20231020

Alemania, Francia y el Reino Unido compran menos por el enfriamiento que atraviesan sus economías. Es una situación que las ventas al exterior del País Vasco con un tejido productivo volcado a la exportación están notando desde hace cinco meses y agosto tampoco fue una excepción. Según los datos del Instituto Vasco de Estadística (Eustat) publicados este jueves, las ventas al extranjero cayeron en agosto un 11,7% respecto al mismo periodo del año pasado, con un total de 1.916 millones de euros. Los datos corroboran lo que ya en el índice de pedidos (PMI) se venía registrando desde la pasada primavera. Los tipos de interés están logrando su objetivo de enfriar la actividad económica europea y eso afecta a Euskadi por la dependencia que tiene de la industria, como reconocía la semana pasada el propio consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu. La caída de las exportaciones ya no solo es achacable a la bajada de precios de energía y materias primas, ya que el peso en toneladas de la mercancía vendida al exterior también cae. En agosto, fueron 811.445 toneladas, un 23,4% menos que el año anterior. Además, las importaciones también han acusado esta dinámica. Las adquisiciones de las empresas de Euskadi al exterior cayeron un 16,9%, con un total de 1.860 millones de euros que dejan un saldo positivo, aunque por un estrecho margen, de 56 millones de euros. La energía, especialmente el combustible refinado por Petronor en su planta de Bizkaia, es donde se centra la mayor caída. Las ventas de este capítulo han pasado de los 246 millones del agosto de 2022 a los 164 millones de este año. El descenso en la exportación de productos energéticos ha sido en total del 33,4%. Pero la tendencia en los productos no energéticos también ha sido negativa con un retroceso del 8,9%. El sector siderúrgico y manufacturero anotó un descenso de más del 20%.

Las ventas al exterior de las empresas guipuzcoanas siguen arrojando números en rojo. La desaceleración económica anunciada, y constatada ya por diferentes instituciones, está impactando de lleno en las exportaciones del territorio, que ahora miran de reojo a Israel tras el estallido del conflicto con Palestina. Y es que el país liderado por Benjamín Netanyahu es el decimotercer cliente de Gipuzkoa, y hasta agosto acumula unas compras a nuestro territorio por valor de 127,8 millones de euros, lo que se traduce en un incremento del 81,8% respecto a los primeros ocho meses del año pasado y van camino de marcar un récord exportador. Aunque las exportaciones de Israel han oscilado entre los 34 y los 88 millones en los últimos diez años, fue en 2022 cuando las ventas de las empresas del territorio registraron su mejor ejercicio al país hebreo, con 130,8 millones exportados gracias a un contrato millonario de las empresa besaindarra CAF. A falta de cuatro meses para dar la bienvenida al 2024, Gipuzkoa ya ha vendido bienes y servicios a Israel por valor de 127,8 millones, y salvo sorpresa este año pulverizará el récord exportador de 2022. Conviene resaltar que el informe publicado ayer por el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y el Eustat, con datos relativos al mes de agosto, todavía no recoge el posible impacto del estallido de la guerra de Israel en Gaza sobre las empresas guipuzcoanas, puesto que el conflicto comenzó a principios de este mes. Aunque todavía es pronto y conviene ser prudentes hasta que finalice el presente ejercicio, la relación comercial con Israel podría verse mermada si persiste el conflicto. El principal producto es el de ‘vehículos, material ferroviarios’, que reúne el 44,6% de las exportaciones por un montante que asciende a los 56,9 millones y arroja un tremendo incremento del 324,9% respecto al periodo enero-agosto del año pasado. La segunda partida más comprada por Israel a Gipuzkoa es ‘vehículos automóviles; tractores’, por valor de 41,7 millones de euros. En total, de los 20 principales productos exportados por Gipuzkoa, 16 de ellos arrojan números en verde hasta agosto.

En medio de un ERTE por la caída de la demanda, Tubos Reunidos se centra en las mejoras internas para volver a la actividad cuando la cartera de pedidos remonte. Inmersa en un proceso de renovación de las instalaciones de Amurrio, la tubera alavesa ha elaborado este mes la primera colada de lingote en la nueva acería, a la que prevé trasladar a ochenta trabajadores de Productos Tubulares de Trapagaran. Así lo ha dado a conocer la firma a través de una comunicación interna a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico. El proyecto, clave para la firma dentro de su plan estratégico, ha completado así uno de los primeros hitos: comprobar que la instalación está preparada para funcionar correctamente cuando se vuelva al trabajo. La nueva acería de Amurrio busca mejorar la eficiencia de la compañía al tiempo que reducir su impacto medioambiental. A esta instalación se espera que se incorporen, una vez arranque la producción de forma ininterrumpida en la factoría, plantilla tanto desde la localidad vizcaína como desde la planta de estirado del grupo en Pamplona. El nuevo espacio es la piedra sobre la que gira buena parte del futuro de la firma. La centralización de las actividades en Amurrio es necesaria para ahorrar costes. De ahí que se anunciase en 2021, después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) aprobase el rescate para la empresa, con un desembolso de casi 113 millones desde el Gobierno central. La nueva acería tiene, además, la particularidad de que reutilizará material procedente de La Naval. La renovación de Amurrio llevaba desde 2021 presupuestada en 11 millones, pero el encarecimiento de los materiales hizo que se optase por adquirir materiales de uno de los pabellones de los históricos astilleros de Sestao. A pesar de todo ello, en Trapagaran se mantendrá el tren de producción de tubos.

En el plan presupuestario enviado a la Unión Europea esas ayudas desaparecen. La medida, contando con que las ayudas al transporte público continúen, costaría a los vascos 220 millones de euros, que es lo que subiría el precio en la cesta de la compra y el del recibo de la luz. Supondría casi un punto del IPC y un 0,3% del PIB de Euskadi. La otra cara de la moneda es que, en el ajuste de los impuestos entre diputaciones y la Administración General del Estado, las haciendas forales engordarían sus ingresos con esos 220 millones. Serían las grandes beneficiadas de la medida. Y lo harían además en un ejercicio, el de 2024, en el que el Consejo Vasco de Finanzas ha previsto el menor incremento de la recaudación desde la pandemia, un 4,9%. Y es que, tal y como explicó la semana pasada el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, la desaceleración de la zona euro «se dejará sentir, de forma acusada en la industria vasca». De hecho, las previsiones en el Impuesto de Sociedades, el que grava los beneficios de las empresas, caen por primera vez en Gipuzkoa (7%) y en Álava (4%). El escenario económico tampoco es el más propicio. De hecho, diputaciones y Gobierno vasco acaban de pactar una deflactación en el IRPF del 2,5% para el año que viene que supondrá dejar de recaudar 100 millones. Además, el PNV analiza cómo prolongar también la ayuda fiscal de hasta 200 euros para las rentas menores de 35.000 euros que reclama el PSE-EE. La disposición es favorable, pero fuentes del Ejecutivo señalan la necesidad de analizarlo a la luz de la marcha de la recaudación y la economía. La prioridad, sostienen, es garantizar unos ingresos que aseguren las políticas públicas de todo el entramado institucional vasco.

El Presupuesto de la Diputación para 2024 superará por primera vez en la historia los 10.000 millones, con un incremento del 5,1%. Descontando del total las asignaciones al Gobierno vasco, al Cupo, la amortización de deuda y otras partidas, Elixabete Etxanobe estrenará su mandato con una capacidad de gestión histórica, que alcanza los 2.117 millones a repartir en los distintos departamentos. Falta saber, si se resta el gasto corriente, el dinero para inversiones. El excepcional incremento de ingresos tributarios que viene registrando la Diputación este año está llevando a la institución de récord en récord. El miércoles fue el de las cifras del fondo de financiación municipal, y ayer las del Presupuesto para 2024. Las Cuentas forales se dispararán el próximo ejercicio por encima de los 10.000 millones por primera vez en su historia tras registrar un incremento del 5,1% respecto a las del presente ejercicio. El Gobierno territorial gestionará una quinta parte de ese dinero, aunque las cifras de inversión y el reparto por departamentos no se conocerá hasta final de mes. De momento, la responsable foral de Hacienda y Finanzas, Itxaso Berrojalbiz, presentó ayer los grandes números. El Presupuesto alcanzará exactamente los 10.308 millones, que son 500 más de los que se están gestionando este ejercicio, en el que ya se habían alcanzado cifras inéditas. Las Cuentas para 2023 las propulsó el auge de los ingresos por IVA que generó la disparatada inflación provocada por la invasión de Ucrania. Hace justo un año se alertaba de que la situación era coyuntural. Que mejor no lanzar las campanas al vuelo. El panorama es ahora diferente. La recaudación ha crecido un 5% porque crecen, principalmente, los datos de IRPF y del Impuesto de Sociedades. Es un síntoma claros del crecimiento del empleo en el territorio. Buena señal. También hay otras que alertan de un frenazo en el consumo y de que se pueden avecinar meses complicados, pero de momento no se dejan notar en las arcas vizcaínas.

Noche grande para el vino alavés en Elciego. Las bodegas del territorio se llevaron tres de los siete premios Best Of Wine Tourism y una mención especial. La Casa Cosme Palacio, Bodegas Valdelana e Izadi están de enhorabuena después de haber cosechado algunos de los galardones más importantes que otorga cada año el Comité Great Wine Capitals Bilbao-Rioja. La edición de este año da pasaporte a estas tres bodegas para competir por los premios internacionales, que se entregarán durante la Conferencia Mundial de la Red Mundial de Grandes Capitales del Vino, que se celebrará del 22 al 26 de este mes en Lausanne (Suiza). La Casa Cosme Palacio triunfó en la categoría de ‘Alojamiento’. A ojos del jurado, el lujoso hotel –vecino prácticamente de Solar de Samaniego, que es donde entregaron los premios– se llevó el galardón por su «altísimo nivel», la habilidad para crear «unos espacios mágicos» y «su concepto de estancia y servicios personalizados», que hacen de los huéspedes «auténticos invitados». En la categoría de ‘Experiencias Innovadoras en Enoturismo’ el premio fue para Valdelana. El Jardín de las Variedades de la bodega de Elciego cautivó a un jurado que destacó el carácter «natural único, encantador y muy versátil para el enoturismo» de este viñedo singular de más de 80 años de antigüedad en una bodega. 

Sumar ya tiene proyecto estrella para el nuevo pacto de coalición. Si en la anterior legislatura las medidas fundamentales reivindicadas por Unidas Podemos fueron la subida del salario mínimo —hasta un 47% ha crecido desde 2018— y, sobre todo, la reforma laboral abanderada por Yolanda Díaz, esta vez la gran apuesta de Sumar en la negociación con el PSOE será la reducción de la jornada laboral en una hora al día: de ocho a siete. El acuerdo aún no está cerrado, aunque, según fuentes de la negociación, podría llegar en cualquier momento. Las conversaciones se han intensificado y ambos partidos se habían comprometido a tenerlo listo este mes de octubre. La jornada laboral de ocho horas no se ha tocado en España en décadas. Sumar presiona en privado pero también públicamente para reducir ese máximo legal en una hora diaria y que la medida se convierta en un elemento central del acuerdo de Gobierno. Al tratarse del hermano pequeño de la coalición, que no aspira a tener los ministerios llamados de Estado (Exteriores, Interior, Defensa, Justicia) ni tampoco algunos clave de la política económica (Economía, Hacienda, Energía), el acuerdo de Gobierno es el lugar en el que Sumar puede arrancar compromisos de política económica y social que en algunos casos desarrollarán sus ministros —sobre todo si mantiene Trabajo y Derechos Sociales— pero en otros lo harán los socialistas. El acuerdo de Gobierno, en el que el PSOE y Sumar llevan trabajando desde el verano, es pues una especie de contrato de la coalición y el gran escaparate en el que grupo de Díaz puede mostrar a sus electores la utilidad de estar en el Ejecutivo y lograr que se cumplan los hitos de política progresista que se fijen ahí.

La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) ha mejorado su estimación de crecimiento del PIB para este año hasta el 2,4%, dos décimas más que en julio, a la vez que ha empeorado sus perspectivas para el próximo ejercicio, cuando proyecta que la economía española avanzará un 1,5%, una décima menos que en su análisis anterior. Así se recoge en su actualización de proyecciones macroeconómicas, en la que explica que el crecimiento de este año se debe al consumo interno, que cerraría el ejercicio por encima de los niveles prepandemia y compensaría el “enfriamiento” del mercado exterior. A su vez, señala que el peor augurio para 2024 se explica en la incertidumbre internacional y la transmisión de las subidas de tipos sobre la economía. En este contexto, el PIB español crecería de más a menos a lo largo del año, desde el 0,3% intertrimestral proyectado para primer trimestre hasta el 0,7% previsto para el cuarto. Con estos datos, la economía española evolucionaría en ambos ejercicios muy por encima de la media de la zona del euro, que crecería un 0,6% este año y un 0,8% el siguiente. Todo ello, manteniendo la creación de empleo y reduciendo la tasa de paro hasta el 10,5% a cierre del próximo año. Funcas se alinea de este modo con las previsiones para este año que el Gobierno reflejó en el plan presupuestario remitido a Bruselas. Ver nota Funcas. 

El plan presupuestario enviado a Bruselas el pasado lunes tiene un importante mensaje de fondo: se acabó la corrección del desfase presupuestario solo confiando en la recuperación del crecimiento económico. Para desplegar cualquier iniciativa de gasto habrá a partir de ahora que tomar medidas de ingresos por otro lado. No hay margen para más sin hacer ajustes. Así se desprende de los cálculos que el Gobierno español ha remitido a la Comisión Europea. De acuerdo con sus estimaciones, el déficit de las cuentas públicas descenderá en unos 10.000 millones de euros hasta los 46.000 millones, el equivalente al 3% del PIB. Este porcentaje es justo la barrera a partir de la cual se empieza a aplicar en la UE la disciplina presupuestaria a los países, y España logra zafarse gracias al fin de las ayudas por la guerra en Ucrania. Pero el crecimiento apenas aporta ya a la corrección del déficit, según se refleja en los cálculos remitidos por el Ejecutivo a Europa. España se queda justo en el límite del 3% sin espacio para mucho más. Si por el repunte de la inflación se aprueba cualquier prórroga de las medidas anticrisis, el objetivo de austeridad se incumpliría. El único alivio es que Francia e Italia han presentado planes en los que prevén una corrección del déficit y la deuda mucho más lenta. Así se podría alejar el foco de España. En cualquier caso, las implicaciones son muy importantes para elaborar unos Presupuestos que necesitarán del apoyo de diversos partidos. ¿Cómo logra el plan español rebajar el agujero en las cuentas hasta el 3% del PIB en 2024? Al estar en funciones, el Ejecutivo plantea a Europa un presupuesto inercial en el que no puede tomar medidas nuevas salvo actualizar pensiones y sueldos de funcionarios. Y deja que decaiga el paquete de ayudas aprobado por la crisis de Ucrania como ya estaba previsto en la legislación. 

El sector insiste en la necesidad de suprimir el impuesto extraordinario que grava los beneficios de las entidades por la escalada de los tipos de interés. La consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, ha manifestado su deseo de que el gravamen caduque pasados los dos años previstos (2023 y 2024, con datos de los ejercicios anteriores, respectivamente), independientemente de qué partido acabe en el Gobierno. «Cambiar las reglas del juego sería una noticia muy negativa y generaría inseguridad jurídica», ha indicado la primera ejecutiva al rendir cuentas de los resultados del banco en el tercer trimestre del año. En el caso de Bankinter, ha abonado 77,5 millones de euros en la primera anualidad.- También el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, avisó ayer de que mantener en el tiempo el impuesto bancario sería un «error» porque restaría solvencia a las entidades cuando lo que realmente necesitan es tenerla. Para Garamendi, «la banca es la base de una economía, de esos créditos que hay que dar a las pymes, a las empresas», subrayó para añadir que lo que necesita la banca no es que le quiten solvencia, «sino todo lo contrario». Las palabras del presidente de la patronal llegaban poco después de que la vicepresidenta segunda en funciones, Yolanda Díaz, insistiera ayer mismo que mantener el impuesto a la banca es uno de los puntos que se está negociando entre PSOE y Sumar para alcanzar un acuerdo de Gobierno y que la propuesta de su partido es que «se quede».

El banco detalla que este movimiento permitirá más oportunidades de desarrollo profesional para el talento tecnológico del banco. BBVA Technology contará con cerca de 3.000 empleados y tendrá oficinas en Madrid, Barcelona y Bilbao. “BBVA Technology permitirá consolidar la experiencia técnica de los distintos equipos. De hecho, la evolución hacia una marca única va a suponer el desarrollo de una propuesta de valor atractiva que refuerce la satisfacción y fidelización de los equipos actuales, y al mismo tiempo, favorezca la atracción de nuevo talento”, explica el banco en un comunicado. Se da la circunstancia de que las grandes empresas en general encuentran dificultades para contratar perfiles orientados a la tecnología. En ese sentido, BBVA Technology busca convertirse en un catalizado de talento, tanto para atraer nuevos empleados, como para retener a los que ya forman parte de la plantilla. El banco se marca como objetivo captar y retener talento especializado en IT. 

Ocho años después de conocer la sanción de 171 millones de euros a 21 marcas de automóviles en España por constituir un cártel entre 2006 y 2013, el caso sigue coleando en los tribunales, puesto que la organización de defensa de los consumidores OCU ha retomado la batalla legal al presentar siete demandas colectivas contra los fabricantes involucrados, con las que espera indemnizaciones de 3.500 euros de media por coche. El primer paso de esta pelea legal por parte de OCU se inició ayer con la presentación de tres acciones colectivas, aunque próximamente se pondrán en marcha las siguientes cuatro. Las primeras irán contra Porsche, Seat, VW, Audi, Skoda, Hyundai y Chevrolet, así como contra Nissan, Mercedes-Benz, Lexus, Toyota, Honda y Volvo. Más adelante se iniciarán cuatro demandas colectivas nuevas por parte de OCU que irán contra Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Chrysler, Jeep y Dodge (todas del grupo Stellantis), así como Ford, Mitsubishi, BMW, Kia, Mazda y Renault. Ileana Izverniceanu, responsable de Comunicación de OCU, afirmó que el objetivo de estas medidas es buscar una indemnización que resarza a los propietarios que pagaron un sobreprecio entre 2006 y 2013 por la compra de sus coches, con motivo del “pacto colusorio” al que llegaron dichas compañías automovilísticas. Estas demandas colectivas defenderán los intereses de todos los afectados por dicho cártel. En OCU buscan una indemnización media del 10,61% del precio de compra, que podría situarse en unos 3.500 euros. Según las estimaciones de la organización, hay unos cuatro millones de consumidores particulares afectados por el pacto de precios entre las marcas entre 2006 y 2013.

El optimismo sigue reinando entre las aerolíneas con actividad en España, que han elevado un 12,8% la programación de asientos para la temporada de invierno que arranca a finales de este mes y llega hasta la conclusión de marzo. Según datos aportados ayer por la Asociación de Líneas Aéreas (ALA), el sector ha previsto operar hacia o desde España con 127 millones de asientos, lo que arroja el citado incremento de doble dígito sobre lo realmente volado en el invierno 2018-2019. Tiran de este nivel de producción los aeropuertos canarios, con un alza del 24,1%; los de Baleares suben un 5,5%; los aeropuertos andaluces tienen reservas de capacidad un 20,4% por encima de lo que se operó en el invierno de 2018 a 2019; el salto en Madrid es del 7,6%, y en Barcelona se aprecia una escalada del 6,7%, entre otros. Pero tanto como la oferta destacan los factores de ocupación. Los vuelos iban al 85% en 2019, bajando al 60% en 2020 y 70% en 2021, y en los nueve primeros meses de este 2023 parten ya con el 87% del pasaje ocupado, según afirmó el presidente de ALA, Javier Gándara. Este año 2023 apunta a nuevo récord de tráfico de viajeros en España, desde el techo de 275 millones de 2019. En la temporada de verano el volumen de vuelos ha estado a un punto porcentual del verano anterior a la crisis sanitaria, pero la citada recuperación de los factores de ocupación hace que el número de viajeros haya crecido un 1,2%. En los nueve primeros meses, el tráfico doméstico está un 8% por encima del contabilizado en 2019; el intraeuropeo aún sigue un 1% por debajo, y el intercontinental gana dos puntos porcentuales respecto al periodo comparable del año 2019. Fallan los puentes con Reino Unido y Alemania, con tasas de recuperación del 93,5% y 88,5%, respectivamente, lo que ha sido compensado con la entrada de más viajeros desde o hacia Francia e Italia, entre otros destinos.

Nokia recorta costes de nuevo. El gigante finlandés de telecomunicaciones anunció ayer sus planes para suprimir 14.000 puestos de trabajo, en torno a un 16% del total, con el fin de reducir gastos, tras haber sufrido una caída de beneficios en el tercer trimestre. El grupo nórdico quiere ahorrar entre 800 y 1.200 millones de euros hasta finales de 2026, para alcanzar un margen operativo del 14%, según informó en un comunicado. Tras el anuncio, las acciones de Nokia sufrieron un duro castigo en Bolsa, cerrando la sesión con una bajada del 6,4%, hasta 3,05 euros. Desde principios de año, los títulos se dejan más de un 31% de su valor. El grupo tiene una capitalización bursátil en la actualidad de 17.200 millones de euros. La facturación neta de Nokia se redujo en el tercer trimestre en un 20%, hasta los 4.982 millones de euros, con respecto al año anterior. Nokia atribuye la caída a la incertidumbre macroeconómica y a los elevados tipos de interés, que están provocando una reducción de las inversiones en redes por parte de los operadores. El beneficio antes de intereses e impuestos (ebit) se desplomó en ese periodo un 36% en tasa interanual. Si se tiene en cuenta los primeros nueve meses del año, la facturación alcanzó un valor acumulado de 16.551 millones de euros, lo que supone una caída del 5% interanual, mientras que el beneficio acumulado fue de 711 millones, un 36% menos que en el periodo correspondiente del año anterior. El consejero delegado de la compañía, Pekka Lundmark, espera, con todo, que se pueda alcanzar el mínimo inferior del rango de ventas previstas inicialmente, entre 23.200 y 26.600 millones de euros. En cualquier caso, señaló que la empresa emprenderá ahora “acciones decisivas a tres niveles: estratégico, operativo y de coste”. En ellos, se encuentra el plan para pasar de los 86.000 empleados actuales a un modelo entre 72.000 y 77.000 trabajadores, es decir, un ajuste de hasta el 15% de la plantilla.

Una última subida de tipos este año sigue sobre la mesa, pero más de cara a diciembre que en noviembre. Aun así, el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, no descartó ayer ninguna opción. Sin embargo, no es eso lo que llamó la atención de los inversores, acostumbrados a sus ambiguos mensajes, sino dos anuncios velados: el primero, que los tipos se mantendrán en máximos más tiempo del previsto y, en segundo, que él es partidario de alargar las pausas para coger perspectiva. “Estamos decididos a mantener una política restrictiva hasta que estemos seguros de que la inflación se encamina hacia el objetivo del 2%”, recalcó ayer Powell durante su intervención en una jornada organizada por el Club Económico de Nueva York. En su discurso inicial, insistió en “lograr una política suficientemente restrictiva”. Inmediatamente, sus palabras tiñeron ayer de rojo los principales índices bursátiles. Sin embargo, Powell moderó su mensaje en el turno de preguntas y llegó a mostrarse partidario de hacer pausas más largas (el organismo no subió los tipos ni en su reunión de junio ni en la de septiembre, pero sí en la de julio). Wall Street cambió entonces al verde, con el Nasdaq avanzando un 0,4%, y el S&P y el Dow Jones sumando ambos un 0,35%, ante la posibilidad de que la Fed espere a diciembre antes de tomar la decisión de llevar los tipos hasta el 5,75% con el que se prevé que termine el año.

Estados Unidos ha decidido aliviar las sanciones al sector petrolero, del gas y del oro, según ha informado este miércoles un alto cargo en una llamada con periodistas. La decisión del Gobierno del presidente Joe Biden es una respuesta al acuerdo político entre representantes del Gobierno de Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición para respetar el calendario constitucional y celebrar elecciones el año próximo. El levantamiento parcial de las sanciones tiene efecto inmediato, pero en el caso del petróleo y el gas es temporal, hasta dentro de seis meses, y solo se renovará si el Gobierno de Maduro sigue dando pasos para restaurar la democracia. Entre las exigencias de Washington está la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela y de presos políticos venezolanos. “El objetivo último de nuestras sanciones es provocar un cambio positivo en el comportamiento. En lo que respecta a Venezuela, Estados Unidos ha aprovechado las sanciones para incentivar a las partes a adoptar medidas concretas para restaurar el orden democrático en el país. Ahora estamos emitiendo autorizaciones temporales y limitadas principalmente en el sector del petróleo y el gas en respuesta a los cambios positivos anunciados ayer”, ha señalado una fuente del Gobierno estadounidense bajo condición de anonimato. Se trata de un levantamiento parcial. Otras sanciones y restricciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela siguen vigentes y el Gobierno de Joe Biden mantiene la autoridad para suspender todas las autorizaciones en caso de que Maduro y sus representantes no cumplan con sus compromisos, ha añadido la misma fuente. 

La Ley vasca de Educación, la iniciativa más trascendental y de mayor calado político del tercer mandato de Iñigo Urkullu, superó ayer su primer trámite para ser aprobada en diciembre, aunque todavía está por ver con qué apoyos lo hará. Las enmiendas a la totalidad de Elkarrekin Podemos-IU, PP, Cs y Vox fueron tumbadas gracias no sólo a la mayoría absoluta de PNV y PSE-EE, sino también a EH Bildu, que otorga un voto de confianza para negociar en la ponencia pero ni mucho menos garantiza su respaldo. Los modelos lingüísticos y su incierto futuro siguen condicionando todo. El rechazo a la devolución del proyecto da paso ahora a la fase final de una norma cuyo espíritu se basa en un acuerdo del 90% del Parlamento vasco y del cual ya se descolgó Elkarrekin Podemos-IU. Ahora el Ejecutivo autonómico aspira a mantener al menos un respaldo del 83% de la Cámara, aunque para ello hace falta que los 21 parlamentarios de EH Bildu se sumen al entendimiento ya logrado ‘in extremis’ entre los socios de coalición, PNV y PSE-EE, no sin roces hasta el último momento por la vigencia de los itinerarios A, B y D. A dos meses del plazo que se ha marcado el propio Gabinete Urkullu para dar luz verde a la norma, el consejero de Educación se muestra optimista sobre la posibilidad de ese acuerdo a tres bandas, aunque asume que el apartado lingüistico será el gran obstáculo.

Por segunda vez esta semana el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha dado un varapalo judicial en forma de sentencia a la Ley 2/2016 de Instituciones Locales de Euskadi sobre la normalización del uso del euskera, tras estimar parcialmente un recurso presentado por el Partido Popular, por el que anula tres artículos de la norma. Este mismo martes emitió otro fallo estimando parcialmente un recurso de Vox, que anuló otra decena de preceptos de la ley. La Sala de lo Contencioso-Administrativo que preside el magistrado Luis Garrido, quien firma la sentencia, estima en parte el recurso interpuesto por los populares contra el decreto 179/2019 del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi y declara la nulidad de varios apartados de esa norma. Una sentencia que comparte la argumentación recogida en la resolución que se conoció el martes. Respecto a la cooficialidad de lenguas, la sentencia advierte que «no puede haber predominio o superioridad de una sobre la otra. Ambas lenguas son oficialmente iguales en la Comunidad Autónoma y una y otra son medios normales de comunicación en y entre los Poderes Públicos y en la relación de estos con los sujetos privados sin que pueda establecerse un uso preferente de ninguna de ellas». Añade que por ello resultan admisibles medidas correctoras tendentes «a evitar la inicial postergación de una respecto de la otra».

«Ahora veis Gaza desde la distancia, pero pronto la veréis desde dentro. La orden llegará». El ministro de Defensa israelí arengó ayer a sus tropas con este mensaje, mientras continuaban los bombardeos sobre la Franja y también en la frontera con Líbano, en respuesta a un ataque de Hezbolá. Gaza mira al paso de Rafah por el que está previsto que hoy atraviesen los primeros camiones con ayuda humanitaria, tal y como adelantó Joe Biden el miércoles y confirmó el Gobierno de Israel. La posible llegada de ayuda significaría que Tel Aviv aligera el bloqueo total impuesto a la Franja desde que Hamás lanzara su operación sorpresa, que acabó con 1.300 muertos y más de 200 secuestrados. Mientras la diplomacia internacional trabaja para abrir canales de ayuda a los palestinos, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, visitó a sus tropas en el frente sur para decirles que «ahora veis Gaza desde la distancia, pero pronto la veréis desde dentro. La orden llegará». Este mensaje evidenció una vez más que la operación terrestre es sólo cuestión de tiempo. El primer paso para la entrada de ayuda se producirá tras trece días de intensos bombardeos y con la advertencia de Israel de que «no queremos ver que Hamás roba esa ayuda que está dirigida a la población civil». «Eso es un gran problema», en palabras de Mark Regev, asesor de Benjamín Netanyahu. Ni Hamás ni Israel hablaron de un posible alto el fuego que facilite la entrada y distribución de la ayuda cuando la situación es límite para la población civil. Los bombardeos han arrasado barrios enteros en la zona norte y más de un millón de personas se han convertido en desplazadas.