20230602

El empresario vasco José Antonio Jainaga ha creado una corporación industrial dedicada a la adquisición de empresas de tamaño pequeño y mediano, con vocación de permanencia en su accionariado y para la que ha diseñado un plan de crecimiento acelerado. Mirai, la marca que ha elegido para este nuevo conglomerado empresarial, tiene ya 10 empresas, con una facturación anual de 100 millones de euros y una plantilla de 500 empleados. De aquí a finales de 2026 las estimaciones apuntan a una inversión total que se acercará a los 400 millones de euros. Los antecedentes de la nueva aventura empresarial se remontan a 2018 cuando el empresario vasco, propietario de Sidenor, decidió realizar algunas adquisiciones de empresas situadas en el País Vasco y con actividades alejadas de la producción de aceros especiales. Esa iniciativa le ha animado a crear Mirai, de la que es el principal accionista pero en la que comparte también la propiedad con varios miembros del equipo directivo de Sidenor, con el objetivo de diversificar sus inversiones. La inversión realizada hasta ahora se sitúa en torno a los 70 millones de euros, pero con las operaciones que están a punto de firmarse, han señalado portavoces de la corporación, alcanzará los 150 millones, para controlar 15 empresas, que tendrán 1.000 empleados y una generación de ebitda anual de 30 millones de euros. La previsión para finales de 2026 es de «duplicar y algo más» esas cifras y también la generación de resultados. «Nuestro objetivo es focalizarnos principalmente en la industria, porque es lo que sabemos hacer y realizar inversiones que nos permitan asumir la gestión. No queremos ser meros inversores. Tenemos también vocación de permanecer en las compañías que adquirimos», ha señalado Jainaga para definir a grandes rasgos su filosofía. En la actualidad las adquisiciones se han centrado en los sectores de metalurgia, electrónica y agroindustria, la mayor parte de ellas en el País Vasco, pero Mirai quiere ampliar ese ámbito. En el geográfico con una especial atención a empresas situadas en Madrid, Cataluña y Valencia y en el sectorial con incursiones en el aluminio, el cobre y el reciclaje de plásticos.

Arteche, fabricante de bienes de equipo para el sector eléctrico, ha duplicado su capacidad industrial en Turquía con la apertura de una nueva fábrica en el país otomano. Con las instalaciones de la localidad de Dilovasi, el grupo vasco alcanzará una producción anual de 220.000 transformadores, frente a los 100.000 de la actualidad. Desde Turquía, Arteche suministrará equipos tanto al mercado local como a otros de su área de influencia, todos ellos con una demanda al alza. Desde su apuesta por Asia, la empresa de Mungia (Bizkaia) ha aumentado un 25% su ventas en el continente, tras la compra de la compañía Esitas, con plantas en Turquía y en Indonesia. El centro de Dilovasi, al este de Estambul, cuenta con una superficie de 19.000 metros cuadrados. Su puesta en marcha ha requerido una inversión de dos millones de euros. Está prevista una próxima ampliación a medio plazo con una aportación adicional de un millón de euros. La nueva planta contará con procesos más automatizados, lo que mejorará la eficiencia productiva de la base fabril de Arteche en Turquía. En la inauguración de las instalaciones, Alex Arteche, presidente del grupo, señaló que “tenemos un compromiso con la transición energética que implica una mayor necesidad” de generación eléctrica. Es un objetivo “que ya no es a tan largo plazo y que no puede esperar”. Añadió que “estamos por tanto ante un gran reto en el que el sector eléctrico juega un papel clave”.

Cuatro compañías líderes en transición energética (Grupo Kursaal, Edinor, GNE Finance y Viuda de Sainz) han creado la empresa de rehabilitación energética Mugabi, que se presentó ayer en Donostia. «Hasta ahora las rehabilitaciones estaban muy orientadas a la reparación, pero desde 2022 ha habido un punto de inflexión. Europa ha dicho que en 2050 vamos a ser el primer continente descarbonizado», dice Aznar Sánchez Director de proyectos de Mugabi. "La mayoría de los edificios son de los años 70, no tienen aislamiento y más del 35% del CO2 lo emiten las propias viviendas. Es ahí donde tenemos que actuar... Casi todos funcionan con gas y el simple hecho de que lo consumamos ya es una forma de contaminar. Además, estamos usando más energía de la necesaria porque nuestro edificio no está abrigado y para caldear en invierno un piso debemos tener casi todo el día la calefacción puesta. Los edificios son muy ineficientes. No se renuevan y quedan totalmente obsoletos.– ¿El parque residencial vasco está obsoleto?– En los años 60 y 70 hubo un boom inmobiliario y se construyeron muchísimos edificios. En aquella época había mucha costumbre de hacerlo con ladrillo y de hecho hasta los años 80 no se empezó a poner aislamiento en las fachadas. Todos esos edificios son muy ineficientes. No tienen aislamiento, las instalaciones están totalmente obsoletas, hay muchas fugas y pérdidas de calor..."

Casi 10.000 edificios (9.960) de Gipuzkoa necesitan una rehabilitación urgente, muy urgente o inmediata y se prevé que esta cantidad aumente considerablemente a lo largo de este año. Según el informe sobre rehabilitación en Euskadi, elaborado por el Observatorio Vasco de la Vivienda, en 2022 el número de inspecciones técnicas de edificios (ITE) publicadas en el registro de Euskoregite fue de 54.853 en todo el País Vasco, de las que 42.935 se corresponden con informes realizados a edificios de más de 50 años de antigüedad. Los resultados reflejan «la necesidad de un notable grado de intervención en al menos la mitad de los edificios». Los datos revelan que en 2022 había en Gipuzkoa 7.989 inmuebles que requerían una rehabilitación urgente en el plazo de un año, 1.909 en grado muy urgente y 62 en grado inmediato. En el conjunto de Euskadi, del total de ITEs publicadas, 27.302 edificios tenían que abordar una reforma. También hay que tener en cuenta, señala el informe, que «algo menos de la mitad de los 80.000 edificios obligados, todavía no habían realizado la ITE en 2022, de forma que el número de obras urgentes a realizar aumentará considerablemente cuando se vayan realizando» las inspecciones. Los resultados de las ITEs también han revelado que «tres de cada cuatro edificios no tienen resuelta la accesibilidad del inmueble, es decir, no existe un itinerario accesible desde la vía pública hasta el acceso a las viviendas a través de sus espacios comunes». «Se debe subrayar –añade el informe– que la mayor antigüedad de las viviendas que deben pasar la ITE condiciona su menor disposición de elementos de accesibilidad como los propios ascensores».

El concurso público lanzado por el Gobierno vasco para encargar las obras está muy cerca de resolverse. Sólo falta la adjudicación formal, puesto que las ofertas técnicas y económicas ya han sido valoradas. Y el resultado es que hay tres alianzas de importantes constructoras que lideran el proceso. Si cumplen los requisitos administrativos, serán las ganadoras de los tres tramos en los que se ha troceado el tajo. Las compañías creen que podrán llevar a cabo los trabajos por un importe global de 232 millones de euros (IVA excluido). Se trata de un 6% menos que el presupuesto base que había consignado el Ejecutivo autonómico. Esta institución había previsto que el plan era viable si se destinaban 245,7 millones, después de una primera revisión de precios motivada por un error de cálculo, lo que obligó a aumentar la estimación en 3,5 millones. Finalmente, todo apunta a que la obra saldrá 13 millones más barata de lo previsto. Al concurso se han presentado ocho Uniones Temporales de Empresas (UTE), en su mayoría lideradas por mercantiles vascas. Muchas de las firmas cuentan con una amplia experiencia en la ejecución de obras públicas en el territorio. El primer tramo a construir es el que enlazará la nueva intermodal de Sarratu con Aperribai. Aquí se había previsto invertir 91,9 millones de euros. En el concurso público que está a punto de resolverse, lidera la tabla de valoración la UTE formada por Campezo, Azvi, Copasa, Viuda de Sainz y Lurpelan. Esta alianza de compañías hará el tajo por 85,08 millones. 

Arantxa Tapia, ha asegurado que el Gobierno vasco se ha puesto como objetivo lograr que la ciberseguridad industrial represente el 40% del PIB en 2024 para convertir Euskadi en un referente europeo e internacional en este sector. Tapia ha hecho estas afirmaciones en su intervención en la apertura de una jornada organizada en Bilbao por la empresa Fortinet, bajo el título 'Security Day', a la que han asistido 400 representantes de empresas relacionadas con la ciberseguridad. En su discurso, la consejera ha subrayado que, hoy por hoy, "no se entiende una industria y un tejido productivo sin digitalización y tampoco por ello sin ciberseguridad como un aspecto clave para que todo funcione de la mejor manera en las empresas". En este punto ha remarcado la necesidad de poner en marcha, como gobierno, funciones adecuadas para acompañar y ayudar en la búsqueda e implementación de soluciones industriales en este terreno porque, de no hacerlo, "desde luego, tendremos un problema". La consejera ha incidido en que la ciberseguridad es un ámbito estratégico para el Gobierno vasco pero también como país y, desde el carácter industrial de Euskadi, ha añadido, "ya toca hablar de un concepto más amplio de industria dentro de lo que se conoce como servicios conexos a la industria". Entre estos servicios, Tapia ha situado la ciberseguridad o la propia digitalización de la industria, como servicios que presta una parte importante del tejido empresarial de Euskadi.

El Parlamento vasco rechazó ayer suspender la tramitación del Plan Territorial Sectorial (PTS) de Energías Renovables, un documento impulsado por el Gobierno y que busca ordenar el territorio fijando los espacios idóneos para instalaciones eólica y fotovoltaicas. La oposición en bloque había solicitado en una iniciativa del Partido Popular ampliar mes y medio el plazo para la recepción de las alegaciones de los ayuntamientos, pero el PNV y el PSE votaron en contra porque se «trata de un trámite administrativo incardinado en un proceso en el que ya se han recogido dos procesos de participación», tal y como explicó el jeltzale Unai Grajales. Hasta 92 municipios en Euskadi tienen sus terrenos afectados por recoger una ‘zona de localización seleccionada’ para la instalación de una infraestructura de energía verde. Es lo que dibuja el mapa del PTS en su aprobación provisional. Las «instituciones concernidas» pueden presentar alegaciones hasta el 24 de julio y son muchos los ayuntamientos que cambiarán de gobierno tras las elecciones del pasado domingo. Es, por lo tanto, poco tiempo para que las nuevas corporaciones, que se constituirán el 17 de junio, puedan analizar la documentación y plantear sus alternativas. Por eso, el parlamentario popular Carmelo Barrio ha defendido esta medida con el objetivo de «garantizar la participación». El argumento encontró respaldo en el representante de EH Bildu, Mikel Otero, quién recordó que, «tras más de cuatro años de espera, un retraso de 45 días tiene sentido en aras del consenso social, como un gesto del Gobierno a las administraciones municipales». Y es que la coalición abertzale viene reclamando desde hace tiempo la necesidad de esta herramienta para ordenar el suelo y delimitar en qué lugares podrán colocarse aerogeneradores y placas fotovoltaicas.

Ya no será necesario solicitar una licencia de obra para instalar placas fotovoltaicas o puntos de recarga de coches eléctricos en edificios. Así lo aprobó ayer por unanimidad el Parlamento Vasco con el ‘sí’ de EH Bildu, PNV, PSE, Elkarrekin Podemos-IU y PP. La nueva ley, presentada por la coalición soberanista y aprobada ayer por todos los partidos, modifica el texto legal del Suelo y Urbanismo de manera que se agilizan los trámites administrativos necesarios para instalar estas nuevas tecnologías, puesto que en adelante ya no será necesario pedir la licencia municipal de obra que hoy es obligatoria en esos casos. No obstante, existen varias excepciones y la licencia sí deberá solicitarse cuando las instalaciones se realicen en edificios declarados bienes de interés cultural o catalogados, cuando afecten a la cimentación o a la estructura del edificio o cuando requieran de una evaluación de impacto ambiental. El parlamentario y secretario de transición ecológica de EH Bildu, Mikel Otero, reconoció ayer que esta modificación legal es «un paso pequeño» pero cree que «va en una buena dirección en la transición energética, en el modelo descentralizado, en el que la gente está cogiendo cada vez más protagonismo». Destacó que los datos en el Estado –tanto Navarra como muchas comunidades autónomas ya han hecho este cambio legislativo– están siendo «espectaculares», ya que «apuntan a que en los últimos cinco años se han instalado más de cinco gigavatios de fotovoltaica en régimen de autoconsumo, lo que está provocando que esté bajando la curva de la demanda y que el consumo de gas esté bajando de manera notoria».

El comité de empresa de Michelin Lasarte decidió ayer mantener los cuatro días de huelga después de que ningún grupo sindical haya mostrado su disposición al acuerdo ofrecido por la empresa en la renovación del convenio colectivo. Así las cosas, los 500 empleados de la fábrica lasartearra han sido llamados a secundar la jornada de huelga, según equipo o sistema de trabajo, entre hoy y el próximo lunes, día 5. El lunes sí será general. Fue e martes cuando tuvo lugar la sexta reunión de Michelin con los sindicatos, que parecía definitiva después de que la empresa presentase, según el comité de empresa, una oferta «final, última y definitiva». El comité, no obstante, ha rechazado esta propuesta y reclama la vinculación de todos los conceptos salariales a la inflación e incrementos salariales que cubran la pérdida de poder adquisitivo.

1,6 millones de empleados no trabaja ni una sola hora a la semana, unos 520.000 más que antes de la pandemia. Los expertos no son capaces de asegurar cuál es la razón de que haya tantas personas sin trabajar en nuestro país, pero sí coinciden en que todo parece apuntar a un incremento de la cantidad y de la duración que tienen las bajas por enfermedad. En un primer momento, se podría pensar que se trata de bajas por enfermedad vinculadas al covid –respiratorias o incluso asociadas a la salud mental–, pero los datos parecen mostrar otra cosa. «Según las mutuas, se ha producido un aumento de bajas por enfermedades vinculadas a la movilidad –fracturas, esguinces, etc.–. Así que no hay necesariamente una relación con el covid, aunque sí hay tasas de detección más bajas y listas de espera en la Sanidad que dan lugar a bajas más largas», explicó ayer Marcel Jansen, investigador de Fedea, durante la presentación de su Observatorio Trimestral del Mercado Laboral elaborado junto a BBVA Research. Estos traumatismos que parecen ser responsables del incremento de las bajas podrían estar asociados, en algunos casos, al cambio del trabajo presencial por el teletrabajo y, en otros, al envejecimiento general de la población de nuestro país. Al haber cada vez más trabajadores mayores, que son los que tienen más probabilidades de estar de baja por enfermedad, aumenta el número agregado de personas de baja.

Quinto mes consecutivo con datos en positivo. El mercado de vehículos sigue recuperando terreno tras superar sus problemas de carencia de componentes. En Euskadi las matriculaciones en mayo crecieron un 10% respecto al año pasado, con 2.374 vehículos, lo que supone una mejora incluso mayor que la vivida en el conjunto de España donde creció el 8,3% (92.025 unidades). Desde comienzos de 2023, la mejora en el País Vasco alcanza el 15,9%, con 10.014 vehículos, mientras que la media nacional aumenta el 26,9% (404.337). Las tres patronales del sector –Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios) y Ganvam (distribuidores)– destacaron los buenos datos derivados de la mejoría en los ritmos de producción y por los pedidos de los concesionarios para canales rent-a-car y empresas. Lamentaron, sin embargo, el bajo ritmo de recuperación entre los particulares, lo que confían que se corrija si se estabiliza la inflación y las subidas de tipos de interés. Las matriculaciones, con todo, siguen muy por debajo de los datos previos a la pandemia. En mayo de 2019 se vendieron 3.884 unidades en el País Vasco, un 38,9% más. El presidente de la Asociación de Concesionarios de Bizkaia y representante de Faconauto en el País Vasco, Jon Lekue, señaló ayer que tras un periodo flojo pasada la Semana Santa, en el sector han notado una ligera mejoría que podría verse afectada durante este próximo periodo electoral, momento que habitualmente se traduce en un cierto parón en las ventas. También remarcó que sería aconsejable poder contar con un nuevo plan Renove vasco, mientras el stock existente prosigue regularizándose.

El ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, confirmó ayer que el Gobierno mantiene su objetivo de lanzar la segunda convocatoria del Perte del vehículo eléctrico y conectado (VEC) en junio pese al adelanto de las elecciones generales al próximo 23 de julio. “La convocatoria se va a mantener”, aseguró Gómez, en declaraciones recogidas por Efe, en una rueda de prensa en la que ha recordado que el Ejecutivo trabaja para lanzar el Perte con dos líneas: una exclusivamente de baterías y otra para proyectos individuales con impacto en la cadena de valor del vehículo eléctrico. La primera de ellas ya fue autorizada por la Comisión Europea y contará con 837 millones de euros. El Gobierno espera también una respuesta “favorable” para la línea de proyectos individuales, que tendrá 1.475 millones en subvenciones y préstamos al 0% de interés. En total, si se suman ambas líneas, la segunda convocatoria del Perte del automóvil pondrá a disposición del sector 2.312 millones, una cifra superior a los 2.182 millones que se habían quedado sin asignar en la primera convocatoria del ejercicio pasado. El pasado 11 de mayo, la Comisión Europea había anunciado que daba el visto bueno a la línea para proyectos de baterías, un programa que cumplía con “las condiciones establecidas en el Marco Temporal de Crisis y Transición”.

Las patronales europeas reclaman que la presidencia española de la Unión Europea, durante el segundo semestre del año, sirva para reforzar la competitividad de las empresas del territorio en un entorno de creciente proteccionismo internacional tras las convulsiones económicas causadas por la pandemia y la invasión rusa sobre Ucrania. Los presidentes de las principales organizaciones empresariales del Viejo Continente, reunidos ayer y hoy en Madrid para transmitir sus prioridades al Gobierno español, reclaman para ello un “respiro regulatorio”, abaratar los precios de la energía, reforzar el mercado único, impulsar la formación de los trabajadores y tender lazos comerciales con América Latina. Estas son algunas de las líneas maestras de la llamada Declaración de Madrid, el documento de propuestas consensuada ayer en el consejo de presidentes (Copres) de Business Europe, la mayor organización empresarial europea, que reúne a 40 confederaciones empresariales de 35 países (como Reino Unido, Suiza o Turquía además de los de la UE), en representación de más de 20 millones de pequeñas, medianas y grandes empresas de todos los sectores. Su presidente, el sueco Fredrik Persson, entregó ayer el texto a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, junto al presidente de CEOE y vicepresidente de Business Europe, Antonio Garamendi, que ejerce de anfitrión de la cumbre. La cita, que se celebra semestralmente en el país que está a punto de asumir la presidencia rotatoria del Consejo Europeo durante los seis meses siguientes, sirvió también para hacer balance del clima empresarial español. “La única forma de lograr progreso social es con progreso económico. Quizás alguno no esté de acuerdo conmigo, pero soy firme en esto”, defendió ayer el presidente de la patronal europea, alertando del riesgo de criminalizar a los empresarios e instando a España a aprovechar la presidencia rotatoria de la UE, pese a las “dificultades” que le comportará celebrar Elecciones Generales, para facilitar la actividad empresarial. “Me han informado sobre estos ataques contra los empresarios, no tengo toda la información pero sé algo, y es preocupante”, respondió Persson al ser cuestionado sobre la “criminalización de los empresarios en España” durante su intervención. 

El presidente de los empresarios españoles, Antonio Garamendi, asume ya que la presidencia española de la Unión Europea, en el segundo semestre del año, será “accidentada” como consecuencia de la sorpresiva convocatoria de Elecciones Generales para el 23 de julio –solo tres semanas después de su arranque– anunciada por el presidente del Gobierno el lunes tras los malos resultados de los socios de coalición en los comicios autonómicos y municipales del domingo. Así lo expuso el presidente de la CEOE durante su intervención en un desayuno informativo del Foro de la Nueva Economía, en el Casino de Madrid, donde presentó al presidente de Business Europe, la patronal de patronales europeas, Fredrik Persson. Persson se encuentra en España para participar en la cumbre semestral de presidentes de patronales de la UE que la CEOE acoge en esta ocasión para trasladar a la próxima presidencia europea de turno, en este caso la española, las prioridades empresariales. “Nos reunimos los presidentes de Business Europe estos dos días donde tenemos que plantear las prioridades que tenemos los empresarios europeos ante los nuevos retos, en este caso aprovechando la presidencia española de la UE”, explicó Garamendi, para añadir en tono jocoso que “vamos a ver esta presidencia accidentada” qué depara, en alusión al ambiente electoral en el que se va a desarrollar como consecuencia de los comicios del 23-J, y de la consecuente posibilidad de que haya cambio de Gobierno durante el semestre.

Tanto el Banco de España como el Banco Central Europeo llevan meses advirtiendo de una contracción del crédito que está siendo especialmente fuerte en el segmento hipotecario. El problema va en una doble dirección, con una oferta cada vez más exigente en sus requisitos y una demanda cada vez más débil ante el encarecimiento de los préstamos. Según los últimos datos del Banco de España, la financiación a los hogares alcanzó en abril los 691.261 millones de euros. Son 482 millones menos que en marzo, engordando una tendencia a la baja que se ha repetido mes a mes todo este año. De hecho, el saldo actual implica 8.185 millones de euros menos que al cierre de diciembre de 2022. Y casi 11.000 menos respecto a hace un año. El crédito a las empresas también ha caído en 13.669 millones de euros, hasta los 941.493, con muchas compañías –especialmente pymes–, haciendo acopio de liquidez ante futuros riesgos. Si se suma al descenso experimentado por la financiación a las familias, el resultado es que el crédito a ambos segmentos se contrajo en casi 22.000 millones de euros hasta el pasado mes de abril. No obstante, y centrando el foco en las hogares, destaca sobre todo el cambio de tendencia crediticia que ha provocado la pérdida de poder adquisitivo de los españoles en los últimos meses, ante la subida de precios en el actual entorno inflacionista: al contrario de lo que sucedía hasta hace poco más de un año, el crédito al consumo está aguantando mucho mejor que los préstamos para financiar una vivienda.

Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo (BCE), y Luis de Guindos, vicepresidente de la institución, confirmaron ayer en sus respectivas intervenciones que la autoridad monetaria subirá en junio los tipos de interés 25 puntos básicos, hasta el 4%, tal y como preveía el mercado. Los discursos de los dos altos cargos del banco central arrojaron algo luz sobre los próximos movimientos, aunque no fijaron una meta definida sobre cuándo terminará el ciclo de incrementos del precio del dinero. Guindos señaló directamente que las alzas de menor tamaño adoptadas en la última cita de mayo son ahora “la nueva norma”, mientras que para Lagarde se trata de “subidas estándar”, aludiendo a que los fuertes incrementos vistos en el pasado eran movimientos extraordinarios. Después de elevar las tasas 375 puntos básicos en menos de un año, consolidando el ciclo de subidas de los tipos de interés más agresivo en los 25 años de historia del banco central, los incrementos que se realicen a partir de ahora serán pequeños. El objetivo, señalaron ambos banqueros centrales, es llegar a un punto en el que se tenga la suficiente confianza de que la inflación está camino de volver al objetivo del 2%. “Hay la percepción de que una gran parte del camino de subidas de tipos se ha llevado a cabo y queda la última parte, la recta final”, señaló Guindos, que advirtió, sin embargo, de que el momento de detener el endurecimiento monetario lo determinarán los datos, como las proyecciones de la inflación que actualizarán en su cita de junio y la transmisión de la política monetaria a través de la banca.

El Banco Central Europeo (BCE) empieza a llegar al final del ciclo de subidas de tipos. “Ahora, estamos aproximándonos a nuestra altitud de crucero”, afirmó ayer su presidenta, Christine Lagarde, en Hannover. Su discurso puso de manifiesto los difíciles equilibrios en el seno del Consejo de Gobierno entre los guardianes de la ortodoxia y los más preocupados por el crecimiento. A dos semanas del próximo cónclave en Fráncfort, el mensaje a los mercados de Lagarde es doble: la escalada del precio del dinero llega a su fin, pero —y ahí mantiene el tono de halcón— la autoridad monetaria se mantendrá a esa altura el tiempo necesario para devolver a la inflación al 2%. “Estamos decididos a reducirla hasta nuestro objetivo a medio plazo”, advirtió Lagarde. Tras subir los tipos del 0% al 3,75% en menos de un año, llega el momento en el que Fráncfort empieza a sopesar cómo frenar ese ritmo. Los mercados dan por hecho que el BCE volverá a aumentar los tipos en un cuarto de punto en dos semanas, pero ven signos de agotamiento. Así lo confirmó también ayer el vicepresidente del Eurobanco, Luis de Guindos, quien en una entrevista a RNE afirmó que los movimientos de 0,25 puntos porcentuales son “la nueva norma” en la “recta final” de la escalada. Al contrario de lo sucedido en el Reino Unido, la inflación parece ir domándose en la zona euro. Según Eurostat, el IPC cayó más de lo previsto, del 8,1% de abril al 6,1% el mayo, mientras que la inflación subyacente cedió tres décimas, pasando del 5,6% al 5,3%. Y por el lado de los daños, el Eurobanco vigila con atención los posibles focos de nuevas turbulencias, que se concentran en el sector inmobiliario, los fondos de inversión e incluso los criptoactivos.

La inflación se modera con fuerza en la eurozona gracias al abaratamiento de la energía y, en menor medida, a la ralentización de los precios de los alimentos en la mayor parte del Viejo Continente, si bien hay que tener en cuenta que buena parte de este descenso se debe al efecto escalón tras la escalada de precios que se produjo el año pasado tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El Índice de Precios de Consumo (IPC) en los países del euro se frenó en mayo al 6,1% anual, nueve décimas menos que el mes anterior, de acuerdo con los datos que publicó ayer la oficina estadística comunitaria, Eurostat. Unos datos que también reflejan que los precios se frenan con más intensidad en España que en el resto de los países europeos, lo que se puede achacar parcialmente al efecto de las medidas tomadas por el Gobierno pero principalmente a la ralentización de la demanda interna.

Los salones Expoquimia y Equiplast, dedicados respectivamente a la industria química y al tratamiento de los plásticos, cerrarán hoy sendas ediciones en las que han puesto el foco en el fomento de la economía circular, la digitalización y la transferencia tecnológica como grandes palancas para garantizar un futuro sostenible para ambos sectores. La previsión de Fira de Barcelona es que la asistencia haya superado los 19.000 delegados en los cuatro días que han durado ambos certámenes. Los dos certámenes llegan a su vigésima edición y se celebran juntos cada tres años. La última vez fue en 2021, en una visión reducida y que tuvo que aplazarse por el Covid-19. Para celebrar las dos décadas del encuentro más importante del año para el sector, se reunieron en una cena de gala a más de 600 directivos en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (Mnac), donde se reivindicó la contribución de esta industria en la transición verde y digital. La cita también sirvió para exigir a las autoridades la necesidad de acometer cambios de calado. El consejero delegado de Basf y presidente del Consejo Europeo de la Industria Química (Cefic), Martin Brudermüller, aseguró que China y Estados Unidos son una creciente competencia . Sin embargo, “las regulaciones actuales frenan las inversiones”, por lo que hizo un llamamiento a la UE a apostar por un marco más sencillo, con el objetivo de que “las empresas sean más competitivas”. Expoquimia y Equiplast reunieron a 590 expositores directos en representación de más de 1.500 marcas de los sectores de la industria química y el plástico.

El número de personas con un elevado patrimonio neto (esto es, más de un millón de dólares excluyendo la vivienda habitual y los bienes de consumo) encogió en 9.100 en 2022, al pasar de 246.500 en 2021 a 237.400 el año pasado, lo que representa una caída del 3,7%, cuatro décimas superior a la media global (3,3%). Así lo refleja el último informe sobre la evolución de la riqueza mundial que elabora la consultora Capgemini, publicado ayer, que muestra que la riqueza de los españoles menguó un 4,5% en 2022, al pasar de los 719.700 millones de dólares en 2021 (unos 672.000 millones de euros al cambio) hasta los 687.200 millones en 2022 (641.000 millones de euros). Esto es, España dio carpetazo al ejercicio con menos grandes patrimonios que un año antes y con 32.500 millones de dólares menos de riqueza (alrededor de 30.000 millones de euros). A priori, buena parte de la culpa fue de los sospechosos habituales a lo largo de los últimos meses: la incertidumbre por la guerra en Ucrania, que castigó la capitalización de los valores bursátiles y exacerbó los costes energéticos y la crisis inflacionista; la abrupta y rápida subida de los tipos de interés, que ha encarecido la financiación y, por tanto la inversión, y la falta de confianza en un futuro que sigue sin vislumbrarse con claridad. Son los mismos problemas que aquejan al resto de Europa occidental. Sin embargo, la devaluación de la riqueza de los españoles sobresale entre las grandes economías del euro, todas ellas con pérdidas inferiores. Así, los italianos vieron mermada su riqueza en un 2,7%; los alemanes en un 2,2% y los franceses en un 0,5%, según el informe de Capgemini, que abarca 71 mercados representativos de más del 98% de la renta nacional bruta mundial y el 99% de la capitalización bursátil. 

Ayer, el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, avanzó que la previsión que maneja el Ejecutivo es que en estos seis meses lleguen 52,3 millones de visitantes extranjeros, o lo que es lo mismo, un 12,2% más que el mismo periodo del año pasado. Eso sí, queda todavía un poco por debajo de los 53,2 millones de extranjeros que visitaron el país en 2019, año que conviene tomar como referencia en el sector turístico, puesto que los posteriores han estado severamente influenciados por una pandemia de Covid que cerró fronteras y puso límites a la movilidad. Pese a que la recuperación veraniega no será del todo completa, a juzgar por las previsiones, Gómez se atrevió a asegurar que “las perspectivas son extremadamente buenas para superar tanto el gasto como el número visitantes de 2019. Todo indica que vamos a batir récords”. Hay que señalar, en este caso, que esta es la previsión media. Hay otra aún más optimista que habla de 54,8 millones de visitantes, con lo que se superaría ampliamente la marca de 2019. Ese verano no marcó récord histórico, pero sí lo hizo el conjunto del año, con 83,5 millones de visitantes procedentes del extranjero. Lo que sí tiene visos de ser, sí o sí, récord histórico de una temporada de verano, es el gasto turístico. El escenario medio prevé 67.600 millones de euros, mientras que el más optimista llega incluso a los 71.000 millones.