20230922

Euskadi se resiente de la debilidad que experimentan los principales destinos de su producción, las economías alemana, francesa o británica. Así lo reflejan sus exportaciones, que encadenaron en julio su cuarto mes consecutivo de caídas, según la estadística de comercio exterior del Eustat. El descenso fue especialmente marcado en los combustibles de Petronor, que el año pasado tuvieron un comportamiento boyante. Pero el signo negativo se extiende a numerosas partidas arancelarias como los aceros y otras manufacturas. Se salvó, sin embargo, la automoción, con Mercedes a la cabeza. De hecho, la planta alavesa anunció este mismo miércoles que prevé cerrar el año con una producción histórica. En concreto, las ventas de las empresas vascas en el exterior sumaron en julio 2.501 millones de euros, lo que supone un 6,8% menos que en el mismo mes del año anterior. Este descenso se explica en gran medida por el desplome del 79% en los productos energéticos, mientras que los no energéticos aguantaron con un incremento del 4,4%. Para entender la caída en las exportaciones de Petronor hay que recordar que en el verano del año pasado los precios del petróleo y sus derivados estaban por las nubes por las tensiones derivadas de la invasión de Ucrania. Aunque en los últimos meses están volviendo a repuntar, aún no se han alcanzado esos niveles y, además, la demanda de diésel y otros carburantes está aflojando por la ralentización económica. Petronor es la causa de que Bizkaia sea en julio el territorio con peor comportamiento, con una caída en las ventas al exterior del 22,6%. Gipuzkoa también presenta signo negativo, con un retroceso del 6,5%, lastrada por los aparatos eléctricos y el acero. En ambos territorios destaca, sin embargo, la positiva evolución de la automoción. De hecho, este segmento es la causa de que Álava se desmarque con un incremento de las ventas del 18% en julio. En su caso Mercedes tiene un peso muy elevado en las ventas en el exterior, con lo que si a la multinacional le va bien, los datos globales del territorio son buenos.

España encara una “desaceleración económica más intensa” de lo esperado, alerta la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que elevará la “vulnerabilidad” de sus ya tensionadas cuentas públicas si los gestores estatales y regionales no responden con un ejercicio de prudencia y responsabilidad. Así lo advirtió ayer la presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, durante un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en el que avisó del riesgo de que España sufra un protocolo de déficit excesivo el próximo año si el Gobierno central no retira todo el paquete de medidas anticrisis y las comunidades autónomas no moderan su gasto. En este marco, Herrero instó a la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, a convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera con las autonomías, o al menos a facilitarles guías presupuestarias para la elaboración de sus cuentas públicas, incluyendo la previsión de entregas a cuenta y una referencia de gasto y déficit para 2024. “Los indicadores y datos disponibles apuntan a una desaceleración del crecimiento económico para la segunda mitad del año, con pérdida de dinamismo en lo que se refiere al mercado de trabajo”, expuso Herrero, avisando de que “la desaceleración económica que anticipábamos antes del verano se va a producir con más intensidad y anticipación de lo que esperábamos”. “Los elementos que sustentan esta desaceleración del crecimiento económico son los que anticipábamos antes de verano y a los que se suma la subida del precio del petróleo”, dijo Herrero, recordando que otros de los factores que “lastran el crecimiento” son la persistencia de la inflación subyacente, además de los precios de gas y petróleo; la paralización de la economía europea, principal mercado de exportaciones español; y el endurecimiento de la política monetaria, que tendrá especial incidencia sobre la economía real a finales de 2023 y en 2024.

Los últimos datos sobre el movimiento de sociedades mercantiles en España mantienen la tónica negativa para el País Vasco que se reproduce de forma invariable año tras año. Que haya empresas que cambian su sede social a otras comunidades es algo habitual. Lo preocupante llega cuando el saldo, migración e inmigración, tiene resultado negativo. En los seis últimos meses esa ecuación también ha arrojado una cifra negativa para Euskadi, con una pérdida neta de 37 empresas. Es, por detrás de Cataluña, el segundo peor dato entre las comunidades autónomas españolas. En la última década el País Vasco ha visto fugarse a 465 empresas más de las que ha recibido. Según los datos recopilados por la empresa Informa D&B, que utiliza los movimientos oficiales de los registros mercantiles de toda España, entre enero y finales de junio un total de 151 empresas abandonaron la comunidad autónoma vasca para radicar su sede social en otro lugar dentro de España. Por contra, Euskadi solo fue capaz de atraer 114 sociedades procedentes de otras comunidades. ¿A dónde van esas empresas que deciden ubicar su sede social fuera del País Vasco? Lo cierto es que hay una gran dispersión, pero también que Madrid concentra la mayor cuota. De esas 151 empresas que salieron en el primer semestre un total de 64 recalaron en Madrid, lo que supone algo más del 42% sobre el total. Es una tendencia que se mantiene a lo largo de los últimos años y que demuestra la fuerza centrípeta que ejerce la comunidad que alberga la capital de España, que ha conseguido convertirse en un lugar atractivo para los cuarteles generales de las grandes corporaciones y también para sociedades de tamaño mediano y pequeño del sector financiero.  Con ser importante el saldo de la fuga de sociedades, lo es más el trasfondo económico que hay detrás de ese movimiento. En lo que hace referencia al último semestre, por ejemplo, las sociedades que han llegado a Euskadi representan apenas una facturación anual de 31 millones de euros. Las que se han ido, sin embargo, arrastran unos ingresos anuales de 821 millones. Eso sitúa el saldo neto de facturación en 790 millones para la primera mitad del año. La fuga de las sedes de Natra y Total Energies Clientes son la clave para semejante pérdida.

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, compareció en Bilbao ante el pleno del equipo directivo de la compañía, en una reunión en la que destacó el compromiso de la eléctrica para seguir ejerciendo un efecto tractor de la empleabilidad e industria vasca. En esta línea, subrayó que la actividad de la firma generó en 2022 un impacto económico de 2.700 millones de euros en el territorio y la contribución fiscal aportó más del 2% del total del PIB vasco, con más de 400 millones. Asimismo, el directivo afirmó que Iberdrola es el principal motor de la economía del País Vasco, con inversiones que en el último año se elevaron a los 241 millones, y cifró en 1.700 millones las compras y contrataciones de servicios realizadas a más de 600 proveedores de la CAV, entre ellos Ormazabal, Siemens Gamesa, Ingeteam, Arteche, Mesa o Lizelan. En este sentido, cabe destacar la aportación de la compañía a la dinamización de la industria vasca y la mejora de la competitividad de su tejido empresarial, con proyectos en marcha como Aixeindar, en colaboración con el EVE en materia de energías renovables; Ekienea, con una inversión de 70 millones de euros; la puesta en marcha en 2022 de las dos primeras baterías de almacenamiento eólico del país en los parques eólicos de Oiz (Bizkaia) y Elgea-Urkilla (Araba), o la inauguración de su Global Smart Grids Innovation Hub, en Bilbao, así como su participación como socio inversor en Basquevolt, que aspira a convertir a Euskadi en referente a nivel europeo en el desarrollo de baterías de estado sólido

La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, anunció ayer en la Feria de Máquina-Herramienta EMO 2023 de Hannover la ampliación en hasta ocho millones de euros del Plan Renove de modernización de la maquinaria para la industria vasca. Inicialmente era de cinco millones. El Gobierno Vasco ha constatado que las empresas vascas tienen «voluntad de invertir» en nueva maquinaria, precisamente en una coyuntura marcada por el descenso de las exportaciones vascas y guipuzcoanas. El programa Renove Industria 4.0 adopta la modalidad de subvenciones a fondo perdido para pymes industriales y de servicios ligados a la producción industrial que necesiten nueva maquinaria o software para mejorar su productividad y afrontar proyectos enmarcados en la Industria 4.0. La consejera Tapia realizó el anuncio durante la visita a la EMO 2023 de Hannover, la feria de la Máquina-Herramienta más importante de Europa, para mostrar su apoyo a la industria vasca participante. Le acompañan, entre otros, los responsables de la AFM, el clúster de la MáquinaHerramienta, José Pérez Berdud y Xabier Ortueta. Un total de 36 empresas industriales de Euskadi participan en este evento de referencia. El plazo de solicitudes del programa Renove se puso en marcha en julio y está abierto hasta el 8 de noviembre. Persigue fomentar las inversiones en nueva maquinaria y equipamiento avanzado.

La automoción vasca se enfrenta a un largo viaje en el que pretende dar el acelerón definitivo al vehículo conectado, cooperativo y también autónomo (sin conductor). Para alcanzar esa meta, el Gobierno Vasco y las tres Diputaciones presentaron este pasado miércoles el Centro Vasco de Movilidad Conectada y Autónoma (BasqueCCAM) en el Parque Tecnológico de Miramon, que ya cuenta con tres socios de renombre: la guipuzcoana Vicomtech, AVL y Gertek. Su director general, Álvaro Arrue (Zaragoza, 1982) nos cuenta hacia dónde avanza la industria de la automoción en Euskadi y qué puede suponer para el País Vasco la apertura de este centro. " El BasqueCCAM es una asociación sin ánimo de lucro en la que buscamos crear un ecosistema de I+D que se centre en favorecer, fomentar y poner en marcha actividades de desarrollo y validación de tecnologías para aportar así soluciones de movilidad. Queremos convertir a Euskadi en una región de referencia en cuanto a movilidad se refiere...No vamos a pasar de cero a cien. Sí es importante que lo que salga al mercado esté bien probado y validado. No creo que haya que asustarse por una gran revolución en un corto plazo. Si apuntamos más lejos, puede que haya cambios más drásticos... No vamos tan mal comparados con otros países. En Euskadi tenemos grandes ventajas desde el punto de vista puramente geográfico. Estamos en frontera con Francia y eso supone un gran escaparate para Europa. Por otro lado, aquí tenemos una larga tradición industrial tanto en automoción como ferroviaria. Estas industrias tienen una gran capacidad de adaptación, desarrollo e innovación, que viene soportado por una gran red de centros tecnológicos y universidades muy potentes. Llevo muchos años trabajando en actividades de CCAM a nivel europeo y las entidades e instituciones vascas siempre han estado ahí. Es una fortaleza de la que no muchos países pueden sacar pecho". 

Otro nuevo proyecto de energías renovables sobrevuela Valles Alaveses. Una sociedad con sede en Getxo –Mirador Norte FV– ha solicitado autorización previa de construcción al Gobierno vasco para instalar un parque fotovoltaico de 7.020 placas en Rivabellosa, en el municipio de Ribera Baja. La inversión prevista asciende hasta los 1,6 millones de euros, aunque esta iniciativa todavía necesita superar la evaluación ambiental simplificada que en los próximos meses redactarán los técnicos del Departamento autonómico de Desarrollo Econónimo, Sostenibilidad y Medio Ambiente, que dirige Arantxa Tapia. Este huerto solar alcanzaría una potencia de cuatro MWn (megavatios nominales) por lo que podría servir para cubrir el consumo anual de aproximadamente 2.000 hogares. También se quieren instalar 32 inversores de energía, un centro de transformación y otro para el seccionamiento. A partir de ahí habría que desplegar una línea eléctrica de evacuación aéreo-subterránea hasta la zona industrial de Miranda de Ebro. La ubicación del proyecto del huerto fotovoltaico se encuentra en la carretera que une Rivabellosa con Lantarón y ocuparía seis parcelas de cultivo. Se trata de terrenos privados que, desde hace un tiempo, permanecen en desuso y que esta empresa vizcaína pretende comprar o arrendar a sus propietarios para poder generar energía de origen solar. Fuentes conocedoras de este proyecto relatan que justo al otro lado de la carretera A-3312 se está tramitando un proyecto –otro más– para la colocación de un parque fotovoltaico distinto de otros dos megavatios de potencia. De momento, se ha presentado la documentación en el Ayuntamiento de Ribera Baja y están a la espera de que se publique en el boletín del País Vasco.

El Consejo de Gobierno de la Diputación de Bizkaia aprobó ayer el anteproyecto de norma foral que flexibiliza los plazos para la implantación definitiva del sistema Batuz (el TicketBai vizcaíno), cuya implantación sigue retrasándose y culminará el 1 de enero de 2026, mientras en Gipuzkoa está en vigor para el cien por cien de los sectores de actividad económica desde el pasado junio. Unas diferencias de dos años y medio en la aplicación de este sistema que busca rebajar el fraude fiscal que provoca recelos y quejas en sectores del territorio guipuzcoano como la hostelería y el comercio, partidarias de una entrada en vigor armonizada en toda Euskadi. En el caso de Bizkaia, y tras la aprobación de la norma foral ayer, la factura digital Batuz solo será obligatoria a partir del 1 de enero de 2024 para las 7.084 grandes empresas del territorio vizcaíno, mientras que el resto de contribuyentes lo deberá hacer gradualmente a través de ventanas semestrales hasta completar la implantación total el 1 de enero de 2026. En el caso de la hostelería, el grupo más numeroso, no será obligatorio en territorio vizcaíno hasta julio de 2025. La integración total se completará en enero de 2026, dos años y medio más tarde que en Gipuzkoa. En Araba también lleva tiempo funcionando el sistema TicketBai de factura digital.

El campus 42 Urduliz, impulsado por la Fundación Telefónica y puesto en marcha con la Diputación Foral de Bizkaia, prosigue su intensa actividad. Así, el fin de semana del 7 y 8 de octubre participará en el mayor evento colaborativo para desarrolladores de software del mundo. Se trata del Space Apps Challenge organizado por la NASA y en el cual los científicos e ingenieros de la agencia espacial estadounidense plantearán 23 retos reales a resolver por 31.000 participantes de todo el mundo. Durante estas dos jornadas las instalaciones acogerán a las personas participantes, que distribuidos en equipos, utilizarán el desarrollo de software, la ingeniería, el arte, la narración, la ciencia y otras habilidades para resolver retos relacionados con la ciencia escritos por personal de la NASA. El ‘hackathon’ reunirá a más de 300 personas de diferentes perfiles. Habrá profesionales con habilidades en programación, ciencia, desarrollo de apps y soluciones tecnológicas, así como en la creación de contenidos o el diseño. Los diferentes retos a los que deberán enfrentarse serán variados; desde el desarrollo de software pasando por la ciencia de datos, la creación de contenido o la invención de historias. 

Artículo de Francisco Pedraza, director general de Lanbide: "...No llegamos hace tres años sólo a gestionar con mayor eficacia, nos advirtió la vicelehendakari y consejera de Empleo, Idoia Mendia, sino a transformar...Lanbide va a ser el eje sobre el que pivoten todas las estrategias de empleo del futuro, una vez que este otoño el Parlamento apruebe la Ley correspondiente. Y para poder conseguirlo, ha sido necesario ir adaptando la organización a ese nuevo papel. De la mano del Consejo de Administración...Nos comprometimos a trabajar un nuevo modelo del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión más moderno, ágil, garantista y riguroso, y está en fase final su desarrollo reglamentario, que nos permitirá optimizar los recursos. Nos comprometimos a digitalizar procesos, y ya hemos conseguido la práctica interoperabilidad con todas las administraciones que permitan tramitaciones automáticas de expedientes, incorporamos los elementos de comunicación electrónica, contamos con una oficina virtual que no sustituye a ninguna presencial, y facilitamos certificados digitales a las personas usuarias. Todo ello para simplificar las cosas no sólo para quienes usan el servicio, sino para la propia labor de quienes trabajan en Lanbide, para que se puedan dedicar mejor a la atención directa a personas y empresas. Una nueva forma de actuar que vamos a probar desde este mes de septiembre en seis oficinas, de forma que veamos su eficacia, corrijamos errores y podamos extender el nuevo modelo de intervención a las 42 oficinas físicas desplegadas en nuestro territorio...Ha sido un camino de gran exigencia de adaptación, dirigido en los tres primeros años por Gloria Múgica, y que ahora nos corresponde culminar para que Lanbide sea ese buque insignia que necesita el empleo que queremos, el de calidad..."

La patronal urgió ayer al Gobierno a que pida ya a la Comisión Europea otros 10.000 millones de euros del plan de recuperación y resistencia frente a la crisis generada por la pandemia del coronavirus. Los empresarios consideran que el plan lleva “retraso, por lo que es necesario que los diferentes organismos convocantes de los planes [los ministerios y sus dependencias] sigan acelerando las convocatorias y el ritmo de resolución” de los diferentes planes sectoriales. Es decir, lo que se conoce como los Perte, que el Gobierno está desplegando por toda la economía y toda España. Se trata de intentar aprovechar los 160.000 millones de euros que la Unión Europea va a entregar al Gobierno hasta 2026, con diferentes condiciones.. La patronal llama la atención del Gobierno sobre el hecho siguiente: los 27.300 millones de euros ejecutados hasta ahora –repartidos entre las comunidades autónomas, ayuntamientos y empresas– “aún se encuentran muy lejos de los 164.300 millones previstos para España”. Precisamente, en el tercer año del plan y cuando el plazo de adjudicación del dinero debería finalizar en 2026. Claro que no se puede descartar que la Comisión Europea conceda nuevas prórrogas para el destino de los fondos, como ha hecho en tantas ocasiones. Incluso, a pesar de estos problemas, la confederación reconoce que “España se sitúa entre los países [de la UE] con una ejecución mayor de los fondos de acuerdo con el calendario europeo”. El balance es el siguiente, según la CEOE, que recibe información del Gobierno y tiene una oficina dedicada especialmente a seguir el transcurso de los fondos europeos. Hasta el momento, “España ha recibido 37.036 millones de euros en concepto de subvenciones”. De esta cantidad, el Gobierno ha repartido ya 27.300 millones entre las administraciones y las empresas. Precisamente, hasta ahora, estas ultimas han percibido 13.000 millones de euros. Además, la ejecución de los fondos es muy importante por su aportación adicional al Producto Interior Bruto (PIB). La patronal recuerda que los recursos comunitarios supondrán elevar en un 1,5% más en 2023 y 2024; un 0,9% en 2025, y un 0,3%, en 2026, según los cálculos realizados por la Autoridad Fiscal (AIReF).

Los fabricantes europeos de aerogeneradores alzan la voz para alertar de los problemas de rentabilidad a lo largo de su cadena de suministro y de las consecuencias que podría tener para un sector clave para la descarbonización del Viejo Continente. “Estamos perdiendo muchos proveedores: las quiebras son continuas. Ha costado mucho esfuerzo construir un sector que, desafortunadamente, se está deslocalizando a pasos acelerados”, afirma el consejero delegado de Nordex Acciona y nuevo presidente de WindEurope, la patronal eólica continental, José Luis Blanco, en su primera entrevista tras acceder al cargo ayer. “La desaparición de empresas en toda la cadena no es un riesgo: es una realidad”. ¿Es un SOS? “Sí, de alguna manera sí, si no se toman medidas legislativas. El sector está en pérdidas y no puede financiarse continuamente con dinero de sus accionistas: tiene que ser rentable, y para eso necesita volumen y un marco estable para poder competir”, dice Blanco, al tiempo que llama a hacer una “reflexión profunda”. “La dependencia europea de los recursos energéticos rusos nos ha traído hasta aquí, y la política debe tener en cuenta la diversificación y no volver a poner todos los huevos en la misma cesta. No podemos fiar todo a un único suministrador de nada, ni de energía, ni de componentes para la energía renovable”, alerta. La industria europea de diseño y fabricación de aerogeneradores, de la que dependen alrededor de un cuarto de millón de empleos, se enfrenta a una realidad similar a la que condujo a la práctica desaparición de las fábricas de paneles fotovoltaicos década y media atrás: sus competidores chinos —hasta un 50% más baratos, según la propia WindEurope, y con generosos esquemas de apoyo público— no han dejado de ganar pedidos. Y han profundizado el deterioro de las cuentas de resultados de los principales nombres del sector —entre ellos, las hispanoalemanas Siemens Gamesa y la propia Nordex Acciona—, ya de por sí lastradas por el encarecimiento de las materias primas y las condiciones de financiación. Sus números rojos contrastan, además, con las perspectivas de crecimiento en los próximos años, en los que los Veintisiete tendrán que cumplir unos objetivos de descarbonización cada vez más exigentes.

El Ejecutivo planea retirar los paquetes de ayudas que aprobó para aliviar el impacto de la escalada de precios de la energía y de la inflación con motivo de la guerra en Ucrania. Las medidas, establecidas en seis decretos leyes, incluían rebajas en la fiscalidad de la luz y en el IVA del gas y los alimentos básicos, reforzar el bono social térmico y eléctrico, bonificaciones en los carburantes y subvenciones al transporte. El Gobierno comunicará a Bruselas el fin de casi todas estas medidas en el plan presupuestario que enviará antes del 15 de octubre, según fuentes del Ejecutivo en funciones. Solo se mantendrán la rebaja del IRPF para las rentas inferiores a 21.000 euros y la gratuidad de los trenes de cercanías. La decisión supondrá un incremento en la recaudación de impuestos y tendrá un notable impacto sobre la inflación. El Banco de España calcula que los precios energéticos pueden dispararse un 25% interanual en primavera, y que la retirada de las ayudas supondrá 1,5 puntos del 4,3% de inflación media que se prevé para el año próximo. La decisión supondrá un incremento en la recaudación. De esta forma se conseguiría reducir el déficit desde el 4% del PIB hasta el 3%. 

Los carburantes siguen sin aflojar y cerrarán el verano con once semanas de subidas consecutivas. Las alzas de esta semana son mínimos, de apenas un céntimo en la gasolina y el diésel. Pero desde julio la curva de los dos principales combustibles sigue mirando para arriba y no parece que vaya a cambiar de tendencia ahora que empieza el otoño. En las gasolineras de nuestro territorio, el precio medio al que se repostaba ayer gasolina sin plomo 95, la más habitual, era de 1,811 euros el litro, según las webs especializadas en precios. Son 0,07 euros más que hace siete días, y 0,023 euros más que hace dos semanas, por lo que en catorce días cuesta un euro más llenar un depósito base de 50 litros. El actual precio es el más alto de 2023. En el caso del gasóleo, las subidas son algo mayores, aunque no logran alcanzar el máximo anual. El precio medio hoy en Gipuzkoa es de 1,737 euros el litro, 0,017 más que el jueves pasado y 0,049 más que el 7 de septiembre. Aunque los carburantes encadenan once semanas seguidas, su precio es inferior a los de hace un año, cuando la gasolina costaba 1,722 euros el litro y el diésel, 1,865. No obstante, el esfuerzo económico de ahora es superior, puesto que el descuento de veinte céntimos vigente hace un año aligeraba la presión de los bolsillos y situaba el litro de media por debajo del actual. En septiembre de 2022 repostar salía 10 euros más barato que ahora gracias al descuento gubernamental que a día de hoy se mantiene vigente para transportistas o el primer sector.

Los hedge fund apuestan por que los precios del petróleo superarán pronto los 100 dólares por barril, añadiendo así ímpetu a la subida provocada por los recortes de la producción y las exportaciones de Arabia Saudí y Rusia. La prórroga de Riad hasta diciembre de un recorte de un millón de barriles diarios, sumado a otros recortes en el marco de su objetivo de la OPEP+, ha agravado la medida de Moscú de limitar las exportaciones y ha elevado los precios del Brent hasta los 95 dólares por barril esta semana, un nuevo máximo anual. Los datos de mercado y de los reguladores sugieren que la posición de los hedge fund han agravado la subida de casi el 30% de los precios desde junio, con un aumento de las compras que se ha acelerado en las dos últimas semanas tanto para los futuros del Brent como para los del crudo estadounidense. Los últimos datos muestran que la posición larga neta combinada de los fondos en el Brent y el West Texas Intermediate, la referencia estadounidense, aumentó en 137.000 contratos, un 35%, hasta un máximo de 18 meses de 527.000 contratos en las dos semanas hasta el 12 de septiembre. Estas cifras, que equivalen a más de 500 millones de barriles, o a unos cinco días de demanda mundial, son un indicador muy de la actividad de especuladores como los hedge fund.

La institución estima que el abrupto giro en la política monetaria del BCE, con diez subidas de tipos en quince meses, ya habría tenido efectos sobre la actividad en 2022, año en el que ese “endurecimiento” habría reducido en 0,6 puntos el crecimiento del PIB español, que cerró el año con un alza del 5,8%, según la última revisión del INE. Pero lo peor estaría aún por llegar, en 2023 y 2024, “dados los considerables retardos entre las acciones de política monetaria y su efecto en la actividad”. Así, el supervisor calcula que el encarecimiento de la financiación y su impacto sobre la actividad económica restarán alrededor de 1 punto al crecimiento del PIB español este año y 1,2 puntos en 2024, “antes de reducirse a 0,3 puntos porcentuales en 2025”, señala el Banco de España, que advierte de que “estas estimaciones están sujetas a una elevada incertidumbre”. En otras palabras, aunque la subida de los tipos de interés haya tocado techo, o esté próximo a hacerlo, sus efectos sobre la economía aún se dejarán sentir durante meses por ese retraso en la transmisión de la política monetaria a la actividad, restando en conjunto, y a grosso modo, 3,1 puntos de PIB entre 2022 y 2025, equivalentes a más de 41.000 millones. El Banco de España actualizó el martes sus proyecciones sobre la economía española y si bien mantuvo en el 2,3% su pronóstico de crecimiento para este año, porcentaje que podría haber sido un punto superior sin las alzas de tipos, recortó hasta el 1,8% la previsión de PIB para el año que viene, cuatro décimas menos de lo que vaticinaba en junio. 

La producción de coches en España continúa por la senda del crecimiento. Según los datos ofrecidos ayer por Anfac, la patronal de fabricantes, de las plantas españolas salieron 295.979 unidades entre julio y agosto, un 12% más que en el mismo periodo del ejercicio precedente. Sin embargo, cabe destacar que el comportamiento fue muy diferente entre ambos meses: en julio se creció un 34%, con más de 200.000 coches, mientras que en agosto la actividad cayó un 17,9%, con casi 92.000 unidades. La diferencia se explica porque en agosto de 2022, el sector aprovechó para recuperar parte de la producción perdida en los meses anteriores (en ese mes de 2022, la producción se disparó un 65,6%) por la crisis de chips. Así, en lo que va de año, la producción de vehículos de las plantas españolas avanzó un 15,3% respecto a los primeros ocho meses de 2022, con 1,61 millones de unidades. A pesar de ello, el volumen fabricado continúa un 14,8% por debajo del nivel registrado en 2019, último ejercicio completo antes del inicio de la pandemia de Covid-19. “La producción de vehículos sigue manteniendo su buen ritmo. Pero hay que mantenerse expectantes ante posibles situaciones adversas, como los problemas en una fábrica eslovena de componentes debido a la DANA, que están condicionando en las últimas semanas la fabricación en España y Europa”, alertó José López-Tafall, director general de Anfac.

Zegona, la gestora de inversiones británica que entró en el mercado español de las telecomunicaciones con la compra de la asturiana Telecable en 2015, está negociando la financiación para abordar la adquisición de la filial española de Vodafone, según señalan fuentes conocedoras del proceso. La operación lleva varias semanas gestándose, aunque las fuentes señalan que no está cerrada porque el grupo británico debería concretar todavía el esquema financiero que la haga posible. La valoración con la que se está trabajando situaría el valor del 100% de Vodafone España para esta operación por encima de los 5.000 millones de euros, según explican las mismas fuentes. Algunas fuentes indican que, de cara a facilitar la operación y rebajar su cuantía, Zegona estaría dispuesta a llegar a un acuerdo con Vodafone para repartirse al 50% el capital de la filial española. Así, la financiación sería mucho menos difícil de conseguir y, al mismo tiempo, Vodafone no desaparecería por completo del mercado español. Un portavoz de Vodafone declinó realizar comentarios sobre la información. Vodafone ya tiene una alianza al 50% en Países Bajos, donde comparte Ziggo Vodafone con la americana Liberty. La teleco británica puso su filial en España bajo “revisión estratégica, teniendo en cuenta todas las opciones potenciales”. 

La reforma laboral aprobada en 2021 ha permitido que la tasa de temporalidad en España baje del 26,4% en el segundo trimestre de 2019 al 17,4% en el mismo periodo de este año, según datos de Eurostat, un descenso que sería muy superior si el sector público se hubiera visto afectado por la nueva norma, pero que no nos ha permitido mejorar nuestra posición relativa frente al resto de países de la Unión Europea. Así se refleja en el Observatorio Trimestral del Mercado de Trabajo de Fedea, BBVA Research y Sagardoy Abogados publicado ayer, en el que destacan que España es el tercer país de la UE con mayor tasa de temporalidad, sólo por detrás de Portugal (con una proporción del 17,9%) y de los Países Bajos (con un 27,7%). La media de la UE se sitúa en el 14,6% pero hay países con mercados laborales mucho más estables, como el lituano, dónde sólo un 1,9% de los trabajadores tiene un contrato temporal; el rumano, con una tasa del 2,5%; el letón (2,8%) o el búlgaro (3,4%). «España continúa ocupando el tercer lugar en el ranking de temporalidad, a una distancia considerable de la mayor parte del resto de países europeos. Los cambios metodológicos introducidos por Eurostat han situado a Países Bajos en cabeza, con una tasa del 27,7%. En las últimas posiciones se encuentran los países bálticos, cuyas tasas de temporalidad oscilan entre el 1,9% y el 2,8%», explican. Pese a la mejora registrada en España en cuanto a la incidencia de la contratación temporal, la estabilidad del empleo no ha mejorado mucho en otros aspectos. Por ejemplo, es el país de la UE que anualmente expulsa más personas del empleo al desempleo (en torno a un 3% de los ocupados, según datos de Eurostat), muy por encima de la media comunitaria.

El 36% de los titulados universitarios y de posgrado trabajan en puestos que requieren una cualificación inferior. Se trata de una anomalía endémica del mercado de trabajo español —el porcentaje apenas ha variado en los últimos 30 años— que sitúa a España a la cabeza de la sobrecualificación laboral en la UE, según demuestran los datos de la oficina de estadística comunitaria (Eurostat) analizados en el último Observatorio trimestral del mercado laboral, que elaboran los expertos de Fedea y que fue presentado ayer. Eurostat mide esta sobrecualificación analizando la proporción de titulados universitarios ocupados que trabaja en puestos distintos a los de directores, técnicos y profesionales científicos e intelectuales (grupos 1 y 2 del Catálogo Nacional de Ocupaciones). Y, según esto, los datos oficiales para España indican que el denominado “ajuste ocupacional”, esto es, los trabajadores que cuentan como mínimo con una licenciatura y que sí ocupan un puesto adecuado a su formación, eran poco más del 63% en 2022. El grupo de ocupaciones que cuenta con más trabajadores con una cualificación más ajustada a su formación es el de graduados en formación profesional superior, trabajando en ocupaciones intermedias como técnicos, profesionales de apoyo; contables; administrativos y otro personal de oficina; trabajadores de la restauración, servicios personales, seguridad y comerciales; así como trabajadores cualificados de la industria y la construcción. Estos colectivos tuvieron un ajuste ocupacional que rozó el 78%, con lo que casi ocho de cada diez estaba en un puesto adecuado para su formación. Por el contrario, solo una cuarta parte de quienes tan solo cuentan con enseñanza secundaria superior (formación profesional de segunda etapa y bachillerato) trabaja en ocupaciones que requieren menor cualificación como los ocupados en el sector primario, operadores de instalaciones, maquinarias y montadores y ocupaciones elementales.

En los últimos meses, y tras el éxito alcanzado por herramientas como ChatGPT, no paran de proliferar aplicaciones de IA que permiten crear imágenes pornográficas hiperrealistas, vídeos y fotos que buscan ir contra el honor, la intimidad y la imagen de una persona, fabricar pruebas falsas para un juicio o generar contenidos para llevar a cabo diferentes estafas. Y atajar este serio problema no resultará fácil.  La pregunta que muchos se hacen ahora es si las grandes tecnológicas de la IA, como Google, Microsoft o Open AI, tienen algún tipo de responsabilidad en casos como el de Almendralejo. Josep Curto, director del máster de Inteligencia Artificial de la UOC, aclara que cuando la EU AI Act (la futura regulación europea de IA) esté vigente, estas empresas tendrán muchas responsabilidades “sobre todo para aquellos sistemas de IA de alto riesgo y para la categoría especial de IA generativa”. Curto explica que, según esta ley, toda IA generativa tendría que cumplir con requisitos de transparencia: revelar que el contenido fue generado por IA, diseñar el modelo para evitar que genere contenidos ilegales y publicar resúmenes de datos protegidos por derechos de autor utilizados para la capacitación. Por ello, dice, tendrán que trabajar de forma activa para minimizar el riesgo de que sus tecnologías se utilicen para fines inapropiados o dañinos. “Esto pasa por varios factores, como que deberán considerar la ética desde el inicio del proceso de desarrollo de sus herramientas de IA y establecer mecanismos de monitoreo y cumplimiento para identificar y abordar el uso inadecuado de sus herramientas de IA”. Algo que podría incluir la revisión de denuncias de mal uso y la cooperación con las autoridades pertinentes en investigaciones relacionadas con actividades ilegales.