20230623

El consejero delegado de Repsol arremetió ayer con dureza contra la política energética europea y tachó de «hipócritas» los planes de transición ecológica. «No se puede prohibir la extracción del gas aquí y en cambio disparar las compras de gas a EE UU», clamó Josu Jon Imaz. También fue muy claro sobre la prohibición del motor de combustión en la UE en 2035: «Es tal barbaridad y puede provocar tal daño que no se aplicará». Una enmienda a la totalidad de la política energética europea que no es «ni buena, ni mala, es que no la hay y se ha subsumido en eso que se ha dado en llamar transición ecológica». Es uno de los elementos centrales de la intervención ayer del consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, en lo que podría constituirse como el ‘decálogo del Euskalduna’. Una apasionada defensa de la industria y del empresario, así como de su aportación al estado de bienestar y a la calidad de los puestos de trabajo, en la que Imaz destacó la necesidad de huir de «peronismos fiscales que castigan a quien crea empleo», además de denunciar «discursos y políticas populistas contra empresarios con nombres y apellidos» que «van a pagar los jóvenes con la pérdida de oportunidades». Respecto a la prohibición en Europa de los motores de combustión en 2035 lo tiene claro: «Es tal el daño que estoy convencido de que no llegará». El acto contó con la asistencia de más de dos centenares de personas ante las que Imaz reclamó una política energética «que garantice el suministro y el precio» por encima de apriorismos ideológicos que condenan la competitividad de las empresas y «olvidan la garantía de suministro». A su juicio, las actuales directrices políticas comunitarias en este campo «someten la política energética con una falsa sostenibilidad que eleva los precios perjudicando a las familias y echando a las industrias a China». El dirigente empresarial, durante una charla mantenida con el corresponsal económico de este periódico, Manu Alvarez, denunció la «hipocresía» de unas medidas que «además de debilitar a nuestra industria, aumentan las emisiones en el mundo». «Y sin embargo estamos contentos porque no se hace en Europa». Leer discurso completo de Imaz. 

«Parece que da miedo decir que se es empresario, hay que esconderlo detrás de la palabra emprendedor». El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, recurrió a esta imagen para denunciar el «desprestigio social del empresario». Un perfil que reivindicó en el Foro ‘Objetivo Actualidad’, organizado ayer por El Correo y Petronor, por una sencilla razón: son personas que «arriesgan su dinero» por un proyecto para crear empleo y riqueza. Imaz, además, destacó con vehemencia el «daño irreparable» que la acción del terrorismo de ETA provocó sobre el tejido económico y los empresarios en Euskadi. «Por supuesto, está la tragedia humana, está el daño en las familias, que fue, sin duda alguna, lo más importante, pero también la fuga de talento que todavía estamos pagando. Y el daño económico, que por supuesto fue tremendo». Unas palabras que contrastaron con las que pronunció hace dos meses el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu. El responsable de las arcas del Ejecutivo aseguró que «el terrorismo fue un auténtico drama humano, que yo también viví, pero estoy convencido de que no tuvo incidencia alguna en la economía vasca». A partir de ahí se inició una cascada de reacciones, incluida la del propio lehendakari, que obligaron a Azpiazu a matizar sus declaraciones. Pero entre las secuelas de esos ataques al empresariado, el primer ejecutivo de Repsol y expresidente del PNV recordó que «ha quedado una falta de legitimización social» y «un escaso aprecio» a este colectivo que, doce años después del final de la actividad de ETA no «ha curado tampoco esa herida». «Estamos escuchando discursos populistas contra empresarios con nombres y apellidos, así como carteles contra empresarios puestos por los mismos totalitarios que hace 20 años ponían en este país carteles con dianas», remarcó. De ahí que defendiera la necesidad de crear un clima político y social que «anime a las personas a invertir, a arriesgar, a crear un proyecto empresarial, un proyecto que crezca y que genere empleo». En este sentido, el consejero delegado de la petrolera española recordó que la fiscalidad es un elemento clave «que tiene que generar riqueza, no solo para recaudar, sino para promover crecimiento con deducciones sobre quién invierte». Una llamada de atención que coincide justo cuando las haciendas forales deben afrontar una reforma de impuestos de aquí a final de año.

Las empresas del territorio se abren a competir tanto con esas firmas de Iparralde y el sur de Francia como con compañías de otras comunidades autónomas y países para intentar contratar a los mejores. Así lo confirman desde la asociación empresarial de Gipuzkoa Adegi, que avanza que «al igual que lo hace Francia, también nosotros tenemos que empezar a atraer talento y estamos en ello, empezando a mirar cómo traer trabajadores y talento de otras comunidades autónomas de y otros países, tanto de Francia o europeos, como de Sudamérica». El director de Formación y Talento de Adegi, Mikel Sarriegi, señala a este periódico que observa con calma el hecho de que empresas industriales francesas busquen empleados en Gipuzkoa y lo enmarcan en «un problema global de falta de profesionales, no es algo que ocurra solo en Euskadi». Adegi alertó recientemente de que en siete años Gipuzkoa tendrá 80.000 personas menos en edad de trabajar tras la «gran jubilación» de la llamada generación del ‘baby boom’. «Salen del mercado laboral más personas de las que entran», resume Sarriegi, que recuerda que la tasa de natalidad de Gipuzkoa, además, es de las más bajas. Las profesiones más demandadas son las denominadas STEM y las relacionadas con las ramas industriales (electrónica, robótica, mecatrónica...), clave en un territorio como Gipuzkoa, cuyo tejido principal es la industria. Preguntado por si Adegi o las empresas de Gipuzkoa se plantean cruzar la frontera a Francia para intentar también reclutar trabajadores, Sarriegi se limita a responder que por ahora «no tenemos programado nada como tal» pero en el marco de la falta de talento y mano de obra «podríamos hacer cosas similares». En este sentido, el responsable de formación y talento de Adegi defiende la necesidad de «salir fuera a traer personas». La patronal, de momento, señala que lo que se está llevando a cabo son «ferias más locales». La necesidad de perfiles profesionales se ceba principalmente con las denominadas profesiones STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), con escasez de todo tipo de ingenieros. aunque desde Adegi precisan que «hay necesidad en todos los sectores y todos los perfiles», como sucede con la hostelería, la construcción, los chapistas o los camioneros. En este sentido, algunas empresas ya han están explorando realizar iniciativas particulares para conseguir cuadrillas o grupos grandes de trabajadores en países extranjeros, en un movimiento por ahora más vinculado a países sudamericanos y para buscar personas en sectores menos técnicos. «Con las cifras que tenemos de personas en edad de trabajar y el déficit existente, tenemos que traer personas de fuera y de todos los sectores. Esto es un reto de país». 

El parque automovilístico vasco envejece, lo que dispara la contaminación y contrarresta la lucha contra el cambio climático. Desde 2010 se ha echado encima casi cinco años con lo que ya supera los 14 de media, dos décimas por encima de la cifra nacional. Los datos se expusieron ayer durante una jornada organizada en Bilbao por la patronal de concesionarios Faconauto, en la que el sector pidió al Gobierno vasco que active un nuevo plan Renove que incluya a los diésel y gasolina más eficientes. No hay, sin embargo, muchas esperanzas. «Nos escuchan pero no hay visos de que se materialice», explicó Jon Lekue, presidente de la Asociación de concesionarios de Bizkaia (ACV). El envejecimiento del parque se debe a la reticencia de los particulares a cambiar de coche y comprar uno nuevo. Las matriculaciones en Euskadi se están recuperando este año, pero aún se sitúan un 40% por debajo del nivel de 2019. Hay varios factores que explican este mal comportamiento entre los que figura la falta de ‘stocks’ por los chips, la escalada de los precios y los tipos de interés y las dudas sobre la tecnología. Hay incertidumbre sobre lo que pueda pasar con los diésel y gasolina y, a la vez, los eléctricos e híbridos resultan demasiado caros. «Están muy por encima del nivel de renta disponible. Es un problema económico. No es causalidad que el modelo más vendido sea el Dacia Sandero», apuntó Lekue.

Entrevista con Xabier Caño, presidente del clúster medioambiental Aclima, que celebra hoy en Donostia su asamblea. "La gran mayoría de empresas están en los proyectos de inversión que estamos diseñando en el clúster porque se le ha puesto precio a la tonelada de CO2 y ese precio significa un coste para la empresa. Yo haría la siguiente ecuación, la descarbonización para las empresas ha significado tener que innovar tecnológicamente. Por ello, se generarán con el tiempo nuevas líneas de ingreso y oportunidades de negocio, lo que traerá inversión a las empresas, por lo tanto, no habrá que despedir a nadie. Es un factor de competitividad que colocará a las empresas en una posición mejor a la que estaban. Lo que sí es cierto es que requiere una inversión. Pero el que invierte y se alinea con políticas europeas va a tener un factor a favor...– ¿Cómo valoran la implantación del impuesto al plástico y los vertidos?–El impuesto que se ha aprobado en la Ley de Residuos del año 2022 lo que introduce es un coste al vertido de residuos y un coste también a la incineración y lo que son los productos de plástico. Entonces lo que está generando este impuesto es que por la vía de los proyectos de innovación las empresas que tengan un coste importante en la eliminación de sus residuos estén buscando soluciones para depender menos de esa eliminación...De un tiempo a esta parte, invertir en medioambiente se identifica como un factor de competitividad y la gran mayoría de las empresas en sus planes estratégicos han identificado el medioambiente como un factor de competitividad. Además es un ámbito al que las empresas quieren llegar con su propia inversión..."

Siemens Energy advirtió a última hora de la tarde de ayer que debe revisar sus previsiones económicas para este año y decir adiós a cualquier opción de cerrar el ejercicio con beneficios. La clave, anticipó, son los problemas técnicos detectados en el aerogenerador 5.X de Gamesa, que se ha convertido en un pozo sin fondo. El consejero delegado del grupo Christian Bruch comparece hoy para explicar la delicada situación, pero ya se ha adelantado que las pérdidas adicionales van a superar los 1.000 millones de euros. Incluso esta cifra es provisional. El aerogenerador sigue revelando problemas técnicos que no se han resuelto, no se pueden entregar las unidades vendidas y esto deriva en importantes indemnizaciones a los clientes al no poder atender las fechas de entrega que se habían comprometido.

La Comisión Europea ratificó ayer que la ejecución del enlace de alta velocidad que debe conectar Francia y España a través de Euskadi es una de sus prioridades para los próximos años. A las declaraciones que diferentes dirigentes comunitarios vienen realizando en ese sentido durante los últimos meses se unió ayer una inyección de 87 millones que busca acelerar un pequeño tramo, el que debe enlazar Dax e Irún. La ayuda tiene una doble intención. La obvia: echar un cable al Gobierno francés, que ha presupuestado en más de 14.000 millones la ruta del sudoeste que llevará el tren de alta velocidad desde Burdeos hasta Toulouse y la frontera con Euskadi. La implícita: volver a presionar al Elíseo para que meta otra marcha al proyecto. Europa reclama que todo el trazado Madrid-París esté culminado para 2030, pero el Ejecutivo de Emmanuel Macron tiene otros planes y no prevé culminar el enlace con la ‘Y’ vasca al menos hasta doce años después de la fecha exigida por las instituciones comunitarias. En la lista de prioridades la extensión hasta Euskadi aparece al final del todo, por lo que su ejecución no acabaría antes de 2042. Un cronograma que Macron y su equipo obviaron en la cumbre hispanofrancesa que habían mantenido días antes en Barcelona con el Gobierno español. 

La firma de hipotecas continúa su desplome fruto de las subidas de tipos marcada por el Banco Central Europeo (BCE), que sigue fiel a su estrategia de no retroceder en su lucha por contener la inflación. En Euskadi se concedieron en abril 1.275 préstamos para la adquisición de viviendas, lo que supone un 19,8% menos que en el mismo mes del año pasado. En total, la diferencia representa la pérdida de 327 préstamos. El descenso queda por encima de la media nacional, donde la caída en la financiación fue del 18,3%. El dato trasladado ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) supone la cifra de hipotecas más baja desde la pandemia. La última vez que en el País Vasco se bajó de las 1.300 hipotecas fue precisamente en agosto de 2020, cuando se cerraron 1.147 operaciones. En marzo, abril y mayo de ese año, en pleno confinamiento, se registraron datos muy similares al conocido ahora con 1.273, 1.236 y 1.281 préstamos. Junto a la firma de hipotecas, también cae la cantidad de dinero prestado para la compra de vivienda. En Euskadi la media se situó en abril en los 156.667 euros, significativamente alejada de los 161.368 concedidos en abril del pasado año. La cifra se mantiene aún así muy por encima de la media del conjunto de España –fijada en 136.945 euros en el último dato–, en buena parte gracias a los precios alcanzados en Gipuzkoa. 

Los trabajadores de la cooperativa de distribución de fármacos Novaltia, que en marzo finalizaron la huelga más larga de Europa con tres años y ocho meses de duración, acaban de renovar su representación sindical. El colectivo, que cuenta con dos centros de trabajo en Bizkaia (en Lezama y Zaratamo), ha cambiado a los tres delegados con los que contaba, todos ellos de ELA, por representantes de CC OO. Desde esta última central agradecieron la «confianza» depositada en ellos e interpretaron el gesto de los trabajadores como una forma de «dar la espalda a ELA», que hasta ahora contaba con «toda la representación» de la plantilla. El cambio, además, se produce tan solo «tres meses después» de que finalizara la huelga encabezada por estos delegados. En marzo ELA reivindicó las mejoras conseguidas por la veintena de huelguistas, que llegaron a conseguir subidas salariales superiores al 26% y una indemnización para cada participante de 9.450 euros tras la movilización iniciada en 2019. El sindicato también defendió que se habían logrado mejorar las condiciones de trabajo recogidas en el convenio sectorial estatal. Además detallaron que se incluyeron garantías para evitar que se modificaran las ventajas acordadas y otras medidas para conservar los pluses que el personal de Bizkaia mantenía a través de un complemento fijo mínimo para los empleados en situación más precaria.

«España sigue teniendo millones de parados porque los servicios de empleo de las comunidades autónomas son un desastre. La gente se apunta al desempleo y pasan meses y nadie les llama. Mientras esto siga así vamos a seguir teniendo a empresas sin encontrar trabajadores», lamentó Pepe Álvarez, secretario general de UGT, durante su intervención en un seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. El secretario general de UGT es partidario de aumentar las prestaciones por desempleo en el país, porque desde que su incremento se desvinculó de la subida del Salario Mínimo Interprofesional «son muy bajas» y «las cuantías máximas han aumentado muy poco en los últimos tiempos». Además, han pedido una remodelación de los servicios públicos de empleo, ya que «si no hay exigencia para que las comunidades autónomas hagan funcionar los servicios de empleo va a ser muy difícil que funcionen». La ineficacia de estas oficinas justifica, en su opinión, que habiendo 2,7 millones de personas en paro en el país, las empresas tengan dificultades para cubrir vacantes. No es la primera vez que UGT se manifiesta en este sentido, ya que el sindicato ya se ha mostrado en otras ocasiones contrario a que se plantee la contratación en origen de trabajadores extranjeros para dotar de personal a los sectores en los que faltan empleados –como la construcción, por ejemplo– cuando existen en España casi tres millones de personas que quieren trabajar y no encuentran un puesto de trabajo, sean de la nacionalidad que sea.

Una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSJG) al Tribunal Superior de Justicia de la UE (TJUE) puede hacer tambalearse el sistema de acceso a la función pública en España. Los jueces gallegos ven indicios de que la normativa española está vulnerando la europea al impedir que situaciones probadas de abuso de temporalidad en la Administración pública se resuelvan haciendo fijo al trabajador afectado. Hasta ahora, los tribunales españoles están sentenciando estos casos declarando al trabajador como indefinido no fijo, un vínculo que suele prolongarse, como mucho, hasta que esa plaza sale a oposición y es adjudicada. Pero el TSJG considera que esa interpretación puede chocar con una directiva comunitaria dirigida a prevenir y sancionar el recurso abusivo a contratos temporales. Los magistrados del tribunal gallego acordaron plantear la cuestión prejudicial en un auto dictado el 6 de junio. 

La vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco, Idoia Mendia, lanzó ayer un mensaje a los empresarios vascos para que suban los salarios de las personas jóvenes para «retener el talento» y evitar que se vayan a otros lugares. Mendia señaló, en una entrevista en Radio Euskadi, que las empresas deben «pagarles como se merecen» para que «los jóvenes se mantengan en Euskadi» y «hay que apostar por ellos y por su carrera profesional». La consejera de Trabajo también señaló que siguen trabajando en la preparación del proyecto piloto para experimentar la semana laboral de cuatro días.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, dijo ayer que se tenía que haber pedido la dimisión a aquellos ministros que atacaron a empresarios españoles “con nombres y apellidos”. El empresario se refiere a las descalificaciones e insultos que varios ministros dirigieron a los empresarios, a quienes acusaron de aumentar los precios para obtener más beneficios. Los miembros del Gobierno que insultaron a los empresarios son la vicesipresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y las ministras de Derechos Sociales, Ione Belarra, y de Igualdad, Irene Montero. Sin embargo, Garamendi no citó a la vicepresidenta. “Me parecen auténticamente lamentables los ataques que han recibido los empresarios en los últimos tiempos, como justificar cualquier actitud. E, incluso que, desde el Gobierno no se haya pedido a alguien que dimita y que se vaya”, dijo el empresario. Durante su intervención en un seminario de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, Garamendi recordó que fueron “ministros del Ejecutivo” y no un partido quienes “insultaron” a determinados empresarios. Entre ellos a Juan Roig (Mercadona); Amancio Ortega (Inditex); Ana Botín (Banco Santander), y Rafael del Pino (Ferrovial). “Si algo necesita este país es moderación y si algo necesita el mundo de la empresa es respeto”, dijo Garamendi, quien añadió que, por ejemplo, cuando “se han metido” con Ana Botín también lo han hecho con los tres millones de accionistas españoles que tiene la entidad.

El Gobierno ha pisado el acelerador con el Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), ya que en pleno lanzamiento de su segunda convocatoria ha anunciado una tercera edición y una mayor dotación. Ahora, grupos como Ford, Stellantis, Volkswagen (Seat) o Envision preparan los proyectos que presentarán, ya sea a la segunda como a la tercera convocatoria, para aspirar a los casi 3.000 millones que hay comprometidos. El Ejecutivo decidió abrir la caja de los Perte con el automóvil, en un gesto hacia un sector clave de la economía. Sin embargo, ser el primero vino acompañado de desajustes que provocaron la frustración de la industria. La partida reservada para el primer Perte VEC, lanzado en 2022, fue de 2.975 millones. Sin embargo, las numerosas exigencias asociadas al formato Perte provocaron el desencanto del sector y que empresas como Ford renunciaran a participar. Finalmente, se repartieron 793 millones a diez proyectos, dejando en el aire unos 2.200 millones. Con motivo del descontento generalizado por las bajas ayudas concedidas y por los miles de millones sin distribuir, el Gobierno decidió anunciar una segunda convocatoria. Tras meses de negociación, esta nueva edición verá la luz de manera “inminente” –el 1 de julio, según lo comunicado al sector–, con adaptaciones que harán más accesibles las ayudas.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha llevado a cabo en los últimos días registros en las oficinas de las filiales de distribución de varias grandes eléctricas, entre ellas Endesa y Naturgy. La inspección, revelada por El Confidencial, ha sido confirmada por EL PAÍS. “Sí, es cierto que ha habido registros en las oficinas de nuestra distribuidora”, confirman fuentes de la primera compañía. “Ha sido esta semana, no un día en concreto, y estamos colaborando con la CNMC”. El regulador, en cambio, ha desechado hacer cualquier comentario al respecto: “No podemos confirmar ni desmentir nada por ahora”. El protocolo habitual de la CNMC es informar de estas investigaciones solo si estas resultan en la apertura de un expediente sancionador, un extremo al que todavía no se ha llegado en este caso. Un portavoz de Iberdrola, la segunda mayor distribuidora de España tras Endesa, ha negado a este diario haber sido objeto de la investigación. Las pesquisas no solo se han producido en las sedes centrales de las empresas, sino también en otras delegaciones territoriales (el mercado de distribución está muy atomizado y las compañías actúan casi en régimen de monopolio en las distintas zonas de la geografía peninsular), según confirman fuentes del sector. Las trabas al despliegue del autoconsumo serían, según estas fuentes, “uno de los asuntos clave” sobre el que ha posado su lupa el organismo que preside Cani Fernández.

La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, declaró ayer en Santander que no se puede cuestionar la independencia y calidad de las evaluaciones de la institución. Herrero contestó así a las críticas lanzadas por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sobre el reciente análisis del ingreso mínimo vital (IMV), en el que la Airef afirmaba que la prestación se estanca y que más de la mitad de los hogares que podría recibirla ni siquiera lo solicita. La presidenta del organismo encargado de tutelar las cuentas públicas señaló que se puede esperar que haya “discrepancias sustentadas en argumentos”. Pero sin “poner en tela de juicio los análisis y conclusiones” de la institución. “En mi opinión no es bueno pasar de la Airef al Gobierno y, por supuesto, sería imposible pasar del Gobierno a la Airef. Como presidenta estoy al servicio de la institución”, dijo Herrero al ser preguntada si sería ministra en un hipotético Ejecutivo del PP. La relación con su antecesor en el cargo no pasa por su mejor momento. De hecho, se refirió directamente al salto que dio José Luis Escrivá, que pasó de presidente de la Autoridad Fiscal a ministro del Gobierno de Pedro Sánchez. “Cuando se produjo ese paso, sentí que había que reafirmar la independencia”, aseguró. 

“La economía española sufre más que la del resto de los países de la Unión Europea con las crisis” y ello explica en buena parte el retroceso en el proceso de convergencia real con la UE que se ha registrado desde la crisis financiera de 2008 y las siguientes provocadas por la pandemia y la invasión de Ucrania por Rusia, afirma Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE). Algo con lo que se mostró de acuerdo Carlos Solchaga, exministro con el presidente Felipe González, al señalar que en la crisis financiera el PIB nacional cayó un 11%, porcentaje igual al que lo hizo en 2020 por la pandemia. Solchaga recordó que acabamos de recuperar el nivel de riqueza de 2019 que “era el mismo que teníamos en 2007. Hemos tenido casi dos décadas perdidas”, dijo. Los dos exministros mantuvieron un encuentro en el curso de la APIE que se celebra en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, durante el que pasaron revista a lo acontecido desde el inicio de la transición para centrarse sobre todo en el momento actual y las perspectivas de futuro. Guindos señaló que en la actualidad hay dos elementos positivos, “un sector financiero saneado y una economía competitiva”, que ayudarán a obtener un crecimiento sostenido en el tiempo. Solchaga dijo que el importante cambio dado en la economía, donde las exportaciones (no solo el turismo) hacen que la economía española mantenga un superávit por cuenta corriente desde hace 13 años, demuestra “que somos competitivos, porque no estamos vendiendo en Europa y el resto del mundo con ventajas”. El exministro socialista incidió en que esta situación es positiva, “aunque nos hace depender cada vez más de lo que ocurre fuera de España y por eso es necesario saber qué es lo que quiere ser la Unión Europea donde estamos integrados”. Guindos, por su parte, puso como condición necesaria para tener un crecimiento sólido que se tenga “capacidad de acuerdo entre nosotros mismos para hacer las reformas que hagan falta.”

La inflación continúa sin dar tregua y no solo la Fed no se permite bajar la guardia –Powell también ha avanzado dos alzas más de tipos este año–. El problema es compartido por el conjunto de economías desarrolladas –con la excepción de Japón– y la jornada de ayer dejó una clara muestra de cómo el combate de los bancos centrales contra la escalada de precios continúa dejando sobresaltos, sin que se haya visto ni mucho menos el último asalto. El Banco de Inglaterra, el Banco de Suiza y el Banco de Noruega anunciaron ayer nuevas subidas de tipos, de medio punto en el caso de las autoridades británicas y noruegas, por encima de lo esperado. El mensaje unánime fue que la inflación sigue siendo demasiado elevada y que incluso serán necesarias más alzas de tipos en los próximos meses para combatirla. La gran sorpresa la dio el Banco de Inglaterra con una subida de medio punto, frente al cuarto de punto que esperaba la mayoría del mercado, aunque el mal dato de inflación de mayo publicado este miércoles ya daba una pista de la posibilidad de un movimiento contundente de la autoridad monetaria. Los precios aumentaron en mayo en el Reino Unido el 8,7%, al mismo ritmo de abril, mientras que la inflación subyacente avanzó al 7,1%, al nivel más alto desde 1992. “La economía va mejor de lo esperado, pero la inflación sigue siendo demasiado alta y tenemos que hacerle frente”, reconoció ayer el gobernador. 

“Vamos hacia un mundo de tipos de interés más altos”, sentenció el ex banquero central en el Foro Global de Inversión organizado por la gestora Amundi. Todo un mazazo para los que esperaban que el ajuste realizado por las autoridades monetarias en el último año fuera pasajero. Según Draghi, a los grandes bancos centrales no les queda otra que seguir subiendo los tipos de interés para combatir la inflación y devolverla a su objetivo del 2%. A su juicio, las políticas fiscales en EEUU y el shock energético en Europa son el origen del acelerado crecimiento de precios que, pese a sus diferencias, deben tener una respuesta decidida y común por parte tanto de la Fed como del BCE. “No se puede no combatir la inflación. Los bancos centrales deben seguir haciendo lo que han hecho hasta ahora”, apuntó. Draghi es una de las grandes referencias de la política monetaria ultralaxa desarrollada en la pasada década. Bajo su mandato, la zona euro vivió la primera incursión en el terreno de los tipos de interés negativos, los programas masivos de compras de deuda y las barras libres de liquidez a la banca. Toda una ristra de herramientas extraordinarias con la que combatió de forma decidida la amenaza de la deflación. Pero el expresidente del BCE considera que el mundo ha cambiado mucho desde que él estaba a los mandos del banco central. A su juicio, el punto de inflexión es la necesidad de un mayor gasto público en el futuro.

Europa necesita la liquidez que aportaría un nuevo impuesto societario común, pero no tiene tiempo de esperar que los socios se pongan de acuerdo en sus condiciones. Así lo ha considerado la Comisión Europea que, a la espera de que ese nuevo tributo cobre forma, exigirá temporalmente a los países de la Unión Europea que aporten unos 16.000 millones de euros anuales en función del volumen de beneficios de sus empresas. El objetivo es reforzar con urgencia los ingresos comunitarios a fin de costear el encarecimiento que el alza de tipos ha supuesto para el programa de ayudas Next Generation, la factura de la guerra en Ucrania y el reto migratorio, o el nuevo escudo tecnológico y económico frente a amenazas externas como la que supone China. En paralelo, el Ejecutivo comunitario busca endurecer las tasas sobre las emisiones contaminantes y el carbono en frontera con el objetivo de que, junto con la nueva aportación ligada a beneficios empresariales, sus ingresos aumenten en unos 36.500 millones extra al año. La propuesta de refuerzo de los recursos propios de la Unión Europea se ha concebido en el marco del plan de revisión del Marco Financiero Plurianual anunciado esta misma semana por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, que el martes abogó precisamente por abordar un alza del gasto comunitario por esa misma cuantía. “Estamos pidiendo a nuestros 27 Estados miembros que nos doten con 66.000 millones de euros para cumplir con tres prioridades: Ucrania, migración y competitividad”, resumió Von der Leyen, agregando que “la situación macroeconómica se refleja en crecientes costes de financiación” y que “es importante poner nuestro presupuesto en una trayectoria de financiación estable”.