios de que la inflación podría resultar más difícil de controlar de lo esperado. Está previsto que el banco central con sede en Fráncfort, considerado como uno de los más moderados del mundo durante su experimento de ocho años con costes de la deuda negativos, aumente los tipos de forma sustancial este año. Los mercados de swaps prevén una subida de hasta el 3,75% [tasa de depósito] para septiembre, frente al 2,5% actual. Esto igualaría el máximo alcanzado en 2001, cuando el BCE intentaba apuntalar el valor del recién estrenado euro. “Es sorprendente que el BCE parezca ahora el más agresivo de los grandes bancos centrales”, declaró Sandra Phlippen, economista jefe del banco holandés ABN Amro. Los mercados han revisado al alza las previsiones sobre los tipos de interés tras los recientes datos de la eurozona sobre la buena actividad del sector servicios y las demandas salariales. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, explicó el martes que el banco estaba “analizando muy de cerca la negociación salarial”, una indicación de la preocupación de que un fuerte repunte de los salarios este año mantendrá la presión sobre los precios a medida que las empresas trasladan los costes a los consumidores.