20230501

Según los datos de afiliación a la Seguridad Social, el sector sanitario ha crecido en trabajadores un 39,7% (hasta los 109.900), y áreas de los servicios como la hostelería sorprenden con un aumento de profesionales del 26,1%, 14.000 afiliados más que elevan el total a 67.000 y que convierten a este área económica en la cuarta a la hora de crear empleo en Euskadi. La industria es la gran pagana. Pierde 32.200 empleados (un 15,7%), aunque sigue siendo la principal actividad en crear trabajo con 172.700 afiliados a la Seguridad Social, el 17,4% del total. Es la media más alta de España y una de las más avanzadas de Europa. Su descenso de trabajadores no ha repercutido en un aumento del desempleo. De hecho, los cotizantes, 994.656 el pasado marzo, son un récord de ocupados que sostiene la tasa de paro por debajo del 9%. Y es que la sanidad, los servicios sociales y la educación, impulsados por el gasto público, han crecido en más de 50.000 trabajadores. Además, tal y como explica el viceconsejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Amundarain, muchas compañías industriales han «externalizado servicios en ‘empresas frontera’, que no se ubican en el área de industria, pero sí trabajan para ella». El caso es que el mapa laboral en Euskadi presenta profundos cambios desde 2009 que denotan un mayor peso del sector servicios y la administración (ha crecido hasta los 152.000 empleados públicos, un 10% en 10 años), así como las consecuencias de una población cada vez más envejecida. 

«Antes había grandes conglomerados empresariales que ahora se organizan en grupos de compañías más pequeñas. Así explica el viceconsejero de Industria del Gobierno vasco, Mikel Amundarain, cuál es una de las causas de la caída de trabajadores afiliados en el sector industrial. Amundarain recuerda que «la industria vasca ha cambiado de fisonomía» y las empresas crean divisiones para sus servicios tecnológicos, por ejemplo, «que no se encuadran un CNAE de carácter industrial». Son «empresas frontera que no son manufactureras, pero prestan servicios a la industria». «Es el caso del centro de I+D impulsado por ITP», recuerda, «una inversión de 20 millones cuyo personal no se computa a industria». El peso de este tipo de empresas de servicios en el PIB vasco se estima en más de un 24% y, junto a la aportación de la industria, hacen un total del 39%. Así lo explica el responsable de la cartera industrial según los datos analizados de 2019. Esta atomización representa un formato que hace más sencillo aplicar innovación y nuevos procesos en la industria.

Han pasado exactamente cuatro años desde la entrada en vigor del decreto ley que obliga a las empresas a instaurar el registro horario. La normativa, que venía impuesta por la legislación europea, suscitó cierta polémica en su momento, y tanto el Gobierno central como el Ejecutivo vasco dejaron un margen de tres meses para que las empresas se adaptaran a esta nueva ley. A partir de entonces, comenzaron las inspecciones y también las sanciones. Durante el pasado 2022, la Inspección de Trabajo del Gobierno Vasco efectuó un total de 314 actuaciones inspectoras de la obligación de registro de jornada en Gipuzkoa, y en más de siete de cada diez (72%) se detectaron irregularidades, levantándose 159 actas de infracción y 68 requerimientos de subsanación de irregularidades, la mayoría en el sector industria y servicios. Además, de las 314 actuaciones, 155 tenían por origen una denuncia. Como consecuencia de las actas de infracción, la autoridad laboral ha impuesto sanciones por valor de 477.000 euros. Eso implica que de media las multas han sido de 3.000 euros. Cabe recordar que la normativa establece que las sanciones pueden llegar hasta los 7.500 euros en caso de infracción grave. El Departamento de Trabajo del Gobierno Vasco señala que en las 314 actuaciones llevadas a cabo por la Inspección se incluyen las revisiones de conductas empresariales en materia de jornada, tanto relacionadas con jornadas ordinarias, como especiales, calendarios laborales, horarios y horas extraordinarias, aunque la mayoría de los casos han estado enfocados en el control de la jornada laboral.

Entrevista con Iciar González, subdirectora vasca de Inspección de Trabajo. "Diría que a lo largo de estos cuatro años ha habido de todo, aunque en líneas generales me parece que ha sido muy positivo para el tejido económico estatal y también de Euskadi. El Real Decreto-ley 8/2019 ha generado una conciencia social para que toda empresa tenga un registro de jornada. Cuando esta nueva normativa recibió luz verde, corrieron ríos de tinta y muchos empresarios se llevaron las manos a la cabeza, pero también hubo muchas jornadas de formación, foros y reuniones organizadas tanto por sindicatos, como por empresas y administraciones que empezaron a generar una conciencia de que hacer el registro era necesario. También es cierto que como cualquier otra norma hay gente que la incumple, aunque por lo menos ahora las empresas –bien sean grandes, pequeñas o medianas–, saben que tienen que hacerlo. No cabe duda de que hay quien sigue haciéndolo mal, pero si no fuera así no existiría nuestro departamento. En líneas generales, creo que esta norma ha calado totalmente en el tejido empresarial y mi valoración es muy positiva...Que hostelería haya incluido este aspecto en su nuevo convenio es una gran noticia y lo valoro muy positivamente..."

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha visitado este jueves en San Sebastián Fabrika, el primer centro de alto rendimiento dedicado a la transformación de la cultura de las organizaciones, un proyecto puesto en marcha por la Asociación de Empresas de Gipuzkoa, Adegi. Fabrika se ubica en el Parque Científico y Tecnológico de Gipuzkoa de la capital donostiarra, "referente nacional e internacional en I+D+i", según han destacado desde la Secretaría de Estado de Comunicación, y que acoge a 192 empresas. El centro de alto rendimiento fue inaugurado el pasado mes se enero y ofrece diferentes programas para transformar el funcionamiento interno de las organizaciones "en línea con la revolución tecnológica, la industrialización y la internacionalización, mejorando así la competitividad y sostenibilidad". Durante la visita, el ministro ha estado acompañado por el subdelegado del Gobierno en Gipuzkoa, Guillermo Echenique, el presidente de Adegi y Fabrika, Eduardo Junkera, José Miguel Ayerza, director general de la asociación guipuzcoana de empresarios y CEO del centro, y Juan Mancisidor, director de Fabrika. En palabras del ministro, "Fabrika me parece un proyecto extraordinario y pionero en el mundo". Ver más en Adegi. 

Transformación interna de las empresas poniendo el foco en las personas. Ese es el hilo conductor de un nuevo modelo de gestión que ha diseñado Cebek de la mano de sus cuatro grandes asociaciones –el metal, el comercio, el sector químico y la construcción– y que ya está llegando a las empresas. Un total de 60 empresas ya forman parte de un nuevo ecosistema que comparte una base común, Ekinbarri. Se trata de una herramienta que “facilita el camino hacia un modelo compartido de compromiso con las personas, basado en la confianza mutua; empresas competitivas y sostenibles, en las que las personas se sientan partícipes de un proyecto conjunto”. A través de cinco pilares básicos, adaptables a la realidad de cada sector y empresa, Ekinbarri plantea un nuevo enfoque de relación entre los trabajadores, los equipos y, en definitiva, las organizaciones que impulsa la colaboración entre todas las piezas del puzle productivo. Junto y bajo el paraguas de la Confederación Empresarial de Bizkaia, Cebek, suman fuerzas en esta iniciativa la Federación Vizcaina de Empresas del Metal (FVEM), la Confederación Empresarial del Comercio de Bizkaia (Cecobi), la Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia (Ascobi) y la Asociación de Empresas Químicas del territorio (AVEC-Kimika). El proyecto que ya ha dejado de ser piloto, y están teniendo resultados en las compañías, cuenta con el “apoyo decidido” de la Diputación Foral. Ver más en Cebek. 

La hostelería vizcaína es más mestiza que nunca. Salta a la vista, porque dos de cada diez empleados o empresarios del sector proceden ya de otros países. «Gracias a ellos podemos levantar la persiana», valoran en el sector. El número de profesionales extranjeros ha pasado de 3.000 a 5.500 en diez años. Bares y restaurantes reflejan uno de los grandes cambios del Bilbao actual. El número de personas extranjeras empleadas en la hostelería, una tendencia generalizada en gran parte del territorio aunque especialmente acusada en la capital vizcaína, no deja de crecer. Y todo apunta a que va a seguir haciéndolo «con más fuerza» a corto y medio plazo, valora Héctor Sánchez, gerente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia (AHB). «Las necesitamos. Gracias a ellas ha funcionado el sector servicios, mientras que a nosotros nos ha permitido hacer cantera», subraya José Antonio Ramos, maître del Bilbao Berria y Premio Euskadi de Gastronomía en 2015. Según los últimos datos registrados en las afiliaciones de la Seguridad Social, los empleados de origen extranjero suponen ya casi el 20% del colectivo. La mayoría trabaja a la vista del público. Son la tarjeta de presentación de numerosos establecimientos al encargarse de las barras y terrazas. Pero también laboran entre bambalinas copando un enorme protagonismo en los fogones, ajenos a las miradas de los clientes, pero aportando una visión cosmopolita que trasladan a las mesas con platos diferentes.

El reparto de la riqueza y del empleo centrará hoy los discursos de los máximos dirigentes sindicales vascos con motivo el Primero de Mayo. Los primeros espadas coincidirán en Bilbao, aunque lo harán en sendas movilizaciones, ya que mientras CC OO y UGT irán de la mano, ELA y LAB lo harán cada uno por separado, en un momento de máxima confrontación. Pero las manifestaciones se extenderán por toda Euskal Herria. ELA realizará sendas movilizaciones en Bilbao e Iruña bajo el lema ‘Borrokan, irabazteko’ (En la lucha, para ganar), en las que reivindicará que «la huelga tiene plena actualidad». LAB ha convocado ocho manifestaciones en Euskadi, Navarra e Iparralde con el eslogan de ‘Repartir para transformar, para reclamar la transformación del actual modelo económico y social. Por su parte, CC OO y UGT llevarán a cabo tres movilizaciones en Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz, bajo el lema ‘subir salarios, bajar precios, repartir beneficios’.

Los empresarios advierten de que la hiperactividad regulatoria en España, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico (sin contar con el frenesí normativo de las instituciones europeas), lastra la actividad económica, torpedea la competitividad de las empresas e incluso alienta la economía sumergida. A pesar de ello, año tras año, la jungla legislativa se hace más y más tupida, sepultando la actividad productiva bajo una maraña de burocracia, costes y cargas administrativas que, a veces con disposiciones duplicadas e incluso contradictorias, lastra la creación de empresas y empleo, así como la llegada de más inversión, impidiendo a la economía ganar tamaño. El año pasado se aprobaron en España 1.189 normas con rango de Ley solo entre el Estado (849, de las que casi un tercio fueron decretos ley) y las comunidades autónomas (340) y se publicaron nada menos que 1,32 millones de páginas con novedades legislativas en los boletines oficiales del Estado (254.757) y autonómicos (1,07 millones páginas), un 31% más que en 2021 y la cifra más alta de la última década, según recoge el último informe de CEOE sobre la producción normativa en España en 2022. Un diluvio cuyo impacto sobre el tejido económico y empresarial “es, cuando menos, abrumador”, denuncia la patronal. Tan abrumador que estaría inhibiendo el tamaño de la economía española entre 2 y 4 puntos porcentuales de PIB. Al menos así lo advierte el think tank Foro Regulación Inteligente, que en un informe publicado recientemente denunciaba tanto “la mala calidad regulatoria de nuestro país” como “la excesiva producción normativa” y aseguraba que “acabar con la hiperregulación aumentaría el PIB de España entre 36.000 millones y 48.000 millones de euros”.

Así lo reflejan los datos proporcionados por Legálitas. “Los trabajadores han pasado a valorar más la posibilidad de contar con medidas de conciliación en las empresas en las que trabajan por encima del salario”, destacan desde su departamento laboral. Una tendencia que, desde la compañía de servicios de asesoramiento, creen que se mantendrá debido a la expectación que se ha creado en torno a las novedades en materia de conciliación que traerá la futura ley de familias, todavía en trámite parlamentario. Por su parte, Miguel Arberas, socio de Abdón Pedrajas Littler, alude a la confusión que suponen los sucesivos cambios en la normativa laboral. “A las empresas les preocupa la falta de unas reglas claras y estables que permitan organizar la actividad empresarial a medio y largo plazo, sin quedar al albur de los continuos vaivenes normativos”, lamenta el letrado. Marc Carrera Domènech, socio de Sagardoy Abogados, coincide en que la falta de seguridad jurídica que se da en escenarios de normativa o doctrina jurisprudencial cambiante es una de las principales preocupaciones actuales de las empresas, junto con el incremento de los costes laborales. Asimismo, los expertos también destacan como principales dolores de cabeza laborales de las compañías la subida de las cotizaciones sociales, los incrementos salariales –principal punto de negociación de los nuevos convenios colectivos–, la contratación temporal tras la eliminación del contrato de obra y servicio con la reforma laboral de 2022, o el teletrabajo internacional.

La venta de edificios por parte de empresas no vinculadas al sector inmobiliario para lograr liquidez es una fórmula que ha ganado fuerza en los últimos años y, pese al entorno desafiante, sigue siendo una alternativa para captar liquidez. En 2022 el volumen de operaciones de ventas corporativas se disparó un 38%, hasta los 1.000 millones en 38 transacciones, según el informe Raising Capital elaborado por JLL. La consultora no tiene en cuenta en su informe la venta por parte de CaixaBank de su sede en Castellana (ver información adjunta), al no incluir en su informe las transacciones por parte de entidades financieras. Si se suma esta operación la cifra ascendería a casi 1.240 millones. El gran protagonista de 2022 por número de operaciones fue El Corte Inglés, que vendió activos de oficinas y retail en Madrid, Barcelona, Córdoba y Sevilla, captando en conjunto unos 300 millones. De estas transacciones la más relevante fue la venta a la sociedad conjunta formada por Redevco y Ares del gran almacén que el gigante de la distribución tenía en el Portal de l’Àngel, en Barcelona. Los nuevos dueños quieren transformar el inmueble en un activo comercial y de oficinas en una operación en la que invertirán en total 200 millones, incluyendo la compra del activo y su rehabilitación.

La subida de tipos de interés eleva el coste de endeudamiento de las familias, perjudica a las exportaciones de un país y enfría la economía. En 2022, los principales bancos centrales –la Reserva Federal (Fed) y el Banco Central Europeo (BCE)– han encadenado subidas en vertical de los tipos desde niveles cercanos a cero hasta el 3,5% en pocos meses, en el caso de la eurozona. Sin embargo, en las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI), de las cuatro principales economías europeas solo Francia no revisó al alza para el conjunto de 2023. España, por su parte, aceleró su economía en el primer trimestre hasta el 0,5%, la mejor cifra desde junio del año pasado. Lo que se supone que debería ocurrir, no ocurre. Sin embargo, los analistas advierten de que los efectos adversos del endurecimiento de la política monetaria se están demorando, pero se harán palpables, aunque la pregunta es cuándo. La economía parece estar a prueba de bombas. “En EE UU el desempleo está en mínimos de 60 años y en Europa en mínimos desde que se creó en la eurozona. Y eso mientras la inflación sigue en máximos de 40 años en Europa y altísima al otro lado del océano”, explica Alexandre Muns, profesor de EAE Business School. El crecimiento ciertamente se ha enfriado tras la invasión de Ucrania, pero no tanto como se esperaba.

El Perte del motor está siendo víctima de su propio éxito. Su flexibilización ha abierto la puerta del programa a nuevos proyectos, pero ahora el sector teme que la financiación disponible no sea suficiente para atender la demanda. En la industria del automóvil hay consenso en que no habrá suficiente Perte del motor para tanto proyecto industrial. Diversas fuentes del sector consultadas coinciden en que si se confirman los cambios en este programa de ayudas y préstamos a coste cero prometidos por el Ejecutivo, habrá sobredemanda. Así, la situación sería totalmente contraria a la del año pasado, cuando se quedó sin asignar aproximadamente el 75% de los fondos del Perte del vehículo eléctrico y conectado, unos 2.182 millones de euros. “Estamos teniendo conversaciones y contacto permanente con Industria, pero hasta que no veamos todo por escrito no podemos dar por seguras las condiciones”, indica Anfac, la patronal de los fabricantes de coches. Esto no sucederá hasta verano, según admitió el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, que la semana pasada aseguró que el programa estaría preparado para junio (tiene que negociar con Bruselas), aunque su lanzamiento podría retrasarse a julio. 

El mundo atraviesa una fase de grandes turbulencias y cambios. La pandemia, la tensión geopolítica, la revolución tecnológica, la transición verde y otros factores impulsan una profunda transformación en varios niveles, y el mercado laboral es uno de los territorios principales en las que esta se proyecta. Una encuesta publicada por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés, también conocido como el Foro de Davos) apunta a que, en el próximo lustro, esta gran reconfiguración afectará a alrededor de un cuarto de ese mercado, con importantes tasas de creación de nuevos tipos de empleos y, mientras esto sucede, la destrucción de antiguos. El Informe sobre el futuro de los empleos analiza las perspectivas del mercado laboral ponderando información facilitada por 803 empresas que dan empleo a 11,3 millones de trabajadores en 27 sectores y 45 economías del mundo. En conjunto, ofrecen indicaciones proyectables sobre un perímetro que abarca unos 673 de los 820 millones de trabajadores incluidos en el monitoreo de datos de la Organización Internacional del Trabajo. La OIT considera que a escala global hay unos 3.300 millones de trabajadores entre economía formal e informal. La proyección no es pues exhaustiva, pero sí lo suficientemente amplia como para dar pistas sólidas acerca de las expectativas del cambio en la economía formal.

"El gozoso avance del envejecimiento afecta negativamente al monto del gasto público, que ascendió a 634.297 millones de euros en 2022, cifra que supone el 47,8% del PIB. Si bien estos registros son asimilables a los del resto de países europeos, la diferencia estriba en el menor peso de nuestros ingresos públicos –el 39,2% frente al 46% de la UE15– y en la diferente composición de las partidas, un importe mayor en rúbricas como pensiones, desempleo o intereses de la deuda, junto a uno menor en epígrafes como la educación o la inversión pública. Existe consenso de que menores dotaciones en inversión y educación se asocian, a medio plazo, con tasas inferiores de crecimiento potencial de la economía...España alcanzará en 2070 la mayor esperanza de vida de la UE, con 87,1 años para hombres y 91,4 para mujeres, y la segunda menor tasa de fertilidad con 1,49 hijos por mujer, representando un crecimiento vegetativo altamente regresivo en el periodo. Este rápido proceso de envejecimiento repercute en la ratio de dependencia, que compara el número de personas de 65 años o más con el número de personas en edad de trabajar. La tasa de dependencia española pasará del 32% en 2019 al 64% en 2050. Como es lógico, el envejecimiento descrito proyecta importantes aumentos del gasto público. Dichas proyecciones se asocian fundamentalmente a las pensiones, la sanidad y los problemas de dependencia, absorbiendo cuotas sucesivamente mayores del PIB...El crecimiento económico es un factor determinante para integrar la evolución de la deuda pública, pero el propio Gobierno asume que el PIB promediará aumentos del 1,4% hasta el año 2070, en todo caso discutibles. Con cifras concluyentes o sin ellas resulta inexcusable abrir los ojos a la vulnerabilidad que la creciente dilatación de nuestras vidas confiere a las principales partidas del estado del bienestar que, tarde o temprano, deberá someterse a reformas estructurales casi siempre dolorosas". 

Se cumplen tres meses ya desde que el Tesoro estadounidense puso en marcha “medidas extraordinarias” para no suspender pagos. Pero Janet Yellen, la responsable de las finanzas públicas del país, ya ha avisado que no puede hacer milagros y si el Congreso no aprueba un aumento del techo de gasto, el país entrará en bancarrota al no poder hacer frente al pago de sus obligaciones financieras. ¿Cuándo? Como muy tarde en verano, aunque la fecha exacta se desconoce todavía. Las peores previsiones hablan de junio. Una suspensión de pagos tendría no solo consecuencias catastróficas para la economía estadounidense, sino que se trataría de un contagio sistémico que afectaría a todo el mundo. En estos momentos, “el techo de la deuda representa el riesgo a la baja más significativo a corto y medio plazo para la calificación crediticia de EEUU”, tal y como indica Dennis Shen, analista de deuda soberana de Scope Ratings. “Incluso evitar en el último minuto un default técnico puede tener consecuencias significativas para su solvencia”. Para poder aumentar el techo de deuda, el presidente de EEUU, Joe Biden, necesita el visto bueno del Congreso, pero las negociaciones se prevén difíciles, sobre todo desde que en las últimas elecciones el Partido Demócrata perdió el control de la Cámara de Representantes, en manos ahora de los republicanos, que han amenazado con bloquear la medida si la Casa Blanca no recorta el gasto público y deja de aumentar el déficit.

El presidente celebra la cena de corresponsales con un aluvión de bromas sobre la Fox y su edad. Se trata del evento anual en que el cuarto poder se viste de gala en Washington para recibir al presidente de Estados Unidos. Joe Biden ha acudido a la cita por segundo año y, junto a algunos mensajes serios, se ha burlado de sí mismo, primero, y luego de Tucker Carlson, Don Lemon, la Fox, la CNN, Elon Musk, Ron DeSantis...La ovación más larga de la noche del sábado se la llevó Evan Gershkovich, encarcelado en Rusia por el régimen de Putin. “El periodismo no es un crimen”, dijo Biden. “Estamos aquí para enviar un mensaje al país y al mundo: La prensa libre es un pilar, quizá el pilar, de una sociedad libre, no el enemigo”, añadió el presidente en la parte seria de su discurso. En la sala estaba la jugadora de baloncesto Brittney Griner, liberada por Moscú a finales de 2022 en un intercambio de prisioneros. La cena se celebraba en el hotel Washington Hilton, donde Biden dio el martes su primer discurso como candidato a la reelección. En el lanzamiento de su campaña, el presidente se ha presentado como paladín de la libertad: de prensa, de expresión. Es la postura opuesta a la de su probable rival en las presidenciales, Donald Trump, que ataca a los medios siempre que puede y que boicoteó la cena durante su mandato. El presidente se burló de sí mismo por su edad, y es la tercera vez que lo hace en la semana. “Creo en la Primera Enmienda. No solo porque la escribió mi buen amigo Jimmy Madison”, dijo en referencia a la enmienda constitucional que consagra la libertad de expresión, escrita en 1791 por uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Biden es el primer presidente octogenario del país y si sale reelegido acabaría un hipotético segundo mandato con 86 años.