20230419

La presidenta de la patronal vizcaína Cebek ha dejado en el aire la incógnita sobre quien será el relevo de Isabel Busto en la presidencia de Confebask que debe ser renovada el próximo mes de julio. En esta ocasión le corresponde por turno a la patronal vizcaína asumir la presidencia y Carolina Pérez Toledo ha dejado claro en una entrevista en la Ventana de Euskadi que no será ella; "ya adelanto, que yo no voy a ser, pero sea quien sea la persona con la que vayamos a contar será la más adecuada para el puesto" según ha dicho, a lo que ha añadido que no puede decir quién va a ser. La presidenta de Cebek se ha referido también a la reunión que mantendrá hoy la mesa de diálogo social vasca, en la que se abordará el problema de absentismo laboral, que preocupa especialmente a las empresas. Lo primero que tendrán que hacer los agentes sociales es ponerse de acuerdo sobre lo que entienden por "absentismo" ya que es un asunto muy complejo y tienen distintas concepciones al respecto, según ha explicado. Carolina Pérez Toledo explica que los empresarios han rechazado participar en el proyecto piloto sobre la semana laboral de cuatro días que impulsa el gobierno porque consideran que hay otras urgencias y "no es el momento". Les preocupa sobre todo la reducción de sus márgenes de beneficio porque no han podido repercutir en los clientes toda la subida de los precios que se ha producido. Sobre la marcha de la economía se muestra moderadamente optimista, ya que la inflación se está moderando. Escuchar entrevista aquí. 

No solo el ensayo de la semana laboral de cuatro días que proponía la vicelehendakari, Idoia Mendia, ha quedado fuera del plan de trabajo de la Mesa de Diálogo Social para este año, como adelantó este periódico, sino que también han saltado del foro tripartito los otros dos aspectos que pretendía que se analizaran, como son el teletrabajo y la codeterminación o participación de los trabajadores en las decisiones de las empresas. Los agentes sociales presentarán hoy ese plan de trabajo y en él no figuran ninguna de estas cuestiones. El teletrabajo y la codeterminación formaban parte, junto con la semana laboral de cuatro días, del grupo de trabajo sobre innovación laboral que pretendía impulsar la vicelehendakari en el foro tripartito en aras a retener y atraer talento. Se trataba de una investigación con un ensayo práctico y una evaluación final que se llevaría a cabo en la empresa privada. Eso sí, «será sin reducción de salario y sin incremento de horas, estudiando sus efectos en productividad y conciliación», según anunció Mendia en su día. Pero la oposición frontal de Confebask a este proyecto piloto desde que se hizo público —CC OO y UGT dicen que la patronal lo conocía de antemano sin que se hubiera pronunciado al respecto– ha impedido que finalmente se pueda llevar a la Mesa de Diálogo Social. Eso sí, la vicelehendakari no renuncia a ello y lo impulsará desde su propio departamento con todas las herramientas que tiene a su disposición, ya que cuenta con el apoyo de CC OO y UGT. La vicelehendakari planteaba que se analizase la «codeterminación en el lugar de trabajo, en un momento de profunda transformación tecnológica, dando más papel a los trabajadores, así como explorar el teletrabajo y la conciliación».

Los inmigrantes siguen ganando peso en el mercado laboral vasco y son, en gran medida, los impulsores del récord de cotizantes alcanzado el pasado marzo, cuando el total de afiliados llegó a 994.655. Como ya es habitual, los trabajadores extranjeros marcaron su propio máximo y superaron por primera vez en la historia la cota de los 85.000. Pero lo más llamativo es el balance del último año. De marzo de 2022 al mismo mes de este año se han incorporado a la Seguridad Social más de 9.000 cotizantes extranjeros, lo que representa el 65% del total de 13.800 nuevos afiliados. Es decir, que casi dos de cada tres trabajadores dados de alta vienen de fuera. Es un dato que evidencia cómo los inmigrantes están cubriendo el déficit generalizado de trabajadores en diferentes sectores en un mercado laboral cada vez más envejecido, con una tasa de natalidad en mínimos. Sobre todo están ocupando los puestos peor pagados y con mayor precariedad. También resulta destacable que Euskadi presenta el cuarto mayor incremento del conjunto de España, solo por detrás de Galicia, Baleares y Canarias. En concreto, el aumento acumulado en los doce meses transcurridos hasta marzo alcanza el 11,94% en la comunidad autónoma frente al 9,9% de media nacional. Pese a este empuje de los últimos tiempos, el peso de los inmigrantes en el total del mercado laboral vasco se mantiene muy por debajo de la media nacional.

Las diputaciones vascas han iniciado 2023 con un incremento en la recaudación del 11,6% durante el primer trimestre. Las haciendas forales ingresaron 402,9 millones de euros más que en el mismo periodo de 2022, con unos ingresos totales que alcanzan los 3.860. Este incremento tiene en el IRPF su principal razón de ser. En Bizkaia este impuesto subió 17,2%, al tiempo que en Gipuzkoa aumentó un 2,7% y en Álava lo hizo en un 5,3%. En la imposición indirecta también se registra un aumento de la recaudación derivada del IVA, que en total supera el 3%. En Bizkaia creció el 1,8%, mientras que en Gipuzkoa lo hizo en el 7,8% y en Álava, por su parte, se redujo el 0,3%. En el caso de Bizkaia el aumento de la recaudación llega al 11,8%, tras alcanzar los 2.526,1 millones de euros a pesar de algunas disminuciones en impuestos como el de Sociedades, que se dejó el 17,2% al caer su resultado en 6,7 millones. El Impuesto sobre la Renta de los no residentes creció 50,5 millones. La recaudación hasta el pasado mes supone además el 27,2% de todo el presupuesto elaborado para el conjunto del año, que llega a 9.295,9 millones de euros. En el caso de Gipuzkoa, el incremento del 14% se sustenta también en las retenciones sobre rendimientos del trabajo, el IVA y las retenciones sobre el capital inmobiliario. No obstante, jugaron en contra la disminución de los ingresos en las retenciones sobre las ganancias patrimoniales. La principal pérdida, en todo caso, fue la referida al Impuesto de Sociedades, que cayó el 35,8%, esto es 15,5 millones de euros. La hacienda alavesa cerró marzo con un incremento del 5,8% en la recaudación con un papel especial en los impuestos indirectos, que llegaron hasta los 159,8 millones de euros, el 5,6% más, gracias especialmente al de hidrocarburos. En cambio el de Sociedades cayó, en su caso el 12,4%.

En un entorno complicadísimo, marcado por una rabiosa competencia entre operadores y, aún más, entre distintas marcas de los distintos agentes, Euskaltel cerró el año pasado con «un nuevo récord de clientes de banda ancha en Euskadi y Navarra». Así lo confesó el director general de MásMóvil en el norte de España y máximo responsable de la teleco naranja, Jon Ander de las Fuentes, quien cifró el número de esos servicios convergentes en «algo más de 300.000, por encima del pico histórico de 290.000 del mes de mayo de 2020, en plena pandemia». De las Fuentes ofreció ayer un balance del comportamiento de Euskaltel en el pasado ejercicio y, sin desvelar el beneficio neto (amparándose en la existencia de hechos extraordinarios como la venta de parte de la red de fibra que complican cualquier comparación) detalló que el ebitda –beneficio bruto de explotación– de Euskaltel mejoró un 12% sobre 2021, mientras la generación de caja prácticamente se doblaba. Euskaltel, explicó, está en un momento dulce, después de épocas no tan brillantes, sobre todo en la época anterior a la llegada de MásMóvil, cuando las riendas del grupo las llevaba el fondo de inversión londinense Zegona. La clave para ese repunte de los clientes, explicó De las Fuentes, se esconde en una simplificación de la oferta: «La gente quiere espárragos o alcachofas, así que no le des menestras raras». Y junto a eso, remachó, una política de fidelización extraordinaria. Tanto como que, desveló, «el número de bajas (aquellos clientes que se van  a otra compañía) cayó el año pasado un 17%». La firma invertirá 100 millones de euros este año en el País Vasco y la comunidad foral navarra. Ver nota Euskaltel

La planta de la antigua Alcoa en Amorebieta tiene nuevo dueño. El grupo estadounidense Jupiter Aluminum ha cerrado con Atlas Holding un acuerdo para la adquisición de Aludium, entidad que engloba las dos antiguas fábricas de Alcoa, anteriormente la empresa pública Inespal, en el Estado y una tercera Francia. Se espera que la operación esté cerrada en el segundo trimestre de 2023, según informaron ayer conjuntamente las dos empresas firmantes del acuerdo. Tras la traumática división en 2016 del grupo Alcoa, que sigue teniendo plantas de aluminio en Lugo y Aviles y un centro en Irurtzun de fabricación de productos de este metal para la construcción, la planta vizcaina, que es la sede del grupo, ha tenido altibajos en su actividad, pero se ha reforzado dentro del grupo con la puesta en marcha de un nuevo horno y diversas inversiones. Atlas Holding ha cumplido los plazos que manejan los fondos de inversión para sacar rentabilidad a sus apuestas empresariales y ahora da paso a un grupo industrial, que, por definición, miman más el aspecto productivo y tiene vocación de permanencia. 

El Gobierno vasco no tiene intención alguna de luchar en los tribunales por Viñedos de Álava. El portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, fue ayer meridianamente claro: «No, no vamos a presentar recurso», confirmó sobre la posibilidad de recurrir el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que la semana pasada anulaba el ‘permiso’ temporal que el propio Gobierno vasco había concedido a la nueva denominación de origen de Rioja Alavesa para vender vino bajo su marca. En la práctica, las cinco pequeñas bodegas de la comarca que integran Viñedos de Álava y la asociación ABRA se quedan solas en su defensa del proyecto ante la Justicia. Tras unos días de absoluto mutismo de las instituciones vascas después de que se conociera el pronunciamiento de la Justicia sobre la suspensión de la Protección Nacional Transitoria (PNT) que iba a permitir a Viñedos de Álava comenzar a operar, fue Zupiria el encargado de romper este silencio atronador. «No nos esperábamos esta suspensión, que es cautelar», reconoció el portavoz del Gabinete Urkullu a preguntas de los periodistas en la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, en el que no se abordó este asunto. Si bien evitó realizar «más comentarios sobre este fallo judicial», sí defendió que la legislación en vigor «establece un procedimiento» para la aprobación de nuevas denominaciones de origen «y es lo que el Gobierno vasco ha hecho hasta el momento en respuesta a una solicitud planteada» por productores alaveses.

Comisiones Obreras se mantendrá como sindicato mayoritario en la sede central de la empresa Siemens Gamesa, aunque el resultado de las elecciones celebradas ayer no podía estar más apretado. CC OO obtuvo 45 votos y ELA, que se presentaba por primera vez a estos comicios, consiguió 44. Con ello, Comisiones, que ocupaba hasta ahora los nueve asientos del comité tendrá cinco y ELA los cuatro restantes. Las elecciones afectaban al área corporativa de la compañía, sus servicios centrales, con una plantilla de apenas 175 trabajadores. Los comicios sindicales en el área corporativa de Siemens Gamesa se habían convertido en un inesperado foco de atención tras la decisión de ELA de disputar la hegemonía de la que hasta ahora disponía CC OO en este órgano de representación laboral, al tiempo que el sindicato nacionalista había incluido en su plancha a un director de recursos humanos de la firma. Alberto Marauri, uno de los máximos directivos del área de recursos humanos de la multinacional ya había anunciado hace varios meses su decisión de pasarse al otro lado de la ‘trinchera’, inicialmente como delegado por designación directa de ELA. Marauri argumentó en una carta remitida a sus compañeros en la empresa que había desechado la posibilidad de solicitar una prejubilación voluntaria –el ERE pactado por la empresa con los sindicatos lo permitía–, para seguir en activo defendiendo a partir de ese momento los intereses de la plantilla.

Los 17.000 trabajadores que engloba el Convenio sectorial de hostelería de Gipuzkoa verán sus condiciones laborales actualizadas tras el preacuerdo alcanzado ayer entre ELA, que cuenta con el 55% de representación en el sector, y la Asociación de Hostelería Gipuzkoa para renovar el pacto. Un convenio que llevaba sin revisar desde 2010¡ y que decayó en 2012, lo que ha añadido una mayor dificultad a la hora de alcanzar un acuerdo para actualizarlo. Por ello, ambas partes calificaron ayer el mismo de «histórico». Y es que las negociaciones se iniciaron en 2019 y tras acordar algunos aspectos se suspendieron con la llegada del covid. El pasado 14 de marzo se retomaron y ayer hubo fumata blanca por parte del sindicato mayoritario y la patronal, a la espera de lo que decidan el resto de centrales el próximo viernes, cuando se procederá a la firma del preacuerdo. El nuevo convenio colectivo tendrá vigencia hasta el año 2026 e incluye subidas salariales superiores al IPC y medidas que frenan el «abuso» de jornadas laborales, entre otras cuestiones, indicó la central nacionalista. En lo que respecta a los incrementos, los efectos económicos se aplicarán desde el 1 de marzo de este año. Desde esa fecha el aumento es del 12% sobre las tablas del 2010, año desde el que ha estado sin actualizar el convenio, aunque las empresas han aplicado diferentes subidas. Según ELA, son «muy pocas las que han actualizado los salarios con el IPC durante estos años». Estas no tendrían que aplicar ese 12% de subida, aclara Kino Martínez, secretario general de la Asociación Hostelería Gipuzkoa.

La firma donostiarra Cimico, que desarrolla tecnologías innovadoras para el tratamiento biológico de aguas residuales urbanas e industriales, resultó ayer galardonada como la ‘start-up’ más innovadora de Euskadi en los Premios EmprendeXXI, impulsados por CaixaBank, a través de su división especializada en empresas tecnológicas, y otorgado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, a través de ENISA. En Euskadi, este premio cuenta con el apoyo del Gobierno Vasco y la Spri. El premio supone una inyección de 6.000 euros y el acceso a un programa de formación internacional para nuevas empresas de alto potencial de crecimiento impartido por Esade y expertos de Silicon Valley. «Tenemos el mejor trabajo del mundo y trabajamos en lo que queremos y creemos», aseguró Inés Larrea, CEO de Cimico, quien alabó los proyectos del resto de finalistas, entre los que estaba la también donostiarra Glucovibes.

Arrasate dio ayer la bienvenida al futuro del cooperativismo. A los participantes de los 18 grupos que están clasificados para la última fase de Mondragon City Challenge y que disfrutarán durante los próximos días de una estancia en la capital mundial del cooperativismo. Allí, además de conocer desde dentro el funcionamiento de una empresa de esta naturaleza a través de los Itinerarios Cooperativos, participarán en diversas actividades y asistirán el viernes en el Teatro Amaia a la final de esta segunda edición del certamen, en la que los tres equipos finalistas de cada categoría (16-18 años y 19-24 años) expondrán sus proyectos. Hay que recordar que con su llegada a la localidad guipuzcoana arranca la última fase de un campeonato internacional de emprendimiento cooperativo que lo que pretende es desarrollar en los estudiantes de bachillerato, ciclos formativos y universidades de todo el mundo competencias en gestión empresarial y la capacidad de validar un modelo de negocio cooperativo en un plazo de ocho meses. 

El gasto doméstico sigue aguantando una escalada de precios sin precedentes que ha dejado el IPC subyacente –el más estructural al no computar los costes más volubles de la energía y los productos frescos– por encima del 7%. Así se desprende, al menos, del uso de las tarjetas de crédito de la entidad financiera con mayor cuota de mercado en la banca comercial de Euskadi, Kutxabank. Según los datos, en los 15 días del periodo de Semana Santa el uso de las tarjetas acumuló un total de 2,7 millones de operaciones, 397.800 veces más que el año pasado (un 17,3%). Unas transacciones que elevaron el gasto hasta los 95,8 millones de euros, 10,8 millones más que suponen un incremento de un 13%. Ambos datos son, tanto en operaciones como en importe, el máximo de la serie histórica y confirman una tendencia en el consumo que, al menos en estas vacaciones, se ha olvidado de la crisis. Especialmente llamativo es el gasto en restaurantes y hostelería, sector en el que más han crecido las compras –un 35,6% sobre la pasada Semana Santa– y también el importe gastado, un 23,8%. Y es que de cada 10 veces que los vascos han sacado la tarjeta, más de dos fue en un local de restauración. En total, 618.532 operaciones y un gasto de 14,5 millones. Cifras muy superiores a las que se han destinado a la gasolina. En las estaciones de servicio las operaciones (183.700) han representado solo un 6,8% más que en 2022 y, en cuanto al importe, los 8,3 millones, un 8,72% más. El capítulo más importante en los pagos con tarjeta ha seguido siendo la alimentación. 

El euribor a 12 meses está haciendo una exhibición de fuerza en las últimas seis sesiones, en las que ha subido de desde el 3,57% hasta el 3,79% en tasa diaria. Hay que remontarse hasta el 13 de marzo, en pleno comienzo de la tormenta financiera provocada por el colapso del estadounidense Silicon Valley Bank (SVB), para encontrar unos niveles diarios más altos. El indicador de cuya media mensual (que se forma con el tipo diario) depende el precio de alrededor de cuatro millones de hipotecas en España, ha entrado en proceso de subida libre. Sólo en estas últimas seis sesiones el tipo diario avanza alrededor de un 6%, pero la subida se amplía hasta el 14% desde los mínimos del pasado mes de marzo. En plena crisis de incertidumbre, el euribor se desplomó el 21 de marzo hasta el 3,322%. UBS acababa de absorber a Credit Suisse y el euribor reflejaba la expectativa de que el Banco Central Europeo (BCE) tendría que parar en seco el proceso el alza de los tipos de interés para defender a las entidades financieras de la zona euro con menores niveles de solvencia. El índice hipotecario recogía el impacto de la gran tormenta financiera que sacudió los mercados globales con un cambio de tendencia radical. Sólo unos pocos días antes, el 9 de abril, el euribor había marcado los niveles más altos del año, en el 3,978%, a un paso del 4%. Parecía sólo una cuestión de horas alcanzar ese nivel.

El Consejo de Gobierno de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) aprobó ayer ampliar en 38 plazas su oferta académica de Medicina. De esta manera, se pasará de 330 puestos ofertados en primer curso a 368. Se trata de la cuarta ampliación en los últimos ocho años, con un incremento total en este periodo de 98 plazas. Son dos las razones que explican esta decisión. Por un lado, que cada vez más alumnos quieren estudiar Medicina. Por otro, el sistema sanitario afrontará en los próximos años un profundo proceso de renovación del personal. «La UPV/EHU es consciente de la necesidad de formar más profesionales en ese ámbito», resumió la rectora, Eva Ferreira, que también destacó que la ampliación «supone un notable esfuerzo en personal e infraestructuras». En Euskadi faltan por cubrir alrededor de un 10% de plazas de Medicina de Familia y Pediatría de Osakidetza. Hay 186 puestos de facultativo vacantes en la red de Atención Primaria. A este déficit de profesionales hay que sumar las jubilaciones. Según una información remitida por la consejería al Parlamento vasco, en el próximo trienio se van a jubilar 2.303 médicos en Euskadi. Sólo en Bizkaia serán más de 1.300. Hay que tener en cuenta también que la prueba de Médico Interno Residente (MIR) actúa como un ‘embudo’. Cada año se convocan unas 8.000 plazas (este año son 8.550), pero se presentan a la prueba unos 12.000 estudiantes. Es decir, aproximadamente un tercio de los alumnos que terminan la carrera no pueden cursar la especialidad que les abre la puerta a trabajar en el sistema público. Sí lo pueden hacer en la privada.

El Gobierno va a crear un permiso laboral extraordinario y retribuido al 100% para evitar suicidios. Para que familiares o amigos, cuando así lo decida el médico, puedan acompañar a pacientes de alto riesgo cuando se encuentren en esta situación límite. La idea es que, además de apoyarlos, contribuyan con sus cuidados a que abandonen la decisión de quitarse la vida. El Ejecutivo pretende aprobar el nuevo derecho en pocas semanas y, en cualquier caso, antes de que en otoño se agote la legislatura. El Ejecutivo, con esta decisión, asume la demanda urgente que el 23 de febrero pasado le trasladó por unanimidad el pleno del Congreso, a propuesta de los diputados de Más País. La Cámara baja urgió al Gobierno a poner en marcha la medida para romper con el que los expertos consideran el mejor aliado de los pensamientos suicidas: la soledad. El Ministerio de Seguridad Social recogió el guante y esta semana ha creado un grupo de trabajo para diseñar el futuro permiso. En cuanto tenga una propuesta concreta, algo que sus responsables esperan que ocurra en dos semanas, la llevará a la mesa del diálogo social, para que sindicatos y empresarios la debatan y acuerden la fórmula jurídica más adecuada, así como su mejor encaje en el sistema de prestaciones de la Seguridad Social. El paso de la mesa de diálogo a la del Consejo de Ministros y de ahí a las páginas del BOE debería ser una operación rápida, según las fuentes consultadas.

El plan para impulsar el alquiler social anunciado por Pedro Sánchez a bombo y platillo en la conferencia municipal del PSOE, como una solución para atajar el «problemón» del acceso de jóvenes y familias a la vivienda, se estrena con serias dudas sobre si el estado y la ubicación de la oferta lograrán finalmente adecuarse a la acuciante demanda. El Consejo de Ministros dio ayer luz verde al proyecto por el que el Ejecutivo se compromete a movilizar 50.000 viviendas de la Sareb en alquiler asequible. Pero, hoy por hoy, solo 9.000 inmuebles estarían disponibles ya para entrar a vivir. Del resto, muchos necesitan rehabilitación. Y unos 15.000 estarían aún por construir, un proceso que puede tardar entre dos y tres años, según estiman en el Ministerio de Economía. Desde el sector bancario, buenos conocedores de este parque de vivienda, recuerdan que muchas de ellas están ubicadas fuera de los centros urbanos de las grandes capitales, donde más se han tensionado los precios. Fuentes de la vicepresidencia primera replicaron ayer que, frente a esa tensión, ya se han tomado medidas en la ley de vivienda, como el tope del 3% el próximo año en la actualización de los alquileres. «Las viviendas de la Sareb están donde las compró el Gobierno del PP en 2012», esgrimen frente a las críticas del primer partido de la oposición para, a continuación, poner en valor lo que el programa puede aportar en términos de «vertebración territorial y desarrollo rural». 

Las pymes alertan de un endurecimiento de las condiciones para acceder al crédito. Según el informe sobre Financiación de la pyme en España, que elabora la Confederación Española de Sociedades de Garantía (SGR Cesgar) de forma anual, en 2022 se ha disparado el número de pymes que aseguran haber encontrado dificultades para acceder a la financiación. El presidente de Cesgar, José Pedro Salcedo, detalló que en 2022 el porcentaje de pymes que declaraba haber accedido con facilidad a la financiación había caído considerablemente, situándose en el 50,8%, frente al 63,3% en 2021. Según detalla el informe, el principal obstáculo que han encontrado las pymes para acceder al crédito es el encarecimiento de la financiación (30,9%). También apunta a las garantías solicitadas por las entidades (18,2%), que venía siendo en los últimos años la primera dificultad para acceder al crédito. En 2022, las sociedades de garantía inyectaron 2.273 millones a pymes. El informe detalla que, en total, más de dos millones de empresas necesitaron financiación en 2022, lo que supone un 56,2% de las pymes, la haya buscado de forma activa o no. Aunque esta cifra supone una ligera caída con respecto a 2021, Cesgar destaca que supera de manera considerable el dato prepandemia (34,8%).

El juez Jesús Gabaldón Codesido, encargado de la liquidación de los activos más valiosos de Abengoa, ha decidido adjudicar esos negocios a Cox Energy, el grupo español de renovables fundado por Enrique Riquelme. Finaliza así un largo proceso que se inició hace meses, tras el hundimiento definitivo de Abengoa, la mayor quiebra industrial en España hasta ahora. En un auto, el juez determina “aprobar la transmisión a favor de la mercantil Cox Energy de la unidad productiva” del grupo Abengoa, que incluye “activos y pasivos” de las sociedades concursadas [numerosas filiales]. En el mismo auto, se da un plazo de cinco días a acreedores con privilegios especiales para que presenten el consentimiento de la operación. En concreto, se da traslado del auto a Banco Santander, CaixaBank, Crédit Agricole, BBVA y HSBC. Fuentes cercanas al proceso indican que previsiblemente no pondrán objeción. Se pone fin así a una crisis que se remonta a 2015, un año en el que Abengoa, hasta ese momento emblema de la ingeniería española en el mundo, colapsó ahogada por la deuda. Tras acogerse al artículo 5 bis de la Ley Concursal (la antigua ley de quiebras) el grupo logró armar un primer plan de salvamento, que pronto se quedó corto. Después vino otro y luego un tercero, la pandemia del Covid e infinidad de peleas internas entre minoritarios y la dirección para buscar alternativas a un grupo que, a fecha de hoy, pasa por ser la mayor quiebra empresarial en España.

El llamado Servicio Público Estatal de Empleo (Sepe) ha sacado a concurso público un contrato para que una consultora de comunicación le ayude a reinventarse en plena ola de críticas a su funcionamiento. El organismo adscrito al Ministerio que dirige la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ofrece para este servicio 785.466,93 euros, según el concurso convocado el pasado día 17. El Sepe asegura que necesita «servicios de consultoría y apoyo en comunicación institucional» durante un año de duración. Las consultoras que quieran optar deberán presentar un «plan estratégico de comunicación» con auditoría y una «simulación de acción de comunicación». Queda menos de un mes para presentarse porque se cierra el plazo de ofertas el próximo 11 de mayo. Fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo explican a este diario que esta contratación es necesaria para el «rediseño» por la transformación que quiere imprimir Díaz al Sepe y reconvertirlo en Agencia. «Se trata de una necesidad ligada a todo el cambio que supone la nueva Agencia Española de Empleo que requiere cambiar toda la identidad corporativa del actual Sepe», afirman. Este nuevo organismo está previsto en la recientemente aprobada Ley de Empleo y supone «la conversión del Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) en agencia estatal para agilizar la prestación de servicios y ahondar en la transformación digital». Este proceso implica un gran cambio de identidad y estrategia de comunicación que hace necesario dedicar ese dinero público a este concurso, según el equipo de Díaz.

El presidente francés, Emmanuel Macron, emplazó ayer a la patronal y a los sindicatos a iniciar el diálogo para alcanzar «antes de final de año» un nuevo pacto social. Con esta iniciativa busca pasar la página de la controvertida reforma de las pensiones, que eleva de forma progresiva la edad de jubilación de los 62 años actuales a 64, y relanzar su presidencia tras tres meses de protestas en el país y una crisis social abierta. Su objetivo es lograr un «pacto de la vida en el trabajo construido por el diálogo social» y así se lo trasladó a la patronal en la reunión que mantuvieron ayer en el Palacio del Elíseo. Los sindicatos ya habían anunciado que no acudirían a la cita, después de que el presidente promulgara el pasado sábado de madrugada la controvertida reforma de las pensiones. Macron quiere que «en las próximas semanas o en los próximos meses» se establezca una agenda completa de negociaciones para que Gobierno, patronal y centrales puedan alcanzar un nuevo pacto social de aquí a final de año. «Si están dispuestos organizaciones sindicales y patronales a ir más rápido, nosotros estamos totalmente a disposición», añadió el jefe de Estado, que aseguró que se trata de una negociación «sin límite y sin tabúes». La puerta del Elíseo, dijo, está «abierta» a los sindicatos.

El PIB de China se expande hasta un 4,5% en el primer trimestre mientras el gobierno de Xi Jinping busca restaurar la confianza empresarial tras el fin de la pandemia de Covid y la reapertura económica. China había planteado una meta de crecimiento económico del 5% en 2023, la más baja en décadas, después de que el Producto Interior Bruto (PIB) aumentara solo un 3% el año pasado. El PIB de China se expandió un 4,5% interanual en el primer trimestre empujado por el crecimiento de las exportaciones y la inversión en infraestructuras, así como el repunte del consumo minorista y los precios inmobiliarios, que impulsan la recuperación de la segunda economía más grande del mundo. La subida supera las expectativas de los analistas, que estaba en un 4%, y apuntala los esfuerzos del gobierno de Xi para restaurar la confianza empresarial dañada por los controles del Covid y los cambios abruptos de política. La tasa de crecimiento de enero a marzo todavía está por debajo del objetivo anual del 5%, frenada por un brote local de Covid-19 a principios de este año, pero los economistas esperan que se acelere a medida que avanza el año. Xi, ya liderando formalmente un tercer mandato sin precedentes como presidente de China el mes pasado, está ansioso por reactivar el crecimiento económico, cuando el PIB avanzó solo un 3%, incumpliendo el objetivo oficial del 5,5%, que ya era el más bajo en décadas. “Definitivamente, la recuperación va por buen camino”, ha señalado Tao Wang, economista jefe de UBS para China. “El impulso a principios de año fue más fuerte de lo esperado”.

Decenas de investigadores de todo el mundo figuran como afiliados a universidades de Arabia Saudí como su principal centro de actividad, aunque sea falso. Con esta práctica, los campus saudíes han escalado puestos artificialmente en las clasificaciones internacionales de universidades. China, con 12 casos, y España, con 11, son los países con más investigadores que aceptan ese cambio ficticio. Las universidades del país se han lanzado a fichar a los profesores incluidos en los Highly Cited Researchers, una lista elaborada por la empresa inglesa Clarivate con los 7.000 científicos más citados por otros colegas. La prestigiosa química Mira Petrovic recibió una oferta de la Universidad Rey Saúd de Riad, que le ofrecía 70.000 euros al año por hacer constar ese campus como su lugar de trabajo principal en la base de datos que emplea el ranking de Shanghái. No tenía que trasladarse a ese país: bastaba con que hiciera dos estancias, de unos tres días, al año. Petrovic lo rechazó, pero otros científicos lo han aceptado. Y con ello perjudican al campus en que trabajan realmente, que pierde posiciones. El químico Rafael Luque ha sido expulsado por 13 años de la Universidad de Córdoba por haber aceptado una oferta saudí. Otro químico, Damià Barceló, consta en la Rey Saúd pese a que su ocupación principal es dirigir el Instituto Catalán de Investigación del Agua. La química Mira Petrovic, una de las científicas más citadas de España y del mundo, muestra todavía estupefacta la oferta que recibió de una universidad saudí justo antes de la pandemia. La investigadora percibiría cada año 70.000 euros en su cuenta bancaria si hacía constar esa institución árabe, la Rey Saúd de Riad, como su lugar de trabajo principal en una de las bases de datos que utiliza el influyente ranking de Shanghái para designar a las mejores universidades del mundo.